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- rdf:value = " El señor TUDELA (Diputado acusador).- Señor Presidente, señores Senadores, nos corresponde en esta oportunidad sostener la acusación constitucional deducida por once señores Diputados en contra del señor Ministro de Haciendadon Orlando Millas, acusación que la Cámara de Diputados declaró admisible aprobando la proposición de la Comisión Acusadora que, de acuerdo con el Reglamento, se constituyó en su oportunidad. En efecto, presentado el libelo acusatorio con fecha 13 de diciembre de 1972, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento, se procedió a elegir a los señores Diputados que habrían de integrar esa Comisión. Emitido por la misma el informe correspondiente a la Sala de Diputados, en la sesión 23ª, extraordinaria, del jueves 28 de diciembre de 1972, declaró la Cámara: que ha lugar a la admisibilidad de la proposición de acusación constitucional deducida por once señores Diputados en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas Correa, por la causales de infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes y por haberlas dejado sin ejecución, establecidas en la letra b) de la atribución primera del artículo 39 de la Constitución Política de la República, de acuerdo al mérito del libelo acusatorio y del informe emitido a su respecto por la Comisión de acusación constitucional. Conforme a lo dispuesto en los artículos 69 y 269 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, hemos sido designados Comisión para formalizar y proseguir la acusación ante este Honorable Senado.
Respecto de las represalias, que es uno de los puntos más importantes del libelo y que la Corporación conoció en detalle por medio de la información del representante de la Comisión acusadora, me parece necesario que se conozca ese aspecto en toda su extensión, ya que ellas se mantienen y, más aún, a raíz del resultado de la propia acusación, tienden a agravarse cada vez más.
Se expresa en el libelo que el Ministro de Hacienda ha encabezado, por muchos conceptos, las actuaciones gubernativas contra los gremios que adhirieron al paro de octubre. Tales actos son un manifiesto abuso de poder, por el que se persigue lenta y progresivamente la aniquilación institucional y el acallamiento por cualquier medio de las voces opositoras que se alzan para denunciar las ilegalidades y arbitrariedades de este Gobierno. Creo, señor Presidente y Honorable Senado, que deben distinguirse dos aspectos en la responsabilidad del señor Ministro de Hacienda: primero, la responsabilidad directa en lo que se ha constatado en el Banco Central, Banco del Estado, comercio, industrias, etcétera; y responsabilidad indirecta, en lo relativo a las acciones del Gobierno, del cual forma parte muy importante el Ministro acusado.
En cuanto a la responsabilidad directa, puedo señalar que las represalias en el Banco Central llegaron a límites increíbles, ya que se pretendió disfrazarlas como una reorganización, lo que constituiría una simulación administrativa en que hay una voluntad aparente, representada por dicha reorganización, y una voluntad real de notoria causa ilícita, materializada en las represalias.
Creo, señor Presidente, que conviene detenerse en lo que se relaciona con las muchas veces denunciadas represalias, porque, a nuestro juicio, constituyen la base más sólida de una acusación por las consecuencias que ellas están acarreando y, más aún, por la lamentable pérdida de confianza en las afirmaciones y promesas de las más altas autoridades de este Gobierno.
Todos recordamos que a raíz del paro gremial de octubre, que afectó a todo el país, se llegó a un acuerdo para suspenderlo, estableciéndose que no habría represalias. Así se dejó claramente consignado en una comunicación profusamente difundida por el Gobierno, que suscribieron cuatro Ministros de Estado. Aún más, debe recordar el Honorable Senado y creo que así lo entendió Chile entero, junto a los gremios en conflicto que se dejaba en manos del Ministro del Interior, General del Ejército de Chile, el cumplimiento de ese acuerdo haciendo fe en su palabra de soldado, en la esperanza de que estas promesas serían cumplidas. Es decir, a un personero tan prestigioso como éste, se dejaban entregados la suerte y el destino de muchos gremios, el futuro de muchos funcionarios, y la normalización de las actividades productivas del país.
Por esto, resultaron muy lamentables para los miembros de la Comisión Acusadora que constituyen la mayoría y así se expresó en la Sala las afirmaciones del Ministro del Interior en el sentido de que, a su juicio, no existían represalias y de que el Gobierno había cumplido en todas sus partes el compromiso contraído.
