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El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Fuentealba y Hamilton, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.
-Los antecedentes sobre el proyecta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los señores Fuentealba y Hamilton):
En primer trámite, sesión 5a, en 20 de octubre de 1971.
Informe de Comisión:
Legislación, sesión 9a, en 27 de octubre de 1971.
Discusión:
Sesiones 13ª, en 29 de octubre de 1971; 14a, en 29 de octubre de 1971; 15a, en 30 de octubre de 1971.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.-
Cuando se promovió el convenio entre el Gobierno de Chile y la empresa norteamericana Anglo Lautaro, estaba por vencer la ley conocida como el "referéndum salitrero". Ese cuerpo legal había otorgado franquicias de todo tipo a dicho monopolio extranjero, y la exacción que la Anglo Lautaro había hecho a la economía del país, en moneda dura, alcanzaba a varios millones de dólares.
Tengo algunas cifras que es conveniente recordar para el fundamento del ejemplo dado. Entre 1949 y 1963 las compañías del salitre, concretamente la Anglo Lautaro, no habían retornado al país 150 millones de dólares por concepto de amortizaciones. Las utilidades líquidas de la Anglo Lautaro ascendían, entre 1954 y 1966, a 33 millones 640 mil 381 dólares, y las amortizaciones efectuadas en igual período por esa empresa alcanzaban a 42 millones 824 mil 724 dólares, lo que era superior en más de 400 mil dólares a las nuevas inversiones que dicha compañía había hecho entre 1954 y 1966. De ello se deduce que la Anglo Lautaro no había invertido un solo dólar de dinero fresco aportado al país, sino que toda la inversión hecha era por cuenta de los valores no retornados a Chile, y que, como es natural, correspondían a aportes indirectos del Gobierno chileno.
Pues bien, se firmó el convenio entre la Anglo Lautaro y nuestro Gobierno, constituyéndose lo que es ahora la Sociedad Química y Minera de Chile con un capital de 40 millones de dólares que, de acuerdo con el convenio, se suscribirían y pagarían en la siguiente forma: la Corporación suscribiría acciones por 15 millones de dólares, aportando en estos valores la planta salitrera Victoria, que tenía un avalúo estimado en 6 millones 178 mil 230 dólares; más 1 millón 821 mil 770 dólares en dinero dentro de un plazo no superior a 5 años; 2 millones de dólares mis en dinero fresco, en menos de 18 meses de plazo; 5 millones más en efectivo y en aportes de equipos o maquinarias, en un plazo no superior a 15 años. Es decir, se comprometió el interés del país y los recursos financieros en moneda dura por 15 millones de dólares. Los 25 millones de dólares restantes del capital no eran aportados, sino que se integraban-mediante el reconocimiento que el Gobierno hacía a la Anglo Lautaro de los bienes obsoletos que esa compañía aportaba a la sociedad.
El Gobierno de la Unidad Popular, comprendiendo que ésa había sido una negociación, no diré ilícita, pero sí muy desfavorable para el interés nacional -además, se habían entregado a la Anglo-Lautaro más de 20 millones de dólares en dinero efectivo-, promovió otro trato con esa compañía, y en el curso de este año se resolvió la estatificación total de la empresa, sin que pasara por el Congreso Nacional ninguna ley especial, pero sí teniendo presentes el Ejecutivo, en primer término, el resguardo del interés nacional, y también, los intereses de los trabajadores del salitre.
La Administración anterior estaba comprometida con la empresa Anglo-Lautaro a pagar 25 millones 633 mil 200 dólares, que era el valor de los "debentures", de los intereses vencidos y de los intereses calculados hasta el término de la deuda, que vencía el 30 de junio del año 1988, que era la fecha de vencimiento de los "deben-tures". Sin embargo, el Gobierno de la Unidad Popular hizo un planteamiento a esa compañía extranjera y se llegó a resolver todo el problema mediante la recuperación total de la empresa, incorporándola al área social de la economía por el pago de sólo 7 millones 885 mil 590 dólares, contra los 37 millones 827 mil 900 dólares que debía o debería haber pagado el país hasta el 30 de junio de 1988, si se hubiesen mantenido las reglas del juego establecidas en aquel convenio.
El señor CARMONA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor VALENTE.-
Cómo no.
El señor CARMONA.-
Agradezco al Honorable señor Valente la interrupción que me concede, porque quiero precisar algunos aspectos de esta negociación salitrera.
Ante todo, deseo manifestar que la negociación que hizo el Gobierno anterior fue producto de una autorización que le dio el Congreso Nacional para formar sociedades mixtas en la gran minería del cobre y del salitre, es decir que para ello tenía autorización legal.
En cuanto a la negociación que el Honorable señor Valente nos dice en este momento que ha hecho el Gobierno de la Unidad Popular, debo precisar lo siguiente:
Es cierto que quedaron "debentures" pendientes, reconocidos en la primitiva negociación, del orden de 24 millones de dólares, con sus intereses, que debían pagarse en quince años a contar desde 1974, lo que alcanzaba a la suma cercana a 37 millones de dólares a que alude Su Señoría; y que la operación que ha hecho el Gobierno de la Unidad Popular ha significado rescatar esos "debentures" por una suma cercana a los 7 millones 900 mil dólares. Pero lo que no manifiesta el Honorable señor Valente ni ha dicho el Gobierno de la Unidad Popular hasta el día de hoy, al dar a conocer a la opinión pública esta situación, es que, además, la COR-FO se comprometió a pagar una deuda de 4 millones 800 mil dólares que tenía pendiente la Anglo-Lautaro con el Eximbank, con lo cual el negocio que se nos señala como sumamente beneficioso, porque alcanza a 7 millones 900 mil dólares, se eleva a 13 millones ó 14 millones de dólares.
Por otra parte, hace poco el Honorable señor Valente nos decía en esta Sala que los 7 millones 900 mil dólares se pagarían casi al contado a la Anglo-Lautaro, porque el 28 de mayo último, es decir el día de la celebración del contrato, se entregó una cantidad cercana o superior a los 4 millones de dólares, y el resto se cancelará al 31 de marzo de 1972. Así, pues, se pagan prácticamente al contado "debentures" sumamente desvalorizados en la Bolsa de Nueva York, como lo han dado a conocer diversas publicaciones.
Por otra parte, de estos 7 millones 900 mil dólares que la Anglo-Lautaro ha de recibir prácticamente al contado, los personeros de la Anglo-Lautaro reconocieron, en cuenta que dieron a los accionistas y según publicaciones de que he informado a esta Sala en sesión anterior, que esa compañía recibirá 7 millones 100 mil dólares, dejando constancia de que se entregaron a nuestro país 800 mil dólares para otros gastos no especificados, producto de la transacción. Nosotros deseamos que se nos explique en este instante -porque queremos saberlo- dónde han ido a parar esos 800 mil dólares que la Anglo-Lautaro reconoció ante sus accionistas no haber percibido y haber dejado para otros gastos no especificados, producto -repito- de esta transacción que el señor Senador califica de sumamente beneficiosa.
Muchas gracias.
El señor VALENTE.-
Yo iba precisamente a terminar de exponer los términos de esta negociación dando los datos que se ha anticipado a precisar el Honorable señor Carmona.
En efecto, la negociación llevada a cabo por el Gobierno de la Unidad Popular para rescatar los "debentures" ha significado el pago de 6 millones de dólares más los intereses, de 1 millón 885 mil 590 dólares más. Esta primera parte del compromiso se pagó al contado, al momento de suscribirse el convenio y de rescatar para el país la industria, y el saldo se hará efectivo al 31 de marzo de 1972, por 3 millones 774 mil 900 dólares. Pero, ¿a cambio de qué? De un compromiso dejado al país por la Administración anterior de 37 millones 827 mil 900 dólares. ¿Es o no es negocio pagar, por una deuda de 37 ó 38 millones de dólares, sólo once o doce millones? No importa que esta cantidad se pague al contado. Hemos recuperado la riqueza nacional y desalojado de nuestro territorio a una empresa que hizo de la explotación del trabajador y de la estafa al país una práctica permanente desde que llegó al territorio.
Además, también es una buena experiencia. ..
El señor AYLWIN (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segunda intervención.
El señor VALENTE.-
¿Cuánto es?
El señor AYLWIN (Presidente).-
Treinta minutos.
El señor VALENTE.-
También es importante conocer algunos antecedentes del convenio realizado por el Gobierno del señor Frei en lo que se llamó "la chilenización del cobre".
El señor IBAÑEZ.-
Quisiéramos saber qué se hizo con los 800 mil dólares.
El señor VALENTE.-
El objetivo de esa negociación...
El señor IBAÑEZ.-
¿Y los ochocientos mil dólares?
El señor VALENTE.-
...entre el Gobierno y las compañías norteamericanas del cobre era el de aumentar la producción de 600 mil a 1 millón 200 mil toneladas. Pero, entre 1966, en que se produjeron 636 mil toneladas, y 1970, en que se produjeron 685 mil 600 toneladas -poco menos de 50 mil toneladas de aumento- no se cumplió el objetivo que se había tenido presente para tal convenio, que era fundamentalmente el de aumentar la producción; en cambio, el país quedó endeudado en 530 millones de dólares más, de acuerdo con esa negociación.
Por otra parte, el negocio con la Compañía Minera El Teniente, cuyo valor de libros en 1967 era de 72 millones de dólares, se hizo pagando a esta empresa, por sólo 51% de las acciones, la cantidad de 81 millones de dólares, cifra conocida por todo el país y muy debatida. Y la empresa continuó siendo manejada por los propios norteamericanos, con las consecuencias que ahora estamos deplorando, de un boicot, de un sabotaje realmente criminal en el proceso de elaboración.
El señor JEREZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor VALENTE.-
Con todo gusto.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor JEREZ.-
Ya que ha llegado tan belicoso el Honorable señor Irureta, me gustaría...
El señor IRURETA.-
No he pedido la palabra.
El señor JEREZ.-
No, pero nos entendemos perfectamente los dos.
Quiero pedir al señor Presidente que en su oportunidad recabe el asentimiento de la Sala para insertar en la versión de esta sesión, si corresponde reglamentariamente, la nómina de las remuneraciones que tenían los directores de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo en el régimen pasado. Me parece que también sería importante conocerlas, para saber dónde se han ido algunos dólares. Porque hay manera de hacer las cosas de un modo aparentemente legal, pero abiertamente inmoral.
Pido que se inserten esos antecedentes.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Ruego al señor Senador hacer llegar a la Mesa los datos que pide insertar, para poder requerir la autorización correspondiente.
El señor IRURETA.-
Pido que se agregue a la inserción pedida por el Honorable señor Jerez la del destino que se dio a los 800 mil dólares a que aludimos.
El señor VALENTE.-
Estaba señalando que la negociación. . .
El señor MUSALEM.-
¡Se continúan silenciando los 800 mil dólares!
El señor IRURETA.-
Pido que se incluya mi petición en el oficio respectivo.
El señor VALENTE.-
Cuando la Kennecott era dueña de todo el mineral de El Teniente, retiraba 17,4% de las utilidades. Después del pacto o de la "chilenización", cuando era propietaria de menos de la mitad de las acciones, retiraba tres veces esta utilidad, es decir más de 50% de las ganancias. Lo mismo sucedió con Anaconda: por la adquisición del 51% de los minerales de Chuquicamata y de El Salvador, se pagaron 197 millones de dólares; y por el saldo, por el 49% restante, se sometió esa adquisición o negociación a una fórmula que significaba para el país pagar, en definitiva, más de mil millones de dólares por ambas empresas. Según antecedentes que obran en poder del Senado, pues le fueron entregados en forma oficial cuando se discutió ese convenio de la negociación pactada, la Anaconda completa, con sus dos empresas, vale 181 millones de dólares. Pues bien, repito: por el 51% de sus acciones el Gobierno pagó 197 millones de dólares. Se quería comprar a los norteamericanos hasta el contenido metálico de esos minerales de la propia cordillera de los Andes. Y el Presidente de la República fue bastante explícito cuando señaló, en una de sus intervenciones respecto del cobre, que la Kennecott, antes de los pactos, era propietaria del ciento por ciento de las acciones del mineral de El Teniente, y las utilidades representaban el 17,4%. Después del pacto, la Kennecott ha recibido el 56% de las utilidades que corresponden a la explotación. O sea que, con el 49% de las acciones, ganaba el 56%, en circunstancias de que, cuando era dueña de todo el mineral, de tocio el negocio, de toda la empresa, sólo percibía el 17,4%.
