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- rdf:value = " El señor BALTRA.-
A fines de julio, el Presidente de la República hizo una exposición acerca del desarrollo de la economía. En materias como éstas, de por sí técnicamente complejas y en que las estadísticas pueden utilizarse, hasta cierto punto, según el sentido de las conclusiones a que se desea llegar, la opinión pública necesita, tal vez más que nunca, una apreciación global en la cual no se destaquen sólo los aspectos sombríos, que, por cierto, los hay, pero en que esos aspectos tampoco se dejen de lado para presentar un cuadro luminoso pero irreal, y que, en definitiva, no convence, pues se aleja de lo que son los hechos concretos que el chileno constata en su vida cuotidiana. Pensamos que uno u otro tipo de exageración no conducen a nada útil y, por el contrario, desconciertan y confunden al ciudadano que se enfrenta con argumentos intrínsecamente contradictorios, pero que se defienden con razones que, en apariencia, son igualmente válidas. No pretendemos estar en posesión de la verdad; mas estamos convencidos de que debe hacerse un esfuerzo para emitir un juicio equilibrado y objetivo que ofrezca una visión ecuánime y, hasta donde se pueda, orientadora, en medio de los inquietantes problemas económicos que golpean con dureza al país.
Cuando la Unidad Popular asumió el Poder, se había acentuado aún más, por motivos políticos relacionados con la elección presidencial, la tendencia depresiva que, en 1967, comenzó a hacer sentir sus efectos sobre nuestra economía. Así fue como, en 1970, el producto geográfico bruto apenas creció en 3,4% y en diciembre de ese año la desocupación llegó a ser de 8,3% de la población activa, lo que, en cualquier país o circunstancia, constituye un signo alarmante. La economía estaba, pues, casi paralizada y en el umbral de una crisis.
La gestión económica del nuevo Gobierno tuvo, en el corto plazo, dos objetivos fundamentales y conexos: reactivar la economía y disminuir el desempleo. Decimos que son conexos, pues es obvio que resulta imposible que la desocupación disminuya si la actividad económica no aumenta o se reanima.
Para lograr esos objetivos, el Gobierno recurrió a un elemento determinante, a tina fuerza motora: la redistribución progresiva del ingreso. Todos los otros aspectos de la política económica se subordinaron al funcionamiento y éxito de este modelo, que uno de los más lúcidos exponentes de la nueva generación de economistas chileno, Alejandro Foxley, ha llamado un modelo puro de redistribución. Como veremos más adelante, fueron varios y de suma importancia los aspectos que se prefirieron o sacrificaron en el propósito de llevar adelante el modelo ya descrito. Por medio de la redistribución del ingreso se tendió a aumentar la demanda, de modo que ésta actuase como factor de presión sobre la oferta que, para responder, disponía de fuertes stocks, capacidad industrial ociosa y fuerza de trabajo desocupada. Por otra parte, en la retaguardia, y para suplir o complementar la oferta, estaba la reserva de divisas del Banco Central, equivalente casi a un tercio de la importación anual de Chile, que permitía importar lo que internamente no se producía en cantidades suficientes.
Para aumentar la demanda, había que dar trabajo a los que no lo tenían y reajustar las remuneraciones de los que estaban ocupados. En otras palabras, debía entregarse capacidad de compra a las mayorías, a los trabajadores, mediante un aumento significativo de sus ingresos reales, lo que presuponía el reajuste de sueldos y salarios, impidiendo que este reajuste se trasladara a los costos, repitiéndose el ciclo en que el aumento de las remuneraciones se disuelve en alzas de precios y, por último, se llega al mismo punto de partida. El ciclo tenía que romperse por un riguroso control administrativo de los precios, aprovechando los amplios márgenes de utilidad de los empresarios. Fue lo que hizo el Gobierno. Según el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, el alza nominal promedio de las remuneraciones en los sectores público y privado fue del 45%. Para estos fines, se aumentó el gasto público en 42,8%, y algo así como el 50% del mayor gasto - o sea, 10 mil millones de escudos - se destinó al reajuste de remuneraciones, asignaciones familiares, etcétera.
El mayor gasto del sector público se financió a través del endeudamiento interno, que cubrió aproximadamente un 90% del déficit bruto en moneda nacional y un 59% del déficit bruto en moneda extranjera, de modo que la cuantía de los préstamos internos fue de 6 veces el promedio de 1909-1970. Más o menos el 93% de este endeudamiento interno se contrajo con el Banco Central, lo que en parte principal explica que, en 1971, la emisión aumentara en más del 130%. Cuando examinemos el problema desde el ángulo específico de la inflación, tendremos oportunidad de analizar más a fondo los aspectos que ahora sólo quedan bosquejados, pero que, sin embargo, bastan para apreciar la magnitud del desequilibrio que se produjo debido al camino que se eligió para financiar la expansión del gasto público.
