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- rdf:value = " El señor FUENTEALBA.-
No voy a exhibir, para no alargar mi intervención, todos los titulares de la prensa que se refirieron a esta materia y en los cuales se aseguró con tanto desenfado que el Partido Demócrata Cristiano estaba implicado, llegándose incluso a sostener que Pablo Gumucio fue el jefe o el financista jefe de la campaña electoral de Frei y de otros personeros de la Derecha del Partido Demócrata Cristiano.
Jamás Pablo Gumucio ha sido tesorero nacional de nuestra colectividad, ni mucho menos jefe o financista-jefe de la campaña presidencial de Radomiro Tomic ni de la de Eduardo Frei. Pablo Gumucio es un hombre que ha colaborado con el partido y le ha prestado su apoyo; pero nunca ha ocupado los cargos que aquí se afirma que ejerció.
Libertad de información.
Es notorio también que día a día es más serio el peligro que existe en nuestro país para la libertad de información, como consecuencia del difícil acceso a los medios de comunicación de masas: la prensa, la radio y la televisión, en especial esta última, en razón de la nueva situación política y económica que estamos viviendo.
Es especialmente grave la situación que afecta a la prensa y a la radio, en particular a esta última, que ya dejó definitivamente de ser un buen negocio, pasando a ser uno que deja pérdidas.
Según un informe que conocemos, el triunfo de la Unidad Popular produjo un violento corte de las disponibilidades publicitarias en el sector privado, que mantenía más del 90% del volumen publicitario. La incertidumbre, la congelación de precios, las alzas de sueldos y salarios con los consiguientes aumentos de costos, la estatificación, las amenazas de estatificación de industrias que eran fuertes avisadores, afectaron duramente a la actividad publicitaria y, por ende, a los medios que se financian fundamentalmente con la publicidad.
Los diarios y las radiodifusoras, salvo contadas excepciones, se hallan en falencia económica. Por supuesto, entre las excepciones están los diarios y las radioemisoras pertenecientes a algunos partidos de Gobierno, que se financian porque gozan y disfrutan de una amplia publicidad proveniente de las entidades públicas y de las empresas estatificadas, en términos tales que no tienen problemas sobre este particular.
Para demostrarlo, tengo aquí algunos cuadros relacionados con esta materia, que solicito insertar al final de mi intervención, como prueba de que la propaganda, la publicidad del Estado y de las empresas estatificadas se vuelca totalmente hacia los medios de difusión de propiedad de las colectividades de Gobierno, en especial hacia los pertenecientes a los Partidos Comunista y Socialista.
La señora CAMPUSANO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor FUENTEALBA.-
Con mucho gusto.
La señora CAMPUSANO.-
¿A quién favorecía esta publicidad en el período pasado?
El señor FUENTEALBA.-
Señora Senadora, en el período pasado la situación fue totalmente distinta, porque había amplia publicidad del sector privado, que acudía a los medios de difusión que creía convenientes; y esto era lo que sostenía a todas las radioemisoras y publicaciones existentes en el país.
De parte del Gobierno anterior no hubo ninguna presión sobre el sector privado, ni se estatificaron empresas, de manera que mal podía el Ejecutivo obligarlas a realizar publicidad en determinado diario.
El señor SEPULVEDA.-
¿Hubo o no hubo presión sobre la empresa Zig Zag, por ejemplo?
El señor TEITELBOIM.-
¿Es cierto o no lo es que se compró Zig Zag junto a otros capitalistas?
El señor FUENTEALBA.-
Es probable.
El señor SEPULVEDA.-
No es probable: es efectivo, y debieron venderla bajo fuerte presión.
El señor FUENTEALBA.-
Jamás existió presión. Y ahora el Gobierno adquirió la empresa Zig Zag porque estaba a punto de quebrar, o en falencia.
El señor SEPULVEDA.-
Mejor dicho, quebró. La recibimos quebrada.
