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El señor PALMA (Presidente).- En votación general el proyecto.
(Durante la votación).
El señor MONTES.-
Quiero aprovechar estos cinco minutos para decir que no corresponde a la realidad lo afirmado aquí por el Honorable señor Durán. El proyecto de ley que tipifica ciertos delitos económicos, a cuya votación general procedemos hoy día, está en el Senado desde el 12 de julio de 1972. Se pidió urgencia para su despacho. Venció la urgencia. Fue retirada. Se pidió nueva urgencia. De nuevo ésta fue retirada. Otra vez fue retirado el proyecto y nuevamente incluido éste con urgencia. Se usaron todos los trámites reglamentarios que fueron dilatando y dilatando el tratamiento y despacho de una iniciativa indispensable para tener una herramienta con la cual combatir a los delincuentes promotores del mercado negro. De manera que hablar aquí de premura para despachar el proyecto, como lo ha hecho el señor Senador, o de correr contra el tiempo para el mismo objetivo, no corresponde a los hechos ni a la realidad. Repito: desde el mes de julio del año pasado esa iniciativa está aquí, en las Comisiones del Parlamento, mejor dicho, en este Senado.
Tampoco corresponde a la realidad decir, como lo ha señalado el Honorable señor Durán, que el Gobierno acogió la doctrina de los resquicios legales, que se pretende imputar al Gobierno por parte de los sectores de la Oposición. No la ha acogido. Se ha pretendido endosar una determinada doctrina que el Gobierno, por cierto, no acoge ni practica.
Considero lamentable lo afirmado aquí por el Honorable señor Carmona al aseverar que ellos votarán el proyecto sólo con el objeto de transformarlo en su contrario, en algo enteramente distinto, y que sólo bajo esta circunstancia lo hacen favorablemente.
El Gobierno pidió al Congreso estas herramientas legales para combatir a los delincuentes del mercado negro y la especulación. Si el Parlamento no le entrega tales herramientas, la responsabilidad no será del Ejecutivo, que está echando mano y echará de todas aquellas otras herramientas que le franqueen la posibilidad de dar la lucha y la batalla contra esos delincuentes a los cuales, en el fondo, se pretende proteger aquí al no despachar oportunamente el proyecto, dilatar su tramitación o al transformarlo en su contrario, legislando al revés de lo propuesto por el Ejecutivo.
No siendo posible una argumentación más lata, debido a los pocos minutos con que contamos para fundar nuestra posición, quiero señalar, finalmente, que rechazamos de manera muy terminante las aseveraciones falsas y politiqueras de los Senadores de la Derecha. Concretamente, las del Honorable señor Ibáñez.
Nosotros votaremos a favor del proyecto.
El señor PALMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, el Honorable señor Montes, Comité del Partido Comunista, manifestó que el proyecto que nos ocupa ha tenido una dilatada tramitación en el Senado. En realidad, tal afirmación no es efectiva: el 20 de diciembre fue incluido, en la convocatoria, pidiéndose urgencia el mismo día por parte del Ejecutivo. Se le ha dado un trámite especial, lo cual significa que no corren los plazos que normalmente tiene la tramitación de las iniciativas legales con simple urgencia. Por lo tanto, de parte de los diversos Comités y del Demócrata Cristiano ha habido siempre el mejor deseo de que el proyecto sea ley a la brevedad.
Por compartir la idea de legislar sobre los delitos económicos, votamos en general el proyecto; pero no podemos aceptar que, por el hecho de que participemos de la idea de legislar, se crea que debemos acatar lo que se le ocurra al Ejecutivo en esta materia, porque el Senado y el Parlamento en su conjunto son libres de legislar en la forma que les parezca más conveniente para los intereses del país.
Por otra parte, debo hacer presente que, cuando solicité una interrupción al Ministro señor Flores, fue para pedirle una explicación por algo que me pareció escucharle lo mismo ocurrió a otros señores Senadores, en el sentido de que las JAP tendrían la facultad de preocuparse de lo que significaría la alimentación de cada hogar chileno; es decir, que tendría que aplicarse el sistema de la canasta familiar, de regulación o de racionamiento que podría existir, de acuerdo con las palabras del señor Ministro.
Por nuestra parte, ni en el proyecto que viene aprobado por la Comisión, en su primer informe, ni en las indicaciones que formularemos, las que seguramente serán aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara, podrá existir jamás ni la mínima semejanza con la idea que, según me parece, expresó el Ministro señor Flores, por estimar que ella significaría la intromisión de las JAP en todos los hogares de Chile, con un criterio político, el cual, por ningún motivo, puede ser aceptado por nadie.
Quería dejar constancia de tales ideas en esta materia deseamos ser absolutamente claros y de los motivos por los cuales aprobamos, en general, el proyecto sobre delitos económico.
Voto que sí.
El señor PRADO.-
Señor Presidente, también votaré favorablemente la idea de legislar acerca de esta materia, pero quiero dejar constancia, en forma breve, de algunas consideraciones.
La primera de ellas es que cuando un Gobierno pasa a controlar una parte muy importante de la economía, como lo ha hecho la actual Administración respecto de la economía productiva e industrial, fundamentalmente, en muy alto porcentaje, sin discusión pública de lo que ello significa para el país hoy en día controla sobre el 70% de la distribución, no hay duda alguna de que, frente al concepto de delito económico, hay que agregar otro concepto que no está presente en la iniciativa que nos ocupa: el control social. Es decir, el control por la comunidad de lo que se puede hacer en materia delictual, no sólo en el campo privado, que cada día es más restringido, sino también en el campo burocrático. Es indudable que en la actualidad muchas empresas están utilizando procedimientos que no sólo bordean el delito, sino que incurren en el delito mismo. Hay situaciones económicas anómalas e irracionales, como la asignación de determinados artículos de la línea blanca a través de pliegos y convenios, con lo cual se alienta un comienzo de mercado negro. Es innegable que quien recibe cada cierto tiempo un artefacto de uso durable como los mencionados, deberá comercializarlo. Es indudable que, muchas veces, se está tratando mediante tal procedimiento de evitar reajustes o aumentos de salarios, en términos directos.
Pero deseo hacer un alcance muy concreto respecto de la causa real del mercado negro. Por supuesto, hay mercado negro en Chile, y creo también que debe de haber algunos sectores privados que participan en él. Sin embargo, quiero decir muy claramente que cuando el 70% o más de la distribución está en manos del Estado, no puede haber mercado negro importante sin complicidad de funcionarios estatales, de gente del régimen.
El primer origen del mercado negro y de ello quiero dejar constancia en forma breve es la incapacidad de la economía productiva del país, el fracaso de ésta y de la estrategia económica del actual Gobierno.