En cuanto a los precios, el índice del costo de la vida subió en 22,1%, mientras que, en 1970, lo había hecho en 34,9%. Por tanto, hubo aumento de los ingresos reales de los trabajadores; o sea, se elevó su poder adquisitivo. Con fundamento, puede sostenerse que, en 1971, ese aumento real fue del 20%. El mecanismo descrito acarreó una mayor participación de los asalariados, empleados y obreros, en el ingreso nacional, como que dicha participación pasó de 53,7%, en 1970, a 58,6%, en 1971. La redistribución favoreció mayormente a las familias con ingresos que varían entre uno y tres sueldos vitales, pero no hubo beneficio para las familias con rentas entre tres a cinco sueldos vitales, que simplemente mantuvieron su situación. No puede desconocerse el paso adelante que, en 1971, se dio en cuanto a lograr que el sector trabajo disfrutara de una cuota más alta del ingreso nacional. Pero, en todo caso, debe dejarse constancia de que una política redistributiva basada en el instrumental clásico, como es la puesta en práctica por el Gobierno del señor Allende, no llega a sectores del trabajo que en nuestra sociedad son numerosos, como sucede con los trabajadores por cuenta propia, que se estima representan el 26% del 50% más pobre de la población chilena. Aun así, el consumo de las personas aumentó en 12,9%, y ello es fruto de una redistribución de los ingresos que se tradujo en aumentos reales del poder de compra de los trabajadores asalariados.
Los efectos de la reactivación a través de una mayor demanda se sintetizan en el 8,5% de aumento que, en 1971, tuvo el producto geográfico bruto, que es la tasa más alta del decenio en lo que a Chile atañe, pero que, en 1971, fue superada por Brasil, cuyo producto aumentó en 11,3%; los Estados Asociados de las Indias Occidentales, en que el producto creció en 9 %, y Panamá, que tuvo igual tasa de desarrollo que Chile bajo la Presidencia del señor Torrijos. La respuesta de la producción y el control de los precios fueron elementos claves en el freno a la inflación. Sin embargo, también actuaron, por lo menos, otros dos factores. Primero, la importación masiva de bienes para el consumo, sobre todo de alimentos como carne, leche, aceite, arroz y cereales. Esta importación fue, en 1971, de 263,7 millones de dólares, en vez de los 173 millones de 1970. Al pasar, señalemos que, mientras la importación de alimentos aumentó en 52,4%, la de bienes de capital bajó en 16,8% como efecto de la fuerte caída de la inversión. También influyó en la contención del proceso inflacionista el que las importaciones se hicieran con un tipo de cambio - 12,21 escudos por dólar - que se mantuvo congelado hasta diciembre de 1971, no obstante el alza de los precios, lo que significó un subsidio a la importación de alimentos, materias primas, combustibles y otros insumos industriales. La devaluación de diciembre de 1971 está produciendo sus efectos ahora, en 1972, y otro tanto sucederá en los meses venideros con la nueva devaluación que acaba de hacerse el 3 de agosto.
La reactivación de la economía trajo como consecuencia, además, un descenso en la desocupación, que, según la última encuesta, es del 3,3% de la población activa. Coincidimos, sin embargo, con ODEPLAN en cuanto a que esta tasa, aunque baja, no implica la eliminación del problema dado el importante contingente de mano de obra inactiva con deseo de trabajar y la alta proporción de subempleo que se oculta entre los que están trabajando.
El Presidente de la República calcula en 6% el ritmo de expansión de la producción interna en 1972. Es decir, el año en curso habrá una disminución apreciable en la tasa de crecimiento de la economía chilena, como que se retrocederá a una cifra comparable con la de 1961, que también fue del 6%, e inferior a la de 1966, en que el producto geográfico bruto aumentó en 7%. El fenómeno no puede, ni mucho menos, juzgarse con ligereza, pues indica que la actividad económica está experimentando una contracción y que ésta es considerable. Según los antecedentes que ODEPLAN entregó en una conferencia de prensa ofrecida el 13 de julio último, la producción industrial, que en 1971 creció en 12%, ahora, en 1972, lo hará sólo con un ritmo del 8% al 10%. Exactamente lo mismo prevé que ocurrirá en la construcción. Por lo que atañe a la producción agropecuaria, el crecimiento de ésta, según ODEPLAN, descenderá del 5,8%, que tuvo en 1971, a sólo un 3,8%, lo que, por cierto, no puede menos que agravar los problemas de abastecimiento que los consumidores vienen soportando desde los últimos meses del año pasado, a la vez que acentuará la necesidad de importar alimentos destinados a complementar la insuficiente producción interna.