El señor FUENTEALBA.-
Ese es el gran problema. Sus Señorías dirán que respetan la libertad de información y la existencia de los medios de publicidad, de las radios y de los diarios. Sin embargo, saben muy bien que tal como van marchando las cosas, de acuerdo con la política económica del Gobierno, que tiende a estatificar las principales actividades del país, la radiotelefonía y la prensa privadas que no sean del Gobierno o de los partidos que lo integran, no tendrán ingresos y, fatalmente, quebrarán.
El señor SEPULVEDA.-
No es efectivo.
El señor FUENTEALBA.-
No lo sostengo yo: lo dicen estudios hechos sobre el particular.
El señor SEPULVEDA.-
Al mes de Gobierno, el Estado debió prestarle 600 millones a la empresa Zig Zag.
El señor FUENTEALBA.-
Aboquémonos al problema de fondo, Honorable señor Sepúlveda, y no nos distraigamos en una cuestión a la que usted quiere conducirme.
El señor SEPULVEDA.-
Vamos a hechos concretos.
El señor FUENTEALBA.-
Vamos al problema de fondo. Yo estoy planteándolo -y lo repito para que lo escuchen tolos los sectores del Senado, y a ver si me entiende el Honorable señor Sepúlveda-: radica en que durante el régimen anterior, con todos los defectos que puedan haber habido, los medios de comunicación podían subsistir y financiarse; en la actualidad no lo pueden hacer si el Estado o las empresas estatificadas o estatales no les brindan apoyo mediante el envío de su propaganda y publicidad. Este es el problema que estoy planteando.
El señor SEPULVEDA.-
Eso ocurría en la anterior Administración.
El señor FUENTEALBA.-
No me estoy oponiendo...
Ruego a la Mesa descontar el tiempo correspondiente a las interrupciones. No tengo ningún inconveniente en conceder una al Honorable señor Sepúlveda, si lo desea.
El señor HAMILTON.-
¿Por qué no le otorga una interrupción al señor Senador para que explique su pensamiento? En realidad, no lo entendemos bien.
El señor SEPULVEDA.-
¡Por supuesto, Honorable señor Hamilton: no tengo ningún inconveniente en hablar!
El señor FUENTEALBA.-
Solicito insertar al final de mi discurso algunas nóminas referentes al avisaje hecho en diversos órganos de prensa por instituciones estatales y empresas estatificadas.
Por ejemplo, en un día naturalmente excepcional, el 4 de septiembre, en que se celebró un año de la victoria del señor Allende, se hicieron publicaciones en los diarios "El Siglo" y "Puro Chile" en gran cantidad, lo cual demuestra que mediante las empresas públicas y las estatificadas, o aquellas en las que el Estado ejerce determinado control, se pueden financiar las publicaciones y los medios de comunicación. Pero, al mismo tiempo, ello significa que otros diarios, otras publicaciones y otras emisoras que no son del Gobierno no reciben esa publicidad, en circunstancias de que hoy, como dije, la propaganda que emana de la actividad privada ha descendido a menos del 15% con relación a lo que existía antes.
Pido que tales cuadros se incluyan al final de mi intervención.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor TEITELBOIM.-
Quisiéramos hacer también ciertas peticiones correlativas en cuanto a la publicidad estatal en el régimen anterior.
El señor FUENTEALBA.-
Eso lo podrá solicitar Su Señoría cuando pronuncie su discurso; porque yo no cometeré la impertinencia de hacer que se inserten documentos míos en una intervención del señor Senador.
El señor TEITELBOIM.-
Si Su Señoría ama la rectitud y es partidario del examen completo de los hechos; no cuente la mitad de la película, sino la película entera.
El señor FUENTEALBA.-
Pero sería absolutamente ilógico que el señor Senador pretendiera insertar en mi discurso un documento suyo.
El señor TEITELBOIM.-
Su argumento es falaz.
El señor FUENTEALBA.-
No es falaz.
El señor TEITELBOIM.-
Además, es sumamente fragmentario: muestra sólo una cara de la moneda.
