-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3123
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp20
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp19
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp16
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp12
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp10
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp21
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp17
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp13
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp11
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp22
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp18
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4-ds6-sp14
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/temporal/1292
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:Participacion
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/temporal/1107
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1617
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2315
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2559
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1178
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/67
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/15
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/38
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1586
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/temporal/1292
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3123
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3728
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3808
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/256
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816/seccion/akn588816-po1-ds4
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588816
- rdf:value = " El señor AYLWIN.-
Con relación a la nota que acabamos de escuchar, me parece una lástima que el señor Ministro no se haya dado el tiempo necesario para venir a explicar personalmente algunos de los planteamientos que en ella hace y a contestar las preguntas que podríamos haberle formulado.
Sin perjuicio de lo que más adelante manifestaré, me interesa destacar que es significativo que el Gobierno reconozca los problemas financieros que afectan a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, pero que, no obstante ello, y a pesar de que hace quince días el Presidente de la República y el Ministro de Economía anunciaron formalmente que en esa semana se solucionaría la situación al dictarse el correspondiente decreto, el problema aún subsiste. Incluso, anteayer, en esta misma Sala, en vista del anuncio del Ministro de Hacienda, señor Millas, de que la situación sería resuelta en los próximos días, el Honorable señor Baltra y el Senador que habla, en nombre de los partidos integrantes de la Confederación Democrática, le representamos nuestra inquietud y le pedimos pronunciamiento sobre cuándo se dictaría la resolución que fije precios razonables a los productos de esa empresa, a fin de impedir que perezca. El señor Millas nos dijo que ocurriría entre ayer y hoy. Quedó en darnos ayer a mediodía, en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, la respuesta sobre el particular. Sin embargo, cuando ayer nuevamente, a la hora señalada, le requerimos una contestación, nos reiteró que el Gobierno tenía la decisión de solucionar el problema, pero que lo haría esa tarde o en la mañana de hoy. Quedó en responder a las cinco de la tarde. A esa hora volvimos a hablar con el señor Ministro, quien contestó al Honorable señor Baltra que sólo en la noche podría estar en situación de dar la respuesta. Con estos antecedentes nosotros esperábamos que el señor Ministro de Economía viniera hoy a esta Sala para concretar en hechos las declaraciones verbales que formula en el oficio que acabamos de escuchar.
Decía que no se trata de un asunto de interés particular relativo a una empresa. En este asunto está comprometida, primero, la subsistencia o definitiva quiebra del régimen de legalidad chileno, ya bastante precario y sobrepasado por la política general del Gobierno. Segundo, hay una amenaza inminente contra las garantías constitucionales de la libertad de trabajo y del derecho de propiedad, mediante el empleo de resortes administrativos, como la fijación de precios u otros que conduzcan a paralizar o a expropiar de hecho empresas mediante su asfixia económica o la imposibilidad de trabajarlas. Tercero, se advierte una inminente amenaza contra la libertad de información escrita mediante el hecho consumado de un monopolio estatal en la producción y distribución del papel para diarios o imprentas. Y cuarto, peligran las garantías de un proceso electoral limpio y democrático, en que la Oposición tenga efectivas e iguales posibilidades de difusión escrita para las elecciones generales de marzo próximo.
Los hechos.
¿Cuáles son los hechos que determinan nuestra preocupación al respecto?
Es evidente que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones es la principal empresa productora y proveedora de papel de diarios en Chile. Produce para el consumo nacional e inclusive exporta. Sin embargo, no constituye un monopolio, porque también producen papel Industrias Forestales y Papelera del Pacífico, ambas hoy día en manos del Estado. Además, produce celulosa la Empresa Celulosa Arauco, que también se encuentra en su totalidad en poder del Estado. Y se está construyendo Celulosa Constitución, en que el Estado es socio mayoritario. En todo caso, lo importante para los efectos que nos preocupan es que la principal proveedora de papel para diarios e imprentas en este país es hoy día la empresa mencionada.
Segunda circunstancia: mientras las alzas de precios de la generalidad de los bienes de consumo durante los nueve primeros meses de 1972, según lo confesó anteayer en esta Sala el señor Ministro de Hacienda, exceden del 80%; mientras las alzas de precios de esos mismos bienes, según la estimación fundada que hizo el Honorable señor Musalem al discutirse el proyecto de ley de reajustes, alcanzan a 160%; mientras al común de las empresas productoras de bienes intermedios se le ha otorgado reajustes que fluctúan este año entre 50% y 100%, al por mayor, y estos reajustes exceden considerablemente ese porcentaje desde que asumió el actual Gobierno hasta la fecha, al papel aunque el señor Ministro de Economía diga lo contrario se le ha concedido un reajuste manifiestamente discriminatorio.