Según datos proporcionados a la Oficina de Informaciones del Senado por el Director de la Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura, durante 1972 se adquirirían en el extranjero alimentos por valor de 259 millones de dólares, cantidad notoriamente inferior a la de 1971 e insuficiente, por tanto, para satisfacer las necesidades del consumo, atendida además la fuerte baja en la producción agropecuaria que anuncia ODEPLAN.
La disminución del ritmo de desarrollo, que pasará del 8,5% da 1971, a tan sólo un 6%, plantea diversas interrogantes. Desde luego, está la de saber si este descenso es el inicio de una tendencia según la cual, después de la auspiciosa mejoría de 1971, el desarrollo recaería, tal como ya ha sucedido otras veces en Chile; o si se trata del fruto de las limitaciones, debilidades y desequilibrios de una política económica que descuidó aspectos importantes en el afán de poner en práctica un modelo destinado, principalmente, a aumentar el consumo durante un año determinado, aun a costa del sacrificio del consumo de los años futuros.
En segundo lugar está lo relacionado con las causas de este descenso, lo que constituye algo muy de fondo, pues tiene que ver con el proceso y bienestar de toda la sociedad. Hay aquí, en general, dos hechos inseparablemente conectados, cuales son el agotamiento de la capacidad instalada ociosa y la baja que la inversión global experimentó en 1971.
Según ODEPLAN, en 1971 la inversión global disminuyó en 7,7%, lo que se expresó en una fuerte baja de la producción nacional y de la importación de maquinarias y equipos. Así, mientras en 1971 la producción industrial aumentó en 12%, la de las industrias metálicas básicas lo hizo sólo en 6,7%, y la de las industrias mecánicas y metalúrgicas, en un débil 5,1%. Por su parte, la importación de maquinarias y equipos bajó en 16,8%. El país invirtió 1.113 millones de escudos menos que en 1970. Es decir, Chile no acrecentó su capacidad de producción, sino que, presumiblemente, la redujo, pues la disminución fue de la inversión bruta, que comprende tanto las nuevas inversiones como la reposición, o sea, las inversiones destinadas a reemplazar bienes de capital que quedan fuera de uso.
El Director de ODEPLAN, en carta a la revista Panorama Económico, resta importancia al hecho manifestando que, en 1969 y 1970, la inversión se elevó debido a que culminaron las inversiones en la gran minería del cobre y a que la inversión en 1971 es equivalente a la de 1968, que fue, en efecto, de 13.2(2) millones de escudos. Pero no es menos verdad que la baja en la inversión, por sí misma y en sí misma, tiene efectos económicos adversos, independientes del origen y destino de las inversiones realizadas. Es obvio que cuando disminuye la inversión, siempre hay un motivo que explica la baja, lo que no obsta para que el hecho produzca sus consecuencias negativas.
También se argumenta por algunos que no importa que la inversión haya disminuido en 1971, pues Chile disponía de equipos y maquinarias que no estaban utilizándose, y que su uso efectivo equivale a un aumento de la capacidad productiva. El país está experimentando en carne propia que tal política es perjudicial y equivocada. Fue, en efecto, error gravísimo no haber aprovechado el respiro dado por la existencia de capacidad productiva ociosa con el fin, precisamente, de efectuar inversiones que aumentaran esa capacidad, sobre todo para la producción de artículos de primera necesidad y consumo popular. En cierto modo, fue el mismo error que cometió el Gobierno anterior al no aprovechar los años 1966 y 1967, en que, utilizando la capacidad productiva ociosa, también el producto geográfico bruto aumentó sustancialmente en 5% y 7%, respectivamente. Las nuevas inversiones tardan en madurar, y, por ello, no es de modo alguno indiferente que una inversión se haga en 1971 ó en 1972, pues su proceso de desarrollo requiere un tiempo. Por esto, un año perdido para la inversión no puede recuperarse, e impone sacrificios que el país podría perfectamente haberse evitado si la acción económica del Gobierno no hubiese descuidado la inversión destinada a acrecentar nuestra capacidad productiva.
El Presidente de la República afirma que, en 1971, el crecimiento de la producción se logró, en forma especial, mediante el aumento en el uso de los equipos e instalaciones; que ahora se necesita aumentar la productividad y ampliar dichas instalaciones; pero que, sin embargo, estas inversiones toman un período de maduración que cubre más de un año, lo que significa que la producción en algunos sectores tendrá un retraso en el tiempo respecto de las necesidades, creando problemas de desabastecimiento parcial y que dada la situación de divisas no pueden satisfacerse fácilmente con importaciones. Pero lo que no dijo el Presidente de la República, es que todos estos graves trastornos son de responsabilidad de quienes permitieron que la inversión global disminuyera en 7,7%, y la privada, en un 25% a 30%. Si las inversiones correspondientes se hubiesen hecho en 1971, no tendríamos que esperar por lo menos un año para que esas inversiones maduren y puedan entregar a los consumidores los bienes o mercaderías que necesitan, que ahora no encuentran, debiendo soportar escaseces y colas que han pasado a formar parte de la vida diaria de las dueñas de casa.
