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- rdf:value = " El señor DURAN.-
¡Señor Presidente, el país ha tenido oportunidad de escuchar en reiteradas ocasiones discursos pronunciados en distintos lugares por el Jefe del Estado, Excelentísimo señor Allende. Lo ha hecho con motivo de ocupaciones ilegales de algunas poblaciones, tanto particulares como pertenecientes a organismos estatales.
La razón de fondo que mueve a los ocupantes es, innegablemente, de profundo espíritu social: no tienen casa y buscan el cobijo de cualquier lugar para desenvolver su vida normal y humanamente, en compañía de los suyos.
Al mismo tiempo, el Gobierno del señor Allende ha comprendido que esas tomas dañan a otros ciudadanos que, con iguales necesidades, han hecho un esfuerzo para ahorrar y se han sacrificado para solucionar también el mismo problema habitacional. Como consecuencia de esta pugna entre dos intereses -ambos parecen justos, aun cuando la ventaja favorece al que compra la propiedad mediante su ahorro-, se crea un problema de carácter social más amplio: quienes se dedican a construir viviendas y quienes ahorran se ven perjudicados en el ejercicio de un derecho legítimo y, como efecto natural del fenómeno que analizo, se restringe el poder de construcción y, a la vez, se agrava la falta de habitaciones para los sectores más postergados.
El problema de las ocupaciones ilegales reviste aún mayor trascendencia en el campo. Y tan cierto es lo que afirmo, que a iniciativa del propio Gobierno, no de ningún partido político, se presentó un proyecto cuya finalidad es sancionar a quienes aparecen como responsables de las ocupaciones ilegales e ilegítimas de predios, sean urbanos o rurales.
En la última semana tuve oportunidad de visitar algunas de las provincias que tengo el alto honor de representar en esta Corporación. Y me han llamado mucho a la meditación las palabras que acabamos de escuchar a la Honorable señora Carreta, que expresó que esta iniciativa pretende evitar las tomas indiscriminadas. O sea, para la señora Senadora...
La señora CARRERA.-
Corregí la expresión, señor Senador. Si Su Señoría lee la versión taquigráfica, así lo comprobará.
El señor DURAN.-
Si rectificó los términos, no tengo para qué hacer ningún comentario respecto de ello. De modo que le ruego a Su Señoría que me excuse, pero de esa manera entendí esas palabras. Pero, seguramente, las corrigió.
La señora CARRERA.-
Yo también me oí, Honorable colega. Estimé que esa expresión no era la más adecuada y la enmendé.
El señor DURAN.-
Sin embargo, después la señora Senadora se refirió a que había tomas y tomas.
La señora CARRERA.-
Así es.
El señor DURAN.-
En consecuencia, según nuestra Honorable colega hay que hacer un distingo entre lo que pudiera llamarse tomas justas y tomas injustas. El único problema consiste, señora Senadora, en saber quién determina el carácter de justicia o de injusticia de las tomas.
La señora CARRERA.-
En todas las cosas de la vida pasa así, señor Senador.
El señor DURAN.-
Por eso, se crean, dentro de lo que denominamos convivencia democrática, autoridades legítimas que, con todos los antecedentes a la mano, resuelven el problema. De otra manera, caeremos en el proceso anárquico, en el que cada uno hace lo que le viene en gana, según su real saber y entender.
Con relación a éste y otros problemas sociales, algunos dirigentes, incluso parlamentarios, se sienten depositarios de una especie de mandato divino y deciden qué ocupaciones son justas o injustas. Y lo hacen con una amplitud de criterio que se apega mucho a un juicio de tipo partidario o politiquero subalterno. Una toma es justa cuando quienes realizan el asalto pertenecen a determinado grupo político, o cuando el dueño del predio afectado es una persona no vinculada ni al Gobierno ni a ninguno de los partidos integrantes de la combinación gobiernista. Entonces, se cae en lo arbitrario, en el atropello, en la injusticia y, lo que es más grave, en el temor.
