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- rdf:value = " ANTICIPO DE REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.
El señor EGAS (Secretario subrogante) -.Corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que concede un anticipo de reajuste a las remuneraciones de los sectores público y privado, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas.
Las Comisiones, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente),
, AcuñaBallesteros, García, Musalem, Prado, Silva Ulloa, Valente y Ochagavia, proponen diversas enmiendas al primer informe.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesiones 82ª y 92ª, en 27 de marzo de 1973 y 25 de abril de 1973, respectivamente.
Informes de Comisión:
Gobierno y Hacienda, unidas, sesiones 86ª y 93ª, en 10 de abril y 27 de abril de 1973, respectivamente.
Gobierno y Hacienda, unidas (segundo), sesión 97ª, en 3 de mayo de 1973.
El informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre el trámite que debería seguir este proyecto al tenor del fallo del Tribunal Constitucional, aparece en los Anexos de la sesión 88ª, en 17 de abril de 1973, y fue aprobado por la Sala durante, el Orden del Día de esa misma sesión.
Discusión:
Sesión 93ª, en 27 de abril de 1973 (se aprueba en general).
El señor PALMA (Presidente).- Advierto a los señores Senadores que, en virtud de los acuerdos adoptados por los Comités, éstos disponen de los tiempos señalados en la circular 2.787.
Corresponde intervenir, en el primer lugar de la discusión particular, al Honorable señor Silva Ulloa, quien dispone de los 18 minutos asignados a la Unión Socialista Popular y de los tiempos cedidos por los Partidos Socialista, Izquierda Cristiana y API, con lo cual Su Señoría dispone de 87 minutos.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, para analizar objetivamente la política de remuneraciones del actual Gobierno, es necesario examinar la política económica y social, no sólo en su significado de hoy. También hay que investigarlo ocurrido en el pasado, para establecer si se avanza, retrocede o no se obtienen logros de naturaleza alguna en beneficio de las mayorías nacionales.
Política de remuneraciones de los Gobiernos que precedieron al de la, Unidad Popular.
El D.F.L. Nº 178, de 13 de mayo de 1931, conocido con el nombre de Código del Trabajo, es el primer cuerpo legal que contiene disposiciones sobre salario mínimo; pero estas disposiciones legales en beneficio de los obreros, con excepción de los de las industrias gráficas, del cartonaje y del cuero y calzado, no tuvieron prácticamente aplicación. Sólo con la dictación del D.F.L. Nº 244, de 1º de agosto de 1953, se establece el salario mínimo para obreros agrícolas; y creo importante destacar que su establecimiento, como el de la asignación familiar obrera e indemnización por años de servicios para los imponentes del Servicio de. Seguro Social, corresponden a iniciativas de los socialistas populares y del ex DiputadoAlbino Barra Villalobos.
Respecto de los empleados particulares, sólo desde la vigencia de la ley Nº 6.020, de 8 de febrero de 1937, se instituye el sueldo vital, que debe ser el necesario para satisfacer las necesidades indispensables para la vida del empleado, alimentación, vestuario y habitación; y también las que requiera su integral subsistencia, como asimismo las erogaciones forzosas para previsión social y seguros obligatorios que afecten legalmente al empleado.
Además, la citada ley estableció un sistema de reajuste anual de sueldos, el cual, remitiéndonos a la ley Nº 7.295, que fijó el texto refundido de las leyes 6.020, 7.064 y 7.280, consistía en que cuando el sueldo vital establecido para un año fuere distinto del que había regido el año inmediatamente anterior, los empleados tenían derecho a reajuste a partir del 1º de enero de ese año, de acuerdo con las siguientes modalidades:
a) Los sueldos cuyos montos quedaban comprendidos entre una y cuatro veces el sueldo vital del año anterior recibían un incremento igual al experimentado por el sueldo vital que entraba en vigencia.
b) Los empleados cuyos sueldos estaban comprendidos entre cuatro sueldos vitales anteriores y cuatro sueldos vitales anteriores más el reajuste, tenían derecho a esta última renta.
c) El empleado que disfrutaba de un sueldo inferior o igual a una y media vez el sueldo vital, tenía derecho a un aumento de 3% de su sueldo cada vez que completaba un año de servicio durante el cual no hubiese tenido ninguna otra modificación en su sueldo que no hubiera provenido de los reajustes dispuestos en la ley. El empleado que percibía un sueldo superior a una y media vez el sueldo vital, tenía derecho a un aumento de 10% del sueldo cada vez que completaba tres años de servicios consecutivos a un mismo empleador, y siempre que durante ese lapso no hubiera tenido otros aumentos distintos de los provenientes del reajuste establecido en la ley. Además, el aumento trienal de sueldos estaba limitado al 40% del sueldo vital vigente en la época en que debía otorgarse.
El sistema de reajuste de remuneraciones de los empleados del sector público, que he analizado sumariamente, se aplicó hasta el año 1955, y es necesario determinar sus verdaderos alcances.
Se trataba de un sistema que permitía a los empleados percibir sólo un reajuste de 100% del alza del costo de la vida, si su remuneración era igual a un sueldo vital; si ganaba un sueldo equivalente a dos sueldos vitales del año anterior, su reajuste equivalía a 50% del aumento del costo de la vida; si su sueldo era igual a tres sueldos vitales del año anterior, el reajuste era equivalente a la tercera parte del aumento del costo de la vida; si el sueldo era igual a cuatro sueldos vitales del año anterior, el reajuste era sólo de 25% del alza del costo de la vida, y los sueldos superiores a cuatro sueldos vitales del año anterior más el reajuste, no tenían derecho a compensar la pérdida del valor adquisitivo de sus remuneraciones, y, por lo tanto, sufrían anualmente el deterioro de sus ingresos.
Se argumentará que los sueldos vitales se fijaban sobre la base de encuestas realizadas en cada departamento, y que por eso era posible una determinación correcta de su monto. Este argumento no resiste el menor análisis, debido a que las encuestas se efectuaban considerando sólo 14 artículos alimenticios de primera necesidad, de los cuales 12, por lo menos, estaban sujetos a fijación de precios. A mayor abundamiento, se discriminaba en contra de los empleados de la minería y de la agricultura, a los cuales se fijaban sueldos vitales inferiores a los percibidos por los de la industria y del comercio, disminución que superaba el 10% y que ahora, con el sueldo mínimo establecido en la ley Nº 17.654, ha desaparecido.
El estudio recientemente entregado por nuestra Oficina de Informaciones nos permitirá hacer un resumen de las leyes de reajustes de remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado en el período comprendido entre el año 1950 y octubre de 1952.
Durante los años 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 y 1955, los empleados del sector privado sólo percibieron el reajuste establecido en la ley Nº 7.295, que ya he analizado y cuyos efectos fueron la pérdida del valor real de sus remuneraciones. Y los obreros, en igual período, con excepción de los trabajadores agrícolas, que en 1953 comenzaron a percibir un salario mínimo, y los sujetos a tarifado, convenios, actas de avenimiento o laudos arbitrales, que no superaban el 15% de los asalariados de ese sector, no tuvieron reajustes legales.
En el sector público, el año 1950, en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 9.629, de 18 de julio de 1950, los empleados percibieron 22,6% de aumento a contar del mes de marzo, cancelándoseles el correspondiente a marzo y abril a la fecha de promulgación de la ley, y el de mayo y junio, junto con el reajuste del mes de octubre de ese año. La variación del índice de precios al consumidor en 1949 fue de 20,6%, y como los empleados sólo recibieron reajustes por 9 meses, la diferencia del primer mes ingresó a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas tuvieron, en 1950, un reajuste de 15,45% para compensar un aumento del costo de la vida de 20,6%.
En 1951, los trabajadores del sector público, según lo dispuesto en la ley Nº 9.989, de 22 de septiembre de 1951, sólo recibieron un anticipo de sueldo o jornal en conformidad a la escala que la misma ley señala y un anticipo equivalente al monto total mensual de la asignación familiar a que tenía derecho el trabajador. El monto del anticipo fluctuó entre 6.000 pesos y 18.000 pesos, y se otorgó en octubre de 1951 para compensar un aumento del índice de precios al consumidor de 16,6% durante 1950.
En 1952, los trabajadores del sector público, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 10.343, de 28 de mayo de 1952, por efecto del reemplazo de la escala de grados y sueldos, gozaron de un reajuste promedio inferior a 15%. Los jornales aumentaron en 25%. Además, se facultó al Presidente de la República para determinar la o las fechas en que debían pagarse las sumas que, por concepto de reajustes, correspondían al período enero-mayo de 1952. En esta forma se compensó el aumento del índice de precios al consumidor del año 1951, que fue de 23,3%.
En 1953, el artículo 19 del D.F.L. Nº 256, de 24 de julio de 1953, estableció la escala de categorías, grados y sueldos de los funcionarios de la Administración Pública, la que en término medio representó
un reajuste inferior a 10% para compensar una variación del índice de precios al consumidor de 12,1% en 1952.
En los años 1954 y 1955, los reajustes de los trabajadores del sector público fueron fijados por la ley Nº 11.764, dé 27 de diciembre de 1954; pero el incremento de las remuneraciones tuvo vigencia desde el 1º de julio de 1954, y el reajuste de 1955 se aplicó sobre remuneraciones vigentes al 30 de junio de 1954, o sea, a remuneraciones vigentes anteriores al reajuste de este último año. En esta forma se compensó un deterioro de 56,1%, en 1953, y de 71,1% en 1954, de las remuneraciones de estos trabajadores.
En 1956, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 12.006, de 23 de enero de 1956, los trabajadores de los sectores público y privado percibieron un reajuste, como norma general, equivalente a 50% del alza del costo de la vida. O sea, para compensar una variación de 83,8% del índice de precios al consumidor, obtuvieron un reajuste de 46,5% y, además, el sueldo vital se aumentó en igual porcentaje.
En 1957, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 12.432, de 1º de febrero de 1957, los empleados y obreros del sector privado percibieron un reajuste equivalente a 80% del aumento experimentado por el alza del costo de la vida durante 1956, es decir, 30,2% de aumento. En igual porcentaje se aumentó el sueldo vital.
Los trabajadores del sector público percibieron un reajuste de 25% en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 12.434, de 1º de febrero de 1957. No obstante lo expuesto, para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con excepción de los funcionarios que percibían rentas asignadas a los grados 10 y 13, que no reciben ningún aumento, el reajuste fue de 10%. El Poder Judicial y el personal afecto a trienios dependiente del Ministerio de Educación Pública, y el de las Universidades de Chile, Técnica del Estado y de Concepción, tuvo un reajuste de 15%. En estas condiciones los trabajadores son compensados de un deterioro de 37,7% en sus remuneraciones, porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor durante el año 1956.
En 1958, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 12.861, de 7 de febrero de 1958, las remuneraciones de los asalariados de los sectores público y privado son reajustadas en 20%, y en igual porcentaje aumenta el sueldo vital. La variación del índice de precios al consumidor fue de 17,3%.
En 1959, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 13.305, de 6 de abril de 1959, los reajustes de los empleados del sector privado se otorgan ajustándolos a las siguientes modalidades:
a) Empleados de remuneración media igual o inferior a un sueldo vital de 1958, 35%.
b) Empleados de remuneración media, igual o superior a dos sueldos vitales de 1958, 28%, y
c) Empleados cuya remuneración media queda comprendida entre uno y dos sueldos vitales de 1958, en el porcentaje correspondiente a la proporción entre ambos límites.
Los obreros del sector privado, excluyendo a los agrícolas, se reajustan sobre la base de idénticas normas a las de los empleados, con la variación de que se aplica sobre el concepto de salario medio igual o inferior al salario mínimo fijado por la ley Nº 12.861; es decir, para salarios iguales o inferiores a 80 pesos la hora, un reajuste de 35% ; para salarios de 160 pesos o más la hora, 28%, y para salarios comprendidos entre uno y dos salarios mínimos, la proporción entre 35% y 28%.
Los empleados del sector público cuya remuneración media era igual o inferior a un sueldo vital de 1958, ciento por ciento del alza del costo de la vida en los doce meses calendarios anteriores al de la publicación de la ley Nº 13.305 (abril de 1958 a marzo de 1959), que fue de 36,7%; para los empleados cuya remuneración media era igual o superior a dos sueldos vitales de 1958, un sesenta por ciento del alza del costo de la vida en los doce meses calendarios anteriores al de la publicación de la ley Nº 13.305, es decir, recibieron un reajuste de 22,02%, y para los empleados cuya remuneración media estaba comprendida entre uno y dos sueldos vitales de 1958, el porcentaje correspondiente a la proporción entre ambos límites; en otras palabras, la proporción entre 37,6% y 22,02%.
Los obreros del sector público cuyo salario medio era igual al salario mínimo fijado por la ley Nº 12.861, un reajuste de 37,6%; los obreros cuyo salario medio era igual o superior a dos salarios mínimos fijados por la misma disposición legal, un reajuste de 22,02%, y los obreros cuya remuneración estaba comprendida entre uno y dos salarios mínimos, el porcentaje correspondiente a la proporción entre 37,6% y 22,02%. En esta forma se compensó, el año 1959, la pérdida del valor adquisitivo de las remuneraciones, pérdida que, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, fue de 32,5%.
En los años 1960 y 1961, la política de remuneraciones fue fijada por la ley Nº 14.501, de 21 de diciembre de 1960. A los trabajadores del sector privado se les otorgó una bonificación de 15% sobre los sueldos y salarios vigentes al 31 de diciembre de 1959. Los empleados y obreros fiscales obtuvieron una bonificación extraordinaria de 30 escudos cada uno, más 4 escudos adicionales por cada carga familiar. Las empresas del Estado, instituciones semifiscales y autónomas, debieron otorgar a su personal, sin distinción de su condición jurídica, por una sola vez, una bonificación no imponible de 15% sobre sus remuneraciones imponibles. El sueldo vital en 1960 no fue reajustado. Desde el 1º de enero de 1961 aumentó en 15%, y el 1º de julio de 1961 fue reajustado en 16,6%. En la forma descrita, los asalariados tuvieron que afrontar la pérdida del valor adquisitivo de sus remuneraciones, la que, de acuerdo con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor, fue de 33,2%, y de 5,4% en los años 1959 y 1960, respectivamente.
La política de remuneraciones en los años 1961 y 1962, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 14.688, de 23 de octubre de 1961, fue la siguiente:
a) A partir del 1º de julio de 1961, los sueldos de los empleados del sector privado, vigentes al 1º de enero de 1961, se reajustaron en 16,6%, pero este mejoramiento sólo alcanzó a las remuneraciones de hasta un sueldo vital;
b) Desde igual fecha, los empleados fiscales percibieron una bonificación no imponible equivalente a 16,6% del sueldo vital para los empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de Santiago, vigente al 1º de enero de 1961; y
c) El sueldo vital, tal como se ha dicho, se aumentó en 15% a contar del 1º de enero de 1961; en 16,6% a partir del 1º de julio del mismo año, y en 4,8% desde el 1º de enero de 1962.
Esta política de reajustes se aplicó para compensar pérdidas del valor adquisitivo de las remuneraciones, las que, de acuerdo con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor, alcanzaron a 5,4% y a 9,7% en los años 1960 y 1961, respectivamente.
En 1963, en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 15.141, de 19 de enero del mismo año, los sueldos y salarios de los trabajadores del sector privado, a contar del 16 de octubre de 1962, siempre que estuvieran sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento y fallos arbitrales, experimentaron un reajuste transitorio de 15%, hasta la expiración de ellos.
Los trabajadores del sector público, de acuerdo con lo establecido en la ley Nº 15.077, de 17 de diciembre de 1962, percibieron un reajuste sobre las remuneraciones imponibles equivalente a 15%.
El sueldo vital subió en 27,7%, porcentaje correspondiente a la variación del índice de precios al consumidor durante 1962.
El año 1964, las remuneraciones imponibles de los asalariados de los sectores público y privado subieron en 35%, según lo establecido en la ley Nº 15.575, de 15 de mayo de 1964. El sueldo vital fue aumentado en 45,4%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor durante 1963. En suma, los trabajadores percibieron en 1964 un reajuste equivalente al 77% de la pérdida del valor real de sus remuneraciones.
En 1965, de acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 16.250, del 21 de abril de 1965, los trabajadores de los sectores público y privado recibieron un reajuste de 38,4%, con la limitación de que sólo se aplicó a los trabajadores que percibían hasta seis sueldos vitales. El sueldo vital aumentó en 38,4%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor durante 1964.
En 1966, según lo establecido en la ley Nº 16.464, de 25 de abril del mismo año, las remuneraciones mensuales imponibles, pagadas en dinero efectivo, que no excedían de 623,76 escudos, de los empleados y obreros del sector privado, se reajustaron en 25,9%. Los empleados y los obreros cuyas remuneraciones excedían de 623,76 escudos, gozaron de un reajuste equivalente a 15,54%. Las remuneraciones imponibles, vigentes al 31 de diciembre de 1965, de los empleados del sector público fueron reajustadas en 25%, siempre que se tratara de rentas que no excedieran de tres sueldos vítales de 1965, escala A), del departamento de Santiago. Para aquellas remuneraciones superiores a tres sueldos vitales de 1965, el reajuste fue de 15%, pero la cantidad percibida por este concepto no debía ser inferior a la suma que resultara de aplicar 25% sobre tres sueldos vitales. El sueldo vital aumentó en 25,9%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor durante 1965.
En 1967, los trabajadores del sector privado no tuvieron reajuste legal de sus emolumentos. La ley Nº 16.617, de 31 de enero de 1967, fija la escala de categorías, grados y sueldos de los funcionarios de la Administración Civil Fiscal, cajas de previsión, Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Instituto de Seguros del Estado y Dirección del Crédito Prendario y de Martillo; pero la imponibilidad se limitó a 60%, si se trataba de funcionarios de la Planta Directiva, Profesional y Técnica, y a 70%, si se trataba de funcionarios de la Planta Administrativa. Por otra parte, los empleados de instituciones del sector público no sujetos a la nueva escala percibieron un reajuste de 15%. Los obreros del sector público, a contar del 1º de enero de 1967, obtuvieron un reajuste de 20%, si sus remuneraciones imponibles eran inferiores al sueldo vital, escala A) del departamento de Santiago, correspondiente a 1966. Los obreros cuyas rentas imponibles excedían de dicha cantidad obtuvieron un reajuste de 15%. El sueldo vital aumentó en 17%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor durante 1966.
En 1968, según lo dispuesto en la ley Nº 16.840, de 24 de mayo de 1968, las remuneraciones imponibles de los trabajadores del sector privado fueron reajustadas en 21,9%, a contar del 1º de enero de 1968. Los sueldos de los trabajadores del sector público vigentes al 31 de diciembre de 1967 fueron reajustados, a partir del 1º de enero de 1968, en 12,5%. Adicionalmente se entregó, por el año 1968, a los trabajadores del sector público, una asignación especial de 7,5% sobre sueldos y salarios vigentes al 31 de diciembre de 1967. El sueldo vital fue incrementado en 21,9%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor durante 1967.
En 1969, la política de remuneraciones fue fijada por la ley Nº 17.074, de 31 de diciembre de 1968. Los trabajadores del sector privado obtuvieron un reajuste de 27,9% desde el lº de enero de 1969, sobre las remuneraciones imponibles pagadas en dinero efectivo y vigentes al 31 de diciembre de 1968. Los trabajadores del sector público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley Nº 17.072, de 31 de diciembre de 1968, y en el D.F.L. Nº 1, del Ministerio de Hacienda, de 7 de enero de 1969, obtuvieron, a contar del 1º de enero de 1969, una asignación imponible de 20% sobre el total de sus remuneraciones permanentes al 31 de diciembre de 1968. Esta asignación, para el personal de obreros cuyas remuneraciones totales al 31 de diciembre de 1968, excluida la asignación familiar, que era inferior al sueldo vital del departamento de Santiago en 1968, fue de 27,9%. El sueldo vital subió en 27,9%, porcentaje en que varió el índice de precios al consumidor durante 1968.
En 1970, la política de remuneraciones fue determinada por la ley Nº 17.272, de 31 de diciembre de 1969. Los trabajadores del sector privado no sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales, obtuvieron un reajuste de 29,3%. Los trabajadores del sector público, a contar del lº de enero de 1970, sobre las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1969, incluyendo la asignación otorgada por el D.F.L. Nº 1, de 1969, obtuvieron un reajuste de 28%. El sueldo vital fue aumentado en 29,3%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor durante 1969.
Resumiendo, la política de remuneraciones de los Gobiernos que precedieron al del PresidenteAllende se singulariza por:
a) Reajustes evidentemente congelatorios y, en consecuencia, destructores permanentes del valor real de las remuneraciones.
b) Reajustes discriminatorios, no sólo por los porcentajes otorgados, generalmente inferiores al alza del costo de la vida, sino que, también, por la fecha en que entraban en vigencia. En muchas oportunidades, exclusivamente compensaron la pérdida del valor real de las remuneraciones durante seis o nueve meses, y en ningún caso esta recuperación parcial superó los once meses, debido a que el primer aumento ingresaba a las cajas de previsión.
c) Los financiamientos de las diferentes leyes de reajuste se obtienen mediante impuestos que gravan los consumos, lo que significa que en un alto porcentaje los han pagado los propios trabajadores.
d) Esta política implica un bajo poder adquisitivo de la población, dramáticamente grave en los casos de los trabajadores del pampo y de los sectores marginales.
e) Agudizó la división entre obreros y empleados al dar trato diferente a organizados y no organizados, a los trabajadores de los sectores público y a los del sector privado, a los trabajadores agrícolas y a los de la industria.
f) Constituyó, en su esencia, un freno para que los trabajadores lograran una efectiva participación en la producción y productividad de las empresas de los sectores privado y público.
Política de remuneraciones del Gobierno del Presidente Salvador Allende.
El Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular sostiene:
Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.
Más adelante, al referirse a Tareas Sociales, en lo relativo a lo que nos interesa analizar, agrega:
Definición de una política de remuneraciones, procediendo a crear de inmediato los organismos que con participación de los trabajadores, determinarán cifras que efectivamente constituyan sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del país.
Mientras subsista la inflación se procederá a establecer por ley reajustes automáticos, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Estos operarán cada seis meses o cada vez que el costo de la vida aumente o supere un nivel de 5% de crecimiento.
Luego, señala: Se procederá en un plazo que será definido técnicamente, a establecer un sistema de sueldos y salarios mínimos de niveles iguales para trabajos iguales, cualquiera sea la empresa donde estos trabajos se realicen. Esta política se iniciará en el área social para irla extendiendo a toda la economía, sin perjuicio de las diferencias derivadas de productividades dispares en distintas empresas. Del mismo modo se eliminará toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios.
Al tenor de estas premisas, analizaré la política de remuneraciones del Gobierno del Presidente Allende.
En 1971, las remuneraciones de los trabajadores se fijaron por la ley Nº 17.416, de 9 de marzo de 1971, y los sueldos y salarios de los empleados y obreros del sector privado fueron aumentados en por lo menos 34,9%, a partir desde el 1º de enero de 1971. Además, las rentas iguales o inferiores a un sueldo vital mensual fueron objeto de un 5% de reajuste adicional. Los emolumentos superiores a un sueldo vital e iguales o inferiores a dos sueldos vitales mensuales, recibieron un reajuste adicional de 3% sobre dichos emolumentos. El reajuste de rentas de estos servidores no podía ser inferior al que correspondió a los que percibían un sueldo vital. Los trabajadores cuyas remuneraciones permanentes, al 31 de diciembre de 1970, eran superiores a dos sueldos vitales mensuales no podían quedar con una renta inferior a la que correspondió a quienes percibían dos sueldos vitales. Los trabajadores del sector público recibieron idéntico reajuste que los del sector privado, incluyendo los aumentos adicionales. Las leyes Nºs. 17.407 y 17.411 conceden anticipos de reajustes en enero y febrero de 1971, respectivamente. El sueldo vital aumentó en 34,9%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor durante 1970.
En 1972, de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 17.654, de 12 de mayo de 1972, la política de remuneraciones fue la siguiente:
a) Los trabajadores del sector privado no sujetos a convenios, actas de avenimiento o fallos arbitrales, recibieron un reajuste, como mínimo, equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida en 1971, o sea, 22,1%.
b) El salario mínimo para todos los obreros fue aumentado en 50%. El sueldo mínimo mensual para todos los empleados - superior al sueldo vital-, sueldo mínimo que beneficia a los que ingresan a trabajar por primera vez, se establece en esta ley.
c) Se perfecciona la aplicación del tarifado de los obreros de la construcción, concediendo la autorización respectiva a los organismos fiscales, semifiscales, de administración autónoma y a las empresas u organismos en que ellos o el Estado tengan aportes de capital para cumplirlo.
d) En el caso de los empleados y obreros cuyos contratos de trabajo se refiere a remuneraciones a trato, el reajuste se aplica sobre el valor unitario del trato, pieza, obra o medida.
e) Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, vitales y de reajuste, aplicando, por supuesto, el aumento de 22,1%. Y
f) La primera diferencia mensual por aplicación del reajuste queda a beneficio de los empleados y no es depositada en la caja de previsión de su afiliación. En igual forma, la primera diferencia de las pensiones no ingresan al Fondo de Revalorización y queda a beneficio de los pensionados y montepiadas.
Los trabajadores del sector público, incluidos los de las municipalidades, reciben un reajuste equivalente como mínimo al
100% del alza del costo de la vida en 1971, o sea, el 22,1%.
Además, se establecen numerosos otros beneficios adicionales que la limitación del tiempo me impide señalar. Por eso ruego a la Mesa que, en el momento oportuno, recabe el asentimiento de la Sala para incluir una relación de ellos en esta parte de mi discurso.
El documento, cuya inserción se acuerda posteriormente, es del siguiente tenor:
a) Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas, naturalmente, con el correspondiente reajuste;
b) Se establece como salario mínimo para todos los obreros del sector público, a partir del 1º de enero de 1972, la suma de Eº 900 al mes y para los empleados de este sector se establece un sueldo mínimo de Eº 1.100 mensuales;
c) Se faculta a las municipalidades para modificar los Presupuestos correspondientes a 1972 con el objeto de que puedan cancelar los mayores gastos que les impone el reajuste y las libera de las limitaciones establecidas en los artículos 35 de la ley Nº 11.469 y 109 de la ley Nº 11.860;
d) La primera diferencia mensual determinada por el reajuste queda a beneficio de los personales y no ingresa a la Caja de Previsión correspondiente. En igual forma, la primera diferencia de pensiones no ingresa al Fondo de Revalorización y queda a beneficio de los pensionados y montepiadas;
e) Fija en Eº 10 por día de trabajo, a contar del 1º de enero de 1972, la asignación de alimentación, lo que representa un aumento superior al 22,1%;
f) Concede a los trabajadores del Servicio de Registro Civil e Identificación, Dirección de Industria y Comercio, Dirección del Trabajo, Servicio Nacional del
Empleo, Subsecretaría del Trabajo, Instituto Laboral y Desarrollo Social y Dirección de Aprovisionamiento del Estado, a partir del lº de enero de 1972, una asignación imponible de 42% sobre los sueldos de las categorías y grados de la Escala del D.F.L. Nº 40, de 1959, y sus modificaciones posteriores. Además, se faculta al Presidente de la República para aumentar hasta en 8 puntos el porcentaje señalado;
g) Concede a los trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, Subsecretaría del Interior, Servicio de Gobierno Interior, Dirección de Asistencia Social, Oficina de Presupuestos del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Dirección del Registro Electoral, Personal Administrativo y de Servicios Menores de ALALC, Dirección de Fronteras y Límites, Dirección de Turismo, Subsecretaría de Economía, Personal Administrativo y de Servicios Menores de la Subsecretaría de Educación, Personal Administrativo y de Servicios Menores de la Dirección de Educación Primaria, Personal Administrativo y de Servicios Menores de la Dirección de Educación Secundaria, Personal Administrativo y de Servicios Menores de la Dirección de Educación Profesional, Personal Administrativo y de Servicios Menores de la Superintendencia de Educación, Personal Administrativo y de Servicios Menores de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; Personal Administrativo y de Servicios Menores de la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Educación, Subsecretaría de Justicia, Servicio Médico Legal, Oficina de Presupuesto del Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Menores, Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Tierras, Fondo de Educación y Extensión Sindical, Dirección de Crédito Prendario, Subsecretaría de Previsión, Subsecretaría de Salud, Servicio de Minas del Estado, Dirección de Deportes y Recreación y Corporación de Construcciones
Deportivas una asignación imponible equivalente al 37% de los sueldos de las categorías y grados de la Escala del D.F.L. Nº 40, de 1959, y sus modificaciones posteriores;
h) Aumenta en 29%, a contar del 1º de enero de 1972, los sueldos de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, con exclusión del personal regido por la ley Nº 15.076, del personal sujeto a tarifado gráfico y del personal de empleados particulares. Este aumento se aplica después de haber reajustado las remuneraciones en 22,1%;
i) Se aumenta y otorga el carácter de permanente a la gratificación que percibe el personal del Servicio Nacional de Salud, estableciendo que a contar de 1972 cada cuota equivaldría a un sueldo vital y medio vigente;
j) Todos los trabajadores del sector público y de las municipalidades que después de aplicado el reajuste de 22,1% obtuvieron una remuneración permanente total, excluidas las asignaciones familiar y de alimentación y la gratificación de zona, igual o inferior a tres sueldos vitales, escala A) del departamento de Santiago, percibieron un reajuste adicional de 10%;
k) El personal de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo, con título de Ingeniero de Ejecución, es encasillado en una Planta Especial dentro de la Planta Directiva, Profesional y Técnica;
1) Se faculta al Presidente de la República para modificar las plantas permanentes de Servicios Menores o Auxiliares con el objeto de otorgar al personal los aumentos de grado que determine, disposición que beneficia al personal de las siguientes Instituciones: Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Previsión de Empleados Particulares, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República, Departamento de Indemnización a Obreros Molineros y Panificadores y Servicio Médico Nacional de Empleados;
m) Fija, a contar del 1º de enero de 1972, en Eº 500 mensuales el monto mínimo de las pensiones de gracia de cargo fiscal y las de la ex Beneficencia que son de cargo del Servicio Nacional de Salud;
n) Faculta al Presidente de la República para otorgar al personal del Servicio de Correos y Telégrafos una asignación adicional imponible que rige a contar del 1º de enero de 1972, cuyo gasto global no podía exceder de 26 millones de escudos en 1972 y que respecto al personal de la Planta Directiva, Profesional y Técnica fluctuaba entre 6,95% y 9,89% y en cuanto a las Plantas Administrativas y de Servicios Menores, no podía ser inferior a 8,13% ni superior a 20,13% ;
ñ) Aumenta categorías y grados al personal de carteros y mensajeros del Servicio de Correos y Telégrafos;
o) Aumenta el sueldo base mensual del personal sujeto a la aplicación de la ley Nº 15.076 y aprueba diferentes modificaciones a la citada ley con el propósito de adecuarla a las exigencias actuales;
p) Reconoce el derecho a feriado legal a los valijeros del Servicio de Correos y Telégrafos, asimilándolos para estos efectos a la calidad de obreros. En igual forma, el personal de Agentes Postales Subvencionados, para tener derecho a feriado legal de 15 días, lo asimila a la calidad de empleado público;
q) Aumenta el porcentaje de asignación de zona al personal que presta servicios en determinadas localidades de las provincias de Ñuble, Llanquihue, Aisén y Magallanes y en las provincias de Llanquihue, hace extensivo este beneficio a los obreros;
r) Suprime, a contar del 1º de enero de 1972, los grados 11° y 12° de la escala de salarios de los obreros municipales de la República y ordena el encasillamiento en el grado 10° de dicha escala a los obreros que figuraban en los grados que se suprimen;
s) Establece que los obreros de la Municipalidad de Santiago serán encasillados, a contar del 19 de enero de 1972, en la escala nacional de los obreros municipales de la República;
t) Establece nueva Escala de Sueldos Bases mensuales para el personal de las Plantas Docentes y Paradocentes del Ministerio de Educación Pública con título o sin título, a partir del 1º de enero de 1972. Estos mejoramientos son sin perjuicio de la aplicación posterior del reajuste de 22,1%;
u) Establece una asignación imponible de supervisión que beneficia a los directores de escuelas grados 10° y 12° que no tienen horas de clases, para cancelar esta asignación se destinan diecisiete millones de escudos;
v) Aumenta los grados y categorías de los cargos de las Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas del Ministerio de Educación Pública, estableciendo que el mejoramiento económico de este encasillamiento no puede ser inferior al 20 % y que el reajuste de 22,1% se aplicará sobre las nuevas categorías o grados y la remuneración adicional que corresponda;
w) Se faculta al Presidente de la República para modificar la escala de jornales permanentes de la Casa de Moneda de Chile, estableciendo que los ascensos se harán por estricto orden del escalafón;
x) Faculta al Presidente de la República para aumentar las remuneraciones de los trabajadores de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, estableciendo que las nuevas remuneraciones regirán a contar del 1º de enero de 1972 y que el gasto global por este concepto no podrá exceder de once millones novecientos setenta mil escudos, sin considerar en este mayor gasto lo que representan las normas generales de la ley Nº 17.654, e
y) Establece un sistema de Viático Único del Sector Público en beneficio de obreros y empleados, con excepción de que se aplica a los funcionarios cuyos viáticos se fijan con arreglo a lo dispuesto en el inciso segundo de la letra g) del artículo 5º de la ley Nº 15.840.
El señor SILVA ULLOA.- Continúo, señor Presidente.
El sueldo vital se aumenta en 22,1%, porcentaje que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor en 1971.
Las leyes Nºs. 17,608, 17.627, 17,636 y 17.644 otorgan, respectivamente, anticipos de reajuste para los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 1971,
Debido a la aceleración del proceso inflacionario, cuyas causas y efectos analizaré más adelante, el Presidente de la República envió un mensaje al Congreso Nacional que se convirtió en la ley Nº 17.713, de 2 de septiembre de 1972, polla que se concede un aguinaldo extraordinario de Fiestas Patrias de 700 escudos a cada trabajador de los sectores público y privado, y se reajustan transitoriamente, por el mes de octubre de 1972, en el porcentaje de alza experimentado por el índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 1972 (99,8%), las remuneraciones permanentes al 30 de septiembre de 1972 de los trabajadores de esos sectores no sujetos a convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución de las comisiones tripartitas creadas por el artículo 4º de la ley Nº 17.074.
Agradecería al señor Presidente recabar el acuerdo necesario para incorporar en esta parte de mi discurso un análisis del alcance de la ley Nº 17.713.
El documento, cuya inserción se acuerda es el siguiente:
Idéntico reajuste (99,8%) se aplica a la asignación de alimentación, al salario y sueldo mínimo y pensiones de gracia. Además, la gratificación de zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza que son porcentajes de sueldo, se aplican sobre el sueldo reajustado transitoriamente desde el 1º de octubre de 1972.
Por otra parte, fue de cargo fiscal el mayor gasto que significó a las municipalidades la cancelación del reajuste en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1972.