El Presidente de la República agrega que la situación de divisas no permite resolver fácilmente el desabastecimiento a través de importaciones. En efecto, y desde este punto de vista, la situación en 1972 es también distinta de la de 1971, pues ahora el país no dispone de una reserva de divisas cercana a los 400 millones de dólares, sino tal vez de algo así como el 20% de esa cantidad, lo que, indudablemente, significa que el Gobierno tiene mucho menos holgura en la posibilidad de importar alimentos. Además, la mantención prolongada e imprudente de un tipo de cambio muy por debajo de lo que debiera ser su nivel real influyó adversamente sobre las exportaciones, de suerte que, a pesar de la inexplicablemente tardía renegociación de la deuda externa, la balanza de pagos será desfavorable a Chile en una suma que bordea los 400 millones de dólares.
El desequilibrio que en 1971 se produjo entre consumo e inversión está resolviéndose en una situación crítica que afecta a la producción y el abastecimiento, lo que no habría sucedido si el año pasado se hubiesen creado las condiciones necesarias para estimular la inversión en el área privada y se hubiera decidido hacer lo mismo en el área social de la economía, a fin de que, al agotarse el margen de capacidad instalada ociosa, ya se hubiesen hecho y madurado las nuevas inversiones destinadas a ampliar esa capacidad, ahorrándola al país y a los consumidores muchas privaciones y penalidades.
Cuando el entonces Ministro de Hacienda señor Zorrilla presentó a la Comisión Mixta el proyecto de Presupuestos para 1971 y propuso su financiamiento por medio del endeudamiento interno, manifesté que, en mi concepto, la emisión, en sí misma, no es necesariamente factor de inflación; y que, dada la capacidad instalada ociosa existente a la época, no me parecía que pudiera envolver mayores riesgos, pero que consideraba extremadamente grave que el Gobierno, entre tanto, no se preocupara de aumentar la capacidad productiva disponible a fin de poder hacer frente a los problemas que iban a presentarse cuando la capacidad ociosa se agotara. Es lo que no se hizo, y debido a esto nos encontramos en una situación que el Gobierno ahora enfrenta y aprecia en todo su alcance.
Los desequilibrios en que ha estado basándose la acción económica del Gobierno se manifiestan en el costo de la vida, en cuyo índice pueden analizarse muchas de las dificultades que en este momento actúan conjuntamente para configurar el cuadro de los problemas que aquejan a la economía del país.
Como se sabe, el año pasado el costo de la vida subió en 22,1%, en vez del 34,9% de 1970. Sin embargo, esta tasa no es la menor del decenio: en 1966 el alza fue sólo de 17%, y, en 1967, de 21,9%. No obstante, debe reconocerse que la desaceleración inflacionista se produjo en 1971 a pesar de que las remuneraciones nominales aumentaron en 45% y de que hubo, además, fuertes presiones monetarias. Pero un examen más en detalle del índice de variación del costo de la vida en 12 meses demuestra que la baja mensual se detiene en septiembre de 1971, con una variación en 12 meses del 15,8%, y que de ahí parte una tendencia al alza que persiste hasta ahora, como que en julio de 1972 el alza en 12 meses fue del 48%. Por otra parte, en los siete primeros meses del año en curso el costo de la vida se elevó en 33,2%, o sea, tuvo un aumento superior al de todo 1971, en que fue, repetimos, del 22,1%.
Todo esto indica que las presiones inflacionistas ya empezaron a hacer sentir sus efectos en octubre de 1971.
¿Cuáles son, esencialmente, los factores de presión que actúan hay elevando los precios y provocando desabastecimiento?
