REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA. Sesión 34ª, en martes 14 de noviembre de 1972. Ordinaria. (De 16.14 a 19.27). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 1290 II.- APERTURA DE LA SESION 1290 III.- TRAMITACION DE ACTAS 1290 IV.- LECTURA DE LA CUENTA ..... 1290 Promulgación de leyes. Requerimiento al Tribunal Constitucional. 1294 Comisión investigadora de los problemas administrativos, asistenciales y gremiales que afectan al área hospitalaria central 1304 Pago de remuneraciones reajustadas a trabajadores que estuvieron en huelga en octubre de 1972. Inclusión en la Convocatoria .. . . 1304 V.- ORDEN DEL DIA: Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre beneficios para obreros de Municipalidad de Maipú (se aprueba) 1304 Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite,, que modifica disposiciones del artículo 10 de la Carta Fundamental (trámite a Comisiones de Legislación y de Agricultura, unidas) 1304 Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social (se despacha) 1306 Observaciones, en primer trámite, al proyecto que modifica el Estatuto de Empleados Municipales de la República y la Ley Orgánica de Municipalidades (queda aplazada la votación) 1311 Observaciones, en primer trámite, al proyecto que establece beneficios para comunas donde existan fuentes de agua mineral (queda pendiente la discusión) 1312 Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea el Escalafón de Técnicos de Telecomunicaciones de Correos y Telégrafos (se despacha) 1315 VI.- TIEMPO DE VOTACIONES: Publicación de discursos 1318 Inserción de documentos 1318 Notas de agradecimiento a representantes de Chile ante la Santa Sede y el Gobierno de Italia y al Presidente del Grupo Interparlamentario Italiano... 1318 VII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 1318 Represalias contra participantes en paro gremial (observaciones del señor Ochagavía) 1322 Anexos. 1.- Proyecto de ley, en quinto trámite, que crea una Corte de Apelaciones en Puerto Montt 1332 2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la Planta de Empleados de la Municipalidad de Viña del Mar... 1332 3.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga una bonificación compensatoria a los reos que laboran en los talleres fiscales dependientes del Departamento Industrial del Servicio de Prisiones 1333 4.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que concede un nuevo plazo de vigencia a la exención del impuesto que grava la armaduría de vehículos motorizados 1333 5.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 16.752, que reorganizó y estructuró la Dirección de Aeronáutica. 1334 6.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que otorga a determinados obreros de la Municipalidad de Maipú los beneficios consignados en la ley Nº 16.415 1338 7.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en la observación al proyecto que prohibe la internación al resto del país de las mercaderías rematadas por el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes 1340 8.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto que faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador la petición de los personales de las instituciones semifiscales de previsión social y otras que indica 1341 9.- Moción del señor Gormaz con la que inicia un proyecto que dispone que los empleadores que indica deberán cancelar reajustadas las remuneraciones de sus dependientes devengadas durante el conflicto gremial que afectó al país en el mes de octubre de 1972 1345 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Aguirre Doolan, Humberto; Aylwin Azócar, Patricio; Baltra Cortés, Alberto; Ballesteros Reyes, Eugenio; Bossay Leiva, Luis; Campusano Chávez, Julieta; Carmena Peralta, Juan de Dios; Contreras Tapia, Víctor; Chadwick Valdés, Tomás; Durán Neumann, Julio; Ferrando Keun, Ricardo; Fuentealba Moena, Renán; García Garzena, Víctor; Gormaz Molina, Raúl; Gumucio Vives, Rafael Agustín; Hamilton Depassier, Juan; Ibáñez Ojeda, Pedro; Irureta Aburto, Narciso; Jerez Horta, Alberto; Juliet Gómez, Raúl; Luengo Escalona, Luis Fernando; Miranda Ramírez, Hugo; Montes Moraga, Jorge; Moreno Rojas, Rafael; Musalem Saffie, José; Noemi Huerta, Alejandro; Ochagavía Valdés, Fernando; Olguin Zapata, Osvaldo; Pablo Elorza, Tomás; Palma Vicuña, Ignacio; Papic Ramos, Luis; Prado Casas, Benjamín; Reyes Vicuña, Tomás; Rodríguez Arenas, Aniceto; Silva Ulloa, Ramón; Tarud Siwady, Rafael; Teitelboim Volosky, Volodia; Valente Rossi, Luis; Valenzuela Sáez, Ricardo, y Von Mühlenbrock Lira, Julio. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 24 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente). En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente). Se da por aprobada el acta de la sesión 32ª, que no ha sido observada. El acta de la sesión 33ª queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación. (Véase el acta aprobada en el Boletín). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor EGAS (Prosecretario). Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Siete de Su Excelencia el Presidente de la República. Con el primero comunica que ha resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos de ley: 1) El que incorpora al régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas al personal de la Corporación de la Reforma Agraria (Cámara de Diputados) ; 2) El que autoriza al Presidente de la República para reorganizar la Empresa de Transportes Colectivos del Estado (Cámara de Diputados) ; 3) El que cambia de nombre a diversas calles de las nuevas poblaciones de la ciudad de Castro (Senado), segundo trámite constitucional, en tabla (aplazada la votación) ; 4) El que concede amnistía a don Luis Segundo Parra Munne (Senado, primer trámite constitucional, pendiente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento), y 5) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional del Café (Senado, segundo trámite constitucional, pendiente en las Comisiones de Economía y Comercio y de Relaciones Exteriores). Se manda archivarlo. Con los dos siguientes, concede el patrocinio constitucional necesario para que se dé trámite a los siguientes proyectos de ley, y los incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria. 1) El que autoriza la importación de diversos elementos donados a la Escuela Agropecuaria Las Mercedes , de Porvenir, y a la Escuela Agrícola Fundación Huidobro , de Catemu (Cámara de Diputados). Se mancha archivarlo. 2) El que beneficia por gracia a doña Laura Guarachi Vidaurre Leal. Se manda agregarlo a sus antecedentes, y el proyecto pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia. Con los dos siguientes, hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley: 1) El que beneficia a los funcionarios del Escalafón Subalterno del Poder Judicial. Se califica de simple la urgencia. 2) El que modifica los artículos 307 y 309 del Código del Trabajo, sobre protección a la maternidad. Se califica de simple la urgencia. Con el sexto, hace presente la urgencia y solicita dar carácter reservado a la tramitación del proyecto que aumenta la Planta del Ejército. Se califica de simple la urgencia; se acuerda dar carácter reservado a la tramitación del proyecto, y el documento se manda agregar a sus antecedentes. Con el último, solicita el acuerdo constitucional necesario para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Chile en Checoslovaquia, al señor Salvador Ocampo Pastene. Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores. Oficios. Nueve de la Honorable Cámara de Diputados. Con el primero, comunica el acuerdo que ha tenido a bien adoptar respecto de la observación formulada por el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Ancud para contratar empréstitos. Se manda comunicarlo a Su Excelencia el Presidente de la República. Con el segundo, comunica que ha tenido a bien insistir en la aprobación de las enmiendas que introdujo al proyecto de ley que crea una Corte de Apelaciones en Puerto Montt y diversos Juzgados de Letras de Mayor Cuantía en los departamentos que indica, y que fueron rechazados por esta Corporación (véase en los Anexos, documento 1). Queda para tabla Con los cinco siguientes, comunica que ha tenido a bien aprobar los proyectos de ley que se indican: 1) El que modifica la Planta de Empleados de la Municipalidad de Viña del Mar (véase en los Anexos, documento 2). Pasa a la Comisión de Gobierno y a la de Hacienda, en su caso. 2) El que otorga una bonificación compensatoria a los reos que laboran en los talleres fiscales dependientes del Departamento Industrial del Servicio de Prisiones (véase en los Anexos, documento 3). 3) El que concede un nuevo plazo de vigencia a la exención del impuesto que grava la armaduría de vehículos motorizados (véase en los Anexos, documento 4). Pasan a la Comisión de Hacienda. 4) El que aumenta la Planta de Oficiales y Empleados del Ejército. Pasa a la Comisión de Defensa Nacional y a la de Hacienda, en su caso. 5) El que modifica la ley Nº 16.752, que reorganizó y estructuró la Dirección de Aeronáutica (véase en los Anexos, documento 5). Pasa a la Comisión de Defensa Nacional. Con los dos últimos, comunica que ha tenido a bien aprobar las enmiendas introducidas por el Senado a los siguientes proyectos de ley: El que deroga la ley Nº 4.791 y deja sin efecto los contratos aprobados por ella y las demás disposiciones de excepción dictadas en favor de la Compañía de Teléfonos de Chile, y El que modifica la ley Nº 15.593, que organizó el Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas. Se manda archivarlos. Trece, de los señores Ministros del Interior, Hacienda y Obras Públicas y Transportes; Contralor General de la República; Tesorero General de la República; Presidente de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública y Secretario General de la Dirección de Correos y Telégrafos, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Baltra (1), Bulnes (2), Carmona (3), Hamilton (4), Lorca (5), Moreno (6), Noemi (7), Papic (8), Silva Ulloa (9) y Valenzuela (10) : 1) Irregularidades que se habrían producido con motivo de la dictación del decreto Nº 921 del año en curso del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 2) Reposición del 30% de asignación de zona en la comuna de San Fabián de Alico; 3) Informe de las obras realizadas en la zona norte del país durante los años 1970, 1971 y 1972, con los recursos provenientes del impuesto que afecta la internación de mantequilla; 4) Inversión efectuada en publicidad para los Bonos de Reconstrucción; Informe sobre la facultad contenida en el artículo 43 del proyecto de reajuste, sobre asignación de zona; Situación funcionaría del señor Tesorero Comunal de Queilén; 5) Reparación pista de aterrizaje de la localidad de Futaleufú; 6) Reparación del camino que une las localidades de Paredones y Santa Cruz; Habilitación del camino que une a las comunas de Marchigüe y Pumanque; 7) Falta de personal en la Oficina de Correos ubicada en El Salado; 8) Dotación de vehículo a la Subcomisaría de Lanco; 9) Informe de las obras realizadas en la zona norte del país durante los años 1970, 1971 y 1972, con los recursos provenientes del impuesto que afecta la internación de mantequilla; 10) Instalación de teléfono público en Lolol, y Dotación de teléfono a la comuna de La Estrella. Quedan a disposición de los señores Senadores. Uno del señor Ministro del Interior, con el que comunica que los antecedentes relacionados con la alteración en la lectura del Boletín Noticioso del Senado transmitido por Canal Nacional de Televisión con fecha 17 de octubre, fueron remitidos al señor Ministro de Educación, para los efectos pertinentes. Dos del señor Contralor General de la República. Con el primero, da cuenta de la tramitación de los Decretos Nºs. 79 y 215, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Con el segundo, remite copia del informe evacuado por el Inspector de Servicio señor Jirón, con motivo de la visita extraordinaria realizada en la Empresa de Comercio Agrícola. Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes. Uno de la Comisión de Gobierno, recaído en la observación del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, formulada al proyecto de ley que prohíbe la internación al resto del país de las mercaderías que sean rematadas por el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes (véase en los Anexos, documento 7). Otro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador la petición de los personales de las Instituciones Semifiscales de Previsión Social y otras que indica (véase en los Anexos, documento 8). Quedan para tabla. Mociones. Uña del Honorable Senador señor Gormaz, con la cual inicia un proyecto de ley que dispone que los empleadores que indica deberán cancelar reajustadas las remuneraciones de sus dependientes devengadas durante el conflicto gremial que afectó al país en el mes de octubre de 1972 (véase en los Anexos, documento 9). Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Indicaciones. Una del señor Presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos, con la cual solicita el asentimiento del Senado para autorizar a dicha Comisión, así como a las Subcomisiones Mixtas, para sesionar a la misma hora en que lo haga la Sala de esta Corporación, durante el presente año. Se accede. Otra del Honorable Senador señor Hamilton, con la que solicita que el Senado formule requerimiento ante el Tribunal Constitucional a fin de que disponga la promulgación de los proyectos de ley que indica, todo ello en conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 78 b) de la Constitución Política del Estado. El señor PALMA (Presidente).Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación formulada por el Honorable señor Hamilton. El señor MONTES.- No hay acuerdo. El señor PALMA (Presidente).- Queda pendiente la resolución de este asunto. Permiso Constitucional. El señor EGAS (Prosecretario). El Honorable Senador señor Corvalán solicita el permiso constitucional necesario para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 10 de noviembre del presente año. Se accede. Comunicación. La Comisión de Salud Pública de esta Corporación acordó, con fecha 7 de noviembre del presente año, recabar el asentimiento del Senado para requerir de la Honorable Cámara de Diputados la formación de una Comisión Investigadora de los problemas administrativos, asistenciales y gremiales que afectan al Área Hospitalaria Central. El señor PALMA (Presidente).Si le parece a la Sala, se requerirá de la Cámara la formación de la Comisión Investigadora mencionada. El señor MONTES.- No, señor Presidente. No conocemos el problema. PROMULGACION DE LEYES. REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. El señor PALMA (Presidente).- En votación la solicitud del Honorable señor Hamilton para que el Senado formule un requerimiento al Tribunal Constitucional. La señora CAMPUSANO.- ¿Este asunto no queda para el Tiempo de Votaciones? El señor GUMUCIO.- ¿Por qué se vota esto ahora, señor Presidente? La señora CAMPUSANO.- ¿De acuerdo con qué artículo del Reglamento se somete a votación esta materia? El señor HAMILTON.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Senador señor Hamilton pueda explicar los objetivos de su solicitud. La señora CAMPUSANO. Quisiera hacer una consulta a la Mesa. El señor PALMA (Presidente). Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda usar de la palabra la Honorable señora Campusano. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. La señora CAMPUSANO.- Quisiera que se me informara por qué el señor Presidente pone de inmediato en votación esta solicitud y no queda ella para el Tiempo de Votaciones.- ¿En qué artículo del Reglamento se basa el señor Presidente para proceder en esta forma? El señor PALMA (Presidente).- Los asuntos de la Cuenta deben resolverse sobre la marcha, señora Senadora. La señora CAMPUSANO.- No, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Le daré los antecedentes del caso, señora Senadora. La señora CAMPUSANO.- Muy bien. El señor HAMILTON.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente). Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Hamilton. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor HAMILTON. Señor Presidente, de acuerdo con el ordenamiento que establece nuestra Carta Fundamental, los proyectos de ley, cualquiera que sea su origen moción de los parlamentarios o mensajes del Ejecutivo, tienen una tramitación, a cuyo término deben promulgarse si se aprueban con arreglo a aquélla. Sucede que, desde hace algún tiempo a esta parte, las iniciativas legales que en conformidad a la Constitución Política se encuentran en estado de promulgación, no» se promulgan, no aparecen publicadas como leyes en el Diario Oficial, y en consecuencia toda la acción legislativa queda pendiente por negligencia funcionaría o por desinterés del Gobierno en promulgarlas, no obstante corresponder hacerlo sea porque el veto se ha acogido, sea porque éste se ha rechazado y el Congreso ha insistido, sea porque no ha habido veto. Y en todos estos casos han transcurrido los plazos legales. Me he permitido durante varias semanas, desempeñando un papel que me parece que no corresponde a un Senador ni a ningún parlamentario, corretear por las oficinas públicas tras la publicación de los decretos correspondientes a las promulgaciones de leyes que se hallan en estado de cumplir este trámite. Me he encontrado algunas veces con qué proyectos aprobados por ambas ramas del Congreso y no vetados por el Gobierno, o de los que se ha rechazado el veto y en que han insistido ambas ramas del Parlamento, se han olvidado o traspapelado, como si se tratara de un billete de carro ya usado. Tengo a mano algunos certificados emanados del señor Secretario de esta Corporación que se refieren a los siguientes proyectos de ley para muestra, he traído sólo ocho, cuyos plazos de promulgación están vencidos. En primer lugar, un proyecto del propio señor Presidente del Senado que autoriza a la Sociedad Hipódromo Chile, Club Hípico de Santiago y Sporting Club de Viña del Mar para realizar carreras extraordinarias en beneficio de la Sociedad Chilena de Cancerología. Luego, un proyecto originado en moción del Honorable señor Foncea, que dispone que el Servicio Nacional de Salud entregará a la Séptima Zona de ese organismo determinada suma para distribuirla entre las instituciones que forman la Agrupación Rehabilitadora de Alcohólicos de Curicó. En seguida, un proyecto iniciado en moción del Senador que habla, mediante el cual se autoriza a la Corporación de la Vivienda para construir muros cortafuego destinados a separar las viviendas de la población FitzRoy, de Punta Arenas, y de otras de la provincia de Magallanes. A continuación, el que tiene origen en moción del Honorable señor Pablo, que establece la reajustabilidad de determinadas pensiones alimenticias. Después, otro proyecto, iniciado en moción mía, que declara que la asignación de zona a que se refiere al artículo 86 del D. F. L. 336, de 1960, constituye un derecho para todos los trabajadores de la Administración Pública. Sobre el particular, pese a que aceptamos el veto del Gobierno, ha transcurrido el plazo constitucional y la ley no se ha promulgado. Luego, una iniciativa, de la cual también soy autor, que dispone que la Dirección de Equipamiento Comunitario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo otorgará un préstamo suplementario a la Municipalidad de Coihaique para terminar la construcción del Teatro Municipal, y establece las normas conforme a las cuales deberán devolverse éste y otros préstamos destinados al financiamiento de esa obra. Han transcurrido más de 60 días desde que venció el plazo constitucional para que Su Excelencia el Presidente de la República promulgara esa iniciativa como ley de la República, y han debido entregarse por segunda vez copias autorizadas de las disposiciones legales pertinentes, ¡porque en el Ministerio de la Vivienda se había traspapelado un proyecto de ley! En seguida, otra iniciativa del Senador que habla en virtud de la cual se dispone que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá otorgar, en determinados casos, viviendas a los actuales ocupantes de terrenos fiscales ubicados en el sector Playa Norte, en la ciudad de Punta Arenas. Se comunicó al Presidente de la República el 8 de septiembre de 1972, y no se ha vetado ni promulgado. Finalmente, otra iniciativa del Senador que habla, que dispone que la Junta de Aeronáutica Civil otorgará permisos de tráfico regular para operar entre Santiago y las provincias de Aisén y Magallanes a determinadas líneas aéreas comerciales, y consagra otras disposiciones relacionadas con lo que se ha dado en llamar política de cielos abiertos Sobre el particular, el Gobierno formuló un veto fuera de plazo; recurrió al Tribunal Constitucional, y éste por unanimidad rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad que formuló el Ejecutivo. Han transcurrido y vencido todos los plazos constitucionales, sin que el señor Presidente de la República se digne promulgar como ley ese proyecto. Ignoro si es por negligencia, por mala voluntad o por otra razón. Pero las leyes y el trabajo parlamentario no están destinados a terminar perdidos o traspapelados en los cajones o en los escritorios de los funcionarios, sino a servir de leyes de la República que obligan por igual a gobernantes y gobernados. Felizmente, la letra e) del artículo 78 b) de la Constitución Política faculta al Tribunal Constitucional para resolver los reclamos que formule cualquiera de las ramas del Congreso Nacional porque el Presidente de la República no promulga una ley cuando debe hacerlo. Espero que, mediante la presentación que propongo, dichos proyectos se promulguen como leyes. Y ojalá en lo futuro, sea en Virtud de la aprobación de ella por el Congreso o de la resolución del Tribunal Constitucional en cuanto a la promulgación de las leyes respectivas, ni el Gobierno de la mal llamada Unidad Popular que ha incurrido en esta negligencia, que constituye una verdadera práctica o conducta sistemática jamás aplicada en Administración alguna antes de que la Constitución estableciera el mecanismo que permite a cualquier rama del Congreso exigir el cumplimiento de la norma constitucional pertinente y obligar, a través del Tribunal Constitucional, a promulgar las leyes de la República, que se dice respetuoso de la Carta Fundamental y de la ley, ni Senador alguno del oficialismo estén dispuestos a impedir que el Senado, en el legítimo ejercicio de un derecho consagrado en aquélla, pida algo tan sencillo: que los proyectos observados por el Presidente de la República y cuyo veto el Congreso aprobó; o los proyectos no vetados, o los que lo fueron y cuyo veto se rechazó, insistiendo el Parlamento por los dos tercios o sea, con la participación de Sus Señorías en su criterio primitivo, se promulguen como leyes de la República una vez terminada su tramitación y vencidos los plazos constitucionales respectivos. