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- rdf:value = " El señor BULNES SANFUENTES.-
Pido la palabra.
El señor FREI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes Sanfuentes.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Señor Presidente, no me voy a referir al proyecto en general, porque el Senado ya lo conoce -éste es un nuevo segundo informe, sino que tocaré el nuevo artículo 56 que propone la Comisión.
El artículo 56 que figuraba en el proyecto primitivo autorizaba a los administradores de cada unidad productica que se forme de acuerdo con las disposiciones de esta iniciativa, para contratar instructores técnicos y otro personal.
Al discutirse el segundo informe, algunos Senadores observamos con toda razón que un precepto de esta clase podía dar lugar a que se creara una fuente absolutamente inagotable da burocracia. En efecto, funcionarios menores de muy poca jerarquía, como los administradores de las unidades productivas, que serán simples talleres, podrían incorporar a este servicio del Estado a toda clase de funcionarios, sin limitación o con cualquier tipo de remuneraciones, aunque ellos estuvieran absolutamente de más, y podrían seleccionarlos con el sectarismo usado actualmente en muchos servicios públicos, a los cuales no se puede ingresar sin carné de determinados partidos.
Por tal razón, cuando se hicieron presentes estas observaciones, el proyecto fue remitido nuevamente a la Comisión, y quienes ahora la integramos -no nos había tocado discutir este artículo cuando el proyecto fue despachado- concordamos con lo expuesto en la Sala y tratarnos de buscar una salida al problema.
Desgraciadamente, el Senado fijó un plazo muy perentorio para que se emitiera este nuevo informe, y la Comisión de Constitución sólo pudo tratar la materia el martes, ya que ese mismo día debía ser conocida por la Sala. Por lo tanto, fue imposible llegar a una solución muy acabada. La única solución real y de acuerdo con nuestras disposiciones constitucionales, consistiría en que el Gobierno propusiera la planta que quiere asignar a estos servicios que se llamarán unidades productivas. Eso es lo regular en materia de contratación de empleados del Estado, cualesquiera que ellos sean.
La Constitución señala como materia de ley la de crear nuevos cargos públicos, y evidentemente es una irregularidad que dichos cargos se creen con la sola voluntad del Ejecutivo, y muchos más con la de funcionarios que no tendrán ninguna responsabilidad política y que en muchos casos desempeñarán tareas muy menores.
En consecuencia, nosotros desearíamos -así lo hicimos presente a la funcionaría que concurrió a la sesión de ayer de la Comisión, en representación del señor Ministro- que el Gobierno propusiera la planta que desea asignar a las unidades productivas. Cuando hablo de la planta me refiero a los funcionarios que van a ser ajenos a la Dirección General de Prisiones y a los reclusos, porque, naturalmente, de acuerdo con los términos del proyecto, podrán trabajar en dichas unidades todos los reclusos y además los funcionarios de Prisiones que sean destinados en comisión de servicio para ese fin.
No sería en absoluto conveniente que entregáramos al Gobierno, y menos que al Gobierno, a los administradores de las unidades productivas, la posibilidad de contratar toda clase de funcionarios para trabajar en ellas o con ese pretexto.
Gomo no ha habido tiempo para que el Ejecutivo proponga una planta, y como la urgencia vence mañana, lo que hace imposible esperar la asistencia del Ministro a la Comisión, confiamos en que este proyecto, que se encuentra en primer trámite, sea corregido en forma debida en la Cámara, y se incluya la planta que en realidad requieren las unidades productivas, planta que podrá tener más flexibilidad que en otros servicios, pero que de todas maneras deberá existir, porque, repito, es responsabilidad del Congreso la de crear nuevos empleos públicos, y no hay ningún motivo para que en este caso esa responsabilidad se delegue en funcionarios menores, como serán los administradores de las unidades productivas.
"