El señor FUENTEALBA.-
No, señor Senador.
¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor FERRANDO (Vicepresidente). -
El Honorable señor Fuentealba no desea ser interrumpido.
El señor FUENTEALBA.-
Reitero que, salvo contadas excepciones, los diarios y radiodifusoras están condenadas a desaparecer en este país. No se trata aquí de defender -y en este aspecto quiero ser muy franco- la estructura capitalista de los medios de comunicación.
El señor TEITELBOIM-¡No...!
El señor FUENTEALBA.-
¡No, señor Senador!
Se pretende llamar la atención hacia la gravedad política que encierra el hecho de que los diarios y radios que pueden transmitir opiniones discrepantes de las del Gobierno, se encuentren en la imposibilidad de hacerlo, porque desaparecen. De continuar esta situación, el derecho de información de los partidos opositores quedará relegado a términos ridículos, que no proporcionarán influencia alguna sobre la masa. Si, sobre todo, las radios se cierran, el pluralismo habrá sufrido un gran revés en Chile.
El Gobierno está consciente de esta situación. Aparte aprovechar las condiciones para adquirir la propiedad de las principales radiodifusoras, no ha tomado medidas directas para estatificar la radiotelefonía, porque sabe que una acción directa en tal sentido produciría una funesta reacción y daría origen a la acusación de pretender entrabar la libertad de expresión.
La actitud pública del Gobierno, hasta ahora, es de respeto a la radiotelefonía. Pero muchos hombres significativos del régimen manifiestan en privado su adhesión a una radiotelefonía estatal; se dan cuenta de que podrán lograrlo sin recurrir a la ley, de que bastará esperar la quiebra de las radios o estimular el proceso de quiebra.
La televisión.
En cuanto a la televisión nacional tenía mucho que decir. Desde luego, que de acuerdo con la ley 17.377, de 24 de octubre de 1970, se establecieron las bases legales de la televisión chilena, a la que se concibió como un medio de difusión destinado a servir "para comunicar e integrar el país; difundir el conocimiento de los problemas nacionales básicos y procurar la participación de todos los chilenos en las grandes iniciativas encaminadas a resolverlos; afirmar los valores nacionales, los valores culturales y morales, la dignidad y el respeto a los derechos de la persona y de la familia;"... Y se consagra una especie de norma rectora: "informar objetivamente sobre el acontecer nacional e internacional,". . .
Para dar la orientación general y efectuar la supervigilancia y fiscalización de la televisión chilena, el legislador creó una persona jurídica de derecho público denominada "Consejo Nacional de Televisión". Dicho Consejo, dentro de la orientación pluralista de la televisión nacional chilena, Jo integran el Ministro de Educación Pública, que lo preside; un representante del Presidente de la República; tres representantes no parlamentarios del Senado y tres representantes no parlamentarios de la Cámara de Diputados; dos representantes de la Corte Suprema; los Rectores de las Universidades de Chile, Católica de Chile y Católica de Valparaíso; el Presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, y un representante de los trabajadores de la Empresa de Televisión Nacional de Chile y otro de los trabajadores de los demás canales.
Ese Consejo, de tanta significación - aparente, por los personeros que lo integran- y que debe cumplir funciones tan señaladamente importantes como la de propender a elevar el nivel programático y técnico de la televisión chilena, ha llevado hasta ahora una existencia lánguida y muy poco efectiva. Es un organismo superestructural, que se reúne con relativa periodicidad y cuya única obra conocida es la reglamentación del artículo 33 de la ley 17.377.
El Consejo Nacional de Televisión, a casi un año de dictada la ley que le dio origen y a más de diez meses desde su establecimiento, continúa funcionando como un pariente pobre de la Secretaría privada del señor Ministro de Educación. Carece de local propio donde cumplir sus funciones y ejercer sus atribuciones y no tiene personal, pese a contar con las disponibilidades presupuestarias que le asigna la propia ley que lo creó.