Los trabajadores del sector privado sujetos a convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral, o a resoluciones de las comisiones tripartitas señaladas precedentemente, pudieron, por una sola vez, dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación de la ley Nº 17.713, solicitar la modificación del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución vigente, para incorporar a éstos, a contar del 1º de octubre de 1972, el reajuste de sus remuneraciones, tratos, bonos y demás beneficios pagados en dinero, conforme al porcentaje de alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor desde la fecha de inicio del convenio, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución de una comisión tripartita, hasta el 30 de septiembre de 1972. Acordada y presentada dicha petición, se otorga automáticamente y las partes firmarán el acuerdo complementario correspondiente. El convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución vigente, se prorroga por el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio de su vigencia y el 30 de septiembre de 1972.
En el mismo porcentaje (99,8%) y desde el 1º de octubre de 1972, se reajusta el sueldo vital y así reajustado tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 1973.
En los años siguientes, el sueldo vital se reajustará el 1? de octubre de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor del año calendario anterior.
Las pensiones y montepíos tuvieron, provisionalmente, por el mes de octubre de 1972, idéntico reajuste.
El señor SILVA ULLOA.- La ley Nº 17.732, de 23 de septiembre de 1972, otorga a todos los trabajadores de los sectores público y privado una bonificación compensatoria del alza de las tarifas de locomoción y de los productos alimenticios. Esta bonificación es de 500 escudos...
El señor NOEMI (Presidente accidental).- ¿Me permite, señor Senador?
En este momento hay quórum para adoptar acuerdos.
Solicito el asentimiento de la Sala para insertar en el texto del discurso del señor Senador los documentos a que ha hecho referencia.
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.- Gracias, señor Presidente.
Decía que la bonificación es de 500 escudos para los trabajadores sin cargas familiares y/o hasta dos cargas familiares reconocidas ante un organismo o institución previsional; de 600 escudos para trabajadores con tres cargas familiares, y de 200 escudos por cada carga para los trabajadores que tengan más de tres.
La última ley de Reajustes del actual Gobierno, la Nº 17.828, de 8 de noviembre de 1972, otorga el carácter de permanentes a los reajustes transitorios de la ley Nº 17.713. Además, establece diversos beneficios adicionales, cuya relación ruego al señor Presidente se sirva incluir en el texto de mi intervención.
El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es del siguiente tenor:
a) La asignación a que se refiere el artículo 21 de la ley N° 17.654, no es absorbida por el reajuste de 99,8% y los trabajadores que recibieron dicha asignación, la que posteriormente fue absorbida total o parcialmente por algún mejoramiento en el año 1972, recuperan el monto original del beneficio a contar del 1º de octubre de 1972;
b) El porcentaje de reajuste de los trabajadores del sector privado que no perciben asignación de zona se incrementa en 20 puntos en la provincia de Tarapacá y en 40 puntos en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes;
c) Reajusta en 99,8% las tarifas de peluquería;
d) Establece que a partir de la vigencia de la ley Nº 17.828, todos los reajustes generales de pensiones se otorgarán desde el 1º de octubre de cada año y regirán hasta el 30 de septiembre del año siguiente. El reajuste general de pensiones para el período anual que se inició el 1º de octubre de 1972 fue de 99,8%. Sin embargo, las pensiones del Servicio de Seguro Social y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, se reajustarán de acuerdo con los sistemas vigentes siempre que el resultado fuere superior al 99,8%. Por último, en este aspecto, el reajuste de 99,8% se incrementará en 20 puntos respecto de las pensiones que se paguen en la provincia de Tarapacá, y en 40 puntos las pensiones que se pagan en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, siempre que sus beneficiarios acrediten 10 años de residencia en la respectiva provincia y no hayan incorporado a sus pensiones el beneficio de asignación de zona de acuerdo a la legislación que regía en la época en que se acogieron a jubilación;
e) Modifica el inciso segundo del artículo 25 de la ley Nº 15.388, que limitaba las pensiones a ocho sueldos vitales, estableciendo una escala progresiva que el 1º de enero de 1977 permitirá obtener pensión hasta con una renta de veinte sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago;
f) Mantiene todos los sistemas de remuneraciones y de pensiones mínimas, aumentándolos desde el 1º de octubre de 1972 en 99,8%. Disminuye la diferencia entre salario y sueldo mínimo. Incrementa en 20 puntos en la provincia de Tarapacá y en 40 puntos en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes los sueldos y salarios mínimos;
g) Las primeras diferencias mensuales de remuneraciones o pensiones quedan a beneficio de los personales y pensionados y no deberán ser depositadas en las Cajas de Previsión ni en el Fondo de Revalorización de Pensiones, y
h) Aumenta, a contar del 1º de octubre de 1972, en 99,8% las asignaciones familiares de que gozan los trabajadores de los sectores público y privado, beneficio que alcanza a los pensionados y montepiadas.
El señor SILVA ULLOA.- La comparación de la política de reajustes y establecimiento de remuneraciones mínimas del actual Gobierno con las de los que lo precedieron demuestra, sin lugar a dudas, que efectivamente se ha tratado de lograr una más justa distribución del ingreso en beneficio de las mayorías nacionales.
En suma, la actual política de remuneraciones se singulariza por otorgar a los trabajadores reajustes mínimos iguales al porcentaje de alza del costo de la vida, pero ha entregado a los sectores más postergados, tanto activos como pasivos, aumentos superiores. O sea, no sólo garantiza la conservación del poder adquisitivo de sueldos, salarios y pensiones, sino que ha logrado corregir injusticias históricas.
Proyecto de ley de anticipo de reajustes.
El 16 de febrero del año en curso, el Presidente de la República envió un mensaje a la Honorable Cámara de Diputados con el proyecto de ley que establece un anticipo de reajustes para los trabajadores de los sectores público y privado, iniciativa que analizaré sumariamente.
En primer lugar, son de conocimiento público las vicisitudes que ha tenido en su tramitación este proyecto de ley, eso explica que, refiriéndose a una materia de urgente solución, sólo después de dos meses y medio el Honorable Senado lo apruebe en su segundo trámite constitucional.
En la exposición de motivos del mensaje, se expresa:
La política de remuneraciones del Gobierno Popular ha tenido como meta fundamental lograr un rápido proceso de redistribución del ingreso nacional. Y agrega: Para el logro de dicha meta redistributiva es condición necesaria, en primer lugar, compensar a los trabajadores por la pérdida del valor adquisitivo de sus sueldos y salarios producida a raíz del proceso inflacionario. Esta preocupación se ha reflejado claramente en los proyectos de leyes de reajuste que se han enviado al Congreso.
Por lo expuesto anteriormente en el análisis de la política de remuneraciones, comparto estos juicios. Al entregar mi voto favorable a la idea de legislar, lo hice no podía ser valorado en otras condiciones y, por lo demás, así lo establece el propio Presidente de la República en el convencimiento de que se trata de un proyecto de ley que otorga un anticipo de reajuste a los trabajadores de los sectores público y privado y, en consecuencia, no se trata de un cambio en la política de remuneraciones. A mayor abundamiento, la ratificación de la política de remuneraciones tendrá real expresión cuando corresponda conocer el proyecto de ley que reajustará las remuneraciones de todos los trabajadores a partir del 1º de octubre del año en curso.
El proyecto de ley en que nos ocupamos otorga a todos los trabajadores un adelanto de reajuste equivalente al 100% del alza del índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 1972 y el 31 de marzo de 1973, aplicado sobre la parte de sus sueldos y salarios bases percibidos al 31 de marzo de 1973, iguales o inferiores a cinco sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago. Los sueldos y salarios bases superiores a cinco sueldos vitales, o sea, superiores a Eº 10.169,60 mensuales, recibirán el adelanto de reajuste que corresponda a cinco sueldos vitales.
En la sesión que celebramos anoche en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, a raíz de una indicación del Senador que habla y previa autorización de parte del señor Ministro de Hacienda, que quedó en ratificar esta idea mediante el oficio correspondiente del Presidente de la República, se ha eliminado el tope que marginaba las remuneraciones superiores a 20 sueldos vitales de este beneficio. O sea, el reajuste de hasta cinco sueldos vitales se aplicará ahora a todas las remuneraciones.
El Gobierno ha sostenido reiteradamente que la limitación del anticipo de reajuste cosa que hubiera deseado superar, se debe a la dificultad, ya histórica, de obtener financiamiento no inflacionario para el mayor gasto que representa para el Estado.
Pretendía el Gobierno lograr que el financiamiento del adelanto de reajuste se obtuviera con la captación de recursos de los sectores de más altos ingresos y que no ocasionara un mayor déficit y el consiguiente aumento de la emisión monetaria.
Estos propósitos, cuya justificación nadie puede desconocer, por la forma en que fue aprobado este proyecto de ley por la Cámara de Diputados y los acuerdos adoptados por las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda de esta Corporación en el primer informe, se han frustrado debido a que la iniciativa no está financiada. Aún más, esta situación no se ha corregido en el segundo informe. Es decir, a nuestro juicio, no se ha entregado un financiamiento correcto y completo para solventar el gasto que representan el reajuste y la asignación de escolaridad.
En suma, el Ejecutivo procuró no sólo entregar a todos los trabajadores un anticipo de reajuste y una asignación de escolaridad medida justificada por el agravamiento del proceso inflacionario, sino, también, usar sanos mecanismos tributarios que permitieran consolidar y perfeccionar el desarrollo de una política permanente de redistribución de ingresos, única forma de defender los emolumentos reales de los trabajadores.
Espero que en la discusión particular de este proyecto se imponga el buen criterio y se logren los acuerdos que permitan hacer justicia a los trabajadores.
Situación económica actual.
Al iniciar mi intervención y en el transcurso de ella, he sostenido que, para analizar correctamente la política económica del actual Gobierno, era necesario examinarla en su conjunto y determinar el comportamiento de los distintos factores que la integran, cometido que me esforzaré en cumplir.
Para un estudio objetivo de la política económica del Gobierno del Presidente Allende, es necesario considerar la situación previa a la fecha en que éste asumió la Primera Magistratura de la Nación y que, a nuestro juicio, se singularizaba por contener la inflación limitando los ingresos de los trabajadores, por la paralización del crecimiento económico, por el bajo nivel de actividad con altas tasas de desocupación y de capacidad instalada ociosa, por la distribución regresiva del ingreso y concentración de la propiedad y, finalmente, para señalar sólo lo más importante, por el enorme endeudamiento externo con graves implicaciones en la balanza de pagos y con evidente limitación de la soberanía de Chile.
Estos problemas, de suyo graves, han sido enfrentados con un sistema de redistribución del ingreso en beneficio de las grandes mayorías nacionales, mediante una política de remuneraciones, gasto público, monetaria y tributaria destinada a corregir injusticias y a la movilización de los recursos reales de la economía; con la nacionalización de las riquezas básicas, con la estatificación de la banca privada, con la profundización y aceleración del proceso de reforma agraria y con el establecimiento de tres áreas de propiedad: social, mixta y privada. La redistribución del ingreso ha mejorado la participación real de los trabajadores y, para demostrarlo, es conveniente tener presente que en 1958 recibieron el 42,6% del ingreso geográfico; que en 1964 obtuvieron el 43,8%, que en 1969 logran el 51,1%, y que en 1972 alcanzan el 66,1%. Vale decir, su participación relativa entre 1969 y 1972 aumentó en 19,96 por ciento.
Por esto sostengo, sin temor a ser desmentido, que la política de remuneraciones del Gobierno del Presidente Allende, junto a numerosos progresos sociales en que estimo ocioso poner énfasis, ha introducido modificaciones al sistema tributario que favorecen a los sectores más modestos de la población y ha significado un mejoramiento sin precedentes de las pensiones, asignaciones familiares y, en general, de la seguridad social, todo lo cual ha permitido, no obstante la inflación, un aumento efectivo de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional:
Por otra parte, es conveniente ponderar la erradicación de la cesantía, que en el Gran Santiago, en diciembre de 1970, llegaba al 8,3% de la fuerza de trabajo, y que en diciembre de 1972 ascendía a sólo el 3%.
Los logros alcanzados por el Gobierno con la aplicación de su programa han sido espectaculares en 1971 y, lo que es muy importante, se han cumplido medidas fundamentales.
Sin embargo, la situación actual preocupa a los socialistas populares. Estamos conscientes de que tiene decisiva influencia en la grave situación económica que afecta al país la conducta de la Oposición, que usa todos los recursos para agravar las dificultades. Debido a ello, por ejemplo, el crecimiento de la producción industrial en 1972 alcanzó a poco más del 6%, en circunstancias de que en el año anterior superó el 21%.
El paro de octubre del año pasado tuvo consecuencias dramáticas para nuestra economía. No sólo ocasionó pérdidas por más de 200 millones de dólares, sino que el desabastecimiento por la falta de medios de transporte y el cierre del comercio acentuaron el desarrollo del mercado negro y promovió hasta límites inconcebibles el capitalismo especulativo.
La falta de financiamiento para el gasto público hecho, repito, que es histórico, pero que en estos últimos dos años ha alcanzado niveles peligrosos tiene real expresión en el déficit programado de que deja constancia el informe y que se ha traducido en emisión monetaria que agrava el proceso inflacionario que sufre el país.
No cumpliría el propósito que anima esta intervención si omitiera críticas que, a juicio de los socialistas populares, deben formularse a la conducción de nuestra economía por parte del Gobierno y de los partidos que lo sustentan.
Es un hecho aceptado por quienes tienen responsabilidades de Gobierno y que nosotros compartimos, que el sectarismo está atentando contra el éxito del Gobierno y destruyendo las posibilidades de desarrollo económico, político y social. Resulta paradójico que este Gobierno, que necesita el apoyo mayoritario de la ciudadanía para materializar la política de cambios comprometida, se permita el lujo de desperdiciar los aportes desinteresados de quienes exclusivamente desean el éxito de su gestión. Mientras cada partido de la Unidad Popular esté preocupado de aumentar su influencia en la Administración Pública y en las áreas social y mixta de la economía, sin importarles que esa influencia se logre por medio de elementos más capaces e idóneos, es muy poco lo que se podrá avanzar y, desgraciadamente, en muchas oportunidades los resultados son y serán negativos.
En consecuencia, los socialistas populares estimamos que tiene primera prioridad en el quehacer político de la hora presente derrotar el sectarismo y aprovechar al máximo la capacidad creadora de todos quienes están por el proceso de cambios, por el cumplimiento del programa y por abrir a Chile un camino para el socialismo, sean o no sean ellos militantes de la Unidad Popular.
Nos preocupa lo que está ocurriendo en la agricultura. No es posible ni tiene justificación que gastemos casi 500 millones de dólares anuales en importar alimentos, en circunstancias de que tradicionalmente las expensas por este concepto no superaban los 150 millones de dólares.
No basta con profundizar el proceso de reforma agraria, política que compartimos y respaldamos. Es necesario movilizarse y hacer todos los esfuerzos posibles para obtener el rendimiento óptimo de la superficie cultivable. Para ello deben aprovecharse al máximo nuestros profesionales y técnicos y los mandos medios que tienen vasta experiencia en el trabajo agrícola. Además lo que tiene real significación, se debe promover una campaña que permita que el campesino se sienta parte y no objeto del proceso revolucionario.
En síntesis, se trata de llevar a cabo una política que asegure que el agro chileno entregue la producción que el país necesita para su abastecimiento y, aún más, que queden márgenes exportables para financiar las importaciones de productos que por condiciones climáticas no podemos cultivar.
Las dificultades de los medios de transporte (aéreo, marítimo, ferroviario, automotriz, etcétera), tanto del sector público como del privado, permiten detectar la falta de programas coherentes para resolver problemas de infraestructura y de renovación de equipos. Estimamos conveniente centralizar en un organismo pensamos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el estudio y solución de cuestiones fundamentales que deben abordarse para terminar con la dramática falta de medios de transportes para la población, y, lo que es muy importante, asegurar el desarrollo económico de Chile y garantizar que nuestra potencial riqueza productiva llegue rápida y oportunamente a los centros de consumo.
Finalmente, sólo para referirme a los problemas más determinantes de la situación económica actual, es necesario analizar sumariamente la situación de las empresas incorporadas al área social.
Para evitar equívocos, debemos subrayar que somos partidarios de las empresas incorporadas al área social y que tenemos fe en su futuro. Sin embargo, estimamos que al respecto se han cometido errores. Y, lo que es más grave, nada o muy poco se hace para corregirlos.
El socialismo impone la planificación de todo el quehacer, especialmente en materias económicas. Por lo tanto, el espontaneísmo y la improvisación nada tienen que ver con el socialismo.
Para aplicar una sana política socialista de producción, es necesario erradicar, repetimos, definitivamente el sectarismo y luchar enérgicamente contra el despilfarro y los gastos improductivos.
A los trabajadores, que tantas pruebas han dado de lealtad y adhesión al proceso de cambios, les interesa saber a costa de qué esfuerzos y gastos se logra la producción; y cuando establecen que su participación es más aparente que real, que sus posibilidades de progreso están condicionadas por su militancia política, que cuantiosos gastos nada tienen qué ver con la producción y persiguen exclusivamente una finalidad proselitista, su eficiencia disminuye en forma alarmante, con perjuicios evidentes para la economía nacional.
La administración y dirección de las empresas del área social se han centralizado en CORFO y CODELCO, medida que tiene validez para fijar la línea gruesa de dirección y para incorporar a la producción los avances de la ciencia y de la técnica. No obstante, en la forma en que se practica, la estimamos perjudicial debido a que no permite responsabilizar a cada empresa de un programa productivo y de investigación.
Somos partidarios de la programación basada en presupuestos, con participación efectiva de los trabajadores, único medio para captar todo su aporte creativo. Esto obliga a incorporar a todos los estamentos: productivos, administrativos y técnico-profesionales a la dirección de la empresa, sin exclusión alguna.
Por otra parte, es importante motivar a la colectividad en general y a cada trabajador en particular para mejorar los resultados productivos y económicos de la empresa. Con el propósito de alentar el interés material de los trabajadores, es necesario un sistema de aumento de remuneraciones condicionado al crecimiento de la producción y al perfeccionamiento de la calidad de la misma, todo lo cual debe incrementar el beneficio y la rentabilidad de dicha producción. En igual forma, la empresa debe disponer de recursos claramente definidos en el presupuesto para estimular a los trabajadores a conseguir logros individuales, destinados a contribuir al mejoramiento de los resultados generales.
Empleados y obreros, participando activamente en la administración de la empresa, podrán establecer qué parte de los excedentes que obtengan estarán destinados a mejorar selectivamente las remuneraciones y las condiciones habitacionales y a impulsar medidas de tipo cultural y recreativo.
Se trata, en síntesis, de incentivar correctamente el interés de los trabajadores por los resultados de sus esfuerzos.
La administración de una empresa del área social debe ser eficiente y cumplir su cometido basándose en presupuestos y programas repito que aseguren la participación efectiva de los trabajadores. Además, tienen especial importancia la corrección y eficiencia con que se maneje, debido a que cualquier traspié deteriora su imagen.
Resumiendo, sostenemos que las empresas del área social tienen la obligación de entregar una producción lograda con eficiencia económica y capaz de generar excedentes para satisfacer las necesidades del pueblo e impulsar el crecimiento económico.
Conocemos las dificultades políticas y económicas actuales y lucharemos por superarlas. Deseamos éxito al Gobierno del Presidente Allende, cuya victoria fue el triunfo del pueblo chileno, en forma especial de los trabajadores, que se han pronunciado resueltamente por la soberanía e independencia nacionales, por la transformación socioeconómica y revolucionaria de Chile, y por eso tienen solvencia nuestras críticas, que están destinadas a asegurar la victoria definitiva.
He dicho.
El señor NOEMI (Presidente Accidental).-Le restan treinta minutos, Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.- Los reservo para más adelante, señor Presidente.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Musalem.
El señor VALENTE.- Señor Presidente, yo me había inscrito con anterioridad.
El señor MUSALEM.- Señor Presidente, al empezar este debate vale la pena hacer un recuento de los hechos que motivaron la presentación y la tramitación del proyecto de anticipo de reajuste por parte del Gobierno.
Es necesario recordar que en octubre del año pasado el Ejecutivo sostuvo que se estaba planteando una estabilidad a un nuevo nivel y que después de esa fecha no habría inflación ni alzas de precios. Sin embargo, fueron tales el desnivel y el nuevo fracaso de esa política, que no pasaron tres meses sin que el propio Gobierno tuviera que proponer a los trabajadores una bonificación que compensara la pérdida del poder adquisitivo ocasionada por la inflación desatada en los meses de noviembre, diciembre y enero, después de haberse otorgado el reajuste de octubre.
Al comienzo, el Ejecutivo propuso una bonificación de 814 escudos, que no tenía relación alguna con el alza del costo de la vida experimentada en los tres meses anteriores. Por supuesto, dicho planteamiento produjo una violenta reacción de los trabajadores, quienes se opusieron al engaño, a la estafa de que estaban siendo objeto por parte del Gobierno. A raíz de esta oposición, que empezó en el seno de la CUT por parte de los representantes de la Democracia Cristiana, y que fue seguida por distintas federaciones de trabajadores, por colegios profesionales y por la huelga de muchos sectores de asalariados, el Gobierno se vio en la obligación de mejorar su postura, como se dice, y en febrero planteó un anticipo de reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida para los sueldos de hasta tres vitales, y por sobre esa cantidad la misma suma que obtuvieran quienes tenían una renta ascendente al topa mencionado. O sea, mejoró la proposición, pero lo hizo mediante un reajuste discriminatorio e injusto que no correspondía al alza de precios experimentada hasta esa fecha.
Esta nueva fórmula fue propuesta en febrero, en vísperas de las elecciones. Y en marzo, después de una nueva reacción, violenta en muchos casos, en contra del engaño de un reajuste tan bajo, injusto y discriminatorio, el Gobierno sugirió un anticipo de reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida hasta los cinco sueldos vitales.
Veamos las diferentes características de este proyecto, que han quedado en evidencia en la acción del Ejecutivo.
Proyecto político.
En verdad, ha sido un proyecto político, manejado políticamente.
Primero se ofreció una bonificación compensatoria; después, un reajuste para antes de las elecciones de marzo, con el objeto de que influyera en el acto electoral la entrega de una mayor cantidad de billetes, pero en todo caso otorgando un reajuste efímero y malo.
Además de presentar el proyecto en vísperas de elecciones, el Gobierno lo utilizó en una campaña de publicidad para desprestigiar al Congreso y a la Oposición, mediante toda clase de calumnias, de deformaciones de la actitud mantenida por los partidos de Oposición frente al reajuste: obtener un aumento del ciento por ciento del alza del costo de la vida para todas las remuneraciones, con un financiamiento que no afectara a los trabajadores ; o sea, que no los hiciera pagar a ellos su propio reajuste.
Táctica dilatoria.
Aparte ser la iniciativa del Gobierno de tipo político, desarrolló respecto de ella una táctica dilatoria, buscando entregar el reajuste en una fecha lo más cercana posible a la del próximo reajuste anual de octubre. Por eso el Ejecutivo no planteó un reajuste derecho, claro, como siempre había sucedido, estableciéndolo en la ley para pagar de inmediato, después de la promulgación de ésta un porcentaje directo sobre las rentas de los trabajadores, sino que propuso la creación de un Fondo de Anticipo de Reajustes, que se formaría con lo que aportaran los nuevos tributos propuestos, que se repartirían entre los trabajadores. Así, éstos verían limitado el aumento de sus remuneraciones, ya que no podrían recibir más que los recursos que ingresaran a ese Fondo.
Por lo mismo, cuando el Contralor General de la República asistió a la Comisión de Hacienda de la Cámara, señaló que éste era un sistema engorroso y que por la naturaleza del mismo el reajuste no podría pagarse a los trabajadores antes de septiembre de este año; es decir, un mes antes del reajuste anual que debe despacharse en octubre por el Congreso.
El sistema del Fondo, la comisión que habría de hacer el cálculo de los recursos que a él ingresaran y la determinación de una serie de situaciones antes de fijar el porcentaje de reajuste, constituyeron una herramienta dilatoria que usó el Ejecutivo para postergar el otorgamiento del beneficio.
Además, dentro de esa misma táctica, el Gobierno pide que se entreguen facultades al Presidente de la República para otorgar el reajuste. Es la primera vez que el Ejecutivo propone tal cosa, con la agravante de hacerlo también en el caso de los trabajadores del sector privado, lo que prohíbe la Constitución. En efecto, no es el caso del reajuste del sector público. El Congreso no puede dar facultades al Ejecutivo para fijar el reajuste que tendrán los trabajadores del sector privado, porque ello debe determinarlo el Parlamento por la vía de la ley. Sabía el Gobierno que, por lo tanto, el Congreso le rechazaría esa facultad y querría, como era lógico, conservar sus atribuciones constitucionales para despachar el reajuste que tendrían los trabajadores.
De la misma manera y con igual intención, el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional cuando el Parlamento transformó el aumento con tope de tres sueldos vitales en un reajuste de ciento por ciento para todos los trabajadores; recurrió a ese organismo con el objeto de dilatar, de demorar el otorgamiento del reajuste.
Posición democratacristiana.
La Democracia Cristiana, antes de las elecciones, al plantear el Gobierno el anticipo de aumento con tope de tres sueldos vitales, sostuvo una posición clara, que implicaba resolver de inmediato el problema: hizo presente al Ejecutivo que estaba dispuesta a despachar, inmediatamente un proyecto que estableciera un reajuste del 100% para todos los trabajadores y que se pagara de inmediato, sin perjuicio de pronunciarse con posterioridad sobre el sistema propuesto por el Gobierno, que era engorroso y dilatorio, y sin perjuicio de pronunciarse también, después, respecto del financiamiento, que igualmente nos merecía observaciones y que gravaba a los mismos trabajadores.
Lucha del Congreso.
La lucha del Parlamento y de la Oposición significó, en definitiva, que eleváramos el reajuste, de una bonificación de 814 escudos, a 4 mil escudos promedio, y a algo más de 6 mil escudos para determinados sectores, los que ganan más de tres sueldos vitales.
En cuanto al sistema del Fondo después del fallo del Tribunal Constitucional, el Gobierno no pudo insistir en él, no se ligó al reajuste, y el Congreso lo rechazó. Después de este rechazo, el Ejecutivo decidió pagar de inmediato el reajuste. O sea, también la actitud del Parlamento ha significado para los trabajadores la posibilidad de percibir sus reajustes entre fines del mes de abril y principios de mayo.
Esa posición gubernativa está demostrando que al Ejecutivo le importa un cuesco el financiamiento del proyecto de reajustes, en el que puso tanto énfasis y respecto del cual ha hecho tanta publicidad difamatoria y falsa en contra del Congreso y los partidos de Oposición.
Con ello ha quedado en evidencia que toda la actitud del Gobierno no era más que un show, que disponía de los recursos necesarios para otorgar el reajuste y que sus intenciones eran otras cuando nos proponía ese tipo de financiamiento.
Objetivos del Fondo.
Veamos cuáles eran los objetivos del sistema propuesto por el Ejecutivo para financiar el pago de los reajustes.
Primero, el Gobierno tenía interés en atrasar el otorgamiento del reajuste. Y, específicamente lo denunciamos ahora en esta Sala; con esa demora evitó la concesión de un segundo anticipo que tenía comprometido en principio con la CUT para junio de este año, porque esos anticipos se iban a entregar cuatrimestralmente, de acuerdo con las conversaciones sostenidas entre el Ejecutivo y la Central Única de Trabajadores. Se demoró el proyecto de reajustes a través de ese sistema engorroso del Fondo precisamente para saltarse ese anticipo de junio. Y esto es más grave aún, porque el nivel de inflación de mayo será más alto que el de todos los meses ya transcurridos: dentro del primer semestre del año en curso, va a ser un nivel de inflación record; y el deterioro del poder adquisitivo de las remuneraciones no se repondrá hasta el reajuste anual del Gobierno, precisamente por esa maniobra.
Segundo objetivo del Fondo. El Ejecutivo tenía interés en quedarse con las ganancias derivadas de la inflación. Sabido es que las alzas de precios, de la misma manera que los reajustes o rentas más elevadas que obtienen los trabajadores, significan al Gobierno un mayor ingreso, hecho que el Ministro señor Millas reconoció en octubre del año pasado cuando se despachó el reajuste de octubre y que el señor Flores también ha reconocido ahora. El Ejecutivo estaba proponiendo repartir sólo los recursos que entraran al Fondo, y por la vía del veto iba a rechazar, como fórmula de financiamiento de este reajuste, los mayores ingresos que obtiene por la inflación, del mismo modo en que lo hizo el año anterior.
Esa era la segunda finalidad que se pretendía lograr con el sistema del Fondo. O sea, el Gobierno desataba la inflación, se quedaba con los ingresos que ésta les quitaba a los trabajadores, y obligaba a que estos mismos, especialmente los de rentas medianas y más altas, financiaran el reajuste.
Reajuste discriminatorio.
Ahora bien, otra característica del proyecto en estudio es la de que resulta discriminatorio e injusto.
¿Cuál es la filosofía del Gobierno? Planteó que daba un reajuste de ciento por ciento sólo hasta tres sueldos vitales después elevó el tope a cinco vitales porque quería compensar a las rentas más bajas por la mayor alza que sufren los alimentos, ya que quienes tienen ingresos más reducidos destinan una proporción más alta de sus remuneraciones precisamente a alimentos, que suben más.
Esta Administración es de lo más acomodaticia; tiene una flexibilidad realmente admirable, pero peligrosa a la vez.
Cuando planteaba una bonificación de 814 escudos por parejo para todos los trabajadores, sencillamente olvidó que los alimentos subían más y que los trabajadores de más bajas rentas sufrían, por lo tanto, mayor pérdida del poder adquisitivo.
Al proponer ese reajuste discriminatorio, se le ocurrió, como justificación, dicha filosofía. ¡Esta es la falta de sinceridad del Gobierno y la falta de respeto que tiene por los trabajadores! Cuando cambia su política, presionado por los mismos trabajadores, busca argumentos nuevos para justificar la nueva discriminación, la injusticia que está haciendo con aquéllos.
Además, debo manifestar que si el Ejecutivo quisiera realmente compensar a los trabajadores de más bajas rentas porque los alimentos experimentan una mayor alza esto es efectivo: en los últimos doce meses, cuando la inflación subió a poco más de 180%, los precios de los alimentos aumentaron en más de 250%;, lo justo y lo lógico sería otorgarles un reajuste de más de ciento por ciento del alza del costo de la vida que registra el índice. Esa sería la forma de compensarlos por el mayor aumento que experimentan los alimentos; porque un reajuste equivalente a 100% del alza del costo de la vida como el propuesto por el Gobierno, con tope de cinco vitales no repone la verdadera pérdida de poder adquisitivo que afecta a las remuneraciones, precisamente porque los alimentos han tenido alzas de precios superiores al 100% de ese indicador general.
¿Qué significa este reajuste discriminatorio? Romper las jerarquías en organismos tan fundamentales como la Contraloría y, en general, en todos los servicios del Estado; significa romper las jerarquías en las Fuerzas Armadas. Pareciera ser ésta una política premeditada, tendiente a destruir las jerarquías, la organización interna de todas las instituciones del país, buscando los objetivos de la toma del Poder que animan a este Gobierno, por medio, ahora, del reajuste de remuneraciones.
También esta discriminación es una forma de bajar las remuneraciones promedio.
Redistribución de ingresos.
El Gobierno ha planteado una política de redistribución de rentas. Pero no se puede llevar a cabo una redistribución sostenida de rentas y el Ejecutivo ya lo está palpando; lo está experimentando y sufriendo cuando la actividad y la producción en un país llevan una tendencia de baja sostenida y cada vez más grave. Sólo es posible realizar una redistribución de rentas a favor de los trabajadores en la medida en que la economía va creciendo, en que hay mayor producción. Cuando la producción o el producto baja, sencillamente es imposible; ni por milagro, ni con grúa se puede sostener la redistribución de rentas a favor de los trabajadores.
Y es por eso por lo que el Gobierno está efectuando la redistribución, a esta altura, entre los mismos trabajadores, quitándoles a unos para darles a otros. De esta manera se contradicen con lo que han sostenido los dirigentes de la Unidad Popular, que mienten para afirmar las bondades de sus políticas, que no son tales, para esconder el descalabro y la catástrofe que ha originado su aplicación.
La parte del producto, de la riqueza nacional, que correspondía a los trabajadores en 1970, cuando asumió el actual Gobierno, alcanzó a poco más de 53% ; en 1971 subió a 59%, porcentaje de crecimiento casi similar al registrado en 1965, primer año del Gobierno de la Democracia Cristiana.
Pero ¿qué pasó en 1972? Precisamente porque, en vez de registrarse crecimiento de la economía, hubo baja de la producción y una inflación desatada, la participación de los trabajadores en el producto, en la riqueza nacional, bajó a 52%, a menos de la que tenían antes de asumir la actual Administración. Y, cómo dije hace un instante, lo más grave estriba en que viene un segundo brote de inflación, que ya se perfila desde enero, pero que en mayo alcanzará un porcentaje mucho más elevado que el de los meses anteriores. Por ello es más grave la política salarial del Gobierno.
Conclusiones.
Como conclusión de esa política salarial, podemos decir que ha habido un quiebre en la política de reajustes equivalentes a 100% del alza del costo de la vida que antes de asumir el mando el Gobierno prometió a los trabajadores.
El reajuste propuesto en este proyecto de ley alcanza a un promedio de 58% del alza del costo de la vida, y no al 100%, como era el compromiso contraído en su programa por el Gobierno con los trabajadores. Antes ya se había producido el quiebre de otra promesa del Programa: el de otorgar reajustes cada vez que hubiera 5% de inflación, cosa que nunca hizo este Gobierno, a pesar de que la inflación llegó a la cifra record de 163% en un año. Otra quiebra muy grave, que se nota no sólo en el reajuste, sino en toda la administración de todas las empresas que los partidos marxistas entregaron al Estado y que ellos están manejando, es la de la participación de los trabajadores. Están usando la CUT y cuanto organismo controlan para hacerlos aparecer como traidores a la clase trabajadora y para que efectivamente traicionen sus intereses al hacerlos respaldar una política discriminatoria, de reajustes enanos; en suma, una política que es una vergüenza, una falta de respeto y un atropello a las masas laborales. Y. ya no digo que es una falta de respeto a la palabra del Gobierno, pues ésta se ha trasgredido quinientas veces en todos los campos.
Antes de establecer el reajuste, el actual Gobierno no consultó en absoluto a los trabajadores sobre la materia. En la Cámara de Diputados, el Vicepresidente de la CUT, Ernesto Vogel, dijo figura en el informe de la Comisión de Hacienda de esa rama del Parlamento que los dirigentes de la Central Única de Trabajadores habían estado discutiendo un reajuste del 100% de las remuneraciones, establecido en la ley y pagado de inmediato, y que después se notificaron de que dicho reajuste iba a ser discriminatorio y mediante un sistema de demora y de dilación, como era el del Fondo de Compensación, por las palabras pronunciadas por el Presidente de la República en un acto político de la Unidad Popular realizado en el Estadio Nacional, ocasión en la que el Primer Mandatario anunció los términos del nuevo reajuste. Es decir, a espaldas de los trabajadores y de sus intereses, el Gobierno y el Presidente de la República, que tanto se ufana de representarlos, anunció una política de reajustes, contenida en el proyecto original, que no sólo no había sido sancionada por los interesados : ni siquiera les había sido consultada.