En octubre del año pasado se le otorgó un 22,5%, que sólo alcanzó para compensar la pérdida de varios millones de escudos ya producida en ese momento: Y en agosto del año en curso, mientras el común de los decretos de alzas de bienes intermedios era repito de 50%, 65%, 67%, 80%, 85%, 90% y 100%, se le fijó un reajuste de 19,6%.
No voy a cansar al Senado dando datos técnicos, pero es un hecho que la mayor parte de los bienes que sirven de materia prima a la industria del papel o de los servicios que determinan sus gastos generales o que son necesarios para su funcionamiento, han tenido alzas que significan mayores costos, superiores en promedio al 100%. Por eso, resulta francamente ridículo y manifiestamente extraño que a una empresa productora de esa clase de bienes se le fije un reajuste de sólo 19,6%.
¿Cuál ha sido la consecuencia de ese régimen discriminatorio? Que en el primer semestre de 1972, según balance aprobado y publicado, dicha compañía arrojó pérdidas por 228 millones de escudos, y que una proyección prudente presagia para el segundo semestre pérdidas superiores a 500 millones de escudos.
También es un hecho público y notorio que, por primera vez en su historia, la empresa ha caído en mora en el pago de obligaciones internacionales con el BID que no tienen garantía del Estado. Ello no sólo compromete a la Empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, sino que, indudablemente, el crédito exterior de nuestro país.
Todo esto configura la amenaza inminente de una posible quiebra y de una paralización de la empresa.
Ilegalidades manifiestas.
Frente a tales hechos, ¿cuál es la situación de derecho? El actual Gobierno ha sido maestro en manejar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el abastecimiento y comercialización de bienes y servicios, contenidos fundamentalmente en el decreto 1.379, de 1966, que refundió la legislación vigente sobre costos, precios, comercialización y abastecimiento de esos bienes; en el reglamento del antiguo decreto ley 520, decreto 338, de 1945, y en el Estatuto Orgánico de la antigua Superintendencia de Abastecimientos y Precios hoy Dirección de Industria y Comercio, decreto 1.262, del año 1953.
En conformidad a esos textos, el Gobierno, por intermedio de la Subsecretaría de Economía y Comercio, debe fijar los precios de todos los artículos y bienes de primera necesidad, de acuerdo con las normas generales sobre márgenes de rentabilidad que fije el Ministerio por decreto supremo. La fijación no es arbitraria, pues debe hacerse sobre la base de normas generales, sobre márgenes de rentabilidad. Es decir, se pretende por la ley imponer el principio de la igualdad jurídica, regulando la actividad administrativa por normas de carácter general, a las cuales deben conformarse las resoluciones particulares. Así lo expresa la letra b) del artículo 1º del decreto 1.379, ya citado; y el artículo 20 de este cuerpo legal dice que en la fijación de los precios se atenderá a los costos de producción, gastos inevitables y utilidades legítimas. Es decir, conforme a la ley, expresamente deben ser considerados para la fijación de precios estos tres factores: costos de producción, gastos inevitables y utilidades legítimas.
El decreto 338, de que tanto ha usado y abusado el actual Gobierno para decretar requisiciones ilegales, que la Contraloría reiteradamente ha devuelto como tales, pero que el Gobierno ha impuesto de hecho, en la letra b) del artículo 11 señala que La fijación de precios de los artículos manufacturados declarados de primera necesidad o de uso o consumo habitual se hará consultando también la legítima utilidad del productor, fabricante o importador. Y la ley orgánica de la DIRINCO, en su artículo 48, prescribe que los funcionarios o empleados que, estando encargados del cumplimiento de las disposiciones de esta ley o de las órdenes que en su virtud se le imparta faltaren a sabiendas a los deberes en ella indicados, con perjuicio de las finalidades que la presente ley persigue o con perjuicio injustificado para los particulares, sufrirán las penas que ese precepto señala.