Hay todavía otra forma de comparación entre la ley de nuevo trato -la ley Nº 11.828- que fue también, entre otras cosas, una legislación muy favorable para las empresas norteamericanas, y este plan de chilenización que por suerte duró apenas cuatro o cinco años. Con el nuevo trato, por un total de exportaciones del ciento por ciento, los costos de producción alcanzaban al 29,5%. Con la chilenización, estos costos subieron al 30,5%. Los impuestos pagados en el nuevo trato, por la Kennecott o por las compañías del cobre, alcanzaron a 28,6%. Con la chilenización, bajó esa tributación al 26,5%. El capital no retornado, de acuerdo con el nuevo trato a las compañías del cobre, alcanzó al 41,9%, y, en cambio, con la chilenización el no retorno de capitales llegó al 43%. Más todavía: hemos entregado numerosos antecedentes que reseñan que en los cinco años de vigencia de los convenios de chilenización, las compañías del cobre se llevaron del país, por concepto de utilidades netas, más de 530 millones de dólares, más de las utilidades que retiraron en los diez años que duró la vigencia de la ley Nº 11.828, de nuevo trato al cobre.
En consecuencia, no están en lo justo, no tienen razón, no tienen autoridad los parlamentarios de la Democracia Cristiana cuando pretenden achacar a este Gobierno haber negociado al margen de la ley, en circunstancias de que se está construyendo la nueva área económica en el campo social, en el área mixta y en el área privada, de acuerdo con disposiciones plenamente válidas, vigentes. Lo que más les duele es que estas normas se estén aplicando de acuerdo con leyes dictadas por Gobiernos anteriores, porque este Gobierno no ha dictado ninguna ley fundamental todavía que permita un cambio total o sistemático del régimen económico.
Termino mi intervención solicitando que se incorpore al texto de mi discurso un estudio de ODEPLAN respecto de la hegemonía que se advierte en el área de propiedad social de la economía. Este estudio aparece publicado en la revista "Vía Chilena", y establece con bastante precisión conceptos muy importantes relacionados con la materia en debate. En cierta medida, se trata de un análisis del proyecto de ley del Gobierno sobre las tres áreas de propiedad y también del de los Honorables señores Hamilton y Fuentealba
Solicito, igualmente, insertar dos cuadros que aparecen en esa misma publicación. El primero establece, por sectores de actividad, la cantidad de empresas públicas, mixtas y bajo tuición pública en forma de intervención. El segundo señala cuáles son las empresas incorporadas o bajo tuición estatal desde noviembre de 1370 en adelante.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Ruego al señor Senador hacer llegar los documentos a la Mesa.
¿Qué extensión tienen, más o menos?
El señor VALENTE.-
Alrededor de una página.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para insertar los cuadros y el informe a que se ha referido el Honorable señor Valente.
Acordado.
-Los documentos cuya inserción se acuerda son los siguientes:
"Hegemonía del área social.
Antes de noviembre de 1970.
El conjunto de empresas del área social y mixta tiene en Chile, desde muchos años atrás, un campo de actividades de relativa amplitud. Como se desprende del agrupamiento sectorial del conjunto de empresas, existen empresas estatales en casi todos los sectores de producción y de prestación de servicios.
Sin embargo, con excepción de algunos sectores básicos en servicios e infraestructura, el área empresarial pública no fue nunca dominante en las respectivas áreas de actividad.
En el sector agropecuario y de pesca sus actividades cubrieron funciones de tipo promocional y de fomento, principalmente en el primer sector que se desarrolló en apoyo del programa de reforma agraria del Gobierno anterior
En minería y gran minería tenía ingerencia en las minas de menor peso en la actividad productiva hasta la forma sui géneris de coparticipación estatal que el Gobierno anterior estableció con las empresas extranjeras del cobre.
En las actividades vinculadas a los recursos y las industrias forestales la incidencia de las empresas públicas y mixtas ha sido de poca significación en comparación con el nivel de actividad del sector privado. Sólo cuando se pongan en plena actividad los proyectos de Celulosa Arauco y Celulosa Constitución el ámbito público pasará a tener gravitación.
En la producción industrial la actividad pública y la mixta nunca superaron una participación mayor del 15 por ciento respecto de la producción total del sector.
Como se señaló antes, las empresas públicas tuvieron papel hegemónico en ciertas ramas del desarrollo de infraestructura y servicios. Es el caso de ENAP (petróleo); ENDESA (energía eléctrica); ENTEL (comunicaciones) ; FF. CC. del ELAN y ETC (transportes).
En la intermediación comercial sólo adquirieron significación especial ENAFRI (almacenaje frigorífico) y ECA (comercialización agrícola), cuyas actividades, básicamente dedicadas al abastecimiento de alimentos, se incrementaron al vincularse al programa de reforma agraria iniciado en la Administración anterior.
Después de noviembre de 1970.
En cumplimiento del programa de la Unidad Popular respecto de la recuperación para Chile de la administración de sus recursos básicos y la eliminación de los centros de poder monopólico el ámbito de empresas del área social y mixta ha tenido un significativo crecimiento. Esto se refiere no sólo a la cantidad de empresas nacionalizadas o vinculadas al área pública, sino a su importancia económica y productiva en los sectores respectivos.
En algunos casos se incorporaron empresas que estaban totalmente vinculadas al sector privado y en otros se aumentó la participación pública en sociedades mixtas, pasando éstas a control estatal.
En minería y gran minería, además de las empresas del cobre, cuya importancia es de dominio público nacional e internacional, se produjo la incorporación de la minería del hierro (El Romeral y Tofo) y se nacionalizaron totalmente las actividades productivas del salitre.
En la industria pasaron a control estatal: CAP (siderurgia -totalmente nacionalizada-), INDAC, ARMCO, PRODINSA y SOCOMETAL, vinculados al complejo siderometalúrgico de CAP; RCA (electrónica), CIMSA (maderas), NIBSA, Industrias de Conjuntos Mecánicos, INDESA y Fundición Libertad, también de la rama metalúrgica vinculada a CORFO; VIBROCET (Estructuras de cemento), y Paños Bellavista Tomé, Paños FIAP Tomé, Lanera Austral y FABRILANA (textiles).
Fuera de ellas, en el actual período de Gobierno el Estado ha tomado intervención en otro importante conjunto de empresas industriales. Esas intervenciones en algunos casos corresponden a procesos de incorporación al área social que se están negociando, y otros a la necesidad derivada de la preservación de los niveles de actividad productiva que por una u otra razón se vieron afectados bajo la administración privada y reclamaron la intervención gubernamental. Una u otra circunstancia ha determinado que en la actualidad la tuición y el control estatal, incluyan áreas de actividad de suma importancia. Así, además de las empresas públicas y mixtas con situación jurídica y patrimonial definida, se encuentran actualmente en las condiciones referidas 38 empresas.
En el Sector Energía se nacionalizó la Carbonífera Lota-Schwager.
Finalmente, en el Sector Transportes pasó a control público la Empresa de Buses "Andes Mar" con el control del 80 por ciento de sus acciones y se adquirió el 30 por ciento del patrimonio de la Compañía Sudamericana de Vapores.
Este proceso ha llevado a situar la hegemonía del sector público en los sectores de Minería, Gran Minería, Recursos e Industrias Forestales, las industrias del hierro y acero con importante incidencia en las ramas derivadas de la metalurgia, Energía (petróleo, electricidad y carbón) y Transportes.
Cuando culminen los procesos de incorporación en el área de la industria textil y de cemento, ocurrirá otro tanto con esas ramas industriales.
La importancia de la expansión del área empresarial social y mixta, en el cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la Unidad Popular, se complementa con el paulatino control del sistema bancario privado a través de la compra de sus acciones por la Corporación de Fomento, por intermedio del Banco del Estado. El Banco Central ha anunciado, recientemente, que el Estado ya controla mayoritariamente todo el sistema bancario nacional.
Las decisiones y acciones ya concretadas respecto del área social y mixta en el ámbito productivo, de intermediación y financiero dan elementos importantes por la definición de las áreas de influencia de la actividad pública, mixta y privada para el funcionamiento ordenado de la nueva economía. En esa definición se centra actualmente el interés de los sectores populares, del Gobierno y de los distintos ámbitos de actividad del país.
Un resumen de la situación actual sobre el conjunto de las principales empresas públicas y mixtas (cuadro A) permite apreciar que de 187 empresas, 118 corresponden a actividades de producción, 41 a sectores de infraestructura y servicios y 23 a actividades de intermediación financiera.
CUADRO A.
CUADRO B.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Ha terminado el tiempo de la interrupción del señor Senador y continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Ibáñez.
La señora CARRERA.-
¿Me permite una breve interrupción, señor Senador?
El señor IBAÑEZ.-
Si no es muy larga, no tengo inconveniente.
Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez.
El señor AYLWIN (Presidente).-
El señor MUSALEM.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor IBAÑEZ.-
Con todo agrado.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de una interrupción el señor Senador.
El señor MUSALEM.-
Señor Presidente, el Honorable señor Carmona planteó reiteradamente una consulta al Honorable Senador Valente Rossi, a fin de que éste explicara al Senado y al país qué destino han tenido en la negociación para la compra del salitre los 800 mil dólares a que hacen referencia las compañías, los cuales hasta hoy día no se sabe dónde están. De acuerdo con la explicación que las compañías dieron a sus accionistas, tal suma quedó en Chile para otros fines, aparte el costo de la negociación.
Hace poco el Honorable señor Jerez, en una maniobra diversionista, solicitó el envío de un oficio para pedir una información que nosotros no tenemos inconveniente alguno en que el Senado la pida. Pero me parece que también debe explicarse el destino de esos 800 mil dólares, porque el país tiene derecho a saberlo, máxime cuando se gasta una cantidad considerable de sus escasas divisas.
Debo dejar constancia de que el Honorable señor Valente Rossi no ha querido dar respuesta a esta interrogante, que no es nuestra, sino del país, y solicitamos al Senado que oficie pidiendo esta información.
Ahora, brevemente, quiero hacerme cargo de ciertos planteamientos del Honorable señor Valente.
Su Señoría habló de que el Gobierno había recuperado para el país el salitre con una diferencia de 34 millones de dólares,...
El señor VALENTE.-
De 38 millones de dólares, señor Senador.
El señor MUSALEM.-
...de 38 millones de dólares respecto de la negociación que llevó a cabo la Administración anterior, y que ellos la habían limitado en 13 millones.
Este enfoque hecho por el señor Senador es malicioso, poco serio, poco responsable, y tiene por objeto deformar la realidad del país. Resulta que las dos negociaciones tienen diferencias fundamentales en cuanto al plazo de pago, ya que la realizada por parte de la Unidad Popular para adquirir las salitreras se cancela en dos años, y la que estaba llevando a cabo el Gobierno democratacristiano, en 15 años. Todos sabemos que los capitales, los préstamos pagan determinado interés anual, y que éste lo cobran tanto Rusia como los organismos internacionales en todas las transacciones de particulares, en todas las que se realizan en el mundo entre instituciones. Por eso, si nosotros hacemos el cálculo correspondiente a los 13 millones de dólares que pagó el Gobierno de la Unidad Popular,...