Este es el grado de antiparticipación del actual Gobierno que nosotros vimos venir y que anunciamos en nuestra intervención a propósito del primer proyecto de ley de reajustes de esta Administración, el 8 de febrero de 1971, cuando nos referimos al Gobierno de la antiparticipación. Los hechos y la actitud del Ejecutivo nos están demostrando que, desgraciadamente, los trabajadores no tienen voz ni son consultados en las decisiones. Sólo se toma el parecer de los partidos de la Unidad Popular y de los dirigentes comunistas y socialistas. ¡Ni siquiera el de los trabajadores comunistas y socialistas!
Todo esto, señor Presidente, constituye una burla sangrienta a los sectores laborales, que consideramos inaceptable. Si el Gobierno no rectifica su actitud respecto de los trabajadores, nosotros no le presagiamos solidaridad de ellos, sino una reacción violenta de dichos sectores en su contra. No se puede seguir pidiendo paciencia a los empleados y obreros cuando se los atropella todos los días y cuando, sabiendo lo que ellos piensan, se hace precisamente lo contrario.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción?
El señor MUSALEM.- Con todo gusto, señor Senador.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.- A propósito de lo que está diciendo el señor Senador, quiero señalar que en estos mismos momentos se encuentra en la Sala de Lectura del Senado un grupo de trabajadores que viven en la población Santa Olga, de La Cisterna.
Esos pobladores están reclamando la construcción de sus viviendas, iniciada en 1970 y que posteriormente se suspendió. Como una manera de manifestar su protesta por el hecho de no contar con ningún tipo de alimentos, se tomaron un local de distribución de productos alimenticios. Esto, después de haber agotado todas las gestiones ante las autoridades, incluyendo la Gobernación y una entrevista con el propio Presidente de la República. Ayer recibieron la visita del señor Intendente. Cuando se iniciaba la conversación con él y, según parece, en los momentos en que esa autoridad formulaba algunas promesas, uno de los pobladores le gritó: Esas son palabras, puras promesas. Nosotros queremos hechos, realizaciones. En ese momento, el señor Intendente procedió a retirarse y, acto seguido, las tanquetas de Carabineros llenaron la población con bombas lacrimógenas cuyas cápsulas tienen más de 25 centímetros de largo. Esos pobladores están aquí al lado. La Sala de Lectura está impregnada del olor de las bombas lacrimógenas. Hay una sin disparar; las demás, disparadas.
¡Esta es la respuesta a los trabajadores, a los pobladores, en sus peticiones mínimas de techo y de alimento, de parte del hombre que acaba de recibir el Premio Lenin de la Paz!
El señor MUSALEM.- A propósito de lo que señaló el Honorable señor Hamilton, debo manifestar que, antes de entrar a la Sala, yo estuve con los habitantes de la población Santa Olga, de La Cisterna. Según me informaron, el Intendente no sólo ordenó disparar bombas lacrimógenas contra esos trabajadores que estaban en la Carretera Panamericana, sino que, lo que es más grave y criminal, ordenó lanzarlas al interior de la población Santa Olga, produciendo desmayos de mujeres y asfixias de guaguas, en circunstancias de que en esa población no se celebraba ninguna reunión, no había ningún grupo de personas ni se cometían desórdenes. ¡Son gustos que se da el señor Intendente! De la misma manera como se dio el gusto de hacer detener por Carabineros, bajo la acusación de haber infringido la ley de Seguridad Interior del Estado, a un profesor que acababa de bajarse de un microbús y que se permitió preguntarle si ésa era la forma cómo respetaba al pueblo que decía defender.
Lamentablemente, están cayendo en excesos y abusando de la paciencia de los trabajadores.
Otra falta de respeto a los sectores laborales.
El señor VALENTE.- ¡Ustedes asesinan desde el Gobierno y en la Oposición...!
El señor MUSALEM.- De asesinatos, ustedes tienen un historial. Jamás un democratacristiano ha matado a nadie. En cambio, comunistas y socialistas tienen prontuarios de múltiples asesinatos políticos desde hace dos años y medio, amparados cobardemente por un Gobierno que no vacila ni en las muertes para conseguir sus objetivos.
Otra falta de respeto a los trabajadores y al Congreso Nacional es la actitud del Gobierno: crea inflación, cambia la política del 100% de reajuste, llega al Parlamento con una iniciativa totalmente distinta de lo que fue tradicional en esta materia, y no expone las razones del cambio de la política salarial, no señala cuál será su política futura al respecto y no dice qué hará en octubre en cuanto a reajustes. Además, se da el lujo de no plantear tampoco las medidas de rectificación económica que adoptará para terminar con la inflación, que es la causante fundamental de la pérdida del poder adquisitivo de empleados y obreros. Mientras ella no se combate, los trabajadores seguirán siendo, en definitiva, el pato de la boda. Sin embargo, el Gobierno no dice palabra alguna de qué medidas tomará para ir limitando la inflación. Por el contrario, después de haber creado condiciones económicas de menor producción y factores de menor rendimiento de tributos, originando una crisis económica, la actual Administración, con mucho desparpajo, quiere exigir al Parlamento que apruebe financiar el proyecto sólo con impuestos directos.
Es necesario analizar la afirmación del Gobierno de que no tiene recursos, pues el Ejecutivo no dice cómo va a controlar la inflación. La única explicación que da es que no dispone de recursos para financiar un 100% de reajuste para todos los trabajadores. Repito: la única razón que da es que sólo lo podrá financiar, con impuestos directos.
Analicemos la política económica y financiera, y veremos cómo el Gobierno fue creando las condiciones de asfixia que lo llevan hoy a desdecirse de su política salarial inicial, faltando a su compromiso con los trabajadores, y a entregarles un mísero reajuste promedio de sólo 58% del alza del costo de la vida, reajuste, a nuestro juicio, discriminatorio e injusto.
La política económica.
Desde que subió el Gobierno de la Unidad Popular, se ha venido haciendo presente por parte de los partidos de Oposición que la política económica puesta en práctica por las autoridades de Gobierno no podía conducir a otra parte que no fuera la crisis que actualmente soporta el país. Sin lugar a dudas, la peor de su historia.
La desmesurada expansión de los medios de pago, en un comienzo menospreciada en los efectos que tendría sobre el nivel de los precios, ha sido la causa fundamental que ha dado origen al proceso inflacionario. A poco andar, los propios hombres de Gobierno han tenido que reconocer su tremendo error en ese sentido y han coincidido en la necesidad de disminuir la cantidad de circulante. Basta ver los informes del Partido Comunista desde hace un año hasta la fecha.
A partir de mediados de 1972, las más altas autoridades han acuñado la frase: Es preciso quemar circulante. Claro es que ésta ha quedado como una frase, porque el Gobierno nada ha hecho para disminuir el elevado gasto fiscal que originó la más cuantiosa emisión de billetes que conoce la historia de Chile, que va de 9 mil a 75 mil millones de escudos en dos años y medio.
Un segundo factor de esta crisis es también de clara responsabilidad del Gobierno. Una apreciación exagerada acerca de lo que verdaderamente constituía la capacidad ociosa existente en la economía, los ha hecho descuidar en forma increíble las inversiones productivas por un período de dos años y medio. Sus efectos sobre la oferta de bienes se refleja en la caída espectacular que experimenta la producción industrial durante los últimos seis meses de 1972. El índice oficial del Gobierno muestra durante este período una producción inferior en 10 % a la que existía en igual lapso de 1971. Esta situación tiende a agravarse con el manejo político de esas empresas y con la falta de moneda extranjera para importar repuestos y materias primas.
Un tercer factor es el sectarismo implantado, en el manejo dé la gran minería del cobre, que ha impedido a las grandes minas siquiera mantener los niveles de producción que habían alcanzado en 1970. Durante 1972, las grandes empresas El Teniente, Chuquicamata y El Salvador produjeron en conjunto menos cobre que en 1970. Junto a la disminución en el precio respecto del que prevalecía en el bienio 1969-1970, éste ha sido un factor importante que ha motivado una escasez de divisas que ha hecho imposible suplir con importaciones los déficit de producción interna resultantes de la política del Gobierno.
En materia de precios del cobre, cabe consignar que los promedios obtenidos por este Gobierno son superiores a los de las otras Administraciones en iguales períodos de tiempo.
En materia de producción, el propio Gobierno reconoció y así lo planteó en su Plan Anual 1971 que la producción debería aumentar más de 15% en las grandes minas. El resultado fue una disminución alarmante.
Cuarto factor. La producción agrícola, consecuencia de una política en el campo que no tiene parangón en materia de ineficiencia y desorganización, disminuyó en 1972 en 8,3%, y en 1973 lo hará en un 22,5 %. Como consecuencia de ello, ha sido necesario importar 530 millones de dólares para poder alimentar medianamente al país, y en 1973 habrá que traer 650 millones de dólares para evitar una hambruna.
Quinto factor. Mientras tanto, las exportaciones han bajado en más de 400 millones de dólares anuales, restando al país la moneda extranjera para suplir los déficit de producción interna. Los retornos alcanzaron a la exigua suma de 743 millones de dólares en 1972.
Sexto factor. El sector de la construcción que ha recibido de parte del Fisco, en términos relativos, las mayores asignaciones presupuestarias en los dos últimos años ha fracasado en la construcción de viviendas, dando origen al mayor despilfarro fiscal, a tal punto que el precio del metro cuadrado de vivienda pública ha experimentado las mayores alzas en el curso de los últimos meses.
Todo lo anterior configura para 1972 una situación que se traduce en que la producción de bienes materiales disminuyó con relación al número de habitantes. El Gobierno, que no ha desmentido esta dramática realidad, se ha tratado de defender señalando que la producción total aquí incluye los servicios habría mantenido su nivel por habitante.
Estos son, a grandes rasgos, los resultados de la política económica del Gobierno, cuyas consecuencias fueron advertidas hasta la majadería. Sus trazos fundamentales son el absoluto desprecio por toda iniciativa que no provenga de los medios de Gobierno, y aun allí es posible advertir la pugna permanente entre caciquil líos de diversos bandos y el desprecio por los efectos económicos de medidas que son de su exclusiva responsabilidad, como las emisiones y el despilfarro fiscal. Todo ha sido orientado a conseguir el poder total, aun cuando para ello sea necesario sacrificar a los sectores más modestos, como ha pretendido en esta ley de reajuste.
Perspectivas.
La crisis tiende a ahondarse más aún por la insistencia del Gobierno en los mismos errores y en las mismas políticas. Aparece así de los estudios económicos de la CEPAL, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica entre otros. Sostiene lo mismo el informe del MAPU, partido del señor Ministro de Hacienda, quien nos ha traído este proyecto al Congreso. Dicho Secretario de Estado, quizás por no poder enfrentar la contradicción entre el informe del MAPU y lo que está planteado aquí, no ha venido a la Sala en la mañana de hoy, siguiendo esa falta de respeto que tiene este Gobierno por el Congreso Nacional y por las instituciones.
Informe del MAPU.
Ese informe del MAPU, del mes de marzo recién pasado, tiene la virtud do fijar muy claramente la responsabilidad y magnitud del fracaso económico y del período de inflación posterior a octubre de 1972, que se quiere hoy compensar malamente con este reajuste.
Veamos brevemente lo que dice ese informe del MAPU, donde se plantea el fracaso de la política económica del Gobierno y se fija claramente la responsabilidad. Dice en una de sus partes dicho documente: Es así como los avances en el plano económico (APS, nacionalizaciones, remuneraciones, reforma agraria), no encuentran su necesario complemento en el plano político... Debido a esto, el Gobierno es incapaz, desde fines de 1971, de controlar los efectos de la reestructuración económica, que había ido desarticulando el funcionamiento normal de la economía capitalista. Y es así como aflora a la luz del día el problema del desabastecimiento.
El señor MONTES.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MUSALEM.- O sea, los errores del propio Gobierno hacen imposible, a fines de 1971, el manejo de la situación, y que ya empieza a escaparse por el lado del desabastecimiento.
En otra parte de este informe ya referido al año 1972...
El señor MONTES.- Señor Presidente, le solicito una interrupción al Honorable señor Musalem para formular una pregunta.
El señor. MUSALEM.- En seguida. Voy a terminar de referirme al informe del MAPU.
El señor MONTES.- Es sólo una consulta.
El señor MUSALEM.- A continuación, ya remitiéndose a la política del año 1972, ese documento dice:
La nueva política que comienza a aplicar el Gobierno a partir de Lo Curro tiene las siguientes consecuencias:
a) Desata un acelerado proceso inflacionario, cuyo ritmo supera con creces al de los peores tiempos del segundo gobierno de Ibáñez;
b) Agrava la crisis económica, disminuyendo más aún las reservas de moneda extranjera y aumentando el desabastecimiento;
O sea, el informe del MAPU reconoce que la política salida del cónclave de Lo Curro después de un mes, representada por los Ministros Millas y Matus, agravó, desató y aceleró el proceso inflacionista y agravó la crisis económica y el desabastecimiento que ya venía produciéndose a fines de 1971, como se consigna en el párrafo que ya leí anteriormente.
En otro párrafo del documento se establece lo siguiente:
Las causas que motivaron la crisis de octubre no han desaparecido. Ello se debe,... al fracaso de la política económica Millas-Matus, con su secuela de inflación desmesurada, mercado negro, colas y desabastecimiento.
Es gente de Gobierno la que pocos días antes de la elección de marzo emita este informe secreto, en que acusan al propio Gobierno, en una autocrítica interna, que por ser autocrítica de ellos es permitida; sin embargo, cuando la crítica la hace la Oposición se responde con campañas de infamia, difamación, calumnias e injurias. Es esta gente del propio Gobierno, la del MAPU, la que critica la política económica del Gobierno y señala la responsabilidad del mismo.
En otra parte del documento se dice: ... la crítica situación de las divisas se debe en gran medida al aumento de las importaciones causado por la política económica interna.
¡De nuevo, la política económica del Gobierno produce la crisis de divisas!
Agrega: La existencia de divisas habría llegado a cero el 3 de enero si no hubiese sido por el viaje al extranjero de Allende, realizado en noviembre. Ese viaje, si bien desde un punto de vista diplomático, fue un éxito impactante, desde el punto de vista de conseguir ayuda financiera fue un fracaso relativo. Sin embargo, los préstamos obtenidos de la URSS, la RDA y otros países de Europa Oriental, permiten por lo menos mantener a flote el barco de la economía chilena siquiera hasta fines de abril.
Y lo dicen personeros de Gobierno, representantes del partido del Ministro de Hacienda que nos trae este proyecto de reajuste y que no manifiesta una palabra sobre rectificación de ¡a política económica del Gobierno que producía estos efectos que ellos mismos muestran.
Continúa: Para esa fecha o sea, abril si no se ha encontrado una solución, nuestro país no podrá pagar ni las deudas contraídas ni todas las importaciones de productos que necesita para el consumo y la producción. Lo crítico de la situación urge a los partidos de la UP a buscar una salida antes de fines de abril.
O sea, nos anuncian que, de pordioseros, vamos a pasar a morosos en gran escala, si no se rectifica esta política de destrucción de la economía del país.
En otra parte de dicho informe se sostiene: Si la situación de disponibilidad de divisas es crítica y explosiva a partir de abril, lo mismo ocurre con la situación del abastecimiento.
Aquí liga el desabastecimiento a su verdadera causa la que el Gobierno ha escondido permanentemente: a la baja de la producción industrial y agrícola, cuando dice:
Por un lado, se espera para 1973 una disminución de la producción agrícola de 20%, coincide el informe del MAPU con los demás que indican para 1973 una baja de la producción agrícola del 20%, 22%, 22,5%, por el crimen que se está cometiendo con nuestra tierra una disminución de la producción industrial del 10%... ya se produjo en el último semestre del año pasado una disminución del 10% ; o sea es moderado en esta parte el informe del MAPU y un estancamiento de la producción minera.
El estancamiento, prácticamente, se ha producido en los dos años anteriores y ahora empezamos la baja. O sea el informe del MAPU sigue bastante moderado, ya que esta colectividad pertenece al Gobierno. Además esto es para el consumo interno, y no se trata de crear alarma entre ellos, sino de esconder esta política desastrosa.
El informe agrega que aumentará la cesantía que ya ha aumentado, cuyas consecuencias se están escondiendo en la práctica en las colas por el desabastecimiento, porque la mitad de las colas que hay, en el fondo, están permitiendo que mediante ellas viva gran parte de los cesantes que hay en el país.
Sigue el informe: Desde este punto de vista, los problemas aumentarán a partir de fines de febrero, debido a la concretización de los nuevos reajustas de salarios.
Y aquí viene la explicación de por qué el Gobierno ha querido demorar al máximo como afirmamos el proyecto de reajustes: porque teme que con este anticipo se le agrave la situación de crisis económica, tal como lo anticipaba internamente el informe del MAPU, el cual continúa:
En los últimos meses el ingreso de los trabajadores, en términos reales, tiende a disminuir debido al disparo de la inflación.
Y aquí descorren el velo respecto de otra tramoya con la que están tratando de engañar a los trabajadores, creyendo que éstos viven de números y no de alimentos, cuando les dicen que su participación en el producto bruto ha subido aun sesenta y tantos por ciento, cuando en el hecho como lo reconoce el informe del MAPU, con una inflación tan desmedida como la que vive el país, sólo podría producirse una tendencia a disminuir el poder adquisitivo y la participación de los trabajadores en la riqueza nacional.
Por último y ésta es una lápida a la política económica del Gobierno, el informe del MAPU, partido del Ministro de Hacienda, dice:
Si a ello se suma el desabastecimiento creciente, las colas y el probable aumento de la cesantía, la situación se vuelve altamente explosiva a corto plazo (abril o mayo) y exige de la UP una definición rápida.
Lo anterior explica esta nueva arremetida del Gobierno, esta nueva etapa de creación de fantasmas en que se empieza a hablar al país de nuevos paros, de sedición, de que la Oposición está buscando la guerra civil, como lo sostuvo el Presidente de la República el 1º de mayo, en circunstancias de que detrás de esto están escondiendo no sólo su intención, sino su estrategia histórica de buscar el enfrentamiento, y tratando de esconder también esta situación altamente explosiva de que hablaba el informe del MAPU a principios de marzo de este año o a fines de febrero.
El Gobierno es el único responsable del déficit fiscal y de la emisión.
La propaganda estatal ha pretendido hacer creer que la emisión desorbitada se ha originado en el despacho de reajustes desfinanciados por parte del Congreso Nacional. Esta es una maniobra propia del actual régimen que permanentemente ha recurrido a culpar a los demás de sus propios errores o de los efectos de sus políticas premeditadas.
Déficit programado para gastos extraordinarios.
En primer lugar, cabe señalar que la política del Gobierno, enunciada por su primer Ministro de Hacienda, el Ministro de Economía de la época y el Director de O DEPLAN, consignaba lo que pomposamente se denominó el Déficit Programado. Este déficit que a comienzos de 1971 se estimó en 6.026 millones de escudos, es de la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo y, por cierto, también lo son las emisiones a que esta política ha dado origen. Fue él quien solicitó al Congreso Nacional la autorización para emitir billetes por esa suma para financiar gastos para planes de desarrollo que no se hicieron, pese a lo cual se gastó el dinero emitido.
Menor tributación en el área estatal.
En segundo lugar, la forma como se ha realizado la política del Gobierno de incorporar un gran número de empresas industriales al área social, ha significado una disminución en la tributación y, naturalmente, ha influido sobre el déficit fiscal. Las contrataciones masivas en esas empresas, la mantención de los precios artificialmente bajos y las ineficiencias generalizadas en esa área han sido causas fundamentales que han hecho desaparecer las utilidades y, consecuencialmente, los tributos.
Menor tributación del cobre.
En tercer lugar, el desaparecimiento de la tributación a las empresas del cobre ha sido también, por política de Gobierno, una fuente de financiamiento que ha desaparecido. Los ingresos fiscales por este concepto han disminuido en alrededor de 220 millones de dólares cada año por sobre lo presupuestado.
Menor tributación por baja de producción y el mercado negro.
En cuarto lugar, la baja de producción que hemos anotado representa también menores ingresos tributarios. Los ingresos dependen del nivel de actividad y producción: 10% menos de producción industrial y agrícola en 1972 y un 15% y un 22%, respectivamente, en 1973 representan proporcionalmente un menor ingreso. El mercado negro y el contrabando, productos de una política de precios y cambiaría consciente, también disminuyen esos ingresos.
En quinto lugar, junto con una menor tributación por baja de producción en el campo, hay también un menor ingreso por contribución de bienes raíces en el área reformada. La propiedad agrícola reformada que no pasa de manos del expropiado al trabajador, sino que permanece en poder del Estado, deja de pagar la contribución fiscal.
Mayor gasto por contratación política y altas rentas de los burócratas.
En sexto lugar, los costos del reajuste se han visto automáticamente incrementados por la contratación política masiva de funcionarios públicos y los cambios de escala que ha realizado el Gobierno en las plantas y cuya responsabilidad naturalmente no puede cargarse al Congreso Nacional. Las altas rentas asignadas a los jerarcas del régimen son otro factor del déficit. Según un estudio del Instituto da Economía de la Universidad de Chile, Sede Occidente qua ya citamos en este Senado, las rentas promedio del personal contratado después de noviembre de 1970, cuando la Unidad Popular asumió el Poder, son muy superiores a las de los funcionarios contratados con anterioridad. Las masivas contrataciones en el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, CORFO, etcétera, son responsabilidad del Gobierno. No pretenderá el Ejecutivo imputar al Congreso la responsabilidad del costo de las guardias de choque, de cascos amarillos, que en número de 10 mil ha contratado el Ministerio de la Vivienda, o las armas y otros elementos con que las ha dotado, o las que utilizan los funcionarios del mismo para cometer crímenes políticos.
Aumento del gasto en las instituciones: públicas.
En séptimo lugar, las transferencias a. organismos del sector público se han incrementado por iniciativa del Gobierno y han contribuido también al déficit en forma importante.
Mayores gastos diversos.
Por último, los mayores gastos derivados de la aplicación del 2% constitucional, las leyes reservadas y las cuentas pendientes, son fuentes de desfinanciamiento que también son responsabilidad del Gobierno.
En suma, durante. 1971 y 1972 el Gobierno ha gastado 47,2% y 68% más que en 1970, en moneda constante, y en 1973 el gasto fiscal llegará al doble que el de 1970, en igual moneda.
Junto con aumentar desmesuradamente los gastos, el Gobierno ha reducido el rendimiento de los tributos directos, a pesar de que en el reajuste de octubre el Congreso aprobó el pago de los impuestos a la renta a medida que ésta se produce y no con el retraso de un año como era el sistema anterior, con un ingreso mayor muy importante.
Sobre la política del Gobierno de quitar fuentes de financiamiento al Presupuesto Fiscal para utilizar los recursos a espaldas del Congreso Nacional, es útil citar lo que sucede con la gran minería del cobre.
En 1970 el cobre contribuyó con 268 millones de dólares al financiamiento fiscal y, de haberse seguido una adecuada política de explotación, dicha contribución debió ser de 218 millones en 1971 y 1972, y de no menos de 235 millones en 1973.
El señor MONTES.- ¿Me permite una interrupción?
El señor MUSALEM.- Sus Señorías disponen de tiempo con posterioridad, y en esa ocasión pueden contestar mis argumentos.
Pues bien, las cifras oficiales del Gobierno revelan que en 1971 y 1972 la contribución ha sido de 38 millones y 50 millones, respectivamente, esperándose para 1973 una contribución de no más de 55 millones.
No contentos con haber disminuido los ingresos en dólares, implantan una política cambiaría que representa un segundo zarpazo al Presupuesto, al mantener un tipo de cambio artificialmente bajo. Los recursos que se originan en las exportaciones de cobre, prácticamente han desaparecido del presupuesto fiscal. Lo mismo sucede con los de las municipalidades que participaban de dicha tributación.
El Banco Central, mediante su política de liquidar los dólares del cobre a un cambio bajo, ha logrado el doble objetivo de crear desfinanciamiento del presupuesto fiscal y a la vez orientar el destino de los recursos que a voluntad quita a esas empresas y al Presupuesto, al margen de éste, o sea gastarlos como le viene en gana. De esta manera se aumenta el déficit fiscal y se pretende culpar de ello al Congreso.
Los menores ingresos que se producen como consecuencia de tales maniobras, unido a lo que significa el déficit programado 6 mil millones de escudos en 1971, hacen que el Gobierno sea responsable por montos de desfinanciamiento que alcanzan a 8.666 millones en 1971; 15.154 millones en 1972 y 30.698 millones de escudos del déficit que se produzca en 1973.
Esa sola maniobra explica el 80% del déficit existente, y si se agregaran los menores ingresos por tributación de las empresas del área social y los despilfarros por diversos conceptos, unidos al aumento de las contrataciones políticas, se explicaría prácticamente el total del déficit como responsabilidad única del Gobierno.
Esas son las causas u orígenes del cuantioso déficit fiscal existente, y no la falta de financiamiento de las leyes de reajuste, como la Unidad Popular pretende hacer creer.
Maniobras inescrupulosas para culpar al Congreso.
Para crear esa imagen torcida, el Gobierno no omite la mentira y el falseamiento de información en que incurren sus Ministros y funcionarios. Es así como no han contabilizado las provisiones para reajustes que existían en los presupuestos de 1971 y 1972.
El Gobierno propuso rendimientos a partir sólo de enero de 1973 para el reajuste de octubre, situación que le sirve hoy para culpar al Congreso de ese desfinanciamiento, mediante una contabilidad chueca de esos ingresos anuales que financian un gasto también anual y no por meses. Podemos agregar a lo anterior que el propio Ministro Millas reconoció en las Comisiones, en octubre del año pasa
do, como lo hace hoy el MinistroFlores, los mayores ingresos que el Fisco tiene con la inflación, no obstante lo cual los vetó como financiamiento de ese reajuste, precisamente para culpar después el Congreso de despachar desafinanciadas las leyes de reajuste, como se lo hice ver en la Sala del Senado en esa oportunidad. Esos mayores ingresos, sólo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, llegaron a 3.747 millones de escudos.
Este conjunto de maniobras torcidas quitan seriedad a un Gobierno y hacen imposible tener fe en sus afirmaciones o en los antecedentes que entrega. Estas maniobras torcidas tienen mayor gravedad y muestran a un Gobierno sin escrúpulos y de mentalidad totalitaria cuando son usadas profundamente para orquestar una campaña publicitaria tendiente a engañar al pueblo ya culpar al Congreso de los manejos que el mismo Gobierno realiza contra los trabajadores en, su afán de alcanzar el poder total.
Queda claro, entonces, que el déficit fiscal y la emisión son, fundamentalmente, la consecuencia de una política consciente del Gobierno de incremento del gasto, sin límite racional alguno, y, por otro lado, los efectos de su propia política e ineficiencia, que llevan a la disminución de los ingresos fiscales en forma alarmante. Se aumentó el gasto del presupuesto al doble entre 1971 y 1973 en valores reales, a sabiendas de que los ingresos fiscales no podrían alcanzar igual nivel.
Esta es también la razón por la cual el Gobierno dice no estar en condiciones de dar reajuste del 100% del alza del costo de la vida, lo que lo llevó a mentir y a hacer una campaña publicitaria tortuosa para culpar de todo al Congreso.
Financiamiento del reajuste.
Frente a esos niveles de gasto fiscal desmesurado por el despilfarro y mal uso de ellos en contrataciones partidarias, altas rentas a los jerarcas del régimen, y
otros gastos, y frente a los menores ingresos por la baja de producción general, por la pérdida de utilidades de las empresas del área estatal, y menores ingresos presupuestarios por la baja producción de cobre, el Gobierno pretende que el reajuste se financie sólo con nuevos impuestos directos sin aportar él los mayores ingresos de la inflación. Argumenta que ésa es una forma justa, puesto que sólo afectaría a los ricos.
Los trabajadores deben saber que aunque se destine el total de las utilidades líquidas de las empresas incluidas las pequeñas y medianas, ellas no alcanzan a financiar el reajuste, porqué el Gobierno ha liquidado la gallina de los huevos de oro, esto es, las fuentes de producción y utilidades, empezando por las del área estatal y el cobre. Esto demuestra hasta qué punto el Gobierno engaña al pueblo cuando su propaganda afirma que los ricos deben financiar el reajuste, a sabiendas de que todas las utilidades no son suficientes.
En el fondo del problema está la triste realidad de que aun cuando se aumentara a] doble toda la tributación directa (situación imposible de aplicar en muchos casos, porque sería superior al 100% de los ingresos), no se obtendrían recursos suficientes para financiar el reajuste.
El Gobierno así lo entiende y por ello su insistencia en no reponer todo el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. De esta manera, la política del Gobierno es la de hacer pagar también a los asalariados (por no reposición de sus ingresos) el peso de los errores de su nefasta política económica, aparte de hacerlos financiar en parte importante su propio reajuste.
La única manera de que no se haga pagar también a los asalariados, es devolverles el 100% del poder adquisitivo perdido y, para ello, inevitablemente, el Gobierno debe utilizar los mayores recursos que el proceso inflacionario le reporta.
Es un hecho que los ingresos del fisco aumentan más que proporcionalmente con las alzas de precios. Otro tanto sucede con la tributación de sueldos y salarios. Los trabajadores en cada reajuste le pagan un mayor impuesto al Gobierno. Es lógico que el Gobierno no se quede con esas mayores entradas y se las devuelva, incorporándolas a su financiamiento. Otra cosa sería robarles parte de sus ingresos. Por eso hemos propuesto incorporar al financiamiento del proyecto parte de las ganancias o mayores ingresos que el Gobierno tiene con la inflación. Las pérdidas del área estatal son mucho mayores de lo que se necesita para financiar este proyecto.
Bonificación del dólar de importación y sus efectos negativos.
En cuanto a la bonificación del dólar de importación y sus efectos negativos, debemos decir que es indispensable terminar con la desacertada política de subvencionar mediante el tipo de cambio artificialmente bajo a todas las actividades que emplean materias primas importadas.
Ello es fuente de ineficiencias en la producción y origina el contrabando hacia el exterior, mercado negro y especulación, factores todos que limitan los ingresos fiscales y es fuente de enriquecimiento ilícito de un reducido número de personas que tienen acceso a los productos que se fabrican con materias primas importadas.
Por ello, el Partido Demócrata Cristiano ha propuesto que se proceda a financiar parte del reajuste gravando con un impuesto el tipo de cambio. La argumentación del Gobierno en el sentido de que dicho impuesto sería inflacionario, no resiste el menor análisis a la luz de la experiencia vivida en Chile durante los últimos diez años.
Mientras durante el Gobierno del Presidente Frei se mantuvo una política cambiaría de ajuste permanente, la inflación fue, en promedio equivalente a la sexta parte de la que hoy nos afecta con una política de devaluaciones especiadas. Por otro lado, a pesar de que, a partir del mes de agosto de 1972 no se altera la cotización del dólar, los precios internos han subido en más de 100%.
Lo que el Gobierno tendrá que entender es que las causas reales del actual proceso inflacionario se encuentran en su política económica.
Nuevo brote inflacionario.
Lo grave es que el cuadro económico planteado se mantenga o se ahonde; porque, de ahora en adelante, serán los trabajadores los que paguen el pato de los efectos nefastos de su política. De seguir bajando la producción y si las pérdidas del cobre y del área estatal continúan y se mantiene la política artificial de precios y de cambio, la situación de los trabajadores será más angustiosa. Desgraciadamente, al Gobierno no le interesa hasta ahora rectificar políticas, errores e ineficiencias. Lo ha demostrado, y su alarde en cuanto a que luchará contra la inflación no pasa de ser una táctica para esconder la verdadera intención de estimular las alzas. Continúa la misma política de emitir billetes, de elevar el gasto fiscal improductivo y de desaliento del ahorro y la producción. Consecuencia de la misma política económica, se inició después de las elecciones de marzo, y más particularmente en abril, una nueva ola de alzas. Signo de ella son las siguientes: un 700% de alza para las cecinas; 250% los vinos; 70,1% el pan; 300% el agua potable; 100% los dentífricos; ropa de invierno, 400%, etcétera. La desastrosa política de precios tiene en la bancarrota a las empresas estatificadas, al punto de que muchas de ellas han paralizado sus ventas a la espera de que el Gobierno les autorice nuevos precios en concordancia con los costos.
Otro tanto sucede a la mediana y pequeña, empresa particular. Se repite una vez más el fenómeno de julio de 1972 que obligó al Gobierno a generalizar una política de alzas de precios desmesuradas para evitar la quiebra y paralización de la producción. Las medidas económicas del Gobierno están produciendo una nueva aceleración de los precios.
5ºInflación: una política deliberada.
Tanto la experiencia chilena como la histórica nos llevan a la conclusión de que el Gobierno marxista está provocando la inflación a conciencia para captar los excedentes o ahorros de la burguesía, primero, y de los trabajadores, ahora; para proletarizar a la clase media; para acumular el poder financiero y económico en manos del Estado y subordinar y hacer dependiente a los chilenos y también para acusar a la Oposición de estar provocando el flagelo. Para acumular todo el poder en sus manos, están aplicando, calcadas, las mismas políticas que los economistas de comienzos de la revolución rusa recomendaron para ese país. La inflación que melló a muchos Gobiernos en el pasado pasa a ser una herramienta eficaz para la toma del poder total en manos del marxismo.
Por eso es claro que al Gobierno no le interesa terminar con la inflación, sino que, por el contrario, prefiere mantenerla y, según las circunstancias, que ella se acreciente. Las declaraciones en contrario obedecen sólo a la duplicidad táctica que emplean para engañar y despistar respecto del verdadero juego en que están, esto es, la toma del poder y la implantación de un régimen totalitario.
Esta inflación desbocada, consecuencia de persistir en la toma del poder total, es el peor presagio para los trabajadores chilenos, que empiezan ahora a sufrir las consecuencias de una política de remuneraciones que se basa en la redistribución de ingresos entre trabajadores de más altas y más bajas rentas, para llegar en la medida del empobrecimiento del país y de las exigencias de la toma del poder a un descenso general de remuneraciones.
Conclusión.
1) Como conclusión, podemos decir que la política de reajuste discriminatoria no es sino la intención del Gobierno de hacer pagar a los asalariados el precio de sus errores. La crisis económica desatada por la actual Administración afectó primero a los sectores de altos ingresos y ahora afecta directamente a los trabajadores.
2) El proceso inflacionario ha sido determinado por la política monetaria, fiscal y de ahorro seguida por el Gobierno, a la vez que mediante el desaliento de la producción. Producida la inflación, creada en forma deliberada, intenta usarla como herramienta expropiatoria de los sectores que, no teniendo capitales, el Gobierno comienza a quitarles sus sueldos o salarios.
3) La negativa del Gobierno a rectificar su política cambiaría, a utilizar los ingresos de la inflación para financiar el reajuste, a seguir restando fuentes de financiamiento del Presupuesto Fiscal para utilizarlas en forma extrapresupuestarias, y el mantener un alto volumen de ocupación política disfrazada, conduce inevitablemente a incrementar el déficit fiscal y, por intermedio de él, a tener pretexto para no otorgar reajustes verdaderos a los trabajadores fiscales.
