REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA. Sesión 38ª, en martes 25 de julio de 1972. Especial. (De 11.12 a 13.30). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE. SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 2067 II.- APERTURA DE LA SESION 2067 III.- TRAMITACION DE ACTAS 2067 IV.- LECTURA DE LA CUENTA 2067 V.- ORDEN DEL DIA: Proyecto de ley, en primer trámite, sobre modificación de ley que destina recursos a municipalidades de Chiloé (se aprueba) . . . . 2068 Proyecto de ley, en primer trámite, que denomina Mártires Céspedes y González a la calle Unión, de Iquique (se aprueba) 2069 Proyecto de ley, en primer trámite, referente a divulgación de vida y obra de próceres y hombres ilustres de nuestra nacionalidad (se aprueba en general) 2069 Proyecto de ley, en primer trámite, sobre obligación de representantes del Congreso Nacional ante instituciones estatales de rendir cuenta de su desempeño (se aprueba en general y particular) .. 2078 Proyecto de ley, en primer trámite, sobre constitución de Corporaciones de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y de Atacama y Coquimbo (se aprueba) 2080 Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre indemnización a trabajadores que componían la dotación de draga Ingeniero Rubén Dávila (se despacha) 2086 Proyecto de ley, en primer trámite, sobre modificación de Estatuto Administrativo en lo tocante a desahucios (se despacha) 2086 Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre transferencia de vivienda gratuita a integrantes de equipo de caza submarina (se aprueba) 2089 Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre franquicias de internación para diversas especies donadas a Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Chimbarongo , 2090 Proyecto de ley, en primer trámite, que prohíbe la internación al resto del país de mercaderías rematadas por Servicio de Aduanas en Chiloé, Aisén y Magallanes (vuelve a Comisión) 2093 Proyecto de ley, en primer trámite, sobre empréstito para Municipalidad de Ancud (queda pendiente la discusión) 2102 Anexos. 1.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que dispone que la Corporación de la Vivienda construirá muros cortafuego para separar las viviendas de la Población Fitz Roy, de Punta Arenas 2105 2.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que dispone que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá otorgar, en determinados casos, sitios a los actuales ocupantes de terrenos fiscales ubicados en el sector Playa Norte de Punta Arenas 2106 3.- Moción de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Jerez, Montes y Pablo, con la que inician un proyecto de ley que destina recursos al Servicio de Bienestar de la Armada Nacional para la terminación del Estadio Naval de Talcahuano . . . . 2107 4.- Moción de los señores Aguirre Doolan, Jerez, Montes y Pablo, con la que inician un proyecto de ley que destina recursos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción 2108 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Aguirre Doolan, Humberto Aylwin Azócar, Patricio Baltra Cortés, Alberto Ballesteros Reyes, Eugenio Carmona Peralta, Juan de Dios Contreras Tapia, Víctor Chadwick Valdés, Tomás Durán Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José García Garzena, Víctor Gormaz Molina, Raúl Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Irureta Aburto, Narciso Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Montes Moraga, Jorge Morales Adriasola, Raúl Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Reyes Vicuña, Tomás Rodríguez Arenas, Aniceto Silva Ulloa, Ramón Valente Rossi, Luis, y Valenzuela Sáez, Ricardo. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 11.12, en presencia de 14 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 29ª a 33ª que no han sido observadas. (Véanse en el Boletín las actas aprobadas ). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensaje. Uno de Su Excelencia el Presidente de la República, en el que hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que tipifica delitos de carácter económico. -Se califica de simple la urgencia. Oficios. Quince, de los señores Ministros de Salud Pública, de Obras Públicas y Transportas y de la Vivienda y Urbanismo y Secretario Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (1), Carmona (2), Durán (3), Foncea (4), Moreno (5), Ochagavía (6), Olguín (7), Silva Ulloa (8), Valente (9) y Valenzuela (10) : 1) Pavimentación del camino Yumbel-Estación; Instalación de alcantarillado en la Escuela Nº 50, de la Población Zañartu; 2) Construcción de una nueva lavandería militar en Antofagasta; 3) Asfaltado del camino La Villa; 4) Instalación de alcantarillado en el departamento de Chanco y en Pelluhue y Curanipe; 5) Creación de industria elaboradora de jugos cítricos en San Vicente de Tagua Tagua; Dotación de agua potable en la localidad de Olivar Bajo; 6) Construcción de camino Puerto Cisnes-La Tapera; Habilitación de caminos en Isla de Lemuy; Instalación de agua potable en Curaco de Vélez; 7) Beneficios para el personal del sector Vivienda, en Tarapacá y Antofagasta; Erradicación de la planta Esso, de Arica; 8) Construcción de una nueva lavandería militar en Antofagasta; 9) Instalación de agua potable en Parca y La Tirana; 10) Reparación de puentes en la comuna de La Estrella. -Quedan a disposición de los señores Senadores. Uno del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, en el que da a conocer el resultado de la investigación practicada por el Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, señor Jorge Agur-to, respecto de actuaciones atribuidas al Juez del Primer Juzgado de Letras de Co-piapó, señor Neptuno Rossel. Queda a disposición de los señores Senadores. Informes. Dos de la Comisión de Obras Públicas, recaídos en los siguientes proyectos de ley, iniciados en mociones del Honorable Senador señor Hamilton: 1) El que dispone que la Corporación de la Vivienda construirá muros cortafuego para separar las viviendas de la Población Fitz Roy, de Punta Arenas (véase en los Anexos, documento 1). 2) El que dispone que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá otorgar, en determinados casos, sitios a los actuales ocupantes de terrenos fiscales ubicados en el sector Playa Norte de Punta Arenas, véase en los Anexos, documento 2). Quedan para tabla. Mociones. Dos de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Jerez, Montes y Pablo, con las cuales inician los siguientes proyectos de ley: 1) El que destina recursos al Servicio de Bienestar de la Armada Nacional para la terminación del Estadio Naval de Tal-cahuano (véase en los Anexos, documento 3). 2) El que destina recursos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción (véase en los Anexos, documento 4). Pasan a la Comisión de Hacienda. V.- ORDEN DEL DIA. MODIFICACION DE ARTICULO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS A MUNICIPALIDADES DE CHILOE. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Lorca, que modifica el artículo 3º de la ley Nº 17.382, en lo relativo a la destinación de recursos en beneficio de las municipalidades de Chiloé. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley {moción del señor horca) : En Primer trámite, sesión 6ª, en 31 de mayo de 1972. Informes de Comisión: Gobierno, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. Discusión: Sesiones 25ª, en 5 de julio de 1972; 29ª, en 18 de julio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Ballesteros, Juliet, Morales Adriasola y Valente, recomienda a la Sala por unanimidad aprobar el proyecto, que consta de un artículo único. Esta iniciativa quedó en segunda discusión en la sesión del día 18 del presente mes. Se aprueba. DENOMINACION DE MARTIRES CESPEDES Y GONZALEZ A CALLE UNION, DE IQUIQUE. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Valente, que denomina Mártires Céspedes y González a la calle Unión, de Iquique. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Valente): En primer trámite, sesión 62ª, en lº de marzo de 1972. Informes de Comisión: Gobierno, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. Discusión: Sesión 29ª, en 18 de julio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario). - La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Ballesteros, Juliet, Morales Adriasola y Valente, recomienda a la Sala, por unanimidad, aprobar el proyecto, que consta de un solo artículo. Se aprueba. DIVULGACION DE VIDA Y OBRA DE PROCERES Y HOMBRES ILUSTRES DE NUESTRA NACIONALIDAD. El señor FIGUEROA (Secretario). - Proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables señores Jerez y Rodríguez, referente a la divulgación de la vida y obra de los proceres y hombres ilustres de nuestra nacionalidad. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican : Proyecto de ley (moción de los señores Jerez y Rodríguez) : En primer trámite, sesión 1ª, en 28 de marzo de 1972. Informes de Comisión: Educación, sesión 20ª, en 28 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Educación Pública, en informe suscrito por los Honorables señores Ferrando (Presidente), Baltra, García, Montes y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos contenidos en el informe. El señor PALMA (Presidente).- En discusión general. Ofrezco la palabra. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, deseo referirme en breves palabras a la iniciativa de los Honorables señores Jerez y Rodríguez. Las horas conflictivas que ha vivido nuestra patria, y que podrían considerarse como una secuela de las que el mundo de hoy atraviesa, ha ido deteriorando los sentimientos de patria y de nacionalidad, y hasta tiende a dar una nueva -y, tal vez, equivocada- interpretación de la historia. En consecuencia, los Senadores de estas bancas, encontramos feliz el proyecto de los Honorables colegas Jerez y Rodríguez, que tiende a actualizar y difundir, por intermedio de los Ministerios de Educación y Defensa Nacional, la vida y obra de quienes no sólo nos dieron libertad, sino que, revolucionando el status de su tiempo, echaron las bases inconmovibles de nuestras instituciones republicanas, democráticas, y, en fin, de nuestra nacionalidad. Orgullosamente recordamos que personajes de otro continente, como Menéndez y Pelayo, Jacinto Benavente o el gran americanista que fue el uruguayo Rodó, llamaron en justicia a esta patria, forjada por quienes nos dieron independencia, Maestra de Naciones del continente. Magnificar la obra de nuestros próceres; señalar a las juventudes y al pueblo las egregias virtudes ejemplarizantes en valor, arrojo, desprendimiento, generosidad, patriotismo, sacrificio -hasta dar la vida por la patria-, es cohesionar a todo Chile por el sendero de las supremas virtudes que deben rectorar el espíritu de todos los chilenos de todos los tiempos. Un escritor nuestro, fallecido hace poco, dice admonitivamente: Los pueblos que carecen de amor a su historia, están en el riesgo de llegar a la incapacidad de hacerla. Chile fue capaz de escribir la más hermosa historia de país alguno del continente. Chile, hoy y mañana, ha de seguir siendo siempre capaz de hacer cada vez más hermosa su propia historia. Deseo manifestar que el Instituto O'Higginiano de Chile, que tengo el honor de presidir, al conocer de este proyecto, del que son autores los Honorables señores Jerez y Rodríguez, acordó enviarles una nota, en la que manifestamos ... nuestra cordial congratulación por su proyecto de ley, por el cual debe exaltarse y hacer difusión sobre la vida y obra de nuestros próceres, y se encomienda a los señores Ministros de Defensa Nacional y Educación, el cumplimiento de tan importante tarea. Nos honra que parlamentarios como ustedes promuevan en forma ejemplarizante, nuestros mismos e idénticos postulados, ya que este Instituto tiene como misión preferente, estimular por todos los medios, los sentimientos patrióticos y cívicos. Difundir la vida y acciones notables de los próceres y de los ciudadanos que han enaltecido a Chile, empeñando sus mejores esfuerzos por que los hijos de la Nación, sientan orgullo de su chilenidad. Reiterando a cada uno de los señores Senadores, la cordialidad de nuestras congratulaciones, nos suscribimos como sus obsecuentes servidores y amigos. Firman el secretario general y el presidente de la institución. Debo hacer presente que el Instituto O'Higginiano de Chile obtuvo la personalidad jurídica con la promulgación, en agosto de 1961, de la ley Nº 14.609. Tengo a la mano sus estatutos. A la letra, son casi los mismos que tuvo la Sociedad Amigos de Chile, que el 5 de agosto de 1818 fundó el Padre de la Patria don Bernardo O'Higgins. En el título primero de los estatutos -Del objeto de la Sociedad-, artículo 1º, se puede leer lo siguiente: El objeto de esta Sociedad es promover los adelantamientos del país en todos los ramos de la Industria, la Agricultura, el Comercio, la Minería, las Artes y los Oficios, que son materias sobre las que la Sociedad debe emplear sus tareas, ya notando los obstáculos que se oponen a su perfección, ya proponiendo los medios de sus mejoras. Quiero ser breve, con el objeto de que este proyecto se despache pronto, por lo cual pido a la Mesa recabe el acuerdo de la Sala para insertar en la versión de mi discurso los Estatutos del Instituto O'Higginiano. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud del señor Senador. Acordado. El documento cuya inserción se acordó es del tenor siguiente: Título primero. Del objeto de la Sociedad. Art. 1º.- El objeto de esta Sociedad es promover los adelantamientos del país en todos los ramos de la Industria, la Agricultura, el Comercio, la Minería, las Artes y los Oficios, que son materias sobre las que la Sociedad debe emplear sus tareas, ya notando los obstáculos que se oponen a su perfección, ya proponiendo los medios de sus mejoras. Art. 2º.- La Sociedad de Amigos de Chile, constituye en si misma el Instituto O'Higginiano, por el culto fervoroso y perenne hacia el Padre de la Patria Bernardo O'Higgins, que impulsará sus obras. Además, es su misión preferente estimular por todos los medios los sentimientos patrióticos y cívicos. Difundir la vida y acciones notables de los próceres y de los ciudadanos que han enaltecido a Chile. Conmemorar los grandes días de la Patria y contribuir a acrecentar el prestigio de las Instituciones seculares de la República. Empeñará sus mejores esfuerzos porque los hijos de la Nación sientan orgullo de su chilenidad. Art. 3º.- En el orden social, coadyuvará porque, en un ambiente de armonía y colaboración, se realice el mayor bienestar para el país. (En el aspecto cultural contribuirá al estímulo de todo aquello que redunde en bien de la salud espiritual y física de los chilenos. Art. 4º.- En las provincias, el Instituto O'Higginiano, o Sociedad de Amigos de Chile, será, además, un organismo cooperador del adelanto regional. Jamás en la Sociedad podrán discutirse asuntos religiosos o de política de Partidos. Art. 5º.- Propiciará, en los establecimientos educacionales, conferencias y certámenes patrióticos, con ocasión de las efemérides nacionales, tendientes a despertar en la niñez los sentimientos de civismo y de solidaridad social, que caracterizaron la obra de O'Higgins. Art. 6º.- Serán en fin, de su resorte, todas las cosas que tuvieren relación con la riqueza nacional. Art. 7º.- La Sociedad no ejerce jurisdicción sobre nadie, sus funciones serán puramente pacíficas y amigables; atenderá al bien de los hombres sin incomodarlos. Art. 8º.- Deberá la Sociedad dar cada año ciertos premios a los ciudadanos, los que se distribuirán entre los que mejor desempeñen una obra encomendada. Para llenar la anterior finalidad se instituye la Orden O'Higginiana, que consistirá en una medalla en cobre, plata u oro, con las armas de la Sociedad y la inscripción: Orden O'Higginiana de Chile, por un lado, y por el otro, estas palabras: La Sociedad al Mérito, circundando la efigie de O'Higgins. Esta condecoración irá orlada de copihues, y será otorgada por el Consejo Directivo de la Institución a propuesta escrita de tres de sus miembros a lo menos, y con el voto favorable de los dos tercios del Consejo, en votación secreta. La Orden O'Higginiana, deberá otorgarse primeramente en Cobre. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Como he conocido en profundidad este proyecto después que lo despachó la Comisión de Educación del Senado, me he permitido formular algunas indicaciones, como por ejemplo la que incluye, por las razones que acabo de señalar, en el artículo 1º del proyecto, al Instituto O'Higginiano de Chile en la Comisión que se integrará para ejecutar el plan de divulgación de la vida y obra de los próceres y hombres ilustres de nuestra nacionalidad. Termino mis palabras manifestando que los Senadores del Partido Izquierda Radical daremos con agrado nuestros votos favorables a este proyecto de suyo constructivo, beneficioso y patriótico. El señor BALTRA.