Tuve oportunidad de escuchar al ex Ministro de Economía, señor Pedro Vuskovic, quien nos afirmó varias veces que la inflación sería detenida por otros conductos. Y el ex parlamentario y actual Ministro de Hacienda señor Orlando Millas sostuvo, después del 3 de noviembre, que la inflación era un resabio de antiguas economías que servían a los sectores capitalistas. Sin embargo, en la última exposición de la hacienda pública debió reconocer que al término del año 1972 la inflación alcanzó a 140%. Y al señor Senador que durante el debate acaba de calificar de antichilenos y de no sé qué otras cosas me parece que de contrarrevolucionarios a quienes han formulado alcances de esta naturaleza en la Corporación, debo decirle que el Ministro Millas pronunció dichas palabras en una entrevista publicada en el diario El Siglo el 5 de junio creo que el Honorable señor Durán también se refirió a ella, en la cual manifestó lo siguiente: Son contrarrevolucionarios los criterios oportunistas según los cuales podría tolerarse que no hubiese excedentes y que empresas del área social se conviertan en cargas onerosas para la sociedad. Ello implica que los excedentes que antes acrecentaban las rentas de los capitalistas, ahora sean quemados en aras de la ineficiencia, de la insensibilidad pequeñoburguesa y de múltiples formas de corrupción burguesa.
Son palabras del señor Millas; no nuestras.
En el momento de votar favorablemente el proyecto de ley, quiero dejar constancia de que hay una cosa que Sus Señorías no pueden ocultar: el fracaso del esquema económico o el fracaso de la estrategia económica. Sus Señorías no han obtenido excedentes en la minería, como debieran tenerlos, no sólo por el precio del cobre, sino porque éste se está produciendo a un costo mucho mayor, y que alcanza los niveles más altos conocidos en Chile. Tampoco pueden ocultar que el año pasado el Presupuesto fue insuficiente, y no porque el cálculo del precio del cobre fuera mal estimado, ya que se consideró una cifra de 46 centavos de dólar la libra y el promedio alcanzó a 49 y medio centavos de dólar. Es decir, tal situación estaba prevista.
Los señores Senadores de Gobierno no pueden negar que hoy día, en partes importantísimas de las empresas estatificadas del área social, el signo es aquel que reclama el señor Millas. El área social está perdiendo; la economía en poder del Estado se está transformando en un fracaso, y ello no constituye una novedad. Hay muchos intentos revolucionarios, o seudorrevolucionarios, que han fracasado por las mismas causas; no se saca nada con inventar, a última hora, una especie de gran paraguas como es esto del mercado negro. ¡Por supuesto que hay mercado negro! Cuando hay escasez, hay mercado negro. Pero es preciso ser muy honestos. Cuando el control de la economía está casi totalmente en manos del Estado, aquél no puede existir sin la participación o complicidad de sus funcionarios. Y es conveniente que esto se sepa.
Considero sano legislar en este proyecto en forma tal, que, si existen sectores del mercado negro en la empresa privada lo cual es cada día menos probable, por razones lógicas, habrá que legislar al respecto. Pero también habrá que hacerlo para imponer normas que ya se hacen imprescindibles en una legislación como la chilena, y que corresponden a este concepto del control social, a la defensa de la comunidad en un Estado que no demuestra eficiencia para satisfacer sus necesidades fundamentales.
Voto que sí.
El señor GARCIA.-
El Senador comunista que siempre afirma aquí que los militantes de su partido no insultan y lo afirma con mucha dignidad, ha tratado, a toda costa, de que parte de los parlamentarios de Oposición procuremos la impunidad de los delincuentes del mercado negro. Sostengo que el Gobierno cuenta con suficientes disposiciones para combatir el mercado negro, y que la legislación actual no será mejorada con la iniciativa aprobada en la Comisión, porque, simplemente, se montará uno más sobre los 16 diferentes textos legales que existen sobre la misma materia, y nadie sabrá cómo funcionará uno o cómo funcionará el otro. A ello el señor Ministro aduce él me entenderá perfectamente, por su formación profesional que desea tal artículo, porque no quiere que determinada medida se aplique sólo a los productos de primera necesidad, sino que a toda clase de mercaderías, olvidando que el Código Tributario pena con iguales sanciones que las fijadas en esta iniciativa a los que no entregan antecedentes; de modo que basta que lo pida Impuestos Internos. También pasa por alto que la Comisión no examinó diversas leyes que penan con prisión, no a quienes trafican con artículos de primera necesidad, sino que con alimentos, vestuario o materiales de construcción. No se estudió la ley 13.959 ni la 14.824. Tampoco la 15.560 ni la 16.282. De esta última, sólo se hicieron algunas referencias. Únicamente se examinó la ley 16.464.
Habría bastado que el Ejecutivo tuviera en sus manos el decreto ley 520, el cual, como lo dije, establece en su texto definitivo que la Dirección de Industria y Comercio puede decretar la clausura de los establecimientos comerciales o industriales, cuando éstos desobedezcan la orden del Ministerio de Economía o de la Superintendencia. Basta que el señor Ministro dé la orden a las industrias textiles para que éstas no entreguen las mercaderías a los grupos de choque que tienen; y ellas deberán obedecer, porque de lo contrario pueden ser clausuradas. A quien desee comprar artículos textiles, yo le puedo indicar quiénes son los obreros de esas fábricas que los tienen en su casas; a quien quiera adquirir baterías, yo le puedo decir qué trabajadores pueden vendérselas; a quien desee comprar neumáticos, que se sacan de INSA, yo le puedo indicar la forma de adquirirlos, porque toda esa masa de comunistas y socialistas que, a través de los interventores, maneja la distribución, se lleva toda la mercadería.
El Gobierno cuenta con todos los medios para tomar las medidas del caso, y no necesita la orden de un tribunal. Basta que dé una orden administrativa, pero no la quiere impartir. Y ello por la razón dada por el Honorable señor Prado en el sentido de que en esa forma se evita el pago de reajustes, pues la gente está ganando dinero por dos conductos: por medio de sus salarios y por las diferencias que obtiene en el mercado negro.
Esos son los dos mecanismos de que ha echado mano.
Hay disposiciones sobradas para proceder al respecto, pero falta el ánimo de ponerlas en práctica, porque por medio de las JAP éstas se llevan la mejor parte, de la expoliación a que someten a los comerciantes, de las coimas que piden para abastecerlos, y de todo ese sistema, han corrompido al país. No sólo nos han quitado todos los bienes, sino que, además, nos están quitando la moral mediante tales procedimientos.
Señor Presidente, aquí se dijo que yo estaba diciendo verdades histéricas, pero la verdad es que dije verdades históricas. Anuncié que nos llevarían a vivir de pan y agua. Me he quedado corto, pues nos están dando pan sucio y una cuarta parte de la población ni siquiera tiene agua.
El señor LUENGO.- ¡Por eso está tan flaco...!
El señor GARCIA.- ¡Tengo reservas del régimen anterior...!
La señora CARRERA.- Señor Presidente, hemos podido comprobar que se ha iniciado una campaña de prensa, encabezada por El Mercurio, denunciando el delito económico que es el acaparamiento, el mercado negro y la especulación. Se ha escrito toda clase de artículos y, en realidad, dicha campaña ya lleva más de un mes. Siempre he admirado las mentes que dirigen la propaganda de la Derecha, tanto en El Mercurio como en La Prensa y en otras publicaciones, por su capacidad de insistencia sobre algunos temas que llegan a formar conciencia en mucha gente. Naturalmente, se trata de una técnica que se aprende, que no es un invento de quienes la practican; pero, en todo caso, ellos la aplican con una inteligencia digna de admiración.