El señor VALENTE.-
Todavía no los ha pagado.
El señor MUSALEM.-
...que va a pagar en dos años para adquirir las salitreras; es decir, si calculamos el 7% anual en los 15 años, y el resultado lo agregamos a la cifra anterior, se llega exactamente al precio que la Democracia Cristiana iba a enterar en 15 años. Desde otro ángulo, resulta lo mismo, ya que si Chile mantiene los 13 millones de dólares durante esos 15 años, equivale a que Chile disponga de 35 millones de dólares, debido al no pago de los intereses de esa suma de capital en dicho lapso.
El señor VALENTE.-
Está equivocado Su Señoría.
El señor MUSALEM.-
No lo estoy, señor Senador. Es un mínimo. . .
El señor VALENTE.-
Sí, porque el compromiso que el Gobierno pasado suscribió con la Anglo Lautaro alcanzó a 24 millones de dólares.
El señor MUSALEM.-
No le he concedido una interrupción al Honorable señor Valente.
Creo que, tratándose de discutir con los Honorables colegas, es mejor dejar que la opinión pública haga de arbitro. Son cosas tan evidentes las que Sus Señorías niegan y deforman, que cualquiera persona que lea la versión del Senado se dará cuenta de que tenemos la razón en lo que planteamos. Sin embargo, el Honorable señor Valente insiste en deformar la realidad. Mejor sería que contestara qué ha ocurrido con esos 800 mil dólares que han desaparecido, y después tendrá autoridad para replicar.
Ahora quiero dar una respuesta breve respecto de las informaciones dadas sobre el cobre. Resulta que en 1970, Chile recibió el 85% de las utilidades en ese rubro, y las empresas, sólo el 15%.
Nada más.
El señor VALENTE.-
liso no es cierto. Está falseando los datos.
El señor MUSALEM.-
Es cierto, se trata de informaciones entregadas por CODELCO.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra la Honorable señora Carrera.
La señora CARRERA.-
En verdad, como soy mujer, en números no entiendo mucho, pero de las palabras de los señores Senadores de la Democracia Cristiana parece desprenderse que en lo relativo al salitre hubo un mal negocio para Chile. De las explicaciones del Honorable señor Musalem, aparentemente, se deriva que hemos hecho un mal negocio, ¿no es así?
El señor MUSALEM.-
- Y han desaparecido 800 mil dólares.
La señora CARRERA.-
Y han desaparecido 800 mil dólares. Esto significa que se nos ha coimeado en esa cantidad, porque hemos llevado adelante ese mal negocio.
Repito: las mujeres somos malas para estas abstracciones; pero, si en esta negociación que alcanza a 17 millones de dólares -no sé bien las cifras, pero son menos de 20 millones- se nos ha coimeado en 800 mil dólares por hacer un mal negocio, ¿cuánta será la coima, por haber hecho un pésimo negocio como el de la chilenización del cobre? ¡Y ahí sí que corrieron cientos y cientos de millones de dólares! ¿Y cuánta sería la coima, si por el 51% de las acciones de El Teniente se pagó lo que valía el mineral entero? Como no soy buena para los números -repito-, no puedo precisar los porcentajes correspondientes, pero me queda la duda sobre el particular.
El señor JEREZ.-
No es necesario ser bueno para los números para darse cuenta de ello.
El señor IBAÑEZ.-
Deploro que las interrupciones, que he concedido con mucho agrado, hayan sido utilizadas para debatir temas completamente ajenos al motivo de esta sesión especial del Senado.
Respecto del proyecto de reforma constitucional que estamos debatiendo, debo decir que en el curso de la gestión del actual Gobierno la ciudadanía se ha visto abocada a situaciones tan arbitrarias e insólitas, tan repudiables e inesperadas, que jamás pudieron ser imaginadas ni previstas por nuestros legisladores o constituyentes.
Obsérvese de qué manera se utilizan disposiciones y facultades legales aplicándolas a finalidades absolutamente ajenas a los propósitos con que el legislador las aprobó, y de qué manera se realizan así actos de despojo económico como un mero paso previo para la supeditación política de los chilenos.
Nótese asimismo, el empleo que se hace del Poder del Estado, concebido para dar cumplimiento a las finalidades específicas que inspiraron las leyes, pero que se aplica torcidamente para presionar, doblegar, y finalmente somete, a personas o a vastos grupos sociales que tienen posiciones desafectas al Gobierno.
El señor JEREZ.-
¡Y para descuartizarlas...!
El señor IBAÑEZ.-
¡Para allá vamos y no nos demoraremos mucho! ¡Para allá vamos! Por lo demás, los asesinatos cotidianos y el que acaba de suceder en La Unión demuestran que son capaces de descuartizar y de mucho más, porque en materia de infamias se han cometido todas las que ha sido posible cometer.
Del mismo modo, las facultades otorgadas al Ejecutivo con relación a los medios de difusión, específicamente en las entidades de comunicación con la opinión pública que dependen del Estado, se las aprovecha para realizar una tenaz y degradante labor de desinformación y de concientización. Nada importa al Gobierno atentar de esta manera contra el derecho esencial de todo ser humano en cuanto a pensar y decidir por sí mismo, esto es, de ejercer con plenitud su libertad.
Es evidente que la desviación totalitaria que describimos sólo es posible mediante graves abusos de poder. Y en relación con ellos, la Constitución prevé la posibilidad de sancionarlos sometiendo a acusación a los personeros del Poder Ejecutivo que abusan de la autoridad que la nación puso en sus manos.
Frente a reiterados desconocimientos por parte del Gobierno de sus obligaciones legales y constitucionales, el Partido Nacional ha promovido esas acusaciones y ha iniciado así las acciones constitucionales pertinentes para someter a juicio a tres Ministros de Estado. Y si no tuvimos éxito en estas iniciativas fue porque otras fuerzas políticas, aunque reconocían su validez, juzgaron preferible no aplicar las disposiciones punitivas que consigna la Constitución. Confiaron en que serían respetados y cumplidos los compromisos del Ejecutivo que prometían prescindir en el futuro de acciones inconstitucionales o extralegales.
Sin embargo, tales compromisos quedaron incumplidos, si bien tuvieron la virtud de constituir amargas experiencias que a todos los chilenos les permitió medir el abismo que separa la rectitud de los procederes democráticos de los torvos propósitos marxistas.
Por otra parte, es probable que los preceptos constitucionales que dicen relación al juicio político, hayan sido concebidos como correctivos para procederes ilegales que dentro de nuestra vida cívica deberían constituir raras excepciones.
Parece evidente ahora que los vacíos constitucionales que se observan provienen de que nuestro régimen institucional -que es y debe mantenerse democrático- no fue concebido para reglar la conducta de gobiernos leninistas. Obviamente, nuestro sistema constitucional resulta, en tal emergencia, inadecuado; porque el leninismo no reconoce vallas ni tampoco respeta derechos de ninguna especie ni de nadie cuando están de por medio sus finalidades políticas o sus metas revolucionarias.
En nuestra Constitución democrática hay subyacentes principios morales y reconocimientos de derechos naturales o humanos, como ahora se los llama, que son los que le dan sentido y eficacia.
Pero frente a las tácticas leninistas, a la amoralidad política como sistema, a la sustitución del Estado de derecho por la legalidad socialista, o sea, por la conformidad con los objetivos revolucionarios, nuestra Constitución carece de preceptos que resulten efectivos y requiere de una revisión cuidadosa, así como de la adición de normas adecuadas para las nuevas y amenazantes circunstancias políticas que vivimos.
El señor IBAÑEZ.-
Por tanto, es preciso que la Constitución adopte resguardos de otra índole y precauciones que lleven implícito el temor o la convicción de que ¡determinados grupos políticos pretenden utilizar en contra de la voluntad mayoritaria del país el poder que recibieron para servir a toda la nación.
Redactada la Carta Fundamental en una época en que la sociedad revestía formas más simples que las de la actual, cabe observar en ella disposiciones muy claras con relación, por ejemplo, al uso arbitrario de la fuerza en contra de las personas; pero no contiene normas explícitas para impedir el abuso, por parte del Gobierno, del inmenso poder económico acumulado por éste en el curso de años recientes.
Del mismo modo....
El señor JEREZ.-
De los monopolios.
El señor IBAÑEZ.-
Precisamente, de los monopolios estatales porque el Gobierno está formando los más fabulosos monopolios que es posible imaginar.
El señor GUMUCIO.-
Antes manejaban ustedes ese poder económico.
El señor IBAÑEZ.-
Decía que, del mismo modo, las garantías constitucionales...
El señor JEREZ.-
¡Está defendiendo el buen billete!
El señor IBAÑEZ.-
Ruego al señor Presidente hacer respetar mi derecho.
El señor AYLWIN (Presidente). -
Está con el uso de la palabra el Honorable señor Ibáñez. Pido a Sus Señorías respetar el derecho del señor Senador a usar de la palabra sin ser interrumpido.
El señor IBAÑEZ.-
Señalaba que, del mismo modo, las garantías constitucionales...
El señor MONTES.-
¿En qué años?
El señor IBAÑEZ.-
¿En qué años? La concentración del poder económico en manos del Gobierno es un proceso que se ha venido produciendo desde hace varios años, y en forma acelerada durante el último. Se trata de un proceso que ha tenido una aceleración mucho mayor en el curso de los pocos meses que la Unidad Popular lleva en el Gobierno, porque ésta, precisamente, pretende concentrar todo el poder económico en sus manos a fin de supeditar políticamente a los ciudadanos. Y lo que se desea mediante la reforma constitucional en debate es impedir que se logre materializar ese atentado contra el régimen democrático y contra la libertad política de los chilenos.
El señor. GUMUCIO.-
Pido una interrupción al Honorable señor Ibáñez.
El señor AYLWIN (Presidente). -
Su Señoría oyó la solicitud del Honorable señor Gumucio.
El señor LUENGO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Ibáñez?
El señor IBAÑEZ.-
Con mucho gusto.
El señor GUMUCIO.-
¿Y a mí, no?
El señor IBAÑEZ.-
El Honorable señor Luengo me la acaba de pedir.
El señor GUMUCIO.-
Yo la solicité antes.
El señor AYLWIN (Presidente).-
El Honorable señor Gumucio pidió la interrumpió por intermedio de la Mesa.
El señor IBAÑEZ.-
Se la concedo.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUMUCIO.-
El Honorable señor Ibáñez estaba haciendo afirmaciones de orden histórico en el sentido de que en el transcurso de los años el Estado fue acumulando una serie de facultades que le permitían intervenir en la economía. Sin embargo, el señor Senador no ha hecho presente que durante muchos años esa intervención era utilizada políticamente por el grupo minoritario que él representa, o sea, se trataba de una intervención que no beneficiaba a las grandes mayorías.
¿Y qué sostiene ahora nuestro Honorable colega? Que debe cambiarse, la legislación respectiva, porque esa minoría ya dejó de tener en sus manos el poder que significa la intervención del Estado en el proceso económico. Esa es la realidad, y no otra.
El señor IBAÑEZ.-
No puedo aceptar la insolencia que envuelven las afirmaciones que acabamos de escuchar al Honorable señor Gumucio.
La intervención del Estado es un proceso propio de esta época, necesario en muchos aspectos.
El señor JEREZ.-
Dé un ejemplo.
El señor IBAÑEZ.-
En los aspectos que requieren la regulación de la interdepencia económica, que es uno de los factores más característicos de la época en que estamos viviendo.