- Señor Presidente, gran parte de lo que iba a decir lo acaba de expresar el Honorable señor Aguirre Doolan. Como miembro de la Comisión de Educación Pública, me correspondió conocer de esta interesante moción de los Honorables señores Jerez y Rodríguez. Con el último de los Senadores nombrados, en las sesiones de dicho organismo, tuvimos oportunidad de trabajar y complementar la iniciativa, dentro del alto espíritu que la guía, cual es el cultivo del sentimiento de la nacionalidad en nuestro país, exaltando los valores cívicos, militares, científicos, literarios y sociales de los próceres y hombres ilustres de nuestra nacionalidad. La moción primitiva encomendaba a los Ministerios de Educación Pública y de Defensa Nacional -dentro del plazo de sesenta días, contado desde la fecha de publicación de la ley- poner en ejecución un plan encaminado a divulgar la vida, obra y méritos de los personajes mencionados. En la Comisión se complementó la iniciativa señalándose que los Ministerios referidos deberían actuar asesorados por una Comisión integrada por representantes de las Fuerzas Armadas, de los Institutos de Historia y de Conmemoración Histórica, de organismos científicos o culturales, y de la Sociedad de Escritores de Chile. Después de aprobado el proyecto en la Comisión -que, en nuestra opinión, reviste gran interés-, luego de un estudio más a fondo de él, hemos llegado a la conclusión de que faltan algunas instituciones que deberían formar parte de la comisión que asesorará a los Ministerios de Educación y de Defensa, la cual, pensamos, debería tener carácter permanente. Por eso, hemos presentado indicación con tal objeto. Por iniciativa del Senador que habla se incorporó al artículo 1º del proyecto una frase que dice: Asimismo, los referidos Ministerios, a través de la misma Comisión, deberán estudiar la posibilidad de levantar, dentro de un plazo prudencial, un mausoleo con el objeto de sepultar en él los restos de los héroes y próceres nacionales que participaron en la gesta de la Independencia Nacional. Sin embargo, junto con el Honorable señor Ricardo Valenzuela hemos creído conveniente precisar y concretar más esta idea, de manera de asegurar que se construya este gran monumento conmemorativo de las glorias de la patria, que estimamos necesario para exaltar los valores nacionales, y también para impedir que se continúe produciendo lo que hasta hoy ocurre: que los restos de nuestros próceres estén sepultados en distintos lugares, en vez de estar en un recinto común que constituya un verdadero santuario o gran monumento conmemorativo de las glorias nacionales. Con tal objeto, hemos formulado indicación, junto con el Honorable señor Aguirre Doolan, en los términos señalados por Su Señoría. Los Senadores de estas bancas contribuiremos, con mucho agrado, a aprobar esta moción que viene a llenar un vacío en nuestra legislación y que satisface una necesidad imperiosa, cual es la de exaltar los valores cívicos, militares, científicos y culturales de los hombres de nuestro país. El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación. Acordado. El señor RODRIGUEZ.- Agradezco las expresiones de los Honorables señores Aguirre Doolan y Baltra, con las que manifestaron su apoyo a la moción que presentamos con el Honorable señor Jerez. Me parece que hacía falta una legislación de esta naturaleza, con el fin de lograr que las nuevas generaciones tomen conocimiento del aporte extraordinario que hicieron los próceres de la independencia nacional y los líderes -por así decirlo- de la epopeya araucana, como también de la labor efectuada por nuestros valores culturales e intelectuales, como, por ejemplo, lo fue Gabriela Mistral. Diría que el proyecto de ley que iniciamos con el Honorable señor Jerez tiene la importancia o significación de ponderar en forma adecuada todos los grandes valores históricos que surgen de la epopeya militar de nuestra independencia, como también el acervo cultural e intelectual chileno que se forma con posterioridad a aquélla. Tal como lo dijo el Honorable señor Baltra, indudablemente que el proyecto se perfeccionó en la Comisión de Educación Pública, donde hubo aportes interesantes, como el que señalaba el mismo señor Senador, cual es la indicación para crear el Mausoleo de la Patria -me parece que así lo denominamos-, recinto que estaría destinado a recordar exclusivamente a los libertadores de nuestra nación. Además, junto con el Honorable señor Jerez, hicimos prosperar en la Comisión un precepto que hacía falta en el país, destinado a destacar en debida forma la gesta de la raza araucana. Para ese efecto, propusimos erigir sendos monumentos en Temuco y en Santiago a fin de exponer lo que, realmente, fue la resistencia de Arauco a la dominación extranjera, que con posterioridad se vinculó con los esfuerzos de los patriotas por lograr la independencia nacional. Para ahorrarme comentarios, solicito insertar en la versión de mi discurso los fundamentos de la moción que presentamos junto con el Honorable señor Jerez, y una comunicación que nos remitió el Instituto O'Higginiano, suscrita por su presidente, nuestro Honorable colega Humberto Aguirre Doolan, y por el secretario de dicha institución, señor Neftalí Molina. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el señor Senador. Acordado. Los documentos que se acuerda insertar son del siguiente tenor: Honorable Senado: Nuestra Nación toma origen, funda su orgullo y reafirma los ideales de su formación popular, cívica y militar en el gesto de aquellos que formularon y combatieron por los principios y los valores superiores de un Chile independiente y justo. Por eso, nuestra educación, nuestros esfuerzos, nuestras tareas y nuestras obligaciones en las letras y en las armas, en la ciencia y en el trabajo, y, particularmente, en nuestra conciencia permanente por conquistar mayores niveles modernos de independencia y justicia social deben inspirarse en la obra creadora de nuestros próceres intachables. La ciudadanía, consciente y respetuosa de su memoria, reclama su presencia moral y ejemplarizadora en la ley, en las escuelas, en la honestidad de sus hombres públicos, en lealtad de los gobernantes al primer mandato de hacer Patria que ellos nos legaron. Nadie podría desconocer o menoscabar el legado espiritual superior de nuestros primeros Padres de la Patria o de quienes con igual dignidad les han sucedido, porque ignorarlos constituiría un signo manifiesto del desprecio por la sangre y la vida de la Nación. No se olvidará nunca que su lucha fue en pro de libertad y que, por consiguiente, fue obra de hombres que señalaban a todos los chilenos que no es en la miseria, en la servidumbre ni en la ignorancia, la tierra en que nacerán y madurarán, los verdaderos valores humanos sino en el dominio de sus plenas facultades de humanidad y de conciencia, que traspasarán a sus hijos de generación en generación, hasta que su sacrificio ejemplar sea en efecto realidad conquistada y compartida por todos sus conciudadanos. La lucha de muchos de nuestros libertadores y de otros hombres que recogieron su mensaje en el transcurso de nuestra historia no se limitó a la tarea -de por sí gigantesca- de darnos la independencia política, sino que añadieron a ella su preocupación por un ordenamiento social más justo. Así, vemos que O'Higgins decreta la abolición de los mayorazgos, Freire ordena restituir a los indígenas las tierras que les han sido usurpadas, y Manuel Rodríguez, en su interinato como Director Supremo, a raíz del desastre de Cancha Rayada, propone el primer ensayo de reforma agraria. No obstante, la fuerza con la cual la presencia de tales valores motiva nuestra conducta social puede debilitarse y hasta apagarse si no se estimula, especialmente en las generaciones jóvenes, el interés y el afecto por comprender el sentido de nuestra historia, y particularmente el de la vida de aquellos compatriotas de otros tiempos, cuya acción y pensamiento fueron forjando los rasgos de Chile como nación señera en América. Nos enorgullecemos de ser descendientes, por ejemplo, de hombres como Lautaro, ejemplo de altivez en la unidad de una raza; como O'Higgins, libertador y organizador de la Patria que nacía; como Carrera, de quien dijo el poeta implantó la escuela en el Convento y libertó al hijo del esclavo; como Manuel Rodríguez, capitán de la libertad que mantuvo la llama de la esperanza; como Camilo Henríquez, combatiente de la pluma y ejemplo de periodista al servicio de su pueblo; como José Manuel Balmaceda, mártir de la lucha por nuestra independencia económica; como Prat, elevado al nivel de los más grandes héroes de la historia; como Dagoberto Godoy, en quien se simboliza el arrojo y la capacidad de aventura. Inspirados en sus variados y grandes ejemplos, es que creemos indispensable promover la exhaustiva divulgación de la vida, las obras y las virtudes de nuestros próceres nacionales, y que para hacerlo se agoten los medios de que disponemos. Vale decir, que los Ministerios de Defensa y Educación, con el concurso de las Fuerzas Armadas, los institutos educacionales, las universidades, los institutos de historia, las academias, la Editorial del Estado, estudien y pongan en marcha un vasto plan de difusión de la historia patria, mediante concursos escolares, investigaciones históricas, estímulo a novelistas e historiadores, artistas y estudiantes, civiles y militares, que haga efectivo el conocimiento y el influjo permanente de la larga y honrosa lista de nuestros prohombres, hasta que sus ideales y su herencia formen parte consusbstancial de la sangre de nuestro pueblo y constituyan los cauces legítimos a través de los cuales se perfeccione el presente y el futuro de la nación. Santiago, junio 21 de 1972. Al Honorable Senador. Dn. Aniceto Rodríguez. Honorable Senado. Presente. Honorable Senador: El Consejo del Instituto O'Higginiano de Chile, en su última sesión, acordó hacer llegar a usted nuestra cordial congratulación por su proyecto de ley, por el cual debe exaltarse y hacer difusión sobre la vida y obra de nuestros proceres, y se encomienda a los señores Ministros de Defensa Nacional y Educación, el cumplimiento de tan importante tarea. Nos honra que parlamentario como usted promueva en forma ejemplarizante, nuestros mismos e idénticos postulados, ya que este Instituto tiene como misión preferente, estimular por todos los medios, los sentimientos patrióticos y cívicos. Difundir la vida y acciones notables de los próceres y de los ciudadanos que han enaltecido a Chile, empeñando sus mejores esfuerzos por que los hijos de la Nación sientan orgullo de su chilenidad. Reiterando al Honorable Senador la cordialidad de nuestras congratulaciones, nos subscribimos como sus obsecuentes servidores y amigos. Neftalí Molina Riquelme, Secretario General. Humberto Aguirre Doolan, Presidente. El señor VALENZUELA.- Desde que tomamos conocimiento de la presentación de esta iniciativa de nuestros Honorables colegas Jerez y Rodríguez, los Senadores demócrata cristianos integrantes de la Comisión de Educación Pública -el Honorable señor Ferrando y el que habla- tuvimos el mejor espíritu y el mayor entusiasmo para colaborar en su pronto despacho. Así es como se colocó este asunto en lugar preferente de la tabla y se despachó rápidamente. Por otra parte, deseo hacer presente que los Senadores democratacristianos daremos gustosos nuestra aprobación al proyecto, pues en el fondo valoriza o realza ante las futuras generaciones las figuras de los próceres de nuestra independencia nacional y de todos los chilenos ilustres que, con posterioridad, han desplegado una labor efectiva en pro de nuestro desarrollo educacional, cultural, político o militar. Con el objeto de que el proyecto se despache a la brevedad, me limito a señalar, en nombre de los Senadores de mi partido, nuestra satisfacción por tener oportunidad de colaborar con nuestros votos a aprobarlo, tal como lo hicimos en la Comisión de Educación. Finalmente, deseo manifestar que, como lo hizo presente el Honorable señor Baltra, he suscrito una indicación junto con su Señoría, para crear el Mausoleo de la Patria. El señor Senador destacó en la Comisión lo que significaría para las generaciones presentes y futuras contar con un monumento de esta naturaleza, tal como los que existen en otras naciones, para recordar debidamente a los héroes que nos dieron patria y libertad, cuyos restos no deben estar dispersos en todo el territorio nacional. Por estas razones, daremos, con el mayor agrado, nuestros votos favorables a esta iniciativa. El señor JEREZ.- Señor Presidente, como lo ha expresado la generalidad de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, este proyecto tiene un sentido elevado y patriótico y, naturalmente, no se pretende adscribirlo a posiciones políticas determinadas, no obstante entender que la lucha que hoy día se lleva a cabo por la emancipación económica de Chile es un reflejo del esfuerzo que hicieron en su oportunidad nuestros padres de la patria por darnos la independencia política. Hay que recordar, de todas maneras, que la gloria de algunos de nuestros próceres más esclarecidos no se limita sólo al aspecto militar, sino que, inclusive -cosa que ha sido interesadamente olvidada por la mayoría de los historiadores-, muchos de ellos demostraron una profunda preocupación por efectuar innovaciones de carácter social y económico. En otras oportunidades hemos destacado que fue Manuel Rodríguez quien, después del desastre de Cancha Rayada - mientras ejercía el cargo de Director Supremo interino, puesto que no se tenía noticia alguna de O'Higgins-, por primera vez dictó un decreto destinado a establecer una especie de reforma agraria en virtud de la cual los soldados, los campesinos y todos quienes estuvieran luchando en el ejército patriota por la libertad nacional, pasaban a ser dueños de: la tierra. También hay que recordar que fue Freire quien, por primera vez, ordenó devolver a los indígenas, a los araucanos, las tierras que les habían sido usurpadas ilegítimamente. Por eso, digo que nos interesa destacar el hecho de que este proyecto no pretende sólo realzar los méritos de los hombres que mediante las armas lograron hacer de Chile lo que es hoy y dar dignidad al país, sino que también pretendemos realzar el recuerdo, la imagen y la enseñanza, para las generaciones actuales y futuras, de aquellos hombres que merecen el reconocimiento de la patria por su aporte cultural y científico y por la tarea creadora desplegada en campos distintos de las actividades militares. A pesar de que ya lo ha hecho el Honorable señor Rodríguez, deseo reiterar nuestros agradecimientos al Honorable señor Aguirre Doolan, presidente del Instituto O'Higginiano, por la comunicación que nos hizo llegar. Estamos de acuerdo con el planteamiento de Su Señoría en el sentido de que esa institución también participe, al igual que las señaladas anteriormente, en las labores necesarias para cumplir el mandato de esta iniciativa legal. Al mismo tiempo, deseo hacer presente que la indicación del Honorable señor Baltra, tal como lo ha señalado Su Señoría, quedó incluida en las disposiciones del artículo 1º. En la Comisión se discutió, por ejemplo, si era o no era conveniente que este mausoleo o panteón para los héroes patrios fuese lo que hoy se llama el Templo Votivo de Maipú. Por diversas razones se llegó a la conclusión unánime de que para ello era conveniente estudiar una iniciativa separada. Por otra parte, la Comisión acogió una indicación del Honorable señor García, consignada en el artículo 7º del proyecto que tenemos a la vista, en virtud de la cual para los efectos de esta ley, no se podrá determinar la calidad de prócer u hombre ilustre de nuestra nacionalidad respecto de personas actualmente existentes. Finalmente, señalo la conveniencia de que las indicaciones formuladas al proyecto no dilaten su tramitación, pues su despacho se justifica plenamente desde el punto de vista cultural, patriótico y educativo de nuestra juventud. El señor GARCÍA.