Pues bien, a pesar de todo eso y de los delitos que se han estado denunciando, ahora esos mismos sectores señalan que no desean una ley sobre el delito económico. Y el Honorable señor Carmona anunció en esta Corporación que votará favorablemente el proyecto nada más que para transformarlo en otra cosa, hacerlo trizas y convertirlo en un instrumento ineficiente. En esta forma lo interpreto yo, porque, en realidad, ésa es la voluntad que se está manifestando en el Senado.
Quiero insistir en la habilidad con que esos diarios manejan las noticias, y decir que ya veo hacia donde se dirigen y cómo están concertados el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano.
El Honorable señor Ibáñez señaló que se estaba falsificando moneda y dio al respecto explicaciones y datos seudotécnicos. Con posterioridad, el Honorable señor Carmona se refirió a la misma materia. No sé si él escuchó la intervención anterior, pero no me cabe la menor duda de que ahora se está instrumentando una campaña sobre la falsificación de moneda, la cual se iniciará luego tanto en La Prensa como en El Mercurio.
Deseo reiterar algunos datos que ya tuve oportunidad de proporcionar. Sólo el 25% de la producción del país se encuentra en manos del Estado, tomando en cuenta, como dijo el señor Ministro, la producción de energía eléctrica y la de petróleo. Existe, además, una baja incidencia en la producción de alimentos, vestuarios, tabacos, calzado, etcétera. Este es el primer punto.
En segundo lugar, debo advertir que sólo el 30% de la producción de abarrotes la distribuye DINAC, y el porcentaje restante, como lo saben muy bien Sus Señorías, está en manos particulares. Pero esa publicidad concertada y orquestada, junto con los señores Senadores, y que constituye una especie de ballet de la muerte, que es muy interesante de observar, les permite seguir insistiendo en que toda la producción y distribución se encuentra en manos del Estado, de lo cual infiero que cuando realmente tal cosa se materialice, porque desde todo punto de vista es necesario que lo hagamos, no tendrán nada que discutir, pues ya dan por hecho que el Estado controla tales aspectos.
Celebro las palabras que hemos escuchado al señor Ministro, pues creo que se han tomado medidas verdaderamente serias que impedirán una nueva conjura contra el pueblo.
Es natural que en un proceso de cambios se produzca escasez, porque aumenta el poder de compra de los trabajadores y no se incrementa en el mismo ritmo la producción; pero ahora, mediante esa campaña instrumentada, se la ha aumentado en forma artificial. Además, la mayoría de las colas son artificiales. Si hubiera contado con el tiempo suficiente, habría demostrado que hay comerciantes dirigidos por la Derecha que, teniendo aceite, por ejemplo, obligan a las mujeres a hacer cola cinco, seis, siete y ocho veces, para venderles en cada oportunidad un octavo de litro de aceite, sabiendo perfectamente que se trata de las mismas mujeres que vuelven. Sin embargo, no les venden de inmediato un litro de ese artículo. Inclusive hay un dirigente de la Democracia Cristiana que procede en esa forma. De esa manera aumenta la desesperación y la desesperanza en la gente que está en las colas. Sin embargo, en esos mismos lugares, como en el último caso que denuncié, a veces hay acaparados decenas y cientos de tambores de aceite.
Por lo tanto, creo necesario legislar sobre esta materia y aprobar la iniciativa legal que estamos votando. También creo conveniente decirle a la gente cómo se comporta este Senado, que primero denuncia la existencia de un problema y después se niega a por lo menos paliarlo mediante un proyecto de ley.
Finalmente, debo decir lo siguiente: me indignan las expresiones, que rechazo, del señor García contra los obreros. Según ellas, resulta que no hay ningún problema al respecto y que los obreros son la fuente del mercado negro. Me parece que eso es una grosería que nosotros, como socialistas, no podemos aceptar.
El señor IRURETA.- Lo dijo la Comisión Política del Partido Comunista.
La señora CARRERA.- Lo habrá dicho de otra manera, no en la forma grosera, insolente y falsa como lo dice el señor García.
Voto que sí.
El señor García ataca a los obreros por sus sentimientos de clase.
El señor GARCIA.- Desgraciadamente, yo no soy un Chadwick, ni un Carrera, ni un Altamirano ��Qué le voy a hacer!
El señor LUENGO.- En el fundamento de su voto, el Honorable señor García ha insistido en que en la actualidad hay más; de 16 leyes que pueden sancionar algunos aspectos del delito económico y que no se aplican o se aplican mal, de modo que, a. su juicio, es innecesario dictar estas nuevas disposiciones.
Por mi parte, quiero insistir en lo que dije denantes: si bien esas disposiciones legales parecieran ser apropiadas al momento histórico en que ellas fueron dictadas, el tiempo ha demostrado en el hecho que ellas no eran bastante eficientes. EL señor García agregó, todavía, que para los efectos de que las autoridades pudieran realizar visitas o dar órdenes de cumplimiento obligatorio por los comerciantes, existía el decreto ley 520; que debiendo aplicarse dicho cuerpo legal, la autoridad no requería una nueva disposición como una de las consignadas en el proyecto. Pero el señor García olvida que los propios Senadores han consignado, en un proyecto de reforma constitucional, la derogación del decreto ley 520; que tal derogación, que fue aprobada por la mayoría del Senado, propuesta y defendida por el señor García...
El señor HAMILTON.- No la propuso el señor García.
El señor LUENGO.- Si no lo propuso, en todo caso la defendió y la votó favorablemente.
Por lo tanto, creo que la declaración hecha hace un instante por el Honorable señor García demuestra la actitud doble con que está actuando el Partido Nacional, concretamente en esta materia. Porque al menos la Democracia Cristiana está votando favorablemente este proyecto, y aunque tenga algunas observaciones que formular al respecto no sé exactamente cuáles son; no oí al Honorable señor Carmona cuando dijo que quería cambiar totalmente el proyecto, según expresó la Honorable señora Carrera, ha manifestado su deseo de que el proyecto camine, de que se apruebe en general, a fin de poder estudiarlo después en particular. Bien distinta es la actitud del Partido Nacional, que, repito, sostiene que hay disposiciones vigentes que se pueden aplicar en esta materia pero cuya derogación precisamente ellos están votando. Nosotros decimos que queremos aplicar esas disposiciones y dictar otras nuevas que superen cualquier insuficiencia de las anteriores.
El texto de la iniciativa en debate parece ser bastante claro. Mediante él se sancionan concretamente el acaparamiento, la negación de venta, la venta condicionada y una serie de otras actitudes que pueden tomar los comerciantes, fundamentalmente, pues también se sanciona a las personas que no sean comerciantes y aun a funcionarios de Gobierno cuando producen daño económico a la comunidad.
Por lo expuesto, pienso que quienes han votado o voten en contra de la idea de legislar en esta materia, tendrán necesariamente que ser condenados por la historia.
Voto que sí, autorizado por el Comité Demócrata Cristiano, porque no obstante estar pareado con un Senador de la Democracia Cristiana, ellos están votando a favor del proyecto.
El señor CARMONA.-
Los Senadores señora Carrera y señor Montes han hecho mucho caudal de lo que expresé en el sentido de que la Democracia Cristiana iba a votar favorablemente en general este proyecto, en la convicción de que era necesario transformarlo en un texto distinto de lo propuesto primitivamente por el Gobierno.