Estas graves afirmaciones, que, como se ha demostrado, carecen de toda base, resultan incomprensibles, pues los gremios y las asociaciones de trabajadores que participaron en el conflicto volvieron a sus funciones precisamente porque este Ministro había suscrito un acuerdo para suspender el paro en el que se señalaba que no habría represalias. Y estas afirmaciones se han visto, ratificadas por las aseveraciones del mismo Ministro, Quien ha manifestado en esta alta tribuna que el Gobierno no aceptará un nuevo Paro de los gremios.
Nos preguntamos: ¿Qué habría sucedido si en vez de las promesas que se les formularon a los gremios y trabajadores en conflicto, se les hubiera manifestado lo que el Ministro del Interior dijo en esta Sala? ¿Qué habría pasado si los gremios y las asociaciones se hubieran imaginado que, después del paro, se habrían de desatar estas represalias?
Al reintegrarse el día 6 de noviembre los funcionarios del Banco Central que habían adherido al paro, se comunicaron directamente con el Comité Ejecutivo de la institución y le hicieron presente la situación en que se encontraban: que habían regresado a las labores habituales, puesto que se había dado término a toda medida que significara represalia. Sin embargo, el Presidente del Banco Central respondió que ni a él ni al Directorio se les había informado nada oficial de parte del Gobierno, y que se recabaría una información del señor Ministro de Hacienda. No me extenderé mayormente en esta materia.
Pues bien, hasta el día de hoy, sin haberse determinado cargo alguno en concreto en contra de tales funcionarios, están exonerados del Banco, a pesar de ser meritorios empleados de carrera, algunos con más de diez y muchos con más de 24 años de servicio en la institución. Se ha asegurado que la mayoría de estas personas son ejecutivos o gerentes que gozaban de sueldos fabulosos. Al respecto, es necesario dejar claramente establecida la verdad. Evidentemente, existen algunos altos funcionarios, muy calificados, técnicos, que con los años fueron ascendiendo en el escalafón. Algunos son abogados y se desempeñan como jefes de importantes secciones. Pero también hay algunos auxiliares, que se limitaron en la huelga a solidarizar con sus compañeros en conflicto y, como es tradicional en este país, a respetar a los dirigentes sindicales.
Debo agregar, señor Presidente, que a raíz de esta situación los dirigentes formularon cargos a los ejecutivos en el sentido de que se habían contratado elementos extranjeros para reemplazar a los despedidos sin respetar las normas establecidas de ascenso en los reemplazos. Tanto en la Comisión como en la Hala de la Cámara se reiteró esta denuncia. El Presidente del Banco Central manifestó que sólo tres funcionarios extranjeros habían sido contratados por el Banco. Sin embargo, la lista leída por el Diputado informante en la sesión en que se trató esta acusación en la Cámara no fue ni ha sido posteriormente desmentida. Son veinte los extranjeros suecos, cubanos, chécos, brasileños, etcétera que han venido a reemplazar a los funcionarios chilenos exonerados, que por sus años tenían una experiencia insustituible.
Además, se han denunciado algunos traslados que significan graves trastornos no sólo para los funcionarios, sino para la institución.
En estos hechos tiene indudable responsabilidad directa el señor Ministro de Hacienda.
¿Y qué nos dijo en la Cámara respondiendo a estas denuncias? Afirmó que, con fecha 2 de octubre, el Comité Ejecutivo resolvió declarar la caducidad de los contratos. El día 2 de noviembre, el Directorio del Banco Central, en sesión extraordinaria Nº 2.343, resolvió aprobar esta determinación y procedió a una inmediata reorganización del personal del Banco, comunicando el despido a quienes habían sido afectados por esa medida. Señaló que ésta se ajustaba estrictamente a la ley, pues los funcionarios despedidos tenían contractualmente el deber de prestar servicios en forma continuada al Banco Central, de modo que les eran aplicables las disposiciones de la ley Nº 16.455, sobre inamovilidad, que autorizan al empleador a poner término al contrato de trabajo, entre otras causas, por la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, por el abandono del trabajo por parte de éste, o por incumplimiento grave de las obligaciones que dispone el contrato.
Destacó que así lo establecen los números 6º, 7º y 11 de la señalada ley.