Pero una cosa es establecer esa intervención del Estado -la reconozco como necesaria- para facilitar las actividades económicas de una sociedad compleja como la nuestra e impulsar su desarrollo, y otra muy diferente hacer lo que está llevando a cabo la Unidad Popular: supeditar a los grandes sectores de obreros y empleados mediante la estatificación de las empresas.
El señor JEREZ.-
¿Están muy tristes los obreros?
El señor AYLWIN (Presidente).-
¡Amonesto al Honorable señor Jerez!
El señor IBAÑEZ.-
Abona las palabras que estoy pronunciando la actitud asumida con los 38 obreros de Sumar que, no obstante la seguridad y garantía otorgadas por el Presidente de la República, no han sido reincorporados a sus trabajos. ¿Porqué? Por una razón que estimo necesario poner de relieve: porque los comunistas actúan siempre en forma ejemplanzadora; y la expulsión de esos 38 asalariados de Sumar debe servir de ejemplo a todos los obreros de Chile en cuanto a la suerte que correrá quien se atreva a disentir del criterio de la Unidad Popular desde el momento en que esa combinación política tome a su cargo la empresa que le da trabajo.
Con mucho agrado otorgo una interrupción al Honorable señor Luengo.
El señor LUENGO.-
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LUENGO.-
Le pedí una interrupción, Honorable señor Ibáñez, con el objeto de conocer, a través de su respuesta a una pregunta que le formularé, un poco más a fondo su pensamiento respecto del punto a que se refirió hace algunos instantes.
En varias oportunidades he oído a Su Señoría reclamar por la intervención del Estado en la economía, sosteniendo que la única finalidad que éste persigue mediante el establecimiento de un monopolio sobre el particular -según expresiones del señor Senador- es la de supeditar políticamente a los empleados y obreros de las empresas intervenidas.
Yo le pregunto lo siguiente, Honorable señor Ibáñez: ¿reconoce Su Señoría que, cuando los monopolios ahora intervenidos estaban en manos de los particulares, los empleados y obreros estaban supeditados políticamente a los propietarios?
El señor IBAÑEZ.-
Responderé con mucho gusto la pregunta del señor Senador.
En primer lugar, quiero dejar establecido que no existían monopolios: eran empresas que estaban en competencia.
El señor JEREZ.-
¡Eran cofradías!
El señor IBAÑEZ.-
Creo que el análisis de la importante cuestión que planteó el Honorable señor Luengo merece un poco de silencio y respeto por parte de los señores Senadores. Se trata de uno de los problemas centrales que deben analizarse con motivo de la discusión del proyecto de reforma constitucional sometido a conocimiento de la Sala: la existencia de empresas y, por consiguiente, de fuentes de trabajo en cantidad que permita a obreros y empleados escoger las que prefieran.
Se entiende que lo anterior es válido sobre la base de un régimen en que exista un razonable nivel de empleo. Porque -lo reconozco- si hay un alto índice de cesantía, no es válido mi argumento.
De ahí que los sistemas de gobierno que defiendo y de cuyas ideas participo tienen como una de sus metas esenciales las del empleo pleno. El empleo pleno con infinitas empresas privadas da al obrero y al empleado total independencia para elegir el trabajo que más les agrade y, sobre todo, para liberarse de cualquier presión indebida o indirecta que pudiera ejercerse sobre ellos.
Ahora bien: ¿qué sucede cuando esas empresas desaparecen y el Estado se transforma en patrón único dentro de un país? Que los obreros y empleados pierden totalmente la libertad política.
El señor LUENGO.-
¿Por qué?
El señor IBAÑEZ.-
Porque en el momento en que disienten del criterio del Gobierno -como les sucedió a los obreros de Sumar- son expulsados de las empresas donde laboran; y si no tienen otras posibilidades de empleo, deben someterse políticamente.
A este respecto, quiero recordar una vez más, para respaldar las ideas que estoy exponiendo, el procedimiento que empleó Fidel Castro, que confirma la tesis que he sostenido aquí.
Al día siguiente que Fidel Castro fue derrotado -es útil hacer este recuerdo, por las derrotas cotidianas que sufre el Gobierno en todos los organismos gremiales- en la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CUT cubana dictó un decreto que disponía algo muy simple -no se hallaba estatificada la actividad económica de Cuba, la CUT cubana dictó un decreto tratar ni despedir a ningún empleado u obrero sin tener previamente la conformidad del Ministerio del Trabajo de Cuba. Se establecieron, entonces, carnés de trabajo, y bastaba que en ellos figurara una anotación del Gobierno cubano para que el obrero propietario de él, que dejaba en claro su conducta contraria a la de Fidel Castro, no pudiera encontrar empleo. Y por eso Fidel Castro pudo tomar el control de la isla de Cuba. ¿De qué manera? A través del control de las fuentes de trabajo. Y eso es lo que se está haciendo hoy día en Chile.
Por ello nosotros respaldamos la reforma constitucional en debate; la impulsaremos con todas nuestras energías, y esperamos que el Congreso la apruebe. De esta manera confiamos poner a cubierto a los sectores asalariados y a las personas más modestas que carecen de otro medio para defenderse, de las indignas presiones que hoy día se ejercen en nuestro país.
Continúo con el desarrollo de mis ideas.
El señor LUENGO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor IBAÑEZ.-
Su Señoría me excusará, pero debo dar término a mis observaciones. Estoy desarrollando un conjunto de ideas...
El señor JEREZ.-
¡Para eso me leo un libro de "La Coneja"...!
El señor AYLWIN (Presidente).-
¡Honorable señor Jerez! ¡Me veré en la necesidad de censurar a Su Señoría!
El señor IBAÑEZ.-
Lo siento mucho, Honorable señor Luengo, pero no daré más interrupciones. He demostrado mi buena voluntad a este respecto. Sin embargo, estoy desarrollando un conjunto de ideas que no pueden ser interrumpidas a cada instante, porque se perdería completamente el sentido de mi argumentación.
El señor LUENGO.-
No quiero molestarlo. Honorable colega. Pero ya que usted se refirió a una consulta que le formulé denantes, le ruego permitirme decir algunas palabras acerca de lo que sostuvo.
El señor IBAÑEZ.-
Le agradeceré, señor Senador, hacerme el servicio de dar la respuesta que desea cuando esté con el paso de la palabra, y así me permitirá dar término a mis observaciones.
Decía que en la Constitución actual se consagran disposiciones muy claras con relación a las contravenciones constitucionales que podían cometerse en la época en que aquélla fue redactada, pero que no figuran normas igualmente explícitas y definitivas para impedir los abusos que se cometen en la actualidad y que son posibles debido al inmenso poder económico que los gobiernos han acumulado en años recientes.
Asimismo, las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión resultan hoy día carentes de eficacia frente a situaciones imprevisibles hasta hace poco, como el empleo abusivo de la televisión estatal, la negativa para renovar concesiones de radio, o los monopolios estatales para fabricar papel, que colocan automáticamente en entredicho la libertad de prensa.
A corregir parte de los vacíos enunciados tiende el proyecto de reforma constitucional sometido a nuestra consideración. Y digo sólo "parte de esos vacíos", porque sus disposiciones tienen por objeto principal impedir la ilegal e ilegítima apropiación por el Gobierno de empresas y medios de producción y de servicios. Por lo mismo, esta reforma intenta eliminar, al menos en cuanto provengan de tales procedimientos ilegítimos, la pérdida de independencia y la opresión política que sufren los chilenos vinculados a las empresas que se estatifican o dependientes de ellas. Porque debo subrayar, como lo hacía hace un instante, que no sólo los propietarios de dichas empresas son víctimas de esos procederes abusivos, sino, muy principalmente, todos cuantos laboran en ellas.
Otros Senadores del Partido Nacional hallan de analizar el proyecto en debate desde diferentes puntos de vista, refiriéndose en particular a su articulado.
Por mi parte, sólo deseo señalar algunas omisiones o insuficiencias que intentaremos corregir mediante indicaciones durante el estudio del segundo informe.
En el N° 1 es preciso hacer referencias mucho más amplias a las empresas, medios o bienes que podrían estatificarse. La disposición respectiva no deberá quedar circunscrita, por tanto, a aquellos medios de "producción, distribución o financiamiento", tocia vez que se dejaría abierta para el Gobierno la posibilidad de apropiarse en forma arbitraria de incontables entidades no comprendidas en esa restringida enumeración.
En cuanto al Nº 2, y atendida la forma como ha sido redactado, queda en evidencia el propósito, por cierto muy laudable, de proteger a los poseedores de bienes de mediana cuantía, haciendo obligatoria a favor de ellos la indemnización previa que establecen las normas constitucionales sobre expropiación y evitando así que se los despoje a pretexto del ambiguo e indefinido vocablo "nacionalización". Pero para que este artículo tuviese verdadera eficacia sería indispensable precisar qué se entiende por pequeña propiedad rústica, y por mediana y pequeña empresa industrial, conceptos ambos demasiado elásticos para constituir, con relación a ellos, una garantía sólida y real.
Deseo advertir, respecto del número 5, que el informe en debate no registró mi expresa reserva sobre el empleo del término "nacionalizar", reserva que se basa en los motivos que muy sucintamente acabo de exponer, y que nuestro Honorable colega el Senador Bulnes explicó fundadamente con motivo de la reforma constitucional para expropiar las minas de cobre.
Asimismo, juzgo de toda necesidad redactar un texto mucho más amplio y explícito sobre la participación de los trabajadores en las entidades que se estatifiquen, además de consignar para ellos garantías constitucionales que los dejen a cubierto de persecuciones, despojos o pérdida de sus empleos, de modo que, al amparo de tales garantías, puedan continuar trabajando sin temor y sin desmedro, por tanto, de su condición de ciudadanos políticamente libres.
Además, hace falta una definición más precisa de lo que debe entenderse por entidades del sector público, con el objeto de evitar que las disposiciones constitucionales propuestas sean burladas por atajos o por caminos indirectos, como por ejemplo mediante entidades dependientes de algunas subsidiarias de una empresa mixta, entidad la primera que, aunque distante del poder central, obedece en definitiva, por control remoto, a la voluntad de éste.
Por último, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado debería tener un inciso primero que, junto con establecer que nadie puede ser privado de su libertad, bienes, trabajo y derechos garantizados por la Constitución y las leyes, sino conforme a procedimientos expresamente determinados por ley, hiciera posible, asimismo, que los ciudadanos afectados en tales derechos, por resoluciones o procedimientos ilegales o arbitrarios, puedan recurrir de amparo ante las Cortes de Apelaciones respectivas.
Sólo un procedimiento judicial como el indicado,...
El señor JEREZ.-
¿Por qué no se pasea en traje de baño Su Señoría?
El señor AYLWIN (Presidente).-
Res pete el uso del derecho a la palabra, señor Senador.
El señor JEREZ.-
Le he solicitado una interrupción al Honorable señor Ibáñez y no me la ha concedido.
El señor AYLWIN (Presidente).-
El señor Senador manifestó su deseo de no ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.-
Decía que sólo un procedimiento judicial como el indicado, y el establecimiento de severas sanciones para quienes infrinjan la norma constitucional que señalo, permitirán otorgar verdadera eficacia a las altas finalidades que inspiran esta necesaria y urgente reforma constitucional.
Termino mis palabras expresando que considero sumamente lamentable que hayamos llegado en Chile, además del espectáculo decadente y deprimente que da el Senado en la mañana de hoy, donde en lugar de argumentos se expresan vulgaridades e interrupciones carentes del mínimo nivel intelectual que habría que exigir a los miembros de esta Corporación -espectáculo en el cual con tanto afán participa el Honorable señor Jerez- a situaciones de tan intolerable arbitrariedad como las que han dado origen a impulso a las enmiendas constitucionales que someramente he analizado.