Quiero ratificar las expresiones que usé. Manifesté textualmente que después de escuchar aquí la exposición que nos hizo el señor Ministro de Hacienda, de haber entendido claramente los propósitos y objetivos que persigue el Gobierno con su política económica, insistiendo en los errores que se han cometido hasta el día de hoy, no cabe sino defender al pueblo de Chile y al público consumidor dándoles un instrumento legal adecuado para que, a más de los conceptos de delito económico que existen en estos momentos y respecto de los cuales no es necesario legislar si se despacha o no se despacha este proyecto, no quita ni pone rey, porque existen leyes vigentes a las cuales el Gobierno no ha querido recurrir, para crear el estado de ánimo ante la opinión pública de que esta iniciativa es absolutamente necesaria, puedan defenderse contra los que quieren insistir en políticas totalmente ineficaces, gastadas, repudiables, y que son precisamente las que han provocado el mercado negro, las colas, el desabastecimiento y la especulación en nuestro país. Más que a los comerciantes, más que a los industriales, más que al propio público, en estos momentos hay que mirar hacia los funcionarios, hacia los gobernantes, hacia las personas designadas por éstos, para ver cómo están actuando. Por eso, creo que este proyecto de ley debe ser un instrumento en manos del público consumidor que permita defenderlo de actuaciones nefastas de esas personas que han producido tales consecuencias. Eso es lo que nosotros queremos hacer con esta iniciativa. Y lo consideramos indispensable, porque se nos quiere hacer tragar la píldora, a estas alturas de madurez de la opinión pública chilena, de que mediante disposiciones legales se resolverán los tremendos problemas y se salvarán los errores económicos cometidos por este Gobierno. ¡Si eso no lo va a arreglar nadie, pues no tiene remedio! Por lo que le escuchamos esta mañana al señor Ministro de Hacienda, nuestros problemas no tienen solución, y serán más grandes las colas, más grave el desabastecimiento, más patente la ineficacia de todos los sectores gobernantes para hacer frente a la situación por que atravesamos. Por lo tanto, es absolutamente necesario, a nuestro juicio, crear un instrumento legal porque yo creo en la defensa mediante la ley que permita defendernos de estas persistencias en los errores, ya a sabiendas, que quiere cometer el Gobierno en materias económicas.
Esta es nuestra posición respecto del proyecto de ley.
Después de haber escuchado al señor Ministro de Hacienda, no cabe duda de que hay un imperativo moral en estos momentos, especialmente de los partidos de Oposición, de defender al pueblo y al público consumidor; de defenderlos incluso de los delincuentes que están al otro lado de la barricada y, muy especialmente, en el Gobierno, que están cometiendo toda clase de tropelías en esta materia.
Este es el sentido que tiene nuestra posición con respecto al proyecto de ley que estamos votando. Creo que de esta manera no sólo vamos a levantar la cortina de humo que la propaganda de la Unidad Popular ha querido tender ante la opinión pública, especialmente ahora que estamos en vísperas de elecciones parlamentarias, sino que también haremos bajar a la tierra a la gente que está en las nubes y que cree que las colas son creadas artificialmente. La mujer del pueblo, los niños de Chile que se colocan en las colas lo hacen por gusto, según debemos deducir de opiniones tan extrañas como las que hemos escuchado esta mañana. Pero creo que habrá una sola manera de ponerlos en la realidad, y esa será la cola que el pueblo les pondrá en las próximas elecciones de marzo y que ya sabe muy bien donde la colocará.
Voto que sí.
El señor ACUÑA.-
Tal como expresó el Honorable señor Baltra, y después del planteamiento formulado por el Honorable señor Juliet, del Partido Izquierda Radical, nosotros votaremos favorablemente la idea de legislar, a sabiendas de que esta iniciativa obedece, fundamentalmente, al deseo de encender, en vísperas de elecciones parlamentarias, un gran volador de luces respecto de las causas que han generado el mercado negro y todo el proceso de inflación y de desabastecimiento que el país ha estado viviendo.
Creemos realmente que hay mecanismos legales que permiten al Gobierno impedir y sancionar estos delitos de tipo económico, y en este proyecto de ley vemos fundamentalmente un deseo de sistematizar, planteando, como decía, una expectativa de solución que no se divisa, con miras a explotarla políticamente en la campaña que tenemos por delante.
Tal como expresó el Honorable señor Baltra, la inflación, el desabastecimiento, el mercado negro que sufre nuestro país forman un solo contexto. La bolsa negra y el mercado negro son principalmente la consecuencia de un proceso de manejo inepto e incapaz de la economía chilena, sometida a esquemas y dogmas rígidos, tratando fundamentalmente de copiar procesos iniciados en otras naciones con otras estructuras económicas y con otras realidades.
En un país donde el 60% de la economía está manejada por el Estado; donde el 60%' del área agrícola está controlada por los organismos fiscales; donde la banca pertenece al Estado; donde el comercio exterior, de exportación y de importación, es realizado fundamentalmente por el Estado; donde la distribución es efectuada en alto porcentaje por el Estado; donde la política de precios es regulada por decretos supremos refrendados por los Ministros de Economía o de Hacienda y, a veces, por el Presidente de la República, no se puede plantear que el proceso que vive Chile obedece a causas ajenas a quienes conducen la marcha del país. La crisis económica que afecta al país es la crisis de la capacidad para gobernar, es la consecuencia de un proceso en que se ha confundido la planificación seria y responsable con un proceso permanente de declamaciones. El Gobierno confunde programar, planificar, con declamar. Y cuando fallan todos sus esquemas y todos sus planteamientos, opta por culpar a los adversarios políticos que han estado planteando con ánimo crítico las rectificaciones que hay que hacer frente a los errores que se cometen.
Aquí se ha insistido en el proceso del latifundio. ¡Pero si el problema del latifundio quedó superado en Chile! ¡Si el Partido Comunista, en el mes de agosto, en un gran congreso nacional, anunció, con tambores y huifas, la liquidación del latifundio y habló, en una actitud de análisis de la reforma agraria, de lo negativo, de los errores que se habían cometido, queriendo plantear, después de dos años, que una confesión de errores permitiría superar las deficiencias, lo que por desgracia no se ha visto! El Presidente de la República permanentemente ha planteado lo mismo, y desde hace tiempo viene hablando de cambios en los mandos medios, de rectificar la conducción realizada por elementos irresponsables. ¿Y qué se ha hecho? Hemos visto la maniobra ajedrecística del enroque funcionario, y también en el plano ministerial frente al proceso de las acusaciones. El señor Allende, en una conferencia entregada por la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República el 23 de noviembre tengo aquí el boletín respectivo, dijo a 22 profesores costarricenses: Controlamos hoy día el 95, 96% de la Banca,...; Hemos erradicado el latifundio en dos años; hemos expropiado 5 millones 300 mil hectáreas en 20 meses. En un día expropiamos 370 mil hectáreas...; Hemos estatizado la Banca...; Estamos controlando el comercio de importación anual por persona. Sin embargo, en este instante, al vivir el proceso que todos conocemos, se pretende olvidar todo el conjunto de atribuciones y mecanismos que maneja el Estado, para decir que la responsabilidad en el caos, en el fracaso y en el desquiciamiento que vive el país es consecuencia de la acción de los grupos opositores al Gobierno.