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Montes pueda referirse a la misma materia. Acordado. El señor MONTES.- Me parece que si hay casos concretos como los que acaba de señalar con tanto ímpetu el Senador señor Hamilton personalmente, alguna duda me merecen; pero creo que si el señor Secretario la ha dado, la información es efectiva, lo procedente es, por ejemplo, preguntar a la Secretaría General de Gobierno por qué no se han promulgado esas leyes. Ahora bien, si desde el punto de vista constitucional, una vez transcurrido cierto plazo tales iniciativas deben convertirse en leyes y lo que falta es el trámite administrativo de publicarlas en el Diario Oficial, no veo muy claro por qué pudo producirse una situación semejante. Por lo tanto, pienso que en este instante el camino indicado es el de hacer el requerimiento a dicha Secretaría de Estado. Creo que obtendríamos una respuesta satisfactoria. Como no deseo referirme a los conceptos peyorativos, en cierto modo torpes, etcétera, que hemos escuchado a lo largo de la exposición del Senador señor Hamilton, me limito a formular proposición en tal sentido. El señor PALMA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Ibáñez pueda usar de la palabra sobre la materia en debate. Acordado. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, estimo que la información que nos ha dado el señor Hamilton representa una de las actuaciones más insólitas e inaceptables de parte del Ejecutivo. No creo que en esto haya negligencia. Muy grande es el desorden del Gobierno; pero también es muy grande y muy notorio su propósito de desconocer en forma deliberada y sistemática las atribuciones del Congreso. No creo que proceda, como lo propuso el señor Montes, que pidamos al Ministro Secretario General de Gobierno que tenga la amabilidad de hacer promulgar las leyes. Es obligación constitucional del Presidente de la República promulgar las leyes que aprueba el Congreso. Y creo que, si no lo hace, debemos recurrir al Tribunal Constitucional y exigir esa promulgación, por acuerdo de ese organismo, para que en cierto sentido haya una acción punitiva en contra del Gobierno, que una vez más desconoce las leyes y las atropella. En consecuencia, quiero formular dos proposiciones específicas: primero, respaldamos la petición de oficiar al Tribunal Constitucional requiriéndole ordenar la promulgación de las leyes que el Primer Mandatario ha dejado sin promulgar; y segundo, que la Secretaría del Senado lleve un registro cuidadoso de todos los proyectos que despache el Congreso y de los plazos constitucionales dentro de los que deben promulgarse como leyes, a fin de que, si no se cumple este trámite, no dejemos transcurrir sesenta días después de vencidos aquéllos para hacer la reclamación, sino que al día siguiente de vencido el plazo en que debía promulgarse la ley, requiramos al Tribunal Constitucional que ordene su publicación y, por ende, su promulgación. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede usar de la palabra el Honorable señor Montes, sobre el mismo tema. El señor MONTES.- En verdad, señor Presidente, ya expresé lo que quería decir, y formulé una proposición. En todo caso, agradezco mucho su deferencia. El señor PALMA (Presidente).- Me pareció que Su Señoría pedía la palabra. El señor MONTES.- No, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- La Mesa entiende que la proposición del Honorable señor Hamilton está incluida en los aspectos de la Cuenta que figuran en los artículos 65 y 66 del Reglamento. En este último se establece que El Presidente dará, en el mismo acto de la cuenta, la tramitación que corresponda a estos negocios; pero si algún Comité pide que sobre el trámite dispuesto se tome el parecer de la Sala, así se hará y ésta resolverá sin discusión. El Comité Demócrata Cristiano ha pedido tal resolución de la Sala. El señor IBAÑEZ.- La pide también el Comité Nacional. El señor PALMA (Presidente).- En votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se accede o no a que el Senado requiera del Tribunal Constitucional la promulgación de las leyes a que hizo referencia el Honorable señor Hamilton? El señor CHADWICK.- Estamos de acuerdo. El señor GUMUCIO.- Estamos de acuerdo. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogerá la presentación. El señor MONTES.- No. El señor PALMA (Presidente).- En votación. Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Gumucio funde su voto de inmediato. Acordado. (Durante la votación). El señor GUMUCIO.- No sé si habrá Senadores de la minoría que desean la votación. La verdad es que el señor Hamilton hizo una mención detallada de proyectos cuyo plazo de promulgación estaría vencido. Y basta que el ministro de fe, el Secretario del Senado, haya dicho que ello es así, para que no discutamos la cuestión de fondo. El señor Montes sugirió un camino con el que todos nosotros estábamos de acuerdo, porque era un trámite mucho más factible, dado el carácter de dichos proyectos, que demuestra que el hecho de no haberse promulgado no obedece a razones políticas, sino que puede deberse a negligencia. Si no se desea enviar esa nota al Ministro Secretario General de Gobierno, puede ella dirigirse al Ministro del Interior. En esto, estamos de acuerdo. Pero llevarnos hacia una finalidad política por ejemplo, la que ya insinuó el señor Ibáñez, quien desea que haya antecedentes para demostrar que el Primer Mandatario viola la Constitución implica buscar procedimientos distintos del planteado por el señor Hamilton, quien sólo persigue obtener que se promulguen como leyes determinados proyectos. Ignoro si se insiste en formular el requerimiento al Tribunal Constitucional, o si el señor Hamilton estaría dispuesto a aceptar el otro camino, con el que estamos de acuerdo. El señor PALMA (Presidente).- ¿Cómo vota, señor Senador? El señor GUMUCIO.- Pedí la palabra antes de la votación, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- No, señor Senador. Estamos en votación. ¿Cómo vota Su Señoría? El señor GUMUCIO.- Voy a fundar el voto. El señor PALMA (Presidente).- Ya lo ha estado fundando Su Señoría. El señor GUMUCIO.- No, señor Presidente. No me cabe duda de que el Tribunal Constitucional tiene facultad para ordenar la promulgación de una ley. Si un señor Senador o un Comité solicitan formular a ese organismo un requerimiento en tal sentido, no puedo menos que votar afirmativamente. El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero insistir en que, de acuerdo con la cuestión planteada por el señor Hamilton, no corresponde que el Senado requiera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por la simple razón de que no existe una negativa por parte del Ejecutivo, no se ha creado conflicto en torno del problema señalado por dicho Senador. Probablemente ha ocurrido lo que él manifestó: un traspapelamiento o cierta negligencia, como a veces ocurre en estos casos. Como no conozco la cuestión en forma concreta, no puedo pronunciarme al respecto. La verdad es que hay disposiciones legales que debieron haberse promulgado. Ahora, yo no sé si en el Diario Oficial se desempeñan algunos de esos funcionarios que participaron en el paro propiciado por sectores de la Derecha. Si es así, es probable que no hayan trabajado. Podría haber ocurrido. Para mí la solución es mucho más simple: requerir de los Ministerios respectivos, del Gobierno o del Secretario General de éste, como ya lo dije, la promulgación de las leyes a que se ha hecho referencia. Porque repito recurrir al Tribunal Constitucional, a mi juicio significa reconocer la posibilidad de que el Ejecutivo se haya negado a promulgar tal o cual texto legal. Y esta situación de hecho no existe. Por consiguiente, en mi opinión, está absolutamente fuera de lugar, no corresponde crear una situación de esta naturaleza, es decir, que un Tribunal que inviste la categoría del Constitucional se pronuncie respecto de un problema que es de mero trámite administrativo. Por lo tanto, insisto en que lo mejor sería requerir de las autoridades gubernamentales respectivas la promulgación de las leyes a que se refirió el Senador señor Hamilton. Si se revisa cada uno de los textos legales citados por dicho señor Senador, se tiene que llegar a la conclusión de que ninguno de ellos crea problema político ni implica una circunstancia conflictiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y aun cuando efectivamente en la norma consignada en la letra e) del artículo 78 de la Carta Fundamental se dice que el Congreso Nacional podrá recurrir al Tribunal Constitucional para la promulgación de leyes, yo entiendo que tal requerimiento debe hacerse sobre la base de que exista resistencia por parte de uno de los Poderes del Estado en el caso presente del Ejecutivo para promulgar determinada ley. De la relación que ha leído el señor Hamilton, se desprende que, por lo menos respecto de uno de esos proyectos, el Congreso aprobó el veto del Ejecutivo. Es decir que a éste incluso le interesa promulgar la ley respectiva. Si no lo ha hecho, ¿quiere ello decir que el Ejecutivo no quiere promulgarla? Pueden otros factores haberlo impedido, tal vez negligencia, u otros. En todo caso, enviar al Tribunal Constitucional una cuestión semejante me parece que está fuera de lugar, fuera de foco, y que se pretende hacer una tempestad en un vaso de agua. Me opongo, pues, a tal proposición. Pienso que en lugar de llegar a esos extremos, es preferible el requerimiento simple, telefónico, por así decirlo, al Secretario General de Gobierno, para resolver el problema. Esa es la cuestión planteada, y por eso voto que no. El señor BALLESTEROS.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, realmente extrañan las palabras que acaba de pronunciar el Senador señor Montes al fundar su voto, pues él cree que hacer uso precisamente del expediente o mecanismo que la Constitución Política franquea en forma expresa para estos casos no constituye el camino adecuado. El artículo 55 de la Carta Fundamental impone al Primer Mandatario la obligación de promulgar, dentro de cierto plazo, las leyes que el Congreso haya despachado integralmente. No obstante, de acuerdo con la relación hecha por el señor Hamilton, los parlamentarios nos encontramos ahora en presencia de por lo menos ocho casos frente a los cuales el Jefe del Estado no ha sido diligente siquiera en el cumplimiento de esa obligación. El Senador señor Hamilton, de acuerdo con la atribución consignada en la letra e) del artículo 78 de nuestra Constitución, ha solicitado que resuelva previamente esta Corporación, a fin de que, a su vez el Tribunal Constitucional ordene en su fallo promulgar esas leyes. Yo creo que a nadie puede sorprender tampoco emana una conclusión distinta de la propia petición que sea el Tribunal Constitucional quien, en uso de sus prerrogativas, ordene promulgar la ley. Sorprende, en cambio, que Senadores de Gobierno se opongan a este procedimiento, como ocurre con el señor Montes, en circunstancias de que aquél en múltiples oportunidades ha recurrido al tribunal mencionado para denunciar infracciones o supuestas infracciones en que habría incurrido el Congreso en la tramitación de las leyes. Y menos cabe sorprenderse de tal expediente, cuando algunos Senadores de Gobierno entre ellos el señor Gumucio, de cuya opinión, respetable, nos felicitamos han expresado que ése es el camino adecuado, sino simplemente acceder a la petición. Lo único que deploramos es que no sea unánime la resolución del Senado. El señor AYLWIN.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor AYLWIN.- Señor Presidente, aparte las razones que hemos escuchado al Honorable señor Ballesteros, quiero hacer presente algo más. Se dice que se podría enviar un oficio al Secretario General de Gobierno o al Ministro del Interior; pero se olvida que el oficio se envió. Se comunicó al Presidente de la República nada menos que al señor Presidente de la República que el Congreso había despachado las iniciativas legales a que aquí se ha hecho referencia. Nunca, que yo recuerde o tenga noticia, había ocurrido esto de que, comunicado por el Parlamento el despacho de un proyecto de ley, el Gobierno no lo promulgara. El Honorable señor Montes sostiene, que no es concebible que el Gobierno no quiera promulgar una ley y que lo ocurrido ahora sería un simple descuido, un traspapeleo. Ello sería explicable si se tratara de uno o dos proyectos; pero cuando sucede en forma sistemática, respecto de ocho iniciativas, en un lapso corto, se ve a las claras que mientras el Presidente de la República supongo que la culpa no se puede atribuir al Jefe del Estado ; es una característica del régimen jura y reitera su compromiso de respetar la Constitución y la ley, hay quienes en el Gobierno consideran que cumplir las leyes constituye un estorbo para la revolución, que ésta se ve entrabada por la legalidad burguesa. Y entonces no es que.. . El señor MONTES.- El Senado no siempre ha cumplido en los plazos constitucionales. El señor AYLWIN.- Estoy fundando mi voto, señor Senador. En todo caso, esa afirmación no es efectiva. El señor MONTES.- ¡Cómo que no! El señor AYLWIN.- Cuando el Senado se ha encontrado frente a urgencias cuyos plazos estaban vencidos, con el asentimiento de todos los sectores ha acordado la prórroga de los mismos. El señor MONTES.- Ese es el trámite que corresponde, señor Senador. El señor AYLWIN.- Se ha prorrogado el plazo sin necesidad de votar. Y si frente a algún caso no se accedió a dicha prórroga, se votó, se citó a la Corporación y se celebró sesión hasta que se estimó necesario para despachar la ley, porque los plazos que fija la Carta Fundamental deben cumplirse. La Constitución es clara: fija plazos perentorios. Esto fue agregado en la reforma constitucional para llenar un vacío: se estableció que si los plazos vencen, el Congreso puede reclamar al Tribunal Constitucional y éste, ordenar la promulgación de la ley. Ese es el derecho que está reclamando el Honorable señor Hamilton, y me parece que es el que debe ejercerse en este caso. Voto que sí. El señor PABLO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor PABLO.- Señor Presidente, quiero advertir que los casos señalados por el señor Hamilton no son los únicos. Personalmente me he preocupado de la promulgación de otra ley despachada por el Parlamento y que fue comunicada al Presidente de la República hace ya más de veinte días. A pesar de que, de acuerdo con la Constitución, la promulgación de la ley debe hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contado desde que sea procedente, aún no se ha cumplido dicho trámite en el caso que me preocupa. Se trata, concretamente, del proyecto de ley relacionado con la construcción del Estadio Naval en Talcahuano. Sobre el particular, quiero decir que he estado haciendo las gestiones pertinentes para que, a la buena, se cumpla el trámite normal de publicar esa ley. Pero si no se publica en el curso de la presente semana, tengo la intención de plantear aquí el asunto en la próxima. No seguiré llamando por teléfono, ni conversando, ni pidiendo por favor que se haga la publicación. Lo advierto, porque puede ocurrir que la próxima semana yo formule una petición semejante a la que estamos votando. Voto que sí. El señor GARCIA.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor GARCIA.- Señor Presidente, nosotros votamos afirmativamente la proposición formulada. Yo, por lo menos, no tengo recuerdo alguno de que en la historia constitucional de Chile... El señor GUMUCIO.- Durante el Gobierno del señor Juan Antonio Ríos se promulgó en forma parcial una ley. El señor GARCIA.- El Honorable señor Gumucio cita el caso de la promulgación parcial de una ley bajo la Administración del señor Ríos. Cabe hacer notar que ha sido preciso remontarse unos treinta años para encontrar un solo caso que sirva de ejemplo. Pero lo que ocurre ahora reviste gravedad: no promulgar las leyes que no convienen o no gustan al Gobierno se ha convertido en sistema. Se hace tabla rasa del Parlamento, y no sólo en este aspecto sino en otros. De ahí que seamos partidarios de aprobar la proposición del Honorable señor Hamilton y, además, de enviar cuanto antes el oficio. En cuando a la explicación o excusa dada por el Honorable señor Montes, en el sentido de que tal vez los empleados del Diario Oficial adhirieron al paro, debo decir que ello no fue así porque esa publicación salió todos los días mientras duró dicho movimiento huelguístico. Ahora, si se quiere entrar en el terreno de las suposiciones, ¿no sería posible que el Presidente de la República, en lo íntimo de su fuero interno, también se hubiera plegado al paro y por esto no firmara? Quizás allí resida la respuesta al problema planteado, y tal vez ésta sea también la razón que permitió al Primer Mandatario cambiar tranquilamente el Gabinete. ¡Eran más las personas adheridas a la huelga de brazos caídos...! Voto que sí. El señor IBAÑEZ.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, creo que esta votación no es en absoluto inoficiosa, porque está poniendo de manifiesto que algunos miembros de esta Corporación, ante un contravención tan flagrante y tan manifiesta como la del Presidente de la República, que ha dejado de promulgar ocho leyes, pretenden que nosotros le pidamos que haga el favor de cumplir ese deber. Me parece que tal actitud debe terminar de manera definitiva. Un Poder del Estado no tiene por qué pedir favores a nadie. Nosotros tenemos que hacer cumplir las leyes y sancionar a quienes no las cumplan. En el caso que nos ocupa, tenemos que recurrir al Tribunal Constitucional para que ordene la publicación de las leyes y demuestre al país que el Ejecutivo lleva su soltura de cuerpo por decir lo menos, su absoluta desconsideración y su afán deliberado de supeditar al Congreso y a quienes son portavoces de la opinión mayoritaria de Chile, al extremo de dejar sin promulgar las leyes que aprueba el Parlamento. Por lo tanto, creemos que debe hacerse este requerimiento para que sea el mencionado tribunal quien, corrigiendo la actitud insólita e inaceptable del Gobierno, ordene la promulgación de las leyes que éste ha dejado sin promulgar. El señor CHADWICK.- No cabe duda de que, según lo dispuesto en la letra e) del artículo 78 b) de la Constitución Política, corresponde a cualquiera de las dos Cámaras no al Congreso, como aquí se ha dicho recurrir al Tribunal Constitucional para que éste obligue al Presidente de la República a promulgar las leyes cuando ha pasado el plazo de diez días señalado en el artículo ¡55 de la Carta Fundamental sin que se haya cumplido ese trámite. Si la disposición constitucional es tan clara, resulta de toda evidencia que nadie puede suponer propósitos velados de parte del Presidente de la República... El señor IBAÑEZ.- Pero tenemos que suponerlos. El señor CHADWICK.- Perdón, señor Senador. Estoy fundando mi voto. Puesto que se trata de ejercitar un derecho que la Constitución sanciona, votaré favorablemente la petición. Pero, al mismo tiempo, protesto de la suposición de intenciones que aquí se ha hecho, la que, según entiendo, prohíbe nuestro Reglamento. Por lo tanto, llamo la atención a la Mesa, en los términos más cordiales, para que no sigamos por este camino antirreglamentario. En conformidad a la disposición constitucional, voto por la afirmativa. El señor HAMILTON.