No obstante, entendemos como la más esencial de nuestras obligaciones legislativas, la de reconocer las deformaciones o abusos que se advierten en el ejercicio del Gobierno, y proceder con energía y sin dilación a establecer los correctivos constitucionales para que en Chile sigan prevaleciendo la rectitud, la ecuanimidad y la justicia.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor JEREZ.-
¡ Hay que tener harta cara dura para decir lo que Su Señoría acaba de expresar, y culpar después al Senado del espectáculo que se está cuando!
El señor AYLWIN (Presidente).-
Honorable señor Jerez, la Mesa no le ha concedido la palabra.
El señor MONTES.-
Concedo una interrupción al Honorable señor Jerez.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.-
Sólo deseo reiterar lo que he expresado anteriormente. Creo que la exposición del Honorable señor Ibáñez, quien pretende elevarla a alturas inconmensurables desde el punto de vista de la defensa de la dignidad humana, no esconde sino los propósitos de un sector social y de un grupo político que sólo tratan de escudarse en este proyecto para defender sus privilegios y recuperar el poder que perdieron por la voluntad mayoritaria del pueblo.
El señor IBAÑEZ.-
Minoritaria, señor Senador.
El señor JEREZ.-
Y Sus Señorías, ¿qué son? Si la Unidad Popular es minoritaria, ustedes son grupúsculos.
El Honorable señor Ibáñez decía que se busca una economía que dé seguridades al trabajador para optar libremente a su ocupación. Yo preguntaría al señor Senador si se encontraba en estado de hibernación cuando en la época de los gobiernos de Derecha, en Chile se expulsaba a los asalariados y a los dirigentes sindicales y los empresarios se concertaban para no recibirlos, por haber sido despedidos de sus industrias al ejercer el derecho que la ley les daba de defender a sus compañeros en uso de sus funciones sindicales.
El señor IBAÑEZ.-
No fue así, señor Senador.
El señor JEREZ.-
¡Ah! ¿No? Había verdaderas "listas negras" de dirigentes. Y cuando se nos viene a hablar aquí...
El señor IBAÑEZ.-
Redactadas por los partidos de la Unidad Popular.
El señor JEREZ.-
Resulta, entonces, que los partidos de la Unidad Popular eran dueños de las empresas en este país. ¡Quiere decir que estamos en un mundo de locos!
Cuando el Honorable señor Ibáñez habla del desarrollo de sus ideas, debiera decir más bien "subdesarrollo" de ellas. Su Señoría no debiera hacer esos planteamientos en el Senado, porque la deformación que hace de la realidad hace pensar que, a su juicio, algunos Senadores somos tarados mentales, y ello obliga a trasladar el problema al diván de un siquiatra. No es admisible ni aceptable que se nos falte el respeto con esos argumentos, y encima se afirme que no tenemos derecho a replicar por tales barbaridades. Inclusive podría calificarse de incultura, porque una persona puede defender sus intereses, pero tiene que usar mejores razones. No tiene derecho a pensar que está frente a un país de tontos y a un Senado imbécil.
Por tales razones, tengo derecho a protestar por las expresiones y argumentos empleados por un Senador, que no están a la altura de su condición de parlamentario.
El señor IBAÑEZ.-
Reclamo por las groserías que acabamos de escuchar y por la suposición de intenciones, que no están permitidas por el Reglamento del Senado. El señor AYLWIN (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Deseo participar en el debate y referirme también al contenido de las reformas constitucionales propiamente tales. Pero antes de hacerlo, quiero manifestar, como lo hemos señalado en otras ocasiones, no opiniones de orden jurídico -que, evidentemente, no estamos en condiciones de formular-, sino un juicio de carácter político dentro del cual tratamos de ubicar esta iniciativa.
Hemos escuchado a un Senador de la Derecha chilena dar las razones que lo inducen a impulsar la reforma constitucional que estamos estudiando. Su Señoría basa su argumentación en lo que hace el Gobierno de la Unidad Popular, y no sólo este Gobierno, sino todos aquellos que, de una u otra manera, han significado un paso adelante, un avance, en el desarrollo de nuestra sociedad en cualesquiera de sus frentes o actividades.
Deseo señalar que la Derecha de este país, sobre todo en el curso de los últimos 30 ó 35 años, ha adoptado de manera invariable, por corresponder a su posición política, a su definición de clase, actitudes similares frente a cada gran problema planteado en nuestro país, y que ha evidenciado la necesidad histórica de avanzar.
Sus representantes han estado siempre contra toda medida conducente a impulsar al progreso de Chile. No hacemos estas afirmaciones como una formulación carente de contenido, sino porque los hechos lo han demostrado fehaciente y crudamente en el curso de nuestra historia.
Tuvimos oportunidad de discutir en otra ocasión -y lo traigo nuevamente al tapete del debate, por estimarlo ejemplarizador- la actitud de la Derecha cuando asumió la Presidencia de la República el Frente Popular. En aquella época se produjo un alineamiento de fuerzas en dos amplios sectores, que podrían calificarse de Izquierda y de Derecha, para enfrentar los problemas de ese entonces. Por cierto, la Derecha mantuvo respecto de ellos, con las variaciones correspondientes a la situación particular de ese tiempo, la actitud que asume en la actualidad.
Cuando en 1939 llegó al Parlamento el proyecto relativo a la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, mediante sus personeros más caracterizados, la Derecha dio una batalla sin cuartel contra dicha iniciativa, la cual, como lo demostró la práctica en los años posteriores, abrió camino al desarrollo económico e impuso -ésta es la verdad de las cosas- un nuevo rumbo político a las fuerzas sociales, sobre todo a las más progresistas de nuestra patria.
¿Qué voces se escucharon en el Senado de la República respecto del proyecto mencionado? Una vez más quiero repetir la intervención del señor Rodríguez de la Sotta, Senador conservador de esa época, y algo así como el "cabeza de serie" del equipo derechista que actuaba en esta Corporación. En sesión extraordinaria del martes 28 de marzo de 1939, y con relación al proyecto del Gobierno del Frente Popular, expresó lo siguiente:
"Pocas, veces, señor Presidente, el Senado se habrá visto en presencia de un proyecto más grave y de mayor trascendencia para la vida económica y financiera del país.
"Pocas veces también habrá vivido Chile una hora más grave y delicada que la presente.
"Por un vuelco terrible de nuestra vida política, ha caído el Gobierno en manos del Frente Popular, de esa combinación política cuya corta, accidentada y trágica historia fuera de Chile el mundo conoce muy bien. Y a esa terrible desgracia ha venido a sumarse la inmensa catástrofe sin precedentes en cien años de nuestra historia, el terremoto del 24 de enero, que asoló varias de las provincias más progresistas del país.
"¡Qué difícil tarea y qué enorme responsabilidad para nosotros, legisladores de oposición, que debemos armonizar nuestros sentimientos del más puro patriotismo y de la más honda solidaridad humana ante tantos y tantos hermanos en desgracia, con nuestro grave deber de legisladores, de políticos honrados y valientes que debemos velar antes que nada, por los más altos y permanentes intereses de la patria!"
Esas palabras del Senador conservador de aquella época, esos argumentos, se han repetido en forma sucesiva en períodos críticos de la historia de nuestro país, naturalmente no en la misma forma ni en los mismos términos ni con relación a problemas singulares o particulares; pero han tenido una persistencia y continuidad que, a nuestro juicio, es necesario destacar. "Por un vuelco terrible de nuestra vida política ha caído el Gobierno en manos del Frente Popular, de esa combinación política cuya corta, accidentada y trágica historia fuera de Chile el mundo conoce muy bien." ¡Terrible desgracia para los conservadores de ese entonces el hecho de que la Izquierda haya triunfado y elegido un Presidente y que el Frente Popular se haya instalado en el Gobierno de la República! Este concepto, señor Presidente, de una u otra manera, se ha reiterado más adelante.
Lo señalo ahora, porque si aquel Gobierno del Frente Popular significó un golpe para los privilegios de la época, en otros períodos de nuestra historia, y también hoy, la constitución de Gobiernos de avalizada ha permitido continuar por la senda marcada por la Izquierda chilena de aquel tiempo y que conduce al objetivo de lograr la superación de los problemas creados por aquellos que hoy día, mediante las palabras que hemos escuchado al señor Ibáñez en el Senado de la República, pretende justificar lo injustificable, lo que no fueron capaces de realizar, porque son representantes de una clase, de una modalidad, de un pensamiento político que no está por el desarrollo, el avance o el progreso, sino, sobre todo, por el mantenimiento de un "status" cuya primera premisa es la defensa de sus privilegios.
¡Fíjense, señores Senadores, cómo el señor Rodríguez de la Sotta argumenta contra el proyecto propuesto por el Gobierno de esa época!
"La primera razón para rechazar este plan de fomento propuesto por el Gobierno consiste en que es absurdo y contrario al simple sentido común contratar enormes empréstitos para desarrollar un plan de fomento que no se conoce, un plan de fomento que se va a empezar a estudiar por la Corporación que crea esta ley.
"Me parece que esto va contra toda lógica, contra el simple sentido común y que el camino que debió seguirse es el contrario: estudiar primero el plan de fomento, examinarlo en todos sus detalles, ver qué cantidad de dinero exigirá su realización y, en seguida, contratar los empréstitos necesarios para realizarlo."
Estas palabras parecieran tener poca trascendencia; pero en el fondo demuestran que entonces, como hoy, se usaba toda clase de argumentos y expedientes para oponerse a iniciativas que significan avance, desarrollo y progreso, y para justificar la actitud permanente de la Derecha chilena contraria a todo avance, a toda idea que de alguna manera tienda a limitar sus privilegios.
El señor Rodríguez de la Sotta agrega: "Sin ir más lejos, muchos de mis honorables colegas recordarán una operación que realizó años atrás la Caja de Crédito Agrario para fomentar la ganadería nacional. Compró a la República Argentina unas 400 vaquillas que se importaron al país, y este negocio constituyó un ruidoso fracaso. Antes de dos años no quedaba viva una sola de esas 400 vaquillas importadas de la República Argentina y el negocio representó una pérdida de muchos cientos de miles de pesos para la ;Caja y para la economía del país.
"En segundo lugar, señor Presidente, este plan de fomento de la producción, en la forma que lo propone el Gobierno, es inaceptable, por razones de orden económico.
"Nadie discute que debe fomentarse la producción nacional. Probablemente, yo fui uno de los primeros políticos que hablaron en este país de la necesidad de fomentar la producción nacional."
El señor HAMILTON.-
El Honorable señor Gumucio pertenecía en aquella época al mismo partido que el señor Rodríguez de la Sotta.
El señor MONTES.-
¿Cómo dice Su Señoría? No le entendí.
El señor HAMILTON.-
Digo que en esa época el señor Gumucio pertenecía al mismo partido que el señor Rodríguez de la Sotta.
El señor MONTES.-
Recapitulando un poco, estoy tratando de demostrar, mediante el recuerdo de algunos detalles, que argumentos de antes son válidos hoy día para comprender la línea gruesa, la posición fundamental de la política seguida por la Derecha chilena.
"Pero la cosa no es tan sencilla como parece;" -continúa expresando el señor Rodríguez de la Sotta- "no es soplar y hacer limetas; no es aumentar la producción sin ton ni son. Cuando hablé de aumentar la producción, agregué a la palabra "producción", la palabra "útil".
"Hay que aumentar la producción "útil".
"¿Y qué quiero decir con aumentar la producción útil? Que hay que aumentar la producción que tenga mercado, que tenga seguridad de ser vendida, porque si la nueva producción no tiene mercado ni puede ser vendida, no servirá de nada, será una producción inútil."
Vean, señores Senadores, cómo esa argumentación aparentemente lógica va conduciendo a la finalidad política perseguida en aquella época: negar al Gobierno del Frente Popular la posibilidad de realizar una obra de tanta envergadura y trascendencia para la historia económica de nuestro país.
