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- rdf:value = " El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, me correspondió participar en la discusión del artículo 3º de la ley Nº 17. 382, que destina parte del impuesto establecido en ese texto legal, recaído en las mercaderías que se internen por la provincia, a la contratación de horas-CORFO, a través del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, para la construcción y mejoramiento de los caminos transversales en el sector rural de la provincia de Chiloé, que represento en el Senado.
Al redactar el precepto, que posteriormente se convirtió en ley, tuve en cuenta que más del 90% de los habitantes de Chiloé vive en sectores rurales, y que uno de los problemas más graves de la región es la falta de vías que permitan a los pequeños agricultores transportar sus productos a los centros de consumo. Se trata de la única manera de progresar en una zona de minifundios, en la que el pequeño agricultor debe vivir esencialmente del trabajo temporal en la provincia de Magallanes y en la República Argentina. Aún más, la aplicación masiva de la reforma agraria en esta provincia ha provocado la falta de trabajos temporales, lo que afecta a los trabajadores de Chiloé, que viajan en forma periódica hasta allá para realizar trabajos esporádicos. Por eso, en la actualidad el pequeño agricultor debe vivir, básicamente, del producto de pequeñas cosechas, en especial la de papas, ya que se trata de una zona de monocultivo. Lo anterior se agrava aún más, pues, como todos sabemos, el precio y la situación de mercado de ese tubérculo enfrentan una aguda crisis que el Senado conoce, ya que precisamente está analizando una iniciativa tendiente a dar a ese producto una comercialización más racional, que asegure el costo de producción y una pequeña y legítima utilidad para el campesino chilote.
El Honorable señor Lorca, que también representa a la Décima Agrupación, haciéndose eco de la petición de la Junta de Alcaldes de la provincia de Chiloé, planteó primero en el proyecto de ley de presupuestos, y luego, ante el veto de que fue objeto su indicación entonces, en una iniciativa separada la idea de modificar la disposición que asigna 30% del rendimiento del impuesto establecido en la ley 17. 382 a la inversión en caminos en la isla. Lo hizo por el hecho de que las sumas que deben repartirse entre todas las comunas de Chiloé no alcanzan a formar una masa de recursos que permita un aprovechamiento racional de aquéllos, aun considerando el aporte fiscal, que equivale al doble, de acuerdo con la ley de Obras Públicas.
La letra c) del artículo 3º de la ley 17. 382 establece que los recursos a que se refiere podrán invertirse exclusivamente en la construcción y mejoramiento de caminos rurales. La modificación propuesta por el Honorable señor Lorca permite, previo acuerdo de las tres cuartas partes de los regidores de las respectivas municipalidades de la provincia, destinar tales fondos a la realización de obras de adelanto urbanas y rurales. Además, se faculta a esas corporaciones para suscribir con la Dirección General de Obras Públicas los compromisos que estimen convenientes.
Comprendo el espíritu que ha movido a los alcaldes de Chiloé al pedir al Honorable señor Lorca también he recibido una petición similar que planteara la modificación en debate. La razón es muy sencilla. Los alcaldes, en su afán de realizar obras de progreso comunal, tienden a invertir los escasos fondos con que cuentan las municipalidades del país en la atención de las necesidades comunales, especialmente en las zonas urbanas, en los pueblos. Así, con estos recursos, proceden a mejorar las plazas, las calles, etcétera.
Creo que en este caso los legisladores debemos atender mirando, más que aspectos si se quiere inmediatos, los problemas esenciales de zonas como la de Chiloé, de carácter eminentemente rural.
Por lo anterior, discrepo del proyecto patrocinado por el Honorable señor Lorca.
Es lógico y humano que se tienda al aprovechamiento de recursos en obras que tengan algún lucimiento, que los alcaldes deseen realizar iniciativas que, de alguna manera, demuestren su capacidad de creadores o su eficiencia en las labores que les competen. Comprendo que para ello deben contar con determinados recursos. En este caso, la suma que les corresponde a todas las comunas de la provincia alcanza a dos millones de escudos anuales. Esta cifra, repartida según el criterio que estimen más adecuado las municipalidades, a través de un quórum determinado, permite hacer las inversiones de que se trata. Pero creo que esas inversiones deben estar destinadas a las finalidades que tuvimos en vista al aprobar la ley 17. 382.
Me parece que el Honorable señor Lorca ha dado pruebas, una vez más, de su buena disposición para tratar de encontrar solución a los problemas regionales. Lo reconozco con absoluta franqueza, porque me ha tocado colaborar con el señor Senador en la dictación de muchas de las leyes que hemos promovido para tratar de resolver las dificultades que enfrenta la zona austral, que ambos representamos en este recinto. Pero, junto con lo anterior, debo destacar al Honorable Senado que, a mi juicio, con esta iniciativa el sector rural, el sector campesino de Chiloé perdería la posibilidad de beneficiarse con una parte de los recursos que se obtienen del gravamen impuesto a las mercaderías que se internan por la zona gracias al régimen especial de importaciones que allí rige, a diferencia de lo que sucede en el resto del país.
La verdad es que el pequeño agricultor, en parte importante, está marginado de los beneficios de ese régimen de puerto libre, porque vive del producto de la explotación agrícola y no trabaja en el comercio. Es decir, el sector campesino enfrenta una situación más difícil. Debe soportar el alza del costo de la vida, que lo está castigando en forma muy dura, sin contar con ningún reajuste, ya que no percibe sueldo. Su ingreso sólo está constituido por el producto de lo que cosecha, que por desgracia resulta insuficiente, ya que la política que ha seguido el Gobierno éste y otros anteriores en esta materia es absolutamente errónea. Se ha tratado de entregar los productos al precio más bajo posible, sin pensar que ello nos obligaría a importar grandes cantidades de alimentos debido a la insuficiente producción nacional. Es así como actualmente las importaciones de alimentos ascienden a más de 450 millones de dólares anuales. O sea, prácticamente hipotecan nuestras disponibilidades de moneda extranjera, que deberíamos destinar a otras inversiones, como la instalación de industrias o la compra de bienes de capital, de repuestos, de medicamentos o de maquinarias.
El Honorable señor Morales Adriasola, miembro de la Comisión de Gobierno, donde también actuó en representación de mi partido, señaló su interés en conocer algunas informaciones en cuanto al rendimiento de la ley Nº 17. 382. En la exposición de motivos de la moción del Honorable señor Lorca se habla de una suma de dos millones de escudos anuales y se estima que el rendimiento de la ley 17. 382 excederá los seis millones de escudos durante el presente año. Ahora bien, como Obras Públicas deberá entregar el doble de esa suma, o sea doce millones de escudos, se reunirán dieciocho millones de escudos cifra bastante importante, que se destinarían a abrir caminos transversales que permitirían a los pequeños agricultores de las islas y de los sectores rurales sacar sus productos al mercado y, por lo tanto, dedicarse a la agricultura, que es la única actividad que tiene alguna posibilidad en la provincia.
En principio, me opongo al proyecto en debate; pero antes de pronunciarme en forma definitiva, espero que el Honorable señor Lorca allegue los antecedentes necesarios que puedan hacer cambiar mi posición.
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