¿Qué pretendo al recordar tales preceptos? Que la fijación de precios, como ya lo dije, no puede ser arbitraria, y que cuando la autoridad no los fija oportunamente, causando con ello daños a particulares o a la colectividad, tal como lo ha representado la Contraloría General de la República en un dictamen emitido a comienzos del presente año, o cuando fija precios arbitrarios que no consideran los costos, o no consignan los márgenes de rentabilidad, que no se sujetan a las normas y principios antes señalados, incurre en manifiesto abuso de poder, en ilegalidad indiscutible.
Es evidente, entonces, que estamos en presencia de una actuación ilegal de las autoridades administrativas del Ministerio de Economía, que dependen directamente del Presidente de la República y que son las encargadas de resolver sobre la materia.
¿Qué se persigue?
Ahora bien, uno tiene derecho a preguntarse qué se persigue con esta actuación ilegal.
Para apreciar el verdadero significado de esas ilegalidades, es preciso evaluar los hechos dentro del contexto que el país está viviendo.
Nadie ignora los anuncios reiterados de los partidos marxistas sobre su propósito de acumular en sus manos la totalidad del Poder. Declaraciones oficiales de sus más altos personeros y reiterados documentos de sus directivas expresan que el Gobierno no basta, pues éste es sólo un medio para la conquista total del Poder.
¿Qué medios se han puesto en práctica para alcanzar este objetivo de conseguir la totalidad del Poder? Aparte el amedrentamiento mediante propaganda, insultos, violencia verbal; aparte la violencia física, que se ha puesto en práctica según leí en la prensa de hoy, un Diputado comunista anunció ayer en la Cámara que en lo sucesivo se haría norma general, hay por lo menos dos medios más, muy conocidos en el país, que se han utilizado para acaparar la totalidad del Poder.
Primero, las estatificaciones de hecho de distintas empresas, por diversos medios ilegales: creación de conflictos para determinar intervenciones o requisiciones, dictación de decretos que han sido reparados por la Contraloría y que culminan con la imposición de facto de un interventor burocrático que maneja la empresa por cuenta o cargo del Estado.
En segundo término, la adquisición y control ilegal de los medios de comunicación de masas. Es público y notorio que los partidos de Gobierno han adquirido una serie de radios, y mientras presionan a otros, se niega avisos a los que no se entregan a la línea oficialista. Por otra parte, se aplican medidas arbitrarias, discriminatorias e injustas, además de ilegales, para silenciar los medios de comunicación que discrepan con el Gobierno.
El caso del diario La Mañana es altamente sintomático. Ese periódico de Talca fue requisado. El decreto de requisición estableció expresamente que el interventor no tendría ninguna facultad respecto de la orientación del matutino. Mediante esa declaración se pretendió dejar a salvo la libertad de opinión, que evidentemente el decreto comprometía. A mi juicio, la Contraloría General de la República cayó en el engaño de dejar pasar tal decreto sobre la base de que el interventor no tendría ninguna ingerencia en la orientación del diario. La Corte Suprema declaró recientemente que esa intervención es ilegal e inconstitucional, lo que es manifiestamente claro a la luz de los preceptos de la Carta Fundamental acerca del régimen de los medios de comunicación de masas, los cuales sólo pueden ser modificados por ley. A pesar de todo esto, el interventor maneja La Mañana como dueño y señor, y ese periódico, que se ha convertido en tribuna exclusiva de partidos de Gobierno, insulta y vocifera en contra de la Oposición.
El señor TEITELBOIM.-
¿Y Tribuna, de Santiago?
El señor HAMILTON.-
Las opiniones de este periódico son de responsabilidad de sus dueños.
El señor AYLWIN.-
Ese diario es manejado por un funcionario de Gobierno nombrado mediante un decreto que establece, Honorable señor Teitelboim, que el interventor no tendrá funciones relativas a su orientación, y debe seguir publicándose en libertad según el criterio de sus empresarios, de sus propietarios y de los periodistas que laboran en él.
Como decía, lo cierto es que en ese diario no existe ninguna posibilidad de hacerse oír, porque ya es del oficialismo. Tanto es así que la semana pasada, cuando se anunció que so había despachado el proyecto que concede fondos para la construcción del Hospital Regional de Niños de Talca, respecto del cual el Senador que habla había buscado un financiamiento adecuado, se publicó la noticia emitiendo siquiera mencionarlo...
El señor TEITELBOIM.-
Omitiendo.
El señor AYLWIN.-
Sí, omitiendo. Su Señoría es campeón en el léxico.
El señor MORENO.-
Pero a veces lo desmiente Pablo Neruda, cuando el señor Senador se equivoca en algunas expresiones.