- En nombre de los Senadores de la Democracia Radical y del Partido Nacional, deseo dejar testimonio de nuestra conformidad con este proyecto de ley y, más aún, de nuestro entusiasmo por aprobarlo. Las indicaciones que he formulado podrían tratarse de inmediato en la Sala, porque son exclusivamente de redacción. No sé cuál es el alcance de las que puedan haber presentado otros señores Senadores. ¿Por qué damos tanta importancia a la iniciativa en debate? Porque una legislación de esta naturaleza, bien aplicada, puede cambiar un tanto la estructura mental de nuestra juventud. Hemos hecho algunas preguntas a alumnos de los últimos años de nuestros liceos con el objeto de conocer su grado de preparación en historia de Chile, y hemos establecido que estos jóvenes sólo conocen a cinco o seis Mandatarios anteriores a 1950. Aún más, algunos sólo pudieron nombrar a O'Higgins, Balmaceda y Arturo Alessandri. ¡Y eran alumnos del último año! Creemos necesario corregir cuanto antes esta situación. Lo curioso es que en la formación de los muchachos no hay orden de prioridades. Más de alguna vez -creo oportuno recordarlo con motivo de discutirse este proyecto- nos ha tocado atender a estudiantes que nos piden declaraciones sobre determinados problemas. Acostumbro siempre a recibirlos, pero no con el objeto de contestar a sus interrogaciones, sino de preguntarles yo. Pues bien, esos muchachos me han planteado interrogantes como éstas: ¿Qué opina usted sobre la guerra de Vietnam? ¿Qué opina usted sobre el acercamiento de China y Estados Unidos? Yo, a mi vez, les pregunto: ¿Y saben ustedes dónde está Vietnam, saben algo de la historia de ese pueblo? Como no saben absolutamente nada, les digo que primero vayan a estudiar dónde está, en qué continente, pues ni siquiera eso saben. Es decir, estos alumnos están aprendiendo como papagayos una serie de cosas que oyen por la radio y en la propaganda política. Es bueno en este sentido el proyecto en debate; de modo que adhiero a la moción de estos dos señores Senadores, de los cuales me separan diferencias doctrinarias e ideológicas muy marcadas, pero con quienes puedo tener algunas cosas en común. Esta es una de ellas: perfeccionar el estudio de nuestra historia patria y destacar a nuestros próceres. Por consiguiente, daremos nuestros votos entusiastas a la aprobación de esta iniciativa. El señor PABLO.- El proyecto que estamos analizando es uno de los que demuestran que en este recinto a veces se producen ciertos contubernios que deberían darse más a menudo, en virtud de los cuales nos uniéramos todos para destacar aquellas cosas que nos son comunes. También apruebo con entusiasmo esta iniciativa legal. Sólo deseo destacar que formulé una modesta indicación con el fin de recordar a un hombre que, por lo menos en el homenaje público, está un poco olvidado. Me refiero a Carlos Condell, uno de los marinos que han dado glorias a Chile, a quien creo que debiera levantarse un monumento ya sea en Quilpué o en Valparaíso, según corresponda, a fin de realzar debidamente su memoria. El señor MONTES.- Quiero manifestar que los Senadores de estas bancas votaremos favorablemente el proyecto, pues nos parece una iniciativa interesante y necesaria para resolver diversos problemas relacionados, precisamente, con los personajes ilustres de nuestra patria, que no siempre son sólo hombres de armas, pues también los hay en el campo de las actividades científicas, por ejemplo. A nuestro juicio, lo importante no radica en que ellos hayan nacido o no hayan nacido en el país, sino, más bien, en el hecho de haber entregado, durante su vida o a lo largo de la mayor parte de ella, un aporte científico, cultural, artístico, etcétera, que haya contribuido realmente al desarrollo de la cultura, de la economía o de la ciencia de nuestro país. Es indudable que, desde este punto de vista, son muchas las personalidades que merecen ser destacadas. Más aún, algunas de ellas ya han sido objeto del reconocimiento de la ciudadanía. Por consiguiente -repito-, las normas consignadas en la iniciativa que nos ocupa nos parecen aceptables, y los Senadores comunistas, sin entrar en mayores detalles, nos limitaremos a votarlas favorablemente. El señor LUENGO.- ¿Me permite, señor Presidente? En forma muy breve, quiero manifestar mi absoluta complacencia por la presentación de este proyecto de ley de los Honorables señores Jerez y Rodríguez, pues con él, si pudiéramos así decirlo, se concretará la posibilidad de que Chile rememore permanentemente las glorias nacionales en diversos aspectos. Deseo, en particular, referirme al artículo 6º de esta iniciativa, cuyo primer inciso dice: Autorízase la erección por subscripción popular, en las ciudades de Santiago y Temuco, respectivamente, de un monumento a la raza araucana que se compondrá de un conjunto de figuras escultóricas representativas de la epopeya colectiva del pueblo araucano. Aparte el inciso anterior, se consignan en seguida diversas normas para llevar a cabo esa proposición. El precepto en referencia tiende a reparar un olvido en que han incurrido nuestras autoridades al evocar la historia patria, ya que la raza mapuche merece con justicia un monumento que recuerde sus epopeyas. El Gobierno actual ha mostrado interés por dignificar a nuestra población aborigen, y ésta es la razón por la cual, hace tan sólo pocos días, hemos estado conociendo y despachando en el Congreso el proyecto que modifica la ley de Indígenas. Estas nuevas normas legales, en variados aspectos, introducen innovaciones importantes en lo que hasta ahora constituyó la legislación de los mapuches. Por las razones que he expuesto y por creer que existe interés en despachar rápidamente esta iniciativa, no sólo celebro su presentación por los Honorables señores Jerez y Rodríguez, sino que le daré mi aprobación con el mayor agrado. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto. Aprobado. Como ha sido objeto de varias indicaciones, pasa a Comisión para segundo informe. OBLIGACION DE REPRESENTANTES DEL CONGRESO NACIONAL ANTE INSTITUCIONES ESTATALES DE RENDIR CUENTA DE SU DESEMPEÑO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde ocuparse, en seguida, en un proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Aguirre Doolan, que obliga a las personas que sean designadas en representación del Congreso Nacional o de cualquiera de sus ramas ante alguna institución del Estado a rendir cuenta anual de su desempeño. La Comisión de Legislación, en informe suscrito por los Honorables señores Pablo (Presidente), Aguirre Doolan, Bulnes Sanfuentes y Carmona, recomienda a la Sala aprobarlo con las modificaciones que indica en el boletín respectivo. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Aguirre Doolan): En primer trámite, sesión 3ª, en 24 de mayo de 1972. Informe de Comisión: Legislación, sesión 9ª, en 12 de junio de 1972. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, diversas leyes han establecido normas sobre representación del Congreso Nacional en la dirección de organismos públicos o en los Consejos de instituciones del Estado. En esta oportunidad quiero recordar, por ejemplo, la Nº 8.737, de 1947, que creó la Editorial Jurídica de Chile y que en su artículo 3º dispuso que la entidad sería administrada por un Consejo compuesto por nueve miembros, entre los cuales se encuentran dos representantes del Senado y dos de la Cámara de Diputados. Por otra parte, en octubre de 1970 se dictó la ley 17.377, que creó el Consejo Nacional de Televisión; legislación que, en las letras c) y d) del artículo 9º, dispuso que dicho organismo estará integrado por seis representantes no parlamentarios elegidos por el Parlamento, tres de los cuales nombra el Senado y los otros tres la Cámara. La ley 17.377, mediante su artículo 14, creó una persona jurídica de derecho público denominada Televisión Nacional de Chile, que tiene por objeto establecer, operar y explotar un sistema nacional de televisión a lo largo del territorio. Televisión Nacional de Chile es administrada por un directorio en el cual el Congreso tiene dos representantes no parlamentarios. Por último, la ley 17.457, de julio de 1971, que creó la Comisión Chilena para la UNCTAD III, en su artículo 2º estatuyó la representación del Parlamento, al disponer que dos de sus nueve miembros serán nombrados por éste, uno por el Senado y otro por la Cámara, no pudiendo recaer tales designaciones -dice la ley- en parlamentarios en ejercicio. La Comisión que aprobó el proyecto que estamos analizando en este instante concordó con su autor en cuanto a que, a ¡pesar de que los representantes no parlamentarios del Congreso en los organismos e instituciones señalados son personas de gran idoneidad y varios de ellos han tenido destacada vida pública -concepto que yo comparto en plenitud-, en la legislación vigente se echa de menos alguna disposición que obligue a las personas designadas por el Legislativo a rendir cuenta de su gestión a la Corporación que los eligió como sus representantes, a fin de que el Parlamento esté debidamente informado de las actividades que desarrollan esos organismos, conozca sus problemas y, en definitiva, tenga conocimiento exacto de la política que ellos siguen. Y esto, con el objeto de cautelar el fiel cumplimiento de las finalidades y objetivos para los cuales fueron creados y, por cierto, dentro de la estructura legal que el legislador les asignó. Por lo demás, es una norma general de derecho que todo mandatario o representante debe rendir cuenta de su gestión. En efecto, ja Constitución Política del Estado dispone, en su artículo 56, que el Presidente de la República debe dar cuenta al Congreso Pleno del estado administrativo y político de la nación al inaugurarse la legislatura ordinaria el 21 de mayo de cada año. El artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, por su parte, establece que el 1º de marzo de cada año la Corte Suprema iniciará sus funciones en audiencia pública, en la cual su presidente debe dar cuenta del trabajo efectuado por el tribunal en el año judicial anterior; del que haya quedado pendiente para el año que se inicia; de las estadísticas remitidas por los presidentes de las Cortes de Apelaciones, relativas al movimiento de causas de cada tribunal; de la apreciación que le merece la labor de esos tribunales; de las medidas que, a su juicio o a juicio del tribunal, es necesario adoptar para mejorar la administración de justicia, y de las dudas y dificultades que se hayan presentado a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones. Estas son las razones que movieron al Senador que habla, sin discutir en absoluto la capacidad, idoneidad y hombría de bien que caracterizan a los actuales representantes del Parlamento en las diversas instituciones que he señalado, a presentar una iniciativa de ley que resguarde el cumplimiento de la obligación a que me he referido y que compela a dichos personeros a informar sobre su gestión ante quien los designó. El proyecto primitivo consignaba un artículo único que decía: Las personas que por disposición legal ejerzan en representación del Congreso Nacional, o de cualquiera de sus ramas, cargos de Consejeros o representantes en organismos públicos e instituciones del país, deberán rendir cuenta anual de su desempeño, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación de la legislatura ordinaria. Sin embargo, y para los efectos de llenar un vacío de esta legislación -repito que no discuto la respetabilidad de los representantes nuestros en los diversos organismos-, en la propia Comisión propuse agregar un artículo transitorio, que fue aceptado por los integrantes de aquélla, y que dice: Las personas que actualmente se encuentren desempeñando dichos cargos de Consejeros o representantes, deberán rendir cuenta de su desempeño correspondiente al último año, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de publicación de esta ley. Este es el proyecto de ley que me he permitido someter a la consideración del Congreso y que ahora analiza la Sala, junto con las enmiendas que le introdujo la Comisión. Se aprueba en general y en particular el proyecto. CONSTITUCION DE CORPORACIONES DE DESARROLLO DE VALPARAISO Y ACONCAGUA Y DE ATACAMA Y COQUIMBO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto iniciado en moción del Honorable señor Ballesteros que otorga nuevo plazo al Presidente de la República para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley Nº 17.564, relativo a la dictación de Estatuto y Reglamento Orgánico para la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y la de Atacama y Coquimbo. La Comisión de Economía y Comercio, en informe suscrito por los Honorables señores Musalem (Presidente), Ballesteros, Carmona y Valente, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa, que consta de un artículo único. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Ballesteros): En primer trámite, sesión 18ª, en 21 de junio de 1972. Informe de Comisión: Economía, sesión 25ª, en 5 de julio de 1972. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor BALTRA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor BALTRA.- Señor Presidente, según consta en el informe de la Comisión, yo presenté una indicación a este proyecto de ley, mediante la cual se dispone que el Presidente de la República, dentro del plazo de 60 días de publicada esta ley, debería dictar el Reglamento Orgánico de la Junta de Desarrollo Industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín. ¿Y cuál era el objeto de esa indicación?. El siguiente, que es muy simple: de acuerdo con el artículo 7º de la ley 17.444, dentro del plazo de 60 días, contado desde la constitución del Consejo, éste propondrá al Presidente de la República un proyecto de Reglamento Orgánico, que deberá dictarse dentro de los 60 días siguientes. La disposición legal en referencia no se dictó, y yo recibí una petición del Vicepresidente Ejecutivo de esa Junta, don Pedro Ríos Castillo, de presentar una indicación sobre la materia en el proyecto en debate. Al efecto, el señor Ríos me envió copia del oficio Nº 109 que él había enviado al Ministro de Economía. El texto de este documento, que me permitiré leer, dice lo siguiente: Ref.: Ampliación de plazo para promulgación de Reglamento Orgánico. Nº 109. Compañero Ministro: La ley Nº 17.444, en su artículo 7?, dispuso que el Reglamento Orgánico de esta Junta de Desarrollo Industrial fuera propuesto al Presidente de la República antes que transcurrieran 60 días de la constitución del Consejo. Y que el Ejecutivo debiera promulgarla dentro de los 60 días siguientes. El Consejo de esta Junta aprobó el proyecto de Reglamento Orgánico el 12 de noviembre de 1971 (se había constituido el 22 de septiembre de 1971), y lo despachó inmediatamente a ese Ministerio, que es la vía legal por la cual debe comunicarse con el Presidente de la República. Por razones que oficialmente desconocemos, dicho texto legal no ha sido promulgado todavía, en circunstancias de que el plazo para ello venció el 22 de enero de 1972. Fuimos informados de que, en muy recientes días, durante la audiovisión del espacio que Televisión Nacional reserva a las noticias oficiales emanadas del Congreso Nacional, se mencionaba la recepción de un proyecto de ley que autorizaba una ampliación de plazo para que el Presidente de la República pudiera promulgar el Reglamento Orgánico de una Corporación del Norte Chico, cuyo plazo estaba vencido como en el caso nuestro. Creemos que se podría aprovechar el mismo proyecto de ley para incluir la promulgación del Reglamento nuestro. En tal sentido, solicitamos al compañero Ministro se sirva dedicar especial atención a nuestro caso y conseguir aprovechar la oportunidad de promulgar nuestro Reglamento, cuya falta está produciendo serias alteraciones en el funcionamiento y aplicabilidad de la ley. Muy atentamente. Pedro Ríos Castillo. Vicepresidente Ejecutivo. El Vicepresidente, señor Ríos Castillo, aparte llamarme por teléfono, me envió copia del oficio que había dirigido al Ministro de Economía. Y, accediendo a lo que él me solicitaba, yo presenté la indicación. Como pueden ver los señores Senadores, en el informe ha quedado constancia de que, en opinión del señor Martner, Director de ODEPLAN, que asistió a la reunión de la Comisión, la facultad que se pretendía dar al Gobierno es innecesaria, ya que para el mismo efecto puede el Jefe del Estado hacer uso de su potestad reglamentaria. Hay, realmente, contradicción entre lo que me solicitaba el Vicepresidente Ejecutivo señor Ríos, quien dice que la falta del reglamento está produciendo serias alteraciones en el funcionamiento y la aplicabilidad de la ley, y la opinión del Director de ODEPLAN. Creo, por lo demás, que ésta es una de las pocas veces en que un representante del Gobierno no recibe las facultades que a éste se le quieren dar. Eso es lo que deseaba explicar: el origen de esta disposición, que no es sino una solicitud expresa del Vicepresidente Ejecutivo de la Junta de Desarrollo Industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros. El señor BALLESTEROS.