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- rdf:value = " El señor HAMILTON.-
Deseo ser muy breve en esta oportunidad, pues, tal como lo señaló el Honorable señor Moreno, tendremos ocasión - así lo espero - de discutir más en profundidad los problemas de la aplicación de la reforma agraria en la provincia de Aisén, zona que el Honorable señor Rodríguez conoce muy bien y en la cual se guardan muy gratos recuerdos de su persona, porque fue durante más de ocho años su representante ante el Senado.
No hay contradicción entre las proposiciones que se han hecho por parte de los parlamentarios de mi partido en la Cámara de Diputados y la que he formulado en esta Corporación, con el respaldo de la Democracia Cristiana de Chiloé, Aisén y Magallanes.
Se trata precisamente - y creo que el Honorable señor Rodríguez lo entenderá así - de dar a la Patagonia chilena, por razones de soberanía, de interés nacional, que está comprometido en esa zona, un tratamiento adecuado a la realidad de ella. El señor Senador sabe perfectamente que el equivalente a las 80 hectáreas de riego básicas en la Patagonia chilena no tiene la tercera parte del rendimiento que tiene la mitad de esa cabida en la zona central. Sabe también que esa zona ha sido poblada por chilenos que han llegado del norte del país, por hombres y mujeres que han venido desde Argentina y de otras partes, incentivados a radicarse en ella, y que trabajan en esa tierra en desafío permanente con la naturaleza, que en esa región es extraordinariamente hostil. Sabe el señor Senador que la infraestructura de esa provincia es muy inadecuada. Sabe que sus pobladores viven aislados y tienen dificultades para producir y para sacar sus productos, como también para proveerse de los insumos que necesitan. De modo que no es por razones políticas, ni mucho menos de carácter electoral, pero sí por razones de tipo nacional, que se justifica dar a los colonos que trabajan la tierra en Aisén, y a los pequeños y medianos propietarios, la seguridad de que se respetará la reserva, sin discriminaciones.
En la zona central es posible apreciar si un predio está bien o mal trabajado, y según la conclusión a que se llegue, reconocer o desconocer el derecho a reserva. Pero, ¿en qué forma y a quién se le reconoce tal derecho en la zona patagónica, si se exige que esté bien trabajada la tierra? La verdad es que en esta región el concepto debería ser, como lo dijo ayer, con razón, el Honorable señor Chadwick, de unidad económica productiva, porque resulta que no hay tierra técnicamente bien trabajada. Bastaría sostener que las empastadas deben ser artificiales, para que nadie, o muy pocos, tuvieran derecho a reserva. En este caso, el esfuerzo de generaciones de colonos - inclusive muchas veces desatendidos por las autoridades de la zona central, en circunstancias de que son merecedores del aplauso y el apoyo del resto del país, y hay razones de carácter nacional para así sostenerlo - se verá frustrado.
Por lo tanto, no hay tal contradicción. No se puede enfocar el problema de la reforma agraria en las provincias de Aisén, Chiloé continental, Magallanes y en la Patagonia chilena con criterio estrictamente partidista o electoral, sino en un ámbito nacional. Dentro de ese contexto y en la forma como el problema se ha estado planteando en la Comisión de Agricultura, que preside el Honorable señor Rafael Moreno, creo que el Senado podría tener un debate a fondo sobre la materia, por lo cual confío en que podamos contar con la participación y colaboración de las autoridades de Gobierno. Deploro que no asistieran a la sesión de esta mañana, no obstante haberlos citado con más de diez días de anticipación, los Ministros de Defensa Nacional, de Relaciones y de Agricultura, el Director de Fronteras y Límites ni los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sólo concurrieron en esta oportunidad el Vicepresidente de CORA - único funcionario de Gobierno que estuvo presente -, el Secretario General de la CUT de la provincia de Aisén, don Eduardo Gamboa, y dirigentes de la Central Unica Campesina. Algunas de estas personas han permanecido más de diez días en la capital en espera de que se inicie este debate y de poder ser escuchados por los personeros de Gobierno, para que éstos conozcan el drama que viven los agricultores del Sur. Propuse - y así se acordó en definitiva - suspender la sesión de esta mañana, para reiniciarla una vez que las autoridades de Gobierno concurran a la Comisión, a fin de que sus integrantes podamos contar con los antecedentes que proporcionen las autoridades administrativas.