4) Esta actitud deliberada, unida a las altas tasas de inflación, pone en serio peligro las remuneraciones de vastos sectores de clase media y sectores de menores ingresos que, después de recibir por dos veces estos reajustes discriminatorios, verán reducidos sus ingresos en 40% a lo menos.
Nada más.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Restan tres minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Queda inscrito para la tarde, en primer lugar, el Honorable señor Valente. Se suspende la sesión hasta las 15.
Se suspendía a las 13.27.
Se reanudó a las 15.4.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Valente.
El Comité Radical ha cedido su tiempo al señor Senador, por lo tanto puede usar de la palabra hasta por 57 minutos.
El señor VALENTE.- Señor Presidente, en las elecciones presidenciales de 1970, el pueblo de Chile se definió mayoritariamente en favor de una política de cambios estructurales y de sustitución del sistema capitalista. Dos tercios del electorado sé inclinaron en favor de los programas que planteaban transformaciones estructurales: por la construcción de una nueva sociedad socialista-comunitaria, en el caso de la candidatura del señor Radomiro Tomic, o por la construcción planificada y gradual de una sociedad socialista, según lo expresaba la Unidad Popular, con Salvador Allende. Ambos programas recibieron impresionante respaldo ciudadano, exteriorizando así, los chilenos, sus anhelos de cambios y su voluntad de eliminar las causas del atraso y del subdesarrollo, de la dependencia de nuestra economía del capital imperialista, de la acción nociva de los monopolios nacionales y del peso aplastante de la estructura agraria expresado en el latifundio.
En este cuadro programático triunfó, por ser más claro y definido, el programa de la Unidad Popular. Resultó derrotada en forma estruendosa la tesis del candidato de los monopolios y del capitalismo, porque los chilenos no aceptaron continuar regidos por aquellos grupos sociales que, a lo largo de un, siglo y medio, facilitaron a las empresas extranjeras la apropiación de nuestras riquezas básicas y a la oligarquía nacional la monopolización de la industria, el comercio, la actividad bancaria y financiera y la tenencia de la tierra.
Herencia de los Gobiernos oligárquicos.
El Gobierno Popular, que preside Salvador Allende, está dando metódico y estricto cumplimiento a su programa. Las transformaciones estructurales, sociales y políticas realizadas en tan sólo treinta meses han permitido recuperar para Chile actividades fundamentales para la economía, necesarias para el desarrollo sano de ella. Un puñado de monopolistas nacionales y poderosos trust internacionales han sido lesionados, los cuales, en estrecha conjunción de intereses, se adueñaban del producto del esfuerzo y del trabajo de todos los chilenos.
No es casual, entonces, que los reaccionarios hayan consolidado su alianza con los tenebrosos monopolios imperialistas como la I.T.T., la Kennecott, la Anaconda, Rockefeller y la C.I.A., para sabotear la economía de Chile, sumir al país en la anarquía, provocar la lucha sangrienta entre los chilenos y derrocar al Gobierno legal y constitucional.
¿Qué defiende la oposición reaccionaria?
La influencia directa o indirecta que el capitalismo monopolista ejerció hasta 1970 en la conducción de la economía del país, la no menos funesta presencia del capital foráneo y la presión imperialista sobre los Gobiernos de entonces, amoldaron el desarrollo económico chileno a sus intereses y a sus conveniencias. La economía de Chile se hizo cada vez más dependiente; las ganancias de los financistas nacionales y del capital extranjero crecían sin límites, en la medida en que, a la inversa, se empobrecían los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, y se agudizaban, a niveles de catástrofe nacional, el estancamiento económico, el subdesarrollo y nuestra dependencia.
Hacer un paralelo entre el comportamiento de los Gobiernos reaccionarios y la nueva orientación que el Gobierno Popular ha impreso al desarrollo económico del país, permite apreciar, con mucha claridad, los importantes éxitos logrados por la Unidad Popular en defensa de los intereses de las grandes mayorías nacionales y el elevado patriotismo con que ha actuado el Gobierno en su incesante lucha por generar una estructura económica que profundice nuestra independencia y amplíe nuestra soberanía.
Analicemos, comparativamente, los rasgos más importantes de nuestra economía, antes y después de 1970:
I) Riquezas básicas estratégicas.
a) En los Gobiernos reaccionarios: entrega de los recursos naturales básicos y estratégicos al capital imperialista extranjero. Grandes empresas internacionales se apoderaron de nuestro cobre, hierro, salitre y otras riquezas fundamentales para nuestro desarrollo económico. Tan sólo en 20 años los monopolios foráneos retiraron del país más de 4 mil millones de dólares. Chile fue convertido en país subvencionador de los gigantescos trusts internacionales.
Hasta 1970, las empresas Anaconda y Kennecott obtuvieron y retiraron ganancias de nuestro país por un valor superior a 1.800 millones de dólares. Si esos recursos los hubiese percibido Chile y destinado, por ejemplo, a la construcción de viviendas, todas las familias chilenas serían propietarias de una casa y el déficit habitacional habría desaparecido.
Es necesario decir, además, que entre 1966 y 1970 tan sólo en cinco años, estas empresas se incautaron de 515 millones de dólares como resultado del brillante negocio que significó para los consorcios imperialistas citados, el convenio de chilenización o nacionalización pactada de Frei.
b) En el Gobierno Popular: nacionalización de todas nuestras riquezas básicas. Las cinco grandes empresas de la gran minería del cobre son administradas y dirigidas por técnicos y trabajadores chilenos. A continuación, señalaré algunos datos comparativos:
En 1970 se produjeron 541 mil toneladas de cobre, y en 1972, si consideramos el período comprendido entre mediados de 1971 y 1972, la producción alcanzó a 593 mil toneladas. En cambio, entre 1967 y 1970, durante la administración norteamericana de las empresas, la producción sólo aumentó en 3 mil toneladas. Es decir, en sólo año y medio repito las empresas, en manos de trabajadores y profesionales chilenos, aumentaron su producción en 52 mil toneladas. Esta producción pudo ser mayor a no mediar el sabotaje de los ex dueños norteamericanos que florearon los minerales y cometieron graves fallas técnicas en sus inversiones, las que debieron ser corregidas por la administración chilena, por nuestros técnicos, profesionales y obreros, que han demostrado mayor eficiencia y capacidad.
II) Desarrollo industrial y producción.
a) En los Gobiernos reaccionarios: cada vez más las industrias fueron concentrándose en unos pocos monopolistas que dominaban sin contrapeso esta actividad vital. Es revelador el hecho de que en 1966 tan sólo diez poderosos accionistas controlaban el noventa por ciento del capital de las 70 empresas industriales más importantes del país. La producción industrial se orientaba a favorecer a las capas sociales más ricas. Al mismo tiempo, la concentración industrial en manos de unos pocos capitalistas, que producían preferentemente para determinados sectores de consumidores, mantenía ociosa una parte considerable de la capacidad industrial instalada, lo que, consecuentemente, generaba desocupación.
b) En el Gobierno Popular: la eliminación paulatina del monopolio industrial y la creación, simultáneamente, del área de propiedad social, ha permitido que importantes manufactureras estén administradas y dirigidas por los trabajadores y que la producción se haya orientado a satisfacer las necesidades de la gran masa de la población.
Entre 1965 y 1970, la producción industrial creció en 3,8% de promedio anual. En los dos primeros años de Gobierno Popular, la producción manufacturera ha aumentado en 16%, a un promedio anual de 8%. El mayor incremento corresponde a las empresas del área social, lo que indica que los asalariados son más eficientes administradores que los patrones.
El producto geográfico bruto en los dos primeros años de los últimos tres Gobiernos revela las siguientes cifras comparativas:
Tasa ere Tasa crecimiento cimiento producto per cápita geográfico bruto
1959-1960 (Alessandri) 1,9% 0,5%
1965-1966 (Frei) 6,0% 3,5%
1971-1972 (Allende) 7,1% 5,3%
Esta relación prueba la magnitud del esfuerzo realizado por la economía nacional en cuanto al valor de la producción generada en los dos primeros años del Gobierno Popular.
Igualmente, entre 1961 y 1970, el gasto del producto geográfico bruto (G.P.G.B.) alcanzó un promedio de 4,5% anual, y en los últimos tres años del decenio anterior (1968-1970), el índice llegó al 3% anual, lo que representa un crecimiento per cápita inferior a 1%.
Con razón la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) señaló, en el estudio analítico del comportamiento de la economía chilena, que en 1970 el producto interno bruto aumentó en 2,5%, tasa ligeramente superior a la del crecimiento de la población del país estimada en alrededor del 2% anual. Continúa, de esta forma, el pausado ritmo de desenvolvimiento de la economía chilena que se registra a partir de 1967: 2,3% en 1967; 2,9% en 1968; 3,1% en 1969. El ingreso real creció sólo en 1,4% en 1970, uno de los más bajos del mundo.
En cambio, la tasa de crecimiento del producto nacional fue, en .1971, de 8,3%, y como promedio para el bienio 1971-1972 se registra un crecimiento de 6% anual.
III) Tenencia de la tierra y producción agropecuaria.
a) En los gobiernos reaccionarios: las tierras estaban en manos de uno pocos latifundistas. A fines del decenio 19611970, el 1,3% de los propietarios agrícolas era dueño de más de las dos terceras partes de las tierras cultivables del país. Tres mil trescientos predios, de un total de 253 mil, tenían una superficie superior a las mil hectáreas. Los dueños de estos 3.300 predios controlaban más de 15 millones de hectáreas. La producción agrícola se mantuvo estacionaria por diferentes causas. Los latifundistas no reinvertían los excedentes de la explotación agropecuaria en la modernización de la producción ni en la habilitación de nuevas áreas de cultivo. Estos excedentes eran desviados a inversiones especulativas en los sectores urbanos. La escasez de alimentos agropecuarios era cada vez mayor y sus consecuencias se evidenciaron, entre otras, en la creciente desnutrición de la población de menores ingresos, en las altas tasas de mortalidad infantil y en la necesidad de importar cada vez más alimentos.
b) En el Gobierno Popular: se aceleró y profundizó la reforma agraria poniéndose fin al latifundio. En manos de los campesinos está casi la mitad de las tierras cultivables.
Contrariamente a lo que afirma la campaña de la Reacción, que se esfuerza en presentar la reforma agraria como fracasada, en 1971 la producción agropecuaria aumentó en 5,1%, y en 1972, en 1,7% más. Este crecimiento se logró por la alta conciencia de los campesinos y de los profesionales del sector agrario, que vencieron la inicial inexperiencia del proceso de reforma y se sobrepusieron a la desconfianza sembrada entre los pequeños y medianos productores por sectores interesados en, el fracaso del proceso, no obstante el perjuicio que los factores climáticos hicieron en las siembras de invierno y el que el sabotaje patronal del paro de octubre provocó en las siembras de primavera.
También ha dificultado el proceso de producción el atraso habido en la entrega de abonos y en el abastecimiento de otros insumos. La distribución de los productos también ha sido obstaculizada por la incapacidad de las instalaciones portuarias para las faenas de embarque y desembarque, la falta de medios de transporte terrestre y bodegas de almacenaje.
A pesar de estas deficiencias, no ha habido contracción en la producción agropecuaria. La planificación de la producción planteada por los organismos del Ministerio de Agricultura ha fijado metas decisivas para la temporada agrícola 1973-1974. Se prepara la siembra de 1.549.000 hectáreas con catorce productos fundamentales para la alimentación del pueblo y para dotar de materia prima a las industrias productoras de alimentos. Esta siembra significa 300 mil hectáreas más de lo programado en 1972-1973. ODEPA (Oficina de Planificación Agrícola) ha trazado las proyecciones de la producción agropecuaria de cuatro rubros fundamentales en las distintas zonas del país: trigo, maíz, raps y remolacha.
Solicito la inserción en esta parte de mi discurso de un cuadro que amplía la información.
El documento, cuya inserción se acuerda posteriormente, es del siguiente tenor:
LAS METAS EN MAIZ.
Metas
Zonas en Héct.
AtacamaCoquinjbo 700
AconcaguaValparaíso 1.700
Santiago 6.900
OHiggins Colchagua 29.500
CuricóTalca 49.300
LinaresMaule 10.800
Ñuble 18.000
ConcepciónArauco 13.300
BíoBíoMalleco 3.300
Cautín 7.300
ValdiviaOsorno 800
Esto da un total de 141.600 hectáreas de siembra de maíz, que es el marco nacional en este rubro.
LAS METAS EN TRIGO.
Metas
Zonas en Héct.
AtacamaCoquimbo 19.337
AconcaguaValparaíso 29.000
Santiago 55.000
OHigginsColchagua 80.000
CuricóTalca 52.500
LinaresMaule 63.000
Ñuble 110.000
ConcepciónArauco 28,500
BíoBíoMalleco 138.500
Cautín 135.500
ValdiviaOsorno 80.000
Llanquihue 12.000
Esto da un total de 793.500 hectáreas de trigo que hay que sembrar este año.
LAS METAS EN REMOLACHA.
Metas
Zonas en Héct.
OHigginsColchagua 1.000
CuricóTalca 7.000
LinaresMaule 8.000
Ñuble 9.000
ConcepciónArauco 500
BíoBíoMalleco 9.100
Cautín 1.000
ValdiviaOsorno 4.800
Llanquihue 1.100
Esto da un total de 41.500 hectáreas de siembra de remolacha, consideradas en el marco nacional en este rubro.
LAS METAS EN RAPS.
Metas
Zonas en Héct.
Santiago 500
OHigginsColchagua 500
CuricóTalca 2.500
LinaresMaule 1,690
Ñuble 2.200
ConcepciónArauco 1.500
BíoBíoMalleco 10.500
Cautín 30.000
ValdiviaOsorno 23.000
Llanquihue 4.500
Esto da un total de 77.500 hectáreas de raps que deberemos sembrar este año.
Por primera vez se traza una perspectiva científica en la programación de los planes de producción agropecuaria sin descuidar, por supuesto, el abastecimiento oportuno de insumos, la disponibilidad de medios de transporte eficientes y la creación de 80 pools de maquinarias a lo largo del país, de acuerdo con las necesidades de cada zona.
El señor FONCEA.- ¿De qué país está hablando el señor Senador?
El señor MUSALEM.- Ni siquiera la Unión Soviética está a ese nivel. Las cifras reales son muy distintas.
El señor VALENTE.- Pido a la Mesa que haga respetar mi derecho. Yo no he interrumpido a los señores Senadores que han hecho uso de la palabra. Por lo demás, ya dispondrán de tiempo Sus Señorías para intervenir después. Si desean hablar de algún problema en particular, podemos hacerlo en cualquier momento.
Continúo, señor Presidente.
IV.- Desocupación.
a) En los Gobiernos reaccionarios: los empresarios monopolistas mantuvieron ociosa parte importante de la capacidad industrial instalada. Las razones fueron diversas: orientación de la producción a satisfacer a una élite de consumidores; contracción de la demanda por el escaso poder adquisitivo de las grandes masas de trabajadores; aplicación de una política de especulación en los precios provocada por una intencionada limitación de la producción.
En 1970 la tasa de desocupación alcanzó a 7,1%. En el Gran Santiago llegaba, en diciembre de 1970, a 8,3%. Alrededor de 300 mil chilenos no tenían trabajo, medios de sustento ni perspectivas de un empleo seguro.
b) En el Gobierno Popular: el aprovechamiento a plenitud de la capacidad industrial instalada, el fuerte aumento de la producción y la creación de nuevas ocupaciones, conjuntamente con el importante crecimiento de las actividades de la construcción, redujeron la tasa de desocupación a sólo 3,2%, la más baja de los últimos 15 años. Más de 250 mil nuevos trabajadores han sido incorporados al trabajo. Con sus familias, son más de 500 millos chilenos que ahora tienen acceso al consumo y a la alimentación segura y permanente, que antes les negaban los Gobiernos reaccionarios.
V. Redistribución del ingreso.
a) En los Gobiernos reaccionarios: en el período 1959-1964 (Gobierno de Alessandri) la participación de los trabajadores en el ingreso geográfico alcanzó a 49,2% de promedio anual. Entre 1965 y 1970 (Gobierno de Frei), los trabajadores percibieron tan sólo el 51,7% de promedio anual. Tradicionalmente, el mayor ingreso por participación en el producto geográfico correspondió a los sectores empresariales.
b) En el Gobierno Popular: una adecuada política de redistribución del ingreso, reflejada en el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores a través de los reajustes directos, estricto control de precios, participación organizada de los trabajadores y dueñas de casa en la lucha contra la especulación a través de las JAP, y en la entrega de otros beneficios sociales y económicos indirectos, permitió a los asalariados aumentar considerablemente su participación en el ingreso nacional. En efecto, la participación promedio anual de 51,7% del sexenio 1965-1970, aumentó en 1971 a 58%, y en 1972, a 66,1%. Los trabajadores obtienen, pues, los dos tercios del ingreso geográfico, participación que tiende a acrecentarse con la aplicación de la política económica del Gobierno Popular.
Solicito insertar en mi discurso el siguiente cuadro, que amplía la información sobre esta materia.
El cuadro, cuya inserción se solicita, es del siguiente tenor:
Alza
Año costo vida Reajuste
1960 33,3% 0 %
1961 5,4% 5 %
1962 9,7% 4,8 %
1963 27,7% 3,12%
1964 45,4% 31,0 %
Promedio quinquenio
1965 38,4% 38,4 %
1966 25,9% 20 %
1967 17 % (sec, púb.) o %
1968 21,9% 21,9 %
1969 27,9% 23,9 %
1970 29,3% 29,3 %
Promedio sexenio
1971 34,9% 37,6 %
1972 22,1% 28 %
Distribución
ingreso Geográfico
asalariados Empresarial
51,6% 48,4%
50,7% 49,3%
49,7% 50,3%
47,3% 52,7%
46,8% 53,2%
49,2% 50,8%
50,6% 49,5%
50,8% 49,2%
50,6% 49,4%
52,3% 47,7%
51,2% 48,8%
54,9% 45,1%
51,7% 49,3%
58 % 42 %
66,1% 33,9%
En 1968, el 46% del ingreso nacional se repartía entre el 2% de las familias chilenas, mientras que el 17% del ingreso era repartido entre el 60% de las familias.
En 1970 el 67% de los obreros ganaba menos de un sueldo vital. En 1972, en cambio, los obreros que ganaban este salario eran menos de 20%.
En 1970, por otra parte, sólo el 20% de los obreros ganaba entre uno y dos sueldos vitales. En 1972 el porcentaje de obreros que ganaban ese salario era superior a 45%.
A pesar de que entre 1967 y 1970 el cobre alcanzó el precio más alto de la historia del país, permitiendo un incremento importante de las exportaciones, el producto nacional sólo acusó un crecimiento de 3,1% de promedio anual, una de las tasas más bajas de América Latina. Este estancamiento fue acompañado de una tasa de desempleo creciente, la inflación mantuvo su ritmo de crecimiento crónico, la redistribución era favorable a los sectores empresariales y las tasas de acumulación se mantenían bajas. Eran las consecuencias de una política económica tendiente a amparar cada vez más a los grupos empresariales monopolistas y a las inversiones foráneas.
Es significativo el resultado de un trabajo hecho por el Centro de Estudios de la Realidad Nacional de la Universidad Católica (CEREN). Sus autores (Urs MüllerPlantenberg y Franz Hinkelammert) exponen en la investigación realizada conclusiones como las siguientes:
Entre fines de 1970 y 1971 las familias clasificadas en los tramos de menores ingresos obtuvieron un aumento en su poder adquisitivo de 62,2%. En ese período la tasa inflacionaria alcanzó a poco más de 20%. Esto significa, refiriéndose a moneda nacional, que la familia que en 1970 tenía un ingreso de Eº 1.200, lo aumentó en 1971 a Eº 1.946. El incremento real del poder adquisitivo en los ingresos de las familias más modestas fue exitoso. Este incremento fue gradualmente descendente en los sectores de ingresos más altos.
Se sabe que la base de los cálculos de los reajustes es fundamentalmente el índice de precios al consumidor (IPC). El actual índice considera la influencia que tienen en el gasto familiar cuatro grupos de artículos: alimentos, vivienda, vestuario y varios. Los ingresos familiares, a su vez, están clasificados en cinco grupos: a) de menos de dos vitales; b) de dos a cuatro vitales; c) de cuatro a seis vitales; d) de seis a ocho vitales. Para ponderar cada grupo de artículos, el cálculo dé IPC se basó en el gasto promedio de las familias con ingresos de cuatro vitales. El resultado permite obtener importantes conclusiones:
a) Alimentación. Una familia con un ingreso menor de dos sueldos vitales gasta más de la mitad de su renta (50,5%) en alimentación, en tanto que la familia de ingresos superiores a ocho sueldos vitales invierte en alimentarse sólo la cuarta parte de sus ingresos (25,9).
b) Vivienda. Los grupos de ingresos inferiores a dos vitales destinan menos de la cuarta parte de sus rentas (23,5%) a vivienda, mientras que los grupos de ingresos superiores a ocho sueldos vitales gastan el 24,2%.
c) Vestuario. Los grupos de ingresos menores a dos sueldos vitales gastan solamente el 10,8% de sus remuneraciones, en tanto que los de ingresos mayores de 8sueldos vitales destinan casi el 14% a esos gastos.
Solicito que se incluya en esta parte de mi intervención un cuadro con datos más completos sobre el tema.
El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:
Principales grupos de artículos ponderados en el IC y su influencia en el gasto familiar. Gran Santiago. 1968-1969.
Familias con ingresos de:
Ponderación Grupos de Hasta 2 2 a 4 vitales 4 ¡ 6 vitales 6 a 8 vitales Más de
en el artículos , vitales 8 vitales
IPC
41,73 a) Alimentación 50,5% 44,7% 39,2 34,7 25,9
22,21 b) Vivienda 23,5 20,1 22,6 24,5 24,2
14,83 c) Vestuario 10,8 14,3 16,6 15,9 13,9
21,23 d) Varios 15,2 20,9 21,6 24,9 36,0
Reajuste desigual.
El señor VALENTE.- En 1972 (enero-septiembre), el Gobierno otorgó un reajuste general de 99,8%, igual al alza del costo de la vida alcanzada en el período.
Si consideramos que las familias de ingresos más bajos consumen el 50% de sus rentas en alimentación, y si advertimos que la inflación se descarga mayormente en los precios de los alimentos, concluiremos que en la capacidad de compra de estas familias se produce un real deterioro de su poder adquisitivo.
Cabe señalar, por otra parte, que el gasto por alimentación aparece subponderado en el IPC (41,73%) en el caso de familias Con ingresos menores, que consumen el 50% de sus ingresos en alimentarse. En cambio, aparece sobreponderado para las familias de ingresos mayores, pues mientras el IPC pondera con 41,73% el rubro alimentación, la parte de los ingresos de estas familias destinada a alimentación es, apenas de 25,9%. Ello determina, en consecuencia, que la solución no está en reajustar remuneraciones tomando en cuenta sólo los efectos inflacionarios sobre las remuneraciones menores. Este criterio conduce a reponer lo perdido por estas familias sólo a reponer, mientras que eleva el poder adquisitivo de los grupos salariales de mayores ingresos.
Una efectiva redistribución del ingreso se logra aplicando no sólo el reajuste compensatorio balanceado, sino, simultáneamente, un estricto control de precios y medidas tributarias que favorezcan a los sectores de ingresos bajos y graven proporcionalmente a los grupos de altos ingresos.
Cando los Gobiernos burgueses otorgaban reajustes inferiores al alza del costo de la vida, deprimían mucho más a los trabajadores y a las familias de bajos ingresos. La redistribución del ingreso operaba, entonces, en favor de los grupos empresariales.
El Gobierno Popular ha planteado en el proyecto de reajuste enviado al Congreso una serie de medidas tendientes a devolver a los trabajadores su poder adquisitivo, e incrementarlo dando otros beneficios que no constituyen reajustes propiamente tales, como bono de escolaridad, exención y rebaja dé las contribuciones de bienes raíces, etcétera, exigiendo, además, un financiamiento no inflacionista sobre la base de impuestos directos de cargo de los grupos más pudientes y de ingresos elevados.
Hasta ahora, sin embargo, la mayoría parlamentaria de Oposición ha roto este esquema y ha insistido en un financiamiento altamente inflacionario, burlando las expectativas de los trabajadores.
VI. Dependencia Económica.
a) En los Gobiernas reaccionarios: una acentuada característica de los Gobiernos derechistas fue la continua desnacionalización de nuestra economía y su creciente dependencia del capital imperialista. La mayor parte de las importaciones, el crédito externo, la adquisición de maquinarias, implementos, repuestos, accesorios y equipos provenían, especialmente de Estados Unidos, dando origen a una estrecha dependencia expresada en el campo financiero, tecnológico, comercial, cultural y político. Dependíamos casi de un solo mercado y nuestro comercio exterior de exportación estaba, y aún lo está, constreñido a la suerte del cobre.
b) En el Gobierno Popular. Se establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo. Ha habido un cambio profundo y favorable a Chile en la concertación de tratados y convenios de cooperación económica y de comercio con los países socialistas y con los países de Europa Occidental, como también con Canadá y Japón. Las vinculaciones de Chile con los países de América
Latina han sido ampliadas, habiéndose concretado importantes convenios crediticios y de intercambio con Méjico, Brasil,
Argentina, Perú, etcétera.
La apertura de nuevos y amplios mercados en las distintas áreas del mundo y la concertación de convenios comerciales sin presiones políticas directas o indirectas, han hecho variar las vinculaciones tradicionales. Chile es ahora menos dependiente que antes y ejercemos a plenitud el derecho soberano de comerciar con todos los países del mundo en las condiciones que más nos convengan. Va en extinción la dependencia financiera, comercial, tecnológica y cultural, que derivaba de las vinculaciones con una sola potencia industrial.
VIL Deuda Externa.
a) En los Gobiernos reaccionarios: en 1970, la deuda nacional superaba los siete mil millones de escudos. La deuda externa alcanzó alrededor de cuatro mil 300 millones de dólares, lo que significó que en ese año un chileno cuyo ingreso anual se calculaba en 650 dólares, estuviera adeudando o naciera con una deuda de 430 dólares. Después de Israel, Chile era el país con la deuda exterior per cápita más alta del mundo.
b) En el Gobierno Popular: se está llegando a acuerdo con los países acreedores, a fin de aliviar la deuda externa heredada. El éxito de estas negociaciones permitió aliviar el pago de la deuda en 1972. El año pasado Chile debía pagar 400 millones de dólares, lo que equivalía al 40% de las exportaciones nacionales.
Nuestro país cumplirá sus compromisos, y el Gobierno Popular, por el prestigio de nuestro país y su solvencia económica y moral, no será renuente a cubrir las deudas que no contrajo.
VIII. Bancos, créditos y comercio exterior.
a) En los Gobiernos reaccionarios: el crédito era controlado por la oligarquía financiera a través de los bancos particulares (más de veinte). El Estado controlaba solamente el Banco del Estado, cuya orientación en los Gobiernos de la burguesía entregaba el crédito, al igual que los bancos privados, a los grupos económicos, a la industria monopólica, al comercio especulativo y a los latifundistas.
Existía una estrecha vinculación entre los empresarios y banqueros, a tal punto de que clanes financieros familiares eran, a su vez, propietarios de industrias y de bancos. Así, con el crédito nacional servían sus propios intereses; orientaban el crédito a las operaciones más rentables, a operaciones especulativas y a financiar sus gustos suntuosos y privados.
El pequeño y mediano empresario no tenía acceso al crédito bancario, porque estos recursos se repartían entre los diez poderosos grupos financieros de oligarcas y monopolistas.
b) En el Gobierno Popular: todos los bancos comerciales privados se incorporaron al área de propiedad social a través de la compra directa de las acciones a sus propietarios. El Estado chileno controla y dirige alrededor del 95% del crédito y lo ha orientado preferentemente a satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.
Otro tanto sucede con el comercio exterior. Al nacionalizarse el cobre, el Estado chileno tomó a su cargo las ventas del metal rojo. Ello ha permitido que el Estado controle el 85% de las exportaciones y alrededor del 50% de las importaciones.
IX. Nueva política social.
Los cambios estructurales promovidos por el Gobierno Popular se plantean como el cambio social acelerado que permita la liberación nacional y el desarrollo de la personalidad humana. El proceso chileno es profundamente humanista y su propósito es poner fin en nuestro país a la explotación del hombre por el hombre. Existe un conjunto de realizaciones del Gobierno de la Unidad Popular cuyo objetivo es el desarrollo de la personalidad y de las posibilidades de la población chilena.
Por razones de tiempo, haremos una relación apretada de los aspectos más importantes de las realizaciones del Gobierno Popular sobre estas materias.
1) Libertades públicas y más democratización. Todas las libertades públicas consagradas en la Constitución Política se han respetado rigurosamente. Las elecciones se han desarrollado con plenas garantías para la Oposición. Nunca antes hubo en chile una masa electoral más amplia al haber otorgado el Gobierno Popular el derecho a voto a los jóvenes mayores de 18 años, a los lisiados y analfabetos. Los chilenos con derecho a voto son el 43% de la población.
2) Libertad de prensa e información. El Gobierno Popular ha respetado la libertad de información a través de los distintos medios de comunicación de masas. Cabe señalar que los partidos políticos opositores controlan el 64% de los diarios y radios del país. El Gobierno dispone tan sólo del 23%. El resto son órganos de difusión independiente.
3) Mayor igualdad entre los chilenos. Se está incorporando a los trabajadores a la administración de las empresas del área social y se les está dando participación y responsabilidades en el proceso productivo.
El Gobierno Popular persigue cambiar la estructura de la distribución de la riqueza y de la renta nacionales.
Hemos dicho que los trabajadores participan mayoritariamente, desde 1971, en la distribución del producto nacional; se ha ampliado el poder de compra de las masas asalariadas; se ha incrementado el consumo; más de 500 mil chilenos han sido incorporados al mercado consumidor, y se ha disminuido al mínimo la desocupación y el desempleo.
4) Derecho a la educación. El Gobierno Popular está dando iguales posibilidades a todos los chilenos para que estudien. La enseñanza básica ha crecido a una tasa superior al 6%, y la escolaridad cubre el 99% de los niños de 6 a 14 años. A todos los niveles, la educación chilena atenderá en 1973 a 3 millones 517 mil estudiantes, cifra que representa un incremento promedio para el presente año de 35% más que el año 1970. La educación prebásica ha aumentado de 60 mil 400 alumnos en 1970 a 150 mil en 1973. En la educación básica de primero a octavo años, el aumento es de 2 millones 43 mil cien alumnos en 1970 a 2 millones 433 mil 300 alumnos en 1973. La enseñanza media aumentó de 302 mil 100 alumnos en 1970 a 478 mil 800 alumnos en 1973. La educación superior tuvo un incremento de 82 mil 200 alumnos a 165 mil 500 alumnos, y la educación de adultos de 110 mil alumnos a 289 mil alumnos. El Gobierno Popular otorgará en el presente año alrededor de 90 mil becas y más de 20 mil préstamos escolares.
El desarrollo de los niños ocupa un lugar de excepción y de preferencia en la preocupación del Gobierno Popular.
Dentro del Programa Nacional de Leche se han repartido, entre 1971 y 1972, cerca de 50 millones de kilos de leche por año a los niños y a las madres. La Junta de Auxilio Escolar está proporcionando gratuitamente más de un millón 500 mil desayunos, almuerzos y comidas a los escolares.
Otro tanto ocurre con la enseñanza universitaria, que en los años 1971 y 1972 ha tenido una tasa de crecimiento del 25% anual.
5) Derecho a la salud. El Plan Nacional de Leche y la mejor atención del niño antes y después de su nacimiento, como también el cuidado y atención a la madre, ha traído como consecuencia la reducción de la tasa de mortalidad infantil: hace diez años era del 119 por mil y ahora es del 67 por mil.
En la actualidad, el chileno que nace tiene una esperanza de vida de 64 años; diez años atrás era solamente de 58 años.
La salud de los trabajadores y de sus familiares está siendo atendida con mayor amplitud. Las consultas médicas en los últimos 15 años han crecido en la siguiente proporción:
1959-1964: 7.282.685 consultas por año;
1965-1970: 8.981.978 consultas por año;
1971-1972: 10.284.490 consultas por año.
Y esto en sólo un año y medio de Gobierno.
6) Derecho a la seguridad social. En el presente año no habrá chileno sin previsión social en nuestro país. Al crearse la Caja de Previsión de los Comerciantes, Transportistas e Independientes, el Gobierno ha incorporado a una masa superior a las 800 mil personas a la seguridad social. Además, ha hecho realidad la ley de seguro de vejez, que permite otorgar pensión asistencial a las personas mayores de 65 años, sin recursos, por el sólo hecho de haber cumplido esas edades, aunque nunca hayan sido imponentes de una caja de previsión.
La previsión se ha proyectado también a los pirquineros, pescadores artesanales, religiosos, de todas las creencias, dueñas de casa, trabajadores por cuenta propia, etcétera.
Asimismo, las pensiones de vejez, invalides, viudez y orfandad han sido incrementadas por el Gobierno Popular a montos nunca antes logrados, demostrándose con ello la sensibilidad social que aplica el Gobierno a los trabajadores pasivos del país.
7) Derecho a la vivienda. El Gobierno Popular ha señalado que la vivienda es un derecho social de los trabajadores y en consonancia con ese enunciado se ha programado un plan de construcción de casas que supera todo lo que se había hecho antes de nuestro país.
Las viviendas iniciadas en los dos Gobiernos anteriores alcanzan un promedio de 20 mil por año (18.000 anuales durante el sexenio de Alessandri, y 22.000 en el de Frei). En los dos primeros años del Gobierno Popular, las viviendas iniciadas alcanzan a más de 80 mil, además del incremento de las obras de alcantarillado, agua potable, alumbrado, mejoramiento urbano y equipamiento popular. Se han variado las condiciones en la postulación y entrega de viviendas; ahora, más que los aportes económicos, vale el número de hijos y la necesidad de vivienda de la familia. También se puso fin al sistema de reajustabilidad de los precios de las viviendas, dándose a los adquirentes la posibilidad real de ser dueños de sus casas.
X. Dificultades del proceso revolucionario.
La aplicación del programa de la Unidad Popular ha iniciado la destrucción de la estructura económica del capitalismo tradicional, poniendo fin a la acción de los monopolios industriales y creando el área social de la economía; la reforma agraria ha eliminado el, latifundio y se han recuperado para Chile sus riquezas básicas y fundamentales.
Los minoritarios sectores afectados han formado una alianza interna en la que participan los restos del monopolio, otros sectores de la industria, algunos empresarios del transporte y agrupaciones de comerciantes que detentan aún parte importante de los medios de distribución.
Estos sectores han creado el capitalismo especulativo que se afirma en la distribución, en el comercio, el transporte, y cuya forma de agresión es el mercado negro, el sabotaje y el contrabando. En sus planes está atraerse a los sectores empresariales pequeños y medianos, provocar la desconfianza, el desconcierto, introducir la duda y quebrar la confianza para obstaculizar el avance del proceso revolucionario. Ansían recuperar sus privilegios, vivir de la explotación de los trabajadores y dominar la actividad financiera y económica para su exclusivo provecho.