- Quisiera agregar una explicación más al Senado. Me parece que, en realidad, estamos exagerando un poquito el tono de esta discusión. No estoy suponiendo en el Presidente de la República la intención deliberada de violar abiertamente la Constitución, de oponerse a la promulgación de leyes despachadas por el Congreso; en algunos casos, de proyectos que no ha vetado oportunamente o cuyas observaciones han sido rechazadas, reponiéndose el criterio del Congreso, o lisa y llanamente aprobadas, como ha ocurrido en otros. Yo estoy apuntando a otra situación: al incumplimiento de una obligación legal, que va mucho más allá de lo medianamente aceptable. Deseo agregar un antecedente de hecho. He estado preocupado personalmente papel que probablemente no corresponde a un parlamentario, pero que asumí en el ánimo de que se promulgue la ley y de que los beneficiarios puedan ejercitar los derechos correspondientes de que se dicten los decretos promulgatorios de por lo menos seis de los ocho proyectos a que hice referencia, de los cuales soy autor. Pues bien, me he encontrado lo digo con absoluta sinceridad con una situación que no me parece que haya existido antes. Ya no se trata de un problema de cumplimiento o incumplimiento de la Constitución por parte de Su Excelencia el Presidente de la República, sino de una cuestión de falta de respeto o desinterés absoluto por lo que es la formación de la ley. Puedo citar un caso concreto, del que no daré mayores detalles, pues no deseo envolver en este asunto a nadie en particular. Se trata de un proyecto de ley que se despachó en el Congreso hace más de 90 días sin que hasta el momento se haya promulgado o vetado. A lo mejor soy beneficiario de esta negligencia, ya que tal vez a ella se deba que las observaciones no llegaran oportunamente. Pero lo cierto es que han transcurrido tres meses y todavía la ley no se promulga. Incluso, hemos debido obtener de la Secretaría de la Corporación que, por segunda vez, certifique cuál era el texto de la iniciativa aprobada, porque el original, como si se tratara de un boleto de carro o de un número añejo de la Lotería, se perdió en las oficinas del Ministerio respectivo. Por otra parte, pienso que el destino de mi presentación no es el fallo del Tribunal Constitucional, que, como aquí lo han reconocido con mucha hidalguía, que valorizo, algunos Senadores de Gobierno, tendrá que acoger la reclamación del Senado. Creo que antes de dictarse la sentencia, el Gobierno habrá promulgado todas estas leyes. Y quisiera ir más lejos a lo mejor soy demasiado ambicioso: esperar que en la respectiva Secretaría de Estado o en la Oficina Coordinadora de la Presidencia de la República exista en el futuro mayor respeto por los plazos constitucionales, de modo que, en adelante, a raíz de lo que suceda en este caso concreto que denuncio, no debamos molestar al Senado ni al Tribunal Constitucional por una cosa tan simple como es la promulgación de un texto legal que, de acuerdo con los preceptos constitucionales, está en situación de pasar a ser ley de la República. El señor JULIET.- No quiero entrar al análisis de ninguna de las críticas que, de parte de la Oposición o del Gobierno, se han formulado en este aspecto. A nosotros nos corresponde aplicar la ley y la Constitución. El Honorable señor Gumucio hizo presente y ello es efectivo que en una oportunidad se promulgó parcialmente una ley y que en otra, lisa y llanamente, no se promulgó una iniciativa despachada por el Congreso. Pero precisamente para superar estos problemas se dictó la reforma constitucional que establece, en el artículo 78 b), la atribución del Tribunal Constitucional de ordenar la promulgación de una disposición legal, acogiendo la reclamación que en este sentido se le formule. En consecuencia, cualquier persona entendiendo por tal en este caso al Senado puede solicitar a dicho tribunal que ordene la promulgación de una ley cuando han transcurrido los 10 días a que se refiere el artículo 65 sin que el Presidente de la República haya cumplido con este trámite de la formación de la ley. Por lo tanto, toda esta discusión, en que se ha dicho que se han supuesto intenciones al Presidente de la República, que el proyecto de ley se traspapeló ; en que se ha recordado un caso en que no se promulgó una iniciativa de ley y otro en que se promulgó parcialmente, no viene al caso. Se trata, simplemente, de una petición, del ejercicio de un derecho que tienen el Senado y la Cámara para solicitar al Tribunal Constitucional que ordene la promulgación de una ley cuando no lo ha hecho oportunamente el Presidente de la República. Ninguna otra intención puede atribuirse a quien sanamente pide que se promulguen determinados proyectos de ley, como en este caso. Los Senadores de la Izquierda Radical votamos afirmativamente esta petición, ateniéndonos al texto constitucional y al espíritu de la reforma que inspiró el actual artículo 78 b). El señor JEREZ. No cabe duda de que, desde el punto de vista legal y reglamentario, la presentación del Senador señor Hamilton es absolutamente razonable. Pero observo una diferencia entre los planteamientos hechos por los señores Hamilton y Juliet, y los que hemos escuchado a los Senadores señores Ibáñez y García. Frente a esto quisiera decir que estoy en un dilema, porque, encontrando razonable, como he dicho, lo planteado por aquellos señores Senadores, no me parece correcto, tal como lo señaló el Senador señor Chadwick, tratar de aprovechar políticamente esta situación, de la cual, estoy completamente seguro, el Presidente de la República está absolutamente al margen. Habría que ser demasiado infantil para suponer que ha de gastar pólvora en esta clase de gallinazo, como sería dejar de promulgar proyectos de ley como los que se han enumerado. El Gobierno, cuando ha tenido algún diferendo con el Congreso, no ha tratado de diferirlo ni de evitar cualquier tipo de pronunciamiento, ni siquiera los del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando las argumentaciones que comienza a empujar el señor Hamilton suben como en un columpio al peso de las palabras de los señores García e Ibáñez, me asalta la duda y siento la tentación de rechazar la solicitud. Pero deseo señalar con toda franqueza que aquí no hay ningún problema político de fondo. Sería un error suponer que el Presidente de la República pueda jugarse por tonterías, que se exponga a tener discusiones con el Congreso por este tipo de proyectos. Me parece que, simplemente, se trata de la negligencia funcionaría de un sector del Gobierno que no ha sido capaz de cumplir sus obligaciones. Y como no estoy dispuesto a tolerar más que funcionarios incompetentes, o corrompidos, o incapaces de cumplir con lo que medianamente les imponen sus funciones, motiven este tipo de debates en el Senado y debiliten la imagen del Gobierno, soy partidario de que se haga esta presentación al Tribunal en los términos planteados por el Senador señor Hamilton, para que sirva de lección a esos funcionarios que dejan en mal pie al Gobierno, al Presidente de la República y a quienes estamos en el Senado defendiendo al Gobierno. Por eso, voto que sí. Se aprueba la indicación (27 votos por la afirmativa, 5 por la negativa, una abstención y 3 pareos). COMISION INVESTIGADORA DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS, ASISTENCIALES Y GREMIALES QUE AFECTAN AL AREA HOSPITALARIA CENTRAL. El señor FIGUEROA (Secretario). Corresponde resolver acerca de la comunicación de la Comisión de Salud Pública en que recaba el asentimiento del Senado para requerir de la Cámara de Diputados la formación de una Comisión investigadora de los problemas administrativos, asistenciales y gremiales que afectan al área hospitalaria central. Se aprueba la solicitud, con la misma votación anterior. PAGO DE REMUNERACIONES REAJUSTADAS A TRABAJADORES QUE ESTUVIERON EN HUELGA EN OCTUBRE DE 1972. INCLUSION EN CONVOCATORIA. El señor GORMAZ.- Pido la palabra sobre la Cuenta. El señor PALMA (Presidente).- Solicito la autorización de la Sala para que el Honorable señor Gormaz pueda usar de la palabra sobre la Cuenta. Acordado. El señor GORMAZ.- Se acaba de dar cuenta de un proyecto iniciado en moción del Senador que habla que ordena pagar con reajuste los sueldos y salarios a los trabajadores que estuvieron en huelga durante el mes de octubre recién pasado. Al respecto, solicito dirigir un oficio en mi nombre al Presidente de la República pidiéndole que se sirva incluir dicha iniciativa en la actual convocatoria. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado. Acordado. Terminada la Cuenta. V.- ORDEN DEL DIA. BENEFICIOS PARA OBREROS DE MUNICPALIDAD DE MAIPU. El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer término, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que otorga a determinados obreros de la Municipalidad de Maipú los beneficios a que se refiere la ley Nº 16.415. La urgencia hecha presente por el Ejecutivo para el despacho de este proyecto fue calificada de simple en la sesión de 31 de octubre pasado. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 72ª, en 7 de septiembre de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Valenzuela (Presidente), Montes y Von Mühlenbrock, recomienda a la Sala aprobar el proyecto despachado por la Cámara con una pequeña modificación consistente en intercalar la expresión han pasado o a continuación de la frase Este beneficio alcanzará a todos los obreros que de contrata; y en agregar un inciso final al artículo único. Se aprueba en general y particular el proyecto, en la forma propuesta por la Comisión. MODIFICACION DE DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 10 DE LA CARTA FUNDAMENTAL. REFORMA CONSTITUCIONAL. El señor FIGUEROA (Secretario). En seguida, corresponde continuar la discusión particular del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los Honorables señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic, que modifica los números 10 y 16 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. En la sesión del 8 del mes en curso quedó pendiente la discusión en la primera de las modificaciones al primer informe, y estaba con la palabra el Honorable señor García. Los antecedentes sobre él proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de Reforma Constitucional moción de los señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic): En primer trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972. Informes de Comisión: Legislación, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972. Legislación (segundo), sesión 31ª, en 7 de noviembre de 1972. Discusión: Sesiones 97ª, en 14 de septiembre de 1972; 99, en 15 de septiembre de 1972 (se aprueba en general); 32ª, en 8 de noviembre de 1972, y 33ª, en 8 de noviembre de 1972. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la discusión. Puede seguir usando de la palabra el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Me ha solicitado una interrupción el Honorable señor Reyes. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. El señor REYES.- He consultado a los distintos Comités del Senado en cuanto al trámite que podría darse a la reforma constitucional en estudio. Al parecer, hay acuerdo para que el señor Presidente convoque a una reunión de Comités en la que podría decidirse que la iniciativa volviera por un tiempo determinado, no mayor de quince días, a las Comisiones unidas de Constitución y Agricultura, para votarla en la Sala juntamente con la reforma constitucional que, según se ha anunciado, debía votarse en la próxima sesión. Es decir, se aplazaría la discusión de ambos proyectos, para votarlos en la misma fecha, con el compromiso de no usar de los recursos reglamentarios de pedir segunda discusión o aplazamiento de la votación, pues los señores Senadores estarían prevenidos del trámite, el que, naturalmente, tendría que ratificarse en reunión de Comités. El señor PALMA (Presidente).- ¿Su Señoría solicita que el proyecto vuelva a Comisión, previa reunión de Comités? El señor REYES.- Es decir, una reunión de Comités para acordar el procedimiento. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acordaría que el proyecto volviera a Comisión y que en una reunión de Comités se fijara posteriormente su tramitación. El señor REYES.- No, señor Presidente. El señor BALLESTEROS.- A la inversa. El señor VON MÜHLENBROCK.- Primero debe celebrarse la reunión de Comités. El señor REYES.- Creo haber sido lo suficientemente claro: insinué un procedimiento ya conversado en principio, pero que deberá ser ratificado más ampliamente por un acuerdo de los Comités. El señor GARCIA.- Estoy con la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CONTRERAS.- Deseo que Su Señoría me conceda una interrupción muy breve, con el propósito de referirme a la proposición formulada por el Honorable señor Reyes. El señor GARCIA.- Con el objeto de mantener el orden, creo que debo concederle una interrupción al Honorable señor Contreras. Se la concedo, señor Senador. El señor CONTRERAS.- Entiendo que se ha propuesto que el proyecto vuelva a Comisión. ¿Es así? El señor VON MÜHLENBROCK.- Previo acuerdo de los Comités. El señor REYES.- Así es. El señor DURAN.- Como parte de un acuerdo más amplio. El señor BALLESTEROS.- De antemano hay que celebrar una reunión de Comités, en la cual se acordaría, por ejemplo, que el proyecto vuelva a Comisión. El señor PALMA (Presidente).- Ruego a los señores Comités pasar a la Sala de la Presidencia. Se suspende la sesión por 20 minutos. Se suspendió a las 17.11. Se reanudó a las 17.31. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Se suspende por veinte minutos. Se suspendió a las 17.31. • Se reanudó a las 17.40. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión. ACUERDOS DE COMITES. El señor PALMA (Presidente).- El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités. El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Comités Parlamentarios del Senado, en sesión de fecha de hoy, acordaron, por unanimidad, la siguiente tramitación para el despacho del proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los Honorables señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic, que modifica los números 10 y 16 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: 1.- Remitir esta iniciativa a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Agricultura y Colonización, unidas, para que emitan un nuevo segundo informe. 2.- Fijar hasta las 12 horas del próximo sábado 18 del actual el plazo para presentar indicaciones a este proyecto de reforma constitucional. 3.- Otorgar plazo a las Comisiones Unidas hasta el próximo lunes 27 del presente para emitir el informe respectivo, debiendo quedar éste a disposición de los señores en esa fecha. 4.- Tratarlo y despacharlo en sesiones que se celebrarán los días .29 y 30 del actual. CREACION DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL. El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, corresponde discutir el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que crea el Ministerio de la Familia. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que sé indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 37ª, en 14 de diciembre de 1971. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 55ª, en 23 de agosto de 1972. Hacienda, sesión 55ª, en 23 de agosto de 1972. Gobierno, sesión 32ª, en 8 de noviembre de 1972. Discusión: Sesiones 20ª, en 28 de junio de 1972; 45ª, en 1º de agosto cíe 1972; 46ª, en 2 cíe agosto de 1972; 66ª, en 5 cíe septiembre de 1972, y 74ª, en 7 cíe septiembre de 1972 (se aprueba en general). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en segundo informe, suscrito por los Honorables señoras Valenzuela (Presidente), Baltra, García, Montes y Prado, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa, con las modificaciones contenidas en el boletín 26.745. En primer lugar, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, pone en conocimiento del Senado que los siguientes artículos del primer informe de la Comisión de Hacienda no fueron objeto dñ indicaciones ni de modificaciones: 1º, 2º, 5º (que pasa a ser 6º), 8º (que pasa a ser 7º), 9º (que pasa a ser 8º), 14 (que paría a ser 13), 15 (que pasa a ser 14), 16 (que pasa a ser (15), 17 (que pasa a ser 16), 18 (que pasa a ser 17), 19 (que pasa a ser 18), 20 (que pasa a ser 19), 21 (que pasa a ser 20), 22 (que pasa a ser 21), 25 (que pasa a ser 24), 26 (que pasa a ser 25), 27 (que pasa a ser 26), 28 (que pasa a ser 27), 29 (que pasa a ser 28), 30 (que pasa a ser 29), 32 (que pasa a ser 31), 33 (que pasa a ser 32), 35, 36 y 37 permanentes, y lº, 2º y 3º transitorios. El señor PALMA (Presidente).- En conformidad al Reglamento, quedan aprobados los artículos mencionados. El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, la Comisión propone diferentes enmiendas al texto del primer informe. La primera de ellas incide en el artículo 3º. El señor PRADO.- ¿Me permite, señor Presidente? Previamente desearía referirme a un asunto de procedimiento. El señor PALMA (Presidente).- ¿Habría asentimiento para conceder la palabra al Honorable señor Prado? Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor PRADO.- La Comisión de Gobierno, después de un estudio bien a fondo de la materia, llegó a acuerdos unánimes respecto de muchas disposiciones de este proyecto. No sé si la Sala accedería a aprobar las normas aceptadas unánimemente por la Comisión. El señor MONTES.- Pido la palabra para referirme a la proposición del Honorable señor Prado. El señor PALMA (Presidente).- Con el asentimiento de la Sala, tiene la palabra el señor Senador. El señor MONTES.- Nosotros participamos en los estudios de la Comisión, y por ello estimamos obvio dar por aprobadas todas aquellas disposiciones que la Comisión aceptó unánimemente. Deseo agregar, ya que no lo hizo el Honorable señor Prado, que la Comisión incorporó en este segundo informe, a proposición precisamente del Honorable señor Prado, un nuevo capítulo que contó con nuestro apoyo y con la aceptación unánime de la Comisión. Estimo justo y correcto destacar lo anterior, porque, pese a la lucha política contingente, como se acostumbra a decir, se ha patrocinado una iniciativa que, a nuestro juicio, mejora el proyecto, pues en el fondo ella tiende a incorporar, como una forma de control social, a representantes de las organizaciones del pueblo, de las organizaciones comunitarias, en aquellos servicios de utilidad pública que tienen incidencia permanente y vital en la vida cotidiana de la ciudadanía. Los preceptos consignados en el capítulo a que me refiero, aparte las proposiciones generales y particulares contenidas en la iniciativa original del Gobierno, en el fondo vienen a satisfacer una verdadera necesidad de promoción social en empresas y servicios, los que, a mi juicio, recibirán una ayuda permanente, y establecen un nexo, una relación o una responsabilidad entre la comunidad y dichas entidades. Es probable que nosotros hayamos discrepado respecto de una u otra modificación introducida por la Comisión de Gobierno, que son muchas, al texto despachado por la Cámara. Luego de acoger la sugerencia del Honorable señor Prado, en el sentido de dar por aprobados todos aquellos artículos aceptados unánimemente por la Comisión, podremos ir viendo las normas respecto de las cuales no hubo unanimidad, a fin de despachar, ojalá en esta sesión, el proyecto en debate, el que durante mucho tiempo según entiendo, más de un año pende de la consideración del Congreso. El despacho de esta iniciativa significará un aporte, un impulso, un paso adelante, mediante la creación del Ministerio de la Familia, que tomará en sus manos la solución de determinados problemas. El señor PRADO.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PRADO.- Quisiera expresar en forma breve que efectivamente en el proyecto se incorporaron artículos nuevos que constituyen una especie de nuevo capítulo. Me refiero a los artículos 38 al 47, originados en indicaciones que formuló el Senador que habla. La Comisión los discutió y aprobó por unanimidad, con modificaciones acogidas también unánimemente. Dicho capítulo tiene por objeto introducir un concepto que podemos denominar principio de control social. Nuestra iniciativa es modesta. Creemos que el principio del control social debe abrirse paso en la legislación y que tiene una dimensión mucho más profunda y honda que la que plantea este proyecto. Todos los que creemos que la sociedad debe organizarse, estructurarse y participar, nos encontramos frente al problema de crear los instrumentos, canales o vías de participación real. Todos los que pensamos que no debe gobernarse en nombre de una presunta representación de los intereses populares, sino que deben crearse canales reales de expresión, de representación, debemos reconocer que nos encontramos ante la dificultad de establecer instrumentos nuevos. Las indicaciones que formulé se refirieron exclusivamente a una clase de empresas de las cuales depende, por así decirlo, la satisfacción de necesidades muy básicas de la comunidad. Ellas pueden pertenecer a cualquier sector de la economía. No importa. En la práctica, hoy día pertenecen fundamentalmente al sector público o estatal. Frente a ellas, el problema es que la sociedad encuentre cómo calificar su mérito. Por supuesto que ello tiene excesos. Por eso, la legislación se encarga de crear lo que se llaman prestaciones básicas. Por lo menos, la sociedad tiene el derecho a exigir el cumplimiento de tales prestaciones básicas. En este orden de ideas, los nueve artículos que propongo crean todo un sistema que es simple y sencillo y que proviene del enunciado contenido en uno de los artículos de la ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. Este cuerpo legal planteó como aspiración la participación de las organizaciones comunitarias en los organismos públicos que se relacionan con sus necesidades. Sin embargo, no hemos visto la aplicación de estos principios. Por esa razón, en el articulado propuesto se parte de la base de que hay ir iniciando vías de experiencia con las formas de organización ya introducidas en la legislación, para entregar les mayores responsabilidades. Las que ahora les encomendamos son de control en un área modesta, pero que tiene que ver fundamentalmente con aquellas necesidades de las cuales diariamente depende el funcionamiento del hogar. A nuestro juicio, por encima del control burocrático y del legislativo, que compete a ciertos organismos, hay algo que la sociedad debe asegurar: que lo que se dice que se está haciendo en beneficio de la comunidad se haga realmente a favor de la comunidad. Y para reclamar el cumplimiento de este principio, estimamos lógico crear canales de control social. La propia sociedad busca la manera de intervenir, ejerce derechos, solicita y exige el cumplimiento de obligaciones básicas. Y si no es oída, pide también poner en funcionamiento mecanismos de corrección y aun de sanción. Sobre la base de estas ideas, propusimos las normas en referencia, las que se aplicarán a todas las empresas llamadas de utilidad pública; no más allá. Quiero terminar expresando que el principio de control social se está discutiendo diría yo a escala mundial polla ciencia política, y constituye una de las materias excúsenme, señores Senadores, que lo diga más fascinantes de la polémica de tipo teórico entre la forma de organización socialista y la forma de organización de otras economías. La introducción de este principio es tan fundamental, que hace que ni siquiera importe el título de propiedad, quién sea el propietario para considerar si una economía logra desarrollarse en términos de ser compatible con una verdadera democracia. Si el pueblo tiene posibilidades de adquirir control social sobre lo que se ha hecho, no importa el título de propiedad. Se estará cumpliendo mucho más genuinamente este proceso de participación, que constituye algo así como el valor contrapuesto a la alienación del individuo en cualquier forma de organización social. Por supuesto, no he querido dar una explicación más extensa ni profunda sobre la materia. Basta que la Comisión haya recogido estas ideas unánimemente, con algunas modificaciones aprobadas en la misma forma. Las considero un aporte modesto y experimental, pero importante. Es cuanto quería manifestar. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Tal como expresaron los Honorables señores Montes y Prado, la Comisión de Gobierno estudió con acuciosidad el proyecto en debate. Para satisfacción nuestra, puedo decir a la Sala, tal como lo manifesté con relación al primer informe, que en esta oportunidad obramos con criterio eminentemente social y constructivo, y que no hubo grandes diferencias de criterio entre el Ejecutivo y la Oposición. Puede decirse que más del noventa por ciento de la iniciativa se aprobó por unanimidad, después del debate y de los estudios pertinentes. En otras palabras, en el segundo informe procedimos en la misma forma que durante el estudio del primero. Y si bien es cierto que en la primera página del impreso que ahora tenemos a la vista se dice que algunas indicaciones fueron rechazadas o aprobadas parcialmente, la verdad de las cosas es que lo fueron por haber estado contenidas en otras indicaciones o porque las refundimos con otros preceptos. De tal manera que, en general, podemos expresar que casi todo el proyecto se aprobó unánimemente por los miembros de la Comisión de Gobierno y del representante del Ejecutivo, el señor Subsecretario de Justicia, quien, al finalizar el debate de la iniciativa, manifestó los agradecimientos, en nombre del Presidente de la República, por la forma como fue estudiada. Quiero hacer presente que de esta manera hemos cumplido el compromiso contraído por el Comité Demócrata Cristiano durante la discusión general de la iniciativa en la Sala, pues la Comisión despachó el segundo informe dentro de los plazos respectivos, pese a los acontecimientos ocurridos en este último tiempo y que todos los señores Senadores conocen. En virtud de lo expresado, me permito solicitar al señor Presidente que recaba el acuerdo de la Sala con el objeto de que aprobemos el informe de la Comisión, con lo cual de inmediato quedaría despachado el proyecto. Aquellas materias acogidas por unanimidad en la Comisión también podrían ser aprobadas por la totalidad de los señores Senadores presentes, y las indicaciones o artículos en los cuales hubo mayoría de votos en la Comisión, se aprobarían o rechazarían en la misma forma, ya que, a mi juicio, dado el espíritu con que se trató la iniciativa que nos ocupa y la forma como ella se discutió en la Comisión, no tendría objeto que debatiéramos artículo por artículo, porque, repito, fue estudiada muy acuciosamente. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Baltra. El señor BALTRA.- Durante el debate del primer informe, nosotros tuvimos oportunidad de hacer presentes nuestros puntos de vista sobre esta iniciativa, que, como se ha expresado en la Sala, se estudió en la Comisión de Gobierno con minuciosidad y considerando el interés general del país, introduciéndosele diversas modificaciones que han contribuido a mejorarlo sustancialmente. Así, mediante una indicación del Senador que habla, se desglosó del proyecto toda la parte relativa a la ley del Consejo Nacional de Menores, cuyas disposiciones modificaban el texto aprobado por la Cámara. Por lo tanto, se eliminó en el texto de que conoce el Senado todo lo referente a dicha institución. En el segundo informe presentamos con el Honorable señor Valenzuela diversas indicaciones, la mayoría de las cuales fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión, y otras, por mayoría de votos. Además, por medio de una indicación del Honorable señor Prado, se introdujo lo que constituye en realidad un nuevo capítulo dentro de la iniciativa, que es lo relativo al control social de los servicios de utilidad pública, a fin de que la comunidad organizada pueda controlar lo que en el proyecto se define como servicios de utilidad pública, que son aquellos organismos del sector público, mixto o privado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que mediante un funcionamiento continuo, regular y uniforme tengan por objeto inmediato y directo la satisfacción de una necesidad pública, tales como energía eléctrica, agua potable, gas, teléfono, alcantarillado, movilización colectiva u otros servicios similares . La verdad es que esta iniciativa del Honorable señor Prado constituye una innovación dentro de nuestra legislación, y es algo realmente interesante, que por primera vez se incorpora a un texto legal. Indudablemente, el más indicado para hacerlo era el del Ministerio de la Familia, que se crea mediante el proyecto en debate. Apoyamos la indicación del Honorable señor Valenzuela en cuanto a dar por aprobados los artículos que también lo fueron por unanimidad en la Comisión, y acoger por mayoría de votos los que recibieron igual votación en dicho organismo técnico de estudio, ya que todos ellos se analizaron y examinaron exhaustivamente. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorafole señor Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, con todo agrado daré la aquiescencia del Partido Nacional para aprobar la proposición de despachar por unanimidad en esta sesión la creación del Ministerio de la Familia. Yo he estado muy preocupado, y he tenido intervenciones en la Sala al respecto, con relación a antecedentes nuevos que han surgido en el país como resultante de las investigaciones del Instituto de Nutrición. No he terminado esas observaciones, y las voy a seguir formulando. Al respecto, deseo destacar que de esas investigaciones y del análisis que, de los respectivos problemas, está realizando un completo equipo de científicos de la más alta solvencia internacional, se deduce que nosotros hemos estado caminando al borde del abismo en lo relativo a la verdadera condición social de nuestro pueblo y que tendremos que marchar hacia el replanteo total de una política que modifique sustancialmente el criterio con que se han enfocado en Chile los problemas sociales. Hemos adolecido de exceso de doctrinarismo y de ideologías, y hemos olvidado apoyarnos en la técnica, en la ciencia, en la investigación. Hemos abandonado la investigación en el momento en que el mundo está regido por todas las condiciones de la revolución tecnológica. Las cifras de las investigaciones realizadas son pavorosas. Cito un solo dato: la estatura de un niño de 15 años de una población marginal ha disminuido en 17 centímetros. Sólo el 30% de la leche que el Estado reparte, en un esfuerzo gigantesco que significa gastar casi 100 millones de dólares, llega al niño que se quiere favorecer. Todavía más, la sobrecarga de lactosa en los niños menores de dos años produce diarrea en el ciento por ciento de los casos. Aparte los antecedentes del Instituto de Nutrición, hay otras conclusiones aterradoras. Por ejemplo, las del seminario que acaba de realizar el Área Norte del Servicio Nacional de Salud, que establecen que el 48% de una población de 2 millones 800 mil niños chilenos menores de 15 años son débiles mentales. Cifras como ésta, que ya caen en el campo estricto de la más alta especialización médica, de la investigación, indican que debemos realizar un profundo análisis, por encima de todas las pasiones políticas, sobre el gravísimo problema de la verdadera condición social de nuestro pueblo, si de veras se quiere liberarlo y ascenderlo. De ahí que el despacho del proyecto que crea el Ministerio de la Familia viene a llenar hay que proclamarlo con absoluta y total honradez un vacío gigantesco. Me congratulo de que a la luz de nuevos antecedentes científicos podamos más tarde encarar, disponiendo ya de esta herramienta del Ministerio de la Familia, una nueva ordenación social para nuestro país. Por lo expuesto, gustosos aceptamos que este proyecto sea despachado por unanimidad hoy por la Sala. El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿Habría acuerdo para aprobar la proposición formulada por el Honorable señor Valenzuela? Acordado. Terminada la discusión del proyecto. MODIFICACION DE ESTATUTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA Y DE LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario). En seguida, corresponde ocuparse en las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite, formuladas al proyecto que modifica los artículos 30 de la ley 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República, y 107 de la ley 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Foncea): En primer trámite, sesión 29ª, en 18 de julio de 1972. En tercer trámite, sesión 74ª, en 7 de septiembre de 1972. Observaciones: En primer trámite, sesión 1ª, en 3 de octubre de 1972. Informes de Comisión: Gobierno, sesión 40ª, en 25 de julio de 1972. Gobierno (veto), sesión 31ª, en 7 de noviembre de 1972. Discusión: Sesiones 48ª, en 8 de agosto de 1972 (se aprueba en general y particular); 92ª, en 12 de septiembre de 1972 (discusión tercer trámite). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Valenzuela (Presidente), Durán, Montes y Moreno, recomienda a la Sala aprobar las dos primeras observaciones. La tercera fue retirada por el Ejecutivo. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión general y particular las observaciones. Ofrezco la palabra. El señor VALENZUELA.- Pido la palabra. Deseo hacer presente lo siguiente: a pesar de que el acuerdo de la Comisión es unánime, una directiva de obreros municipales ha pedido que la escuchemos antes que la Sala vote las observaciones en discusión. Por ello, pido aplazamiento de la votación, a fin de que los diversos Comités oigamos a esos personales y podamos despachar mañana el proyecto. El señor MONTES.- Quiero señalar, que, efectivamente, la primera y segunda observaciones fueron acogidas en la Comisión, pero el Ejecutivo formuló cuatro observaciones, no tres. La tercera es la que consiste en suprimir y 1973 en el artículo 3º, y la cuarta agrega un inciso final. Esta última es la que retiró el Ejecutivo. En cuanto a la tercera observación, tengo entendido que también la acogió la Comisión. El señor VALENZUELA.- Sí, señor Senador. El señor MONTES.- Quiero que se me certifique esto, porque, según lo que se nos informó primitivamente, podríamos incurrir en un error. Son cuatro las observaciones, y no tres. Las tres primeras, a mi juicio, fueron acogidas en la Comisión, y la cuarta fue retirada por el Ejecutivo. En ese entendido, estoy de acuerdo con lo propuesto por el Honorable señor Valenzuela. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación formulada por el Honorable señor Valenzuela. El señor MONTES.- ¿Para despachar el veto mañana? Si es así, conforme. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Aprobada. Queda aplazada la votación de las observaciones. BENEFICIOS PARA COMUNAS DONDE EXISTAN FUENTES DE AGUA MINERAL. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Observación del Ejecutivo, en primer trámite, al proyecto que modifica el artículo 1º de la ley 17.253, en el sentido de que las municipalidades de las comunas donde existan fuentes de aguas minerales podrán traspasar determinados recursos a sus presupuestos ordinarios. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Moreno): En primer trámite, sesión 29ª, en 18 d julio de 1972. En tercer trámite, sesión 98, en 14 de septiembre de 1972. Observaciones: En primer trámite, sesión 21ª, en 23 de octubre de 1972. Informes de Comisión: Hacienda, sesión 50, en 9 de agosto de 1972. Hacienda sesión 33ª, en 8 de noviembre de 1972. Discusión; Sesiones 89ª, en 12 de septiembre de 1972, y 90ª, en 12 de septiembre de 1972 (se aprueba en general y particular). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan y Silva Ulloa, recomienda por unanimidad a la Sala rechazar la observación. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión general y particular la observación. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa. El señor SILVA ULLOA.- La Comisión de Hacienda, por unanimidad, ha propuesto rechazar la observación del Ejecutivo, porque en oportunidades anteriores hemos despachado proyectos similares autorizando transitoriamente a las municipalidades el traspaso de recursos en sus presupuestos. Como ejemplo, citaré lo que ocurre con la Municipalidad de Coinco, de la provincia de O'Higgins, cuyos ingresos ordinarios son en extremos reducidos, debido a lo cual ni siquiera alcanza a financiar el pago de los sueldos y salarios de los empleados y obreros de esa corporación. Sin embargo, por el hecho de que en su territorio está ubicada una fuente de aguas termales, Coinco recibe un ingreso bastante importante por este concepto, el que sólo puede destinarlo al Presupuesto de Obras. Pero para vigilar esas obras necesita personal, que debe remunerar. Por ello, se produce discrepancia entre la Municipalidad y la Contraloría, sobre el uso de esos fondos. Es conveniente regularizar esa situación y, por ello, estimo que la observación del Ejecutivo es un error, ya que se creyó que era de carácter general, en circunstancias de que son contadas las municipalidades del país que tienen dichos recursos y a las cuales se les permite destinar hasta el 10% de ellos a gastos corrientes. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- No tengo nada más que agregar a las razones que ha dado el Honorable señor Silva Ulloa. En verdad, ése es el objetivo del proyecto, y me parece que el veto carece de justificación. El señor PAPIC (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Contreras. El señor CONTRERAS.- El veto del Ejecutivo suprime el artículo único del proyecto que nos ocupa, que agrega el siguiente inciso al artículo 1º de la ley 17.253: Las Municipalidades de la provincia de O'Higigns a que se refiere el inciso anterior podrán emplear hasta el 10% del Presupuesto Extraordinario de Obras de Progreso Comunal, que se financia por medio de esta ley, al pago de gastos corrientes, administrativos u ordinarios, sin que ello implique incremento del Presupuesto Ordinario respectivo. A mi juicio, las cosas no son tan simples en las municipalidades. Sabemos que, de acuerdo con la ley que las rige, 30 % de su presupuesto ordinario se destina al pago de salarios y 20% al de sueldos. Pero ocurre que por error o por hacerse caso omiso de la ley, algunos municipios incurren en gastos que sobrepasan dichos porcentajes, y todos los años el Congreso debe dictar leyes que liberen de esa responsabilidad a alcaldes y regidores. Creo que la empleomanía en las municipalidades ha llegado a tal extremo, que los recursos ordinarios de que disponen escasamente alcanzan para comprar ampolletas, siendo insignificantes las sumas que se destinan a obras nuevas de adelanto local. Ahora bien, el proyecto vetado por el Ejecutivo autoriza a las municipalidades de la provincia de O'Higgins para ocupar en gastos administrativos 10% del presupuesto extraordinario. Pienso que este precepto debe llamarnos un poco a la meditación. Ni el Estado ni las municipalidades pueden convertirse en agencias de empleos, máxime si todos los días estamos reclamando por la carencia absoluta de recursos en los municipios. Y ello es tan cierto, que podemos comprobar que cada vez se tornan más insignificantes los medios de que disponen para iniciar obras nuevas. Creo que parte del problema radica en la mala distribución del personal, ya que cada año, al confeccionar su presupuesto, esas corporaciones tienen también oportunidad de modificar las plantas de trabajadores. Por ejemplo, en el norte del país la mayoría de ellas cuentan con mataderos municipales. Pero ahora no se importa ganado en pie, de modo que los trabajadores que laboran en esos lugares no tienen nada que hacer y no pueden ser despedidos o removidos del cargo para prestar servicios en otra sección de la municipalidad, pues se resisten a ello. Además, no se los puede obligar a realizar otra labor, por pertenecer a las plantas de obreros o de empleados. Considero que ya se pasó un poco la mano en cuanto aumentar el personal, ya que con el 10% propuesto en el proyecto para gastos administrativos, los recursos que se emplearán en sueldos y salarios alcanzarán al 60% de las entradas de las municipalidades, lo que me parece un exceso. Debido al crecimiento continuo del radio urbano, las comunas reclaman agua potable, luz eléctrica, etcétera. Sabemos, por ejemplo, que las empresas que instalan y distribuyen electricidad hoy por hoy se dedican sólo a entregar esta energía a los consumidores, y no invierten un centavo en la ampliación de las redes de alumbrado público. Por lo tanto, la mayoría de las poblaciones marginales de las comunas no gozan de ese servicio esencial, aparte que el agua potable y alcantarillado tampoco están a su alcance. Si bien es cierto que, según se afirma, por falta de recursos no es posible dotar de esos servicios a toda la población, no lo es menos que de las instituciones fiscales y semifiscales no puede comer todo el mundo. Me parece que ninguna de estas entidades debe convertirse en la olla del pobre. Estimo de absoluta justicia el veto. Si lo rechazamos, sentaremos un precedente que no es de lo más aconsejable, porque con el mismo criterio el día de mañana otra municipalidad solicitará traspaso de recursos con el propósito de aumentar los gastos ordinarios, a fin de cancelar sueldos y salarios. Los Senadores comunistas apoyaremos con nuestros modestos votos el veto del Ejecutivo, por considerar repito que las municipalidades están incurriendo en un exceso en materia de gastos en sueldos y salarios. El señor MORENO. En forma muy breve quisiera... El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿Me permite, señor Senador? Debo informar a la Sala que sólo quedan tres minutos para el despacho del proyecto. El señor MORENO.- Me basta, señor Presidente. El señor JULIET.- Yo también quiero hacer uso de la palabra. El señor MORENO.- Iba a decir que los argumentos que he escuchado al Honorable señor Contreras no son aplicables al caso de que trata este proyecto, cuyo veto estamos conociendo. La Municipalidad de Coinco, que, entre otras, pertenece a la provincia de O'Higgins, es una de las más directamente beneficiadas con el proyecto. La pequeña comuna de Coinco, después de una larga tramitación, obtuvo la dictación de la ley Nº 17.253, que le permitió, como consta a los señores parlamentarios de la zona, cambiar las condiciones en que se encontraba y llevar a cabo diversas obras. Así la comuna se levantó. ¿Cuál es el problema que ahora surge?' A causa de su escasa extensión y de que prácticamente es rural, no se le entregó un financiamiento adecuado en el presupuesto ordinario, y casi sin quererlo se encontró con un presupuesto de capital y de inversión que no está en condiciones de movilizar, porque no tiene personal suficiente para hacer los estudios técnicos necesarios ni para supervisar las obras que puede encargar a través de contratos. En consecuencia, el proyecto sólo pretende permitirle que pueda usar parte de su presupuesto extraordinario para financiar los gastos que le irroguen los proyectos de inversión. No se pretende destinar ese traspaso de fondos a reajustar sueldos o para otorgar beneficios de otra naturaleza. Si se persiguiera ese fin, el proyecto se habría redactado de otra manera. Aún más: el Congreso despachó la iniciativa manifestando expresamente que ese 10% no podría destinarse a incrementar el presupuesto ordinario respectivo. Así aparece en la historia de la ley, en los debates de las Comisiones, y puede ser invocado por el Gobierno si en algún instante esta municipalidad pretendiera usar los fondos que se le otorgan en aumentar sus gastos ordinarios. Repito: no fue ése el propósito del proyecto ni del Senador que habla, que es su autor, ni tampoco fue el criterio que el Congreso tuvo en vista para despacharlo. Por eso, creo que el Ejecutivo no tiene. . . El señor PAPIC (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha llegado el término del tiempo destinado a discutir este proyecto. Si le parece a la Sala, se procederá a votar de inmediato. ¿Habría acuerdo? El señor CHADWICK.- Sí, señor Presidente. El señor JULIET.- No, porque yo quiero hacer uso de la palabra y adherir a los planteamientos del Honorable señor Contreras. El señor PAPIC (Vicepresidente). No hay acuerdo. Queda pendiente la discusión. ESCALAFON DE TECNICOS DE TELECOMUNICACIONES DE CORREOS Y TELEGRAFOS. El señor FIGUEROA (Secretario). Por acuerdo de Comités, corresponde ocuparse en los últimos diez minutos del Orden del Día en el proyecto de ley que crea el Escalafón de Técnicos de Telecomunicaciones en el Servicio de Correos y Telégrafos, iniciativa informada por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda. La primera de ellas, en informe suscrito por los Honorables señores Valenzuela (Presidente), García, Montes y Prado, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. Por su parte, la de Hacienda, recomienda proceder con el mismo criterio. El informe respectivo lo firman los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan y Silva Ulloa. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 98ª, en 14 de septiembre de 1972. Gobierno, sesión 31ª, en 7 de noviembre de 1972. Hacienda, sesión 31ª, en 7 de noviembre de 1972. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor BALTRA.- Pido la palabra, señor Presidente. Después que la Comisión aprobó este proyecto, se suscitó una discrepancia entre el personal de Correos y Telégrafos afectado por lo dispuesto en el artículo 2º, en virtud del cual el encasillamiento debe hacerse considerando ciertas normas y preferencias determinadas en sus letras a), b) y c). Con motivo de esa discrepancia, el Honorable señor Valenzuela y el Senador que habla nos preocupamos del problema; y en reuniones con representantes de la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos y con personeros de las dos corrientes en pugna dentro del gremio, se llegó a un acuerdo en cuanto a que en la discusión del proyecto quedara bien en claro que cuando el artículo 2º habla de técnicos , debe entenderse que se trata de técnicos de telecomunicaciones egresados antes de 1972 de la Escuela Superior de Correos y Telégrafos y que en la actualidad se encuentren en servicio; y que al decir radiotécnicos debe considerarse que se trata de radiotécnicos contratados por el Servicio en los años 1951, 1953 y 1959, y encasillados en el Escalafón de Telégrafos, en los años 1952 y 1960. Hecha esta aclaración durante el debate, no habría necesidad de que la iniciativa volviera a Comisión para segundo informe, cosa que dilataría su tramitación. Los representantes del gremio que discrepaban en esta materia consideran que haciendo estas aclaraciones durante el debate, quedan satisfechas las aspiraciones de ambas partes respecto de lo establecido en el artículo 2º. El señor VALENZUELA.- Tal como lo expresó el Honorable señor Baltra, el problema se suscitó después que la Comisión aprobó el proyecto en la misma forma como lo hizo la Cámara de Diputados. En las reuniones mencionadas se pudo llegar a un acuerdo entre ambas partes, a fin de que quedara en la historia fidedigna del establecimiento de la ley la interpretación que se da al hablar de técnicos y radiotécnicos. A ellas concurrieron también el Subdirector de Comunicaciones de Correos y Telégrafos; el señor Iván Rosas Montecinos, en representación de la Dirección del Servicio; los señores Alberto Paredes y Hugo Valenzuela y la señorita Alicia Silva, por la parte discrepante; y los dirigentes Orlando Cava, Presidente; Jorge Rivera, Secretario, y Miguel Iturriaga, Vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Telecomunicaciones de Correos y Telégrafos. Por eso me permito solicitar de los señores Senadores la aprobación del informe de la Comisión de Gobierno, que se acogió unánimemente en este organismo, y también el de la de Hacienda. En esta forma podríamos despachar la iniciativa, que beneficia a profesionales que se desempeñan en funciones muy importantes en Correos y Telégrafos. Solicito insertar en el texto de mi intervención la nota que enviaron los citados personeros, referente a la discrepancia que se produjo y respecto de la cual, felizmente, se unificaron criterios en forma unánime. El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es del siguiente tenor: Santiago, 14 de noviembre de 1972. Honorable Senador Ricardo Valenzuela. Presente. La Directiva Nacional de Técnicos de Telecomunicaciones de Correos y Telégrafos, conjuntamente con el señor Subdirector de Telecomunicaciones, señor Iván Rozas Montecinos, en representación de la Dirección Nacional, y los señores Alberto Paredes R., Hugo Valenzuela P. y la señorita Alicia Silva, solicitan al Honorable Senador que, por medio de la vía de la interpelación, se precisen los siguientes conceptos en el proyecto de ley que crea dicho Escalafón: Proyecto crea Escalafón de Técnicos de Telecomunicaciones. Artículo Nº 2, letra a).Al decir Técnicos debe entenderse que se trata de Técnicos de Telecomunicaciones egresados de la Escuela Superior de Correos y Telégrafos, antes de 1972 y en actual servicio. AI decir radiotécnicos debe entenderse que se trata de radiotécnicos contratados por el Servicio los años 1951, 1953 y 1959, encasillados en el Escalafón de Telegrafistas los años 1956 y 1960. El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, este proyecto, que se inició en mensaje del Ejecutivo, fue aceptado por los propios interesados, quienes participaron en su elaboración. Pero en la Cámara se modificó la letra a) del artículo 2º, que habla de los Técnicos y Radiotécnicos por orden de promoción y antigüedad en el Servicio. En torno de la palabra promoción surgió un problema entre el personal. ¿Qué razones adujeron las personas que no estaban de acuerdo con dicha enmienda? Que al hablarse de promoción se incluía a gente que se había retirado del servicio, permaneciendo afuera cinco o diez años, y que posteriormente volvía a él. Supongamos el caso de la promoción del año 1951. Con motivo del encasillamiento, la gente que estuvo diez años afuera pasaría por sobre quienes se incorporaron después, pero que tienen servicios continuados. Esto inducía a algunos a estimar incorrecta la redacción dada en la Cámara. Posteriormente, como lo expresó el Honorable señor Valenzuela, se celebraron reuniones con representantes de los interesados. Nosotros no seremos obstáculo para el despacho del proyecto. Sin embargo, deseamos dejar en claro que, en nuestro concepto, la resolución final debió ser producto de la decisión de los trabajadores y de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ya que la iniciativa se elaboró de acuerdo con la opinión de los propios interesados. Con posterioridad se efectuaron otras modificaciones en la Cámara. No entraremos a explicar las causas que determinaron el acuerdo en referencia. Pero sí dejamos en claro que deseamos que con lo de la promoción no ocurra, como lo ha expresado un grupo de funcionarios, que gente que estuvo fuera del Servicio quede encasillada en grados superiores, postergando a quienes tienen trabajos continuados en el escalafón de Técnicos y Radiotécnicos de Correos y Telégrafos. Dejando constancia de ello, aprobaremos la iniciativa, porque, según manifestó el Honorable señor Valenzuela, los propios interesados están de acuerdo con la solución propuesta. El señor SILVA ULLOA.- Respecto de lo manifestado por el Honorable señor Contreras, debo señalar que, efectivamente, se nos entregaron esas razones. No queremos ser obstáculo para el despacho del proyecto. Sin embargo, considerábamos mucho mejor el articulado contenido en el mensaje, en virtud del cual dicha promoción se hará por estricto orden de escalafón. Para la historia fidedigna de la ley y con el propósito de evitar que se cometan injusticias, es preciso señalar que en la norma pertinente se exigen dos requisitos copulativos: por orden de promoción y antigüedad en el Servicio; de manera que la antigüedad en el Servicio tendrá que calcularse de acuerdo con los años efectivamente trabajados. En esas condiciones, no podrá haber una injusticia como la que suponíamos que se cometería al aplicarse la ley en proyecto. Hecha la aclaración, anuncio mi voto favorable, por las razones expuestas. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Terminó el tiempo de que se disponía para despachar este proyecto. El señor CONTRERAS.- Votemos. El señor PABLO.- Que se vote. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud de inserción que formuló el Honorable señor Valenzuela. Acordado. Se aprueban los informes de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda. VI.- TIEMPO DE VOTACIONES. PUBLICACION DE DISCURSOS. El señor FIGUEROA (Secretario). Indicación del Honorable señor Contreras para publicar in extenso el discurso pronunciado por el Honorable señor Valente en Incidentes de la sesión ordinaria del 8 de noviembre. Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Ferrando para publicar in extenso las intervenciones de los Honorables señores Pablo y Aguirre Doolan en la misma oportunidad. Se aprueba. INSERCION DE DOCUMENTO. El señor FIGUEROA (Secretario). Indicación del Honorable señor Valente para insertar en el texto del discurso que pronunció en Incidentes de la sesión ordinaria del 8 de noviembre el documento que indicó en esa oportunidad. Son siete páginas tamaño oficio. Se aprueba. NOTAS DE AGRADECIMIENTO A REPRESENTANTES DE CHILE ANTE LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO DE ITALIA, Y AL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO ITALIANO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación formulada por el Honorable señor Aguirre Doolan, en nombre del Comité Izquierda Radical, para enviar sendas notas de agradecimiento a los Embajadores de Chile acreditados ante la Santa Sede y el Gobierno de Italia, por las atenciones que dispensaron a la delegación de parlamentarios que concurrió al último Congreso Interparlamentario Mundial, celebrado en Roma, y al Presidente del Grupo Interparlamentario Italiano. El señor REYES.- Que se agregue el nombre del Comité Demócrata Cristiano. El señor VALENTE.- También el del Comité Comunista. El señor SILVA ULLOA.- Y el del Socialista Popular. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Me parece que ningún Comité rechaza la indicación, cuyo contenido, a mi juicio, interpreta el sentir de todo el Senado. Por lo tanto, creo que las notas deben enviarse en nombre de todos los Comités. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado. Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 18.32. Se reanudó a las 18.57. VII.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión. El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Carmona: PROBLEMA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA EL TAMBO , DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro de la Vivienda, en los siguientes términos: La Cooperativa de Vivienda El Tambo, de Iquique, obtuvo de la I. Municipalidad de ese puerto un terreno en el sector 2, manzana D, de la Población Playa Brava (decreto municipal Nº 568, de 28 de mayo de 1972). Para su aprobación final, este acuerdo fue comunicado a la oficina de Bienes Nacionales, la que lo remitió en su último trámite a la Oficina Zonal del MINVU con asiento en la ciudad de Arica, con fecha 23 de mayo del presente. Lamentablemente, esta Oficina Zonal ha rechazado dicho acuerdo municipal y se ha pronunciado, después de 5 meses de haber tomado conocimiento de él, con el consiguiente perjuicio de los asociados de esta Cooperativa, que cuentan con el ahorro previo exigido para esta clase de operaciones. SEDE PARA SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA LOCOMOCION COLECTIVA PARTICULAR DE ANTOFAGASTA. Al señor Consejero Nacional de Desarrollo Social, manifestándole el problema de sede social que tiene el Sindicato Profesional de Empleados de la Locomoción Colectiva Particular de la provincia de Antofagasta, que ha solicitado un préstamo a esa Consejería por la suma de 300 mil escudos, a fin de comprar un local. Los integrantes de este importante sindicato de la provincia constantemente están solicitando locales en calidad de préstamo para reunirse, con el consiguiente malestar que se origina al tener que estar trasladando su equipo de oficina de un lugar a otro. DOTACION DE MEDICOS Y ELEMENTOS PARA HOSPITAL DE ANTOFAGASTA. Al señor Ministro de Salud Pública, planteándole el siguiente problema: La Unidad Vecinal Sector Hospital Nº 41, de Antofagasta, está solicitando al señor Ministro la contratación de 12 médicos para la atención de urgencia en la nueva planta que se confeccionará para el año 1973. Solicitan, además, que se dote a ese hospital de instrumentos adecuados y material de trabajo, que escasea peligrosamente, con grave riesgo para la población, a tal punto que, en medios profesionales existe el ánimo de plantear a las autoridades la posibilidad de transformar el hospital en un centro de atención de urgencia, exclusivamente sacrificando los tratamientos colectivos por carencia de profesionales y de material. Para las distintas especialidades se necesitan de 20 a 30 nuevos médicos, a fin de cubrir la asistencia médica en general. Como el problema se agrava cada día, agradeceré al señor Ministro estudiar estos antecedentes y proceder en consecuencia. Del señor Hamilton: CONTINUACION DE OBRAS DE CAMINO ENTRE COMPU Y QUEILEN (CHILOE). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, para que considere la necesidad de continuar los trabajos del camino que une a la localidad de Compu con Queilén, en la provincia de Chiloé, ya que las obras realizadas hace dos años por la comunidad, junto a la Municipalidad de Queilén, quedaron inconclusas por falta de fondos. El Comité Pro Adelanto de Compu ha hecho ver los inconvenientes que deben sufrir los pequeños agricultores para movilizar sus productos, así como los de los pobladores para trasladarse de un punto a otro. Con el mismo objeto, agradeceré dirigir oficio al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se consulte en el presupuesto del próximo año los fondos necesarios para llevar a cabo esas obras. Del señor Morales Adriasola: NUEVO LOCAL PARA ESCUELA Nº 25 DE CASTRO (CHILOE). A la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, a fin de que se inicien con suma urgencia los trabajos de construcción de un nuevo local para el funcionamiento de la Escuela N9 25 de Castro, provincia de Chiloé, obra que, según los interesados, estaría programada por esa Sociedad para el presente año. Del señor Ochagavía: INSTALACION DE AGENCIA POSTAL DE PRIMERA CLASE EN COMPU (CHILOE). Al señor Ministro del Interior, a fin de que por su digno intermedio se solicite a Correos y Telégrafos instalar una agencia postal primera clase de correos y telégrafos-telefónicos en la localidad de Compu, comuna de Queilén, provincia de Chiloé. Debo hacer presente que con fecha 10 de septiembre de 1971, por Resolución número 370 y publicado en el Diario Oficial de 23 del mismo mes y año, se autorizó la creación de una agencia postal de segunda clase en Agoní y de otra en Compu, ignorándose hasta la fecha la causa por la cual no están en servicio tales oficinas. NUEVO LOCAL ESCOLAR EN COMPU (CHILOE). Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole destinar los recursos necesarios para construir un nuevo local escolar en la localidad de Compu, comuna de Queilén, provincia de Chiloé, ya que el actual se encuentra en pésimo estado y no reúne las condiciones mínimas para desarrollar esta importante labor. NUEVO LOCAL PARA ESCUELA Nº 25 DE CASTRO (CHILOE). Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole impartir las instrucciones pertinentes para iniciar a la brevedad la construcción del nuevo local para la Escuela N9 25 de Castro, provincia de Chiloé, programada para el presente año. Del señor Olguín: PROBLEMAS DE SALUD EN ANTOFAGASTA (ANTOFAGASTA). A los señores Presidente de la República, Ministro de Salud Pública y Director General del Servicio Nacional de Salud, en los siguientes términos: Desde la ciudad de Antofagasta, la Unidad Vecinal Sector Hospital N9 41 me hizo llegar copia de oficio que, con fecha 4 de los corrientes, envió al señor Ministro de Salud, exponiendo serios problemas que afectan a esa ciudad, por el escaso número de profesionales que atienden o trabajan en el Hospital Regional de esa nortina ciudad. Para mejor conocimiento del problema, me permito remitir copias fieles del oficio antes mencionado a Su Excelencia el Presidente de la República, al Ministro de Salud y al Director General del Servicio Nacional de Salud, con el objeto de que estudien lo que en el escrito se plantea y se sirvan solucionar las dificultades e informar al suscrito, pues lo que tantas veces han pregonado las autoridades de la Unidad Popular en lo que dice relación a estar dando lo mejor para el pueblo, no se compadece con la muy distinta realidad que viven los antofagastinos. Del señor Valente: TERMINACION DE POBLACIONES EN ARICA (TARAPACA). Al Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en los siguientes términos: He recibido una petición del Comité Provisional de Arrendatarios de la Población Pampa Nueva, de Arica, construida por la Corporación de Servicios Habitacionales dentro del Plan 20.000. La población consta de 40 viviendas prefabricadas que han sido distribuidas a funcionarios públicos de las diferentes reparticiones estatales del departamento. Esta población se proyectó construirla y terminarla en ocho meses; han transcurrido 19 meses y las viviendas han sido recién entregadas incompletas, sin los cierres divisorios. Las casas, en consecuencia, no tienen cierre de patios, lo que se ha traducido en el deterioro de diversos muebles y elementos de los ocupantes que, al no poder dejar todos sus enseres dentro de la casa de 36 m2. han debido prácticamente dejarlos a la intemperie, en un campo abierto. El Comité de Arrendatarios solicita que CORHABIT Arica termine cuanto antes la construcción de los cierres divisorios para que las viviendas sean entregadas terminadas. Hago presente al señor Ministro, aprovechando esta petición, que los funcionarios de la Vivienda en Arica por lo menos hasta mediados del presente año han demostrado poco interés en impulsar y acelerar la construcción de viviendas. El siguiente cuadro demuestra claramente mi afirmación: En Población El Morro, 73 viviendas se iniciaron en septiembre de 1970; a julio de 1972 sólo había avanzado el 65% de la construcción. En la Población Hernán Mery se iniciaron 118 casas en septiembre de 1970 habiendo avanzado físicamente al 75%. En la Población Patria Nueva se iniciaron 88 viviendas en noviembre de 1970, estando hasta julio de 1972 la obra avanzada en un 85%. En la Población San Adrián se iniciaron 72 casas en julio de 1970, llegando a julio de 1972 con un avance del 90%. En la Población Rancagua, con 48 viviendas iniciadas en noviembre de 1970, se había avanzado al 95% en julio de 1972. En la Población Olivarera, con 135 casas, iniciadas en mayo de 1971, se había avanzado a julio de 1972 en un 80%. En Población Barrientes, de 132 casas iniciadas en mayo de 1971, el avance a julio de 1972 era tan sólo del 25%. En el loteo Lauca, con 202 viviendas iniciadas en julio de 1971, se había avanzado a julio de 1972 en un 65%. En Villa Universidad, de 82 casas iniciadas en septiembre de 1971, el avance a julio de 1972 alcanzaba al 80%. Se advierte, pues, un considerable atraso en la terminación de las viviendas. Durante mucho tiempo ellas permanecieron inconclusas, abandonadas y deteriorándose. Son todas viviendas tipo 20.000, de construcción muy rápida. Por estas razones, ruego al señor Ministro disponer que los organismos de la Vivienda de Arica cumplan los planes habitacionales del Gobierno con la celeridad requerida y acorde al problema habitacional de esa ciudad. INSTALACION DE COMPLEJO DE INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE RESINAS PLASTICAS EN TOCOPILLA (ANTOFAGASTA). A los señores Ministro de Economía y Vicepresidente de la Corporación de Fomento, en los siguientes términos: La Municipalidad de Tocopilla ha adoptado, por unanimidad, el acuerdo Nº 357, de 26 de octubre de 1972, que incide en elevar una petición al señor Ministro de Economía y al señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento y Presidente del Consejo Económico de Gobierno para que sea aprobado el informe sobre el Complejo de Industrias Transformadoras de Resinas Plásticas Zona Norte Antofagasta Tocopilla, emitido por Petroquímica Chilena, en su condición de organismo especializado, acogido por el Instituto CORFO del Norte, como propulsor del desarrollo industrial de la zona, a fin de que esta importante industria sea instalada en Tocopilla. El mencionado estudio recomienda la instalación del Complejo en Tocopilla, como una manera de dotar al departamento de una industria estable que promueva el desarrollo de la zona y proporcione ocupación de mano de obra. Junto a la presente, acompaño una copia del citado acuerdo municipal, rogando al señor Ministro y al Vicepresidente de la CORFO acogerlo y disponer lo que corresponda para la instalación del citado complejo en Tocopilla. PAGO DE BONIFICACIONES COMPENSATORIAS A TRABAJADORES MARITIMOS Y PROFESORES DE ESCUELAS MUNICIPALES. Al Contralor General de la República, en los siguientes términos: Las leyes Nºs 17.713 y 17.732 dispusieron el pago de un aguinaldo de Fiestas Patrias y una bonificación compensatoria por Eº 700 y Eº 500, respectivamente. Ambas leyes establecieron el derecho a percibir el aguinaldo y la bonificación compensatoria a todos los trabajadores, sin distinción alguna. Sin embargo, han sido marginados de estos beneficios dos grupos de trabajadores que, a mi juicio, tienen pleno derecho a percibirlos. Ellos son: 1.- Los trabajadores denominados pincheros o subsuplentes de estibadores, lancheros, marineros de bahía y otros, que laboran en actividades marítimas. No obstante ser imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, de desarrollar su trabajo en la misma forma como lo realizan los estibadores de planta o suplentes y otros trabajadores del mar, se les ha negado el derecho al pago de los beneficios citados por no existir nexo alguno entre estos obreros y su empleador, la Cámara Marítima de Chile, según instrucciones emitidas por la Dirección del Trabajo. 2.