Durante dos días recorrí la agrupación que represento. En este instante en Cautín hay unas 104 ó 107 tomas; alrededor de 30 en Malleco, y cerca de 12 en Bío-Bío.
El Congreso Nacional dictó una ley denominada de reforma agraria que modificó a otra con ese mismo nombre promulgada con anterioridad. El cuerpo legal vigente en la materia contiene un conjunto de normas cuyo objetivo esencial se dirige hacia lo económico, a fin de que el país aumente su producción; pero también es propósito esencial resolver el problema social, con el fin de que quienes trabajan en los campos no lleven una vida subalterna y adquieran -así se dijo en la época- una condición de hombres que les permita el goce pleno de los derechos más esenciales.
En la aplicación de esta ley hemos tenido oportunidad -ya lo hemos expresado- de observar numerosos yerros e insuficiencias. Creemos que por la vía democrática de la tramitación de ¡as leyes el Gobierno del Excelentísimo señor Allende y los partidos que integran Ja Unidad Popular pueden modificarla y complementarla, ya que es insuficiente.
Con relación a lo que se llama "tomas y tomas", en aquello casos en que nos enfrentamos a patrones deshumanizados, que no cumplen con las leyes sociales, que mantienen sus predios abandonados y a los campesinos en condiciones de subsistencia ni siquiera elementales, o cuando
se trata de agricultores o indígenas que no cuentan con una extensión de terreno adecuada para trabajar, el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que le otorga la ley de Reforma Agraria -que son muy amplias-, pueden tomar en propiedad, a través de expropiaciones, las tierras necesarias para solucionar problemas que arrancan de una situación irregular. Pero, ¿qué está sucediendo? Que ya no estamos en presencia del fenómeno del latifundio. No se trata de predios de extensión extraordinaria, aun cuando ellos pudieran estar bien explotados. No. En el problema de las tomas estamos frente a la acción directa, comúnmente realizada por gente que no trabaja en el fundo asaltado, con la mayor violencia y desprecio a la ley, ni tiene con él sino una vinculación de vecindad, a veces muy lejana.
En el Sur se han organizado grupos de asaltantes que, con denominaciones distintas, operan con esta mentalidad de hecho, con este criterio de tipo anárquico.
El Excelentísimo señor Allende hizo saber al país un acuerdo de gabinete en el sentido de que el Supremo Gobierno no aceptaría más las tomas. Sin embargo, se viene produciendo un hecho que a quienes observamos el acontecer y de alguna manera tomamos parte en él, nos resulta extraordinariamente insólito: mientras las máximas autoridades del Gobierno sostienen con énfasis reiterado que el Ejecutivo no acepta más tomas, ciertos grupos, al parecer con un incentivo extraño y maléfico, se dedican a contrariar la voluntad de esas altas autoridades. Esta acción se realiza, en no pocas oportunidades, con el respaldo "e inspiración de mandos medios, de algunos funcionarios de CORA, de algunos activistas de INDAP, y con la tolerancia -también en no pocas ocasiones - de representantes directos del Poder Ejecutivo, fundamentalmente de algunos gobernadores.
Quisiera que los señor-es Senadores que integran la combinación de Gobierno comprendieran que, en la misma medida en que es respetable la intención de buscar caminos para solucionar el problema de la gente más afligida y postergada, lo es, también, la de un numeroso grupo de pequeños y medianos agricultores que hace algunos días se organizaron en Renca para defenderse de los asaltos. Vinieron a la Corporación o conversar con todos los señores Senadores. Se trata de gente modesta, que sólo tiene dos o tres hectáreas. Incluso, algunos ni siquiera cuentan con una hectárea. Sin embargo, ellos son víctimas de esta política de asaltos.
En las zonas agrícolas de Cautín, Malleco y Bío-Bío -según me he informado por la prensa, también sucede en Linares y otras provincias-, ya el problema de la extensión de la tierra no tiene mayor importancia. En el fondo, se trata de crear conflictos y distintos problemas al Gobierno.
"
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