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- rdf:value = " El señor MORENO.-r
Considero que aquí hay dos situaciones que han sido analizadas por distintos señores Senadores. La primera, reviste un problema de forma en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que introdujo la Cámara. La segunda, es un problema de fondo relacionado con el criterio del Ejecutivo para tratar el financiamiento de las universidades no estatales. Respecto de lo primero, me quedo con la opinión del señor Presidente del Senado, quien, en términos satisfactorios a mi entender, explicó la procedencia de la disposición remitida por la otra rama del Congreso.
Sin embargo, el fondo del problema radica en que aquí el Ejecutivo ha sustentado una opinión, respaldada por los sectores de la Unidad Popular, tendiente a cercenar los recursos económicos que permiten a las universidades no estatales mantener a su personal superior, medio, administrativo y de servicio de acuerdo con el alza real del costo de la vida en nuestro país.
Estimo innecesario hacer ahora un exordio de lo que significan las universidades en Chile. Pero hoy más que nunca tenemos conciencia de ello, precisamente cuando el Gobierno ha enviado distintos proyectos de ley, aduciendo que desea mantener los equipos especializados de nuestro país. Todos los días en esta Corporación estamos conociendo proyectos de esa índole. Me correspondió participar en la Comisión de Economía en el estudio de una indicación formulada con el patrocinio del Ejecutivo tendiente a proporcionar un reajuste adicional al personal superior de la Corporación de Fomento. El argumento que dio el Gobierno para otorgar ese trato de excepción es que se trata de técnicos o personal superior calificado, que al país le ha costado mucho formar, y de que en caso de no concederles esa remuneración, adicional, ellos abandonarán nuestro país o las organizaciones estatales. En este caso se produce precisamente la misma situación, y yo diría que con mucho mayor fuerza que en otros organismos de carácter estatal. Las universidades son las entidades que deben formar ese tipo de personal. A un plantel de enseñanza superior y lo digo con conocimiento de causa, pues soy profesor de las dos universidades principales de Santiago, la de Chile y la Católica le significan situaciones verdaderamente dramáticas poder mantener las rentas de sus funcionarios, ya sean superiores, profesores, personal administrativo o de servicio.
Creo que nadie de los que se encuentran en la Sala tiene realmente conciencia de que el alza del costo de la vida corresponde al 22,1%, que está consignado en el acta CUT-Gobierno. El Ejecutivo suscribe todos los días convenios mediante los cuales otorga reajustes adicionales a entidades estatales por montos muy superiores a dicho porcentaje. Basta leer la lista que al respecto publica todos los días la prensa del país.
A mi juicio, aquí hay un problema de fondo: el Gobierno no desea otorgar recursos a las universidades no estatales, con el objeto de ahogarlas, más allá de lo que ellas se encuentran en este instante, porque lo que se está pidiendo con esta indicación de la Cámara de Diputados es darles la posibilidad de financiar, con recursos otorgados por el Estado, los convenios colectivos o las actas de avenimiento o fallos arbitrales destinados a mejorar las remuneraciones de su personal.
Por eso, voto por la insistencia, pues estimo hoy más que nunca que las universidades necesitan un apoyo de toda la comunidad, y es nuestro deber otorgárselo en esta ocasión.
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