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- rdf:value = " El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Saavedra.
El señor SAAVEDRA (Diputado acusador).-
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la inconsistencia de la defensa del señor Ministro se desprende del hecho de haber dedicado las tres cuartas partes de ella a referirse a problemas que no son materias en discusión en estos momentos y, otra parte también importante, a hacer apreciaciones políticas que no contribuyen en nada a mejorar su situación.
Me parece que no se pueden pasar por alto algunas de esas apreciaciones, porque no contienen una defensa jurídica, sino conceptos políticos que bien podría haber expuesto en una asamblea de su partido, no así en esta alta Corporación.
Dice el Ministro acusado que cuando el Parlamento ejerce Sus facultades, prescritas en la Constitución, se amenaza la seguridad del Estado. Añade que el Parlamento se ha convertido en bastión de la oligarquía y que la defensa que ha planteado en esta oportunidad no está dirigida a esta Corporación, sino al pueblo, único interlocutor que él reconoce.
Esa es su defensa. En lo que resta, en realidad el señor Millas sólo contribuye a probar los asertos contenidos en la acusación que el Senado está conociendo.
Así es como el Ministro defiende el carácter presuntamente democrático de las juntas de abastecimiento y control de precios, rechaza la imputación de que habría discriminación en la forma de distribuir los alimentos, y sostiene que si ha existido este vicio, ello sería, obviamente, de exclusiva responsabilidad de quienes tratan de lanzar a vecinos contra vecinos para satisfacción de revanchismos u odiosidades. Dice, además, que la política del Gobierno consiste en que los beneficiarios de los alimentos y las especies que se distribuyen a través de DIRINCO, con la valiosa colaboración de la JAP, sean todos los habitantes de la Unidad Vecinal despectiva, sean o no miembros de la JAP correspondiente. De manera que debo calificar como absolutamente inconsistentes y falto de fundamentación el cargo de infracción al artículo 10 Nº 1 de la Constitución que han presentado los libelistas.
La verdad es que la acusación sería inconsistente si sólo nos hubiésemos limitado a plantear estos cargos por escrito. En efecto, sería inconsistente decir que las JAP no son democráticas y sólo nos limitáramos a señalarlo. Sería inconsistente únicamente aseverar que el Gobierno ha pretendido actuar por intermedio de las JAP, excluyendo a los verdaderos organismos representativos de la comunidad, como son las juntas de vecinos. Todo ello sería inconsistente, de no mediar dos hechos muy determinantes. En primer término que, como todos los señores Senadores saben por lo que han visto en sus barrios y en sus provincias, por lo que han sabido a través de sus amistades y de la opinión pública en general, los hechos que hemos sostenido corresponden a la realidad y no son sólo argumentos planteados por escrito; y segundo, que el señor Ministro considera inconsistente todo lo que está aquí por escrito, pese a que él no se ha molestado siquiera en leer los testimonios, reunidos en la Comisión, donde ni siquiera una sola persona contribuyó a desvirtuar estos cargos. Incluso está demostrada con documentos la discriminación que ha existido en la distribución de alimentos y cómo se ha excluido a las juntas de vecinos en este aspecto. Y esto se desprende no sólo de la lectura de los instructivos o de las cartas emanadas de funcionarios de Gobierno, sino de testimonios verbales y escritos que constan en las actas de las sesiones y en los antecedentes reunidos por la Comisión. La defensa que hace el señor Ministro, unida a los antecedentes que reunió la Comisión, viene a demostrarnos que la única inconsistencia la constituye su propia defensa, porque los hechos que nosotros venimos sosteniendo están plenamente comprobados.
Termino refiriéndome a un problema que el señor Ministro aborda en la página 31 de la defensa que envió por escrito, cuando dice que no procede esta acusación constitucional porque el artículo 39 de la Carta Fundamental expresa que los Ministros de Estado son responsables por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación.
Creo que, precisamente, al citar este artículo, el Ministro nos está dando la razón y se está sometiendo voluntariamente al juicio del Senado, porque la acusación que estamos formalizando se basa en infracciones a la Constitución y atropellamiento de las leyes. Incluso, como ayer lo demostramos, podríamos haber agregado la causal de comprometer gravemente la seguridad de la Nación.
Eso es todo.
"
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