En verdad, señor Ministro, el Gobierno no le ha asignado importancia a ese Consejo ni le ha reconocido influencia en los nutridos problemas que afronta la televisión chilena.
Por ejemplo, el 4 de mayo del año en curso el Ministerio de Educación Pública dictó un decreto -naturalmente, cuenta con la firma de Su Excelencia el Presidente de la República- en virtud del cual se aprueba el Reglamento sobre televisión chilena. El Consejo Nacional de Televisión, al que la letra e) del artículo 8 de la ley 17.377 da el carácter de organismo asesor del Presidente de la República, ni siquiera fue consultado acerca de dicho Reglamento, que, por lógica, debió emanar de ese mismo Consejo.
La falta de consideración del Ejecutivo hacia el referido Consejo se demuestra, asimismo, en la circunstancia de que el representante del señor Presidente de la República ante ese organismo, el doctor Víctor Barberis, ha asistido solamente a dos sesiones, siendo la última de ellas en el mes de enero de 1971.
El Consejo ha sesionado fundamentalmente gracias a la perseverancia y, yo diría, a la pertinacia de los representantes de la Corte Suprema y de los sectores de Oposición del Parlamento.
La inercia operativa de dicho Consejo llega al extremo de que, por su incompetencia, se deja sin cumplir la ley. El artículo 34 de la ley 17.377 dispone: "Con el objeto de contribuir a la cultura política del país, los Canales de televisión deberán destinar no menos de 30 minutos a la semana para difundir espacios en los cuales los distintos Partidos Políticos y movimientos políticos con representación parlamentaria puedan, en condiciones equitativas, debatir los problemas nacionales frente a la ciudadanía." Esta disposición, que podría ser una válvula que permitiera "oxigenar" el ambiente de tanto programa "concientizador" y "comprometido", es hasta ahora letra muerta. Su aplicación se ha venido discutiendo en el Consejo desde el mes de marzo, y, aprobado el sistema sobre la base de una proposición que formuló el Presidente de Televisión Nacional de Chile, don Eugenio González, aún permanece sin resolverse el financiamiento de tales programas.
Como deseo fundar mis observaciones en hechos indiscutibles, quiero referirme a la nota con que el presidente subrogante del Canal7, don Demetrio Gutiérrez -designado para ese cargo por el Presidente de la República-, dio respuesta al oficio que se le dirigió por acuerdo unánime del Consejo Nacional, en el sentido de conceder derecho a réplica a un Senador que fue acusado de cometer delitos comunes, hecho registrado en un programa de una serie en que se ha ofendido e injuriado a la colonia árabe, a la Iglesia Católica, a la Corte Suprema y a diversos parlamentarios de Oposición. El señor Gutiérrez, notario público, por sí y ante sí, decretó la ilegalidad del acuerdo, sin respeto alguno ni siquiera por el Ministro de Educación, que preside el Consejo. Y los señores Senadores acaban de escuchar la lectura que hice del texto constitucional en donde se otorga el derecho de respuesta a las personas que hayan sido injuriadas a través de ese medio de publicidad.
En definitiva, el Consejo Nacional de Televisión es un organismo superestructura!, sin mando efectivo; un organismo de utilería, para aparentar que existe pluralismo, diálogo democrático, libre acceso a un medio que es pagado por todos los chilenos. Nada de eso existe, y su funcionamiento constituye hasta ahora una burla para el legislador, que concibió que allí radicarían el control y la supervigilancia de un medio que, como ningún otro, puede transformarse en distorsionador de la realidad y en enajenador de la conciencia pública.
Sin dolor, lenta pero exitosamente, se está satisfaciendo lo que pregonaba el sociólogo marxista Armand Mattelart, funcionario del Canal 7 de Televisión, en una charla dada en el llamado "Primer Congreso de Periodistas de Izquierda", el 11 de abril de 1971, cuando decía: "La expropiación absoluta de los medios de información debe concebirse como un punto de llegada de un proceso y el desenlace victorioso del enfrentamiento con la burguesía."