Quiero señalar en esta Sala que en la actualidad el Banco Central está lanzando a la circulación un mil 800 millones de escudos. Por otra parte, el interés bancario se ha aumentado en 54% en los primeros días de este año, como si ésta fuera la mejor noticia, en circunstancias de que antes se censuraban los intereses usurarios que se cobraban. ¡Hoy día, el Estado institucionaliza la usura en el interés bancario!
Por eso, repito: la culpa del proceso que hoy sufrimos radica en que quienes conducen el país no han tenido la capacidad y la seriedad necesarias para llevar a cabo su política ajustada a la realidad nacional.
Votaremos favorablemente la idea de legislar, pero anuncio que usaremos todos los mecanismos posibles para que las sanciones se apliquen a todos y, fundamentalmente, a quienes están manejando los aparatos productivos controlados por el Gobierno.
Voto que sí.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Quiero disipar la duda planteada por algunos sectores del Gobierno para hacer creer a la opinión pública que el Parlamento ha dificultado el despacho de este proyecto, en circunstancias de que los Senadores de estas bancas hemos dado toda clase de facilidades para ello. Tanto el Honorable señor Juliet como el Senador que habla hemos concurrido a todas las sesiones de la Comisión de Constitución, Legislación, justicia y Reglamento e, igualmente, a las reuniones de Comités, para entregar las herramientas necesarias con el fin de que esta iniciativa se vote hoy a la una y cuarto. Asimismo, durante el debate habido en el seno de la Comisión, el Honorable señor Juliet formuló interesantes alcances que fueron comprendidos por el Gobierno, y cuando en esa oportunidad voté favorablemente, anticipé también que, dentro del plazo reglamentario, presentaría conjunto de indicaciones, que están en estudio por los técnicos de nuestro partido, con el objeto de perfeccionar esta materia.
También dejamos constancia de nuestra complacencia por el hecho de que el Ejecutivo aceptó observaciones del Honorable señor Juliet, tendientes a sancionar conductas ilícitas que no aparecían castigadas en el proyecto original; o sea, castigar actividades relacionadas con el mercado negro. Asimismo, manifestamos nuestra satisfacción por la buena acogida que había tenido la idea de sancionar en forma particularmente drástica a aquellos funcionarios que en el desempeño de sus cargos cometan delitos de la naturaleza de los descritos en el proyecto que nos ocupa.
Las exposiciones de mis distinguidos colegas los Honorables señores Baltra y Acuña y, en seguida, del colega Juliet, así como la presencia en la Sala de la mayoría de los Senadores del Partido Izquierda Radical, están demostrando en forma clara y definitiva que nosotros no eludimos el despacho de este proyecto, al que daremos nuestros votos favorables, reservándonos el derecho de recurrir a las facultades reglamentarias para mejorarlo en todo cuanto se relaciona con el servicio del país y con el beneficio de los consumidores.
El señor JULIET.-
Señor Presidente, deseo reafirmar en forma muy breve lo que he expresado en dos o tres oportunidades.
En primer término, creo innecesario el proyecto del Gobierno. Quien estudie nuestra legislación vigente verá que muchas de sus disposiciones, o todas, configuran los mismos delitos que la iniciativa en debate y que esta última sólo establece mayores penas.
Habría deseado, así lo expresé en la Comisión, que en Chile concluyera el despacho de leyes que únicamente representan la aplicación de muchas penalidades, y se aprobara un cuerpo legal que encarne los rubros de la producción, de la distribución y del comercio, sin crear en el país una gran penitenciaría, pues ya todas las actitudes de nuestros conciudadanos al parecer terminan haciéndose merecedoras a penas corporales. No obstante ese vicio, presentaré una serie de indicaciones que también establecen penas corporales, para seguir el mismo ritmo del Gobierno, que no comparto.
Reitero: nuestro país necesita leyes positivas que encaminen en forma adecuada nuestra producción.
Como destacó el Honorable señor Aguirre Doolan, compartimos las expresiones del Honorable señor Carmona. Ellas nos interpretan, no por el hecho de que tenemos posibilidad de transformar el mensaje en un nuevo proyecto, sino en cuanto a que las palabras del señor Ministro de Hacienda nos mueven a meditar sobre lo que debemos hacer frente al problema de los delitos económicos que se nos plantean.
Reitero que nuestro interés se dirige a afianzar y reforzar al comercio establecido chileno. A través de él se puede fiscalizar toda la distribución y el comercio de la producción nacional, amén de que la tributación no sufre daño. Recuerdo haber dicho en la Comisión que en las calles Puente y Veintiuno de Mayo, o en cualquier sitio de Santiago, los quioscos allí establecidos venden artículos que escasean en las farmacias y en muchos otros ramos del comercio y que los expenden a precios especulativos. Sin embargo, la Dirección de Industria y Comercio y la fuerza policial, las que en virtud de disposiciones legales vigentes están llamadas a custodiar lo relacionado con estas materias, todo lo toleran. En cambio, al comercio establecido, por error a veces de un empleado que vende artículos a precios levemente alzados me refiero a estos casos y no a actuaciones dolosas, se le aplica todo el rigor de la ley. El ejemplo citado por el señor Ministro, del cesante al que se entregan artículos para que los venda con el fin de reparar su capacidad económica, me fue expresado a mí en la calle Puente: Estos artículos me los dieron para poder subvenir al estado de cesantía en que me encuentro.
El señor IRURETA.-
¿Quién se lo dijo?
El señor JULIET.- Un vendedor de artículos dentífricos en la calle Puente.
En todo esto advierto dos premisas que son fundamentales y que nuestro partido habrá de defender: primero, que la distribución y el comercio se realicen por intermedio del comercio establecido. A éste lo vamos a defender para terminar con todo el comercio clandestino y con las ventas que realizan centros de madres, las JAP, pequeños negocios ambulantes y camiones que ofrecen papas, cebollas, etcétera, de puerta en puerta. Al mismo tiempo, también trataremos de que las JAP, organismos que son de orden particular, ya que no los creó la ley, se constriñan a la labor que se les ha encomendado y no se dediquen a realizar trabajos de distribuidores y de comerciantes. Con ello, defendemos el Presupuesto de la república, pues permite una tributación adecuada, y también al comercio, que nos merece consideraciones muy especiales.
Por último, quiero referirme a lo expresado por el Honorable señor Carmona sobre la mala política económica.
El desabastecimiento actual es producto de la más ignorante e inadecuada aplicación de las leyes de reforma agraria. Al respecto, recuerdo que en cierta época, a una de las ciudades capital de la provincia que yo represento, llegó el Ministro señor Chonchol con un gran aviso publicado en Santiago y otro más grande aparecido en el diario La Mañana, que decía: Hoy se van a expropiar trescientos cincuenta fundos, como quien va a comprar trescientos cincuenta pares de zapatos o trescientos cincuenta metros de género. Una expropiación llevada en esos términos conduce a los delitos y a los dramas económicos que vivimos y, por ello, el Gobierno no puede desligarse de las consecuencias que hoy día sufre.
Voto que sí.
El señor IBAÑEZ.-
Señor Presidente, no voy a descender a hacerme cargo de las injurias de un señor Senador, porque respecto de su persona el Senado ya tiene un juicio muy claro y formado. Bien sabemos aquí que se trata de un tonto automático que ha llegado a esta Corporación para que, cada vez que se le aprieta un botón, injurie a los Senadores que se oponen al Gobierno.