Desde el lado de la oferta, esos factores son varios: la capacidad productiva ociosa se ha agotado o está por agotarse, sin que se hayan hecho inversiones para complementarla ; las dificultades de la balanza de pagos han creado escasez de repuestos y otros insumos, con las consiguientes consecuencias sobre la producción; en las empresas nacionalizadas, requisadas e intervenidas ha habido una notoria pérdida de eficiencia y su gestión no se sujeta a criterios planificados, sino a decisiones aisladas o individuales. En la empresa privada, el margen de ganancia ya no permite absorber los mayores costos y éstos deben trasladarse a los precios. El déficit o pérdida en las empresas nacionalizadas debe, por su parte, obligarlas a hacer lo mismo. Las dos devaluaciones acordadas en un período de siete meses no pueden menos que encarecer los costos y, según se ha dicho, los precios. La producción agropecuaria aumenta con un ritmo sensiblemente inferior al de 1971, en circunstancias de que la situación de divisas no posibilita ni siquiera hacer las mismas importaciones de alimentos que en 1971. Tampoco hay stocks, y los comerciantes tienen que vender de inmediato lo que reciben, acentuando el fenómeno de la escasez.
Desde el lado de la demanda, el análisis deba ser, sobre todo, monetario. Como ya dijimos, en 1971 hubo una gran expansión monetaria y la oferta de dinero excedió a su demanda en 34,6%, según el Instituto ríe Economía de la Universidad Católica. Es decir, hubo una brecha de importancia entre la oferta monetaria, que aumentó en 90,6%), y la demanda de dinero, que lo hizo sólo en 56%. Sin entrar a discutir la fórmula utilizada para el cálculo, cabe preguntarse cuáles pueden haber sido los factores que, en 1971, impidieron que el nivel de precios recibiera el impacto de esta tremenda presión, pues no cabe duda de que, de haberse vaciado al mercado la totalidad de ese 34,6%, los precios deberían haber subido muchísimo más de lo que fue su alza en 1971.
¿Qué ocurrió, pues, en 1971? Desde luego, no puede haber una explicación. Se trata de un fenómeno complejo en que, a lo sumo, es posible avanzar ciertas hipótesis.
Desde luego, lo sucedido puede deberse a que la expansión monetaria produce sus efectos retardada y no simultáneamente. Es una bomba de tiempo. En el caso de Chile, hay quienes afirman que el rezago puede oscilar entre 6 a 18 meses. Es lo que, entonces, habría comenzado a ocurrir en octubre de 1971 y que seguiría operando hasta ahora.
Por otra parte, en 1971, y quizás desde septiembre de 1970, se produjeron cambios bruscos y anormales en la llamada preferencia por la liquidez. Como observa el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, el excedente del 34,6% de la oferta de dinero calculado en el estudio de la Universidad Católica corresponde a una demanda monetaria determinada sobre la base de funciones tradicionales que no están en condiciones de explicar lo que aconteció en Chile a causa de circunstancias del todo fuera de los marcos habituales de comportamiento.
En este cambio de la preferencia por la liquidez, aparte la condición general de incertidumbre, operaron los motivos que, desde Keynes, se denominan de precaución, transacción y especulación. Cuando el hombre no tiene certidumbre acerca de lo que está por venir, busca seguridad, necesita seguridad, y, en lo económico, lo hace manteniendo en su poder activos líquidos y, entre éstos, el que lo es por excelencia: el dinero efectivo, ya sea como numerario o en cuenta corriente, pero sólo en la medida en que el sistema bancario inspira confianza en cuanto a que no habrá dificultades en el giro del dinero depositado. Son fenómenos que se producen en la conducta tanto de los individuos como de las empresas, y que en una coyuntura política como la de Chile revisten amplitud extraordinaria. El contexto social, económico y político indujo al empresario privado a aumentar la cuantía de sus activos líquidos, lo que se facilitó con el auge de las ventas y la dificultad para reponer los stocks. Para decirlo de otra manera, muchos empresarios reemplazaron el stock de mercaderías por el stock de dinero, de líquido. La tendencia se reforzó con decisiones de los propios empresarios, como, por ejemplo, reducir el plazo de las ventas a crédito; suspender o disminuir las inversiones; liquidar activos que, en otras circunstancias, no se habrían realizado, etcétera. Pareciera que también actuaron factores relacionados con el motivo transacción, pues se habría reducido o eliminado el crédito que los empresarios se conceden entre sí y que queda al margen del sistema bancario, pues los documentos, si los hay, no van al descuento. El pago al contado acentuó la necesidad de una mayor liquidez. El Instituto de Economía de la Universidad de Chile dice que el aumento en la preferencia por la liquidez fue la actitud de respuesta de una parte de la comunidad, en especial del empresario privado, al modelo de política de 1971. En este último sentido, la mayor retención de liquidez está reflejando un mecanismo primario de defensa puesto en marcha por este empresariado, en una coyuntura detectada como riesgosa, a través de la cual reduce el grado de compromiso financiero asociado a una eventual contingencia adversa y simultáneamente le permite proveerse de elementos para resistir el grado de control del modelo orientador de la actividad privada incluido en la política de corto plazo de 1971.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo del Comité Izquierda Radical. Puede continuar dentro del de la Democracia Cristiana.