Simultáneamente, desde el exterior se organiza la agresión contra la economía de Chile. La Kennecott intenta provocar la desconfianza de los clientes del cobre y fragua un plan de embargos de diversas partidas de mineral vendidas a Europa. La I.T.T. organiza fría y metódicamente un plan de sabotaje económico para destruir las instalaciones industriales, los yacimientos, mineros, entorpecer la producción y crear corridas bancarias. Destina para ello millones de dólares, a fin de que algunos yanaconas sirvan sus intereses y organicen paros sediciosos, insten al enfrentamiento y a la guerra civil y preparen el derrocamiento del Gobierno legítimo de Chile. Los bancos internacionales en que participa Chile niegan créditos y suspenden los aportes a que nuestro país tiene derecho. La CIA mueve sus tentáculos para que el Gobierno de Nixon haga más dura la agresión económica y el bloqueo. Las empresas Kennecott, Anaconda y Cerro Corporation, desplazadas de nuestro país, consiguen mantener el más bajo precio del cobre en los años 1971 y 1972, ocasionando a Chile una pérdida superior a los 500 millones de dólares.
Esta agresión concertada de los reaccionarios criollos y del imperialismo busca tronchar definitivamente el proceso revolucionario iniciado por el Gobierno Popular.
A esta acción es preciso agregar, también, otras dificultades internas, cuyas causas se resumen en el siguiente acápite de la intervención del compañero SenadorLuis Corvalán realizada al iniciarse el Pleno del Partido Comunista en el reciente mes de marzo: Como se sabe, la raíz de las dificultades económicas y financieras que sufre el país son, ante todo, consecuencias de la crisis de la agricultura que tiene más de un siglo, de la estagnación de la ganadería, del largo saqueo imperialista, del bloqueo norteamericano, de la pesada deuda externa, de la devaluación del dólar como consecuencia de la crisis del capitalismo, del bajo precio que el cobre ha tenido hasta hace pocas semanas y del desfinanciamiento con que la mayoría del Congreso ha aprobado las leyes de reajustes y el presupuesto.
Al mismo tiempo, es preciso señalar otras causas que dificultan la normalidad del proceso de cambios. Entre ellas citamos:
a) El Gobierno controla sólo parte del Poder. La aplicación del programa popular originó, desde 1971, la existencia simultánea de dos polos de poder: uno, el poder tradicional del capital monopólico, que influye en el Congreso Nacional, donde tiene mayoría, el Poder Judicial y la Contraloría General, que entraban las medidas del Gobierno; el otro es el poder popular, expresado en el Poder Ejecutivo, organizaciones de masas y la Unidad Popular, expresado en el poder Ejecutivo, que soporta, además, la insuficiencia de una legislación más adecuada a los cambios revolucionarios. Debe destacarse que el proceso de transformaciones estructurales lo está llevando a cabo el Gobierno Popular con las mismas leyes aprobadas en Gobiernos anteriores, que siempre fueron restrictivas para promover avances en el desarrollo de la sociedad chilena.
b) Agravamiento del proceso inflacionario. Se ha producido un desequilibrio grave entre las disponibilidades monetarias y el crecimiento de la producción; eso es efectivo. Ello ha ocasionado un aumento acelerado de dinero circulante, que ha superado los niveles programados por el Gobierno.
La causa principal del aumento de la liquidez se origina en el despacho, por parte del Congreso Nacional, de las leyes de reajustes desfinanciadas. La ley de reajuste del año 1971 se aprobó en el Parlamento desfinanciada en 67%; la primera ley de reajuste de 1972 quedó desfinanciada en 78%, y la segunda ley de ese mismo año, en 85%. Esta irresponsabilidad de la Oposición parlamentaria obligó al Banco Central a emitir moneda para cubrir el pago de los reajustes. Así, el aumento de la liquidez sobrepasó la producción de bienes y servicios, se incentivó el proceso inflacionario, alcanzando el índice de precios al consumidor en 1972 a 164%.
A esa actitud obstruccionista de la Oposición parlamentaria hay que agregar, también, otros factores externos de presión inflacionaria. El incremento de los precios de los productos alimenticios en los mercados internacionales, el acaparamiento organizado y masivo de bienes esenciales para crear presión de la demanda, la especulación desatada por los sectores capitalistas a través del mercado negro y las intensas y científicas campañas sicológicas para presionar a los consumidores a comprar más de lo indispensable para satisfacer sus reales necesidades.
No son, pues, atribuibles al Gobierno Popular todas las causas del proceso inflacionario. El Ejecutivo es enemigo de la inflación, y sus esfuerzos por combatirla hicieron que los índices de precios marcaran una baja, del 35% de alza del costo de la vida en 1970, a sólo 22% en 1971. El desfinanciamiento de las leyes de reajustes y las presiones de la inflación internacional que afecta actualmente a los países capitalistas de economía desarrollada, influyeron dramáticamente en el crecimiento inflacionario de 1972.
Al poner en marcha los cambios de estructura fundamentales para sanear la economía del país, el Gobierno Popular, como lo hemos demostrado, recibió la agresión de las fuerzas reaccionarias internas y de los consorcios multinacionales externos. En esta disyuntiva, al Gobierno se le presentaron las siguientes posibilidades : por un lado, reducir la velocidad del cambio social, paralizar la redistribución del ingreso, disminuir el nivel de ocupación, bajar la tasa de crecimiento y de acumulación, que son precisamente los objetivos que persigue la Oposición reaccionaria como medidas eficaces para contener el proceso revolucionario; por otro lado, quedaba la posibilidad de reajustar el valor de la moneda dólar, con la consecuente alza del ritmo inflacionario. Muy a su pesar, el Gobierno optó por sacrificar la estabilidad monetaria; ello entorpecía temporalmente el proceso económico, pero no paralizaba el cumplimiento del programa ni el avance de la revolución.
XI. El proyecto de anticipo del reajuste.
Como manera de compensar a los trabajadores la pérdida del poder adquisitivo provocada por el alza del costo de la vida registrada entre octubre de 1972 y abril del año en curso, el Gobierno Popular resolvió conceder un anticipo del reajuste general anual.
Los planteamientos doctrinarios contenidos en el mensaje del Ejecutivo no sólo persiguen devolver a los trabajadores su poder de compra disminuido, sino que apuntan también a financiar el gasto del beneficio captando los recursos de los sectores de altos ingresos; es decir, se quiere evitar a toda costa el perjuicio ocasionado por la Oposición parlamentaria al haber aprobado desfinanciadas las leyes de reajustes anteriores, obligando al Gobierno a emitir moneda que ha ido a parar fundamentalmente a manos de los grupos privilegiados, los cuales han utilizado ese dinero para acaparar, especular y multiplicar sus ganancias en el mercado negro.
El proyecto busca, también, avanzar en la exitosa política del Gobierno en la redistribución del ingreso, que ha beneficiado notablemente a los asalariados, en especial a los de menores ingresos.
Que paguen los que más tienen.
El financiamiento propuesto por el Ejecutivo cubre el gasto en 90% con impuestos directos aplicados a los grupos económicos de altos ingresos; sólo 10% proviene de modificaciones al impuesto a la compraventa, gravándose diversos artículos suntuarios. Los impuestos directos que contiene el mensaje del Ejecutivo se desglosan en los siguientes rubros:
1) Contribución de bienes raíces. En 1971 el Gobierno dispuso que toda propiedad de avalúo inferior a cuatro sueldos vitales anuales quedara exenta de pagar contribuciones de bienes raíces, como una manera efectiva de favorecer a los pequeños propietarios. En el proyecto de reajustes que analizamos, el Ejecutivo propone dejar exentos del pago de contribuciones avalúos de 300 mil escudos, lo que equivale a doce sueldos vitales y medio de exención. Aplica, en seguida, una tasa progresiva que comienza con 1,5% para los avalúos de hasta treinta sueldos vitales anuales, rebajándose el impuesto territorial a estos bienes raíces en 0,7%. Para las propiedades de avalúo superior a treinta sueldos vitales e inferior a sesenta, el impuesto sería de 2% con una rebaja también de 0,2% con relación a la tasa vigente. Para las propiedades de avalúo superior a sesenta sueldos vitales y hasta cien, la tasa sería de 3%. Para las de avalúos superiores a cien sueldos vitales e inferiores a doscientos, la tasa se aumenta a 5%. Y todos los avalúos superiores a doscientos sueldos vitales quedarían afectos al pago de 7% por concepto de contribuciones. Se puede apreciar que el mayor impuesto grava a las propiedades de alto avalúo, a las mansiones y viviendas de lujo. A los pequeños propietarios, en cambio, se los exime o se les rebaja el impuesto en forma significativa.
2) Ganancias de capital. La naturaleza de este impuesto es antiespeculativa, pues intenta captar la parte del ingreso o de las ganancias obtenidas por el sobreprecio en las transacciones comerciales. La aplicación de este tributo constituye un serio golpe a la especulación desenfrenada, al mercado negro y al acaparamiento. Es un impuesto al capitalismo especulativo.
3) Impuesto extraordinario a la tenencia de acciones. Afecta sólo a los poseedores de acciones de las empresas cuyo capital y reservas al 31 de diciembre de 1969 excedieron de 14 millones de escudos. Este tributo no grava a los accionistas de empresas cuyo capital y reservas sean inferiores al monto señalado.
4) Impuesto a las deudas tributarias. Los empresarios pequeño y mediano son fieles cumplidores del pago de sus impuestos. Así lo demuestran los boletines de la Tesorería General de la República. Son los grandes empresarios quienes no cancelan mensualmente los tributos, porque es buen negocio trabajar con el dinero del Fisco, toda vez que los intereses y multas por el atraso en estos pagos son bajos. El gran empresario gana más invirtiendo el dinero de los impuestos que pagando éstos con intereses y multas. Se plantea establecer un gravamen a estas deudas impagas, como apremio para su oportuna cancelación.
5) Control de la evasión tributaria. Se plantea la modificación de diversas disposiciones del Código Tributario para hacer más eficaz el control de los impuestos y evitar o aminorar la cuantiosa evasión que se produce hoy día.
Por supuesto, la Oposición parlamentaria ha rechazado estas proposiciones. Como consecuencia de ello, el proyecto en estudio ha salido desfinanciado. O sea, se vuelve a entregar un beneficio sin solventar adecuadamente el gasto, lo que lleva a la misma situación de las iniciativas de reajustes anteriores: la mayoría del Congreso Nacional promueve el proceso inflacionario al aprobar un financiamiento que obligará al Gobierno a emitir una vez más.
Señor Presidente, la forma como el Ejecutivo ha estructurado el pagó del anticipo de reajuste y el financiamiento propuesto en el mensaje obedecen esencialmente al propósito de consolidar y mejorar el estándar de vida alcanzado por los trabajadores en el Gobierno Popular y a contener de manera efectiva la inflación. Los términos fundamentales en que se ha redactado el mensaje provienen de los acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y los trabajadores, a través de su organización máxima, la CUT. Toda la historia de la lucha de los asalariados ha sido y es un combate contra la inflación. Los trabajadores chilenos tienen bien claro que la inflación es el gran negocio de los ricos y el peor flagelo para quienes viven de un sueldo, de un salario o de una pensión. Son consecuentes, pues, los asalariados chilenos cuando expresan, por medio de los convenios suscritos con el Gobierno para mejorar sus remuneraciones y aumentar el poder adquisitivo, su propósito de atacar a fondo las causas que generan e incentivan la inflación.
El debate que se produzca en torno del proyecto de ley de anticipo del reajuste general propuesto por el Gobierno al Congreso debe implicar un análisis no sólo de la política de remuneraciones, sino también del conjunto de medidas que está aplicando el Gobierno Popular para consolidar el proceso revolucionario que, sólo en dos años, ha tenido un avance considerable y positivo.
Nadie debe llamarse a engaño. El Gobierno Popular continuará su compromiso de cumplir íntegramente el programa básico. Se ampliará el área de propiedad social incorporando las 91 empresas que el Ejecutivo ha señalado en sus proyectos enviados al Congreso; se acelerará la reforma agraria con una planificación de la producción agropecuaria, fijándose metas mínimas; se continuará, a través de la política de remuneraciones y de la lucha contra la inflación, mejorando el nivel de vida de los trabajadores; se incrementará la ayuda técnica, financiera y crediticia a los pequeños y medianos empresarios; se persistirá en la liberación de Chile de la dependencia externa; se profundizará y perfeccionará nuestra democracia dando a todos los chilenos las mismas posibilidades y derechos, y se desarrollarán las condiciones para abrir el camino a la construcción de un Estado Socialista de Trabajadores.
He dicho.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Le restan dos minutos, señor Senador.
Solicito el asentimiento de la Sala para insertar, en el texto del discurso del Honorable señor Valente, los cuadros a que se refirió Su Señoría.
El señor FONCEA.- ¿Cuáles son?
El señor OCHAGAVIA.- ¿Cuántas hojas son?
El señor VALENTE.- Se trata de sólo dos hojas.
El señor ACUÑA.- ¡Son cuadros de intenciones...!
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Acordado.
Del mismo modo, si le parece al Senado, se aprobará la inserción del documento que señaló el Honorable señor Silva Ulloa durante su intervención.
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.-
Aprovecho el término de la intervención del Honorable señor Valente para hacer dos proposiciones, a fin de acelerar el despacho en particular del proyecto: primero, la de ratificar todos aquellos acuerdos adoptados por unanimidad en las Comisiones Unidas y, segundo, la de fijar plazo hasta las 6 de la tarde para renovar indicaciones, con el propósito de que también se den por aprobados los artículos que sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas y no renovadas, porque quedarían dentro del mismo sistema. Esto nos permitiría terminar a una hora oportuna el despacho en particular de la iniciativa.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- En cuanto a la primera proposición, es usual en el Senado dar por aprobados los acuerdos adoptados por unanimidad en la Comisión.
¿Habría acuerdo para proceder así?
Acordado.
El señor SILVA ULLOA.- La segunda proposición es la de fijar plazo hasta las 6 de la tarde para presentar indicaciones renovadas, porque, si no se renuevan, todos los artículos que fueron objeto de indicaciones que se rechazaron quedan automáticamente aprobados.
El señor JULIET.- Se pueden presentar desde ahora. ¿Por qué fijar plazos?
El señor NOEMI (Presidente accidental).- ¿Me permite, señor Senador?
Seguramente hay algunas indicaciones de Senadores que no están presentes en este momento en la Sala. Creo que no podríamos tomar un acuerdo en ausencia de ellos.
El señor VALENTE.- ¿Se han presentado indicaciones?
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Estamos hablando de las que se pueden renovar.
El señor SILVA ULLOA.- Se trata de fijar plazo para renovarlas.
El señor BALLESTEROS.- A las 6 de la tarde se va a cerrar el debate, de modo que a esa hora habrá más señores Senadores en la Sala y se les podrá advertir al respecto. Ese procedimiento permitirá que una serie de artículos puedan darse por aprobados reglamentariamente.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para aprobar la segunda proposición del Honorable señor Silva Ulloa?
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez. Le corresponden 30 minutos.
El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, el proyecto que estamos debatiendo plantea, por de pronto, dos situaciones muy anormales e injustas que el Gobierno no ha logrado esclarecer en absoluto.
La primera de ellas es la siguiente: si el Fisco percibe todos sus ingresos reajustados, en 100% del alza del costo de la vida, ¿por qué se niega a reajustar en ese mismo porcentaje la totalidad de las remuneraciones que paga el Estado? La segunda es ¿qué destino han tenido esos mayores ingresos provenientes del reajuste de 100% con que el Fisco percibe sus impuestos, desde el momento en que el Estado se niega a aumentar las remuneraciones en igual porcentaje?
He aquí dos preguntas que han quedado sin respuesta. Algún destino deberán haber tenido dichos recursos, por lo que resulta altamente sospechoso el misterio que rodea esta información esencial.
En las Comisiones no se estableció cuál era el monto de esos mayores ingresos del Gobierno y, en cuanto a su destino, se dijo que había sido el de compensar o reducir el déficit presupuestario. Tomando en consideración la capacidad ilimitada del actual Gobierno de producir déficit, la respuesta que se dio en las Comisiones es del todo insatisfactoria. Ella no aclara en absoluto el destino real que tuvieron los dineros percibidos por el Fisco con motivo del reajuste con que el Gobierno recibe sus ingresos.
De ahí entonces que el proyecto en que nos ocupamos, sin una explicación clara sobre las materias que acabo de señalar, además de discriminatorio resulta ser injusto y abusivo.
A juicio de los Senadores de estas bancas, esta iniciativa responde a una finalidad muy clara: en una primera etapa, pretende debilitar o destruir la independencia económica de la clase media al limitar a 5 sueldos vitales el monto real del reajuste que se concede. En definitiva, lo que se pretende con este y otros proyectos semejantes es mediante sucesivos reajustes limitados en sus montos, como es el del caso presente hacer desaparecer toda jerarquía, toda escala de sueldos y, a la postre, se intente eliminar el régimen mismo de reajustes.
Esta afirmación que hago no es una aseveración gratuita, pues lo que estoy señalando es lo que sucede, precisamente, en los países comunistas. En ellos no hay reajustes, no existen pliegos de peticiones ni cosa que se le parezca. Tampoco existe la más mínima posibilidad de que los trabajadores puedan hacer oír sus anhelos y mucho menos sus protestas. En los países comunistas, el trabajador que intentara expresar sus anhelos de mejoramiento real y efectivo de sus ingresos, sería separado de su cargo, o enviado a Siberia o recluido en un asilo para insanos. Son éstos procedimientos de sobra conocidos para entrar en mayores detalles sobre ellos.
En consecuencia, la explicación que estoy dando y que, al parecer, a los Senadores comunistas no les agrada escuchar, pues observo que todos ellos se han retirado de la Sala, es la única razón valedera de este extraño proyecto de reajustes. Como alguien señaló, la concepción de la iniciativa original del Ejecutivo es de tipo monárquico, imperial.
Dicho proyecto se inspiraba en el deseo de establecer una facultad para que el Gobierno dispusiera, a su antojo y a su amaño, el reajuste y los ingresos de todos los trabajadores. El Congreso eliminó esa disposición inaceptable, y procedió así en cumplimiento de deberes que son elementales para quienes representamos genuinamente a la mayoría del país.
Sin embargo, nos hemos visto en la obligación de aceptar el proyecto en la forma propuesta por el Poder Ejecutivo. Pero debemos esclarecer, una vez más, que nuestra aceptación ha estado forzada por preceptos constitucionales que no nos dejan ninguna otra alternativa. Al mismo tiempo, queremos dejar en claro que no compartimos en absoluto el criterio del Ejecutivo; pero sí concordamos con el de los inmensos sectores que protestan por la discriminación y el monto absolutamente insuficiente e insatisfactorio de este reajuste.
Compartimos asimismo el criterio de todos los chilenos que piden al Gobierno una explicación por la exigüidad de este reajuste en circunstancias de que, como acabo de explicar, él percibe todos sus ingresos oportunamente reajustados en el 100% del alza de los precios.
Además, es importante señalar que los impuestos que percibe el Fisco en el curso del año están reajustados por el plazo de 12 meses, mientras que los sueldos y salarios aparecen reajustados sólo hasta 5 vitales y únicamente por 9 meses.
La sorpresa, el repudio y las interrogantes que suscita este planteamiento del Gobierno surgen de todos los sectores sociales y en todos los grupos políticos, sin diferencias partidistas.
Tanto partidarios del Gobierno como de la Oposición han expresado su descontento y desacuerdo con esta política gubernativa de reajustes.
A este respecto, no tiene, por cierto, validez alguna, la actitud de la CUT que, en una fracción controlada por los comunistas, ha dado su apoyo a las diferentes posiciones que sobre la materia ha adoptado sucesivamente el Gobierno.
Recordemos, en efecto, que el Gobierno propuso, primero, una bonificación, y dijo que esa forma de plantear el reajuste la había convenido con la organización máxima de los trabajadores, que es la CUT. Sin embargo, una conversación posterior motivada por las protestas surgidas de todos los sectores hizo que el Ejecutivo cambiara su criterio y que, en lugar de la bonificación propuesta, enviara un mensaje proponiendo un reajuste limitado a 3 sueldos vitales.
Los reclamos tampoco se acallaron con esta proposición gubernativa y, por el contrario, al subir de tono, obligaron a la actual Administración a una tercera conversación con la Central Única de Trabajadores, de la cual salió el proyecto ahora en discusión, que limita el beneficio sólo a los primeros 5 sueldos vitales de remuneración.
Deseo recordar lo que he expresado en múltiples oportunidades en esta Sala, esto es que la CUT no representa más del 14% de la fuerza laboral chilena. El 86% restante no está representado en la Central Única de Trabajadores, y, del 14% ya mencionado, hay prácticamente un 7 % que no comparte los puntos de vista de los comunistas, que controlan ese organismo, y que se opone cerradamente a la iniciativa en debate.
Como decía, no obstante estas peculiares conversaciones entre el Ministro del Trabajo y la CUT que, como señalé en, oportunidad anterior, equivalen a una conversación del señor Figueroa frente a un espejo, las protestas surgen también desde sectores supuestamente adictos al Gobierno.
Ello ha quedado comprobado hace apenas dos días, con motivo de la conmemoración oficial del Día del Trabajo. Pese a la convocatoria que hizo el Gobierno para que el pueblo respaldara su política, sólo logró obtener una magra, pobre y escasísima asistencia a la Plaza de la Constitución. Y no sólo la asistencia fue pequeña, sino que en el acto mismo se produjeron toda suerte de protestas y disensiones entre quienes aparecían o decían ser partidarios del Gobierno.
Es preciso preguntarse: ¿por qué estas disensiones, por qué estas protestas y esta rebeldía frente al Gobierno? La respuesta es muy simple: por el malestar generalizado que existe en todos los ámbitos de nuestro país; por el hambre que sufren, precisamente, los sectores menos favorecidos, los grupos de más bajos ingresos, aquellos que los Senadores comunistas, por boca del Senador señor Valente, dicen estar representando.
No me interesa hacerme cargo de las querellas internas de la Unidad Popular, que parecen ser bastante violentas, con motivo de los hechos que estoy analizando.
En el caso de la reunión del primero de mayo, esas disensiones no fueron debida ni oportunamente conocidas por la opinión pública, porque no se permitió el acceso de los periodistas democráticos al lugar en que esa concentración se efectuó. Deseo poner de relieve ante el Senado el hecho de que los periodistas no pudieron presenciar de cerca todo lo que aconteció en ese acto, cuyas consecuencias la opinión pública pudo más o menos imaginar o intuir por las protestas del Presidente de la República y por sus amenazas de retirarse de la concentración si continuaban las expresiones contrarias a su persona.
Hubo, efectivamente, expresiones y manifestaciones desagradables para el Primer Mandatario. Hubo, además, discusiones y peleas entre los manifestantes. Hubo agresiones entre ellos y, finalmente, según he sido informado, sectores importantes que concurrieron a esa manifestación abandonaron el acto en señal de protesta. Entiendo que quienes procedieron en esa forma fueron los militantes del MIR, quienes, saliendo del cuadrilátero donde se estacionan los automóviles frente a la Moneda, se instalaron en calle Agustinas en formación militar.
Nuevamente debemos preguntarnos el porqué de esa actitud de protesta y repudio al Gobierno. La respuesta me parece muy clara. Porque cuando el pueblo, desesperado por la falta de alimento, desea saber, por ejemplo, en qué momento el Gobierno va a proveer de aceite y de otros consumos esenciales a la población, el Jefe del Estado les espeta un largo discurso, hablándoles de supuestas conspiraciones; cuando los trabajadores desean saber en qué momento van a recibir azúcar, el Presidente de la República los exhorta a que se comporten como buenos revolucionarios, y cuando ellos piden ser informados de la razón de estos reajustes enanos, el Primer Mandatario les repite largas y manoseadas historias sobre intervenciones de la I.T.T., de la CIA, del imperialismo extranjero, en fin, toda clase de letanías como las que en este momento acabamos de escuchar al señor Valente.
Respecto de estas intervenciones extranjeras de las que se hace tanto caudal para acallar la justificada protesta de una población que lo único que necesita es comer sostengo que el PresidenteAllende es la persona con menos autoridad para hablar de problemas con imperialistas, de interferencias extranjeras o atropellos a la soberanía nacional. En efecto, su Gobierno, a espaldas del Congreso y pasando por alto claras disposiciones constitucionales, realizó con la Unión Soviética, por intermedio de un Ministro de Estado de esta potencia imperialista, un convenio pesquero que importa una concesión de territorio chileno a esa nación.
La gravedad de este hecho, el menoscabo para nuestra soberanía y el peligro para la seguridad nacional que entraña, así como la forma en que se sustraen estos acuerdos del conocimiento del Congreso, y el incumplimiento de claras disposiciones constitucionales que todo ello implica, habré de analizarlos, junto con otras graves proyecciones de esta iniciativa, en una próxima sesión ordinaria del Senado.
No lo hago ahora debido a la limitación de tiempo a que estamos sometidos; pero quisiera sí valerme de esta oportunidad para rogar a la Mesa quiera solicitar al señor Ministro de Relaciones Exteriores el texto dé este convenio pesquero con la Unión Soviética y el de los otros contratos y documentos anexos.
Formulo una petición formal en el sentido que acabo de indicar, para que el señor Presidente recabe el acuerdo de la Sala cuando lo estime prudente.
El señor PALMA (Presidente).- Cuando haya quórum en la Sala, se requerirá el acuerdo correspondiente.
El señor IBAÑEZ.- Gracias, señor Presidente.
Un estudio detallado de esta documentación permitirá no sólo confirmar mis expresiones, sino medir las gravísimas consecuencias de tal convenio, que no vacilo en calificar de un atentado extraordinario y sin precedentes a la soberanía nacional.
Deseo referirme ahora...
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, en nombre del Honorable señor Ibáñez, se solicitarán los documentos y acuerdos a los cuales ha hecho referencia.
El señor OCHAGAVIA.- En nombre del Comité Nacional.
El señor PALMA (Presidente).En nombre del Comité Nacional.
Acordado.
El señor IBAÑEZ.- Deseo referirme ahora a algunos planteamientos hechos por el Ministro señor Flores en el curso del debate de este proyecto en las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas.
Sostuve yo que, ahondando los problemas que plantea el reajuste, teníamos que llegar obligadamente a que, más allá de los magros reajustes propuestos por el Gobierno, el problema de fondo es la inflación qué corroe al país. Pero esa inflación, contrariamente a lo sostenido por el señor Valente, es parte de una política económica deliberada. Ello ha sido reconocido, en diversas oportunidades, por el propio Gobierno. Desde luego, quiero recordar aquí que en la discusión de la ley de Presupuestos, el Gobierno expresó en forma muy clara y explícita su propósito de presentar esos presupuestos con un déficit programado.
No se nos venga, pues, a decir ahora que los desfinanciamientos son consecuencia de reajustes anteriores que no fueron debidamente financiados. Los desfinanciamientos presupuestarios, que alcanzan sumas extraordinariamente altas, provienen, en parte, de una política deliberada del Gobierno y, en parte, de los gastos o desembolsos exorbitantes en que el Gobierno debe incurrir como consecuencia de su política general.
A este respecto, sólo quiero señalar que las pérdidas de las empresas del sector estatal, sumadas a las de las que el Estado se ha apropiado o tiene intervenidas, alcanzaron en el año 1972 a una suma equivalente al monto global del Presupuesto de Gastos de la Nación. De manera que, si nosotros quisiéramos exhibir en forma muy breve y convincente las causas de estos gastos desorbitados que originan los inmensos déficit fiscales, yo señalo, por de pronto, ésta, cuyo financiamiento el Gobierno nunca ha querido explicar, no obstante los requerimientos que le hemos hecho.
Pero dentro de esta política y sirva como ilustración para quienes viven de un sueldo o salario no sólo son gravísimas la exigüidad del reajuste y la inflación galopante en que vivimos, sino que todavía es más grave la escasez, escasez que, al igual que la inflación, obedece a una política deliberada del Gobierno.
Es preciso preguntarse por qué el Gobierno puede tener interés en impulsar esa inflación y en alentar esa escasez. La respuesta es muy clara. Porque, mediante la destrucción de la moneda procedimiento empleado por todos los partidos comunistas cuando llegan al poder y por medio de la disminución de los abastecimientos, obligadamente se llega al racionamiento; esto es, se llega a la tarjeta para someter políticamente a los pueblos libres.
Este procedimiento se empleó en Cuba y es el mismo que se pretende implantar en Chile utilizando la presencia, en un cargo especial que no figura en el escalafón administrativo del Estado, de un representante de las Fuerzas Armadas: la del General de Administración de la Fuerza Aérea, señor Bachelet. Las actuaciones del mencionado oficial responden a la voluntad del Gobierno de atropellar las leyes, pero por intermedio de un alto personero de las Fuerzas Armadas.
Y lo hago presente en esta ocasión, porque creo que las Fuerzas Armadas, por su propio prestigio, no podrán seguir tolerando que uno de sus miembros se preste, aun a pretexto de la obediencia que se debe a la autoridad civil, para cometer ilegalidades, atropellos e injusticias, como las que él está cometiendo.
Señor Presidente, lamento no poder abordar una serie de otras materias que me parecen absolutamente necesarias para ilustrar debidamente a la opinión pública y, en particular, a quienes se sienten tan tremendamente defraudados por la iniciativa que estamos debatiendo. Pero en síntesis deseo decir que este proyecto no sólo representa una mengua grave en el ingreso real o en. el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que significa una acción concertada con finalidades políticas que no vacilo en calificar de siniestras.
Aquí tampoco hay una política económica errada. Este proyecto obedece sí a una política, pero política a secas. El propio Ministro señor Flores reconoció este punto en el debate que tuvimos en las Comisiones Unidas. Una política, para mí muy clara y definida. ¿En qué consiste ella? En la conquista del poder total para supeditar políticamente a un pueblo libré. No es fácil conquistar ese poder total es absolutamente imposible hacerlo en un país democrático como Chile. Sin embargo, es posible llegar a disponer de ese poder total utilizando la vía indirecta del control de las actividades económicas de la nación.
Para privar a los chilenos de su independencia y libertad, se lleva a cabo la política concertada que he esbozado en sus rasgos esenciales y de la cual forma parte este inaceptable proyecto de reajustes. A la finalidad señalada concurren todos y cada uno de los actos de este Gobierno y ello explica la razón de este proyecte.
Los trabajadores de Chile no deben, pues, ser llamados a error. Tampoco pueden hacerse ilusión alguna respecto de la finalidad y propósitos de esta iniciativa.
Los trabajadores y ciudadanos chilenos deben mirar la realidad política que estamos viviendo tal como ella es. Este proyecto es un paso más, y un paso tremendamente eficaz, en la proletarización de todos nuestros compatriotas. Es un paso eficaz para el sometimiento político que busca el Gobierno a fin de implantar la dictadura comunista que los chilenos repudian y que, mediante los resquicios legales, el incumplimiento de leyes y atropellos de la Constitución, el Gobierno marxista de la Unidad Popular, bajo la égida del Partido Comunista, pretende imponer en Chile.
El señor PALMA (Presidente).- Quedan cinco minutos al Comité Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Acuña. Su Señoría dispone de treinta minutos.
El señor ACUÑA.- Señor Presidente, en nombre del PIR deseo explicar nuestra posición y hacer algunos alcances en esta oportunidad, con motivo de la discusión del proyecto de anticipo de reajuste que el Gobierno ha entregado a la consideración del Congreso para paliar en parte los efectos terribles del alza del costo de la vida.
En las últimas semanas, el país ha vivido un intenso proceso de conflictos sociales, caracterizados por tomas, ocupaciones, y huelgas de los más variados servicios públicos como asimismo de las más diversas actividades industriales.
El hecho de que trabajadores portuarios, de la Compañía de Acero del Pacífico, del Ministerio de Obras Públicas, de los minerales de cobre, del cemento, como asimismo grupos numerosos de campesinos y de otras clases de trabajadores, protesten airadamente paralizando sus actividades, demuestra un estado de cosas que involucra el estar viviendo una etapa de profundas injusticias que arrancan, naturalmente, de quienes son los responsables en el manejo de una sociedad.
Hasta antes de 1970, en todos los discursos de los líderes del comunismo o del marxismo leninista, se decía que la causa de las huelgas, de los conflictos sociales, de las acciones violentistas, emanaba de la desesperación de la clase trabajadora o de diversos sectores laborales ante la acción política y económica de los grupos gobernantes. Para el marxismo eran los grupos gobernantes, los dueños del poder, los que imponían, con su política económica, con la orientación que daban al manejo de la economía por medio de todos los resortes del Estado, una situación caótica que, con la inflación, llevaba el infierno a los hogares del pueblo y motivaba la reacción de los sectores explotados por la clase gobernante.
Las alzas de precios, la política bancaria, la política de comercio exterior, las devaluaciones continuas de nuestra moneda, la entrega oficial por parte del Gobierno del índice de aumento de precios al consumidor, que nunca reflejaba la realidad toda la conducción económica manejada por el poderoso Estado chileno eran la expresión de una política sumisa al imperialismo extranjero, al Fondo Monetario Internacional, a los grandes intereses de los monopolios y de los especuladores.
En consecuencia, era lógico, según esos mismos sectores, que hubiera descontento y que se produjeran los movimientos reivindicativos de la clase trabajadora, como expresión de protesta y de reclamación de justicia contra un Gobierno que era el responsable de esa explotación, de esas alzas y de ese proceso de escasez y de miseria.
El poder absoluto del Gobierno y su responsabilidad directa y exclusiva en la generación de los grandes males económicos que perjudicaban al pueblo eran claramente señalados y reconocidos por todos los políticos del marxismo hasta diciembre de 1970. Con anterioridad, en un discurso pronunciado el 29 de diciembre de 1969 en el Congreso Pleno que aprobó la reforma constitucional presentada por el Gobierno del ex PresidenteFrei, el entonces Senadordon Salvador Allende señaló claramente su disconformidad y su negativa a entregar más poder y atribuciones a un Ejecutivo que, prácticamente, en Chile, constituía a su juicio un Gobierno monárquico absolutista.
En esa oportunidad, durante una intervención a la cual me referí en sesión anterior, dijo las siguientes palabras: ¿Cómo es posible que la sola voluntad de un funcionario, por ejemplo, determine, mediante las estadísticas, el alza del costo de la vida y, de esta manera, las remuneraciones que obtendrán millones de chilenos? ¿Cómo es posible que vayamos a acentuar las atribuciones del Ejecutivo que ya tiene tantas, convirtiendo prácticamente a Chile en un país donde no hay un Presidente, sino un dictador legal, un monarca? ¿Cómo es posible olvidar, por ejemplo, que en el campo crediticio, el Ejecutivo es poderoso a través del Banco del Estado, del Banco Central, de la CORFO y de los organismos semifiscales?