Esta es una declaración tomada de la versión oficial de la sesión de la Cámara de Diputados. Queda claramente establecido, entonces, que a esos funcionarios se les despidió por adherir al paro gremial sin que valieran las promesas y declaraciones públicas del señor Ministro de Hacienda y de otros tres Secretarios de Estado, entre los cuajes está el del Interior, General de Ejército, que empeñó su palabra en el sentido de que no habría represalias contra quienes participaron directa o indirectamente en el paro de octubre.
Ante las palabras del Ministro de Hacienda, que para justificar estas medidas de incalificable represalia se acoge a añejos preceptos legales que usaron los patrones más explotadores, deberíamos recordar cuántas veces el actual Jefe del Estado, mientras era parlamentario de Oposición, junto con los comunistas, avivaba los paros, alentaba las huelgas y sostenía que éstas no podían calificarse como legales o ilegales, sino como justas o injustas.
O sea, cuando se es Oposición se puede usar indiscriminadamente la herramienta que tienen los trabajadores de paralizar sus funciones. Pero cuando se es Gobierno, se debe dejar caer sobre los trabajadores el peso rudo, inhumano e injusto de los rigores de la ley.
Sé ha pretendido decir que el conflicto de octubre tenía fines sediciosos y antipatrióticos, y que se trataba de un paro patronal.
Me parece que esta afirmación nos lleva a las absurdas pretensiones que tratan de establecer los hombres de éste Gobierno, inclusive sus parlamentarios, en el sentido de que cuando un paro es de la clase obrera sé lo debe admitir, se deben tolerar sus excesos y consecuencias sin permitir represalias, amparándose y justificando estos movimientos, aun cuando estén dirigidos en contra de los intereses del país. Pero cuando el paro lo realizan los gremios, los técnicos, los colegios profesionales o los trabajadores que no piensan como el Gobierno, no se puede admitir porque es antipatriótico y, por lo tanto se pueden ejercer represalias.
Si se osa discrepar y se rebela, si alguien se manifiesta contrario a las consignas del Gobierno que se autocalifica de popular, a esa persona se la debe perseguir se la puede exonerar y es lícito injuriarla. Sólo se admite una clase de trabajadores. Loa otros no trabajan. Es tan atentando contra el sagrado interés del suelo patrió y, despectivamente, se los califica de contrarios al pueblo.
Esta absurda pretensión del Ministro y de todos los hombres del Gobierno no puede aceptarse, y es necesario desterrarla definitivamente de las prácticas laborales y gremiales, aunque ello lleve a la destitución de un Ministro de Estado.
De esta manera se han desarrollado las acciones de represalias y persecuciones que siguieron al paro gremial.
¿Cómo puede negarse que las represalias no existen o no existieron? ¿Cómo puede negarse que se hayan ejercido presiones y descalificadas acciones en contra de empleados, técnicos, profesionales, transportistas, comerciantes, industriales, empresarios de la construcción, funcionarios, etcétera?
Si no diéramos crédito a las aseveraciones gravísimas de los señores León Vilarín, Manuel Valdés y Hugo León, representantes del Comando Nacional de Acción Gremial, en el sentido de que, pese a haber transcurrido más de sesenta días de enviarse la carta pública al General Prats, aún no se recibe respuesta, deberíamos atenernos a dos testimonios formulados en la Comisión Acusadora y dé Que conoció la Sala, que denuncian una Manifiesta ilegalidad y atropello a disposiciones vigentes.
En ellos, y en los sucesivos cargos, está,
a nuestro juicio, la responsabilidad indirecta del señor Ministro de Hacienda que, como hombre destacado del Gobierno, ha permitido estas irregularidades y, lo que es más grave, pretende ignorarlas, lo que significa una muy lejana posibilidad de sanción.
En primer lugar, respecto de las empresas constructoras y su intervención durante el conflicto, destaco un oficio del Departamento Jurídico de la Contraloría General de la República que rechaza estas intervenciones por ilegales.