El señor BALTRA.-
Gracias.
Además, en algunas circunstancias la incertidumbre trata de cubrirse con la posesión de activos líquidos en moneda extranjera, y de ahí que puedan también haberse producido compras de dólares en el mercado negro. Asimismo, parecen haber contribuido a presionar sobre la tenencia de activos líquidos ciertas operaciones de carácter especulativo, como la compraventa de bienes raíces urbanos, automóviles, bienes durables de consumo, etcétera.
Sin embargo, es posible que el aumento anormal de la preferencia por la liquidez no haya absorbido todo el exceso de oferta de dinero, y ello puede explicar, en parte, las alzas de precios que aparecen en el último trimestre de 1971. En 1972 actúan además otros factores agravantes. Desde luego, en 1972 hay expansión monetaria que, aun cuando pudiera resultar inferior a la del año pasado, será considerable, pues se estima que la emisión aumentará aproximadamente en un 100%. Por otro lado, la virulencia con que ha reaparecido el proceso inflacionista parece haber determinado un cambio en el sentido de la incertidumbre, en cuanto a que, ahora, ante precios en alza rápida y constante, el dinero presupone, en sí, una inseguridad y sus poseedores tratan de deshacerse de los activos líquidos comprando bienes, lo que intensifica las presiones inflacionistas y el desabastecimiento.
Es muy difícil imaginar de qué manera podría impedirse que este cuadro se proyectara sobre la redistribución del ingreso a fin de que el sector del trabajo asalariado conservara las posiciones alcanzadas en 1971. En la conferencia de ODEPLAN a que me referí más arriba, se sostuvo que el Gobierno puede garantizar a los trabajadores que continuarán participando en cerca del 60% del ingreso nacional. Dudamos que esto sea realmente posible. Se dice, con cierta frecuencia, que en esta etapa procedería ir directamente a una redistribución real, en vez de confiar en la redistribución nominal del ingreso, lo que significa que los bienes disponibles tendrían que canalizarse materialmente hacia los sectores que se desea favorecer, lo que en alguna medida ya está sucediendo, pues hay barrios en que la escasez es notoriamente mayor que en otros. Pero, de generalizarse una política de este tipo, ello afectaría, como ya lo está haciendo, a grandes sectores de la clase media, y tendría, como es natural, un alto costo político para el Gobierno y los partidos que lo apoyan.
En su exposición, el Presidente de la República habló de la necesidad de frenar las presiones inflacionarias y restablecer niveles más normales de abastecimiento. Reconoció, así, la anormalidad del actual abastecimiento, lo que es un avance, pues hasta no hace mucho era consigna oficial negar este grave aspecto del problema. En seguida, agregó que era imprescindible aplicar medidas de fomento del ahorro, de captación de saldos líquidos en poder de particulares y desviación del gasto de las personas hacia el uso de bienes y servicios en que exista capacidad de producción y tengan simultáneamente un bajo impacto sobre las importaciones. Señaló que, para este efecto, se aplicarían las siguientes medidas: planes de veraneo popular; establecimiento de un sistema de ahorro reajustable en condiciones preferentes para los próximos cinco años y en que, para acogerse a él, debería pagarse una comisión bancaria especial; el uso de sistemas de estancos en la comercialización de algunos productos suntuarios; el empleo más intensivo de pago de peajes para los automóviles particulares; el seguro obligatorio de automóviles, bienes raíces y vida para toda la población; y depósitos previos para las importaciones del sector privado. No entraremos al examen de estas medidas, pues, salvo una o dos, carecen de las condiciones que se requieren para cumplir la función que se les asigna o, lisa y llanamente, se trata de nuevos impuestos. Por de pronto, se advierte que varias de ellas afectarían, sobre todo, a la clase media, ya tan lesionada en sus intereses, aspiraciones y expectativas. Pensamos que el problema de la liquidez debe abordarse desde más arriba, en el plano de las macrodecisiones, en el orden de la política fiscal y monetaria, y, sobre todo, en la esfera de la determinación de los límites del área social de la economía, con lo que se pondría término a la incertidumbre que afecta al empresario privado y lo induciría a reanudar sus inversiones, siempre que esa determinación fuese aparejada con la firme y operante voluntad política de respetar y hacer respetar las normas establecidas. Aunque no es del todo ortodoxo, nos sentimos inclinados a pensar que, en el caso especial de Chile, la eliminación de la incertidumbre atenuaría la presión que un cuantioso volumen de saldos líquidos ejerce hoy sobre el mercado de bienes de consumo, pues, entonces, se destinarían a la inversión o al ahorro en valores y participaciones industriales.