También quiero dejar en claro que no ha habido demora alguna por parte de los Senadores de Oposición para el despacho del proyecto en debate, y que el Gobierno se ha encargado de dejarlo durmiendo en el Senado, puesto que al iniciarse la legislatura extraordinaria no lo incluyó en la convocatoria y sólo hace 10 ó 15 días pidió que volviera a discutirse.
Por último, en respuesta al Honorable señor Luengo, quiero decir que no hay ninguna actitud doble de parte de los Senadores nacionales. La petición del Honorable señor García de derogar parte del decreto ley Nº 520 nada tiene que ver con las disposiciones que ahora estamos discutiendo. Por lo demás, hay 16 leyes que no se han aplicado por una razón muy simple: si así obrara el Gobierno, debería haber llevado a la cárcel a connotados dirigentes de la Unidad Popular.
Hay conciencia de que el proyecto en discusión debe ser transformado radicalmente, porque se trata de una iniciativa destinada, en el fondo, a establecer un control político sobre la población del país. Nosotros tenemos la certeza de que hay grandes delincuentes y de que se cometen los más repudiables delitos en la vida, económica nacional. Pero esos delincuentes y esos delitos están en la esfera del Gobierno, y la ley en proyecto no se refiere a ellos. El objetivo de esta iniciativa es perseguir a los consumidores y a los comerciantes y buscar alguna justificación para establecer un racionamiento ilegal y abusivo, como el anunciado por el señor Ministro, por parte de las ilegales JAP. Persigue, además, una especie de consenso de culpabilidad frente al mercado negro.
Pues bien, debo decir que los Senadores de estas bancas, los miembros del Partido Nacional y los vastos sectores de trabajadores que representamos en el campo político, no tenemos ni aceptamos ni siquiera la sombra de una culpabilidad. Ella recae total, acusadora y abrumadoramente sobre el Gobierno y, en particular, sobre el Partido Comunista, que ha tenido en sus manos la gestión económica de la Unidad Popular.
Hay consenso acerca de la necesidad de cambiar el articulado del proyecto para proteger a los consumidores y a los comerciantes minoristas, como lo expresaron Senadores de diversas bancas.
A nuestro juicio, ello debe hacerse, pero debería ser materia de otro proyecto al que nosotros concurriríamos con agrado, pues, repito, estamos perfectamente conscientes de que se cometen gravísimos delitos y sabemos dónde se realizan, pero, por desgracia, la iniciativa en debate no los tipifica y, por cierto, tampoco los sanciona.
Pero no queremos que la opinión pública se confunda: la aprobación de esta iniciativa nada tiene que ver con los motivos aducidos por la publicidad mentirosa de ciertos sectores de Gobierno. Eso lo estimamos profundamente grave y absolutamente inconveniente.
Reitero: estamos dispuestos a estudiar derechamente los graves delitos que afectan a todos los chilenos, y, por esta razón y en defensa de los comerciantes y de los consumidores, pensamos que un proyecto de ley como el sometido en estos instantes a votación, cuya finalidad es puramente a votación, cuya finalidad es puramente engañar a la opinión pública, debe ser rechazado.
Los Senadores nacionales rechazaremos la idea de legislar.
Voto que no.
El señor GUMUCIO.- A pesar de estar pareado con el Honorable señor Noemi, votaré en esta oportunidad, pues he sido autorizado por el Comité Demócrata Cristiano.
En esta sesión escuchamos las opiniones bastante apasionadas de los personeros de la Derecha. En realidad, han reeditado los mismos discursos que durante largos años como parlamentario he escuchado en las numerosas oportunidades en que se han discutido proyectos relativos al delito económico. Claro está que ahora usan un tono mucho más demagógico.
Hace poco tiempo, en Santiago se exhibió una película de un cineasta de la Universidad Católica, llamada Un año de Gobierno, donde sencillamente se iban proyectando los hechos sucedidos en el año de Gobierno de la Unidad Popular. Uno de ellos era el desfile de las cacerolas o de las ollas vacías. En primera fila aparecían unas señoras que yo conozco, rollizas, bien sanas y elegantes, gritando Tenemos hambre, tenemos hambre. Y ¡por Dios!, yo que las conocía sabía cuán lejos estaban de la posibilidad de que ellas tuvieran hambre.
Hoy día el Honorable señor García nos ha dicho que él tiene hambre y que ya, en realidad, han sido despojados de todo lo que tenían.
En verdad, la Derecha nunca da la verdadera cara. Son enemigos de este proyecto al igual como lo han sido de otras iniciativas similares, porque son contrarios a la intervención del Estado en la economía, opinión respetable pero discutible. Pero jamás dicen que ésta es la razón que tienen para oponerse, sino que siempre aducen otros motivos.
Por ejemplo, ahora son libertarios: son partidarios de la libertad de expresión, pero fueron ellos los autores de la Ley Mordaza, y de la ley de Defensa de la Democracia. También fueron enemigos de los paros nacionales; hablaban de los huelguistas en la forma más tremenda; consideraban que las huelgas destruían al país; en cambio, ahora son los campeones del derecho a huelga, derecho sagrado para ellos. Son campeones de la defensa de los dirigentes sindicales del Banco Central que reclamaban una indemnización de cinco millones de escudos.
¡Estos son los campeones de la defensa de la huelga, del paro nacional!
Hoy día aparecen como el baluarte de los modestos y humildes consumidores, que naturalmente están sufriendo las colas que tienen que hacer.
Como se ve, nunca se presentan con su verdadera cara. Jamás la razón para adoptar una posición reside en el fondo del problema, sino en otra parte.
Como soy partidario de la intervención del Estado, por muchos defectos que tenga, por muchos errores que se cometan, y aunque pudiera acarrear ciertas deficiencias, sigo manteniendo mi línea de principios, que expreso tal como es.
En segundo lugar, aquí se ha planteado que los únicos culpables del mercado negro es el Gobierno y los sinvergüenzas socialistas y comunistas que están acaparando, especulando y creando el mercado negro. Pero no dicen nada, porque no hay ninguna objetividad para plantear las diversas causas que originan el mercado negro y la especulación, del boicot concreto realizado desde el exterior por el imperialismo, que, como se sabe, ha liquidado préstamos de organismos internacionales y facilidades a corto plazo para importar y exportar. Ese hecho se lo saltan y no lo mencionan.
No digo que esta ley en proyecto pueda constituir una panacea. No creo que las leyes puedan solucionar a fondo problemas económicos, pero ayudan por lo menos a hacerles frente.
La verdad es que las causas son muchas y muy diversas. No las estoy discutiendo. Entre ellas también hay fallas del Ejecutivo. Y en este punto nadie puede desconocer que el Gobierno de la Unidad Popular ha tenido la virtud de la autocrítica. No se están tapando los errores se reconoce su existencia y que deben ser rectificados, pero de ahí a sostener que provienen exclusivamente de una causa política y son de responsabilidad de funcionarios del Gobierno, es hacer demagogia en vísperas de comicios parlamentarios.
Como se va a completar el tiempo de que dispongo, quiero formular un voto.
Hace muchos años en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de reforma agraria, pero al final sólo quedó la primera frase de su enunciado: Hácese una reforma agraria. En esa oportunidad, la Derecha, con su habilidad acostumbrada, logró, que todos los artículos concretos sobre reforma agraria fueran liquidados.