El otro documento entregado por el Presidente del Comando Nacional de Acción Gremial se refiere a la medida de formar, alimentar y fomentar un organismo paralelo al gremio de transportistas, denominado MOPARE, al cual se le dan las más amplias facilidades, se le conceden créditos indiscriminados, se entregan camiones, neumáticos, repuestos, etcétera, es decir todo lo que escasea en el mercado. Aún más, en la aduana se gravan con 5% de comisión las guías de carga a favor de ese organismo, acción por cierto ilegal, irregular e inmoral. En poder nuestro está un documento revelador de esta irregularidad. Nos referimos a la guía Nº 1. 657, de 16 de noviembre de 1972, del agente general don Pedro Fernández Izquierdo, relativa al viaje de un vehículo de CORFO, por supuesto pagado por todos los chilenos. En la parte correspondiente a observaciones, aparece el mencionado 5% de comisión para MOPARE, que es, claro está, la nueva institución patriótica de los transportistas.
En la actualidad, el espíritu revanchista, la actitud represiva de crear con la ayuda gobiernista movimientos paralelos a las antiguas instituciones gremiales, se ha visto aumentada y, aún más, afanosamente organizada. A la creación del movimiento patriótico de los médicos, ha seguido la de los movimientos patrióticos de los ingenieros, de los transportistas, de los empleados del Banco Central, de los empresarios agrícolas, de los supervisores y del comercio.
En este último se ha llegado al extremo de formar la organización aun con los comerciantes más pequeños, con los que para subsistir deben aceptar la presión y firmar un documento, con el objeto de ingresar a este movimiento tan patriótico, que dice: Me comprometo a no iniciar ni a pertenecer a ningún sindicato que decida pararse o protestar contra el Gobierno. Firmado este documento, al comerciante se le abren las puertas de DINAC y su negocio se ve, de pronto, con mucha más mercadería que la que nunca pudo tener de acuerdo con su modesto capital.
Por supuesto que a los comerciantes que, siguiendo las instrucciones de sus directivas gremiales, pararon en octubre, no se les entrega mercadería o se les niega la cantidad habitual, con lo que paulatinamente los están llevando a la quiebra y. a la desesperación.
Si esta acción que se está ejerciendo a nivel nacional en contra del comercio, no es represalia o persecución, ¿qué otra medida de este Gobierno podría serlo?
Me parece que en la actualidad se vive un momento extraordinariamente peligroso, de inquietud profunda en el comercio y en los gremios en general. Se advierte cansancio, desorientación, desesperación de muchas familias chilenas que ven la ruina rondar sus hogares, que ven desmoronarse el fruto del trabajo de toda una vida, el esfuerzo de ahorro que les permitió constituir un pequeño negocio a una gran empresa. Se viven momentos de zozobra y de contenida indignación al comprobarse cómo se juega con el destino de sus familias, de sus hijos.
Y más desesperante es la situación al advertirse qué esta acción de los mandos medios del Gobierno es amparada por los más altos dignatarios del régimen, que las promesas no se cumplen y que, por el contrario, cada vez es más fuerte la presión y la persecución en contra de los gremios.
Mucho se ha hablado de que éste fue y paro patronal y de que tenía por finalidad derrocar al Gobierno, con definido espíritu sedicioso.
¿Qué motivó este movimiento? ¿Qué dicen los dirigentes? Expresan que el paro fue motivado única y exclusivamente porque el Gobierno no cumplió compromisos contraídos con los gremios, especialmente los camioneros. Se trata de dos compromisos consignados por escrito, que fueron avalados por tres Ministros de Estado, el último con fecha 12 de septiembre.
El problema de los comerciantes data de la misma fecha que el de los transportistas, o sea, se arrastra del 10 de octubre.
Los dirigentes manifestaron a la Comisión Acusadora: Se le puede decir a un socio de un sindicato que espere un mes, dos, tres, seis y hasta doce meses; pero los argumentos se terminan y no se le puede decir que espere indefinidamente.