- Seré muy breve para posibilitar el despacho de los proyectos que figuran en tabla. Este proyecto primitivo se originó en una moción del Senador que habla y tenía por objeto dar nuevo plazo al Presidente de la República para dictar el Estatuto y el Reglamento Orgánico de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua. La ley Nº 17.564, que creó esta Corporación, fue publicada en el Diario Oficial de 22 de noviembre de 1971, y en su artículo 14 establecía un plazo de sesenta días para dictar tales instrumentos; pero el Ejecutivo no hizo uso, en ese lapso, de la respectiva facultad delegada por el Congreso, al igual que ocurrió respecto de la Junta de Desarrollo Industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín, a que se refirió el Honorable señor Baltra. Nos provocó sorpresa en la Comisión que el señor Martner hiciera presente que, a su juicio, esa facultad no era necesaria porque el Presidente de la República podía, en virtud de su potestad reglamentaria, dictar los decretos supremos que contuvieran las normas procesales fundamentales para poner en marcha la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua. El caso es que, en este instante, ella no se encuentra legalmente constituida, a pesar de haber transcurrido más de un año desde el terremoto que motivó la ley en que se crea dicho organismo, y más de seis o siete meses desde que se dictó esa ley. Sin embargo, repito, aún no se constituye legalmente la Corporación, y ello porque el decreto dictado por el Ejecutivo en uso de su facultad reglamentaria era del todo insuficiente ante las exigencias legales pertinentes a tal constitución. De ahí que, como lo he dicho, nos haya provocado sorpresa que el señor Martner estimara innecesaria esa facultad. Como no podíamos conceder al Gobierno una facultad que él mismo estaba rechazando -cosa inusitada-, transformamos el proyecto en el sentido de establecer un nuevo plazo para los efectos de constituir provisionalmente el Consejo de la Corporación con los representantes de aquellas instituciones que tengan actualmente personalidad jurídica, pues en este momento los hay también de organismos que no cuentan con dicha personería. Y, al mismo tiempo, se fija un plazo de sesenta días para que se produzca la constitución definitiva, con integrantes que no hayan participado en la primera, que -repito- será provisional. Este es el sentido del proyecto de ley en debate, después de transformado en la forma que acabo de señalar. Ya no es, por lo tanto, un texto como el que anunció el señor Secretario, tendiente a otorgar nuevo plazo al Presidente de la República para dictar el estatuto y el reglamento orgánico, por las razones que expliqué. El señor VALENTE.- Señor Presidente, a la Comisión de Economía concurrieron el Director de la Oficina de Planificación Nacional y el Contralor General de la República. Cuando se analizó el proyecto original, presentado por el señor Ballesteros, estimaron ambos funcionarios que el artículo, tal como se había redactado, era innecesario, por cuanto el Presidente de la República tiene facultades para dictar el decreto reglamentario de la ley Nº 17.564, aun fuera del plazo que señala el artículo 14. El señor BALLESTEROS.- No es así. El señor VALENTE.- Estoy leyendo el informe, señor Senador, y veo que en él consta que el organismo contralor expresó textualmente: Mediante el decreto del rubro, se aprueba el Reglamento de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua. Desde luego, entiende este Organismo -la Contraloría- que el documento en examen, atendida su naturaleza y el contenido de las normas que en él se consignan, constituye un simple decreto supremo y, por ende, no es dable estimar que esos preceptos tendrían fuerza de ley o configurarían un reglamento incorporado. En tal virtud, la circunstancia de que el decreto haya sido dictado fuera del plazo de 60 días señalado en el artículo 14 de la ley 17.564, no obstaría a la legalidad del documento. Lo mismo opinó el Director de la Oficina de Planificación Nacional, quien manifestó que la ley Nº 17.564 contiene un conjunto de disposiciones legales que en realidad constituyen la esencia del Estatuto Orgánico, razón por la cual no es necesario que el Ejecutivo proceda a dictar un Estatuto de esta naturaleza,. .. Vale decir, bastaría que el reglamento se limitara a los efectos formales de la disposición para que se resolviera en forma satisfactoria el problema. Por lo demás, el decreto Nº 271, basado en el artículo 14 de la citada ley, que fue expedido tres meses después de vencido el plazo, fue devuelto por la Contraloría por razones formales, no en virtud de problemas de fondo; y el Contralor confirmó, en la Comisión, que es innecesario otorgar al Presidente de la República esta autorización. En consecuencia, me permití sugerir a la Comisión que el artículo único original presentado por el señor Ballesteros se transformara en una autorización para que ambas Corporaciones se constituyeran en forma provisional, atendido el hecho de que algunos organismos no habían elegido todavía a sus representantes para integrarlas, o no tenían personalidad jurídica. La Comisión acogió mi sugerencia, lo que dio origen a la nueva redacción, que es la del artículo único que se propone en el informe, y que dice: Los organismos denominados Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo, creados por la ley Nº 17.564, de 22 de noviembre de 1971, podrán constituirse provisionalmente con aquellos Consejeros que representen a instituciones u organismos que cuenten con personalidad jurídica. Y, para el caso de aquellos organismos que no la tengan, se otorga un plazo de sesenta días con el fin de resolver definitivamente la situación legal. Entiendo que con esta nueva redacción queda obviado el problema, y que las Corporaciones estarán en condiciones de constituirse en forma legal. Nosotros votaremos a favor del informe. El señor LUENGO.- Señor Presidente, empiezo por manifestar mi absoluto acuerdo con lo expresado por el señor Gonzalo Martner en la Comisión cuando se trató el proyecto. Aún más: estimo absolutamente innecesario haber presentado un proyecto de ley en esta materia, porque la potestad reglamentaria de que dispone el Presidente de la República no emana de la ley; de manera que, cuando en un texto legal se señala, como es el caso del artículo 14 de la ley Nº 17.564, que creó las Corporaciones de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y de Atacama y Coquimbo, que, dentro del plazo de sesenta días contado desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República dictará el Estatuto y Reglamento Orgánico, que regirá la Corporación, ello no significa en modo alguno que si el Jefe del Estado dicta el reglamento con posterioridad a esos sesenta días, tal reglamento carezca de vigencia o validez legal. Porque no es la ley, repito, la que entrega la respectiva facultad al Jefe del Estado. Lo mismo cabría decir para la Junta de Desarrollo Industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín, respecto de cuyo reglamento orgánico el Senador que habla se ha estado preocupando, a petición, precisamente, del Vicepresidente don Pedro Ríos Castillo ; y al efecto he oficiado al Ministerio de Economía. Pero debo hacer notar que hay una diferencia, en todo caso, entre lo que dispone la ley Nº 17.564 y lo que establece la que crea la Junta de Desarrollo Industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín, ya que, según esta última, será la Junta quien deberá proponer el reglamento, dentro de equis plazo; y entonces tiene validez la disposición, pues trata de un requisito que debe cumplir la Junta, lo que de ninguna manera significa que el Presidente de la República no pueda dictar el reglamento después del plazo señalado por la ley. El artículo 72 de la Constitución Política del Estado dice que son atribuciones especiales del Presidente de la República: 2ª. Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea conveniente para la ejecución de las leyes;. En consecuencia, es la Constitución Política del Estado la que da al Presidente de la República la facultad, que se llama potestad reglamentaria, de dictar los decretos o reglamentos que sean necesarios para la aplicación de las leyes; y, por lo tanto, el Jefe del Estado puede perfectamente dictar el reglamento orgánico de las corporaciones en referencia dentro de cualquier plazo, aún más allá de los sesenta o ciento veinte días que pueda establecer una ley, porque una ley no puede limitar la atribución segunda que la Carta Fundamental entrega al Presidente de la República. De ahí que yo considere absolutamente innecesario el proyecto de ley contenido en la moción del señor Ballesteros. A mi juicio, su aprobación podría significar, inclusive, algo así como dar a entender que el Presidente de la República, si quisiera en este instante dictar uno de esos reglamentos, estaría obrando fuera de los márgenes legales o de la autorización constitucional. Por mi parte, no acepto la disposición contenida en la moción original. El señor BALTRA.- Señor Presidente, no voy a entrar al examen de todo el problema jurídico de la norma, de la Constitución, de la potestad reglamentaria, cosas que son bastante sabidas. Sólo deseo manifestar que, según el oficio dirigido al Ministro de Economía por el Vicepresidente de la Junta de Desarrollo Industrial de Bío-Bío, Malleco y Cautín, la falta del reglamento está produciendo serias alteraciones en el funcionamiento y en la aplicación de la ley. Si bien es cierto que el Presidente de la República tiene la potestad reglamentaria, lo lamentable es que hayan pasado ocho meses desde que el Consejo de la Junta le envió el proyecto de reglamento, y que éste no se dicte. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, creo que el Honorable señor Luengo ha repetido algo que todo el Senado conoce. .. El señor LUENGO.- ¿Y entonces? El señor BALLESTEROS.- ¿Por qué no espera Su Señoría a que le dé los argumentos que fundan el proyecto? Todos sabemos que el Presidente de la República, de acuerdo con la atribución segunda del artículo 72 dé la Constitución Política, tiene lo que se llama la potestad reglamentaria, que le permite dictar todos los decretos tendientes a dar cumplimiento a los preceptos de la ley, a ponerla en ejecución. Pero, ahora, ¿de qué se trata? De que cuando se dictó la ley que creó la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, se otorgó al Presidente de la República, en virtud del artículo 14, la facultad de dictar, dentro de sesenta días, el estatuto y el reglamento orgánico de la Corporación, facultad que perdió el Ejecutivo, pues el propio Contralor ha declarado que el Ejecutivo se limitó a hacer uso de la facultad general de que dispone para reglamentar cualquier ley y no hizo uso de la atribución específica que el Congreso le concedió. ¿Qué diferencia hay entre usar de una u otra de esas facultades, que es lo importante? La potestad reglamentaria sólo permite dictar preceptos que pongan en ejecución la ley, no dictar normas que la complementen. Para esto último está la facultad contenida en el artículo 14. Al no hacerse uso de ella, no se ha podido constituir la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua. Lo que ha hecho el Jefe del Estado es algo muy claro: se ha limitado, como digo, a usar su potestad reglamentaria para dictar normas, simplemente, sobre detalles, y ha despreciado la facultad que el Congreso le concedió para dictar el Estatuto de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua. Y ello resulta evidente, pues el propio Contralor declaró en la Comisión que ya no podía el Presidente de la República dictar el Estatuto Orgánico de esa Corporación, pues ya venció el plazo de los sesenta días. Podrá hacer uso, sí, de la potestad derivada del artículo 72, que es una potestad constitucional, que nadie ha puesto en duda. ¿Qué objetivo tenía el proyecto? Otorgar un nuevo plazo al Presidente de la República para ejercer la facultad que le concedió el Congreso Nacional. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el Poder Ejecutivo, en el que el Parlamento había hecho confianza, ha señalado que tal facultad era innecesaria y que no la utilizaría. Mientras tanto, la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua no se ha constituido. Tal es el contrasentido que hay en este problema. Por tales razones, como es evidente, no seremos -empleando una expresión corriente- más papistas que el Papa. Si el Ejecutivo rechaza la facultad que le estamos otorgando, no insistiremos. Por eso, abandoné mi idea primitiva de abordar la materia en un proyecto de ley, y simplemente adherí al criterio de conceder un nuevo plazo para la constitución de la Corporación de Desarrollo mencionada, pues esta materia sí que nos interesa a todos los porteños. El señor VALENTE.- Intervendré muy brevemente para contestar algunas afirmaciones del Honorable señor Ballesteros. Daré lectura al párrafo del informe de la Comisión, en el cual el Contralor General de la República expone su pensamiento. Dice: En el seno de vuestra Comisión, el propio señor Contralor aclaró que el Presidente de la República podía dictar este decreto fuera del plazo fijado, pues en este caso no se trataba de un Decreto con Fuerza de Ley ni de un Reglamento Incorporado, en cuyos casos no habría podido hacerlo, sino del mero ejercicio de su potestad reglamentaria. Es decir, la disposición patrocinada por el Honorable señor Ballesteros no era necesaria para que el Presidente de la República dictara oportunamente el decreto. La Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua no se ha constituido por una razón clara, que se expuso en la Comisión: porque los organismos que la integrarán -no todos, pero la mayoría de ellos- no tenían personalidad jurídica. De modo que no eran entidades con existencia legal. Esa fue la razón fundamental. Por tales motivos, formulamos indicación para rechazar la idea original del Honorable señor Ballesteros y reemplazarla por el artículo único que figura en el informe. A nuestro juicio, tal procedimiento permitirá la rápida constitución de la corporación mencionada y obviará todas las dificultades. Por eso, insistiremos en nuestro criterio. El señor LUENGO.-Deseo aclarar dos cosas. En primer lugar, tal como lo señaló el Honorable señor Valente al referirse a la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, en realidad no se trataba de una delegación de facultades para que el Presidente de la República expidiera un decreto con fuerza de ley, por cuanto, en virtud de la potestad reglamentaria, el Jefe del Estado posee atribuciones para dictar el estatuto, reglamento orgánico o como quiera llamársele. No deseo entrar en mayores consideraciones sobre la materia, pues no tengo especial interés en ella. En segundo lugar, debo aclarar un hecho que no sé por qué razón pareció molestar al Honorable señor Baltra, al expresar que no deseaba abordar problemas de orden jurídico que, a su modo de ver, eran de todos conocidos. Yo no he pretendido enseñar ni a él ni a ninguno de los señores Senadores lo poco que sé sobre la materia, de modo que no me explico su molestar. El señor BALTRA.- No me he molestado con Su Señoría. El señor LUENGO.- Así lo dio a entender. El señor BALTRA.- Su Señoría me interpretó mal. El señor LUENGO.- Además, el señor Senador agregó que sólo se limitaba a reclamar por la dictación del reglamento. Sin embargo, formuló una indicación al proyecto que concede un nuevo plazo de 60 días al Presidente de la República para dictarlo, lo cual no sólo implica una protesta, sino también, en cierto modo, el reconocimiento de que la facultad caducó y es necesario renovar el plazo. Insisto en que, en mi opinión, la iniciativa es innecesaria. Se aprueba el proyecto en la forma propuesta por la Comisión. INDEMNIZACION A TRABAJADORES QUE COMPONIAN DOTACION DE DRAGA INGENIERO RUBEN DAVILA. El señor FIGUEROA (Secretario). - Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para otorgar una indemnización a los trabajadores que componían la dotación de la draga Ingeniero Rubén Dávila. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 12ª, en 19 de abril de 1972. Informes de Comisión: Obras Públicas, sesión 18ª, en 21 de junio de 1972. Hacienda, sesión 18ª, en 21 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario). - La iniciativa cuenta con informes de las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda. La primera de ellas, en informe suscrito por los Honorables señores Ha-milton (Presidente), Acuña, Noemi y Valente, recomienda aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. Por su parte, la de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), García, Lorca y Silva Ulloa, formula igual sugerencia. Se aprueba en general y en particular el proyecto. MODIFICACION DE ESTATUTO ADMINISTRATIVO EN LO TOCANTE A DETERMINACION DEL DESAHUCIO. El señor FIGUEROA (Secretario). - Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Musalem, que modifica el artículo 106 del D.F.L. 338 de 1960, Estatuto Administrativo, referente a la determinación del desahucio. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Musalem): En primer trámite, sesión 9ª, en 11 de mayo de 1972. Informe de Comisión: Trabajo, sesión 28ª, en 7 de julio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Contreras, García y Lorca, recomienda aprobar el proyecto. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor MUSALEM.- Sólo deseo formular una observación. La Comisión acordó que el plazo de 90 días que figura en el inciso primero se aumente a 180 días; y en el inciso segundo, que la imposición adicional sea de 4% en lugar de 6%. En consecuencia, solicito que se vote el proyecto con esas enmiendas. El señor CONTRERAS.