El señor Rodríguez de la Sotta añade:
"Un amigo agricultor, hombre de trabajo esforzado y de gran sentido práctico, me decía:
"Yo no sé qué dirán los hombres científicos, que presumen de economistas, de financistas y de técnicos, y que, a fuerza de enredar las cosas llega un momento en que el demonio que les entienda. Pero a mí me parece que el Estado debería hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo en mi fundo. Al fin y al cabo, el país no es sino un fundo grande."
Leo esto, que aparece en un diario de sesiones del Senado y que expresa con claridad el criterio conservador de la época, porque de algún modo se pone a tono con los tiempos actuales.
Dice: ¡"Al fin y al cabo, el país no es sino un fundo grande"!
Ese era, precisamente, el contenido del pensamiento de la Derecha de aquel entonces para enfrentar los problemas nacionales.
El señor GARCIA.-
¡Ese es el pensamiento actual de la Unidad Popular, que quiere convertir a Chile en un fundo grande!
El señor MONTES.-
Señor Senador, quiero recordar, a raíz de la discusión producida en esa época -estoy tomando estas ideas porque me servirán de base en la argumentación que pienso desarrollar-, lo que señaló en esa oportunidad el Senador Lira Infante, representante asimismo de la Derecha chilena. Dijo:
"Debo, para censurarlo," -se refiere al proyecto que creaba la Corporación de Fomento- "aludir al hecho lamentable de que algunos de los elementos que actúan con influencia avasalladora en la dirección del Gobierno,"... Observen la idea, señores Senadores: "....algunos de los elementos que actúan con influencia avasalladora en la dirección del Gobierno,"...Hoy día tales "elementos" de nuevo entran en juego; pero el asunto se plantea de modo distinto, aun cuando en el fondo lo que se desea decir es lo mismo. El Frente Popular de aquella época estaba dirigido por determinados elementos que tenían mucha influencia. Repito: esa idea no es nueva, pues ya se señaló hace más de 30 años y hoy de nuevo entra en juego.
El señor Lira Infante continuó diciendo:
"... que algunos elementos hayan obrado y sigan obrando con criterio partidista y estrecho en frente a una situación dolorosa que debió unir en un solo y mismo movimiento a toda la ciudadanía para aunar los comunes esfuerzos en forma de hacer más fácil la obra de la reconstrucción que se impone." Agrega:
"Naturalmente, no podría dejar de acompañarla en el rechazo de aquella disposición del proyecto que consulta la facultad que se atribuye a la Junta de Reconstrucción de expropiar los predios de la zona devastada, porque, establecida así en forma tan amplia y genérica, es enteramente inaceptable, contraria al precepto constitucional y a las sanas normas que deben regir en esta delicada materia. "Librar a la acción de la Junta por atinada y prestigiosa que se la suponga, la tarea de expropiar terrenos en forma incondicional, importaría delegar en un organismo secundario atribuciones que corresponden privativamente al Congreso Nacional: importaría dejar entregado el derecho inalienable de los actuales propietarios de ¡a región afectada, a permanecer dueños de su sitios, al simple querer de la mayoría de esa Corporación, ¡o que, por ser altamente inconveniente y arbitrario, no puede ser aceptado." Más adelante añadió: "A decir verdad, no hay lógica en proceder en dicha forma, porque el país debe consagrar todos sus esfuerzos a reconstruir la zona destruida sin distraerlos en obras de otra índole, menos apremiantes y de muy dudoso beneficio. Sin perjuicio de que se estudie y prepare un plan verdadero de fomento que tienda a desarrollar aquellas industrias que puedan colocar sus productos en mercados ciertos, asegurados de antemano, no se ve razón para que se acumulen dificultades en la solución de un problema que las encierra en demasía."
Quiero hacer notar lo siguiente en esa intervención del señor Lira Infante.
"Hay algo que es previo y fundamental en esta política de fomento de la producción, sin atender a lo cual serán inútiles los esfuerzos y dineros que se gasten para impulsarla; me refiero al factor "confianza", base y condición indispensables para la buena marcha de los negocios."
He querido recordar estas palabras, porque en la televisión, en la prensa y en la radio, sobre todo en el último tiempo, se ha venido repitiendo tal argumento del señor Lira Infante, Senador derechista del año 1939, como base fundamental por parte de la Derecha: "...me refiero al factor "confianza" base y condición indispensables para la buena marcha de los negocios".
Y en seguida pregunta:
"¿Cómo conciliar, entonces, el anhelo tan pregonado por los hombres de Gobierno, de darle más vigor, con la campaña que se venía llevando a cabo en los campos para introducir, con la complicidad de las autoridades, la anarquía y el desorden en sus labores?
"Digo tardíamente, porque más difícil que extirpar las malezas que estorban y malogran el desarrollo de los cultivos agrícolas; será la tarea de desarraigar del espirita de los labriegos la semilla del odio de clases que torpemente se ha sembrado entre ellos, mediante la campaña a la cual trata de poner término un reciente decreto del Ministro del Trabajo."
Adviertan, señores Senadores, el lenguaje utilizado y las ideas que aquí se expresan, y que más adelante desarrolla de modo más amplio reflejando claramente el recóndito pensamiento derechista del señor Lira Infante, dice:
"Cumplieron su deber las sociedades agrícolas del país al representar al Presidente de la República las graves perturbaciones que se producían como consecuencia de las iniciativas de funcionarios públicos tendientes a imponer en forma obligatoria y arbitraria la sindicalización de los obreros campesinos, medida profundamente desquiciadora y que en ningún momento es aconsejable, mientras no se adapte cuidadosamente nuestra legislación social a las modalidades propias e imposibles de ser modificadas del cultivo de la tierra. "La actual organización sindical es", según la autorizada opinión del Presidente de esas sociedades, "una creación artificial y sin miras de mejoramiento de la clase asalariada campesina, y trae, como es de conocimiento general, una agitación de perniciosas consecuencias, sin beneficio para la producción ni para los obreros"."
Advierta el Senado cómo, sin repetirse la historia de la misma manera, éstos fueron los argumentos planteados durante el Gobierno de Frei por la Derecha de este país, y los que ahora utiliza en contra del de ¡a Unidad Popular: "¡Cumplieron su deber las sociedades agrícolas del país al representar al Presidente de la República las graves perturbaciones que se producían como consecuencia de las iniciativas" de llevar al campo la sindicación de los obreros agrícolas!
Además, se sabe que quienes ayer apoyaron a un Gobierno, que no fue nuestro y que nosotros combatimos, hoy atacan la gestión de la Unidad Popular.
Quiero dejar expresa constancia en mi argumentación de lo ocurrido en una exposición agrícola y ganadera realizada durante la Administración anterior. En ella los más recalcitrantes derechistas y terratenientes de Chile vejaron a numerosos Ministros dé Estado. Por esa acción manifestamos nuestro profundo desacuerdo, porque respecto de los fenómenos producidos en el país nosotros anteponemos, sobre todo, una apreciación de clases.
Aquella actitud han pretendido repetirla hace dos días. Pero el tiro les salió por la culata: el Presidente de la República puso en su lugar a los "momios" y terratenientes, a los mismos que en el año 1939 veían en la posibilidad de que los obreros del campo se organizaran en sindicatos una cosa terrible y demoledora para la economía del agro, y los mismos que después se opusieron con igual tesón, con la misma actitud cerrada que caracteriza a la oligarquía vacuna de este país, a la posibilidad de modificar la norma constitucional relativa al derecho de propiedad. Y la opinión pública tuvo oportunidad de ver en el Congreso Pleno, que cuando prácticamente la unanimidad de los parlamentarios chilenos, que tienen o tenían un pensamiento de avanzada, se pusieron de pie para aprobar la enmienda constitucional del derecho de propiedad como una forma indispensable y necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad -con ello marcaron una especie de hito en la historia social chilena-, sólo un pequeño grupo representativo de esa Derecha, representativo del pensamiento de esa oligarquía vacuna, se negó a aprobar la modificación constitucional que abría el camino a la aplicación de la reforma agraria, a la posibilidad de barrer, de eliminar, de hacer añicos uno de los principales obstáculos que se ha interpuesto siempre al progreso de la sociedad chilena.
Así como hace más de 30 años el señor Lira Infante argumentaba en contra de la posibilidad de que los trabajadores del campo se organizaran en sindicatos,...
El señor JEREZ.-
Los "labriegos".
El señor MONTES.-
Sí, así como ayer se negaba tal derecho a los "labriegos", como se llamaba con criterio paternalista y feudal al campesino de esa época, hoy día, con toda clase de argumentaciones, aun cuando no sean verdaderas ni correspondan a la realidad, extrayendo algunas veces calumnias y mentiras de una especie de recóndito y siniestro vericueto de su mentalidad atrasada, tratan de descalificar la acción de un Gobierno como éste, que puede cometer muchos errores, que puede no dar siempre en la cabeza del clavo frente a cada problema que se le presenta, pero que en su línea gruesa, en su acción general, en la dirección y orientación de su política, está haciendo -y nadie puede desconocerlo- lo que siempre ha sido necesario hacer en este país para barrer los obstáculos que se han opuesto al progreso nacional y entrar definitivamente por una senda revolucionaria que posibilite el cumplimiento de los más altos y nobles ideales de nuestra sociedad.
Agrega en otra parte el señor Lira Infante:
"De aquí que sea perjudicial al interés público el intento de sindicalizar a los obreros campesinos, tanto más condenable cuanto más inspirado es por el odio a sus patrones que se trata de infiltrarles.
"Mientras no cesen en esta campaña tan dañina ciertos destacados elementos de la Izquierda que ejercen influencia preponderante en la acción del Gobierno y que realizan labor constante de agitación, hablando de reparto de tierras y de otras necedades, no podrán dar resultado favorable los propósitos de armonía social de que hace mención Su Excelencia el Presidente de la República en su nota contestación al memorial de las sociedades agrícolas."
Casi, casi calcado de lo que se repetía ayer y hoy por los sectores más- reaccionarios del país!
¡Fíjense los Honorables colegas cómo continúa hablando el señor Lira Infante en esa ocasión, en 1939!:
"Es un hecho público y notorio que los elementos más exaltados del régimen imperante buscan y aprovechan toda oportunidad para excitar las pasiones populares en contra de los que militan en filas adversas a las suyas;"...
Si parece que realmente hubiera sido dicho ayer, que lo hubiéramos escuchado en la televisión hace pocos días, que lo hubiéramos leído recientemente en el diario de la Derecha!
"... Aprovechan toda oportunidad para excitar las pasiones populares en contra de los que militan en las filas adversas a las suyas;". . .
Entiendo que esta misma frase la elijo hace diez minutos el Honorable señor Ibáñez en este mismo hemiciclo. Es exactamente la misma idea. Puede que cambie una que otra palabra; pero, en el fondo, es la repetición del concepto, de la idea, del juicio que el señor Lira Infante, Senador conservador, expresaba en 1939. Todavía hoy, sin capacidad ni imaginación para elaborar nada nuevo, continúa la Derecha, por boca de su Senador el Honorable señor Pedro Ibáñez, echando mano a los mismos miriñaques gastados, con olor a naftalina. Continúan reptiendo argumentos añejos, pasados de moda, porque la actuación que tuvieron hace 30 años no difiere en nada de la que adoptan y mantienen hoy día, ajenos y contrarios a todo cuanto signifique siquiera dar un paso hacia adelante en lo que respecta al progreso del país.