El ejemplo de los camiones Fiat es elocuente: se ha pactado tres veces con el Gobierno para adquirir, primero, 1. 500 máquinas y, por último, 2.300, El compromiso fue suscrito por el Gobierno el 12 de septiembre, mientras aún era Ministro de Economía el señor Matus. En septiembre del año pasado, los camiones se pactaron en un precio de 147.000 escudos. Posteriormente, en 167.000. En enero les notifica un representante del señor Vuskovic que debían aceptar el precio de 360.000 y hasta de 390.000 escudos. El gremio acató nuevamente esta alza, en el entendido de que, de alguna manera, sería cierto lo que manifestó el personero de Gobierno señor Bárbago en la reunión nacional de Osorno, en el sentido de que los transportistas estaban contribuyendo con un valioso aporte para que Chile tuviera industria automotriz. Se firmó' el compromiso el 12 de marzo con los tres gremios de autobuses, taxibuses, taxis y camiones, comprometiéndose el Gobierno a entregar 2. 300 camiones: una cuota de Fiat, una de Pegaso y otra de una marca que se importaría. Nuevamente se dejó de cumplir el compromiso, y ahora esos camiones, que nunca se entregaron, valen más de un millón de escudos.
Lo mismo ocurre con los repuestos. Hay un compromiso con el Gobierno en cuanto a entregar repuestos y neumáticos. Sin embargo, nada se cumple actualmente. La situación es mucho más grave ahora que cuando se inició el paro de octubre. Pues bien, a pesar de no haberse cumplido por parte del Gobierno con los compromisos que he mencionado, los gremios decidieron suspender el paro tan criticado sobre la base de un documento que decía:
La reunión sostenida por los Ministros de Hacienda, Interior, Economía y Trabajo, con los dirigentes gremiales, condujo a un principio de acuerdo en el sentido de discutir el acta que contuviera los puntos de vista fundamentales para la suspensión del paro. Mucho se ha cuestionado la intención del Gobierno y el entendido de los gremios de que el paro se suspendía. Es indudable que en la intención de los gremios estuvo la idea de suspensión en la certeza de que se cumplía el acuerdo de que no habrían represalias. El Gobierno fue categórico cuando afirmó: Aquí hay una resolución de poner término al conflicto planteado. Evidentemente, ambas partes pudieran no entender igualmente los términos de suspensión o finalización del paro; pero lo que sí es definitivamente categórico y cierto es que ambos entendieron que no habría represalias. Esto, señor Presidente, y señores Senadores, no se ha cumplido, sino que, por lo contrario, se ha agravado.
Creo útil dar a conocer que no sólo los gremios entendieron esa clara determinación. En la Comisión Acusadora se dieron a conocer numerosos documentos que acreditan hasta los límites que se llegó con los funcionarios que adhirieron al paro: los ingenieros de Ferrocarriles, de CIC, de Ferriloza, de CORMU, etcétera. Sobre el Particular, hubo una declaración del Colegio de Ingenieros en la que se manifiesta claramente que existieron represalias en muchas partes en contra de los profesionales que adhirieron al paro.
Igual ocurre con los médicos, que han declarado a través de su autoridad máxima, el Presidente del Colegio Médico, lo siguiente: Puedo manifestar que en particular han existido represalias dentro del Servicio Nacional de Salud; se ha ordenado instruir sumarios por actividades en relación con el paro, con posterioridad a la declaración del Ministro del Interior, cuando le habló al país que el paro se suspendía y que no habría represalias, dentro de las condiciones que se supuso de que no habrían represalias, pero que se podría aplicar el Estatuto Administrativo para actos que pudieran significar daños a personas o a terceros o algún tipo de dolo. En cambio, la Dirección General de Salud ordenó instruir sumarios a jefes de servicio, ordenó una serie de sumarios administrativos que no decían relación con esta cosa clara que habían establecido los cuatro Ministros que firmaron el documento que leyó el señor Prats. Por otra parte, se han hecho una serie de traslados, incluso dentro de los establecimientos hospitalarios. En el Hospital de Los Angeles se ha cambiado a todo el personal con bastante deterioro para el personal. Un médico que trabajaba en rayos ha sido trasladado al laboratorio y el de laboratorio a rayos. Evidentemente, eso produce disminución de atención y por cierto repercute en la eficiencia funcionaría. En el área privada también hubo suspensión de algunos médicos. A algunos de ellos los han reincorporado, a otros no. Hay algunos que tenían jefatura de servicio y se les ha eliminado. Por otra parte, se tomó con la mayor estrictez en algunos sumarios que venían antes del paro y que no tenían que hacer directamente con él, como es el caso del sumario del doctor Denegrí. Son hechos que constituyen clara manifestación de los jefes del Servicio Nacional de Salud de castigar a los médicos que tuvieron la osadía de protestar con el paro de octubre.