- La iniciativa en debate se discutió extensamente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se aprobó por tres votos a favor y la abstención del Senador que habla. Mi actitud no significa una oposición o negativa al proyecto, y sólo se debió a que, a mi juicio, requiere del patrocinio del Ejecutivo por abordar una materia de carácter previsional. Durante la discusión se señaló, como se deja constancia en el informe de la Comisión, que en esta iniciativa legal se establece el derecho de las personas que comienzan a imponer en el Fondo de Seguro Social, para solicitar, dentro de los 90 días siguientes a la primera imposición, el reconocimiento de los períodos anteriores de afiliación a otras instituciones de previsión siempre que ellos no hayan servido de base para obtener un desahucio o una indemnización, con lo cual se evita la posible duplicidad de beneficios. Para los efectos de este reconocimiento, los interesados deberán cotizar al Fondo de Seguro Social, además del 6% de sus remuneraciones, una imposición adicional de su cargo igual al 4% de la remuneración imponible. Por otra parte, en esa ocasión fundé mi voto manifestando que no me oponía a la idea que esta iniciativa contiene. No obstante, señalé que, a mi juicio, este proyecto requiere del patrocinio constitucional del Ejecutivo, en atención a que consagra beneficios de índole previsional, cual es el reconocimiento de períodos anteriores de afiliación a institutos de previsión para el cómputo del desahucio. El Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social consideró también que el proyecto requería del patrocinio del Ejecutivo, por cuanto significa reconocer su tiempo de afiliación a quienes percibirán el beneficio. Lamentablemente, en el informe de la Comisión no se dejó constancia de las afirmaciones y planteamientos de dicho funcionario. No obstante ello, reitero que no soy contrario al proyecto en debate y sólo deseaba dejar constancia de mi criterio al respecto. Infortunadamente, la mayoría de la Comisión, basada en dictámenes de la Contraloría que sostienen que en materia de desahucio no se precisa del patrocinio del Ejecutivo, sostuvo una tesis diferente. Pese a ello, insisto en mi criterio, por estimar que se trata de una materia de carácter previsional. Sólo deseaba dejar constancia del planteamiento que hice en la Comisión, pero -repito- no me opongo a la idea de legislar sobre la materia, por estimar que es de toda justicia hacerlo. Por otra parte, ignoro la magnitud del esfuerzo que el proyecto significará al Servicio de Seguro Social, ya que no dispone del personal suficiente para atender sus necesidades. Desde hace bastante tiempo algunas instituciones de previsión han visto reducirse el número de empleados, lo cual redunda en perjuicio de los imponentes, quienes, en este caso, impetran beneficios de orden previsional. Recalco que sólo deseaba dejar constancia del planteamiento que expuse en la Comisión en el sentido de que el proyecto debe contar con el patrocinio del Ejecutivo. El señor BALLESTEROS.- En mi calidad de Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, declaré procedente el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Musalem, por estimar que el desahucio no reviste carácter de beneficio previsional, sino que constituye una indemnización que se otorga al trabajador que cesa en sus funciones. Al adoptar tal resolución, lo hice respaldado por sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República, cuyos números citaré, sin entrar a un análisis de los mismos, por razones de tiempo : dictamen 28.844, de 14 de mayo de 1969, en el cual dicho organismo consideró que el desahucio no investía el carácter de derecho previsional, sino de indemnización. Con fecha 22 de octubre de 1969, reiteró dicho criterio por medio del dictamen Nº 67.460, y posteriormente en el Nº 74.486, de 20 de noviembre de 1969, y el Nº 37.109, de 4 de junio de 1971. Advierto que este último es de fecha posterior a la vigencia de la reforma constitucional. Aparte las resoluciones enumeradas, hay otras que en este instante no tengo a la mano; pero aquéllas bastan para dejar en claro que, invariablemente, la doctrina sentada por la Contraloría es la de no considerar al desahucio como un beneficio de carácter previsional o de seguridad social, sino simplemente como una indemnización que reciben los empleados al terminar su actividad laboral, lo que se ve reforzado por el hecho de que los propios imponentes acumulan los fondos correspondientes, en el curso de los años en que prestan servicios a la respectiva institución, sea pública o privada. Por tales razones, estimamos que por no constituir un beneficio de carácter previsional, asiste a los parlamentarios perfecto derecho para plantear iniciativas relacionadas con desahucios. El señor VALENZUELA.- Lo expresado por el Honorable señor Ballesteros corresponde a la buena doctrina en esta materia, porque la seguridad social, o la previsión social como comúnmente se dice, tiende a garantizar o cubrir ciertos riesgos económicos o biológicos a que están sujetos los individuos. Naturalmente, el desahucio no es un riesgo: es un ahorro efectuado por el funcionario público mediante un descuento mensual de su sueldo. Los recursos así acumulados permiten que al final de su carrera funcionaría pueda obtener esa indemnización. Es cuanto quería expresar sobre este proyecto. El señor CONTRERAS.- No voy a discutir el carácter del beneficio que otorga la iniciativa en debate. Estoy de acuerdo con el Honorable señor Valenzuela en estimar que el desahucio constituye un ahorro de carácter personal. Pero en la Comisión cuestioné el hecho de que el proyecto otorga beneficios o reconoce tiempo servido, lo que se traduce en continuidad de la previsión. Reitero: en la Comisión no voté negativamente la idea de legislar. Me abstuve por las dudas y por el planteamiento que formuló la Superintendencia de Seguridad Social, coincidente con mi criterio en este asunto. Por otra parte, el Honorable señor Ballesteros dio a conocer algunos dictámenes de la Contraloría General de la República. Al respecto, es necesario que vayamos tomando conciencia de que sea un solo organismo contralor el que se pronuncie sobre los problemas de índole social. Generalmente, las cajas de previsión, aun cuando son controladas por la Superintendencia de Seguridad Social, solicitan dictámenes jurídicos a la Contraloría. Y a veces ocurre que las resoluciones de ambos organismos contralores no coinciden. En tales casos, ¿quién sufre los efectos del retardo de todas las tramitaciones? Precisamente, los afiliados a los institutos previsionales, los imponentes que solicitan beneficios. Como una muestra de lo anterior, quiero citar el caso de los ex regidores. Últimamente, se despachó una nueva ley que los beneficia. La Caja de Empleados Públicos y Periodistas adoptó un predicamento en cuanto a la concurrencia de otros institutos de previsión en el complemento de las pensiones que debe cancelar. Por ello, recurrió a la Contraloría General de la República. A mi juicio, los problemas de carácter previsional deben resolverse exclusivamente por la Superintendencia de Seguridad Social. En el caso que comento, la Caja de Empleados Públicos hizo todo lo contrario, porque sólo después consultó a la Superintendencia de Seguridad Social, cuyo dictamen no coincidía en todo con el de la Contraloría. Pero mientras tanto las tramitaciones han demorado año y medio, y personas de avanzada edad han debido esperar ese tiempo un pronunciamiento de los organismos contralores. Todo lo anterior sólo perjudica a los afiliados de los institutos de previsión. Ojalá que el Ministerio, la Superintendencia de Seguridad Social u otra autoridad tome la iniciativa en este aspecto, a fin de que un solo organismo resuelva en definitiva las interpretaciones que merezcan algunas materias previsionales. El envío de los expedientes de un organismo contralor a otro sólo causa penurias, sufrimientos, molestias y tramitaciones a los beneficiarios. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si se parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto. Aprobado. El señor FIGUEROA (Secretario).- El Honorable señor MUSALEM ha formulado indicación para sustituir en el inciso primero del artículo único la cantidad 90 por 180. Es decir, el inciso primero empezaría diciendo Dentro de los 180 días siguientes. .. Asimismo, el señor Senador propone reemplazar en el inciso segundo del artículo único la cifra 6% por 4%. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán estas proposiciones. El señor CONTRERAS.- Con nuestra abstención, de acuerdo con la conducta que asumí en la Comisión de Trabajo. El señor RODRIGUEZ.- También con nuestra abstención. El señor LUENGO.- Y la mía. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se aprueban las indicaciones, con las abstenciones señaladas. VIVIENDA GRATUITA PARA INTEGRANTES DE EQUIPO DE CAZA SUBMARINA. VETO. OFICIO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que establece que la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente una vivienda a cada uno de los integrantes del equipo chileno que participó en el X Campeonato Mundial de Caza Submarina. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 36ª, en 7 de diciembre de 1971. En cuarto trámite, sesión 69ª, en 16 de marzo de 1972. Observaciones en segundo trámite, sesión 9ª, en 12 de junio de 1972. Informes de Comisión: Obras Públicas, sesión 49ª, en 18 de enero de 1972. Obras Públicas (veto), sesión 19ª, en 27 de junio de 1972. Discusión: Sesiones 53ª, en 21 de enero de 1972 (se aprueba en general y particular) y 13ª, en 25 de abril de 1972 (se. despacha en cuarto trámite). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Obras Públicas, en informe suscrito por los Honorables señores Hamilton (Presidente), Valente y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobar las dos observaciones en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. Se aprueban. El señor BALLESTEROS.- Pido la palabra para solicitar el envío de un oficio. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del señor Senador. Acordado. El señor BALLESTEROS.- La Federación de Caza Submarina ha pedido a diversos parlamentarios el patrocinio de una iniciativa que le otorgue recursos para continuar desarrollando adecuadamente sus funciones. La verdad es que después del Campeonato Mundial, la Federación que lo organizó no ha podido mantener, por razones de tipo económico, el nivel de funcionamiento a que la obliga el resultado de ese evento. Por lo tanto, pido oficiar al Ejecutivo, a fin de que nos remita un proyecto que otorgue financiamiento permanente a esa actividad deportiva. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador. El señor PABLO.- También en nombre del Comité Demócrata Cristiano. El señor BALTRA.- Y en el nuestro. El señor LUENGO.- Y en el de mi Comité. El señor VALENTE.- Y en el del Comité Comunista. El señor BALLESTEROS.- Entonces, que se envíe a nombre del Senado. El señor PAPIC (Vicepresidente).- No se puede. Se enviará el oficio en nombre de los Comités que lo suscriban. Acordado. FRANQUICIAS DE INTERNACION PARA DIVERSAS ESPECIES DONADAS A PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DE CHIMBARONGO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza la importación y libera de derechos la internación de diversas especies donadas a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Chimbarongo. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 1ª, en 22 de mayo de 1972. Informe de Comisión: Hacienda, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), García y Valente, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor VALENZUELA.- Este proyecto favorece a una parroquia situada en una de las comunas de Colchagua, Chimbarongo, una de las más antiguas de la zona central del país, ya que le permitirá utilizar en tareas de tipo cultural las especies que se le donan: una fumadora, un proyector de cine, un tocadiscos y, además, un automóvil, que será muy útil en la zona, eminentemente rural. El señor LUENGO.- En muchas oportunidades hemos dictado leyes de esta naturaleza, cuando instituciones chilenas han recibido donaciones desde el extranjero con el objeto de cumplir en mejor forma sus finalidades. En general, en el Congreso siempre hemos dado nuestros votos favorables a este tipo de disposiciones. El proyecto en debate libera de derechos de aduana a una grabadora, una fumadora, un proyector de cine y un toca discos, especies que, no me cabe ninguna duda, serán aprovechadas por la comunidad. Pero no deja de llamarme la atención -sobre este particular es recomendable una explicación un poco más extensa y exhaustiva- que también se libere del pago de derechos la internación de un automóvil Mercedes Benz, modelo 280-S, que se individualiza en el proyecto. El señor IRURETA.- A caballo regalado no se le miran los dientes. El señor LUENGO.- Se trata de una donación, señor Senador, pero de un automóvil de lujo; no de un furgón, de una camioneta o de algún vehículo que pudiera estimarse como elemento de trabajo, para que una parroquia cumpla determinadas funciones en beneficio de la comunidad. En el hecho, ese automóvil servirá para que el cura de la parroquia, o quienes estén encargados de él, viajen en forma cómoda. Seguramente, lo usarán mucho más en paseos que en propagar la fe. Me interesaría que el Honorable señor Valenzuela, que en estos momentos desea interrumpirme, me diera una explicación sobre la materia. Considero inadmisible liberar de derechos de aduana y de otras obligaciones, que debe pagar cualquier ciudadano, a un automóvil de lujo, cuya importación, por lo demás, está prohibida. El señor PABLO.- Me preocupé de que se despachara este proyecto en la Comisión, e incluso recibí la petición del secretario particular del Honorable señor Sule, que vive cerca de Chimbarongo. En verdad, se trata de un auto regalado, que transitará en una zona de caminos bastante malos. Y debemos considerar este vehículo, no en su aspecto externo, sino en la utilidad que prestará. Por eso, estimamos conveniente aprobar la iniciativa. El señor LUENGO.- Nada tiene que ver esta materia con la petición del secretario del Honorable señor Sule. Lo importante habría sido no donar un vehículo de lujo, sino una camioneta. El señor MORENO.- Deseo insistir, apoyando lo expuesto por el Honorable señor Valenzuela y otros señores Senadores, en la aprobación del proyecto en debate. Seguramente el Honorable señor Luengo no tiene mucha vinculación con las parroquias de Chile. El señor LUENGO.- Poca. El señor MORENO.- Por ello, no está informado del mecanismo que normalmente se usa en las donaciones. Estas obedecen al deseo de algunas instituciones religiosas extranjeras de relacionarse y apoyar las obras que en otros países desarrollan las mismas congregaciones o la Iglesia mediante las parroquias. La donación de un auto Mercedes Benz 280-S no es para que el señor cura párroco transite por los caminos de Chimbarongo en forma más cómoda. Probablemente la institución donante sólo estaba en condiciones de entregar un automóvil de ese tipo, criterio que es válido también para las demás especies que el proyecto libera de derechos. La verdad es que no quiero rebajar el debate del Senado. Pero estimo útil agregar que carecen de asidero las afirmaciones del Honorable señor Luengo, las que han querido dejar traslucir que el proyecto significa una ventaja material en provecho de miembros de la Iglesia. El señor MONTES.- Quiero referirme exclusivamente al artículo 2º del proyecto. Dispone que Si dentro del plazo de cinco años contado desde la vigencia de la presente ley, las especies a que se refiere el artículo anterior fueren enajenadas a cualquier título, deberán integrarse en arcas fiscales los derechos o impuestos de los cuales esta ley libera,. . Ignoro si el Honorable señor Moreno está enterado de este planteamiento, porque él ha criticado al Honorable señor Luengo de no estar en conocimiento de lo que ocurre en las parroquias. No sé si el Honorable señor Moreno sabe lo que pasa en este proyecto de ley, según el cual, por lo que advierto, inmediatamente de promulgarse como ley, los elementos que se incorporen al país podrían venderse. A mi juicio, ésa no es la finalidad. Que los utilice la Iglesia, muy bien. Pero en el artículo 2º se autoriza a la parroquia para vender al día siguiente los elementos que la ley libera de todo impuesto, lo que a mí me parece injusto. Por lo tanto, propongo la siguiente modificación a ese artículo 2º. .. El señor PABLO.- ¿Me permite una interrupción muy breve, señor Senador? El artículo 2º establece que, si se enajenare dentro de los cinco años siguientes a la internación, el vehículo debe cancelar todos los derechos aduaneros que correspondan. O sea, la liberación queda sin efecto. El señor MONTES.