El señor TEITELBOIM.-
Así es, y a mucho honor.
El señor AYLWIN.-
No deseo distraerme en un diálogo con el Honorable señor Teitelboim, que me aparta de la materia;
Hoy por hoy se está poniendo en práctica un tercer procedimiento para tomar el control total en el ámbito económico: la asfixia económica discriminada de determinadas empresas. Cuando se advierte el tratamiento que el actual Gobierno ha dado, en el curso del presente año, al desbocado proceso inflacionista, y que en lugar de pretender rectificarlo o moderarlo, ha apretado a fondo el acelerador para dispararlo, uno tiene motivos para pensar que se está utilizando la inflación como un instrumento expropiatorio. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de otorgar a los trabajadores reajustes que compensen el alza del costo de la vida; pero cuando tales reajustes ascienden a 80% ó 90% en diez meses, uno tiene derecho a preguntarse cuántos pequeños y medianos agricultores, cuántas empresas productoras o industriales, cuántos comerciantes estarán este mes en condiciones de pagarlos, y cuántos trabajadores se van a encontrar con que la ley es ilusoria para ellos porque no existen los recursos suficientes para cancelar tal compensación. Y, entonces, mediante el crédito estatal y distintos mecanismos administrativos, como la refijación de precios, el Gobierno puede salvar o matar a las empresas que quiera.
La escalada contra la Papelera.
En el caso de la Manufacturera de Papeles y Cartones, ¿qué antecedentes preceden a la realidad actual? Todos sabemos que el Gobierno anunció en noviembre del año pasado, con gran despliegue publicitario, la decisión de adquirirla mediante la apertura de un poder comprador de acciones. Al respecto, cabe destacar que esta Compañía no es de unos pocos grandes accionistas, sino de miles de pequeños y medianos accionistas, en su mayoría gente modesta. No estoy hablando aquí en representación ni en defensa de ningún magnate; pero pienso que hay miles y miles de viudas, de empleados públicos jubilados, de pequeños empresarios, de personas de la clase media chilena, que son dueños de acciones de la empresa.
Pues bien, cuando esos accionistas se negaron a vender tales valores, se inició una gran campaña de difamación publicitaria en su contra, como también contra quienes procuraban crear un poder comprador para defender la subsistencia de la empresa al margen del Estado.
Al mismo tiempo, comenzó una campaña de difamación en contra de los dirigentes sindicales que, en representación de los trabajadores, también se opusieron a la estatificación de la compañía; de los políticos que de un modo u otro expresaron su desacuerdo en la materia, y, para qué decirlo, contra toda la plana mayor de la empresa.
Luego, los Senadores democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba patrocinaron el proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía. Frente a una acusación constitucional formulada contra el Ministro de Economía de la época, señor Vuskovic, la Directiva de la Democracia Cristiana se entrevistó con el Presidente Allende para expresarle que no respaldaría tal acusación si el Gobierno se comprometía, de una vez por todas, a regular por ley las empresas que pasaban al área social, y al área mixta y las que permanecerían en la privada, estableciendo el correspondiente régimen legal sobre la materia. El Primer Mandatario, que contrajo el compromiso de elaborar y enviar el respectivo proyecto de ley en octubre del año pasado, no cumplió. En vista del incumplimiento de la palabra por parte del Presidente de la República, la Democracia Cristiana se vio obligada a presentar el proyecto de reforma constitucional mencionado. Todos sabemos que durante el debate de tal iniciativa, uno de los puntos de discordia fue, precisamente, la situación de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
El señor MONTES.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor AYLWIN.-
Perdóneme, Honorable colega. Cuando finalice el desarrollo de la idea que expongo, le concederé la interrupción.
Todos sabemos que cuando en junio pasado hubo conversaciones entre la Democracia Cristiana y el Gobierno acerca de la posibilidad de lograr un acuerdo sobre los vetos a esa reforma constitucional, el punto de discordia volvió a ser fundamentalmente el caso de la Papelera, que el Gobierno se empeña en estatificar y que el Partido Demócrata Cristiano, como los demás de Oposición, estimamos que no debe ser estatificada, por las implicaciones que ello tiene en el manejo, en la producción y en la distribución del papel de diario y de imprenta, indispensable para el ejercicio de la libertad de opinión.
El señor GUMUCIO.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor AYLWIN.-
He concedido una interrupción al Honorable señor Montes.
El señor GUMUCIO.-
Quiero decir algo muy breve.
"