- Las profesoras contratadas por las municipalidades para atender las escuelas subvencionadas por estos organismos. La Defensa Municipal de la Municipalidad de Antofagasta, para citar sólo un caso, ha señalado que no tienen derecho a los beneficios de las leyes mencionadas por estar sus pagos regidos sobre la base de honorarios. Sin embargo, entre la municipalidad y estas profesoras existe un nexo contractual toda vez que los nombramientos se hacen por períodos superiores a los seis meses. Agradeceré al señor Contralor General de la República se sirva dictaminar con relación al derecho que tienen los trabajadores mencionados a percibir el aguinaldo extraordinario y la bonificación compensatoria de las leyes 17.713 y 17.732. El señor PAPIC (Vicepresidente). En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El segundo turno corresponde al Comité Nacional. Ofrezco la palabra. El señor OCHAGAVIA.- Pido la palabra. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. REPRESALIAS CONTRA PARTICIPANTES EN PARO GREMIAL. El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, haré uso de esta tribuna para dar cuenta al país de los antecedentes que la confederación gremial que tuvo la responsabilidad del paro más grave que ha ocurrido en la historia de nuestro país, ha venido a plantear a la Confederación de Partidos Democráticos; y para señalar también cómo la palabra del Comandante en Jefe del Ejército y actual Ministro del Interior, el General Carlos Prats, que para ese gremio y para la opinión pública significó una garantía indispensable para pacificar a los chilenos, viene siendo desvirtuada por la acción de los jefes marxistas y de los propios Ministros de Estado que comparten responsabilidades con el Jefe del Gabinete del señor Allende. Un plan premeditado. Sobre el particular, hemos recibido una reseña de algunos hechos, los que ya han pasado a constituir una cadena, demostrativos de que el espíritu del Gobierno marxista no es buscar, en realidad, la pacificación ofrecida con la garantía y el aval de las Fuerzas Armadas, sino que poner en práctica un plan premeditado de represalias, persecución y amedrentamiento de la ciudadanía con el objeto de implantar una dictadura marxista; un régimen que es resistido por la inmensa mayoría de chilenos y que los marxistas dogmáticos, no obstante constituir una minoría en nuestra patria, pretenden imponer por la vía de la violencia legal, al usar resquicios legales , lo que no es sino una manera eufemística de denominar la ilegalidad. Hemos escuchado al señor León Vilarín, que fue el jefe de ese movimiento huelguístico en representación de los transportistas; de estos hombres que constituyen la expresión mínima de la actividad privada, del esfuerzo individual. Muchos de ellos son personas modestas que ni siquiera han pagado el capital que constituye su patrimonio: su máquina de transporte, y que, no obstante, dieron una muestra de la fortaleza del hombre de trabajo. Se trata, en numerosos casos, incluso, de obreros que con el fruto de su esfuerzo y de su ahorro, han logrado convertirse en propietarios, en pequeños empresarios. Antecedentes proporcionados por el señor Vilarin. Deseo dar a conocer al Senado, pues, algunos de los antecedentes proporcionados por el señor León Vilarín, que considero de mucha gravedad, algunos de los cuales afectan también a la Zona Austral. Precisamente, a las provincias que represento en el Senado y, más concretamente, a Aisén, donde se inició el paro debido a la pretensión de un marxista, el señor Anfossi, jefe de CORFO-Aisén, de tratar de sustituir la actividad de los transportistas privados mediante la creación de una empresa estatal que dejaría a aquéllos sin posibilidades de trabajo y que pasaría a ser un eslabón más en la cadena de las empresas estatificadas. Estas, como todos lo saben, representan hasta la fecha para el Estado una pérdida equivalente cifra que no ha sido rebatida a la fabulosa suma de 52 mil millones de escudos, lo que prueba que los marxistas no tienen como meta el desarrollo económico del país, sino tomar el control económico de todos los ciudadanos y, de este modo, disponer de su independencia política. Se pretende dividir al gremio de transportistas. Pues bien, en Aisén se produjeron hechos que son demasiado graves. Por orden expresa de la Ministro marxista, la comunista Mireya Baltra y del señor Matus, se dieron instrucciones a los intendentes y gobernadores de todas las provincias de Chile para crear los organismos paralelos denominados MOPARE, organizaciones que no están afiliadas a ninguna de las confederaciones existentes y que carecen de personalidad jurídica. Es decir, el propósito de la acción marxista no es otro que dividir al gremio de los transportistas y quebrar la unidad de esa confederación mediante el ofrecimiento y entrega de vehículos a personas no idóneas y que no disponen de título alguno para recibirlos. Lo anterior demuestra que el Gobierno marxista no tiene ni la menor intención de buscar el avenimiento, la paz y la vuelta a la normalidad. Se rechazan solicitudes de préstamos. En Aisén la ola de represalias y persecuciones se inició, concretamente, con la actitud asumida por el intendente comunista señor Añasco en la sesión celebrada por la agencia del Banco Central de Coihaique. Allí se acordó dejar sin efecto acuerdos tomados hace ya más de tres meses y que se relacionan con la contratación de determinados transportes por camiones, y ello por la sola razón de que los propietarios de esas máquinas habían adherido al paro gremial obedeciendo órdenes da sus respectivas confederaciones. Debo decir al Senado que el presidente de los transportistas de esa provincia, don Sergio Maldonado Guzmán, me informó de estos hechos y de la indignación que en estos instantes existe entre los integrantes de ese gremio en Aisén con motivo del rechazo de solicitudes que habían sido aprobadas el 3 de agosto y que el viernes último repito fueron retiradas y dejadas sin efecto por el hecho de pertenecer los afectados al gremio y haber adherido al paro. Se trata de las siguientes personas: Sergio Cárcamo, Américo Soto, Julio Orellana y Romilio Peña. Estas represalias han llevado también, en Aisén, a la creación de una entidad callampa que ya ha recibido 13 vehículos algunos todavía en solicitudes de importación de maquinarias nuevas para personas a las cuales se pretende utilizar con el exclusivo objeto de dividir el movimiento gremial. Quiero destacar que la indignación de los transportistas de Aisén es real. Y es lógico que así sea, pues se trata de gente que vive en una zona extremadamente dura, que ha tenido que luchar mucho para hacerse del medio de trabajo de que dispone y que ahora está siendo víctima de la persecución. Por eso, cabe advertir que así como ayer hubo víctimas en las tierras aiseninas en enfrentamientos con los colonos que defendían los campos que ellos mismos labraron, luchando primero en contra de una naturaleza muy hostil y luego en contra de los desgraciados hechos surgidos como consecuencia de la reforma agraria, también hoy es posible que tales hechos se repitan debido a la efervescencia e indignación que sienten los transportistas, indignación que yo justifico plenamente porque se sienten absolutamente engañados. Represalias en Chiloé. Quiero señalar que en las vecinas provincias de Chiloé y Magallanes están sucediendo hechos similares. Tengo en mi poder, precisamente, un telegrama de Chiloé mediante el cual se dan instrucciones para que no se autorice cargar camiones a los sindicatos de Castro y áz Ancud, que están adheridos a la confederación. Esto significa que la provincia mencionada no podrá movilizar sus productos. A lo anterior debe agregarse que la opinión pública de Chiloé ha sido testigo de los hechos increíbles en que el Gobierno marxista ha incurrido como consecuencia de la conducción errónea que ha dado al desarrollo económico de esa provincia. Por lo demás, el propio Pleno del Partido Comunista ha reconocido el hecho sin precedentes recientemente ocurrido de que, mientras el Norte y el Centro carecían de los elementos indispensables para la alimentación, en las playas de Chiloé se podía apreciar el espectáculo impresionante que ofrecían miles de sacos de papas botados, y ello por la simple razón de que la Empresa de Comercio Agrícola no tiene la capacidad suficiente para trasladar ese tubérculo y colocarlo en los centros de consumo. Mientras eso ocurría allá, los grandes centros poblados del país se veían en la necesidad da pagar precios prohibitivos por dicho producto. Por lo tanto, esta persecución sectaria a los transportistas de Chile implica un grave atentado en contra del abastecimiento normal de alimentos para la población del resto de Chile. Pero nada de esto importa en la acción premeditada de los grupos marxistas que están manejando el país. Sólo les interesa amedrentar a los que, en defensa de su libertad de trabajo, plantearon un problema que no tuvo respuesta ni eco de las autoridades de Gobierno y que terminó en un paro que sólo pudo solucionarse gracias a la fuerza cívica, al valor y al coraje de quienes obligaron a este Gobierno marxista a cambiar el Gabinete y a incorporar a él a las Fuerzas Armadas, que entraron a asumir responsabilidades no políticas el General Prats fue muy claro en esta materia, en pro de la normalidad y la pacificación nacional. ¿En qué forma se está realizando esta tarea? Estas son algunas de las demostraciones de cómo se está pacificando al país. Persecución a transportistas en Puerto Natales. Por ejemplo, he recibido un telegrama en el cual se me informa que en Natales, en el departamento de Ultima Esperanza, donde la mayoría de la población subsiste esencialmente del trabajo de un mineral argentino, los transportistas vienen siendo víctimas de la persecución. En efecto, la misma orden que se impartió para que los terminales pesqueros de Puerto Montt no entregaran carga a los transportistas de la provincia de Chiloé, se dio en contra de los transportistas de Natales, del departamento de Ultima Esperanza. Deseo agregar un hecho que me produce justa alarma: el General Manuel Torres, Jefe de la 5ª División de Ejército e Intendente de la provincia de Magallanes, participó en un acto público en el cual se hizo entrega de camiones a un grupo de krumiros. No encuentro otro calificativo para referirme a quienes están dividiendo el gremio del transporte en Chile y particularmente en la zona austral. Un General de la República ha servido de aval del Gobierno al solemnizar con su participación esta entrega de camiones que significa la más abierta actitud en contra de las expresiones del General Prats en cuanto a la pacificación de los chilenos y la normalización del país. El General Prats dijo que no habría represalias ni persecuciones. Sin embargo, se llevan a cabo todas estas acciones que son una demostración evidente del plan perfectamente premeditado que siguen los grupos marxistas con el objeto de destruir al gremio que tuvo una actuación verdaderamente sacrificada en la lucha por la libertad de trabajo. Esta mañana se dieron datos no deseo extenderme demasiado según los cuales, de 168 sindicatos de transportistas, 82 son víctimas de esta misma persecución. Estas cifras son demasiado elocuentes. Represalias contra el comercio. Lo anterior no afecta sólo a los transportistas, sino también al comercio. ¿Qué nos dijeron estos personeros? Nos informaron de que la acción que lleva a cabo en estos momentos el Gobierno con el objeto de amedrentar a los comerciantes es la de presionarlos, como se ha hecho con una circular absolutamente ilegal e inconstitucional en que se instruye a los bancos en el sentido de que, para otorgarles créditos, exijan a los comerciantes certificados de no haber participado en el paro gremial que también afectó al comercio. Repito una vez más que el Gobierno pretende utilizar a las Fuerzas Armadas en esta maniobra. Puedo citar el caso concreto sucedido en la provincia de Cautín, donde el Jefe de Zona, un Coronel de Ejército, ha debido otorgar certificados en los cuales se declara que las personas en ellos indicadas no participaron en la huelga. ¿Dónde quedan las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley? ¿Dónde quedan las garantías del derecho a reclamo y a protesta, de las que en el pasado los marxistas usaron y abusaron, pero que hoy día niegan al presionar y perseguir a quienes hacen uso legítimo de su derecho a plantear un paro? Tribunales populares en la construcción. Pero hay más todavía. Se han creado tribunales populares, especialmente en algunas obras en el rubro de la construcción. Estos tribunales, en juicios públicos obviamente ilegales e inconstitucionales han determinado que ciertas personas, según lo han decidido los grupos de la Unidad Popular que las controlan, no podrán volver a su trabajo. Hay más de 800 casos, que el Presidente de la Cámara de la Construcción enumeró someramente, de personas afectadas por este tipo de problemas. Tenemos el ejemplo concreto de lo sucedido en la obra de remodelación del Portal Alamos, de Viña del Mar, donde el interventor que está manejando la firma constructora es, a la vez, presidente del tribunal popular respectivo. Aquí tengo una nómina de todas las empresas constructoras en las que no se ha permitido el ingreso al trabajo de obreros, empleados y técnicos como represalia ordenada por estos tribunales populares, que constituyen uno de los estigmas más vergonzosos de los regímenes marxistas. Igualmente, puedo señalar que en la firma Ingeniería Habitacional Abalos y González, una vez finalizado el paro, los obreros impidieron el ingreso a la obra del personal técnico y administrativo, al igual que el retorno de la empresa, que en este caso trabaja para CORMU. En la empresa constructora Edmundo Pérez y Cía., que trabaja en la obra de la población Gran Vía, edificio Caliche Antofagasta, que se construye para EMPART, los obreros han impedido, a partir del 6 de noviembre, el ingreso a la obra del personal técnico y profesional. El Vicepresidente de la Caja de Empleados Particulares, como asimismo los consejeros, plantean la devolución de la obra; pero el Fiscal, que es militante comunista, se opone a ello. En la obra de la planta Fábrica de Cemento de Antofagasta, realizada para INACESA S. A. hay una situación igual a la descrita anteriormente. En la firma J. Arsenio Alcalde y Cía. Ltda., que trabaja en la obra Remodelación Portal Álamos de Viña del Mar, los obreros han cuestionado el reintegro de tres empleados de la empresa un constructor civil, un bodeguero y un alistador formándose un tribunal integrado por el inspector técnico y los obreros que forman el Comité de Obra, para decidir sobre su situación. Presenció el acto un representante de la empresa. Se formularon en él diversos cargos, sin fundamento ni relación alguna con el paro, y no se llegó a ninguna conclusión. En la obra de la población Duque Bavestrello, de Limache, realizada para la CORVI, la empresa no ha logrado hacerse cargo de los trabajos, lo que ha intentado desde el lunes 6. Se ha puesto la nueva condición de que corran los contratos primitivos sin renegociaciones, descuento de porcentaje como utilidad y gastos generales por obra ejecutada por CORVI durante el paro. En la empresa constructora BíoBío, que trabaja en la obra de ampliación de la población Capitán Orellana, de San Antonio, la situación es la siguiente: los obreros acordaron devolver la obra, pero ponen condiciones inaceptables, como el despido de un jefe de obra y un tractorista, el nombramiento de un inspector administrativo permanente, etcétera. Para no cansar al Senado con esta información, solicito que esta nómina, que consta solamente de cuatro carillas, se inserte en esta parte de mi intervención. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Oportunamente se recabará el acuerdo necesario, señor Senador. El documento que se acuerda insertar más adelante es el siguiente: Martes 14 de noviembre de 1972. Ref.: Situación de algunas empresas constructoras. 1.-Ingeniería Habitacional Abalos y González. Obra: Equipamiento Triángulo ParaguayLira. Mandante: CORMU. Situación: Durante el paro la obra funcionó bajo dirección de Inspección Técnica de CORMU y del Comité de Obra, Finalizado el paro los obreros no han permitido el ingreso del personal técnico y administrativo ni el retorno de la Empresa. Ejecutivos CORMU han manifestado deseo normalizar situación. Creen casi imposible recuperar. 2.-Empresa Constructora Edmundo Pérez y Cía. a) Obra: Población Gran Vía Edificio Caliche-Antofagasta. Mandante: Soc. EMPART Nº 5. Situación: A partir del lunes 6 de noviembre los obreros han impedido el ingreso a la obra del personal técnico y profesional. Vicepresidente Caja EE.PP. y Consejeros están en posición de que se devuelva la obra. El Fiscal (comunista) contrario. Piden salida Delegado del Personal. b) Obra: Planta Fábrica de Cemento Antofagasta. Mandante: Inacesa S. A. Situación: Igual a la anteriormente señalada. Directorio y Gerencia Inacesa partidarios vuelva la empresa, haciendo gestiones. Se opone el Gerente Norte Corfo. 3.-J. Arsenio Alcalde y Cía. Ltda. a) Obra: Remodelación Portal AlamosViña del Mar. Mandante: Cormu-Municipalidad de Viña (Vicormu). Situación: Cormu dispuesta a restituir obra a la empresa, previo acuerdo que contemple no represalias; reconocer obra ejecutada durante el paro; reconocer pagos efectuados; recepción conforme de bodegas y renuncia a cualquier acción legal. Los obreros han cuestionado el reintegro de 3 empleados de la empresa un constructor civil, un bodeguero y un alistador formándose un tribunal para decidir sobre su situación, integrado por el Inspector Técnico y los obreros que forman el Comité de Obra. Presenció también el acto un representante de la empresa. Se formularon diversos cargos, sin fundamento y sin relación alguna con el paro, no llegándose a ninguna solución. b) Obra: Población Duque Bavestrello-Limache. Mandante: CORVI. Situación: Empresa no ha logrado hacerse cargo de la obra, lo que está tratando de hacer desde el lunes 6. Delegación Regional de Corvi en espera de instrucciones de Santiago. Existiría acuerdo de restituir la obra a la empresa previo acuerdo señalado en el caso anterior. Han puesto nueva condición de que corre contrato primitivo sin renegociaciones, descuento % como utilidad y gastos generales por obra ejecutada por Corvi durante paro. Se esperaba devolvieran obra hoy en la mañana. 4.- Empresa Constructora BíoBío. a) Obra: Ampliación Población Capitán Orellana San Antonio. Mandante: CORVI. Situación: Obreros se oponen a la devolución de la obra a la Empresa. Obreros acordaron devolver pero ponen condiciones inaceptables: despido de un Jefe de Obra y un Tractorista y nombramiento de un Inspector Administrativo permanente en la obra. Corvi quiere entregar. Obreros opiniones divididas. b) Obra: Población en Concepción. Mandante: Corvi. Situación: Obreros condicionan devolución obra a la Empresa a la separación de dos empleados. Resto empleados no aceptan condiciones. 5.- Emp. Const. de Viv. Econ. Bronfman Hnos. Informó que Corvi condiciona la normalización de actividades a la firma de un acta en que se acuerden los puntos mencionados anteriormente. Mientras tanto no se cursan pagos de Corvi a la empresa. 6.- Concepción. Emp. Constructora TECSA. Emp. Constructora ATEVOBELFI. Empresa Constructora Cerrillos. Obras de CAP. Intervenidas el lunes 6 de noviembre. Impedimento de los obreros para que empresas, profesionales y empleados asuman funciones. Existe constancia notarial. Hay informaciones que obreros desean pasar a pertenecer a CAP, ante lo que interventor manifiesta que no puede hacer nada. 7.- Emp. Const. Moller y Pérez Cotapos. Obra: Soquin (Antofagasta). Mandante: CORMU. Situación: Personal obreros no deja entrar a la obra a profesionales y empleados. Solicitan paso a ejecución directa. Reuniones con personeros CORMU en quienes existe buena disposición para devolver obra a empresa. 8.- Lira y Cox. Obra: Población Santa Corina. Mandante: CORVI. Situación: Obra intervenida el 18 de octubre por inspección Fiscal en el manejo técnico y económico. Personal empresa está en la obra ayudando a que funcione. Se condiciona término intervención a firma acta con exigencias no aceptables. 9.- Emp. Const. Jaime Francos. Obra: Hospital Militar. Mandante: Direc. Arquitectura MOPT. Situación: Obra tomada por obreros que no permiten ingreso de profesionales y empleados. MOPT ha comunicado a la empresa que rescindirá el contrato con cargo. 10.- Gastón Fermandois. Obra: Municipalidad de La Granja. Mandante: Direc. Arquitectura MOPT. Situación: Conversaciones anteriores para rescindir el contrato sin cargo, por problemas financiamiento. A raíz del paro se ha comunicado a la empresa oficialmente que se rescindirá contrato con cargo. 11.- Empresas requisadas. DESCO: Conversaciones de personal con Interventor. Se convino que el personal de oficinas concurriera al trabajo el viernes 10, lo que ocurrió. Los empleados y profesionales de obra han tenido problema para su reintegro, pues los Comités de Obra y Juntas de Vigilancia de cada faena han exigido el juzgamiento de cada uno de los empleados para decidir si aceptan o no su reincorporación. En la obra Torre 13 de CORMU, hoy fue rechazada la vuelta al trabajo de todos los empleados y profesionales. Igual rechazo ocurre en la obra de la Universidad Austral de Valdivia. Administradores de la empresa han concertado entrevistas con el Interventor general para el miércoles 8 y para el viernes 10, no pudiendo realizarse por no asistencia del señor Morán. FIGALEM (devuelta). CONCRETOS READY MIX.-Se acompaña memorándum explicativo y copia de carta dirigida por el Sindicato al Ministro del Interior, explicativos de la anormal situación producida en esta empresa. E C A V A L.- Valparaíso: Personal obrero e Interventor no permiten el acceso a las obras. TASCO.