El Presidente de la República afirma que hoy el Estado controla gran cantidad de recursos productivos y que en consecuencia posee instrumentos de política económica que inciden tanto en el comportamiento económico del resto de los sectores como también en la producción misma y en los propios canales financieros.
Todos estos elementos – añade - articulados en una política económica realista, nos permiten encarar los obstáculos señalados de acuerdo a un plan de acción inmediata que vaya rompiendo las dificultades y corrigiendo los desequilibrios sin sacrificar la expansión económica ni producir un deterioro en la distribución del ingreso.
Coincidimos en que eso puede y debe ser así; pero no es precisamente lo que ha ocurrido en Chile.
El área de propiedad social, por definición, tiene funciones muy importantes que cumplir. Desde luego, si los centros básicos de decisión se encuentran dentro de esta área, la autoridad puede formular planes y llevarlos a la práctica, sacarlos del papel a la vida y transformar la planificación en realidades. Además, el área social debe ser agente activo en el proceso de ahorro e inversión, ya que las empresas del área deben entregar a la sociedad los excedentes que le permitan acrecentar la acumulación y concretar en inversiones los proyectos programados.
No es lo que sucede en Chile. El área de propiedad social no está sujeta a un desarrollo planificado. Desde este punto de vista, bien pudiera afirmarse que falta uno de los rasgos definitorios del socialismo, cual es la decisión consciente de la sociedad en la asignación de los recursos de que dispone. El actual Ministro de Hacienda, señor Orlando Millas, en un artículo aparecido en El Siglo de fecha 5 de junio, y reproducido en el último número de la revista Principios, dice, entre otras cosas, que proceden muy mal los que pretenden reemplazar los planes científicos de producción por chapucerías, como son las cifras improvisadas de metas que se indican sin examinar las disponibilidades de materias primas, las materias auxiliares, los combustibles, las necesidades del mercado y, a veces, ni siquiera la real capacidad instalada y sin ningún debate previo en que se escuchen las sugerencias de los trabajadores. Es evidente que las divagaciones de este tipo, aunque contengan cifras y se denominen pomposamente planes no pasan de ser algo as�� como planificaciones y no expresan cambios auténticos en la dirección de clase.
Ahora, veamos si el área social produce o no los excedentes que deben servir para que (Chile encuentre, dentro de su propia economía, los recursos que necesita para desarrollarse. El quiebre de la dependencia económica supone que el país genere internamente todo o la mayor parte del ahorro requerido para realizar las inversiones que exige un crecimiento económico progresivo. Esta es una de las razones de ser del área de propiedad social: si los excedentes que se generaban o podían generarse cuando las empresas nacionalizadas eran de propiedad privada desaparecen o disminuyen, esto tiene serias consecuencias. Por de pronto, indica que el área social no está cumpliendo una de sus funciones esenciales. Además, advierte que la nacionalización se ha traducido en pérdida de eficiencia y que esto puede reflejarse en que la sociedad se haga aún más dependiente de los recursos extranjeros como complemento del ahorro nacional. Por eso mismo, nacionalización y eficiencia deben ir unidas para que el nivel de los excedentes, por lo menos, se mantenga y, en lo posible, mejore. Entre nosotros, nadie discute que el área social no está arrojando excedentes, sino déficit o pérdidas. Si la situación no se modifica, ello significaría que la irresponsabilidad está impidiendo que Chile pueda disponer de cuantiosos recursos para acelerar su desarrollo. El Ministro de Hacienda, en el artículo citado, expresa: Son contrarrevolucionarios los criterios oportunistas según los cuales podría tolerarse que no hubiese excedentes y que empresas del área social se conviertan en cargas onerosas para la sociedad. Ello implica que los excedentes, - dice el señor Millas - que antes acrecentaban las rentas de los capitalistas, ahora sean quemados en aras de la ineficiencia, de la insensibilidad pequeño-burguesa y de múltiples formas de corrupción burguesa.
No es, pues, la nuestra una opinión exagerada o producto de una cierta visión política. El hecho es que se ha constituido en el país una extensa área de propiedad social, pero sin que ella esté cumpliendo las funciones que le corresponden como centro de decisiones planificadas y origen de excedentes que robustezcan la capacidad social de inversión. El área social de la economía no está entregando a Chile lo que Chile tiene derecho a exigirle. Por estas razones, las palabras del Presidente de la República no pasan de ser la expresión de buenos propósitos, aun cuando ya van transcurridos largos 20 meses de su gestión gubernativa.