Igualmente, en un libro de análisis de nuestra economía titulado La economía chilena , del Diputado comunista y miembro del Comité Central de esa colectividad don José Cademártori, pueden leerse los siguientes párrafos, que sirven para comentar el proceso inflacionario que hoy día agobia al país. En la página 265, el señor Cademártori dice textualmente: La inflación agudiza las contradicciones económicas y sociales propias de una sociedad dividida en clases. Sus principales víctimas son los obreros, empleados y pensionados. Estos trabajadores perciben rentas que están fijadas por leyes, convenios o voluntad patronal, se modifican con lentitud y difícilmente alcanzan a mantener una relación igual con las alzas de precios. Entre un reajuste y otro, los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones van perdiendo poder adquisitivo y obligando a sus perceptores a endeudarse o a reducir sus niveles de vida a medida que sube el costo de la vida. La inflación alienta la especulación, facilita el acaparamiento y la escasez artificial de los artículos de primera necesidad.
La inflación perjudica también a los pequeños productores de mercancías, tales como campesinos independientes, artesanos, etcétera. Las alzas de precios de los materiales que utilizan y la imposibilidad de contar con créditos, los colocan en difícil posición; tampoco pueden alzar los precios de venta de sus productos a voluntad porque generalmente están sujetos a la competencia de los grandes capitalistas.
Todo ello daba a los partidos marxistas leninistas la convicción más absoluta de que ellos, por sí solos y de acuerdo con sus orientaciones dogmáticas, podrían imponer esquemas de solución que luego, con el control del poder, los harían marchar rápidamente, dentro del montaje integral de la experiencia marxista-leninista internacional, hacia un control integral de la comunidad. De ahí que el 13 de diciembre de 1970, en el diario El Siglo, un Ministro de Estado, perfectamente catequizado, que hablaba como si ya fuera un eficiente alumno de la escuela nacional unificada (ENU), expresaba lo siguiente: Hasta el 3 de noviembre, la inflación azotaba a Chile a un ritmo galopante. Desde ese día este proceso comenzó a detenerse. Cesaron las devaluaciones antipatrióticas de la cotización en escudos del dólar. Se dejaron sin efecto numerosas alzas, entre ellas la de los servicios eléctricos. Se rebajó en 10% los precios del vestuario masculino. Se incrementó la fiscalización de los artículos de primera necesidad. En el curso, de 1971 vendrán a surtir efecto las nuevas medidas económicas y con ellas se llegará a la supresión de las alzas, que se recordarán en el futuro como una pesadilla del tiempo de los gobiernos al servicio del gran capital.
Eso mismo era lo que, a mediados de 1971, después de haberse efectuado las elecciones municipales en que la fórmula de Gobierno obtuvo prácticamente el 50% del electorado, hacía decir a nuestro colega el señor Volodia Teitelboim Volosky, en el prólogo de la nueva edición del libro del señor Cademártori, en agosto de ese año, las siguientes palabras: Ya los profetas del desastre predijeron durante la campaña presidencial y en los 60 días luctuosos y tensos que siguieron a la victoria de Salvador Allende en las urnas, que la economía del país se desplomaría como un castillo de naipes bajo el embate demoledor de la destrucción marxista. Pero los augures apocalípticos advirtieron, con enorme desconcierto, que la inflación galopante anunciada fue reemplazada por el índice más bajo durante muchos años. Su desorientación fue mayor al comprobar que esta disminución se producía junto con el aumento acelerado de los sueldos y salarios.
Por supuesto, sus vaticinios agoreros no cesan. Pronostican el hambre y el racionamiento. En cosa de meses sobrevendrá el derrumbe.
En la época en que se expresaban tales juicios, tan condenatorios en contra de la inflación y de los Gobiernos pasados, primero, y tan optimistas en cuanto a que la inflación terminaría en Chile, después, teníamos en nuestra patria un índice de inflación de 34,9%, en 1970, y de 22,1% en 1971. En ese entonces se había comenzado a vivir un proceso anárquico, violentista, de ocupaciones desatadas, en que el éspontaneismo , tan censurado en la actualidad en los discursos oficiales, era instrumentalizado y estimulado por los elementos del Gobierno para llevar a cabo toda clase de acciones que alteraran las actividades económicas, en el campo y en la industria, sin hacer caso de quienes planteábamos nuestra crítica a un proceso irresponsable, que quebraba la normalidad del país, encendía los odios sociales, fomentaba la indisciplina social, la misma que ahora combate el señor Allende después de haberla predicado y que, en definitiva, apoyada por los afiebrados violentistas, sólo puede conducir a un caos económico, a una baja de la producción y a una crisis; crisis que, como consecuencia de la destrucción, la persecución de las inteligencias, de los técnicos, de los profesionales, de los trabajadores experimentados y más idóneos, para reemplazarlos por los afiebrados activistas, debía generar una anarquía económica que dejara caer sobre el país la desolación, el hambre, la escasez, la miseria y todo el tremendo proceso de alzas que estamos viviendo.
En los momentos en que debatimos este proyecto de anticipo de reajuste, debemos recordar que entre octubre de 1972 y abril del año en curso, ya la inflación ha tenido un aumento de 60,2%. Esta cifra bordeará aproximadamente el 80% cuando se proporcionen los datos oficiales correspondientes al último mes.
Y para combatir ese proceso inflacionario y las alzas descontroladas que dan al Gobierno de la Unidad Popular la característica de ser el más anárquico e incapaz en la historia de Chile en lo que atañe a la conducción de la economía, pues la inflación no sólo ha llegado a un record dentro de nuestras fronteras, sino que se ha constituido también en una marca mundial, el Ejecutivo plantea un sistema de reajustes discriminatorio. Primeramente se intentó dar una bonificación de Eº 800 y fracción. Más adelante se elevó la perspectiva a un reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida a las remuneraciones de hasta tres sueldos vitales. En la actualidad, debido a las protestas de los trabajadores chileno, de los hombres que viven de su labor diaria, que han reclamado por tal injusticia, se eleva el tope a los cinco sueldos vitales, cifra que constituye un dique de contención que el Gobierno no desea sobrepasar, negándose a dar un reajuste integral a todos los trabajadores de nuestra patria.
Con relación a tal política de reajustes, sostenemos que el Gobierno de la Unidad Popular ha quebrado, una vez más, todas las promesas que hizo al pueblo de Chile. Ha pisoteado toda su programación y todos los planteamientos de su campaña presidencial. Ha echado por tierra sus afirmaciones, así como los famosos acuerdos sobre política de remuneraciones suscritos entré la CUT y el Gobierno, que permiten a la minoría que maneja la Central Única de Trabajadores, mediante el cordón umbilical que une al señor Figueroa, militante comunista y actual Ministro del Trabajo, con el señor Godoy, Presidente comunista de la CUT, usar el nombre de esa organización sindical para plantear soluciones que no reflejan los anhelos de los trabajadores chilenos y que representan sólo el criterio partidista de los sectores laborales marxistas, entronizados y arrinconados en el aparato burocrático chileno, por lo cual, evidentemente, no les interesan las remuneraciones por las que deben luchar quienes viven de su trabajo diario.
Esa política significa la negación más absoluta de lo planteado al país por la Unidad Popular, la negación más categórica de los reiterados planteamientos hechos durante su vida parlamentaria por el Senador Salvador Allende, quien, en muchas sesiones celebradas por esta Corporación manifestó su repudio a la inflación y las alzas, y señaló que la protesta de los trabajadores era simplemente la actitud destinada a obtener la devolución de lo que el Gobierno había robado a obreros y empleados con su política inflacionaria, que, indudablemente, llevaba el infierno a los hogares del pueblo. En sesión del Senado celebrada el 3 de Octubre de 1962, al condenar la política de la época, el señor Allende expresaba lo siguiente: La política del actual Gobierno, llamada de estabilización, se quebró por la incapacidad e irresponsabilidad de los gobernantes. Con un criterio increíble, durante dos años, se gastó mucho más que los ingresos, es decir, la importación fue superior a nuestras exportaciones. Como consecuencia de ello, frente a la carencia de dólares, en forma permanente se ha buscado el remedio de solicitar ayuda al capital extranjero.
En la misma sesión, dijo también: Porque, sin duda, quiérase o no, el hecho es que ya se ha producido pánico en el país y se han desatado sin control las alzas de los precios de la inmensa mayoría de los productos.
Estas expresiones del señor Allende, en que hablaba del pánico que producían las alzas y la inflación, se referían a una época en que ésta no llegaba al 20%.
¡Y hoy día, cuando su Gobierno entrega a Chile 163% de inflación en un año, no hay pánico, no hay explotación, no hay robo a la clase trabajadora, no se está quitando poder adquisitivo a los sueldos y salarios de obreros, empleados, profesionales, técnicos o trabajadores independientes!
Naturalmente, esto demuestra, como ya dije, la negación de lo planteado durante toda una vida.
Para nosotros, algo es muy claro y categórico: este Gobierno ha impulsado una serie de reformas trascendentales en que la inmensa mayoría de los chilenos concordábamos. Nosotros hemos apoyado en el Congreso Nacional los cambios de estructura. Hemos estado planteando aquí permanentemente nuestra posición de defensa de los intereses nacionales y de ataque a los focos monopólicos y a la acción imperialista. Pero, a nuestro juicio, el imperialismo tiene que combatirse dondequiera que se proyecte, hacia Chile y contra Chile. No nos referimos solamente al imperialismo de determinada área, sino al de cualquier sector del mundo.
Y cuando ellos sostienen, en este momento, que los cambios que han hecho han conducido al país a un proceso de mayor independencia, nosotros les decimos que, desgraciadamente, la ineptitud, la incapacidad, la improvisación, la característica de colocar en los mandos claves de la economía a elementos inexpertos, carentes de capacidad, han implicado que hoy, en 1973, Chile sea más dependiente que cuando el señor Allende asumió la Presidencia de la República.
Sólo hace dos días, el señor Allende, en la concentración que celebró, con su ronda de elementos marxistas, en el Día del Trabajo, reconoció que en 1972 hemos necesitado traer por cerca de 445 millones de dólares en alimentos. Y cuando aquí hace unos instantes el señor Valente nos hablaba de los efectos milagrosos de una economía que, a su juicio, era la de Chile, en verdad mostraba cifras que, indudablemente nos inducían a confusión, porque el país a que el Senador comunista se refería no es, efectivamente, el país en el cual vivimos. El señor Senador decía: somos más independientes; hemos hecho más justicia al pueblo; se ha aumentado la producción. Y sin sonrojarse lo que, dentro de su conformación ideológica, no sería mal visto, el señor Valente sostenía que se ha acrecentado la producción industrial, la agrícola y la minera, contradiciendo lo reconocido hace dos días por el señor Presidente de la República ante todo Chile y el mundo: que este país es más dependiente, que no hay divisas, que habrá que gastar en alimentos, en 1973, casi todo el presupuesto de divisas generado por los ingresos provenientes de la venta de cobre.
El señor Senador hablaba del aumento de la producción agrícola. ¡Pero, estimados colegas, si el país está viviendo un proceso de escasez, que afecta y golpea terriblemente a los hogares chilenos más modestos, a obreros, a empleados, a jubilados, a los sectores medios, a esos sectores medios a los cuales este Gobierno mira con tanto desprecio y pretende liquidar, pese a que dentro de la combinación de la Unidad Popular aparecen algunos sectores pequeños que, a menudo en tono ufano, hablan de que están allí para defender a los sectores medios! ¡Yo no sé a qué sectores medios estarán defendiendo! ¡Tal vez a los que mencionó un día el MIR, en un ataque violento contra el Gobierno, cuando descalificaba a la Unidad Popular y a los dirigentes de esa combinación diciendo que éstos se habían apoderado de la Sierra Maestra del presupuesto nacional y que no les importaba la política general de beneficios para la clase obrera!
En este momento, nuestra patria vive una profunda crisis. Es la misma crisis, sin duda, más honda por el desgobierno que se ha proyectado sobre Chile a causa de la baja en todas las actividades productoras, que mencionaba en su enunciación el Programa de la Unidad Popular, cuando trataba de describir la economía chilena durante la campaña de 1970.
Nuestra nación asiste en estos instantes a la inflación más alta de toda su historia. Los síntomas son bien conocidos: inflación desbocada, desabastecimiento de insumos básicos, crisis de divisas, estancamiento de la producción, estrechez financiera, colas, mercado negro. El resultado de esta política ha sido sintetizado por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en los siguientes párrafos:
La economía se encuentra estancada, el país está sufriendo la inflación más alta de su historia, la redistribución alcanzada durante 1971 se ha diluido en la espiral inflacionaria, la ineficiencia con que se utilizan los recursos de la economía ha aumentado notoriamente y los altos niveles de ocupación alcanzados durante 1971 y principios de 1972 comienzan a ceder paso a un aumento de la desocupación abierta y disfrazada.
La grave situación de la balanza de pagos no permite satisfacer las necesidades internas a través de importaciones y ha resultado imposible equilibrar oferta y demanda global a los precios existentes.
Esta demanda insatisfecha originada por la nuevamente inusitada emisión de dinero en 1972 y acompañada de un control generalizado de precios, tiene como consecuencia la escasez y el desabastecimiento y da origen al mercado negro.
El país está estancado.
La explicación de este pobre resultado del proceso económico productivo está, entre otras, en una nueva baja de la inversión en 1972. Ya en 1971 habíamos tenido una baja de 11%, y en 1972, el año que debía haber sido de la acumulación según los planes del Gobierno, de los mismos respecto de los cuales el Senador señor Valente ha entregado algunos cuadros, así como las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional que tanto denigraba, según voceros oficiales, terminó solamente en una acumulación de presiones, desequilibrios y distorsiones, pero con una nueva caída de la inversión de 5,4%.
¿Qué pasa en la agricultura? Ya lo he señalado con cifras que di: durante 1970 se importaron 178 millones de dólares en alimentos; durante 1971,314 millones de dólares; en 1972, como lo reconoce el señor Allende, 445 millones de dólares, y, seguramente, en 1973 se importarán alimentos por un valor cercano a 600 millones de dólares. Prácticamente, han debido importarse 12 millones de quintales métricos de trigo. Hemos vuelto a las cifras de producción del siglo pasado.
¿Qué ocurre en la industria? Los meses de noviembre y diciembre del año pasado acusan bajas del orden de 8% con relación a los mismos meses del año anterior, que fueron los meses en que la producción industrial parece haber mostrado su máxima capacidad.
¿Qué sucede en la minería? La producción de hierro bajó en 21% respecto a 1971; la producción de salitre disminuyó en 13%; la de yodo, en 21% y la de sulfato de sodio, en 11%. La producción de carbón fue sólo de 1.300.000 toneladas, o sea, 12,4% inferior a la de 1971.
¿Qué ha pasado en la política fiscal? En este instante, la emisión, que alcanza a cifras cercanas a 90 millones de escudos diarios, implica que, en nuestro país, de cada diez escudos que paga el Fisco, cuatro sean producto de emisiones. O sea, Chile se está empapelando para tapar hoyos generados por el desacierto, por la incapacidad y ¿por qué no decirlo? también por la corrupción de este Gobierno. Porque es corrupción negar compensaciones pecuniarias justas a los trabajadores chilenos, decirles al profesor, al técnico, al profesional, al antiguo funcionario de Correos y Telégrafos, en fin, a los empleados, que tipifican la clase media chilena, que tienen que sacrificarse, y congelar sus remuneraciones, haciendo perder prácticamente 60,2% de su poder adquisitivo a todos los que ganan más de 5 vitales. Es una inmoralidad que el Gobierno del señor Allende esté preocupado, como lo han reconocido algunos Ministros con una frialdad tremenda, de llevar a la realidad su afirmación de que lo importante es tomar la posesión material del control político de todos los mecanismos, sin que para ellos signifique algo positivo la suerte de las actuales generaciones de trabajadores chilenos. Es corrupción que los organismos fiscales estén botando el dinero a manos llenas en publicidad y en toda clase de negocios destinados a comprar medios de difusión para silenciar la protesta de quienes reclaman por las colas, las alzas, el desabastecimiento, la especulación y el mercado negro. Como una demostración de esa deshonestidad, voy a dar a conocer una cifra extraída de un cuadro entregado oficialmente a esta Corporación por la Polla Chilena de Beneficencia, que dirige un militante del Partido Socialista, uno de los señores Palestro, de estos que se ufanan de tener una Sierra Maestra en San Miguel, y que ahora también la tienen en la Polla Chilena de Beneficencia. En esta empresa, que es una institución estatal, se han gastado en tres meses enero, febrero y marzo, 4.799.102,91 escudos para financiar todas las radioemisoras, diarios y revistas concientizadoras del Gobierno, mediante publicidad y propaganda.
Por eso, los trabajadores semifiscales y fiscales tienen perfecto derecho a reclamar, mediante Tucapel Jiménez y Bayardo González, dirigentes de la ANEF, por un reajuste discriminatorio y por una política sectaria y antisocial, contra la que seguirán luchando, porque esa política gubernativa es insensible, está destinada a pauperizar a Chile, sin que importe la suerte de los auténticos trabajadores, liquidando día tras día a la clase media de nuestra patria.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Durán. Dispone de 21 minutos, señor Senador.
El señor DURAN.- Señor Presidente, deseo formular algunos alcances a las palabras que la Sala ha escuchado al Honorable señor Valente, en un refrigerado discurso que transformó a esta Corporación en un verdadero freezer.
Es difícil entender la actitud de los Senadores comunistas y, en general, de los parlamentarios de Gobierno. Nos vienen a leer aquí sus discursos que describen, con optimismo que a uno lo hace pensar que se refieren a otro país, todo el desarrollo económico nacional, y más tarde abandonan la Sala; No sé si de esta manera manifiestan el desprecio del Ejecutivo hacia el Parlamento o tratan de no quedar al desnudo, en un debate o diálogo, en el conjunto de afirmaciones falsas, de juicios equivocados o aventurados, de crítica a los sectores de Oposición, a los que tratan de la peor manera.
Por lo mismo, no me preocuparé del conjunto de aseveraciones que el Senado tuvo oportunidad de escuchar al señor Senador. Quiero, más bien, insistir en algunos aspectos de carácter jurídico que ya señalé en la sesión anterior cuando, en una especie de discusión general, conocimos de esta iniciativa legal.
Considero innecesario recordar para no distraer la atención de mis distinguidos colegas que la idea inicial del Ejecutivo conjugaba las fórmulas que se desprenden del inciso segundo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, con las del número 15 del artículo 44.
El mensaje del Ejecutivo, al proponer primero un reajuste con un tope de tres vitales, pretendió hacerlo operable mediante un sistema de facultades delegadas o extraordinarias y, al mismo tiempo, sujetar esa iniciativa a las disposiciones del inciso 2º del citado artículo 45.
Tal como aquí se ha expresado, es éste un proyecto de ley discriminatorio e injusto. Y reviste tal carácter no porque los Senadores de Oposición así lo hayan señalado. Ya tuve oportunidad de referirme a las palabras vertidas por el señor Millas en las Comisiones Unidades de la Cámara de Diputados. Afirmó el señor Ministro que el Gobierno es partidario de conceder un anticipo de reajuste discriminatorio, financiado con medidas igualmente discriminatorias.
En efecto, el proyecto de reajuste propuesto a la consideración del Parlamento solicitaba facultades especiales a fin de otorgar a los funcionarios de la Administración fiscal y autónoma o descentralizada una especie de bono que alcanzaba, como topé, a tres sueldos vitales. O sea, entregaba al Presidente de la República
una atribución muy amplia que le permitía otorgar a las rentas superiores a ese tope un reajuste parcial según fuera su real saber y entender, y sobre la base de un informe emitido por una comisión que sería presidida por el Contralor General de la República.
El sistema ideado por el Ejecutivo motivó un conflicto con el Parlamento que debió dilucidarlo el Tribunal Constitucional.
En consecuencia, si alguna responsabilidad cabe por la demora en la tramitación de esta iniciativa legal que como lo expresa el Ejecutivo, es un anticipo a un reajuste, debe atribuirse al deseo torcido y oculto del Gobierno de arrancar al Congreso Nacional facultades económicas extraordinarias, teniendo como respaldo las urgentes necesidades de los sectores de empleados y obreros tanto de la Administración Pública como de la privada.
Queda en claro, por lo tanto, según lo afirma el Ejecutivo por boca de sus propios Ministros, que éste es un proyecto discriminatorio.
Sin embargo, debo destacar un hecho que, en mi concepto, imprime una característica muy especial a esta iniciativa, reviste suma gravedad y, desgraciadamente, quizás por la premura con que se ha tratado esta materia o, tal vez, porque no he tenido la suerte de ser escuchado con atención, no fue advertido por mis distinguidos colegas: éste es un proyecto piloto, una especie de globo de experimentación que el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional para saber hasta dónde el Parlamento es capaz de abdicar de sus propios derechos y para impulsarlo, no sé por qué extrañas razones, a una línea de tolerancia en la cual el Gobierno, con claro atropello de la Constitución, nos propone fórmulas discriminatorias y arbitrarias que, antes o después, se van a sumar al conjunto de hechos que viene creando, en nuestro desarrollo social y económico, el trágico panorama de descomposición social que agita al país.
Estamos en presencia de un proyecto de ley que entrega una suma o bono de compensación de monto fijo, equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida, que alcanza sólo hasta las rentas de cinco, sueldos vitales y que se cancelará a todos los funcionarios, con lo cual se distorsiona el régimen vigente que otorga remuneraciones diferentes de acuerdo con el grado, con la técnica, con la capacidad, con la función que se desempeña. Aquí radica la razón esencial que me mueve a advertir al Honorable Senado que el Ejecutivo pretende cobijarse en el inciso segundo del artículo 45 de la Carta Fundamental, en circunstancias de que no es aplicable en este caso.
El precepto signado con el número 45 de la Constitución Política establece que es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario, entre otras, la de fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios. Por, otra parte, el Estatuto Administrativo, en su artículo 2° letra e), define lo que se entiende por remuneraciones Y los señores legisladores saben muy bien que para entender el alcance de una palabra hay que ceñirse a la definición del Diccionario de la Real Academia, salvo que la ley señale expresamente un alcance determinado. ¡Y éste es el caso concreto que nos ocupa!
El Estatuto Administrativo define el concepto remuneraciones como el término con que se designa cualquier estipendio que el empleado o funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función.
Por lo tanto, es facultad exclusiva del Primer Mandatario tal como lo establece el artículo 45, tantas veces citado, proponer la creación de nuevos servicios públicos o empleos rentados y fijar las remuneraciones, según la definición empleada en el Estatuto Administrativo. Y al conocer esta iniciativa, ¿estamos fijando o modificando remuneraciones? ¿Se trata de fijar para los funcionarios de la Administración Pública o de los servicios de administración autónoma una determinada renta o de aumentar la misma en función del cargo que desempeñen? ¿O, sencillamente, estamos otorgando un bono o un anticipo de un reajuste motivado en razones económicas de índole inflacionaria y que nada tiene que ver con el cargo o función desempeñados?
Sostenemos que estamos en presencia de un hecho perfectamente claro. La diferencia de interpretación es sustancial, porque la fijación de remuneraciones acto de voluntad del Ejecutivo, manifestada expresamente como atribución propia del Jefe del Estado en atención a corresponderá la administración general de la nación, se determina, en razón, repito, de la importancia de la función o cargo que se desempeña, concepto que encuentra sus raíces en una concepción jurídico-administrativa. En cambio, las proposiciones del Gobierno que ahora discutimos tienen un fundamento de carácter económico, marginado del criterio de la función o cargo que se desempeña.
Es indispensable tener claro este concepto por las razones que reiteradamente se han señalado. Estamos en presencia de un Ejecutivo con características muy especiales.
Algunos de mis colegas sostendrán que muchas veces efectivamente, es verdad hemos discutido proyectos de ley, en algunos casos, típicamente de reajustes y, en otros, iniciativas que en algunas de sus disposiciones incluían problemas originados por la inflación. En esas oportunidades, dentro del trato institucional y del diálogo de caballeros que imperan en la vida democrática, cada uno de los Poderes del Estado, ejerciendo facultades propias, llegaba a fórmulas que permitían conjugar voluntades entre Ejecutivo y Parlamento para dar vida a numerosas, leyes que tuvimos ocasión de debatir.
Pero el Gobierno del señor Allende, según lo expresado en forma clara y reiterada tanto por él como por sus personeros, se vale de resquicios legales.
En el caso que nos ocupa, el Primer Mandatario se ha adelantado a fijar su concepción ideológica, que implica la destrucción de la clase media, a fin de dar paso a su anhelo de socialismo a la chilena y que conduce, de todas maneras, a la dictadura del proletariado. Para ello repito es indispensable la destrucción de la clase media.
¡Qué mejor camino o resquicio legal que el que ha descubierto en la mala interpretación del artículo 45 de nuestra Carta Fundamental! Después de desatar una inflación brutal propone un reajuste que alcanza sólo hasta cinco vitales. De este modo, según la vía interpretativa empleada por el Ejecutivo, a fines de este año o en el curso del próximo, pero en todo caso antes de 1976, no habrá más que una renta común para todos los funcionarios del Estado, cualesquiera que sea su eficiencia, su profesión o su especialidad.
Espero que la aprobación de este proyecto de ley por parte del Parlamento obedezca sólo al apremio a que se ha visto abocado.
No quisiera ser un especie de trágico pitoniso, pero advierto que en esta iniciativa legal viene incorporada la fórmula con que el Ejecutivo está operando con el objeto de crear circunstancias de tipo ideológico, de inspiración marxista leninista. Hace un tiempo, en esta misma Corporación, tuve oportunidad de recordar una cita del distinguido profesor de Derecho Procesal, señor Carnelutti, que figura en un libro titulado Metodología del Derecho y que deseo nuevamente estampar en el Diario de Sesiones de esta Corporación. Decía el maestro que la experiencia nos enseña que las leyes injustas no son útiles porque no conducen a la paz; no son duraderas, porque tarde o temprano, antes o después, más bien que en el orden desembocan en la revolución. Ahí tenemos, por consiguiente, otra regla que el legislador debe observar; y si no la observa, el precio es terriblemente caro; y nunca como en esto muestra cuán vanamente se disuelve su jactanciosa omnipotencia.
La ley que estamos despachando, de anticipo de reajuste, es el inicio en la práctica de la búsqueda de un camino que permita al Gobierno de la Unidad Popular, al Gobierno del Partido Comunista, al Gobierno del marxismo leninismo, llegar a la concreción de sus anhelos ideológicos.
La CUT, cuando la presidía el señor Figueroa, hoy Ministro del Trabajo y lo dijo él, también, en el debate en las Comisiones de la Cámara de Diputados, acordó proponer el proyecto al Presidente de la República en los mismos términos en que fue enviado al Congreso. Sin embargo, el país sabe que el representante de los empleados fiscales, el señor Jiménez, ha expresado en forma reiterada que este proyecto discriminatorio no cuenta con el respaldo de la Asociación que él dirige.
Se trata, pues, de un atropello claro a la Constitución, que ni siquiera encuentra como justificación el respaldo de las fuerzas del trabajo, las cuales serán gravemente dañadas en los sectores de la Administración Pública y descentralizada.
Tengo la certidumbre de que estamos escribiendo en este instante una parta muy delicada de la historia de nuestra convivencia democrática. Y porque me asiste la certidumbre, también, de que el Congreso Nacional debe tener clara conciencia del fenómeno que se viene planteando mediante el uso abusivo de facultades que no le competen al Gobierno, he querido dejar constancia en las actas de la Corporación de este juicio mío, que, además, es el de la colectividad que represento y que obedece a un estudio previo por parte de numerosos juristas.
Esta tesis, como lo manifesté en la sesión pasada, encuentra respaldo, también, en la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, sentada en distintos fallos. El otro día cité un párrafo breve que ahora deseo releer, para completar en mi intervención un juicio global de este fenómeno que viene aconteciendo ante nuestros ojos y con nuestra tolerancia.
En el considerando 30° de la sentencia a que me refiero, recaída en un juicio de indemnización de perjuicios, expresa la Corte Suprema:
Considerada la cuestión, desde el punto de vista del recurso, debe aceptarse que es innegable la repercusión que en el proceso puede tener el fenómeno inflacionista cuando se refiere a una obligación reparatoria: la dilación del proceso, dentro de un sistema de inamovilidad del valor de la moneda, hará pesar sobre la víctima las consecuencias de la desvalorización: al término del juicio recibirá en pago una moneda depreciada. Y éste es el problema fundamental propuesto en el recurso: la variación del perjuicio después de producido, como consecuencia de la desvalorización de la moneda; es decir, el monto de la indemnización que ha de repararlo, expresado en moneda, ha variado; se ha modificado el valor adquisitivo del signo monetario; no ha variado el daño, pero sí su valor.
Y en el considerando 33º agrega la Corte Suprema:
En las condiciones antes señaladas el daño no ha cambiado; es su valor el que ha variado como consecuencia de haberse modificado el poder adquisitivo de la moneda; su depreciación produce ese aumento de valor, y como la víctima tiene derecho a la íntegra reparación, tales variaciones han debido considerarse, si así se solicita y en la medida en que se hayan establecido en el proceso.
¿Cuál es el gigantesco daño sufrido por empleados, por profesionales, por jubilados, por las Fuerzas Armadas, por todos los que viven de un sueldo o salario, como consecuencias del proceso inflacionario generado por el propio Ejecutivo? La opinión pública lo dirá, en la medida en que este proyecto despierte un sentido de resistencia, de repulsa, en la gran mayoría popular.
Nada más, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra a los señores Senadores cuyos Comités aún tengan tiempo disponible.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, por norma he sido siempre contrario a adjetivar demasiado mis intervenciones. Pero he escuchado las de mis Honorables colegas señores Musalem, Ibáñez, Acuña y, hace un instante, del señor Durán; de manera que, sin entrar en el problema de orden jurídico, quisiera darles una respuesta muy sencilla y breve.
En la mañana de hoy analicé, en el curso de mi intervención, lo que históricamente ha sido la política de remuneraciones que, prácticamente desde 1931, han seguido los distintos Gobiernos. Demostré así, señalando concretamente las diferentes leyes de reajustes que desde entonces se han dictado, que hasta 1972, con la sola excepción de la del año 1969, en todas las demás los reajustes habían sido inferiores al aumento del índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Incluso, muchos de los aumentos ni siquiera se limitaron a un máximo de cinco sueldos vitales, sino que se impuso un tope de sólo dos o tres sueldos vitales. Incluso, como ocurrió entre 1950 y 1955 con los empleados particulares, el reajuste se limitó exclusivamente a un sueldo vital. Por eso afirmé que, históricamente, los reajustes de remuneraciones que tienen todos como fundamento el proceso inflacionario, que ya es tradicional, han sido siempre congelatorios.
Este Gobierno, a partir de 1971, cambió la política de remuneraciones. Las leyes que sobre el particular se han dictado, que son tres las demás son sólo de anticipo, sin considerar las de reajustes especiales para las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones han otorgado, como mínimo, un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida, sin perjuicio de otorgar aumentos superiores en el promedio.
En este caso no estamos en presencia del proyecto que, cada año, debe reajustar las remuneraciones, como es tradición. Tal proyecto, de acuerdo con lo establecido en la ley de reajustes vigente, la Nº 17.828, deberá comenzar a regir desde el 1º de octubre próximo. Ahora estamos en presencia, simplemente, de una iniciativa que otorga nada más que un anticipo hasta la promulgación de esa otra. Incluso, así lo dice la propia citación a esta sesión. No se trata, entonces, del reajuste propiamente tal. De ahí la limitación.
Nosotros hubiéramos querido lo dije en la mañana y lo repito ahora contar con financiamiento para aumentar todas las remuneraciones, de la misma manera en que se hizo en octubre pasado, en proporción similar al aumento del costo de la vida, como mínimo.
Hemos participado intensamente en el estudio del proyecto, y no hemos sido renuentes, como no lo han sido los demás Honorables colegas, a entregar algunos aportes que permitan mejorar la iniciativa en estudio.
Pues bien, este proyecto no está limitado sólo a cinco sueldos vitales. Es necesario aclarar que cuando habla de cinco vitales se refiere a sueldos base; de manera que en los hechos, cuando se apliquen las disposiciones correspondientes, la inmensa mayoría de los servidores del Estado que, aparte los sueldos base, perciba otras asignaciones expresadas como porcentajes, recibirá reajustes superiores en su monto a esos cinco sueldos vitales.
El señor CARMONA.- ¿Cuáles son esos sectores?
El señor SILVA ULLOA.- Es difícil recordarlos todos en este instante; pero puedo señalar algunos, para despejar la inquietud del Honorable señor Carmona.
Por ejemplo, eso sucederá con los médicos, que tienen asignaciones expresadas en porcentajes por concepto de dedicación exclusiva o de dirección; con los profesionales que perciben asignación de título, que también recibirán el reajuste en estos términos.
Cuando discutimos este proyecto en las Comisiones el día de ayer, formulé dos indicaciones tendientes a resolver un problema que, a nuestro juicio, de ser posible, era justo solucionar. Me refiero a la disposición que excluía a los funcionarios con sueldos superiores a veinte vitales del beneficio dé que se trata. Estas indicaciones fueron acogidas por la Comisión y por el señor Ministro de Hacienda, que representaba el Gobierno en esos instantes, quien nos ofreció hacer gestiones para obtener el patrocinio constitucional del Presidente de la República a fin de poder tratarlas. Ese patrocinio fue otorgado, como consta en el oficio Nº 761, que expresa:
Confiero patrocinio a las siguientes indicaciones del Honorable señor Silva Ulloa.
Artículo 1º.
Para suprimir en su inciso primero la frase cuyas remuneraciones sean iguales o inferiores a veinte sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago.
En el artículo 13: Para suprimir su inciso segundo.
La Comisión ya suprimió este inciso en su sesión de anoche. Este precepto limitaba el reajuste sólo a los sueldos de hasta veinte vitales mensuales.
Por eso, considerando respetables las opiniones vertidas por todos los Honorables colegas que han intervenido, de las cuales uno saca siempre alguna enseñanza que le permite prepararse en mejor forma para defender sus principios en el futuro, el debate pudo circunscribirse exclusivamente a señalar en cuántas oportunidades Gobiernos anteriores otorgaron reajustes inferiores al alza del costo de la vida; en cuántas ocasiones se concedieron tardíamente, no por el año completo, y en cuántas otras, durante esta Administración, los reajustes han tenido como norma conceder un mínimo equivalente al ciento por ciento de la variación del índice de precios al consumidor, y aclarar cuántos beneficios de carácter adicional se han entregado para resolver los problemas de los servicios postergados.
Esperábamos que estos problemas de orden económico y técnico pudieran discutirse sin el apasionamiento propio del clima político que vive el país, y poner el conocimiento de todos los que actuamos en la vida pública al servicio de la finalidad perseguida. Así, podrían discutirse técnicamente proyectos de esta índole, con el propósito de que cuerpos legales como éste, que son de carácter técnico, contengan disposiciones que permitan promover efectivamente cambios en el sistema económico, social, cultural y político del país, de acuerdo con los anhelos de la nación toda.
El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión hasta las 18 horas.
Se suspendió a las 17.32. Se reanudó a las 18.3.
El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión.
Señores Senadores, corresponde, de acuerdo con los procedimientos reglamentarios, votar los artículos del proyecto en discusión.
Esta tarde se adoptaron en la Sala algunos acuerdos respecto de los asuntos aprobados unánimemente por las Comisiones Unidas el señor Secretario hará mención de ellos, lo que permitirá simplificar la votación.