- Las entrevistas convenidas con el Interventor son diferidas por éste sin haber hasta ahora ninguna solución. BROWNE TECSA (devuelta). WARD y LATHAM.- No disponemos de antecedentes. También se persigue a profesionales del sector agropecuario. El señor OCHAGAVIA.- Como decía, hay otros sectores gremiales de trabajadores, empleados y obreros, que han sido víctimas de las persecuciones. Así, en el sector agropecuario se ha producido una verdadera razzia en contra de profesionales, concretamente de los ingenieros agrónomos, a quienes se los ha trasladado. Se trata de personas del más alto nivel académico, puesto que son encargados nacionales de fertilizantes, horticultura, pesticidas, etcétera, a los que se ha enviado a zonas apartadas del país donde no podrán desarrollar ninguna labor. Tengo en mi poder una nómina de los profesionales que se encuentran en esta situación, que consta sólo de dos carillas, que solicito insertar en esta parte de mi intervención para dar cuenta de la protesta de este gremio. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Cuando haya quórum en la Sala, se recabará el acuerdo necesario, señor Senador. El documento que se acuerda insertar más adelante es el siguiente: Persecución en el Sector Agropecuario. Por la Resolución 644, de CORA, que sólo en el día 8 de noviembre fue enviada a la Contraloría y que por lo tanto aún no tendría valor legal. Mediante esta resolución se trasladan 7 profesionales del más alto nivel académico, puesto que son encargados nacionales de fertilizantes, horticultura, pesticidas, etcétera a zonas apartadas del país. Incluyo además copia del Acta suscrita por los Ingenieros Agrónomos al recibir tal notificación. Se trata de los siguientes Ingenieros Agrónomos: Sergio Donoso Garay, Ingeniero Agrónomo, II Categoría P. T. de la Planta Vigente, desde Santiago a la VIII Zona Área Itata. Juan Carlos Reyes Vidal, Ingeniero Agrónomo, II Categoría P. T. de la Planta Vigente desde Santiago a la II Zona Área Combarbalá. Rol 427217. Luis Fernández del Pozo, Ingeniero Agrónomo, C categoría P. T. de la Planta Vigente, desde Santiago a la III Zona Área Quillota. Sergio Opazo Bernales, Jefe de División, de Categoría Directiva, desde Santiago a la I Zona Área Calama. Héctor Jensen Valenzuela, Director, FC/C Categoría Directiva de la Planta Vigente, desde Santiago a la X Zona Área Los Ángeles. Alfonso Jasmen Correa, Director, PC/C Categoría Directiva, de la Planta Vigente, desde Santiago a la X Zona Área Angol. Rubén Fuentealba Castro, Coordinador de Asentamiento X Categoría P. T., de la Planta Vigente, desde Santiago IV Zona, a la VIII Zona Area Yungay. Copia de la Resolución 999 de la II Dirección Zonal del SAG mediante la cual se dan instrucciones para instruir sumario a 9 profesionales y técnicos de esa Zona por haberse plegado al paro. Los casos son los siguientes: 1.-Alberto Cooper Valencia, Ingeniero Agrónomo, 2ª Categoría Directiva, con sede en La Serena, Rol Contraloría Nº 170.419. 2.-José Antonio Valdés Herreros, Ingeniero Agrónomo, 4ª Categoría, con sede en La Serena, Rol de Contraloría s/n. 3.-Rodolfo Walther von Bohlen, Ingeniero Agrónomo, 3ª Categoría Directiva, con sede en Ovalle, Rol de Contraloría Nº 204.522. 4.-Osmán Mondaca González, Ingeniero Agrónomo, 4ª Categoría, con sede en Ovalle, Rol de Contraloría s/n. 5.-Félix Corral Jorquera, Ingeniero Agrónomo, 3ª Categoría, con sede en Ovalie, Rol de Contraloría Nº 373.234. 6.-Pedro Escandón Orellana, analista, 6ª Categoría, con sede en La Serena, Rol de Contraloría s/n. 7.-Pablo Elgueta Matus, Médico Veterinario, Categoría CF con sede en La Serena, Rol de Contraloría s/n. 8.-Amparo Ojeda Fuentes, Educadora del Hogar, 6ª Categoría, con sede en La Serena, Rol de Contraloría Nº 271.654. 9.-Juan Fuenzalida Hidalgo, Ingeniero Agrónomo, 3ª Categoría, con sede en La Serena, Rol de Contraloría Nº 391.238. En lo que se refiere al INDAP, por Resoluciones que van desde el número 1240 a la 1257, del 18 de octubre al 6 de noviembre del 72, se hacen los siguientes traslados: 1240 Diego Olea, es Ejecutivo de INDAP, destinado a Los Angeles. 1241 Raúl Wagner, a Arica. 1242 Raúl Rossel, a Angol. 1243 Gabriel Telles, Abogado, a Valdivia. 1244 José Ariztía, Ing. Agrónomo, a Vallenar. 1245 Camilo Silva, es ejecutivo, a Curepto. 1246 Daniel Díaz, elegido el 7 de noviembre Delegado del Personal del INDAP por amplia mayoría, a Linares. 1247 Omar Faúndez, a Puerto Montt (desde Talca). 1248 Guillermo Maturana, de Angol a Ñuble. 1249 Mauricio Amenábar, ex jefe de bienestar, a Cautín. 1250 Mario Cifuentes, ex Jefe del Gabinete del Ministro de Agricultura del Gobierno anterior, a Linares. 1251 Luis Zúñiga, a La Serena. 1252 César Carmona, Ing. Agrónomo, ex Consejero del Colegio y ex ejecutivo de INDAP, a Concepción. 1254 Celso Moreno, a Concepción. 1255 Lidio Ramírez, ex Director de La División Administrativa, a Chillán. 1256 Juan Pinzzeti, a Arica. 1257 Víctor Muñoz, a Los Angeles. 1253 Ignacio Edwards, a Puerto Montt. 1193 2 de Noviembre. Ricardo Echeverría, abogado, a Los Angeles. 1194 2 de noviembre. Alfonso Carrasco, abogado, a Cautín. 1195 2 de noviembre. Julio Vial, de Peumo a Maullín. Mediante otras tres resoluciones se han trasladado numerosos funcionarios; las resoluciones en cuestión son las siguientes: Resolución del 28 del X del 72, encabezada por el abogado don Luis Bravo, Presidente de la Federación de Profesionales del Agro y Vicepresidente de la Asociación de Profesionales del INDAP. Se agrega una lista de funcionarios, Resolución de fecha 30 de octubre del 72, encabezada por Carlos Escudero, Ing. Agrónomo, Presidente de la Asociación de Profesionales de INDAP y ex ejecutivo del Instituto, más una lista de funcionarios, Resolución del 2 de noviembre del 72, encabezada por Guillermo Mery A. Ing. Agrónomo, Consejero Nacional del Colegio, recientemente elegido por gran votación y ex ejecutivo de INDAP, más una lista de funcionarios. El señor OCHAGAVIA.- En la mañana de hoy también se mencionaron hechos verdaderamente increíbles, como el ocurrido en las oficinas del Banco Central en Valparaíso, donde se despidió al personal de servicio y a las cocineras que atienden el casino de la institución, por haberse pronunciado en favor del movimiento gremial. A gente tan modesta como la mujer que cocina y sirve las mesas de este casino, se la despidió sin mediar ningún estudio ni antecedente que justificara la medida. Hasta este punto llega el sectarismo de esos grupos. Una política, nefasta. El Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos señalaba cómo las estaciones agronómicas y experimentales permanecen en manos de grupos que las han tomado. Esto no significa perjuicios para un empresario, sino para las posibilidades de que el país pueda desarrollar un programa que el pueblo reclama a fin de atender sus necesidades de alimentos. Se importarán 500 millones de dólares este año en productos alimenticios. ¿Qué comerá el país? Pero los marxistas son impermeables ante este tipo de problemas, porque no les importa la tragedia que en forma más dura sufren los hogares modestos, a raíz de la falta de alimentos. Lo que a ellos les interesa son las metas políticas de implantar la dictadura, de atropellar y de amedrentar. Afortunadamente para nosotros, los chilenos, en este país los marxistas se han encontrado con la resistencia de estos grupos de trabajadores que nunca han participado en política ni piensan hacerlo, pues solamente están defendiendo su libertad de trabajo. Esta tarde, en nombre de los Senadores del Partido Nacional, deseo rendir un homenaje a estos hombres que están defendiendo su libertad y luchando para no someterse ante la acción de una minoría que no tiene ningún título y que, si bien fue elegida por este Congreso para gobernar, en estos momentos está atropellando la ley y empleando toda clase de resquicios lo que es una ilegalidad absoluta para imponernos, mediante la moral marxista, una moral que no vacila en mentir, en faltar a la palabra empeñada y en no cumplir los compromisos, los fines que buscan, o sea, la dictadura, el control del poder. De ahí la desorientación de los grupos democráticos. Nosotros no estábamos acostumbrados a enfrentarnos a este tipo de juegos, porque no tenemos esa formación. De ahí también la inquietud que queremos plantear frente a la acción de este Gobierno, que ha pretendido utilizar arbitrariamente a las Fuerzas Armadas en este conflicto entre los gremios y el Ejecutivo pensando que la autoridad de que ellas gozan permitiría acallar la protesta y las demandas legítimas de una población que se alza contra los actos abusivos de su gestión. Frente a la declaración del Comandante en Jefe del Ejército, General señor Carlos Prats, en el sentido de que las Fuerzas Armadas van a realizar, en este momento, la tarea de restablecer la normalidad en el país, me pregunto: si los chilenos sabemos que la normalidad en Chile fue destruida por una política de Gobierno destinada a hacer desaparecer la democracia para reemplazarla por el marxismo, ¿pueden las Fuerzas Armadas permitir que se siga atropellando la Constitución con el evidente propósito de establecer en Chile un régimen comunista? Creo que se está pretendiendo abusar de la disciplina y obediencia de los institutos armados, para obligarlos a respaldar acciones ilegítimas de un Gobierno. También quisiera decir que nosotros, en el Congreso, tenemos una gran responsabilidad, porque aquí está trabada una batalla de cuyo desenlace depende la subsistencia de la libertad. El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿Me permite, señor Senador? Ha llegado el término del tiempo del Comité Nacional. El turno siguiente corresponde al Comité Mixto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Se levanta la sesión. Se levantó a las 19.27. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS. 1 PROYECTO DE LEY, EN QUINTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA UNA CORTE DE APELACIONES EN PUERTO MONTT Y DIVERSOS JUZGADOS DE LETRAS DE MAYOR CUANTIA EN LOS DEPARTAMENTOS QUE INDICA. Santiago, 8 de noviembre de 1972. La Cámara de Diputados ha tenido a bien insistir en la aprobación de las enmiendas que introdujo al proyecto de ley que crea una Corte de Apelaciones en Puerto Montt y diversos Juzgados de Letras de Mayor Cuantía en los departamentos que indica, que fueron rechazados por ese Honorable Senado. Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a nuestro oficio Nº 14.676, de fecha de ayer. Acompaño los antecedentes respectivos. (Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage.Raúl Guerrero G. 2 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA LA PLANTA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR. Santiago, 8 de noviembre de 1972. Con motivo del Mensaje, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, la Cámara de Diputados ha tenido a bien presentar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º.- Declárase válido para todos los efectos legales a contar del 25 de julio de 1972, el Acuerdo Nº 369 adoptado por la Municipalidad de Viña del Mar, en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 1971, con las siguientes modificaciones: Sustitúyese en el inciso segundo el punto final por una coma, y agrégase la siguiente frase: y que pertenezcan a los grados del 5 al 16 inclusive. Suprímese para todos los efectos legales el inciso tercero de dicho Acuerdo. Reemplázase en el inciso cuarto en la parte pertinente el grado 18º la frase de tres grados por la siguiente: cuatro grados. Artículo 2º.- Suprímense a contar de la misma fecha, los cargos de la Planta Ordinaria de Empleados signados con los números que a continuación se indican: 4; 153; 5; 93; 208; 115; 30; 94; 73; 297; 238; 71; 92; 23; 296; 265; 235; 295; 32; 123; 55; 40; 37; 31; 255; 78; 135; 9; 313; 262; 182; 57; 324; 11; 24; 273; 26; como asimismo los siguientes cargos vacantes de la Planta Administrativa de esa Municipalidad, signados con los números: 8; 2; 9; 1, y todas las vacantes posteriores que se produzcan en sus Plantas de Empleados durante el año 1972, hasta solventar dicho Acuerdo. Artículo 3º Los aumentos de grados a que se refiere la presente ley, se aplicarán a las remuneraciones reajustadas de conformidad a la ley Nº 17.654. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage. Raúl Guerrero G. 3 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE OTORGA UNA BONIFICACION COMPENSATORIA A LOS REOS QUE LABORAN EN TALLERES FISCALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO INDUSTRIAL DEL SERVICIO DE PRISIONES. Santiago, 8 de noviembre de 1972 Con motivo del Mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo único. Declárase que será aplicable a los reos que laboren en los Talleres Fiscales dependientes del Departamento Industrial del Servicio de Prisiones, los beneficios establecidos en el artículo 1º de la ley Nº 17.713, siempre que se encontraren trabajando a la fecha de promulgación de la respectiva ley. El gasto que se origine por aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, deberá cargarse al Ministerio de Hacienda con la siguiente imputación 08/01/03/003/010. . Dios guarde a V. E. (Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage.Raúl Guerrero G. 4 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONCEDE UN NUEVO PLAZO DE VIGENCIA A LA EXENCION DEL IMPUESTO QUE GRAVA LAS ARMADURIAS DE VEHICULOS MOTORIZADOS. Santiago, 8 de noviembre de 1972 Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo la honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Concédese un nuevo plazo de vigencia, desde el 26 de octubre de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1972, a la exención tributaria contenida en el artículo 7 de la ley Nº 12.919. . Dios guarde a V. E. (Fdo.): Fernando Sanhueza, Herbage.Raúl Guerrero G. 5 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA LA LEY N° 16.752, QUE REORGANIZO Y ESTRUCTURO LA DIRECCION DE AERONAUTICA. Santiago, 9 de noviembre de 1972. Con motivo del Mensaje e informes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º.- Introdúcense a la ley Nº 16.752, modificada por la ley Nº 17.351, las siguientes modificaciones: a) Sustitúyese en todo el articulado de la ley, las expresiones Director de Aeronáutica , Dirección de Aeronáutica y Director por las expresiones Director General de Aeronáutica Civil , Dirección General de Aeronáutica Civil y Director General , respectivamente. b) Agrégase al artículo 2, lo siguiente: La Fiscalía de la Dirección General estará a cargo de un abogado y, sin perjuicio de las demás funciones que le encomiende el reglamento, le corresponderá: Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, sustanciar las investigaciones sumarias administrativas, llevar el Registro Nacional de Matrículas de Aeronaves y asesorar, informar o pronunciarse sobre los asuntos legales relacionados, directa o indirectamente, con la aeronáutica civil en su más amplia acepción y que le encomiende el Ministro o el Director General. La Fiscalía y su personal se considerarán, para todos los efectos legales, como Servicio y funcionarios dependientes de la Dirección General, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones y del cumplimiento de los deberes que esta ley le encomiende. c) Remplazase la letra a) del artículo 3, por la siguiente: a) Aprobar y calificar los terrenos en los cuales se desee construir aeródromos civiles, autorizar las construcciones que en esos terrenos deban realizarse, una vez determinada su aptitud para tal efecto, como asimismo sus ampliaciones, modificaciones o mejoramientos, cualquiera que sea la naturaleza de éstos y autorizar el establecimiento y funcionamiento de los aeródromos civiles, clasificarlos de acuerdo con el uso y destino y establecer las condiciones para su operación. Esta aprobación y calificación deberá hacerse con informe de la Dirección de Aeropuertos, Junta de Aeronáutica Civil y Organismo Sectorial de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin perjuicio de las atribuciones propias de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de cada una de las instituciones nombradas. . d) Reemplázase la letra f) del artículo 3 por la siguiente: f) Mantener y operar los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas y de radioayudas, como asimismo los servicios meteorológicos para las operaciones aéreas y de otras actividades nacionales. . e) Agrégase en el artículo 3 la siguiente letra: w) Adquirir bienes raíces previas la tasación comercial del Servicio de Impuestos Internos y la aprobación del Presidente de la República, dada por Decreto Supremo. Lo dispuesto en el artículo 15 se aplicará a las adquisiciones directas autorizadas por este párrafo. f) Agrégase al artículo 3 la siguiente letra: x) Vender materiales o bienes muebles. g) Agrégase al artículo 3 la siguiente letra: y) Informar a la Oficina de Planificación Nacional o a los correspondientes organismos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sus planes, pragramas y proyectos específicos para la elaboración de los planes generales y programas anuales de infraestructura aeronáutica civil, comprendidas todas las obras, instalaciones o servicios que la complementan. h) Reemplázase el artículo 4 por el siguiente: Artículo 4.- Corresponderán a la Dirección General de Aeronáutica Civil, funciones de organismo consultivo y asesor del Supremo Gobierno en los asuntos o actividades de la aeronáutica civil. La Dirección General podrá, además, por orden y cuenta de terceros, efectuar estudios y peritajes mediante remuneración. i) Suprímese en el artículo 9 la siguiente frase: y los remitentes y consignatarios de mercaderías, y agrégase el siguiente inciso final: El reglamento establecerá, además, el procedimiento para el cobro de los derechos que se impongan por servicios a la carga aérea. Con respecto a la carga aérea internacional que se interne, los derechos que establezca el reglamento serán recaudados por intermedio del Servicio de Aduanas. j) Sustitúyese el inciso séptimo del artículo 11, por el siguiente: Al cobro judicial de tasas y derechos aeronáuticos se le aplicará el mismo procedimiento ejecutivo aplicable al cobro de impuestos fiscales insolutos. Para estos efectos, la representación del Fisco será asumida por el Consejo de Defensa del Estado. k) Agrégase al artículo 11, el siguiente inciso final: Los créditos en favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por concepto de tasas y derechos aeronáuticos, gozan del mismo privilegio que los créditos del Fisco y de las Municipalidades por impuestos fiscales o municipales atrasados. . 1) Reemplázase la coma (,) y la letra y con que termina el párrafo e) del artículo 16, por un punto y coma (;); reemplázase el punto (.) con que termina el párrafo f) del mismo artículo por la letra y, y agrégase el siguiente párrafo: g) Con el producto del impuesto establecido en el artículo 37. . m) Agrégase el siguiente artículo 17 bis: Artículo 17 bis.-El Director General de Aeronáutica Civil podrá delegar, con aprobación del Ministro de Defensa Nacional, una o más atribuciones en los Subdirectores, Jefes de Departamentos, Delegados Zonales y en los Administradores de Aeródromos, a fin de que éstos actúen dentro de sus respectivas jurisdicciones. Tales autorizaciones se concederán mediante resoluciones del Director que serán remitidas a la Contraloría General de la República para el trámite de Toma de Razón, y podrán dejarse sin efecto, en la misma forma, cuando aquél lo considere conveniente. Las responsabilidades en estas delegaciones se regirán por lo dispuesto en la ley Nº 16.827. . n) Sustitúyese el artículo 21 de la ley Nº 17.351, por el siguiente: Artículo 21.El personal de planta y el contratado de la Dirección General de Aeronáutica Civil tendrá la calidad de empleado civil de las Fuerzas Armadas para los efectos disciplinarios y para los relativos al régimen previsional; gozará de beneficios similares de atención médica, dental, hospitalaria y ambulatoria de que goce el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Los beneficios sanitarios señalados precedentemente podrán ser contratados en cualquiera institución o establecimiento hospitalario del país. Para los efectos de este inciso, la Dirección General de Aeronáutica Civil consultará anualmente en su presupuesto corriente los fondos que sean necesarios. Los beneficios establecidos en el presente artículo, se extenderán a las personas por las cuales el funcionario tenga derecho a percibir asignación familiar y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento de Bienestar Social de la Dirección General de Aeronáutica Civil. . ñ) Agrégase en el artículo 25, el siguiente inciso: Igual facultad tendrá el Director General para comisionar a funcionarios que deben cumplir labores de inspección de Empresas Aéreas Nacionales en vuelos al extranjero. . o) Sustitúyese el artículo 26, por el siguiente: Artículo 26.- Las comisiones de servicio al extranjero de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y su régimen de remuneraciones en él, se regirán exclusivamente por las disposiciones aplicables sobre la materia al personal de las Fuerzas Armadas. . p) Introdúcese como artículo 28, el siguiente: Artículo 28.