Por el momento, sólo deseo anticipar un dato. A la primera sesión de la Comisión de Agricultura concurrió el Director de Fronteras y Límites que, según entiendo, es un prestigioso funcionario de carrera. Él nos hizo una exposición mediante la cual aportó antecedentes muy serios, muy valiosos y muy alarmantes sobre lo que está ocurriendo en la provincia de Aisén con motivo de la aplicación de la reforma agraria.
De acuerdo con la ley que creó esa Dirección, a la que todos los parlamentarios concurrieron unánimemente con sus votos, las provincias de Aisén y Magallanes íntegramente, y la zona continental de Chiloé, fueron declaradas zonas de frontera en las que, legalmente, no se puede llevar a cabo ningún programa ni actividad de Gobierno sin visto bueno o aceptación escrita de esa Dirección.
Durante el Gobierno anterior se solicitó y se obtuvo por parte de este organismo la autorización necesaria para realizar el proceso de reforma agraria, de acuerdo con la ley, en el departamento de Aisén. Así, se procedió a expropiar las antiguas estancias pertenecientes a personas jurídicas o empresas llamadas entonces explotadoras, lo que, por lo demás, desde el punto de vista del interés nacional comprometido, tuvo mucho éxito. Sin embargo, nos impusimos, por la versión de ese funcionario de Gobierno, que toda la conflictiva reforma agraria que se ha aplicado en la provincia de Aisén con posterioridad, ha sido ilegal, porque no sólo no se ha obtenido la autorización de la Dirección de Fronteras y Límites, sino que ni siquiera se la ha solicitado.
Nosotros hemos actuado en esto con toda la objetividad con que es posible obrar. La objetividad absoluta seguramente no la logra nadie en sus actuaciones, máxime cuando uno pone pasión y conoce y siente como propia la realidad de que se trata. Por eso, si bien no cabe hablar de objetividad absoluta, sí hemos actuado con mucha responsabilidad, incluso tratando de desprendernos de nuestras investiduras políticas, a fin de proceder fundamentalmente, como representantes de esa zona.
Hace algunas semanas conversamos con el señor Ministro de Defensa, quien, felizmente para estos efectos, se desempeñaba también entonces como subrogante de Relaciones Exteriores. Le entregamos un memorándum con distintos planteamientos relativos a la zona, ya que no está de por medio sólo el problema de la reforma agraria - excúsenme los Honorables colegas que anticipe alguna idea -, que en la región se está llevando a contrapelo, contrariando la voluntad de los aiseninos, sin respeto por los colonos y campesinos, sin consultar la voluntad de nadie y sin respetar la realidad de la provincia, sino que también hay otros problemas muy serios, como el que acaba de producirse a raíz de la devaluación del escudo, que perjudica notablemente a las provincias australes. También está el de la emigración de chilenos hacia la Patagonia argentina, y no sólo en las tasas tradicionales, aunque lamentablemente, de trabajadores de Chiloé que no encuentran en esa isla fuentes de ocupación, por lo que deben buscarlas en la Patagonia argentina, sino que son ahora hasta funcionarios públicos, empresarios chilenos los que se llevan su capacidad y su capital y van a establecerse en el país trasandino. Así, se produce la paradójica situación de que todas las garantías y estatutos de promoción y fomento que, desde la Administración de Ibáñez hasta ahora, se han venido estableciendo y ampliando o consolidando para afianzar estos valores nacionales, para arraigar, para colonizar, están siendo desvirtuados en esta Administración. Mientras tanto, en la vecina República Argentina se observa una acción de gobierno destinada precisamente al arraigo humano en esa zona, a mejorar las condiciones de vida de la población, a aliviar, mediante medidas legislativas y de apoyo de las autoridades, las difíciles condiciones en que allí se vive o se sobrevive. Por ejemplo, acaba de dictarse una ley especial para la zona argentina de Tierra del Fuego que, desde el punto de vista legal, prácticamente es considerada como territorio extranjero, y ahora todos los productos que llegan hasta allá son desgravados de impuestos. No pagarán tributos durante diez años. No opino si esto es bueno, malo o regular. No estoy pidiendo que se implante una medida similar en Chile. Simplemente, con el máximo de responsabilidad posible, con toda la objetividad con que puedo hacerlo, estoy tratando de llamar la atención de las autoridades hacia el tratamiento que se está dando a una zona, a raíz del cual se produce el éxodo de los trabajadores y productores chilenos en proporción considerable hacia la vecina República.
El Director de Fronteras y Límites admitió la gravedad del asunto, al mismo tiempo que reconoció no tener antecedentes -anticipó que los solicitaría para proporcionárnoslos- acerca de la cuantía del éxodo a que me refiero.