El señor MORENO.- Fue un proyecto presentado por un Diputado del Partido Socialista, y era muy malo...
El señor GUMUCIO.- Entiendo que Su Señoría no es derechista. Es democratacristiano. ¿Para qué los defiende? En realidad estoy señalando un hecho que ocurrió.
Como decía, hago votos para que en el segundo informe no ocurra algo similar a lo acontecido con el proyecto de reforma agraria que mencioné, y que las indicaciones no se orienten a liquidarlo, porque la Derecha ha hecho exigencias en ese sentido a la Democracia Cristiana.
En verdad, hago votos para que todas las indicaciones, como anticipó el Honorable señor Carmona, vayan a defender al consumidor. Si son buenas y rectas, en buena hora que se presenten. Pero confío en que no constituyan una nueva macuquería de tipo político clásico destinada a boicotear la iniciativa.
Voto que sí.
El señor DURAN.-
He solicitado usar de la palabra para rectificar algunos hechos.
Mandé buscar a la Secretaría algunos datos respecto del tratamiento del proyecto que ahora se vota, y me he encontrado, no obstante la afirmación tan clara, firme y tajante del Honorable señor Montes que como siempre se queja de que las iniciativas del Gobierno no se tramitan rápidamente y se las obstruye, con que este asunto no figuró en la convocatoria, desde el 18 de septiembre al 20 de diciembre de 1972, que se incluyó en ella el 20 de diciembre y que la Comisión lo informó el 2 de enero de este año.
Y como el Congreso no puede por sí mismo incluir materias en la legislatura extraordinaria, cualquier tardanza en su despacho es de responsabilidad del Gobierno.
Me he quejado de que se haya tratado con tanta premura un proyecto tan importante, porque si el problema es grave, como todos sabemos, lo lógico es que el Ejecutivo lo hubiera incluido en la legislatura extraordinaria tan pronto como se inició. No lo hizo, y el motivo de mi crítica es que ahora, apresuradamente, con una urgencia increíble, se plantee un debate con reparto de tiempo; se fije hora para votar en general el proyecto, y se inicie en la Comisión una nueva carrera para despacharlo en particular.
Posiblemente las diversas indicaciones que se formulen darán motivo a muchos títulos de primera página, donde se podrá leer lo mismo que aquí hemos escuchado. Es decir, no un lenguaje de fondo respecto del proceso económico del país, sino una serie de consignas; de frases hechas para construir consignas que induzcan a pensar al pueblo que los responsables del desastre económico de la nación no están en el Gobierno, sino en los sectores de la Oposición.
También quiero destacar a los señores Senadores que en esta sesión he tenido diez minutos para emitir una opinión respecto de un asunto que se traduce en que una dueña de casa ocupa tres días en hacer una sola cola. Y a la causa de esta espera de tres días, en una de las múltiples colas que existen y en uno de los múltiples problemas que hay, debemos referirnos apresuradamente en diez minutos.
Entonces, frente al alcance hecho por el señor Senador, es útil que la opinión pública se forme un juicio acerca de lo insuficiente que resultan diez minutos para discutir una materia tan importante y delicada.
El señor LUENGO.- Aquí se han votado reformas constitucionales sin debate.
El señor DURAN.- Primero se han tratado largamente en la Comisión.
El señor LUENGO.- No, señor Senador.
El señor DURAN.- Por lo menos yo no recuerdo ninguna reforma constitucional a la que se haya dado ese trámite.
En todo caso, si alguna vez pasó, eso no justifica el trámite dado a esta iniciativa, porque de esa manera Su Señoría podría autorizar la comisión de cualquier delito en vista de que antes se produjeron otros. Eso se denomina anarquía y no ordenación jurídica.
El señor IRURETA.- ¿De qué reforma constitucional se trata? Porque aquí nadie se acuerda.
El señor DURAN.- El Honorable señor Luengo debe de haber tenido una pesadilla.
El señor LUENGO.- Por ejemplo, la reforma constitucional del Honorable señor Pablo...
El señor DURAN.- El Senador Montes también sostuvo que el Gobierno nunca ha hecho doctrina de los resquicios legales. Quiero recordar a los señores Senadores, y para que también lo tenga presente el país, que fue el señor Novoa el que planteó, en la prensa y en los debates de la Comisión la existencia lícita de esta actitud del Gobierno de aprovechar lo que él denominó los resquicios legales.
En consecuencia, el señor Senador está muy desmemoriado en la discusión de esta mañana.
Por último, quiero decir a los representantes del Ejecutivo en el afán de responsabilizar al comercio, a la industria y a la agricultura, todos tienen la culpa, menos los perlas que en nuestra Cooperativa no tenemos qué cosas comprar...
El señor CONTRERAS.- Porque el señor Matte no quería comprar.
El señor GARCIA.- El señor Matte ya se fue.
El señor DURAN. -No tenemos aceite, y vamos a tener que pedir que el horario de sesiones se modifique, porque a causa del desabastecimiento tendremos que matricularnos en las colas.
No voto, por estar pareado con el Honorable señor Tarud.
El señor MORENO.-
Desde hace bastantes meses en la Universidad de Chile se viene desarrollando una polémica o un foro a nivel de los profesores y alumnos, para discutir si lo que está ocurriendo en este país es producto de una teoría deliberadamente aplicada, o si se debe a que las personas encargadas de aplicar e implementar los mecanismos económicos más esenciales han fracasado por su incapacidad e incompetencia.
Probablemente esta polémica ya se ha trasladado a todo el país y tiene un denominador común: se acepta incluso a nivel universitario por los propios representantes de la ideología marxista, que esta fórmula económica del Gobierno ha fracasa do en forma estrepitosa.
Los datos no resisten mayor análisis, y en cualquier foro donde hay tranquilidad para estudiar el problema, se llega a la conclusión de que un país que prácticamente tiene su agricultura quebrada una inflación desatada, que representa un record en América Latina; con un déficit en la balanza de pagos que va a llegar este año a 700 millones de dólares; que hoy no tiene disponibilidad de recursos básicos para adquirir bienes de capital que necesita y alimentos que no es capaz de producir, es un país que económicamente está de rodillas.
Y la culpabilidad de esto no recae, como alguien pudiera manifestarlo aquí, en algún funcionario subalterno o en una persona que estuviera manipulando el aparato productivo con el propósito de crear desesperación en la gente. Las causas de esta crisis afloran como un verdadero brote de viruela en un cuerpo que está realmente enfermo, y hoy todos los chilenos tenemos conciencia de que este Gobierno ya fracasó desde el punto de vista económico, y que no tiene arreglo.
por lo menos la gente de Gobierno que algo piensa y que algo de frialdad mantiene, coincide con lo que estamos diciendo cuando se refiere a la situación que vive el país, aunque llene sus intenciones con adjetivos y frases de tipo político. Este Gobierno, económicamente, no tiene salida, no tiene arreglo. Y la demostración se halla en este proyecto: según Sus Señorías, dormía en el Parlamento desde hacía meses; pero ahora lo reflotan para tratar de presentarse con un salvavidas.
Es cosa de escuchar las radios, la propaganda de la Unidad Popular, al Honorable señor Altamirano, a quien no tenemos el gusto de ver en el Senado. Desde que llegué a esta Alta Corporación, lo he divisado una sola vez únicamente, lo divisé; no viene por acá; tal vez la razón sea su total desacuerdo con el Congreso; sin embargo, está buscando votos para permanecer en él.