Agrega, luego, el señor Lira Infante: "Algunos agitadores políticos -dice editorialmente un prestigioso diario de la capital-" (se refiere a "El Mercurio") "han recorrido a escondidas de los propietarios agrícolas, predios vecinos a esta capital y de otras zonas del país, impo-H-cnd'j normas a los funcionarios del Trabajo; han procedido a constituir sindicatos que, conjuntamente con su constitución, han sido enrolados en los registros de agrupaciones políticas. De esta suerte, bajo la apariencia de cumplir disposiciones legales, se ha efectuado exclusivamente obra de propaganda y de agitación política en los campos, que puede presentar graves peligros para el futuro de la producción agrícola del país."
Esta -siguiendo en el desarrollo de la idea que quiero expresar al Senado y dejar sentado bien en claro- es parte de la argumentación de alguna gente de esa época, y parece ser que la hubiera escuchado ayer, porque, evidentemente, los caballeros de las bancas de enfrente continúan echando mano a iguales argumentos, ya que, en el fondo, están defendiendo lo mismo. No quisieron ayer las organizaciones sindicales en el campo. ¡No, eso era peligroso! ¡Cómo los "labriegos" se iban a organizar en este país! Y acusaban entonces, al igual que ahora, al Gobierno de la época de utilizar funcionarios para hacer labor política escondidos en los campos, en las sombras de la noche, para soliviantar al campesino chileno. Es el mismo argumento que ahora emplean. Es la misma forma anquilosada de presentar las cosas, utilizando para ello el gran poder de que disponen, a fin de meter o tratar de meter en la cabeza de la gente las ideas que defienden. Tal vez de alguna manera tengan éxito, porque, al fin y al cabo, en todo proceso de cambios que viva una sociedad, lo más difícil de modificar es, precisamente, el pensamiento, la conciencia de la gente, pues ello depende de las condiciones materiales en que la vida de esas personas se desarrolla. El cambio se produce mucho después de verificarse la modificación en la realidad, en los hechos materiales. Y entonces, como está claro, esta misma tradición la utiliza a veces la Derecha de este país, los sectores más reaccionarios, en provecho de su criterio adverso a la modificación del "status", a la remoción de las estructuras que ellos han creado para defender o amparar sus intereses de clases, que no se emparientan en nada, naturalmente, con los de la nación.
Continúa señalando el señor Lira Infante:
"Mientras subsista este estado de cosas, realmente intolerable, es absurdo pretender que pueda lograrse con simples leyes, el fomento de la producción, porque ésta requiere, como he dicho, más que capitales y créditos, como base fundamental, el factor irreemplazable de la "confianza", sin el cual nada puede intentarse con éxito feliz en el campo de los negocios, ni de ningún otro."
Quien haya tenido la mala suerte de pasar un rato desagradable escuchando frente a una aparato de televisión la exposición del Honorable señor Ibáñez, verá que el señor Senador ha desarrollado su argumentación contraria al Gobierno popular poniendo énfasis en una idea central : que en este país no hay confianza y, por lo tanto, existe incertidumbre. Ya ni siquiera hablan de falta de confianza. Utilizan otro término: hay incertidumbre. Y ésta -señalan- es producto del desgobierno, del caos, de la actuación del Gobierno de la Unidad Popular. Tratan, entonces, de dar la impresión de que el obstáculo, la dificultad en la solución de los pequeños y grandes problemas que se presentan a diario a los chilenos, obedecen en alta medida a ese factor de incertidumbre provocado por esta Administración. Así van ambientando la idea de que es necesario remover este Gobierno para terminar con la incertidumbre. Aquí hace falta, según ellos, un Gobierno que realmente dé confianza. No éste, sino otro. La estrategia de esos sectores se orienta en una línea general que tiene varios afluentes y que puede seguir distintos caminos, incluido el de la asonada, la posibilidad de que en Chile tome el poder lo que ellos llaman un "gobierno fuerte". Algunos representantes de la Derecha, con relación a este problema, han dicho que en Bolivia determinados sectores de la sociedad de ese país, de sus Fuerzas Armadas, derrocaron al Gobierno progresista del Presidente Juan José Torres. Y piensan: "¿Por qué no podría ocurrir lo mismo en Chile? Esta argumentación la han dado políticos responsables de la Derecha. Es absolutamente claro, entonces, que ese camino no se descarta; que, en la aplicación de la línea política general de los elementos de la Derecha, dentro de la cual cabe, también, la acción de la ultraderecha, subsiste esa posibilidad. No está descartado -repito- ese camino. No han renunciado ni renunciarán a él.
Proseguía manifestando en ese entonces el señor Lira Infante:
"No podría, por lo demás, excusarme de recoger para hacerlas públicas, las voces de protesta que me llegan de las provincias que represento, por la campaña de sindicalización forzosa que se ha llevado acabo en ellas bajo la dirección de inspectores del Trabajo, y con la intervención compulsiva de carabineros."
Destaco esta idea del señor Lira Infante: "Campaña de sindicalización forzosa y con la intervención compulsiva de carabineros." La destaco porque estos últimos días hemos escuchado por lo menos un par de argumentos relativos a este tipo de materias. Recientemente un Senador derechista habló aquí de "trabajo forzado". No entendimos muy bien a qué se refirió, porque no se explicó con claridad. Y también el Presidente del Partido Nacional, un nazi de antiguo origen, llamado Sergio Onofre Jarpa, dio ayer o anteayer una conferencia de prensa en la que manifestó algo muy grave. Hace más de treinta años, un Senador conservador dijo que la campaña de sindicación era forzosa, para tratar de meter esa idea en la cabeza de la gente. Y agregó que actuaban inspectores del Trabajo, con intervención compulsiva de carabineros. Pero el Presidente del Partido Nacional, el nazi Onofre Jarpa, ha dicho algo todavía más grave...
El señor GARCIA.-
De nuevo uno de los que fueron socios de Hitler insulta a una persona que no está presente y que no se puede defender.
El señor IBAÑEZ.-
¡Cómo se atreve un totalitario como el señor Montes a calificar de nazi a una persona honorable!
El señor MONTES.-
Señores Senadores, esa persona ha dicho que los edecanes que acompañan al Presidente de la República están realizando labor política, que están actuando en esas actividades, lo que es contrario a la Constitución y la ley. Esto tiene realmente un significado, tiene una base precisa.
El señor GARCIA.-
Eso es falso.
El señor MONTES.-
¿Falso? ¿Qué es falso? ¿Que el señor Jarpa dijo eso? Si es así, tanto mejor. Si se desautoriza lo que ha dicho en la conferencia de prensa el Presidente del Partido Nacional, está muy bien. Pero ocurre que la prensa lo ha publicado, y eso significa que Sergio Onofre Jarpa no deja de ser lo que es. Porque estos errores que ahora comete se deben a que un poco en el fondo de su almita afloran esos antiguos quereres, aflora el nazi, que lo hacen decir las barbaridades que expresan a veces y que incluso asustan a sus propios compinches.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MONTES.-
Con mucho gusto.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor VON MÜHLENBROCK.
Gracias, Honorable colega.
Bien sabe Su Señoría que por prescripción médica no debo participar en debates.
Agradezco al Honorable señor Montes -cuyo derecho a ser agresivo le reconozco, porque él plantea su pensamiento- la interrupción que me ha concedido.
He estado escuchando con profunda atención su discurso. Mis Honorables colegas de estas bancas y yo nos hemos sonreído, porque Su Señoría ha estado repitiendo los viejos discursos de un concepto retardario, que pertenece a un pasado que ya se fue, que murió y que tiene sobre sí una lápida que ningún chileno quisiera remover. Ese paternalismo, ese concepto anacrónico, se fue. Hoy día estamos en un Chile moderno. El Partido Nacional nada tiene que ver con ese concepto de ultra-derecha o de Derecha. Eso ya se fue. Agua pasada, Honorable colega, no mueve molino. Lo dijo don Quijote en sus diálogos con Sancho.
Me sonreí con mis Honorables colegas porque así era Chile en el pasado. Ahora todo es distinto.
Pero Su Señoría me obliga a intervenir porque yo conocí al honorable señor Jarpa en su juventud. Los dos fuimos compañeros en el Partido Agrario Laborista, colectividad política que libró una intensa batalla contra la dictación de la ley de Defensa de la Democracia. Votó en contra de ella. Y el honorable señor Jarpa, presidente de mi partido en aquel tiempo, sostuvo ideas duras en contra de ese cuerpo legal. Pasó el tiempo y quiso el destino que el Honorable señor Gumucio -lamento que se haya ido de la Sala-, como presidente de la Falange Nacional, y el Senador que habla, como presidente del Agrario Laborismo, pudiéramos participar en la derogación de la ley de Defensa de la Democracia.
Los Senadores nacionales vamos a votar favorablemente el proyecto en debate porque concuerda con las ideas del presidente de mi partido, dadas a conocer en numerosas oportunidades; porque representa el comienzo en Chile de la democracia económica; porque representa en nuestro país el efectivo gobierno de los trabajadores.
Respeto profundamente el derecho de Su Señoría a defender la especial concepción que tiene sobre la vida; pero el Honorable señor Montes es tan joven que no parece haber sufrido lo que fue la proscripción del Partido Comunista: el ser relegados a campos de concentración; el no tener derecho alguno, ni aun al de expresar su opinión. Nosotros lo sentimos; comprendimos la amarga tragedia que implicaba esa negación de los valores humanos, y nos alzarnos contra esa ley, que, con toda razón, el Partido Comunista denominó "maldita". ¡Ojalá, Honorable colega, que nunca se hagan ustedes acreedores a la acusación de represión! Pero, por desgracia, están pecando en esa dirección.
El honorable señor Jarpa -lo trato así porque es el presidente de mi partido- ha defendido siempre la participación de los trabajadores en el poder político, en la conducción de las empresas. Nuestro partido, el Nacional, tiene como corazón la defensa del capitalismo moderno. Nosotros creemos que el dilema da Chile es la discusión entre qué perdurará, si el Estado absoluto y amo de todo, o la iniciativa privada creadora.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el tiempo de la interrupción.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Termino inmediatamente, señor Presidente.
En este proyecto, no vamos a votar un pasado caduco, arcaico; vamos a votar la reforma del régimen de empresas, el reconocimiento de áreas económicas, para dejar paso al espíritu creador del hombre. El honorable señor Jarpa representa esas ideas, y nosotros estamos aquí, señor Senador, obedeciendo el mandato de un partido disímil del suyo. Nosotros somos partidarios del hombre libre. Su Señoría es partidario del Estado que controla al hombre libre.
Muchas gracias por la interrupción, Honorable colega.
El señor IBAÑEZ.-
Esa es una afirmación gratuita, que debe ser probada.
El señor MONTES.-
La he estado probando hasta la saciedad, a través de las palabras de conspicuos representantes de la Derecha de esa época, que se repiten en los hechos, en la argumentación, en la lucha política de hoy, prácticamente de la misma manera.
En relación con la ley de Defensa de la Democracia y la actitud que asumimos los comunistas, debo recordar al Honorable señor Von Mühlenbrock que no soy tan joven -el término también es muy relativo, como todas las cosas- y que cuando estuve en Pisagua conocí lo que era esa ley. De manera que también tengo una experiencia personal al respecto.
Finalmente, en relación con las observaciones hechas por el Honorable señor Von Mühlenbrock, puedo decir que las definiciones dadas por Su Señoría acerca del capitalismo que él defiende y del socialismo que nosotros defendemos son producto de su propia interpretación; porque de acuerdo con la concepción del socialismo, tan tergiversada por muchos y contra la cual se lucha tanto, con todos los argumentos -buenos o malos, legítimos o ilegítimos, verdaderos o falaces-, estamos absolutamente convencidos de que esa doctrina camina hacia la instauración de una sociedad para hacer al hombre realmente libre y no enajenado; para construir en torno del hombre la sociedad verdaderamente libre que nosotros queremos.