Y debe agregarse que no sólo los colegios profesionales fueron y están actualmente lesionados con las represalias. La Comisión Acusadora conoció los testimonios de algunos dirigentes de la Asociación Nacional de Trabajadores del Agro, quienes, al respecto, manifestaron: Dentro de la CORA, tanto en la Oficina Central como en la Cuarta Zona de Santiago y algunas zonales ha habido persecución. Algunos compañeros nuestros, instruidos por sus Colegios (Agrónomos, Veterinarios, etcétera), habían paralizado sus funciones. En una asamblea decidimos solidarizar con estos compañeros. Posteriormente a la declaración del Ministro del Interior decidimos volver; sin embargo, cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos enteramos que primero a vías de rumores y luego en forma oficial, se habían determinado sumarios, traslados, caducidad de contratos y destitución de funcionarios. Nosotros estimarnos que estas medidas eran lesivas a nuestros intereses, porque, si bien no afectaba al personal en forma mayoritaria, afectaba a muchos compañeros, y nosotros entendemos que los trabajadores formamos un solo hombre cuantío estamos en la lucha, sin discriminación partidaria. Llegamos a entender que había una forma de represión que nosotros la vimos traducida en resoluciones del Vicepresidente en las cuales se nos caducaban contratos, se nos destinaba a zonas lejanas, no se respetaban el cargo por la carrera funcionaría, profesional o administrativa, puestos ganados por muchos años al servicio del campesino. En esas circunstancias, elevamos una petición al señor Contralor General de la República en la que hicimos ver, primero, las violaciones a la Constitución Política del Estado; en segundo lugar, las violaciones al Estatuto Administrativo, y en tercer lugar, a nuestro propio reglamento interno de la Corporación.
Para terminar la intervención de estos dirigentes en la Comisión Acusadora creo que es oportuno dejar constancia de lo sostenido por uno de ellos, el señor Halabí: Nosotros los trabajadores creemos muy sinceramente que estamos viviendo en un régimen democrático, no formal, no queremos que sea formal, y la mayoría del país lo ha manifestado cuando ha expresado su sentir por medio del voto. Nosotros creemos que cuando estamos apoyando a un gremio cuyos dirigentes han sido encarcelados, estamos apoyando derechamente y luchando por que se mantengan algunos principios básicos de esta democracia, como es el derecho a disentir. A nosotros nos parece básico y nos vamos a jugar enteros en esto. Y aunque seamos funcionarios públicos, aunque tengamos el temor de que nos saquen, y nos apliquen medidas sacramentales del antiguo patrón, porque ése es el riesgo, defenderemos en las asambleas, y donde quiera que sea el derecho a discrepar y a pensar distinto, a los que ahora por turno nos gobiernan.
Todo en definitiva lleva, señor Presidente, a establecer claras represalias y persecuciones, y, lo que es peor, a la certeza de que se ha perdido la confianza en la palabra empeñada del Ministro acusado y en la de todos los que de alguna forma han participado en la solución de este grave conflicto. Se ha comprobado un claro propósito de destruir a los gremios organizados, liquidar a los colegios profesionales, perseguir con una insensatez increíble a los técnicos, a los estudiosos, a los directivos, a quienes en este país deberían estar jugando una destacada actuación profesional, ¿Qué se pretende? ¿Qué va a pasar con los funcionarios, trabajadores, ingenieros, auditores, contadores, médicos, abogados, arquitectos, revisores, etcétera, que han sido despedidos y que en la actualidad se encuentran cesantes? ¿Acaso se pueden reemplazar de la noche a la mañana? Es responsabilidad del Ministro de Hacienda cumplir lo expresado y publicado al término del paro en el sentido de que no habría represalias y que todos, funcionarios, profesionales, gremios y trabajadores, creyeron derecha y limpiamente.
En definitiva, y a la luz de los antecedentes entregados en la Comisión Acusadora así como en la Sala, en que se votó la acusación, la Cámara de Diputados encontró admisible la acusación presentada en contra del señor Ministro de Hacienda. Los antecedentes que he entregado a este Honorable Senado son los que ha recogido la Comisión y que se han expresado muy profusamente. De este modo formalizo la acusación constitucional en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas.
Espero que el Senado, actuando en conciencia, proceda a declarar culpable al acusado.
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