El señor SILVA ULLOA.- Hay acuerdo sobre eso.
El señor PALMA (Presidente).- Hay acuerdo respecto de los asuntos a que se referirá el señor Secretario.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Conforme al acuerdo adoptado por la Sala en la sesión de esta tarde, todas las resoluciones unánimes de las Comisiones Unidas deben darse por aprobadas. Son las siguientes:
Los artículos 1º, 9º, 12, 13, 19 y 24 se acogieron unánimemente. Los artículos 29, 30, 31 y 32 fueron objeto de enmiendas de mera referencia. Artículo 33º: números 1, 2, 4, 5 y 6, nuevos, aprobados por unanimidad; número 1 del primer informe, modificación de mera referencia; número 2 del primer informe, acogido unánimemente, salvo respecto de la adición de letras nuevas, que se aprobó por mayoría de votos; número 3 del primer informe, acogido por unanimidad; números 4, 5 y 6 del primer informe, enmiendas de simple referencia; números 12, 13 y 14, nuevos, aprobados unánimemente. Artículos 34 y 35, modificaciones de mera referencia. Artículo 41, nuevo, acogido por unanimidad. Artículo 36, enmienda de simple referencia. Y artículo 37, aprobado unánimemente.
Hasta ahí la enumeración de los asuntos acogidos por las Comisiones Unidas en forma unánime y que la Sala resolvió esta tarde dar por aprobados.
El señor PALMA (Presidente).- En consecuencia, quedan aprobadas esas disposiciones, inclusive las que fueron objeto de enmiendas de mera referencia.
El señor LORCA.- Pido la palabra.
El señor VALENTE.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Con el acuerdo de la Sala...
El señor LORCA.- Quiero formular una consulta: no obstante estar aprobado el artículo 1º, ¿puede un Senador usar de la palabra para dar su opinión sobre él?
El señor PALMA (Presidente).- ¿Para fundar su voto?
El señor LORCA.- Claro.
El señor CARMONA.- No, porque el artículo 1º ya está aprobado.
El señor BALLESTEROS.- No hay fundamento de voto.
El señor PALMA (Presidente).- Se me ha informado no me hallaba presente cuando se adoptó el acuerdo que esta tarde el Senado decidió ratificar las resoluciones unánimes de las Comisiones Unidas.
Por lo tanto, solicito el asentimiento unánime de la Sala para permitir al Honorable señor Lorca opinar sobre el artículo 1º.
Acordado.
El señor LORCA.-
Quería hacer uso de la palabra para manifestar que, junto con otros señores Senadores, formulamos al artículo 1º, donde se establece el reajuste de 60% para los sectores público y privado, una indicación en que se disponía que la gratificación de zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquier naturaleza que sean porcentaje de sueldo se pagarán sobre la base de la remuneración aumentada en conformidad a la ley en proyecto.
El Ejecutivo rechazó esa indicación deseo que esto quede en la historia de la ley por considerarla innecesaria.
El señor SILVA ULLOA.- Exacto.
El señor LORCA.- Pero, lógicamente, no obstante el criterio del Gobierno, pedimos aprobar dicha indicación, para evitar dificultades en la interpretación de la ley en proyecto.
He usado de la palabra para dejar constancia de que los Senadores democratacristianos y otros colegas de la Oposición participamos del criterio contenido en esa norma, pese a que el Ejecutivo la rechazó por estimarla innecesaria.
Repito: en dicho precepto se establece que la asignación de zona se pagará sobre la base del sueldo reajustado, lo que beneficiará a todos los trabajadores que gozan de ella.
El señor PALMA (Presidente).-
Se dará cuenta de un oficio que llegó a la Corporación.
El señor EGAS (Secretario subrogante).-
Está fechado el 2 de mayo de 1973, lleva el número 761 y dice:
Confiero patrocinio a las siguientes indicaciones del Honorable SenadorSilva Ulloa:
Artículo 1ºEn su inciso primero, suprímese la frase cuyas remuneraciones sean iguales o inferiores a veinte sueldos vitales mensuales escala A) del departamento de Santiago.
Artículo 13.Suprimir su inciso segundo.
Saluda atentamente a Ud.
Salvador Allende Gossens, Presidente de la República.
Fernando Flores Labra, Ministro de Hacienda.
Al señor Presidente del Senado de la República.
El señor FONCEA.- ¿No vendrá el patrocinio para una indicación que presenté yo...?
El señor PALMA (Presidente).- Con ese oficio queda ratificado el acuerdo de las Comisiones en la parte pertinente.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Corresponde, en consecuencia, votar los artículos del segundo informe de las Comisiones Unidas que no fueron objeto de resolución unánime.
El señor HAMILTON.- Pido la palabra para referirme muy brevemente y en forma genérica a los artículos que, de acuerdo con lo resuelto por la Sala esta tarde, se aprobaron hace un instante.
El señor MONTES.- No hay acuerdo.
El señor VALENTE.- Yo había pedido la palabra antes.
El señor PALMA (Presidente).- En seguida, señor Senador.
Solicito el asentimiento de la Sala para otorgar la palabra al Honorable señor Hamilton.
El señor MONTES.- No hay acuerdo.
El señor HAMILTON.- Voy a intervenir de todas maneras al fundar mi voto respecto de un artículo referente a una materia similar a la que deseaba analizar. Pero aprovecho la oportunidad para dejar constancia de que hay oposición del Senador comunista señor Montes a que yo formule algunas observaciones en este momento.
El señor CONTRERAS.- Es innecesario referirse a dichos artículos, porque ya están aprobados.
El señor PALMA (Presidente).- No hubo acuerdo, Honorable señor Hamilton.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- En la página 26 del primer informe aparece la enmienda propuesta por las Comisiones Unidas consistente en reemplazar el artículo 23 por el que sigue:
Con el objeto de que los pequeños y medianos agricultores, cooperativas campesinas y otro tipo de organizaciones campesinas, como también los pequeños y medianos industriales cuyo capital propio no exceda de dos millones de escudos, puedan otorgar el anticipo de reajuste ordenado en la presente ley, dispónese que todas las sumas que éstos adeuden a la Corporación de la Reforma Agraria, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Banco del Estado de Chile o Corporación de Fomento de la Producción, derivadas de créditos reajustabas concedidos o que les concedan en el futuro dichas instituciones, sufrirán únicamente un reajuste máximo equivalente al 25 %, en el caso de los campesinos, o de un 50%, en el caso de los industriales, del alza experimentada por el índice de precios al consumidor en el lapso señalado en el artículo 1º de esta ley.
El señor PALMA (Presidente).- En votación.
(Durante la votación).
El señor LORCA.- Señor Presidente, las Comisiones Unidas, a indicación del Honorable señor Moreno, modificaron en el segundo informe el artículo 23 a fin de incluir a los pequemos y medianos industriales cuyo capital propio no exceda de 2 millones de escudos entre las personas a quienes se otorgan facilidades para cancelar el anticipo de reajuste.
Defiendo este artículo pese a que, según creo, hay unanimidad para aprobarlo, para demostrar cómo algunos Senadores, con imperdonable ligereza, se refieren a las actuaciones de algunos de sus colegas en su calidad de Presidentes o de miembros de ciertas Comisiones.
Esta indicación la presentó el colega democratacristiano Rafael Moreno, y fuimos partidarios de ella todos los miembros de la Comisión. Lógicamente, me refiero a los democratacristianos, que somos cuatro y que oportunamente asistimos a las Comisiones cuando se trata de proyectos de reajustes para los sectores privado y público. Pero en algunos diarios de la Unidad Popular, específicamente en El Siglo, periódico perteneciente al Partido Comunista, se dice que yo he presentado indicaciones contra los pequeños industriales. En realidad, para desmentir a los comunistas habría que andar con un notario al lado, y para desmentir especialmente al señor Valente, que en el Senado falta a la verdad.
El señor VALENTE.- ¿Qué es eso?
Por favor, señor Presidente...
El señor MUSALEM.- ¡Qué por favor!
El señor LORCA.- Estoy diciendo que en El Siglo...
El señor VALENTE.- No admito que use esos términos.
El señor PALMA (Presidente).- Advierto a los señores Senadores que la Mesa adoptará las medidas del caso para eliminar de la versión las expresiones antiparlamentarias.
Está con la palabra el Honorable señor Lorca.
El señor LORCA.- El señor Senador no ha escuchado lo que expresé.
Dije que el señor Valente formuló esa declaración a El Siglo. Por eso señalé, a no ser que me dé una explicación,...
El señor VALENTE.- No le doy ninguna explicación.
El señor LORCA.- Entonces, quiere decir que falta a la verdad.
El señor VALENTE.- ¡ Usted es quien falta a la verdad!
El señor LORCA.- Usted ha dicho que yo presenté una indicación contra los pequeños industriales. ¿Qué indicación es esa?
El señor VALENTE.- Contra los pequeños propietarios. Y no he dicho indicación. Expresé que la Oposición votó en bloque contra los pequeños propietarios, lo que es distinto.
El señor LORCA.- Lo que ocurre es que estos Senadores dicen una cosa a los periodistas; El Siglo las publica, y luego aquéllos niegan la información dada por ese diario.
El señor VALENTE.- ¡No, señor!
El señor LORCA.- Pero es cuestión de leerlo, señor Senador.
El señor VALENTE.- ¡No, señor! Dije que los Senadores de la Oposición votaron en contra de los pequeños propietarios.
El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Lorca está fundando su voto.
El señor LORCA.- Señor Presidente, como el señor Valente demuestra que, o no lee el diario que es su biblia, su evangelio, o que ese periódico miente y le atribuye palabras que él no ha pronunciado, con un secretario o un ministro de fe le voy a enviar la publicación que hizo El Siglo reproduciendo lo expresado por el Senador señor Valente sobre lo que yo manifesté. Seguramente él dirá que El Siglo se equivocó y todo terminará en que fue un error de ese diario; pero el Senador que habla quedará denigrado por él, a pesar de que tal publicación no me alcanza ni tampoco al pueblo, al señalar que soy enemigo de los pequeños industriales.
Sin perjuicio de que en su oportunidad, cuando se traten otros artículos, me refiera a otras declaraciones que el Senador hizo a la misma publicación, quiero destacar que la norma que favorece a los pequeños industriales fue producto de una indicación del colega señor Moreno, que los democratacristianos aplaudimos y aprobamos en la Comisión de Hacienda.
Por eso, votamos que sí en la Sala.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar su voto el Honorable señor Prado.
El señor PRADO.- Señor Presidente, voy a fundar mi voto.
Junto con votar favorablemente, quiero expresar, por ser la única oportunidad que tendré para hacerlo, que durante el debate de esta iniciativa el Gobierno ha tenido una actitud que está muy lejos de la moral pública que se requería, particularmente en todo lo relacionado con la publicidad.
La Oposición en general no ha sido un inconveniente ni un obstáculo para el despacho del proyecto. En especial, los Senadores democratacristianos, al igual que los Diputados de nuestro partido, hemos tratado de resolver no conflictivamente el problema del reajuste. No es cierto que se haya tratado de despedazar el financiamiento ni de negar recursos a la iniciativa. Las tasas del impuesto a la compraventa que se aprobaron llegan hasta 60%, fueron propuestas por el Ejecutivo y discutidas durante largas horas. Las tasas de contribuciones de bienes raíces han sido alzadas hasta 7%, como lo proponía el Gobierno. Hay otros rubros que no se han aceptado, como lo que el Ejecutivo llamó ganancias de capital o capital especulativo, a los cuales se le propusieron enmiendas que tendían a corregir un criterio falso, pues con una inflación tan grande como la que hoy nos afecta hay cosas que aparentemente constituyen utilidad y que no lo son.
Sin embargo, durante toda la larga tramitación del proyecto en debate, el Gobierno, y particularmente los diarios de los Partidos Comunista y Socialista, han planteado, con un solo lenguaje, una posición muy podo respetable, falsa y mentirosa. En esto hay un símbolo que quiero destacar ése es el objeto de mi intervención y que, por desgracia, da absolutamente la razón al Honorable señor Alfredo Lorca, cuando éste se refiere a declaraciones del señor Valente.
Tengo en mi poder la parte del acta referente a una indicación presentada por el señor Lorca, la que tendría por objeto extraer de la lista de bienes, artículos o mercaderías que están sujetas a precio fijo establecido por el Ministerio de Economía por intermedio de DIRINCO, cierto número de artículos suntuarios. ¿Cuál era, precisamente, el objeto de la indicación del señor Lorca? El texto respectivo había sido conversado con el Ministro Flores y tenía como finalidad permitir que un reajuste automático del precio de artículos suntuarios que no afectan al índice, posibilitara al Fisco el ingreso correspondiente por los mayores impuestos. Ese era el objetivo. No se trataba de ningún artículo de primera necesidad, sino de mercaderías suntuarias, muchas de las cuales han quedado gravadas ahora con tasas bastante altas. En algunos casos, se pusieron ejemplos como el de los licores y los vinos finos, rubros respecto de los cuales, como no podían reajustarse los precios, el Gobierno perdía tributación. Esos artículos debían ser mucho más caros, porque los costos eran más altos; pero sus precios no se podían alzar, con lo cual, repito, el Fisco perdía tributación.
En otras palabras, muchos artículos suntuarios estaban bajando en calidad, como ocurría con los vinos, cuya etiqueta se mantenía y la calidad era inferior, o bien surgía un mercado negro de esos artículos. Con esto, el consumidor no obtenía beneficio alguno, porque, o la mercadería desaparecía, o bajaba de calidad o debía comprarse en el mercado negro. Y el Fisco, en todo caso, no tenía utilidad alguna, porque no percibía mayores impuestos.
La indicación en referencia fue conversada en la Comisión con el Ministro, quien expresó allí lo siguiente: El señor Ministro de Hacienda expresó que valora la indicación del Honorable señor Lorca en
cuanto ésta materializa ideas acerca de las cuales el Gobierno y la Oposición han conversado, específicamente respecto de la situación de los suntuarios, y agradece, la preocupación adicional que la formulación por parte del señor Senador autor de la iniciativa significa. Sin embargo, señaló que no puede pronunciarse definitivamente sobre el particular por la complejidad de la materia, no obstante lo cual estudiará una proposición completa sobre el punto, para los efectos de plantearla en el eventual veto que podría recaer sobre la iniciativa.
El propósito del señor Lorca había quedado establecido al dar éste su opinión. Al respecto, el acta dice lo siguiente: El señor Senador autor de la iniciativa hace presente que ha formulado la iniciativa única y exclusivamente en razón de las conversaciones sostenidas con el señor Ministro de Hacienda, en el curso de las cuales éste reconoció la conveniencia de eliminar del sistema de fijación de precios a los artículos suntuarios, con el objeto de posibilitar que el Fisco obtenga parte significativa de las utilidades que se producen en la transacción de dichas especies... .
Desde luego, El Siglo de hoy dice: Loica pide libertad de precios y chipe libre para la especulación. Y en la parte interior de ese diario se señala: El senador comunista Luis Valente Rossi, miembro de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno de la Cámara Alta, hizo notar su indignación frente a la proposición del senador Alfredo Lorca.
La idea propuesta por el senador Lorca dijo Luis Valente significa ni más ni menos que una puerta abierta para una especulación desatada, sin límites, sin control ninguno, que obviamente afecta a los sectores más modestos de la población y sólo favorece a quienes utilizan su gran capital para fines especulativos. Este es un criterio que demuestra hasta dónde quieren llegar algunos sectores de la oposición con el fin de crearles problemas al Gobierno y a los trabajadores.
Termino diciendo que no es posible que haya tanta mala fe y tanta pequeñez: una cara afable y amistosa dentro de la Comisión cuando se están debatiendo y estudiando los problemas, y por otra parte, simplemente, el propósito deliberado de mentir, de trabajar para la galería, para la populachería, para la mentira. No es primera vez que pillamos al señor Valente en estas actitudes. Ya está bueno que se sienta notificado, por lo menos en lo que afecta a su dignidad, de que no podemos seguir realizando el trabajo parlamentario dentro de las Comisiones sometidos al riesgo de este tipo de pequeñas traiciones.
Como lo que él expresó es una falsedad, yo le pido que rectifique su conducta, a menos que desee que todos los Senadores le quitemos el saludo, cosa que por lo menos no debería suceder. El señor Valente tiene el deber de desmentir esa publicación, porque implica una mentira suya. O desmiente a su diario, o a su Ministro; pero no siga sentado ahí, impertérrito. Tenga un mínimo de decencia en su trato con el resto de los parlamentarios; de lo contrario, no merece el mínimo de consideración.
Eso era cuanto quería expresar.
El señor EGAS (Prosecretario).- Cómo vota Su Señoría?
El señor PRADO.- Favorablemente.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar su voto el Honorable señor Gumucio.
El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, considero que este artículo debía merecer bastantes dudas respecto de su procedencia y constitucionalidad.
En realidad, al establecer la norma en votación que las sumas adeudadas por los pequeños y medianos agricultores, cooperativas, etcétera, derivadas de créditos reajustables, experimentarán sólo un reajuste máximo de 25%, o de 50% en su caso, quedaría una cantidad que podría haber sido percibida por las instituciones fiscales que en dicho precepto se enumeran y que no recibirán. En otros términos, el artículo que tratamos está dando una bonificación al pequeño agricultor para que pueda solventar el gasto que le irrogará el anticipo de reajustes.
Aun cuando la iniciativa me parece muy loable, la verdad es que este desembolso requeriría del patrocinio del Ejecutivo, ya que, indiscutiblemente, se trata de un gasto. Si las instituciones mencionadas en el precepto dejarán de percibir equis sumas al bajar a 25% o a 50% el reajuste de las cantidades a ellas adeudadas por concepto de créditos reajustables, ello significa que se está entregando dinero al deudor para que cancele el adelanto de remuneraciones.
Por otra parte, no cabe duda de que la disposición nada tiene que ver con la idea matriz del proyecto, aun cuando se coloque como fundamento de ella que es para ayudar a pagar el anticipo de reajustes, ya que, como es indudable, establece una rebaja en la reajustabilidad crediticia.
Por estos motivos, aunque sea muy laudable el propósito del artículo que estamos tratando, voto que no por estimarlo improcedente e inconstitucional.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar su voto el señor Senador.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente, junto con votar favorablemente la disposición de que se trata, quiero aprovechar el breve tiempo de que dispongo para formular una observación de carácter general respecto de la participación que los diversos sectores políticos han tenido con el mismo proyecto, a lo cual quise referirme en su oportunidad, pero que me fue impedido por la hidalguía y sentido democrático que caracterizan las intervenciones del Comité del Partido Comunista señor Montes.
Quiero llamar la atención del Senado sobre el hecho de que, mientras ambas ramas del Parlamento se han encontrado abocadas al estudio y despacho de una iniciativa tan importante para los trabajadores, como es este anticipo de reajuste, que tiende a paliar en parte por lo menos la disminución producida en sus ingresos por los efectos de la inflación desatada por la política del actual Gobierno, esta Corporación y el Congreso en general están siendo objeto de una campaña en su contra, sincronizada y orquestada desde otro Poder del Estado, por la propia Presidencia de la República a través de los más altos organismos del Gobierno.
Para demostrar que aquí no se ha tenido reparo alguno, que se ha actuado impúdicamente, que se ha mentido con descaro y que no se ha respetado a las personas ni a las instituciones, deseo referirme, respecto de las primeras, a la forma como ha sido tratado el Presidente de las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, Senador y colega Alfredo Lorca, hecho ya mencionado por el Honorable señor Prado.
También quiero aludir a la campaña del Partido Socialista. Porque la opinión pública debe saber que, mientras los diarios de esa partido, ¡mientras la prensa de esa colectividad política y mientras el Gobierno del cual ese partido es uno de sus ejes, critican al Congreso, ninguno de sus parlamentarios, ninguno de sus Senadores concurre siquiera a la Sala. En estas condiciones, sea para bien o para mal, nos encontramos aprobando el proyecto en debate sin su participación, en ausencia de la totalidad de los Senadores pertenecientes al Partido Socialista. Podremos discutir aquí entre nosotros si la iniciativa es buena o mala, si es discriminatoria o si no lo es, si es suficiente o si es insuficiente, si está financiada o si no lo está. Asimismo, es legítimo que haya posiciones favorables o contrarias al proyecto y que ellas se hagan valer incluso con vehemencia, pero Sus Señorías carecen de autoridad moral para hablar sobre la materia y mucho menos autoridad tienen para falsear, distorsionar y mentir quienes ni siquiera dan la cara, no cumplen sus obligaciones ni concurren a votar el proyecto de su propio Gobierno tendiente a dar anticipos de reajustes a los trabajadores.
El señor PALMA (Presidente)- .El Honorable señor Moreno
puede fundar su voto.
El señor MORENO.- Como lo explicó en forma muy completa el Presidente de las Comisiones Unidas, nuestro camarada y amigo SenadorAlfredo Lorca, el artículo que estamos votando persigue en forma muy expresa dar una mínima facilidad a los grupos más modestos de la producción en los sectores agrícola, campesino e industrial, a fin de que puedan cancelar el anticipo del reajuste.
Por ello, junto con solidarizar plenamente con el Honorable señor Lorca y con sus expresiones, y repudiar la campaña de falsedades y tergiversaciones que, como ya es tradicional, emanan del diario El Siglo y del Partido Comunista en contra de los Senadores de la Democracia Cristiana, no puedo dejar de recoger aquí el argumento dado por el Honorable señor Gumucio, que nace seguramente del hecho de que él no leyó la indicación ni el artículo que se está votando.
La idea planteada en la indicación que formulé no persigue otra finalidad que incluir a los pequeños y medianos industriales entre aquellos a quienes se otorgan facilidades para cancelar el anticipo de reajuste. Con ese objeto, la idea propuesta faculta para reajustar los créditos recibidos por aquellos de parte del Banco del Estado o de la Corporación de Fomento de la Producción, y hasta un máximo ¡de 50% del alza experimentada por el índice de precios al consumidor en el lapso señalado en el artículo 1º. Y la limitante que expresamente se ha colocado es que ese beneficio sólo lo percibirán aquellas personas que tienen un capital propio que no excede de 2 millones de escudos; o sea, cuyo capital propio es menor que el valor de un Peugeot o un Fiat 125, vehículos de los cuales son propietarios muchos de los Senadores aquí presentes.
¡Qué tamaño beneficio estamos dando a estos magnates, a estas personas que en su, mayoría realizan sus labores con la ayuda de cinco, diez, quince o veinte trabajadores y soportando la crítica situación de producción en la cual hoy día se encuentran! Precisamente por no estar en condiciones de pagar el anticipo de reajuste, a nombre de la Democracia Cristiana, presentamos esta indicación tendiente a beneficiar a los campesinos, a las cooperativas y a todas las entidades que tienen relación con el proceso de reforma agraria u organizaciones del agro, aunque sean pequeños productores y pequeños industriales cuyo capital propio no sea superior a los 2 millones de escudos, cantidad que, como digo, es inferior al valor de un automóvil de los que poseen los señores Senadores.
Por eso, votamos a favor del artículo y renovamos nuestra solidaridad con el Honorable señor Lorca frente a las expresiones de que ha sido objeto por parte de los Senadores del Partido Comunista.
El señor MONTES.- Deseo rectificar mi voto y fundarlo.
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacerlo Su Señoría.
El señor MONTES.- Señor Presidente, deseo fundar la rectificación de nuestro voto y, al mismo tiempo, decir unas palabras con relación al debate habido en torno del precepto que nos ocupa, sobre todo en lo referente a la intervención del Honorable señor Prado, quien por lo que veo, también se incorpora al equipo de los frenéticos.
El señor PRADO.- ¿No tiene nada más inteligente que decir? Esperaba otra cosa de usted.
El señor MONTES.- Ruego a los tranquilos y demócratas señores Senadores de la Democracia Cristiana que permitan hablar a un Senador de Gobierno.
El señor MUSALEM.- Ustedes sólo tienen el cascarón de la tranquilidad.
El señor MONTES.- Estoy hablando con mucha tranquilidad.
Confesamos que esta actitud nos extraña un poco, pues comprendemos que mediante la injuria personal, el epíteto hiriente y la utilización de adjetivos que afectan a tal o cual persona, es muy difícil poder crear un clima que nos permita resolver de la manera más adecuada posible, dentro de la atmósfera que ya hemos estado viviendo o estamos viviendo en este país y en esta Sala, los problemas que nos preocupan.
En algún momento escuchamos las voces de gente que nos pareció sensata y que llamaban la atención precisamente acerca del uso de métodos y expresiones que sólo tendían a precipitar la campaña de odios que algunos sectarios de ese lado dicen que nosotros desatamos. Sin embargo, intervenciones desgraciadas, como la que hemos escuchado ahora al Honorable señor Prado, nos demuestran que la intención no es, precisamente, contribuir a morigerar dicha campaña.
Y debemos decir de la manera más categórica y clara lo que hemos repetido en otras ocasiones: nosotros, como personas, como grupo o como partido, no tememos a la lucha ni a sus consecuencias. Sentimos temor por el futuro de este país. Y cuando se injuria de la manera como el Honorable señor Prado lo ha hecho al referirse a ,un Senador que se sienta en estas bancas y que es compañero nuestro, creemos que tenemos el deber de replicar que sentimos pena por ciertas personas que en alguna ocasión nos parecieron que actuaban con dignidad, pero que en su quehacer político, en la práctica, han ido renegando de sus principios y de sus posiciones, actuando en los hechos en la aplicación de una política que no es la propia, sino la que le imponen aquellos que quieren conducir al país a situaciones que todos lamentaríamos; y que, no obstante, se levantan en este Senado como nuevos Catones para reclamar de la dignidad de un señor Senador.
Yo no reconozco al Senador a que me refiero responsabilidad moral para llamar la atención, como de patrón a inquilino, a un Senador comunista.
Y aunque desde un punto de vista formal nosotros pongamos pasión en nuestras palabras, yo creo que en el contenido de ellas hay bastante serenidad. Nosotros, particularmente, no queremos llegar a la injuria, al epíteto hiriente ni a la utilización de adjetivos que echen más leña a la hoguera. Pero si nos arrastran a ese terreno, demostraremos que también conocemos algunos adjetivos semejantes que podemos utilizar. Y ¡por favor! que no se nos trate de atemorizar aquí con toda una serie de intervenciones dirigidas en contra de nuestro partido, en contra del Gobierno y de la Unidad Popular.
Nos vamos a abstener de votar en este artículo, a la espera de conocer el pensamiento definitivo del Gobierno en el veto al proyecto en debate.
El señor VALENTE.- Voy a rectificar mi voto, y fundarlo.
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor VALENTE.- Quiero demostrar que las declaraciones entregadas a la prensa a raíz de la indicación presentada por el Honorable señor Lorca en las Comisiones Unidas, no constituyen ni mentiras ni falsedades.
Tengo el texto de la disposición que plantea la excepción del régimen de fijación de precios, vale decir la libertad de ellos, para determinados productos, entre los cuales aparecen algunos suntuarios, pero entre los que también figuran las agua minerales, los televisores de 23 pulgadas y los cigarrillos.
Si criticamos estas disposiciones y la indicación respectiva, fue porque en el caso de los cigarrillos, por lo menos los Senadores de Oposición no lo ignoran, se trata de un producto que en el índice de precios al consumidor tiene una ponderación de mucha importancia, la cual afecta lógicamente en forma bastante pronunciada la definición del alza del costo de la vida. De manera que nosotros señalamos que la libertad de precios para los tres artículos mencionados significaba abrir las puertas de la especulación para productos que son de consumo popular.
De ser aprobada esa indicación por la mayoría repito, existe la posibilidad de abrir las puertas a una especulación desatada y hacer que el índice de precios al consumidor alcance también una cifra bastante alarmante.
El señor OCHAGAVIA.- El señor Ministro no dijo eso.
El señor VALENTE.- Tan mala era la idea planteada, que en la Comisión hasta los propios Senadores demócrata-cristianos acordaron primero rechazarla; y efectivamente iba a ser rechazada por unanimidad. Pero después el Honorable señor Lorca pidió retirarla para ver la posibilidad de incluirla en otro artículo o en otro proyecto de ley, después de la conversación que hubo con el señor Ministro.
El señor Ministro no se pronunció sobre la indicación, ni menos a favor de ella. Lo hizo, pero con reserva; para estudiar, tal vez, la posibilidad de que ciertos artículos suntuarios fueran incluidos en un decreto de excepción a la fijación de precios. Sin embargo reitero, no se pronunció sobre ella.
Mis informaciones, pues, no han sido falsas. No he mentido. He dicho exactamente lo que a nosotros nos parece el fondo, el contenido de la indicación. De manera que no ha habido otra intención.
Por cierto, rechazo en forma terminante y enérgica tanto las expresiones del Honorable señor Lorca como las del Honorable señor Prado, porque no son ellos los que deben darnos a nosotros, los comunistas, lecciones de dignidad política; ni mucho menos son ellos, los Senadores que han hecho profesión de la hipocresía política y sobre todo de la inmoralidad política, quienes puedan venir aquí a hacerlo. De manera que rechazo terminantemente sus expresiones y pido al señor Presidente que haga respetar también los derechos de los Senadores que somos afectados por estas salidas de madre que tienen algunos colegas incontrolados.
El señor HAMILTON.- Podrían prender la calefacción.
El señor VALENTE.- Me parece que es necesario hacerlo, porque el Honorable señor Hamilton está en la Sala. ¡Si hay algún fresco aquí, ya se sabe quién es...!
Por lo tanto, rectifico mi voto y me abstengo, cambiando mi votación positiva de denantes.
El señor PRADO.- Deseo rectificar mi voto.
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacerlo Su Señoría.
El señor PRADO.- Soy ya bastante adulto como para entender que la indulgencia con que pretendía tratarme el Honorable señor Montes por actitudes de mi pasado, no me afecta ni como halago para entonces ni como reprobación para hoy. Aparte eso, esperaba por lo menos de parte de algunos señores Senadores, después de haber oído las palabras del señor Ministro de Hacienda que se dijera que el dar recursos al Gobierno fue una cosa conversada. El Honorable señor Lorca presentó la indicación con la expresa advertencia de que se persistiría en ella siempre y cuando el Gobierno estuviera de acuerdo.
Y en esto rectifico al Honorable señor Valente: se pensó rechazar la indicación porque el señor Ministro no llegaba a la Comisión. Debo hacer presente que ese Secretario de Estado no vino a ella sino hasta ayer en la tarde. Ha estado ausente durante todo el segundo trámite aquí en el Senado. No ha venido a la Corporación.
Debo hacer notar, además como lo dijimos al señor Ministro, que todas las ideas positivas que le expresaron los Diputados en la Cámara y que señalamos y especificamos los Senadores aquí, no fueron objeto de indicaciones por parte del Gobierno, con lo cual no se demostró interés alguno por traducir esas ideas en disposiciones de carácter positivo.
En contra de lo anterior, que constituye una tergiversación deliberada del señor Valente, el señor Senador contesta que no ha mentido.
Cualesquiera que sean las opiniones que tenga el Honorable señor Valente respecto de la indicación presentada por el Honorable señor Lorca, hay algo en que él ha faltado a la verdad: el espíritu con que hizo la declaración, porque sabe que tras el propósito de nuestro colega de bancas no existía absolutamente nada reprobable ni censurable. Al revés, había algo muy cordial, como es dicho señor Senador. Había una idea positiva, considerada en igual forma por el señor Ministro. Sin embargo, ella no fue utilizada. El Ministro anunció que, a lo mejor, la aprovechaba en el veto.
La indicación reitero tiene por objeto corregir una situación evidente: el mercado negro, que constituye el verdadero canal de aprovisionamiento de irregularidades, con las cuales no gana ni el consumidor ni tampoco el Fisco, porque éste no percibe la tributación correspondiente.
Lo que pido al Honorable señor Montes, cuando trate de dar este tipo de lecciones, es que analice más bien el espíritu y la sustancia de las cosas y no lo formal de ellas, porque resulta que él se dirige a mí pretendiendo descalificarme. Sin embargo, las observaciones que he formulado hoy día, con las cuales pretendí defender una actitud correcta, sana, caballerosa y amistosa del Honorable señor Lorca, reflejan tan sólo mi conducta de siempre y la forma como actuamos en la Comisión cuando dijimos al señor Ministro que él no tenía derecho a pedirnos un financiamiento tan gravoso, porque él venía con un 172% de inflación en los últimos doce meses y con una pérdida en las empresas del área social calculada en 100 mil millones de escudos para el año en curso. Toda la teoría del programa de la Unidad Popular, según la cual tenían que producirse excedentes, se viene al suelo. Todo el presupuesto de remuneraciones del sector público alcanza a 85 mil millones de escudos, y la pérdida producida por el desastroso manejo económico del actual Gobierno es de 100 mil millones de escudos. ¿Qué es lo que influye más sobre el proceso inflacionario? ¿Esta pérdida o las pequeñas discusiones sobre tributos con los cuales se grava, una vez más, a sectores que ya no tienen cómo producir utilidades, y a los cuales todos los años se les reajusta la carga tributaria en un ciento por ciento, en virtud del reajuste automático existente en la legislación chilena? ¿Por qué no decimos las cosas tal como son?
Cuando terminamos el debata con el señor Ministro, le dijimos que no habría entendimiento por considerar que su exposición económica no era satisfactoria, y le solicitamos que, por lo menos, los principios de acuerdos consistentes en sugerencias hechas con buena voluntad, no fueran tergiversados en forma desvergonzada.
Eso es lo que deseaba manifestar. No estoy injuriando al Honorable señor Valente. Es su propia actitud la que lo descalifica. Cuando uno escucha las intervenciones de Su Señoría en las Comisiones, oye luego al señor Ministro y lee después El Siglo , lo menos que puede hacer es procurar que se conozca esa clase de actitudes y tratar de que desaparezcan estas dobleces en que incurre repito que no es la primera vez el señor Senador. En cierta oportunidad, el Honorable señor Valente formuló una denuncia ante el país con gran alarde y escándalo. Y hay personas, a las cuales no nombraré y que no se encuentran en estas bancas, que debieran haberlo rectificado. No constituye ésta una buena costumbre, no es lo corriente ni representa una forma de actuar compatible con la dignidad mínima que debemos mantener en nuestro trabajo.
Tal fue el objetivo de mi intervención anterior, y que ahora ratifico.
Me abstengo de votar.
El señor LORCA.- En realidad, resulta desconcertante el papel que siempre juega en el Senado el Honorable señor Montes, quien cada vez que interviene pretende dar la impresión de que las balas, los disparos, los insultos, salen de estas bancas.