- Excúseme, señor Senador. Lo que he manifestado me parece que interpreta verdaderamente la letra de esta disposición: es evidente que, aprobada la ley, se podría vender mañana o pasado mañana, pagando los impuestos la persona que compre. No es seguro, pero sí posible. Entonces, propongo que los elementos liberados de impuesto en este caso no puedan enajenarse antes de cinco años, y que si lo son luego de ese lapso se aplique lo señalado en ese artículo. Haré llegar la indicación a la Mesa. Probablemente, la redacción que sugiero no es muy feliz, pero me parece correcto modificar en ese sentido el artículo, que, yo creo, conocía el Honorable señor Moreno y acerca del cual no dijo una sola palabra. El señor VALENZUELA.- Deseo formular dos o tres observaciones muy breves. En primer lugar, quiero responder al Honorable señor Luengo en lo relativo a la internación del automóvil. Es comprensible que si una iglesia alemana dona dicho vehículo a una parroquia -en este caso la de Chimbarongo-, ésta no podría dejar de aceptarlo, pues se trata de una donación. Lógicamente, esto se justifica todavía más si ese automóvil sirve para cumplir las finalidades de una parroquia de territorio jurisdiccional tan extenso como la de Chimbarongo, que abarca desde la Cordillera de los Andes hasta la comuna de Chépica, por el poniente. Por otro lado, quiero hacer notar que concordamos con lo que acaba de exponer el Honorable señor Montes, lo que repara una inadvertencia en que incurrió el autor del proyecto, el Diputado radical por Colchagua, doctor Héctor Ríos. Todos sabemos que el doctor Ríos es de Chimbarongo. Lógicamente que, al presentar esta iniciativa, lo hizo sin ningún prejuicio y con el mayor espíritu de favorecer el aspecto cultural y religioso de la zona. Como digo, estamos totalmente de acuerdo con las observaciones del Honorable señor Montes, ya que, sin duda, se trata de una omisión, porque en otros proyectos similares se ha dispuesto que durante cinco años no se podrán vender los elementos internados ocasionalmente al país y que, pasado ese lapso, se pagarán los impuestos respectivos en el caso de venta. A mi juicio, estas observaciones bastarán para que el proyecto se apruebe juntamente con la indicación presentada por el Honorable señor Montes, con la cual, reitero, estamos de acuerdo. El señor LUENGO.- Me alegra que esta iniciativa la haya patrocinado el Diputado señor Ríos que, como muy bien lo anotó un señor Senador, milita en el mismo partido al que yo pertenezco. Sin embargo, el debate habido en torno de este proyecto con posterioridad a mi intervención, me ha convencido más en mis planteamientos y que tenía mucha razón en las observaciones que formulé. A nadie le atribuyo mala fe, pero después de lo que aquí se ha dicho, bien podrían ocurrir varias cosas: en primer lugar, que llegado el automóvil a Chile, se vendiera de inmediato, con el pago de los derechos correspondientes, como lo establece el artículo 2º. En esa forma, sin embargo, se entregaría una liberación de impuestos importantísima, como la que consigna el artículo 1º, consistente en eliminar la exigencia del registro de importación y el depósito previo en el Banco Central, que, como todos sabemos, es bastante elevado. Desde luego, no estoy culpando a nadie, ni mucho menos al Diputado señor Ríos, a quien conozco y sé una persona respetabilísima. Pero si actuáramos de mala fe e hiláramos muy delgado, bien podríamos pensar que ese automóvil no constituye una simple donación. Podría ser que alguien lo hubiera comprado en Alemania para mandarlo como regalo y, llegado al país, comprarlo, pagando los derechos. En esas condiciones podría importar al país un automóvil, en circunstancias de que hoy día las disposiciones legales prohíben ese tipo de importación. Por lo tanto, a mi modo de ver, las leyes hay que interpretarlas no sólo en su tenor literal, es decir, con sujeción a las palabras usadas, sino también considerando lo que podría haber tras ellas. Por tal motivo, creo que fue bueno que yo interviniera en esta materia. Creo que no he rebajado el debate. Por el contrario, considero que he cumplido cabalmente mi función de parlamentario, al formular determinados planteamientos que podrían aclarar mucho más este proyecto y mejorarlo. Concuerdo con la proposición del Honorable señor Montes en el sentido de prohibir la transferencia del vehículo o de las especies a lo menos durante cinco años. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto. El señor CHADWICK.- Que se vote. El señor PABLO.- Que se vote con la indicación. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En votación general el proyecto. ¿Habría acuerdo para aprobarlo con la indicación presentada por el Honorable señor Montes? Aprobado. PROHIBICION DE INTERNACION AL RESTO DEL PAIS DE MERCADERIAS REMATADAS POR SERVICIO DE ADUANAS EN CHILOE, AISEN Y MAGALLANES. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Lorca, que prohibe la internación al resto del país de las mercaderías que remate el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, informado por la Comisión de Hacienda. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Lorca): En primer trámite, sesión 5ª, en 4 de abril de 1972. Informe de Comisión: Hacienda, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan, Lorca y Valente, recomienda a la Sala aprobar el proyecto. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor MORALES ADRIASOLA.- Pido la palabra. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede usar de ella Su Señoría. El señor MORALES ADRIASOLA.- Seré muy breve. Este, como otros proyectos, tiende a permitir un mayor ingreso a las instituciones de las provincias australes y cumple casi el mismo objetivo de la iniciativa aprobada en el primer lugar de la tabla de hoy, que modifica el artículo 3º de la ley 17.382. Como incide en el mismo objetivo -y sin el ánimo de dilatar el estudio del proyecto, ya que mi deseo es que se despache lo antes posible-, me agradaría que el Honorable señor Lorca, ya que en la otra iniciativa no hubo debate, nos informara acerca de los rendimientos presuntos o del ya producido en este primer semestre con la aplicación de la ley 17.382, ley a la cual también se refiere esta moción. En todo caso, es importante ese dato, porque en sesiones pasadas hemos estado preguntando acerca de tal rendimiento y el Senado, por desgracia, no recibió con oportunidad los antecedentes. Sin embargo, la diligencia del Honorable colega señor Lorca le ha permitido obtener las cifras. Creo que podría dejar constancia de ellas en el debate, a fin de despachar inmediatamente esta iniciativa. El señor LORCA.- En realidad, el proyecto anterior guarda alguna relación con la iniciativa en debate, pero su articulado nada tiene que ver con ésta. Efectivamente, el otro proyecto se aprobó sin debate en la Sala. La materia que ahora estudiarnos se presentó en consideración a lo siguiente: en las aduanas de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, cada tres o cuatro meses, se rematan las mercaderías rezagadas por el no cumplimiento de los comerciantes, quienes, no obstante haberse aprobado sus registros de importación, no los pagan oportunamente, y las provenientes del decomiso del contrabando en la zona. Acuden negociantes de Santiago y de todo el país a comprar mercaderías en esos remates. Ello por lo siguiente: porque con la factura obtenida por la compra de un televisor, una máquina fotográfica o lo que sea, una persona puede vender dos o diez televisores, diciendo que se trata del producto adquirido en la subasta. Esto, en primer lugar, se presta para burlar el pago del impuesto a la compraventa y, en seguida, para la injusticia de que los lugareños no puedan adquirir ese tipo de mercancías -como sucede con los magallánicos, los aiseninos o los chilotes-, ya que los grandes compradores de Santiago se lo traen todo. Por lo general, no pretendo crear novedades; y en este caso mi iniciativa sólo traduce una aspiración de la gente de esas provincias, que me planteó el problema. Esta iniciativa se aprobó por unanimidad en la Comisión, contó con la colaboración de los Senadores de todos los partidos y, además, con el apoyo favorable de los funcionarios del Servicio de Aduanas. Se trata de un proyecto justo, en beneficio de los habitantes de las provincias mencionadas, que no implica una cantidad importante de dinero para la economía del país y, al mismo tiempo, significa una medida de tipo moral para evitar los negociados. El señor CARMONA.- Quiero plantear algunas consultas sobre el particular, porque me parece que esas zonas tienen un tratamiento especial en cuanto a la adquisición de mercaderías. Por lo tanto, deseo saber cuáles son las mercancías que se rematan, porque si se trata de aquellas cuyo comercio e importación están permitidos en la zona de Chiloé, Aisén y Magallanes, es lógico que la aduana no proceda a rematarlas, porque estarían dentro de las disposiciones legales. El señor LORCA.- Parece que Su Señoría no me ha escuchado. Comprendo que algunas veces mis palabras no estén a la altura de un Senador de la categoría del Honorable señor Carmona, pero quiero decirle que concretamente en Magallanes, por ejemplo, se importan mercaderías por un valor de 20 millones de dólares. Se aprueban registros de importación a favor de distintos comerciantes, particulares, cooperativas o economatos, a todos los cuales se les da un plazo para pagar dichos registros. Vencidos los plazos sin que los comerciantes hayan cumplido el compromiso, las mercaderías correspondientes van a la aduana. No se entregan a ninguna institución fiscal, sino que quedan rezagadas allí, y se procede a su remate cada dos o tres meses. Por otro lado, en la aduana hay muchas mercaderías que llegan a ella por decomiso de contrabandos, las que también se llevan a subasta. No comprendo que el Honorable señor Carmona ignore algo que está en conocimiento de toda la gente que se informa y lee la prensa: que en Magallanes hay remates cada cierto tiempo y que respecto de ellos existe molestia en los habitantes de la provincia, porque inclusive hay gente de otros lugares que fleta aviones completos. No sé cuál es el término preciso que se emplea en estos casos. El Honorable señor Pablo me anota que es charter, el que consiste en que una persona arriende un avión completo para ir a rematar y traerse las cosas de las provincias australes. Esto, aparte perjudicar el presupuesto en dólares de esas provincias, impide a los ciudadanos de la zona adquirir tales mercaderías. Se da el caso de que un televisor que vale dos o tres mil escudos lo rematen los comerciantes en seis mil, lo cual, aparte ser grotesco, constituye una burla para el pago del impuesto de la compraventa, porque con el documento o factura que adquieren en la aduana pueden vender todo lo que quieran. Eso es todo. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Car-mona. El señor CARMONA.- Agradezco mucho lo que dijo el Honorable señor Lorca respecto de las consultas que formulé. El señor LUENGO.- Sobre todo por su amabilidad. El señor CARMONA.- Especialmente por la forma tan amable en que absolvió mi consulta. Confieso mi profunda ignorancia en lo atinente a los remates de aduana, porque jamás he asistido a uno. Y por eso me alegra mucho la información que proporcionó Su Señoría. Sin embargo, deseo plantear un problema real. Entiendo que los remates de aduana se efectúan para posibilitar que las mercadea rías sometidas a subasta circulen por el resto del país, después de consignarse los derechos correspondientes. Creo que ésa es la situación. El caso particular a que se refiere el Honorable señor Lorca, y que justificaría el proyecto, es el relativo a la situación especial que existe en la zona de que hizo mención Su Señoría; o sea, hay un presupuesto de divisas por determinada cantidad, y se internan mercaderías por un monto superior. Pero ése es un problema administrativo de otra índole, que también debería remediarse. Y se produce el hecho de que, por haberse importado mercaderías por un monto superior al que permite el presupuesto de divisas, o porque los internadores no han completado los trámites del caso, aquéllas van a remate. Por otra parte, considero que la subasta cumple con toda la legislación aduanera. Porque ésa es la situación que opera en todo el país. Vemos corrientemente que hay remates de aduana no sólo en las zonas liberadas o francas, sino también en Tocopilla, Antofagasta, Valparaíso, y dondequiera que haya irregularidades. La aduana capta la mercadería pertinente, y sólo puede desprenderse de ella mediante el remate -porque no podría devolverla al exterior-, lo que le permite recuperar los derechos. En tal caso, quienes se adjudican las mercaderías pueden destinarlas a uso personal o hacerlas circular a lo largo del país. Distinto es que se desee resolver otro problema. Por ejemplo, el mal uso que algunos comerciantes pretenden hacer de las facturas respectivas, mediante su exhibición, para vender mercaderías de importación prohibida. A mi juicio, debemos analizar los problemas como son. Por otro lado, se pretende incluir en esta legislación al departamento de Arica. Al respecto, pido votar separadamente, pues aquél no está en igual situación que las provincias de Chiloé y de Aisén. En dicho departamento no existe un presupuesto de divisas limitado; se trata de una zona que tiene legislación propia, y, por lo tanto, nada tiene que ver con la situación particular a que se refirió el Honorable señor Lorca. Concedo una interrupción al Senador señor Rodríguez. El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, al margen del criterio que se tenga sobre el proyecto iniciado en moción del Honorable señor Lorca, creo que existe, como señaló el Honorable señor Carmona, un error en lo que afirmó el autor de la iniciativa. En el caso a que se refiere Su Señoría no hubo desembolso real de dólares; al menos por la vía oficial, el Banco Central no se desprendió de divisas. Y sí en el otro caso hubo incumplimiento o ciertas fallas administrativas, tampoco se desembolsaron dólares. De manera que no puede ser ése el fundamento del proyecto. Estimo que los remates obedecen básicamente al contrabando, por lo cual es justo que las mercaderías pertinentes se sometan a subasta. En consecuencia, por no haber existido un cargo al presupuesto de divisas de las citadas regiones, es lícito que las mercaderías rematadas se internen al resto del país. En todo caso, el Honorable señor Lorca no deja de dar buenas razones para que las mercaderías permanezcan en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. Sin embargo, no puede ser ésa la filosofía del proyecto. El señor CARMONA.- El Honorable señor Lorca me ha pedido una interrupción. El señor LORCA.- Considero que se ha incurrido en dos equivocaciones en los planteamientos formulados. En primer lugar, el Honorable señor Carmona cometió un error al sostener que se habían internado mercaderías por un monto superior al del presupuesto de divisas. ¡No sé por qué cuando uno habla tan tranquilo y lento no se lo escucha! El Gobierno no se ha excedido del presupuesto de divisas. El señor CARMONA.-El Gobierno no. El señor LORCA.-El Banco Central es quien autoriza el presupuesto de divisas. Por ejemplo, para 1972 autorizó veinte millones de dólares; inclusive, se ha gastado mucho menos. El error del Honorable señor Carmona consiste en inculpar al Gobierno por haberse excedido de dicho presupuesto, en circunstancias de que no es efectivo. Por lo demás, se trata de un problema distinto. En segundo lugar, el Honorable señor Rodríguez también está equivocado. Efectivamente, existe gasto de dólares, porque las mercaderías importadas se pagan en moneda dura por el Banco Central a los exportadores de los países de donde provienen. El comerciante chileno lleva escudos al Banco Central para cubrir el valor de los dólares; pero éstos se gastan, porque dicha institución bancaria los envía oportunamente al exterior. Pero a veces sucede que el comerciante que debe llevar determinada cantidad de escudos al instituto emisor -por haberse aprobado el registro de importación- no cumple oportunamente; entonces la mercadería queda en poder de la aduana y sujeta a remate. Esto es lo que sucede en Magallanes, y le aseguro al Honorable señor Rodríguez que es así. Por lo tanto, quien remata, paga a la aduana el valor correspondiente y retira la mercadería. O sea, existe gasto de dólares. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede continuar, Honorable señor Car-mona. El señor CARMONA.