He dicho lo anterior a propósito de la intervención del Honorable señor Von Mühlenbrock.
Quiero continuar mis observaciones, porque en el tiempo que me resta o antes de que termine este tiempo, deseo obtener algunas conclusiones respecto de lo que he venido señalando.
Quiero traer a recuerdo esas viejas y añejas concepciones que según el Honorable señor Von Mühlenbrock pertenecen sólo al pasado; pero que, en realidad, ahora también se manifiestan en el criterio, en el pensamiento y en la acción práctica de la Derecha de este país. Dijo el señor Lira Infante:
"Si no estuviese convencido que la sindicalizacicn que se pretende hacer del campesinado, obedece no al propósito de colocarlo en situación de mejorar su "standard" de vida sino de fomentar en él la lucha de clase, no tomaría a mi cargo la tarea de combatirla. Precisamente porque ha abogado siempre por ese mejoramiento efectivo, es que me creo con derecho a levantar mi voz para denunciar hechos que necesariamente habrán de perjudicar al país y más que a nadie a los propios obreros, porque sin industrias prósperas no habrá salarios altos.
"Al paso que países como Francia de tan avanzada cultura, escarmentados ya de regímenes frentistas, persiguen el incremento de su producción para responder a las nuevas emergencias que divisan en el horizonte internacional, mediante la intensificación del trabajo, elevando la jornada semanal a 60 horas, el nuestro que necesita levantar su "standard" de vida sigue rodando por la pendiente a que lo conduce el afán incontrolado de fuerzas que son hoy dirigentes, de agitar al proletariado para que se dedique a la ruinosa tarea de exigir nuevas y costosas reivindicaciones sociales que harán imposible la marcha de las industrias.
"Estoy cierto de que éstas, antes que planes de fomento, anhelan se les permita desarrollar en paz sus actividades, con menos intervención estatal y en mayores garantías de orden y tranquilidad."
Estas ideas añejas, de aquel tiempo, ¿no están hoy día también sirviendo como base de sustentación a la argumentación, a la política y a la acción de los partidos de la Derecha chilena? Creo que sí. Me limito solamente a eso.
He pedido estos anales porque me parece ilustrativo señalar cómo, aun cuando la historia no se repite, a veces guarda mucha similitud con los problemas que estamos enfrentando hoy. Como decía no hace mucho rato, en diversos períodos, según el grado de avance de las clases sociales, los alineamientos varían; pero en general se mantienen inalterables, a nuestro juicio, a lo menos dos grandes líneas, en torno de las cuales se agrupan los conglomerados y las tendencias de nuestra sociedad. Una de esas líneas la representan aquellas fuerzas que, de una u otra manera, desean romper la situación actual, que no se aviene con los avances de la sociedad no sólo en nuestro país, pues Chile no es una isla, sino que está inmerso en el continente y en el mundo, y, por lo tanto, los acontecimientos que vienen desde afuera, querámoslo o no, también nos afectan. La otra línea la constituyen aquellas fuerzas que desean mantener el statu quo -insisto una vez más- de sus privilegios.
En 1939, frente a una realización que a nuestro juicio fue fundamental, casi decisiva para la historia económica, social y política de nuestro país, como fue la creación de la Corporación de Fomento de la Producción, la Derecha chilena adoptó esa segunda posición y tuvo ese criterio.
En 1946 ó 1947 la Derecha estuvo precisamente por aquello que ha recordado aquí el Honorable señor Von Mühlenbrock: por golpear, por destruir, por liquidar a un sector de la ciudadanía de nuestro país que tenía un pensamiento de avanzada; concretamente, al Partido Comunista. En esa línea estuvo. Y en aquel tiempo también se produjeron alineamientos y desplazamiento de fuerzas que, en lo fundamental, estuvieron orientados unos a mantener por ese medio el "statu" y otros a tratar de avanzar, de desarrollarse.
Luego, veinte años después, en 1965, 1966 ó 1967. . .
El señor IBAÑEZ.-
¿Me permite, señor Senador, un pequeño recuerdo a propósito de lo que Su Señoría menciona?
El señor MONTES.-
No se lo permito, porque creo que el señor Senador hará un recuerdo sin relación con el problema que estoy planteando.
El señor GARCIA.-
¡Tiene miedo de que hablen de los radicales!
El señor MONTES.-
¡No, señor Senador! Nosotros tenemos un pensamiento muy concreto frente a este problema.
Nosotros actuamos ante situaciones concretas que nos presenta la vida, y cuando los radicales de ayer, de hace 20 años, implantaron la ley de Defensa de la Democracia, nosotros estuvimos contra ellos y los combatimos. Pero si más tarde esos radicales levantaron también en sus manos las banderas de la derogación de dicha ley, y después de estar al lado de la reacción se ubicaron, de una manera u otra, sobre todo las jóvenes generaciones del Partido Radical, junto al pueblo, junto a la Izquierda, en la misma línea en la cual nosotros luchamos, en una posición distinta, es absurdo que nosotros los comunistas, aun cuando sufrimos los rigores de esa ley liberticida, continuáramos apegados a los esquemas añejos del pasado y no conociéramos lo que hoy significa la postura actual de un partido y de sus hombres.
Además, denantes el Honorable señor Ibáñez dijo que alguien que se encuentra muy junto a nosotros había entregado "listas negras". Puede que sí. Puede haber ocurrido que algunos hombres hayan actuado de esa manera. Sin embargo, ¿cuál fue su actitud de ayer y cuál es la de hoy?
A nosotros nos interesan el avance, la posición de los grupos, de los hombres y de los partidos cada vez más identificados con el avance, el progreso y el desarrollo social. Miramos más hacia adelante que hacia atrás para encarar los problemas y resolverlos. No somos como aquellos -con esto no quiero atacar a nadie, sino sólo dar un ejemplo- que después de haber pertenecido a un partido que en una época difícil de la historia chilena apoyó a un Presidente de la República repudiado por la Derecha de nuestro país, como lo fue el General Ibáñez, combatido tenazmente por ese sector, por la oligarquía chilena, con un odio sin límites especialmente cuando al final de su mandato envió el proyecto que derogaba la "ley maldita", como se la llamó, haya no avanzado, sino que, por el contrario, retrocedido para ubicarse al lado de quienes combatieron con tanta saña a ese ex Jefe de Estado.
Luego, quiero referirme a la actitud adoptada por la Derecha en 1965, 1966 y 1967, con relación a la reforma agraria iniciada en el período pasado por el ex Presidente Frei.
En aquel tiempo también las alineaciones de fuerzas fueron distintas frente a ese proyecto concreto: la Derecha estuvo contra la reforma agraria, contra la modificación del derecho de propiedad, y los democratacristianos y los sectores que hoy militamos en la Unidad Popular nos alineamos en otra trinchera, porque sabíamos que a través de esa lucha estábamos enfrentando la posibilidad de romper un "status" que permitiría a nuestro país avanzar y desarrollarse. También estuvimos en una misma línea en defensa del progreso, condenando los atentados destinados a impedir la aplicación de disposiciones legales, contra quienes asesinaron a ese ingeniero agrónomo que nunca nos cansaremos de recordar, que se llamó Hernán Mery; cuando las fuerzas de la Derecha, orientadas, dirigidas y amparadas por el Partido Nacional, asesinaron a Mery en defensa de sus ruines privilegios, eliminaron a un hombre que iba con la ley en la mano a aplicar normas legales aprobadas por la mayoría del Congreso Nacional.
Las palabras que acaba de pronunciar el Honorable señor Von Mühlenbrock no reflejan realmente lo ocurrido en la Sala ni las afirmaciones que yo he estado haciendo. Como base de mi argumentación he tomado las observaciones formuladas aquí por el señor Ibáñez, numerosas ideas, "slogans" propagandísticos, etcétera, de la Derecha, del partido al cual pertenece el Honorable señor Von Mühlenbrock, que hoy repiten, a veces con las mismas palabras, esas viejas ideas que el señor Senador se empeña en sepultar. Nosotros nos alegraríamos mucho de que aquellas ideas sólo fueran del pasado; pero, por desgracia, la realidad, y no yo, lo desmiente.
El señor MONTES.-
El señor NOEMI (Presidente accidental) .-
Debo hacer presente al señor Senador que ha terminado el tiempo de su primer discurso. Su Señoría puede continuar en el de su segundo discurso.
EL señor MONTES.- Usaré sólo algunos minutos más para señalar una última cuestión.
En este itinerario absolutamente claro para quien quiera mirar con alguna objetividad el proceso que nosotros hemos vivido, la Derecha de nuestro país siempre se ha identificado con las fuerzas que tratan de impedir por cualquier medio, a través de cualquier expediente, el desarrollo, el progreso y el avance de nuestra sociedad. Jamás han vacilado ante nada, y estamos absolutamente convencidos de que en este proceso que ellos tratan de desarrollar, de unir la mayor cantidad posible de fuerzas en torno de su política para realizar, precisamente, el propósito que les interesa, tampoco vacilarán ante nada; ni siquiera ante la posibilidad de ponerse de rodillas frente a quienes ayer combatieron con tanta saña. Porque han sido capaces de eso y de mucho más; incluso, de llegar al crimen, con el objeto de impedir que el proceso social chileno se desarrollara en la dirección que a ellos les interesaba limitar.
Y hoy día, en el año 1971, la Derecha se ubica, como siempre en la historia de Chile, contra una política nueva, contra un sistema que pretende el progreso, el desarrollo y el avance de nuestra sociedad. Y deseo ser explícito: al hablar de Derecha me refiero no sólo al Partido Nacional, por supuesto, sino a una concepción política que busca los fines que he señalado; que está contra el avance, el progreso, el desarrollo social, y que a través de mil caminos y expedientes se manifiesta en la vicia política y social chilena. Eso es completamente claro. Y en este instante los fuegos están dirigidos y centrados contra el Gobierno del pueblo, contra el Gobierno popular.
En cuanto al proyecto de reforma constitucional en estudio -por desgracia, faltan sólo dos o tres minutos para terminar la sesión-, podría decir, a manera de opinión personal que nosotros podríamos suscribir enteramente su artículo 1º. Nos parece que él refleja también nuestro modo de ver las cosas. Es evidente. Si bien es cierto que debe existir un área social, el proyecto contiene una disposición que otorga a los trabajadores el uso y goce de determinada parte o sector de la propiedad social. Eso nos parece de un predio agrícola, de una cooperativa campesina, si bien se estima como perteneciente al área social, es al fin de cuentas propiedad colectiva de esos trabajadores, cuyo uso, goce, manejo, dirección, etcétera, deben tenerlo los propios campesinos. De manera que incluso respecto de esta disposición, que podría parecer la más conflictiva en todo el desarrollo del artículo 1º, no desechamos sus ideas fundamentales, ni mucho menos.
Pero donde está el problema, donde se centra la diferencia, donde a mi juicio se llega justamente a plantear la irreconciliabilidad de las posiciones, es en el resto de la enmienda constitucional, en sus dos o tres preceptos que eliminan las disposiciones legales actuales de que está haciendo uso el Gobierno de la República,
Aquí se expresa una opinión que creo necesario destacar. Los enemigos del Gobierno acusan: el Ejecutivo actúa al margen de la ley, al filo de ella, procede en la ilegalidad. Y cuando el Gobierno se afirma para actuar en todas las disposiciones legales, entonces es conveniente eliminar esas disposiciones legales, para que no le quede nada; y las normas que desde 1932 hacia adelante han venido aplicando numerosos Gobiernos -es decir, ese medio que permitiría a esta Administración actuar legalmente- hay que quitársela a este Gobierno, para que no pueda proceder dentro del marco de la ley. A mi modo de ver, éste es un problema, una cuestión acerca de la cual es necesario reflexionar.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
Por haber llegado la hora de término, se levanta la sesión.
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