- El Departamento de Bienestar Social de la Dirección General de Aeronáutica se regirá por las mismas normas especiales establecidas en el D.F.L. Nº 1, de 17 de febrero de 1971, para los Departamentos de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas y con los mismos fines de proporcionar al personal de la Dirección General asistencia jurídica, social, económica y médico-dental; programar y ejecutar planes habitacionales fiscales, suscribiendo convenios con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o con sus organismos dependientes; mantener las viviendas fiscales y promover en la Dirección General actividades de tipo cultural, deportivo y de recreación para su personal y núcleo familiar; todo esto, en proporción a los recursos de que disponga el Departamento y conforme al presupuesto que anualmente se apruebe de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del citado D.F.L. El Reglamento del Departamento de Bienestar Social y sus modificaciones posteriores será aprobado por decreto del Ministerio de Defensa Nacional, el cual establecerá su organización; la manera de elegir los representantes del personal para formar parte del Comité Asesor del Jefe del Departamento; las condiciones o modalidades para otorgar los beneficios y el aporte obligatorio para este Servicio de Bienestar que deberá hacer el personal de la Dirección General, que, en todo caso, no excederá del 1 % de la remuneración imponible. El Jefe del Departamento de Bienestar Social será nombrado por el Director General de Aeronáutica Civil y dependerá directamente de él. La Dirección General de Aeronáutica Civil traspasará los fondos que anualmente se consulten para estos fines, en el presupuesto de la misma, a la cuenta única subsidiaria del Departamento de Bienestar Social, correspondiendo a este Departamento la administración de los fondos a que se refieren los artículos 36 y 37 de la presente ley. . q) Reemplázase el artículo 33 por el siguiente: Artículo 33.- Las Empresas Nacionales de transporte aéreo estarán obligadas a conducir gratuitamente en sus aeronaves, sin responsabilidad para ellas, y en cualquier momento, al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil que sea designado para cumplir funciones específicas de control en inspectoría de dichas empresas. . r) Agrégase el siguiente artículo 35: Artículo 35.- El personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil que, en virtud de una comisión de servicio, deba desempeñar funciones de tripulante u otra función específica a bordo de una aeronave del Estado, gozará de una gratificación de vuelo equivalente al 25% de sus remuneraciones imponibles. Habrá derecho a esta gratificación solamente en aquel o aquellos meses en que se haya asignado al funcionario una o más comisiones en tal calidad. No obstante, el personal de pilotos gozará, en forma permanente, en calidad de sobresueldo, de la gratificación establecida en el presente artículo. . s) Agrégase el siguiente artículo 36: Artículo 36.- El personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil contribuirá al financiamiento de su atención médica, con un 1% de sus remuneraciones imponibles. . t) Agrégase el siguiente artículo 37: Artículo 37.- Establécese un impuesto de un2% sobre el monto de las facturas que pague la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dicho impuesto será retenido y percibido por dicha Dirección General y su producto deberá destinarse a financiar el costo de la atención médica de sus funcionarios. . Artículo 2º.- Facúltase al Director General de Aeronáutica Civil, para proporcionar armamento al personal de su dependencia que desempeñe funciones de vigilancia y resguardo de los aeródromos sometidos a su administración y autorízase a dicho personal para portar tales armas durante el ejercicio de sus funciones, en la forma que señale el reglamento. Artículos transitorios Artículo 1.- Los sumarios administrativos que afecten como inculpados: a los miembros de la Fuerza Aérea de Chile en comisión de servicio en la Dirección General de Aeronáutica Civil, serán instruidos por un oficial de la Fuerza Aérea de Chile en los términos establecidos en el Reglamento sobre Investigaciones Sumarias Administrativas para las Fuerzas Armadas. Artículo 2.- Otórgase al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil el derecho a acogerse a los beneficios de la ley Nº 10.986 y sus modificaciones posteriores. Este derecho podrá ejercitarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Artículo, 3.- Mientras se dicta el Estatuto a que se refiere el artículo... transitorio de la presente ley, el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil continuará afecto a las disposiciones del D.F.L. Nº 1, de 1968 del Ministerio de Defensa Nacional a su Reglamento Complementario. Artículo 4.- Facúltase al Presidente de la República para refundir en un solo texto legal, que llevará el Nº 16.752, las disposiciones de la ley Nº 16.752 y sus modificaciones posteriores. . Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Femando Sanhueza Herbage.Raúl Guerrero G. Nota: Me permito hacer presente a V. E. que la referencia que aparece con puntos suspensivos en el artículo 3º transitorio del proyecto estaba hecha en el Mensaje al artículo 2º transitorio, el cual fue suprimido por esta Corporación. 6 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE HACE APLICABLES A LOS OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY Nº 16.415. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que hace aplicable a los obreros de la Municipalidad de Maipú los beneficios contemplados en la ley Nº 16.415. Da ley Nº 16.415, de 7 de enero de 1966, reconoce para los efectos del pago de quinquenios y de desahucio al personal de empleados y obreros que prestaban sus servicios en las concesiones de los Servicios de Aseo y de Jardines que tenía otorgadas la Municipalidad de Providencia y que pasaron a pertenecer a la planta de empleados y obreros de ella, el tiempo servido en dichas concesiones a contar del 1º de enero de 1955. La iniciativa en estudio extiende los beneficios señalados a los obreros que estaban a contrata y que actualmente forman parte de la planta de la Municipalidad de Maipú, y a todos los obreros que de contrata pasen a integrar la planta de las Municipalidades del país, previo acuerdo de las respectivas Corporaciones en base a sus recursos financieros. Conocidos estos antecedentes, vuestra Comisión, por unanimidad, procedió a dar su aprobación al proyecto de ley en informe. Seguidamente, consideró dos indicaciones formuladas por el Presidente de la República que rectifican el texto del proyecto con el objeto de salvar la omisión de los obreros que de contrata han pasado a integrar la planta de las Municipalidades del país y la de los obreros que hubieren trabajado para contratistas de la respectiva Municipalidad y que, también hayan pasado a la planta municipal, las cuales fueron acogidas por la unanimidad de vuestra Comisión. En virtud de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto propuesto por la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes enmiendas: Artículo único Intercalar la expresión han pasado o a continuación de la frase Este beneficio alcanzará a todos los obreros que de contrata. Agregar el siguiente inciso final: Los obreros que hubieren trabajado para contratistas de la respectiva Municipalidad y que hayan pasado a la planta municipal se consideran también incluidos en lo dispuesto en el inciso anterior. . En consecuencia, el texto aprobado por vuestra Comisión de Gobierno es del tenor siguiente: Proyecto de ley: Artículo único.- Los beneficios establecidos en la ley Nº 16.415, del 7 de enero de 1966, y sus modificaciones posteriores, serán aplicables a los obreros que estaban a contrata y que actualmente forman parte dé la planta de la Municipalidad de Maipú. Este beneficio alcanzará a todos los obreros que de contrata han pasado o pasen a integrar la Planta de las Municipalidades del país, previo acuerdo de las respectivas Corporaciones en base a sus recursos financieros. Los obreros que hubieren trabajado para contratistas de la respectiva Municipalidad y que hayan pasado a la planta Municipal se considerarán también incluidos en lo dispuesto en el inciso anterior. . Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Montes y Von Mühlenbrock. (Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 7 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN LA OBSERVACION DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE PROHIBE LA INTERNACION AL RESTO DEL PAIS DE LAS MERCADERIAS QUE SEAN REMATADAS POR EL SERVICIO DE ADUANAS EN LAS PROVINCIAS DE CHILOE, AISEN Y MAGALLANES. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros la observación del Ejecutivo al proyecto de ley que prohibe la internación al resto del país de las mercaderías que sean rematadas por el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. El Ejecutivo vetó dicho proyecto proponiendo su desaprobación total. Los fundamentos de esta observación son los siguientes: Las normas propuestas en el artículo 1º del proyecto en análisis pretenden, en esencia, volver al régimen que existía con anterioridad a la vigencia de la legislación actual, que permite trasladar al resto del país las mercaderías de rezago adquiridas en las subastas efectuadas en las Aduanas de zonas que gozan de tratamiento aduanero especial pagando los derechos que correspondan al tratamiento aduanero vigente en la respectiva zona, pero sirviendo de abono a ellos el precio pagado en la subasta. La legislación anterior tenía el inconveniente que dado el limitado mercado de cada una de las zonas individualmente consideradas los precios obtenidas en las subastas no guardaban relación con el valor de las mercaderías, lo cual no permitía obtener rendimiento en los artículos adjudicados que se satisfaciera cumplidamente los intereses tenidos a la vista. A juicio del Ejecutivo, es inconveniente toda enmienda que dificulte los remates de mercaderías rezadas en las Aduanas del país, porque contribuyen al atochamiento de los puertos del país y de la destrucción o inutilización de las mercaderías. Vuestra Comisión de Hacienda, después de un estudio de las razones señaladas por el Ejecutivo discrepó con ellas y acordó rechazar la observación del Ejecutivo e insistir en el texto primitivo aprobado por el Congreso Nacional, con el voto en contra del Honorable Senador señor Silva Ulloa, y os recomienda, en consecuencia, adoptar igual acuerdo. Sala de la Comisión, a 8 de noviembre de 1972. Acordado en sesión del día de ayer, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Aguirre y Silva Ulloa. (Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario. 8 INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE FACULTA AL MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y A LA DIRECTIVA NACIONAL DE LA AGRUPACION NACIONAL DE LOS TRABAJADORES SEMIFISCALES PARA QUE SOMETAN A LA DECISION DE UN ARBITRO ARBITRADOR LA PETICION DE LOS PERSONALES DE LAS INSTITUCIONES SEMIFISCALES DE PREVISION SOCIAL Y OTRAS QUE INDICA. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual se faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador la petición de los personales de las Instituciones Semifiscales de Previsión Social y otras que indica. A las sesiones en que se trató esta materia asistieron el Subsecretario de Previsión Social, don Laureano León; el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones, y dirigentes de los trabajadores de las Cajas de Previsión de la Marina Mercante, Defensa Nacional y Empleados Particulares. Como anexo de este informe se acompaña copia autorizada de la transacción efectuada entre la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de la Marina Mercante Nacional y los demandantes. El proyecto de ley en informe consta de un artículo único mediante el cual se faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales (ANATS) para que sometan a la decisión de don Enrique Silva Cimma, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador y resolverá sin forma de juicio, la petición de los personales de las Instituciones Semifiscales de Previsión Social, que se encontraban en servicio en diciembre de 1966, para que se les incorpore en el cálculo de sus sueldos bases a enero de 1967, las horas extraordinarias real y efectivamente trabajadas en diciembre de 1966. En primer término, la Comisión escuchó a los directivos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, quienes solicitaron ser excluidos del proyecto en informe en atención a que los funcionarios de la Institución firmaron un finiquito que fue ratificado por el Consejo de Defensa del Estado, siendo resuelto el problema de pago de horas extraordinarias por un avenimiento aprobado judicialmente. En igual forma se pronunció la Directiva de la Asociación de Trabajadores EMPART , los cuales agregaron que el proyecto en estudio presenta visos de inconstitucionalidad por cuanto la materia que contempla fue resuelta igualmente por una transacción judicial. El Subsecretario de Previsión Social manifestó que la iniciativa en informe no presenta problemas de inconstitucionalidad. El Gobierno no puede negociar con cada una de las instituciones previsionales en forma separada, sino que debe hacerlo con la organización representativa de la mayoría de los trabajadores de los organismos previsionales. El Honorable Senador señor Ballesteros destacó la total inconstitucionalidad del proyecto en la parte que toca a aquellos organismos previsionales que han solucionado la situación mediante un avenimiento judicial, el cual tiene el mismo valor que una sentencia. Por esta razón presentó una indicación que excluye del arbitraje que el proyecto contempla a determinadas instituciones. El Honorable Senador señor Valenzuela participó de la opinión manifestada por el Honorable Senador señor Ballesteros. Por su parte, el Honorable Senador señor Contreras manifestó su extrañeza de que en estos momentos los trabajadores pretendan cobrar el pago de las horas extraordinarias trabajadas en el año 1966, luego de haber transcurrido seis años sin impetrar dichos beneficios. En cuanto al costo de esta iniciativa, el Superintendente de Seguridad Social informó que en el Servicio de Seguro Social y la Caja de Empleados Particulares el proyecto representará la cantidad estimativa inicial de Eº 400.000.000 (cuatrocientos millones de escudos). La Agrupación Nacional de Trabajadores Semifiscales (ANATS), mediante comunicación enviada a la Comisión, hizo presente la necesidad de que el proyecto se extienda a todas las instituciones enumeradas en la ley Nº 17.015, ya que de otra manera no se obtendría el objetivo perseguido por los trabajadores semifiscales, que es el de obtener una aplicación uniforme a todos ellos de la legislación materia del conflicto. Asimismo, es preciso extender la competencia del árbitro para que fije la forma, condiciones y modalidades en que los trabajadores percibirán las diferencias que pudieren resultar a su favor, o devolverán las que resultaren en su contra. Igualmente, agrega la referida comunicación, ANATS estima que los trabajadores semifiscales que estaban en servicio como tales al 31 de diciembre de 1966 y que con posterioridad a esta fecha perdieron dicha calidad por haber pasado a la de trabajadores fiscales, deben quedar también comprendidos en el arbitraje. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos trabajadores del Instituto Traumatológico. Vuestra Comisión conoció varias indicaciones. En primer término, el Ejecutivo propuso eliminar del texto del proyecto el nombre de don Enrique Silva Cimma, lo cual fue unánimemente aprobado dejándose constancia de que la intención de las partes es que justamente el señor Silva Cimma efectúe las funciones de árbitro arbitrador. El mismo Ejecutivo propuso que el desempeño de dicho cargo no será remunerado, lo cual fue igualmente aprobado por unanimidad. Seguidamente, se consideró una indicación del Honorable Senador señor Ballesteros mediante la cual se somete al procedimiento de arbitraje únicamente la petición de los personales de ciertas instituciones, a saber : Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República, Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República y el Instituto de Seguros del Estado. Esta indicación fue aprobada con los votos favorables de su autor y del Honorable Senador señor Valenzuela y el voto contrario del Honorable Senador señor Contreras. A continuación, se consideró otra indicación del Ejecutivo, la cual señala que el fallo que emita el árbitro será aplicable a todas las instituciones antes mencionadas y deberá contener la forma y condiciones en que los personales citados recibirán las diferencias que a su favor pudieren resultar, o si les fuere desfavorable, la manera de reintegrar a las instituciones las sumas indebidamente percibidas. La primera parte de esta indicación, relacionada con la forma y condiciones en que los personales recibirán las diferencias, fue unánimemente aprobada. La segunda parte, referente al posible reintegro de sumas indebidamente percibidas, fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Valenzuela y el voto favorable del Honorable Senador señor Contreras. Por último, la Comisión se impuso de una indicación de los Honorables Senadores señores Acuña, García, Hamilton y Juliet, que aclara el inciso primero del artículo único de la ley Nº 17.538. Esta indicación fue declarada improcedente por el Presidente de la Comisión. De acuerdo con lo expuesto, os recomendamos aprobar el proyecto de ley en informe con las siguientes modificaciones: Artículo único Inciso primero Sustituir don Enrique Silva Cimma, quien actuará en calidad de árbitro arbitrador y resolverá sin forma de juicio, la petición de los personales de las Instituciones Semifiscales de Previsión Social, incluido el del Servicio Médico Nacional de Empleados, y del Instituto de Seguros del Estado , por lo siguiente: un árbitro arbitrador que resuelva sin forma de juicio la petición de los personales de las siguientes instituciones: Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja. de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República, Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República y el Instituto de Seguros del Estado . Como Inciso segundo nuevo, intercalar el siguiente: El fallo que emita el árbitro será aplicable a todas las instituciones antes mencionadas y deberá contener la forma y condiciones en que los personales citados recibirán las diferencias que a su favor pudieren resultar. . Finalmente, consultar el siguiente inciso final, nuevo: El desempeño del cargo de árbitro no será remunerado. . Con las modificaciones introducidas, el proyecto queda concebido en los siguientes términos: Proyecto de ley: Artículo único.- Facúltase al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales (ANATS) para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador que resuelva sin forma de juicio, la petición de los personales de las siguientes instituciones: Servicio de Seguro Social, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República y el Instituto de Seguros del Estado, que se encontraban en servicio en diciembre de 1966, para que se les incorpore en el cálculo de sus sueldos bases a enero de 1967, las horas extraordinarias real y efectivamente trabajadas en diciembre de 1966. Respecto del Instituto de Seguros del Estado, corresponderá al Ministro de Hacienda y a un representante del personal de ese Instituto concurrir a la celebración del compromiso. El fallo que emita el árbitro será aplicable a todas las instituciones antes mencionadas y deberá contener la forma y condiciones en que los personales citados recibirán las diferencias que a su favor pudieren resultar. La resolución del árbitro deberá ser dictada dentro del plazo de 30 días, contado desde que acepte el cargo, y no será susceptible de recurso alguno. El desempeño del cargo de árbitro no será remunerado. . Sala de la Comisión, a 8 de noviembre de 1972. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras y Valenzuela. (Fdo.) : Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario. 9 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR GORMAZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE QUE LOS EMPLEADORES QUE INDICA DEBERAN CANCELAR REAJUSTADAS LAS REMUNERACIONES DE SUS DEPENDIENTES DEVENGADAS DURANTE EL CONFLICTO GREMIAL QUE AFECTO AL PAIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 1972. Honorable Senado: Hace escasos días, se puso término a un conflicto gremial qué afecto a vastos sectores de la población, prolongándose por casi un mes de duración. En este movimiento participaron numerosas personas que viven de un sueldo o salario y que lucharon durante el transcurso del proceso por lograr las aspiraciones que los trabajadores del comercio siempre han deseado: seguridad y estabilidad en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, y aun cuando la población ha recibido con satisfacción el término del conflicto, numerosas personas que participaron en él, la mayor parte de escasos recursos económicos, se han visto privada de la cancelación de las remuneraciones por el período en que se mantuvieron ajenas a sus labores y, por consiguiente, tampoco han recibido el reajuste legal de las rentas correspondientes al mes de octubre del año en curso. Con el justo propósito de no perjudicar a esta clase de trabajadores, he creído necesario patrocinar una disposición legal que establezca la obligación de los patrones o empleadores de cancelar las respectivas y completas remuneraciones a los empleados de las diversas reparticiones de la Administración y del sector privado, que se mantuvieron alejados de sus funciones en el período en que se desarrolló el aludido movimiento. Por estas razones, someto a vuestra consideración, el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Los patrones o empleadores de las Instituciones fiscales, semifiscales, municipales y de administración autónoma, así como de las empresas del área social de la economía y del sector privado, deberán cancelar las remuneraciones, incluido el reajuste, a los empleados que no concurrieron a sus labores con motivo del conflicto gremial que afectó al país durante el mes de octubre de 1972. (Fdo.) : Raúl Gormaz Molina.