Vengo llegando esta mañana de la zona austral. Estuve en Puerto Natales. Incluso, me encontré con muchos ex funcionarios y muchos pobladores y amigos que conocí con motivo de mi trabajo o en las visitas a la zona durante la campaña anterior. Ellos se habían ido a radicar a la República Argentina.
No es éste el momento más adecuado para debatir a fondo el problema. Lo comprendo. Sólo quiero llamar la atención de los señores Senadores hacia la seriedad y la importancia de este asunto. Reitero: confío en que las autoridades de Gobierno tengan la misma o mayor sensibilidad que nosotros para abordar esta situación.
Ahora, refiriéndome concretamente al problema que nos ocupa, debo recordar que en la sesión anterior, cuando empezó a tratarse esta iniciativa, fui bastante claro para exponer la posición de la Democracia Cristiana en cuanto a la aplicación de la reforma agraria en las provincias australes, específicamente en la Patagonia chilena. Tal posición se traduce, primero, en que creemos necesario que se aplique la reforma agraria; segundo, que se reconozca a los colonos, sin discriminación de ninguna especie, el derecho a su reserva; tercero, que se respete y no se toque la reserva de los pequeños y medianos propietarios; y, cuarto, que la tierra sea para los campesinos. Ellos quieren ser propietarios y producir como tales. La producción de los asentamientos y de las pequeñas y medianas propiedades nada tiene que ver con los desastrosos resultados de los CERA. Los siete u ocho asentamientos de la provincia de Magallanes han producido grandes utilidades, aparte que, como le consta al Honorable señor Rodríguez, han cambiado las condiciones de vida de los campesinos, los han promovido humanamente, pues ahora viven en villorrios con sus familias, trabajan más y con alegría, con lo que también producen y ganan más. En cambio, la producción de los CERA es desastrosa. Tienen 55 millones de escudos de pérdida. Existe una desorganización total, reconocida por sus propios dirigentes. No se toman decisiones. Se hacen reuniones para todo. Se vive en un sistema de preguntas y respuestas, pero sin soluciones concretas y efectivas. Nadie trabaja. Ellos mismos piensan que este sistema los conduce al fracaso. Seguramente, alguna experiencia de ello ha recogido el Secretario General del Partido Comunista, que hizo críticas bastante ciertas y, por lo demás, muy duras, a la manera como se está llevando a cabo el proceso de reforma agraria.
Esta es nuestra posición frente al problema que afecta a la zona austral. No hay, entonces, contradicciones en la posición adoptada por la Democracia Cristiana. En efecto la indicación que presenté al proyecto del Honorable señor Foncea, que se encuentra en la Cámara de Diputados, fija en 80 hectáreas de riego básicas la superficie de reserva en las provincias australes. De este modo, consagra en la ley un principio que se establecerá también en la Constitución. Y ello no contradice el apoyo de nuestro partido a la idea de establecer en la Constitución un precepto que declare la inexpropiabilidad de 40 hectáreas de riego básicas, como se consigna en el proyecto de reforma constitucional que pende actualmente de la consideración del Senado.
Por lo tanto, estamos en desacuerdo con esta iniciativa, porque ella, cualesquiera que sean las intenciones de su autor, segundas o terceras, ha nacido con una inspiración determinada. Tal inspiración es la de que la reforma agraria no se aplique y, más que eso, de que se anule o derogue todo lo hecho en la provincia de Aisén.
Cuando ocurrieron los dolorosos sucesos que terminaron con la muerte de un campesino en un criminal enfrentamiento entre los trabajadores de una estancia y los reclutados por la CORA - hecho al que no me referiré en esta oportunidad -, yo estaba en la provincia y establecí contacto con los campesinos que se habían tomado la mayoría de los predios que estaba expropiando la CORA exigiendo que se les entregaran las reservas sobrantes para ellos. También me puse en contacto con los propietarios, con la Central Campesina, con las autoridades e incluso, si bien no conversamos en la zona, hablé con el Ministro de Agricultura, que llegó hasta allá a fin de encontrar una solución.
O sea, la idea de no aplicar la reforma agraria hasta viene a ser una traición a los campesinos, que por las circunstancias especiales que se dan en la provincia de Aisén, están de acuerdo en que se respete a los propietarios, a los colonos, el derecho de reserva de 80 hectáreas básicas; pero, naturalmente, no pueden estar de acuerdo en que no se apliquen la ley de Reforma Agraria, en que se les impida tener acceso a la tierra llegar a ser propietarios de los predios que están trabajando y haciendo producir.
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