Me sorprende, desde luego, su extrañeza por la varonil reacción nuestra como consecuencia de los insultos de los diarios comunistas a la Democracia Cristiana. Ninguno de los Senadores de nuestro partido habría intervenido en la Sala sobre esta materia, si no hubiéramos sido injuriados y difamados por El Siglo, periódico que pertenece a la colectividad en que milita el Honorable señor Montes.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento demostrativo de la actitud poco limpia de Sus Señorías, y que me permite afirmar que el Honorable señor Valente falta a la verdad? El señor Senador vio cuando presenté la indicación, que se dejó pendiente para la tarde porque el señor Ministro de Hacienda anunció que llegaría a las tres y media. El Honorable señor Valente salió de inmediato de la sala de la Comisión, donde no emitió opinión alguna, para hablar con los periodistas y decirles que se había planteado una indicación favorable a los poderosos, a los especuladores, a los ricos y al capital especulativo. Pero, en actitud deshonesta, no manifestó a aquéllos, a pesar de haberlo escuchado que al formular la indicación expresé claramente que había conversado con el señor Ministro de Hacienda sobre la disposición que interpretaba sus ideas y que significaba proporcionar mayores ingresos al Fisco, a este Gobierno del cual somos opositores, pero que lo hacíamos con el objeto de lograr mayores recursos para el reajuste. En esa oportunidad sostuve que si el señor Ministro estaba en desacuerdo con la idea, yo retiraría la indicación. De todo ello hay constancia en las actas respectivas, y por eso solicité al señor Secretario de la Comisión que las trajera a la Sala.
Repito: manifesté al señor Ministro que si no le parecía acertada la indicación, por prestarse a confusión con la política sustentada por él a pesar de no compartir sus criterios económicos, yo la retiraría. Aunque parezca absurda su actitud, por provenir de un militante del MAPU e integrante del Gobierno de la Unidad Popular, el señor Ministro me expresó su agradecimiento por la indicación, que estimó positiva y conveniente; pero, por su complejidad, señaló que era preferible considerarla en el veto. Por ello; retiré la indicación, y ahora el Honorable señor Valente se ha permitido, como de costumbre, informar a la prensa sobre hechos que no han sucedido. ¡Y es tan distinta nuestra actuación de lo que él afirma! Es lo que nunca aprenderá Su Señoría. Bueno, cuando uno pasa por tantos partidos políticos en su vida, es lógico que se convierta en culebrón. Un día se es liberal; al otro, comunista.
El Senador señor Valente presentó una indicación al respecto, nadie me podrá tachar de mentiroso a propósito de otra que había formulado el Honorable señor Ochagavía y tendiente a que, de acuerdo con los planteamientos del Partido Nacional, no hubiera reajustes sobre reajustes. En esa ocasión manifesté al señor Valente que dicha indicación era contraria a los obreros y produciría conflictos a los trabajadores de El Teniente, por lo cual él retiró su indicación. Y yo le pregunto lo siguiente: ¿he informado acaso a la prensa que él presentó tal indicación, interpretando otra del Honorable señor Ochagavía, y que después procedió a retirarla? ¿Hemos contado que él formuló una indicación contraria a los intereses de los obreros, y luego la retiró? ¡No, señor Presidente! Por cierto que ellos dan la explicación del caso al Comité Ejecutivo de su partido y a escondidas de los trabajadores. A nosotros no.
Voy a pedir para la próxima sesión, si es preciso rectificar otros votos, las actas de la sesión donde consta que el señor Valente presentó esa indicación que retiró después. ¡El enemigo de los trabajadores, el Honorable señor Valente, ex liberal!
Me abstengo de votar.
Se aprueba el artículo (18 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa, 6 abstenciones y 4 pareos).
El señor EGAS (Secretario subrogante).- En seguida, corresponde tratar la enmienda de las Comisiones Unidas consistente en agregar el siguiente artículo 29, nuevo:
Artículo 29.- Establécese un impuesto del 10% sobre el valor de los consumos residenciales y comerciales de energía eléctrica que será recaudado por las empresas productoras o distribuidoras de energía eléctrica, según corresponda.
El producto de este impuesto será depositado mensualmente por esas empresas, dentro de los quince primeros días del mes, de acuerdo a la facturación del mes anterior, en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, a nombre de la Contraloría General de la República, contra la cual sólo se girará para los fines previstos en este artículo.
Con el producto de este impuesto se bonificará mensualmente, con el objeto de que paguen remuneraciones y sus reajustes al personal que trabaje en ellas, a todas las radioemisoras del país y empresas periodísticas, propietarias de diarios, que editen 10.000 o menos ejemplares por día y a las propietarias de periódicos que tengan una edición mínima semanal de 5.000 ejemplares y tengan un personal, respecto del cual paguen imposiciones previsionales, no inferior a cinco. Se entenderá como emisoras y empresas periodísticas en funciones las que lo estaban al 31 de marzo de 1973. Del referido impuesto se destinará un 10% para el financiamiento de las empresas periodísticas a que se refiere este artículo, destinándose el remanente a las radiodifusoras.
Quedan excluidos de esta disposición los diarios y periódicos del departamento de Santiago y los diarios murales.
La bonificación se distribuirá en proporción a las remuneraciones imponibles que hayan pagado dichas emisoras y empresas periodísticas durante el mes de marzo de 1973. Para estos efectos los institutos previsionales deberán certificar el monto de las remuneraciones imponibles de cada emisora y empresa periodística en el mes indicado. Las emisoras y empresas periodísticas que estén constituidas en empresas personales, de trabajadores o en cooperativas, recibirán la bonificación en proporción a la cantidad que hayan distribuido como remuneración fija o retiro a cuenta de utilidades o excedentes durante el mes de diciembre de 1972, según balance. No gozarán de esta bonificación las emisoras y empresas periodísticas que reciban subvención o aporte estatal en forma directa o indirecta.
Dentro de los 60 días contados desde la vigencia de esta ley, las emisoras y empresas periodísticas que pretendan gozar de la bonificación deberán entregar a la Contraloría General de la República los antecedentes que permitan a este organismo determinar los porcentajes que corresponderán a cada emisora y empresa periodística en el total de la bonificación. El pago de la bonificación deberá ordenarlo la Contraloría General de la República a la Tesorería General de la República a favor de cada emisora y empresa periodística dentro del mes calendario respectivo y el de las bonificaciones que se hubieren acumulado mientras hace la determinación de porcentajes a que se refiere este inciso, dentro del mes calendario siguiente a aquél en que la distribución quede determinada.
Antes de proceder al pago de la parte proporcional de la bonificación correspondiente; a los meses de junio de cada año, la Contraloría General de la República exigirá un certificado de las instituciones de previsión respectivas, en que conste que las respectivas emisoras o empresas periodísticas están al día en el pago de imposiciones de su personal, entendiéndose que lo están cuando tengan suscrito convenio de pago.
Las radioemisoras estarán sujetas, mientras reciban esta bonificación, a las mismas normas que el artículo 33 de la ley Nº 17.377 establece para los canales de televisión. Las referencias de esta disposición a estos canales deben entenderse hechas a las estaciones de radio de todo el país. La distribución a que se refiere el inciso tercero del referido artículo 33 la hará el mismo Consejo Nacional de Televisión.
Se aprueba (14 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 1 pareo).
El señor VALENTE.- ¿Qué sucedió con el artículo 27?
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Reglamentariamente quedó aprobado, señor Senador.
El señor VALENTE.- En todo caso, dejamos constancia de nuestro rechazo.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- A continuación, corresponde tratar el artículo 30, que dice:
Artículo 30.- Concédese un nuevo plazo de un año para acogerse a los beneficios establecidos por el artículo 1º transitorio de la ley Nº 16.744. El Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Servicio de Seguro Social continuará tramitando de oficio las solicitudes de pensión rechazadas por prescripción del plazo para otorgarlas.
Se aprueba.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Las Comisiones Unidas proponen el siguiente artículo 31, nuevo, redactado en los siguientes términos:
Artículo 31.Autorízase al Presidente de la República para que en el plazo de 60 días a contar desde la publicación de esta ley, proceda a otorgar y a hacer una nueva fijación de la asignación de zona a los trabajadores de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
La asignación que se fije para los trabajadores que actualmente la gozan, no podrá ser inferior, en su porcentaje, a las vigentes.
El señor PALMA (Presidente).- En votación.
(Durante la votación).
El señor ACUÑA.- Señor Presidente, al igual que los demás Senadores de mi partido, votaré favorablemente esta disposición tendiente a autorizar al Presidente de la República para que, en un plazo de 60 días, a contar de la publicación de la ley, proceda a realizar un estudio que permita fijar una nueva asignación de zona para los trabajadores fiscales de Tarapacá y Antofagasta. Sin embargo, debo hacer presente que todos los asalariados fiscales del país han venido solicitando reiteradamente, por medio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), un nuevo estudio sobre dicho beneficio, como consta en peticiones que los servidores de ese sector, a lo largo de diversas provincias de Chile, han planteado a dos o tres Ministros de Hacienda del actual Gobierno. Porque, evidentemente, existe una profunda distorsión e injusticia en los porcentajes que ellos perciben en algunas zonas, especialmente en las del Sur, pues no gozan de una renta, por la vía adicional de la asignación de zona, compatible con el mayor costo de la vida que implica residir y trabajar en esas provincias cuyo clima muchas veces es tremendamente hostil.
También quiero expresar que el año pasado el Gobierno dictó un decreto mediante el cual creó una comisión nacional para estudiar el problema de la redistribución de las asignaciones de zona en todo el país. Por desgracia, desde que tal decreto se dictó de lo cual ya han transcurrido siete meses esa comisión no ha celebrado reunión alguna. O sea, no se ha hecho ninguna gestión útil por parte de los funcionarios de Gobierno para ponerla en marcha y cumplir el objetivo que le fijó el decreto mencionado.
Lamentablemente, todo lo anterior representa una burla profunda que afecta a centenares de miles de trabajadores de diversas provincias del país.
Junto con apoyar el artículo en debate, quiero solicitar que se oficie a los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo, con el objeto de que la comisión nombrada, si no me equivoco, en el mes de agosto o septiembre del año pasado, para cumplir el objetivo indicado, se ponga en funcionamiento y haga justicia a los planteamientos de los servidores fiscales de todo el país.
El señor PALMA (Presidente).- En el momento oportuno solicitare el acuerdo respectivo, señor Senador.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, no pensaba intervenir porque estimaba que éste era un artículo muy sencillo. Pero la verdad es que las palabras del Honorable señor Acuña me obligan a rectificarlo.
Es efectivo que se dictó un decreto que creó una comisión tripartita para estudiar todos los problemas de la asignación de zona en el país. Este decreto data de los primeros días de octubre del año pasado, y determina un plazo de 30 días, que puede ser prorrogado en cualquier instante, para que tal comisión se constituya, y otro de 90 días, para entregar el estudio que se le encomendó.
¿Qué ha ocurrido? Que los funcionarios públicos no se han puesto de acuerdo. La ANEF no ha designado a sus representantes en dicha comisión, porque existen dificultades entre ellos. Algunos estiman que la asignación de zona debe ser imponible, con el objeto de que también ella pueda relacionarse para determinar las pensiones de los funcionarios sujetos a esa remuneración adicional; otros juzgan que la asignación de zona no debe considerarse como parte del sueldo ni ser imponible, con el propósito de recibir una asignación líquida más alta.
Estas dificultades no son de responsabilidad del quehacer de los Ministros de Hacienda o del Trabajo, sino de los propios trabajadores.
Como el Senador que habla representa a las provincias de Tarapacá y Antofagasta, donde los funcionarios perciban asignación de zona desde hace muchos meses y años hemos estado luchando por mejorarla, darle un real sentido y extenderla también a todos los obreros fiscales de esa región, estoy interesado en que el problema se resuelva.
Votaré favorablemente el artículo 31, porque su objetivo es facultar al Presidente de la República para que, si él lo desea, pueda, dentro de 60 días, modificar el sistema vigente en la materia.
El señor VALENTE.- El artículo 31 autoriza al Presidente de la República para que en un plazo determinado proceda a otorgar y fijar nuevos porcentajes de asignación de zona en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
No obstante pensar que la disposición es innecesaria, vamos a votarla favorablemente. Y digo que es innecesaria, porque ya hay conversaciones con el Ministro de Hacienda para resolver el problema en el texto de este proyecto de anticipo de reajuste. De este modo, se propondrá la modificación de algunos porcentajes de asignación de zona y, en seguida, la incorporación a este beneficio de los obreros del sector público que no gozan de él.
Sin embargo, quiero responder brevemente a lo dicho por el Honorable señor Acuña respecto de la demora y la ninguna agilidad de la comisión, constituida en noviembre último, para estudiar un nuevo sistema o racionalización nacional de asignación de zona y crear, además, nuevas asignaciones de zona en algunos lugares inhóspitos o de vida difícil. Lo cierto es que tal estudio ya está terminado.
Por existir dificultades en la fijación de los porcentajes de dicho beneficio, como consecuencia de los enormes problemas derivados de la propia configuración geográfica del país, en un principio se trabajó con los intendentes, con los gobernadores y con los subdelegados; pero la información obtenida no fue suficiente, porque no hubo, por ejemplo, datos más o menos exactos de las condiciones de vida imperantes en las zonas cordilleranas, precordilleranas, en algunos puertos aislados, en ciertas islas del Sur, etcétera, razón por la cual ahora se está laborando con el Cuerpo de Carabineros y con el Servicio Militar del Trabajo, a fin de que la información sobre la materia y la fijación de los porcentajes de asignación de zona, en las respectivas localidades, obedezca realmente a la necesidad de compensar el mayor costo de la vida o las peores condiciones geográficas en que se trabaja en esas regiones.
Repito: el Ministro de Hacienda, en conversaciones sostenidas con él, ha dicho que en el veto a la iniciativa en debate incluirá los artículos pertinentes destinados a incorporar a los obreros fiscales del país al beneficio de asignación de zona y, además, a racionalizar en principio, especialmente en las zonas donde ya aquélla se percibe, los porcentajes respectivos, aumentándolos de acuerdo con las nuevas condiciones de vida en esas regiones.
Pese a considerar innecesario el artículo 31, lo votaremos favorablemente, porque coincide con el espíritu de la iniciativa en debate y porque, también, somos partidarios desde hace muchos años de resolver la situación en que viven los trabajadores, especialmente los de las Zonas Norte y Sur del país, que laboran en regiones inhóspitas, de vida difícil o de condiciones geográficas adversas.
El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
(Durante la votación).
El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Carmona pueda fundar el voto.
Acordado.
El señor CARMONA.- El Senador que habla, obedeciendo a peticiones de parlamentarios que representan la Zona Norte, en especial de quienes son miembros de mi colectividad, fue el autor de la indicación que dio origen al artículo 31.
Los empleados y obreros fiscales están cansados de las reiteradas promesas sobre la materia, y totalmente incumplidas, formuladas por don Orlando Millas, ahora Ministro de Economía, durante todo el tiempo en que se desempeñó en la Cartera de Hacienda. El señor Millas fue a la Zona Norte del país y comprobó, especialmente en Arica, en una gran asamblea pública en que participó con los trabajadores fiscales de la región, la situación que se vivía al respecto. Después, recibió información de lo ocurrido en la provincia de Tarapacá y en algunas zonas donde se han cometido errores garrafales en cuanto a la fijación de los porcentajes de asignación de zona. Me refiero en especial a lo sucedido en las localidades interiores de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Estos sectores rurales se han visto gravemente afectados por esta situación, porque el porcentaje de asignación de zona se varió exclusivamente en los puertos y no en regiones que realmente merecían una enmienda sustancial sobre el particular, y que en este momento están quedando sin servidores públicos por su situación de aniquilamiento y por no haberse cumplido algo que se les ofreció: la modificación de los porcentajes de asignación de zona.
Aquí se sostuvo que el Gobierno dictó un decreto en virtud del cual se creó una comisión cuyo objeto era estudiar esta materia; pero esa comisión no se ha constituido.
En una reunión que tuvimos en el despacho del Ministro Millas, cuando lo era de Hacienda, dijo que, sin perjuicio de poner en marcha los trabajos de tal comisión, a más tardar en el mes de marzo, el Gobierno presentaría un proyecto de ley para racionalizar todo lo referente a la asignación de zona en el país, tomando muy en cuenta la situación que he descrito de las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Sin embargo, ha pasado marzo y ya estamos en mayo y tal iniciativa aún no se envía. Por ello, hemos tenido que patrocinar el artículo 31, a fin de que, mediante la facultad o autorización que se le otorga, pueda el Ejecutivo cumplir de alguna manera sus promesas.
El Honorable señor Valente sostuvo que no se ha podido concretar un estudio sobre la materia porque se trabajó con intendentes y gobernadores. Ahora, se piensa laborar con el Cuerpo de Carabineros. Lo cierto es que este Gobierno, que se dice de los trabajadores y que expresa que propugnará por una participación mayor de aquéllos, o que ya la hay, a quienes menos consulta es a los mismos.
Por eso, considerando la situación que he descrito, los parlamentarios de Oposición hemos propuesto el artículo 31, que autoriza al Presidente de la República para corregir las graves deficiencias que hemos notado en esta materia.
Nos alegramos de que el Senado acoja unánimemente esta norma.
Voto que sí.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Lorca pueda fundar el voto de inmediato.
Acordado.
El señor LORCA.- Somos partidarios de aprobar el artículo 31, por creer que resolverá el problema de las asignaciones de zona que benefician a los trabajadores de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Acabo de hacer presente al Honorable señor Silva Ulloa que, a propósito de una ley de reajuste anterior, cuando vinieron delegados de Chiloé, Aisén y Magallanes que nos pidieron alzar asignaciones de zona, el señor Ministro de Hacienda se comprometió, no sé si en la ley o en un artículo o, después, en un decreto,...
El señor SILVA ULLOA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor LORCA.- No puedo concedérsela, porque estoy fundando el voto.
Decía que en esa oportunidad el señor Ministro de Hacienda se comprometió a regularizar lo relativo a los diferentes porcentajes de asignación de zona, porque en esta materia existía gran anarquía. En algunas partes del país se aumentaban dichos porcentajes y en otras se disminuían.
Hace un momento, el Honorable señor Valente, que representa a las provincias del extremo norte, dijo que todo el problema se resolvería mediante un veto al proyecto en debate. Lamento mucho que en una materia de tal trascendencia se legisle de este modo. Por eso, me agradaría que se transcribiera al señor Ministro de Hacienda, en mi nombre o en el del Senado, la opinión que me merece una materia tan importante como es la modificación de todo el sistema vigente sobre asignación de zona. Como a este respecto la proposición del Gobierno tendrá carácter aditivo, sólo nos corresponderá votar sí o no. Lo lógico es que la enmienda a dicho régimen aumentará, rebajará tal beneficio, y lo creará donde no exista, que favorece directamente a los trabajadores chilenos, no se resuelva en un veto, sino en una ley. En aquél trámite legislativo, que en este caso tendrá carácter aditivo, únicamente nos cabrá pronunciarnos afirmativa o negativamente. Por eso, pienso que el establecimiento de una nueva política sobre asignación de zona en todo el país no debe promoverse por la vía del veto.
Por las razones expuestas, y si lo estima conveniente el Senado, he pedido oficiar al señor Ministro de Hacienda para que esta materia se resuelva en una ley y no en un veto. Si se procede de esta última manera, se producirán situaciones injustas, ya que los Senadores de la Zona Austral deberemos obligadamente rechazar, aunque no deseemos perjudicar a nadie, algunas buenas ideas del veto, por el hecho de que en éste también haya proposiciones inconvenientes.
Voto que sí.
El señor PALMA (Presidente).-
Oportunamente solicitaré el acuerdo necesario para enviar el oficio a que se refirió Su Señoría.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Contreras para fundar el voto.
Acordado.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, creo que la mayoría de los señores Senadores tiene mala memoria. Digo esto, porque al término de la legislatura extraordinaria de sesiones del año pasado, el Honorable señor Hamilton, que representa a las provincias australes, patrocinó un proyecto de ley con el propósito de aumentar las asignaciones de zona de los trabajadores de Chiloé, Aisén y Magallanes. Como este proyecto de ley no alcanzó a ser despachado en esa oportunidad, el Senador que habla y nuestro colega el señor Adonis Sepúlveda nos entrevistamos con el entonces Ministro de Hacienda, señor Orlando Millas, y logramos que la iniciativa fuera incluida en la convocatoria. Posteriormente se aprobó este texto legal, pero en él no se incluyó a los pensionados del Servicio de Seguro Social de las provincias antes mencionadas, lo que provocó un veto, el que tampoco fue lo suficientemente claro. En consecuencia, algunos trabajadores quedaron marginados de este beneficio.
¿En qué consistía el proyecto? En aumentar la asignación de zona en dichas provincias y en hacer extensivo el beneficio a los trabajadores de los servicios descentralizados. El veto del Ejecutivo otorgaba un aumento de cuarenta puntos a los trabajadores de las provincias australes incluyendo a los pensionados del Servicio de Seguro Social y a los trabajadores de los servicios descentralizados, y de veinte puntos a los asalariados de la provincia de Tarapacá, que gozaban del benefició de asignación de zona. Y ello se obtuvo gracias a la intervención del entonces Ministro señor Millas. En consecuencia, no es efectivo que este Secretario de Estado no hiciera nada. Que la ley no sea lo suficientemente clara, es otra cosa.
Es efectivo que existen errores, y es necesario corregirlos. No es posible que al otorgarse beneficios a los trabajadores de las reparticiones antes mencionadas, incluyendo a los asalariados de la industria privada de la provincia de Tarapacá, por un dictamen de la Contraloría General de la República queden al margen de este beneficio los obreros de Vialidad, lo que me parece un error garrafal. Si se amplían los beneficios a los trabajadores del sector privado y a los pensionados de la provincia de Tarapacá, no es lógico que aquella repartición interprete la ley en el sentido de que, por no haberse mencionado en ella de modo expreso a los obreros de Vialidad, quedan ellos excluidos tácitamente de sus disposiciones.
Esta es la oportunidad de enmendar ese error. Pero debo dejar en claro que, si bien el beneficio se otorgó a iniciativa del Senador señor Hamilton, el Gobierno fue quien incluyó el proyecto en la convocatoria y entregó el mejoramiento de que se trata no sólo a los trabajadores de la zona austral, sino también a los de la provincia de Tarapacá.
Voto que sí.
El señor OCHAGAVIA.- Sólo quiero anunciar que votaré favorablemente el artículo, y, para no prolongar el debate, expresar que adhiero a lo manifestado por el Honorable señor Lorca, así como también a su petición de enviar el oficio a que se refirió.
El señor PALMA (Presidente).- Se incluirá el nombre de Su Señoría en el oficio.
Si al Senado le parece, daré por aprobado el artículo.
Aprobado.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Corresponde ocuparse en el artículo 32 del proyecto de anticipo de reajuste, que dice como sigue:
Declárase que para los efectos del otorgamiento de subsidio por enfermedad a que se refieren los artículos 17 y 22 de la ley Nº 16.781, debió y debe aplicarse el inciso final del artículo 4º del Reglamento, publicado en el Diario Oficial de 2 de agosto de 1968, cuyo texto es el siguiente:
Si durante la licencia por enfermedad se produjere un reajuste general de sueldos en la empresa en que el trabajador desempeña sus labores, sea por convenio colectivo, fallo arbitral o por ministerio de la ley, el subsidio se aumentará en el mismo porcentaje en que se hubieren reajustado los sueldos.
En caso alguno lo dispuesto en este artículo dará derecho a pagos retroactivos.
Se aprueba.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- El artículo 33 dice como sigue:
Artículo 33.Decláranse válidos los acuerdos adoptados por la Municipalidad de Puerto Aisén, que concedieron asignación de zona a sus trabajadores. El Ministerio de Hacienda pondrá a disposición del Municipio, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta ley, los fondos necesarios para pagar este beneficio respecto de los meses de 1973 ya transcurridos.
Se aprueba.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- El artículo 34 expresa lo siguiente:
Artículo 34.- Otórgase un nuevo plazo de 30 días, contado desde la publicación de esta ley, para que el Presidente de la República haga uso de las autorizaciones concedidas en la ley Nº 17.906. Al ejercer dichas facultades, el Jefe del Estado, sólo podrá ampliar las plantas de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado con el objeto de incorporar a ellas al personal contratado que se encontraba en funciones al 30 de abril de 1973.
Se aprueba.
El señor EGAS (Prosecretario).- En seguida,...
El señor NOEMI.- Solicito la palabra para sugerir un procedimiento.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Noemi con el objeto de que se refiera a un asunto de procedimiento.
Acordado.
El señor NOEMI.- Como los artículos que restan se refieren todos a financiamiento, quería solicitar el asentimiento de la Sala para que los votáramos de una vez.
El señor PALMA (Presidente).- Quedan muy pocas votaciones, señor Senador.
El señor NOEMI.- Votémoslos todos juntos.
El señor VALENTE.- No, pues no estamos de acuerdo con algunos de esos artículos.
El señor CARMONA.- Entonces, voten en contra.
El señor VALENTE.- En algunos casos, votaremos a favor y, en otros, en contra.
El señor SILVA ULLOA.- Para aprovechar la indicación sugerida por el Honorable señor Noemi, podríamos dividir la votación referente al financiamiento, pronunciándonos en conjunto, por ejemplo, acerca de las modificaciones al impuesto territorial; en seguida, sobre los artículos relativos a impuestos a la compraventa; y en último término, respecto de las modificaciones,...
El señor PALMA (Presidente).- Faltan sólo tres votaciones, señor Senador.
El señor SILVA ULLOA.- de tal manera que...
El señor PALMA (Presidente).- Hay divergencia en la Sala al respecto, señor Senador.
Continúa la votación.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Corresponde tratar las modificaciones al impuesto a la compraventa, contenidas en el artículo que pasa a ser 38, substituyendo el artículo 33.
El señor VALENTE.- Deseo referirme al artículo 35, letra c), pues observo un detalle que puede inducirnos a error.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Senador señor Valente pueda referirse a la disposición por él mencionada.
No hay acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).En votación el artículo 33.
El señor EGAS (Secretario subrogante).El artículo 33 se refiere a diversas letras relativas a la compraventa. Las modificaciones introducidas por las Comisiones Unidas están comprendidas entre las letras o) y z), y a) y h), que dicen como sigue:
o) Artefactos eléctricos de uso personal o doméstico; excepto las planchas, cocinillas y los gravados en otras disposiciones de la presente ley;
p) Equipos de calefacción, excepto los de uso industrial;
q) Persianas y cortinas metálicas;
r) Papeles murales;
s) Baldosas, con excepción de las de cemento que carezcan de dibujos ornamentales;
t) Techos o cobertizos para automóviles y terrazas;
u) Accesorios y adornos para automóviles;
v) Instrumentos musicales;
w) Implementos para esquiar;
x) Carpas para camping o paseos;
z) Armas de fuego;
a) Letreros luminosos;
b) Máquinas de escribir, sumar y calcular y máquinas registradoras;
c) Artículos de plata alemana y de acrílico;
d) Tarjetas postales y posters;
e) Accesorios y repuestos de las especies señaladas en este inciso, en los casos que proceda;
f) Plantas interiores de decoración y ornamentación;
g) Barómetros, termómetros y otros aparatos similares, de decoración u ornamentación, excluidos los de uso científico, médico, técnico o industrial, y
h) Encajes, brocatos, tules, telas bordadas, felpas y terciopelos, de algodón.
El señor PALMA (Presidente).- En votación el artículo.
(Durante la votación).
El señor VALENTE.- Deseo expresar que aprobaremos las modificaciones al artículo 33, introducidas por las Comisiones Unidas,
Como anteriormente no hubo acuerdo para permitirme explicar una cuestión de forma que guarda relación con la letra c) del artículo 35, lo haré en esta oportunidad.
Los guarismos consignados en la letra c): 3%, 5% y 7%, están precedidos por el signo menos, y...
El señor SILVA ULLOA.- Son guiones, señor Senador.
El señor VALENTE.- No, es el signo menos, y la disposición se podría interpretar en forma errónea y aplicarse menos 3%, menos1 5% y menos 7% de impuesto.
Solicito que cuando se transcriba esta iniciativa a la Cámara de Diputados se haga la corrección correspondiente, a fin de evitar cualquier error posterior.
El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, se trata sólo de guiones de separación.
El señor VALENTE.- De todas maneras, insisto en mi solicitud, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.- No se necesitan esos signos.
El señor VALENTE.- Es preferible suprimirlos.
Voto que sí.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, daré por aprobada la modificación consistente en aumentar la tasa de 17,5% a 25% para todos los artículos señalados anteriormente.
Aprobado.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- A continuación, corresponde votar el artículo 38, que pasa a ser 44, y que dice como sigue:
Artículo 44.Las instituciones del sector público que hubieren asignado viviendas construidas por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o sus entidades dependientes, deberán otorgar, dentro del plazo de un año de efectuada la asignación, título definitivo de dominio a los asignatarios de ellas.
Si dichas instituciones no dieren cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, será de su cargo, mientras no lo hicieren, el pago de la contribución territorial y de los derechos municipales de aseo, entendiéndose derogadas en este evento las exenciones que pudieren favorecerles.
Para los efectos del cumplimiento de lo establecido en el inciso primero, las Municipalidades recibirán provisionalmente los inmuebles respectivos, sin perjuicio de sus facultades de exigir que se cumplan posteriormente los requisitos que las leyes y ordenanzas establecen.
El plazo señalado en el inciso primero empezará a correr desde la fecha de publicación de esta ley respecto de los bienes raíces que se hubieren asignado con anterioridad.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará este artículo.
El señor GARCIA.- Pido la palabra para fundar el voto, señor Presidente.
El señor MONTES.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- En votación.
(Durante la votación).
El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede fundar de inmediato su voto el Honorable señor García.
El señor GARCIA.- Esta indicación, aprobada por las Comisiones, tiende a que una inmensa cantidad de propiedades no asignadas, que se encuentran hoy día bajo el dominio legal de la CORMU o de la CORVI, se transfieran a sus ocupantes a fin de que éstos paguen los impuestos de bienes raíces.
Una de las causas de la disminución en la recaudación del impuesto de bienes raíces no se debe ni a las evasiones, ni a la especulación, ni a que los capitalistas, como se ha dicho, no pagan sus tributos, sino a que, por una parte, la mitad de la tierra agrícola útil está en manos de la Corporación de la Reforma Agraria o de otras instituciones estatales agrarias, y por la otra, a que un porcentaje muy grande de viviendas, que se pueden calcular, tal vez, en 20 mil ó 30 mil, no se han asignado legalmente, a pesar de que sus moradores viven en ellas desde hace tres, cuatro, cinco o seis años, y ellos, por lo tanto, tampoco pagan impuestos. En ambos casos, de predios agrícolas y no agrícolas, por el hecho de pertenecer al Estado se encuentran esos predios exentos del impuesto a los bienes raíces. Por ello, no se ha calculado a cuánto ha de ascender el aumento de ingresos que significará este artículo, y que puede ser muy importante.
El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede fundar su voto el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Deseo manifestar una duda que me asiste, toda vez que no participé en las Comisiones de estudio.
No tengo seguridad de que la indicación de que se trata considere realmente el problema que se plantea. En primer lugar, considero que, desde el punto de vista formal, es ésta una materia absolutamente ajena al proyecto. Sin embargo, yo no haré cuestión de ello si acerca de la proposición se ha consultado a los organismos técnicos respectivos, que tienen todo un procedimiento o métodos que adecuan a la realidad su trabajo.
Aquí se presenta una situación que puede tener un aspecto positivo no lo niego, pero que también podría significar introducir modificaciones ajenas al contexto general del trabajo que realizan esos organismos. Comprendo que a esta altura del debate, en que sólo corresponde fundar el voto, es muy difícil pedir explicaciones o cambiar ideas sobre estas materias. Por eso, expongo mi duda, pues no tengo seguridad de que este precepto vaya a redundar en los beneficios que aquí se prevén. Deberá, simplemente, correrse el albur de que la idea se acepte o se rechace o enmiende en el veto.
El señor GARCIA.- El señor Ministro de Hacienda quedó en estudiar 1 asunto, pero no dio su aprobación de inmediato.
El señor PALMA (Presidente).Según explicó el Honorable señor García, este artículo implica ciertos ingresos para el Fisco, por cuanto el traspaso de las propiedades de éste al sector privado significa que los particulares tendrán que pagar los impuestos territoriales respectivos.
El señor MONTES- .
Voto que sí.
El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede fundar su voto de inmediato el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Quiero aprovechar el fundamento de mi voto favorable a este artículo para señalar otra incidencia muy importante del mismo.
Muchas veces se discute respecto del momento en que entran a operar los seguros de desgravamen y contra incendios que favorecen a estas propiedades. Me ha tocado conocer el caso de algunas personas de Rancagua. Cuando falleció el padre de familia, la viuda y los hijos menores se vieron en serias dificultades por el seguro de desgravamen. Pues bien, la disposición en estudio viene a solventar, no sólo las situaciones que se consignan en su texto mismo, sino otro, derivado de la condición jurídica del propietario del inmueble.
Por lo tanto, me parece muy conveniente esta disposición. Es de esperar que el Ejecutivo considere los argumentos que se han dado aquí y no la vete, para que ella pueda convertirse en un precepto legal que favorezca verdaderamente a los asignatarios de viviendas construidas por intermedio del Ministerio del ramo.
Voto por la afirmativa.
El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede fundar su voto el Honorable señor Noemi.
El señor NOEMI.- También voto favorablemente el artículo.
Como creo que ésta es una de las últimas votaciones, deseo aprovecharla para referirme al artículo que ha quedado con el número 40, que no hubo ocasión de analizar porque fue aprobado por unanimidad en las Comisiones.
Sólo deseo señalar que esta disposición, que establece un impuesto a las divisas, exceptúa las destinadas a importaciones regidas por leyes especiales para las provincias de Chiloé, Aisén, Magallanes y Tarapacá. Se omite mencionar la provincia de Atacama, en circunstancias de que les leyes de excepción que le favorecen tienen la misma validez que las de Tarapacá y Antofagasta. Por lo tanto, solicito enviar un oficio al Ejecutivo para que, en el veto, incluya a dicha provincia, que, obviamente, no se considera en la disposición por un error. Como digo, Atacama tiene las mismas condiciones que las provincias de Tarapacá y Antofagasta y dispone de leyes de excepción para sus importaciones de productos alimenticios.
Voto que sí.
El señor PALMA (Presidente).- Oportunamente se pedirá el acuerdo necesario para enviar el oficio solicitado por Su Señoría.
Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo.
Aprobado.
El señor EGAS (Secretario subrogante).Finalmente, corresponde votar el artículo 46, nuevo, que figura en la página 38 del segundo informe de las Comisiones Unidas, y que dice:
Sin perjuicio de la parte que corresponda percibir a determinadas instituciones cuando se trate de ítem excedibles, el mayor ingreso tributario que se produzca por sobre lo presupuestado en las Leyes de Presupuestos de la Nación deberá ser destinado, a principio del año siguiente, a la creación de un fondo que tendrá por objeto financiar en parte los reajustes de sueldos y salarios del sector fiscal.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
Se va a dar cuenta de algunas indicaciones.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- El Honorable señor Contreras formula indicación para publicar in extenso el debate de esta sesión, en que se trató el proyecto de ley que concede un anticipo de reajuste de las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
Aprobada.
El señor EGAS (Secretario subrogante).- Los Honorables señores Noemi, Acuña, Ochagavía y Lorca, en sus respectivas intervenciones, han solicitado el envío de diversos oficios a diferentes Ministerios a fin de que se absuelvan algunas consultas formuladas por Sus Señorías.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviarán dichos oficios, en nombre de los señores Senadores que los han solicitado.
Acordado.
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