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- rdf:value = " El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, este veto del Ejecutivo corresponde, a mi juicio, a parte de la estrategia que la Unidad Popular está usando para lo que denomina la conquista total del Poder. Para este efecto, ha utilizado fundamentalmente tres herramientas.
En primer lugar, el amedrentamiento contra las personas, dirigentes o instituciones que se oponen a sus propósitos, que van desde la amenaza, la ofensa y la injuria personal, hasta, en algunas oportunidades, el atentado personal, lo que lamentablemente ha ocurrido a muchos ciudadanos en el país durante esta Administración.
En segundo término, recurre al control de la mayor parte de las empresas productoras de bienes o servicios, al margen o al filo de la ley, por encima o por debajo de la norma legal. Mediante requisiciones, intervenciones o simples tomas, adquiere el control de gran parte de las empresas que llama estatificadas.
Tercera herramienta: la Unidad Popular se vale de la concentración en sus manos, en las del Gobierno, en las de servicios públicos o de gente adicta al Ejecutivo, de los medios de comunicación, como manera de controlar a la ciudadanía, de imponerle sus puntos de vista desde un ángulo absolutamente totalitario.
A este último respecto, es muy clara la situación de los diarios, a los cuales se ha tratado de controlar -hasta ahora, felizmente, en forma infructuosa- por la vía de apoderarse de la Papelera, que es la empresa que produce papel de diario y abastece de él a los órganos que lo precisan.
Sobre el particular, en estos mismos días el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley -lo presenté junto a los señores Senadores del Partido Izquierda Radical- tendiente a reglamentar la garantía constitucional establecida en el Estatuto que votó aquí el señor Allende, que la Unidad Popular aceptó y que fue el precio para alcanzar el Poder. Y este veto no tiene por finalidad reglamentar en forma distinta esa garantía en beneficio de los diarios; es un veto supresivo total, que revela la descarada intención del Gobierno de que el resguardo quede en la teoría, en el papel, sin aplicación práctica.
También hemos analizado aquí el problema de la televisión. Se obliga a los chilenos de provincia -y éste es el alcance del veto anterior- a tragarse la programación concientizadora y poco objetiva del Canal Nacional, que ya no es de todos los chilenos, sino exclusivamente de la Unidad Popular. En seguida, se han apoderado del Canal 9, que, al margen del Rector de la Universidad de Chile, del Consejo Normativo Superior y de la consulta a la comunidad universitaria, maneja un grupo marxista que controlan los partidos de la Unidad Popular y que no responde a la Universidad. Y, por otro lado, se sigue contra el Canal 13 de Televisión una campaña sistemática mediante la cual se intenta desprestigiar al único canal de Santiago abierto a la información objetiva y pluralista.
Finalmente, se trata de controlar a las radioemisoras. ¿Cómo? En forma muy sencilla: aumentando sus costos. En 100% y hasta en 140% han subido las remuneraciones de los trabajadores de las radiodifusoras, rubro que representa 80% de dichos costos. En forma simultánea, se las priva de avisos, de la propaganda, su única fuente de ingresos, hoy día administrada fundamentalmente por el Estado, quien usa este poder en el plano de la difusión para controlar o adquirir radioemisoras, para presionar o asfixiar a las radios independientes.
De esa manera pretende la Unidad Popular concentrar todos los medios de comunicación en una sola mano, para que, si algún día ese control se produjera en términos totalitarios hubiera una sola voz, tal como sucedió en los 16 días de desinformación, de mentira, de campaña del odio que vivió el país a través de la cadena nacional obligatoria inconstitucional e ilegal que, sin necesidad ni justificación, el Gobierno estableció para intentar distorsionar la verdad del conflicto que en esos momentos vivía Chile. Rechazo el veto.
"
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