Pero aquí, ¿de qué se trata? De explicarle a la gente que las causas del mercado negro no están en las fallas del proceso productor, en que la ciudadanía necesita comer lo mismo que comía antes, bien, regular o mal. El origen del mercado negro se halla en que la producción de alimentos, bienes y servicios es menor que la de antes. Porque la población chilena no ha aumentado en términos significativos durante los dos últimos, años.
Y ahora, ¿qué dicen? Que se ha armado una verdadera confabulación para esconder lo que ellos manejan.
Entonces, no queda más que una de estas dos alternativas: o son inmorales o sinvergüenzas quienes manejan las industrias estatificadas, o son tan tontos que les sacan las cosas por debajo de las narices sin que se den cuenta y les arman un mercado negro para financiar la contrarrevolución, como dicen estos sesudos representantes de la Unidad Popular.
He aquí una demostración de lo que está sucediendo. Ayer, en la comuna de San Miguel, al Alcalde Tito Palestro, uno de los más furibundos partidarios de la Unidad Popular, se le acabó su propia prestancia: ante una verdadera turba de comerciantes, debió reconocer el desorden que había y que las JAP eran organizaciones realmente tenebrosas que debían ser condenadas; y dijo que él tenía independencia ante este Gobierno. ¡Porque este Gobierno ya no da para más, y el desorden no se sujeta! ¡Y esto es lo que les pica a los miembros de la Unidad Popular!
Aquí, ¿qué están planteando? Intentan sancionar un proyecto que condena el mercado negro, para perseguir al delincuente consumidor, a la madre, al joven, a la mujer que necesita comprar carne para alimentar a la familia.
Votaremos favorablemente la iniciativa. ¿Para qué? Para cambiar su terminología y perseguir a los delincuentes que se hallan dentro del Gobierno, que están especulando y enriqueciéndose como nos consta, por los innumerables casos que conocemos con el hambre del pueblo, con el sufrimiento de la gente, y que aquí tienen la tupé de venir a decir las cosas de modo distinto.
Este país ya los conoce, y en él mes de marzo les dará su merecido, con revolución o sin ella. Porque el desorden en que nos han sumido tiene un precio, y ese precio lo cobrarán el 4 de marzo próximo.
Voto que sí.
El señor PALMA (Presidente).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, hace bastante tiempo que estoy en este recinto, y nunca había escuchado un lenguaje más soez que el usado en la sesión de la mañana de hoy.
Si aquí hay personas que fueron elegidas por voluntad popular, es conveniente que empiecen a meditar y a medir sus palabras. A la gente de Gobierno lo menos que se le ha dicho ha sido sinvergüenzas, ladrones, y se han agregado otros epítetos. Desafío a cualquiera de los Senadores presentes en la Sala a que pruebe un solo acto deshonesto de alguno de nosotros. ¡Y si tuvieran entereza moral, no deberían retirarse de la Sala, sino permanecer dentro de ella!
Aquí se ha invocado, como siempre, el amor al pueblo, sosteniéndose que se desea defenderlo. Expresaron que tenían sumo interés en apresurar el despacho del proyecto.
Tengo en la mano la tarjeta respectiva de la Oficina de Partes del Senado. Según ella, el proyecto ingresó a la Sala era mensaje del Ejecutivo el 20 de julio de 1972; pasó a la Comisión de Legislación y Justicia; el 25 de julio el Gobierno hizo presente la urgencia, que se calificó de simple ¡tenían mucho interés en despachar la iniciativa...!; el 2 de agosto se prorrogó hasta el término del constitucional el plazo de la Comisión para emitir su informe queda pendiente; el 29 de agosto se retiró la urgencia, en vista de que no fue despachado...
El señor DURAN.- ¿Quién retiró la urgencia?
El señor CONTRERAS.- El Ejecutivo, porque el proyecto no se despachó oportunamente. Y le ruego al señor Senador no interrumpirme, porque yo no lo interrumpí.
El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Contreras está fundando su voto.
Puede continuar Su Señoría.
El señor CONTRERAS.-
El 20 de diciembre se hizo presente de nuevo la urgencia para el despacho de la iniciativa, a la que se dio tratamiento especial. Y los demagogos del Senado acuerdan un tratamiento especial; van a despachar el proyecto el 17 de enero y la urgencia vence el 19; o sea, con ello ganarán dos días. ¡De esa manera quieren amparar al pueblo y defenderlo!
Por otra parte, se insiste en que las JAP participan en la distribución y en el comercio. Y se ha explicado hasta la saciedad que eso no es cierto, que las JAP no tienen otra finalidad que la de contribuir a una distribución adecuada de los productos para su venta por el comercio establecido. Pero aquí dan vuelta las cosas a su amaño, porque tienen una buena máquina publicitaria, que no la pagan ellos, sino el Senado.
Se habla también del mercado negro y sostienen que el Gobierno es el principal responsable de él. Pero el señor Ministro de Hacienda, a quien también debe corresponderle algo de lo que aquí se dijo con términos tan cultos y ponderados por algunos Senadores, manifestó que el 70% de la producción del país se halla en manos privadas. Sin embargo, aquí se da vuelta la tortilla y se expresa que el 70% pertenece al área social y sólo 30% a las industrias privadas. Y repito como tienen medios de publicidad para llegar a la opinión pública, pueden perfectamente desnaturalizar los hechos en esa forma
Por otro lado, el Partido Nacional dice que cada obrero de la industria del área social tiene una bodega en su casa. ¿Por qué no formaliza las denuncias? ¡Si no tenemos tejado de vidrio, ni tampoco lo tienen los trabajadores de las industrias del área social! Si en sus hogares hay acaparamiento, denúncienlos. Si aquí hay personeros de Gobierno que son ladrones o sinvergüenzas, digan quiénes son. Si tienen el descaro de hablar de ladrones, sinvergüenzas y acaparadores, señalen dónde están. ¿Acaso ustedes no utilizaron las listas negras en el Norte? ¿No martirizaron a cientos de miles de trabajadores con la cesantía? ¡Y ahora se sientan aquí para decir que todos los militantes de la Unidad Popular somos sinvergüenzas y ladrones! ¿Por qué no hablan del señor Pubill? ¿Qué hizo cuando se fue al extranjero? ¿Por qué no nos cuentan algo sobre las fechorías que han cometido ciertas personas que en este instante se hallan muy bien colocados en la Administración Pública?
Quiero terminar mis observaciones haciendo presente la necesidad de que, cuando se formulen cargos aquí, se actúe con toda responsabilidad.
Entre otras cosas, se ha hablado de la producción de cobre, de cómo ha disminuido la producción del metal rojo. Pero no dijeron que los partidos de la Oposición han fomentado 48 conflictos en Chuquicamata. Tampoco nos hablaron del bloqueo imperialista de que es objeto el Gobierno. Y sostienen que este país se halla condenado al desastre, al descalabro, y que se hundirá. ¡Se hundirá por culpa de ellos, pues jamás han querido aportar una sola idea con el propósito de solucionar los problemas que afectan a Chile!
Voto que sí.
Se aprueba en general el proyecto
(21 votoscontra 2
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