- He terminado, señor Presidente. El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, opino que este proyecto, de aparente sencillez, es complicado, lo que me induce a hacer presente la necesidad de estudiarlo detenidamente, considerando algunos de los argumentos aquí expuestos. Por ejemplo, en el artículo 1º se establece que Las mercaderías que se subasten en los remates que efectúe el Servicio de Aduana en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes y en el departamento de Arica, no podrán ser internadas al resto del país. En primer lugar, entiendo que en una subasta pública pueden participar los habitantes de la provincia en donde ella se efectúa y también los del resto del país. En segundo término, aquí se ha dicho que el proyecto tiene como finalidad impedir que las mercaderías rematadas por el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes salgan de la región. Si bien los ciudadanos de la zona tienen ocasión de participar en las subastas, ¿poseen capacidad económica suficiente para adjudicarse los automóviles, televisores u otras mercancías que se han internado? A mi juicio, las mercaderías no deben quedar en la zona por tiempo indefinido a consecuencia de que la ciudadanía local carece de capacidad económica suficiente para adquirirlas. Por otra parte, pienso que, desde otro punto de vista, la iniciativa es interesante. El Honorable señor Lorca dijo, por ejemplo, que algunas personas no pueden retirar las mercaderías dentro de los plazos legales. Ahora bien, sería preciso determinar qué tipo de artículos no se pueden internar al centro del país. Si un comerciante importó cierta cantidad de alimentos, por ejemplo, es justo que queden dentro de la provincia, porque se internaron para atender necesidades esenciales de la población local. Este criterio tiene validez también, a mi juicio, en lo atinente al vestuario. Sin embargo, no me parece aconsejable una prohibición general, porque la gente radicada en Chiloé, Aisén, Magallanes o Arica no siempre dispondrá de los recursos necesarios para adquirir las mercaderías subastadas, las que, de prevalecer tal criterio, quedarían almacenadas en las zonas respectivas. El señor CARMONA.- ¿Me permite, señor Senador? Considero muy importante lo que expresa el Honorable señor Contreras, porque el proyecto no discrimina sobre el particular. Por ejemplo, puede suceder que se internen materias primas; si éstas se rematan, de acuerdo con el proyecto, no podrán internarse al resto del país, aun cuando en la zona se produzcan materias primas de la misma índole. El señor BALTRA.- O, si no hay producción en la zona, que necesiten ir al resto del país. El señor CARMONA.- O que necesiten ir al resto del país. En seguida, se establecen limitaciones importantes. Porque no habrá interesados en los remates. El señor CHADWICK.- Eso es lo más grave de todo. El señor CARMONA.- Si incluso las personas radicadas permanentemente en la región no podrán sacar al resto del país las mercaderías subastadas, ¿quién va a querer rematar? En Arica, por ejemplo, una persona puede comprar mercaderías importadas y traerlas al resto del país luego de cinco años de permanencia en la zona. Sin embargo, de acuerdo con la iniciativa en estudio, esa persona deberá dejar permanentemente las mercaderías en la región. Considero que la iniciativa merece una meditación más profunda, porque prácticamente estamos modificando regímenes ya establecidos. Y lamento mucho que se haya incorporado al departamento de Arica, que goza de un sistema tan especial, en un proyecto destinado a resolver problemas de una región específica, quizás tan sólo de Aisén y Chiloé. El señor CONTRERAS.- Estimo que también es necesario examinar lo atinente al producto de los remates que efectúan las aduanas a lo largo del país, que, si no me equivoco, debe pasar a fondos generales de la nación. El señor SILVA ULLOA.- Parte de él, señor Senador. El señor CONTRERAS.- Concedo una interrupción al Honorable señor Silva Ulloa, para que nos dé una explicación. El señor SILVA ULLOA.- Agradezco la deferencia de Su Señoría. El Honorable señor Contreras tiene razón: los recursos obtenidos del remate de mercaderías ingresadas ilegalmente al país, que son las subastadas en las aduanas, se destinan en gran parte al Servicio de Aduanas, para resolver su problema de falta de edificios, para dotarlo de materiales que le permitan reprimir el contrabando, y además constituyen un incentivo para el personal. Mediante el proyecto en debate, esto desaparecería o quedaría en un nivel muy bajo. Por otra parte, comparto el criterio que señaló el Honorable señor Carmona en cuanto a que la iniciativa implica transformar todos los regímenes de excepción que benefician a las zonas extremas del país. Sin embargo, estoy de acuerdo con el artículo 2°, mediante el cual se recarga en un 10% el precio de adjudicación de las mercaderías subastadas por la aduana en las zonas que señala el artículo 1º, en beneficio de los organismos de fomento de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, y de la Junta de Adelanto de Arica. Por eso, hice llegar a la Mesa una indicación para rechazar el artículo 1º y modificar el inciso primero del artículo 2º, reemplazando las palabras zonas referidas por provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes y en el departamento de Arica. De acuerdo con esta enmienda, las mercaderías allí rematadas producirán un ingreso adicional para aquellos organismos, que son eminentemente promotores del desarrollo regional. De ahí que estime que la idea contenida en el proyecto no debe desperdiciarse en todos sus alcances, pues sería útil aprovecharla en el aspecto señalado, que me parece sustantivo. El señor LORCA.-El Honorable señor Contreras me concedió una interrupción. No deseo demorar el despacho del proyecto; pero pienso que cuando uno pretende interpretar los intereses de las provincias que representa debe tratar de legislar en la forma más adecuada posible. Creo que el Honorable señor Silva Ulloa -que es tan entendido en la materia- también está equivocado, al igual que otros Honorables colegas, al sostener. . . El señor SILVA ULLOA.- Nunca he dicho que tengo el monopolio de la verdad. El señor LORCA.- No estoy sosteniendo eso, señor Senador ni ésa tampoco ha sido mi intención. Decía que a mi juicio Su Señoría está equivocado cuando afirma que no van a remate las mercaderías cuya importación es autorizada por el Banco Central, y cuyo registro no lo han cubierto oportunamente los comerciantes. La verdad es que dicha mercadería también sale a remate. Así lo dijeron los empleados de Aduanas que concurrieron a dar antecedentes a la Comisión. Las mercaderías que salen a remate son las provenientes del contrabando y las que no tienen su registro cubierto oportunamente por los comerciantes, pese a estar autorizada su internación por el Banco Central. Como se trata de que el proyecto salga despachado lo más completo y perfecto posible, no tengo inconveniente alguno en que vuelva a la Comisión, porque inclusive hay indicaciones que han entregado los propios funcionarios de Aduanas, que si bien comparten la idea de esta iniciativa incluso, como le consta al señor Presidente de la Comisión de Hacienda, he recibido felicitaciones de parte de ellos-, quieren complementarla con algunas disposiciones. Por las razones expuestas, creo que el proyecto debe aprobarse en general y volver a Comisión. El señor CONTRERAS.- Me parece que hay acuerdo unánime de la Sala que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de estudiar las observaciones que yo he formulado en cuanto a que queden dentro de la zona los alimentos y vestuarios rematados así como la situación en que quedarán otras mercaderías, y de establecer el destino final que se dará a los ingresos que se produzcan por este concepto, que en la actualidad no sé si pasan a arcas fiscales. Si bien es beneficioso incrementar los ingresos de las respectivas regiones, debemos tener presente que permanentemente el Congreso está restando recursos a la caja fiscal y otorgando beneficios a las mismas zonas que ahora se pretende favorecer. Entiendo que la Comisión debe tratar y discutir todas estas materias planteadas, con el objeto de que el proyecto salga despachado en condiciones de que no lesione la caja fiscal ni los intereses de la región. El señor BALTRA.- Al parecer, existe unanimidad de criterios para que el proyecto vuelva a Comisión, que estimo lo más acertado. Sin embargo, creo que el artículo 1º encierra un fondo que debe considerarse. Si lo miramos desde el punto de vista de la justicia, pareciera que así como las mercaderías rematadas en Aisén, Chiloé y Magallanes deben quedar en esas provincias, también debieran quedar en las zonas respectivas las rematadas en Valparaíso, Talcahuano o en otro puerto. Ahora bien, desde el punto de vista del gasto de divisas, no comparto lo manifestado por el Honorable señor Lorca. A mi juicio, en ningún caso hay gastos de divisas, pues se trata de mercaderías de contrabando o, como él lo dijo, de mercaderías cuya internación estaba autorizada pero cuyo registro no fue cubierto en moneda corriente por el comerciante; y al no cubrirlo en moneda corriente, no pudo haber gasto de dólares. De otro, modo ¿quién habría cancelado esa mercadería? Pero el fondo de justicia radica en que queden en esas provincias que están en una situación do aislamiento geográfico que no es la del resto del país, las mercaderías que llegan por sus aduanas y que, como con toda razón ha señalado el Honorable señor Contreras -participo su criterio-, sean artículos de primera necesidad, de alimentos u otros productos semejantes. Sería injusto que esas mercaderías que están en las aduanas de esas provincias, que tienen dificultades para abastecerse en el resto del país, pudieran ser adquiridas por comerciantes y vendidas en otras provincias. Es justo que quedan allí, como también lo es lo que planteaba el Honorable señor Carmona: si se trata de materias primas para industrias establecidas en las provincias mencionadas, deban quedar también allí y no ser trasladadas al resto de Chile porque un comerciante las remató. De la misma manera, también sería absurdo e injusto obligar a que queden en la zona artículos y materias primas que se utilizan en la producción de elementos que no se fabrican en aquélla. Por las razones expuestas, pienso que un estudio más detenido del proyecto por parte de la Comisión de Hacienda, podrá dar como fruto un texto que cumpla la finalidad que, sin duda, perseguía el Honorable señor Lorca al presentar esta iniciativa. Por eso, estoy de acuerdo en que el proyecto vuelva a Comisión. El señor PAPIC (Vicepresidente). - Si le parece a la Sala, se enviará el proyecto a la Comisión de Hacienda, fijando plazo hasta el viernes próximo para presentar indicaciones. El señor SILVA ULLOA.- Que se apruebe en general, primero. El señor BALLESTEROS.- Estamos en el debate todavía, señor Presidente, y le ruego respetar el orden de las inscripciones para usar de la palabra. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Yo había pedido la palabra precisamente en el momento en que el señor Presidente propuso enviar el proyecto a Comisión y el Honorable señor Silva Ulloa pidió que previamente se aprobara en general. Deseo advertir al Honorable señor Lorca que hay un error bastante grande en esta iniciativa, pues debido a la gran escasez de dólares que hay en Chile en estos momentos, nadie deja de cubrir alguna importación, en ninguna parte del territorio nacional. Es tan poca la mercadería que se puede internar actualmente mediante estos mecanismos -para Magallanes ahora se han destinado muchos menos dólares que antes-, que el que obtiene una importación jamás deja de cubrirla, y si es necesario consigue créditos para ello. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que alguna mercadería se encuentre en ese caso; y si hubiera alguna, sería en carácter muy excepcional. En cambio, la inmensa mayoría es de contrabando. Los señores Senadores que no han asistido a los remates de aduana deben saber lo siguiente: es cierto lo expresado por el Honorable señor Lorca en el sentido de que algunos comerciantes participan en los remates con el fin de poder exhibir una factura para amparar mercaderías de contrabando que tengan en su poder. Pero, ¿qué ocurre? Que como el Servicio de Impuestos Internos está en conocimiento de ese subterfugio, ha procedido a marcar la mercadería identificándola con la factura respectiva, de modo que ésta sólo puede amparar a esa mercadería. O sea, los mecanismos de control han mejorado mucho, de manera que ya no hay problema al respecto. Ahora bien, ¿qué mercadería es la que se remata? Los artículos más caros y finos, porque nadie va a ingresar de contrabando arroz ni leche condensada, por ejemplo; traen relojes, whisky, máquinas fotográficas caras, aparatos de radio, amplificadores, grabadoras de gran valor, etcétera; o sea, aquellas mercaderías que provocan el deseo de adquirir en la gente de mayores recursos y que, por lo tanto, está en condiciones de pagarlas. De modo que en cierta manera el Estado chileno se beneficia con el contrabando cuando logra descubrirlo y rematarlo. Y ese incentivo desaparecería, porque en el Sur no existe poder comprador para ese tipo de artículos. No he visto a los comerciantes de Punta Arenas ni de otros lugares de Aisén comprando, por ejemplo, máquinas fotográficas carísimas, en doscientos mil, trescientos mil o cuatrocientos mil escudos. Por lo expuesto, igual que los Honorables señores Baltra y Rodríguez, deseo estudiar en mejor forma esta iniciativa y ver si puede resolverse el problema planteado por el Honorable señor Lorca. Mientras tanto, no me atrevo a dar mi conformidad para que se apruebe en general el proyecto. El señor BALLESTEROS.- A las sesiones de la Comisión de Hacienda, que yo presido, concurrieron en forma oficial diversos funcionarios del Servicio de Aduanas. Sus observaciones se condensaron en una proposición que tengo ante mí vista en estos momentos y que comprende cuatro artículos, en los cuales incluso se establecen las modalidades de este sistema de remate y las excepciones; porque es evidente que una norma tan general como la contenida en el inciso primero del artículo propuesto por el Honorable señor Lorca admite ciertas excepciones. Por ejemplo, todo el régimen de admisión temporal, o sea suspensión del pago de derechos, todo lo relativo a los artículos 23 y 35 de la ley Nº 13.039 y al artículo 39 de la Ordenanza de Aduanas. De manera que es muy claro que nos encontramos ante un problema complejo. Pero retomando la observación del Honorable señor Baltra, pienso que conviene recoger el motivo fundamental que inspira esta iniciativa: que este tipo de mercaderías, en lo que sea prudente, permanezca en la zona para la cual fueron ingresadas. Porque, ¿con qué nos estamos encontrando aquí? Creo que no incurro en ninguna exageración si afirmo que, a la larga, todos estos regímenes especiales se convierten en una gran cabeza de puente para la operación de contrabando hacia el resto del país, porque es así. De otro modo no se explicaría los volúmenes de internación en las provincias que tienen estos regímenes especiales. No deseo entrar en esta materia, pero creo que en el fondo todos tenemos la convicción de que esas mercaderías se desplazan hacia el resto del país, y tal desplazamiento ilegal tiene un nombre: contrabando. El señor RODRIGUEZ.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor BALLESTEROS.- Con mucho gusto. El señor RODRIGUEZ.- Estimo que el Honorable señor Ballesteros tiene razón en lo que está expresando. Sin embargo, creo que no va a la corrección del problema. En efecto, cuando se remata una gran cantidad de mercaderías en Punta Arenas, para poner un ejemplo, o en Aisén, que es un núcleo más reducido todavía, sin poder salir, va a quedar en la localidad un número de artículos que excederá la capacidad adquisitiva de la zona, con lo cual se estimulará el contrabando de igual manera. No podrá evitarse, porque va a quedar en muy pocas manos una gran cantidad de mercaderías que no tendrán venta local. Ese es el defecto que también le veo a la disposición. El señor BALLESTEROS.- Yo estoy haciendo una observación de tipo general. No me estoy refiriendo al problema del remate. Evidentemente, este no es el correctivo. Lo que quiero señalar es lo siguiente: conviene tomar esta idea y complementarla con las observaciones formuladas, las que, a mi juicio, podrían permitir que esta iniciativa fuera aceptada por la Sala. En seguida, me referiré a un asunto que planteó el Honorable señor Silva Ulloa, que me parece muy importante. Si se lee el informe, se verá que apare-rece una aclaración del Senador que habla en el sentido de que el proyecto no innova en cuanto a la distribución porcentual del producto del remate. A proposición mía quedó en claro que se mantiene la distribución que establece la Ordenanza de Aduanas, dejando a salvo, por lo tanto, todo lo referente a construcciones para el Servicio de Aduanas y la participación que a través del Fondo de Estímulo, tienen los funcionarios. Por las razones expuestas propongo aprobar en general la iniciativa -dejo presentadas estas indicaciones juntamente con el Honorable señor Lorca- y que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda para su segundo informe, en el cual seguramente se satisfarán las inquetudes de la gran mayoría de los señores Senadores. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobaría en general el proyecto. El señor RODRIGUEZ.- Perdón, señor Presidente. Creo que el señor Lorca no tendrá inconveniente en que el proyecto vuelva a Comisión, ya que, como él puede apreciar, existe el mejor propósito de mejorarlo. El señor BALLESTEROS.- Eso es lo que estamos pidiendo, pero que también se apruebe en general de inmediato. El señor RODRIGUEZ.- Mejor que vuelva a Comisión sin aprobarlo en general, porque podría haber oposición en la Sala para legislar en esta materia. El señor HAMILTON.- Que vuelva a Comisión. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En votación la indicación del Honorable señor Rodríguez para que el proyecto vuelva a Comisión, sin aprobarlo en general. El señor BALLESTEROS.- Pero si estamos de acuerdo en eso. El señor HAMILTON.- Estamos de acuerdo en que el proyecto vuelva a Comisión. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le aparece a la Sala, el proyecto volverá a la Comisión de Hacienda, sin aprobarlo- en 'general. Acordado EMPRESTITOS PARA MUNICIPALIDAD DE ANCUD. El señor FIGUEROA (Secretario). - Proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Hamilton que autoriza a la Municipalidad de Ancud para contratar emprestitos. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los diarios de sesones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Hamilton) : En primer trámite, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972 Informe de Comisión: Gobierno, sesión 34ª, en 20 de julio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Acuña y Hamilton, recomienda a la Sala aprobar el proyecto contenido en el boletín 26.516. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión general. Ofrezco la palabra. El señor MONTES.- Aun cuando soy miembro de la Comisión de Gobierno, no estuve presente en la oportunidad en que se trató el proyecto en debate, como lo señala el informe, que aparece suscrito por los Honorables señores Lorca, Acuña y Hamilton. Sin embargo, recuerdo haber participado, en estos mismos días, en una reunión de la Comisión de Gobierno en que se trató un proyecto sobre empréstito municipal, que no recuerdo exactamente si fue éste u otro. El señor LORCA.- Fue éste. El señor MONTES.- Entiendo que fue éste. El señor LORCA.- Se trata del mismo proyecto, señor Senador, y me parece que Su Señoría asistió a la Comisión cuando se trató. El señor MONTES.- Me ha surgido una duda al respecto porque, como dije, soy miembro de la Comisión de Gobierno, y, además, recuerdo haber participado en La discusión de este proyecto proponiendo algunas ideas, formulando consultas, etcétera Sin embargo, observo que la Secretaría. Comisión no incluyó la presencia del Senador que habla en la discusión de esta iniciativa, sino que a otros señores Senadores Lo señalo para llegar a una conclusión. Recuerdo que al discutirse este proyecto pudo haber sido en otro similar, ya que oficialmente no aparezco participando en la Comisión que lo informó-, cuando se trataba una iniciativa sobre empréstito municipal. . . El señor LORCA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? Efectivamente, Su Señoría concurrió a una de las sesiones de la Comisión en que se discutió este proyecto. Pedimos antecedentes a la Municipalidad de Ancud, puesto que el Honorable señor Senador manifestó que le parecía exagerada la suma de 10 millones de escudos, que, a su juicio, debía reducirse a 5 millones. Posteriormente, después de recibir los mencionados antecedentes, celebramos una sesión un día lunes, a la que Su Señoría no asistió. Incluso, lo hicimos llamar a su partido, pero nos manifestaron que llegaría sólo en la tarde. En consecuencia, es efectivo que el Honorable señor Montes no concurrió a la sesión en que se aprobó el proyecto en debate. El señor MONTES.- Agradezco al señor Presidente de la Comisión de Gobierno su información, pues me parece conveniente esclarecer este asunto. En realidad, no recordaba lo que acaba de hacerme presente el señor Senador. En consecuencia, es correcto lo expresado en el informe por la Secretaría de la Comisión en cuanto a que el proyecto se aprobó en presencia de los señores Senadores que indica, puesto que yo no participé en esa reunión, no obstante haber concurrido a las demás ocasiones en que se trató esta iniciativa. Me llama la atención -lo digo sin ánimo de crítica.- el hecho de que, habiendo formulado el Senador que habla observaciones en cuanto a la necesidad de contar con datos, antecedentes e informaciones concretas sobre este tipo de proyectos -no me refiero a éste en particular, sino a todos los de igual naturaleza-, no se consignen tales antecedentes en el informe que tenemos a la mano. Por ejemplo, se propone un gravamen de uno por mil para financiar estas disposiciones. ¿Cuál será su rendimiento anual en la comuna de Ancud? Es decir, ¿de cuánto dispondrá esa municipalidad? Nadie lo sabe. Formulé la consulta en la Comisión, y pedí que se incorporara este dato, que me parece indispensable, pues se trata de aprobar un empréstito que no constituya sólo una medida demagógica, que no quede sólo en ilusiones para la municipalidad, sino que se sepa claramente el monto de los recursos de los cuales se puede disponer. Por desgracia, parece que no se ha hecho averiguación alguna, ya que he leído el informe, que consta de una carilla y media, y en él no se consigna ningún dato que nos permita tener alguna información para despachar esta iniciativa de modo que no signifique sólo un volador de luces, sino que le dé a esa municipalidad, como a cualquiera otra que lo requiera, los fondos necesarios para enfrentar gastos extraordinarios y obras de adelanto comunal como los que aquí se señalan. El proyecto de ley en debate se refiere a un empréstito de o millones de escudos, cuyo servicio se financiaría con el producto de la tasa parcial del uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna ¿Cuál es el rendimiento en el caso de la Municipalidad de Ancud? A mi juicio, este dato es elemental para saber si es posible financiar el pago de la deuda en el plazo de diez años consignado en el proyecto. Pero no lo sabemos. Lo digo porque hace diez días lo solicité en la Comisión al discutirse el proyecto. . . El señor PABLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? Propongo prorrogar esta sesión por un cuarto de hora, a fin de despachar la iniciativa en debate y otras que aparecen a continuación en la tabla. El señor PAPIC (Vicepresidente).- ¿Hay acuerdo para proceder en los términos señalados por el señor Senador? El señor MONTES.- Si se suspendiera la sesión de la noche, daríamos nuestro acuerdo para prorrogar la hora. ¿No hay acuerdo? Entonces, nos oponemos a la indicación. Lo siento mucho. Es una lástima. El señor HAMILTON.- Yo propongo que Sus Señorías suspendan la marcha de esta tarde, y nosotros suspendemos la sesión de la noche. El señor MONTES.- Como el Senado no tiene nada que ver con la marcha, no sé qué relación puedan tener una y otra cosa. El señor CONTRERAS.- Por lo demás, los señores Senadores no van a concurrir a la marcha, de modo que podemos estar tranquilos. El señor MONTES.- Señalo esto porque. . . El señor PAPIC (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha llegado la hora de término de esta sesión. Queda con la palabra Su Señoría. Se levanta la sesión. Se levantó a las 13.30. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS. 1 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY, QUE DISPONE QUE LA CORPORACION DE LA VIVIENDA CONSTRUIRA MUROS CORTAFUEGO PARA SEPARAR LAS VIVIENDAS DE LA POBLACION FITZ ROY, DE PUNTA ARENAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a honra informaros el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Hamilton, que dispone que la Corporación de la Vivienda construirá muros cortafuegos para separar las viviendas de la población Fitz Roy, de Punta Arenas. Dicha población fue construida el año 1964 y cuenta con 50 viviendas, formada por conjuntos de cuatro a doce casas pareadas, las cuales fueron adquiridas, con abnegación y sacrificio, por modestos empleados imponentes de distintas Cajas de Previsión. Como consecuencia de los vientos que azotan constantemente la zona austral y que en algunas ocasiones alcanzan a 150 kilómetros por hora, se han producido varios incendios que consumieron una parte considerable de la mencionada población, ocasionando efectos gravísimos como la muerte de una menor y la pérdida de sus hogares a muchos funcionarios públicos. La moción en informe está dirigida a solucionar en forma definitiva el problema descrito, para lo cual se hace indispensable terminar de construir los muros cortafuego, de manera tal que sobresalgan, por lo menos, en medio metro de la techumbre de las viviendas, y en un metro en el frente, como asimismo, que desciendan en cuarenta centímetros hasta las bases. Teniendo en consideración la condición económica de los pobladores afectados, se ha estimado conveniente que la Corporación de la Vivienda se haga cargo de la construcción de los muros antedichos, para lo cual dispondrá de los excedentes que ella percibe de los Institutos de Previsión. Los imponentes beneficiados devolverán el dinero necesario, sin intereses ni reajustes, dentro del plazo de diez años, contado desde que la Municipalidad reciba las obras. En mérito de las consideraciones expuestas, la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión os recomienda aprobar el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- La Corporación de la Vivienda construirá muros cortafuego para separar las viviendas de la población Fitz Roy, de Punta Arenas, con el fin de evitar o disminuir los riesgos de incendio. Dichas obras se financiarán con cargo a los excedentes que la mencionada Corporación percibe de los Institutos de Previsión y los imponentes beneficiados devolverán a éstos las sumas correspondientes, en el término de 10 años, a contar de la fecha de la respectiva recepción municipal, sin intereses ni reajustes.. Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1972. Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Acuña, Noemi y Va-lente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 2 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON, QUE DISPONE QUE EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DEBERA OTORGAR, EN DETERMINADOS CASOS, SITIOS A LOS ACTUALES OCUPANTES DE TERRENOS FISCALES UBICADOS EN EL SECTOR PLAYA NORTE DE PUNTA ARENAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a honra informaros el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Hamilton, que dispone que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo otorgará gratuitamente, a raíz de la situación que más adelante se detalla, un sitio urbanizado o semiurbanizado, a los actuales ocupantes de terrenos fiscales ubicados en el sector Playa Norte de Punta Arenas. Tal como manifestó el autor de la moción, el proyecto en estudio viene a solucionar un serio problema que preocupa a 267 modestas familias de Punta Arenas que, sin ayuda de ninguna especie y sólo merced a su esfuerzo personal y comunitario, con sacrificio de toda índole, lograron levantar sus viviendas en terrenos que quedaron desocupados por el retiro de las aguas del mar. Así dieron origen a una población ubicada en el denominado sector Playa Norte, de la ciudad nombrada, que cuenta con instalaciones de luz eléctrica, de agua potable y en gran parte con servicio de alcantarillado. Esta población estaría destinada a desaparecer, como consecuencia del trazado de la Avenida Costanera que se proyecta construir y que pasaría precisamente por el lugar donde aquélla está situada. En la eventualidad descrita, a los actuales ocupantes se les creará un grave problema habitacional, ya que deberán ser erradicados sin indemnización alguna, perdiendo con ello todo lo que han logrado hacer, y quedando sin ninguna posibilidad de adquirir otro terreno y construir otra vivienda, situación que obviamente no sólo resulta injusta sino que hasta inhumana, por tratarse de personas de escasísimos recursos y de una zona de condiciones climáticas en extremo rigurosas. En mérito de las consideraciones expuestas, la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión os recomienda aprobar el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- En caso de que la ejecución de cualquiera obra vial o de otra naturaleza haga necesaria la erradicación de los actuales ocupantes de los terrenos fiscales ubicados en el denominado Sector Playa Norte, de Punta Arenas, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a través de alguno de los organismos que de él dependen, transferirá gratuitamente a cada familia, antes de procederse a su erradicación, un sitio urbanizado o semi-urbanizado dentro del radio urbano de la mencionada ciudad, de una superficie mínima de 160 metros cuadrados. Las donaciones a que dé lugar la aplicación de la presente ley no estarán sujetas al trámite de insinuación y los inmuebles no podrán enajenarse dentro de los diez años siguientes a la inscripción del respectivo título de dominio, salvo autorización expresa de la Institución donante.. Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1972. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Acuña, Noemi y Va-lente. (Fdo.): Rodenal Torres Vásquez, Secretario. 3 MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑO-RES AGUIRRE, JEREZ, MONTES Y PABLO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA TERMINACION DEL ESTADIO NAVAL DE TALCAHUANO. Honorable Senado: El Estadio Naval de Talcahuano se encuentra inconcluso desde hace largo tiempo, hecho que se aparece cada vez más notorio con ocasión de la participación del Club Naval en las competencias del fútbol profesional. Existe un compromiso de parte del Supremo Gobierno de allegar los recursos necesarios para la realización de tales obras, el que no se ha materializado hasta la fecha. Con el objeto de solucionar esta situación y permitir la terminación del referido Estadio, tenemos el honor de someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Destínase al Servicio de Bienestar de la Armada Nacional la suma de Eº 12.000.000 con el objeto de que la invierta en las obras de construcción y terminación del Estadio Naval, de Talcahuano. El gasto que demande la aplicación de esta ley se imputará a la parte no distribuida de los excedentes de la cuenta F-48, Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Servicios.. (Fdo.): Tomás Pablo Elorza.- Humberto Aguirre Doolan.-Alberto Jerez Horta.- Jorge Montes Moraga. 4 MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AGUIRRE, JEREZ, MONTES Y PABLO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS PARA LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. Honorable Senado: La Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción se encuentra empeñada en desarrollar un plan de expansión de sus actividades tanto en el ámbito territorial como académico, tendiente a proporcionar un mejor servicio en el área de su especialidad a la comunidad en que desarrolla sus labores. Es así como se ha avanzado en un plan de regionalización que comprende a la zona de Chillán a Valdivia y se están desarrollando carreras cortas tales como las de Terapistas Físicos, Técnicos en Saneamiento y Tecnólogos Médicos. Sin embargo, la expansión reseñada ha experimentado limitaciones por falta de recursos, los que resulta indispensable allegar para esta loable finalidad. Durante la discusión en esta Corporación del nuevo segundo informe de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda Unidas, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado para 1972 (Boletín Nº 25.863) se estableció que dicho proyecto estaba sobre financiado en la suma de Eº 22,7 millones. Dicha cantidad, que sin duda se verá incrementada apreciablemente durante el transcurso del presente año, ya que se basa en una estimación de la inflación total para el presente año del orden del 25%, en circunstancias que en lo que va transcurrido del mismo ella se eleva por sobre el 27%, servirá para financiar el gasto en moneda nacional de la primera etapa del programa de expansión a qué se ha hecho mención, que demanda Eº 20,5 millones más US$ 150.000. En consecuencia, tenemos el honor de someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Destínase al financiamiento de la primera prioridad del plan de expansión y regionalización de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción la suma de Eº 20.500.000.. El gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará a los excedentes que se produzcan con ocasión de la aplicación de la ley Nº 17.614. (Fdo.): Tomás Pablo Elorza.- Humberto Aguirre Doolan.- Alberto Jerez Horta.- Jorge Montes Moraga.