Al comienzo de esta intervención señalamos, con alarma, que en 1971 la inversión global había disminuido en 7,7%. Destacamos la importancia de este hecho, que, en concepto nuestro, constituye una de las grandes causas de que en 1972 la tasa de aumento del producto disminuya al 6%, que la inflación reaparezca con ritmo acelerado y que el desabastecimiento cobre caracteres singularmente graves. No puede un país renunciar, aunque tan sólo sea por un año, a acrecentar su capacidad productiva. Las consecuencias de tal política las están palpando y sufriendo el país y, más directamente, los consumidores. Durante un año se sacrificó la inversión al consumo, con el resultado de que, para 1972, ODEPLAN deba anunciar que el consumo crecerá a un ritmo menor que la inversión.
Según ODEPLAN, en 1972 la inversión llegará al 16% del producto geográfico bruto, y el Presidente de la República habla ahora de un ambicioso plan de inversiones. Nos complace que así sea, pues perseverar en la política seguida hasta aquí significaba cerrarse las puertas del desarrollo y penetrar en un campo sembrado de explosivos desequilibrios, contradicciones y problemas que, en parte, ya estamos padeciendo y soportando. Al respecto, es útil recordar que, según el plan de la economía nacional para el período 1971-1976, la parte del producto que es necesario destinar a la inversión deberá subir ligeramente, desde un 16% en los últimos años, a un 18% promedio en el período. Recordemos, también, que en 1970 la inversión representó un 16,6% del producto nacional, de modo que en 1972 sólo se volvería a un coeficiente cercano a lo que Chile invirtió ese año. Esta circunstancia, junto a la baja del 7,7% que la inversión tuvo en 1971, permite decir que, para alcanzar el 18% proyectado por ODEPLAN y el Gobierno, sería preciso un extraordinario esfuerzo inversor en los últimos cuatro años de la actual administración.
De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, en 1971 la inversión privada disminuyó entre 23% y 30%. Es sabido que en Chile, desde hace ya tiempo, el peso de la inversión recae en el sector público, el que invierte algo así como 70% del total. La inversión de la empresa privada no va, pues, más allá de 30% de la inversión chilena. Pero se trata, por lo menos, de 30 mil empresarios que producen bienes necesarios al país y que dan empleo a muchos cientos de miles de trabajadores. El propio programa de la Unidad Popular reconoce la importancia de la función que las empresas privadas desempeñan en la economía nacional, sobre todo en lo que se refiere a los empresarios pequeños y medianos.
Sin embargo, y hasta ahora, estos empresarios no sólo desconocen las normas que han de regir sus actividades, sino que ni siquiera están seguros de poder seguir trabajando, pues a diario hay empresas medianas o pequeñas que son intervenidas o requisadas, y se da el caso frecuente de otras que son tomadas para que, por lo común y en seguida, pasen también a integrar el área social en virtud de resoluciones administrativas. La clase media, es decir, los profesionales y empleados, los técnicos y los maestros, los intelectuales y artistas, como también los pequeños y medianos productores y comerciantes, contribuyeron decisivamente al triunfo de la Unidad Popular, pues creyeron que su programa se cumpliría sin transgresiones y que en la nueva sociedad tendrían mejores oportunidades de desplegar sus iniciativas y no serían meros aliados tácticos, de quienes el vencedor se olvidaría pronto. En los hechos, la alianza de clases que dio origen a la Unidad Popular e hizo posible su triunfo, se rompió desde el momento en que esos sectores del trabajo no sólo vieron frustradas sus legítimas aspiraciones, sino que, además, fueron objeto del atropello, el sectarismo, la persecución y el despojo. En el fondo de la caída de la inversión privada no hay, en consecuencia, un problema de carácter meramente económico, sino todo un contexto social y político de desconfianza e incertidumbre que paraliza la inversión, pues no hay empresario privado alguno que, procediendo con un mínimo de racionalidad, se decida a invertir si no tiene seguridades efectivas de que podrá recuperar la inversión hecha y obtener ganancias razonables.
El Presidente de la República dice en su exposición que, en lo que llama nueva etapa de la construcción económica y social, está presente la voluntad de profundizar el proceso de cambios y la perspectiva de transformación socialista, de reafirmar seguridades de estabilidad y desarrollo en amplias capas de pequeños y medianos empresarios del campo, la industria y el comercio. ¡Cuántas veces el Presidente de la República ha tenido idénticas o análogas expresiones! Primero, se las recibía con júbilo y esperanza. Pero a medida que la realidad fue mostrando una larga distancia entre sus palabras y lo que acontecía en los hechos, se las escucha con el más absoluto y total escepticismo. Lamentamos que se haya llegado a tal situación, pues mientras no se restablezca la confianza es imposible que los pequeños y medianos empresarios del área privada se incorporen al esfuerzo de desarrollo, contribuyendo al progreso de Chile y su pueblo con su trabajo, su experiencia, sus iniciativas, su ahorro y sus inversiones.
Nada más.
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