El caso de la Televisión Nacional es ilustrativo de lo que el Gobierno está haciendo en materia de comunicación social. Es además particularmente lamentable, por lo que dicha empresa significó.
Fue creada, como se sabe, por el Gobierno del Presidente Frei a comienzos de 1969. En menos de dos años se extendió virtualmente a todo el país, convirtiéndose, sin lugar a dudas, en el primero de los canales de televisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el ángulo programático. Su prescindencia en materia política llegó a la exageración, actitud que fue reconocida tanto por el público - que en una encuesta hecha pública lo consideró el menos politizado de los canales- como por las distintas fuerzas políticas, cuyos candidatos presidenciales, con rara unanimidad en nuestro país, agradecieron públicamente su elevada actuación durante una campaña política que apasionó a todos los chilenos. En dos años de transmisiones hubo sólo una -repito: una, en dos años- crítica al Canal Nacional en este sentido. Ella no provino de las fuerzas de la Unidad Popular, sino de la Derecha, que se consideró perjudicada por la forma como se dio una información periodística sobre la concentración final de su candidato.
Esa actitud, recibida por todos los sectores, primero con incredulidad y después con alegría, conformó una tradición digna de ser honrada.
Más aún: lo que fuera sólo una política del anterior Gobierno, fue transformado luego en norma legal y constitucional.
En efecto, el estatuto de garantías constitucionales pactado entre el Presidente Allende y la Democracia Cristiana, compromiso moral que él ratificó asistiendo al Senado a su votación, establece en una de sus partes: "Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y de comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado."
Por otra parte, la Ley de Televisión declara en su artículo 1º: "La televisión no estará al servicio de ideología determinada alguna y mantendrá el respeto por todas las tendencias que expresen el pensamiento de sectores del pueblo chileno."
No cansaré al Senado con ejemplos sobre la diaria violación de esos preceptos. El país entero es testigo de ello, y su juicio, no por callado menos certero, se expresa cada día en las encuestas de audiencia, que van relegando a un lugar secundario al otrora importante Canal Nacional.
Ha llegado a ser tan notoria esta situación, que el Presidente del Directorio de dichaEmpresa, don Eugenio González, ha debido dar públicas excusas, en repetidas ocasiones, a personas y sectores injuriados por el Canal 7. Más aún: en dos oportunidades, la última hace menos de una semana, el Directorio de esta institución ha tenido que reconocer que uno de los comentaristas de su "Noticiero", don Fernando Rivas Sánchez, ha trasgredido en la forma y en el fondo la Ley de Televisión y los propios y públicos acuerdos de dicho Directorio, de abrumadora mayoría oficialista. En ambas ocasiones, por cierto, las víctimas de sus injurias han sido militantes de la Democracia Cristiana.
El único ejemplo de pluralismo que hoy exhibe Televisión Nacional es el programa "A tres bandas". Lamentablemente, para el oficialismo no es un ejemplo válido. En efecto, dicho programa fue creado por la anterior administración del Canal. Más aún: el Partido Comunista intentó suprimirlo. Imposibilitado de lograrlo, debió resignarse a modificarlo a favor de la Unidad Popular, salvándose el programa gracias a la vigorosa reacción del público y a la actitud consecuente de don Eugenio González.
Deseo llamar la atención del Senado y del país sobre la situación actual de don Eugenio González.
Este distinguido hombre público y académico fue designado Presidente del Directorio de Televisión Nacional con el concurso de nuestros votos en el Senado de la República. Hoy se encuentra alejado de ese cargo, pues está haciendo uso de un permiso que vence el 4 de octubre. Sin embargo, se ha dicho, inconfirmadamente hasta hoy, que su alejamiento sería definitivo, por discrepancia con los ejecutivos del Canal. Deben saber el Gobierno y el país que, en caso de no reasumir don Eugenio González su cargo, no permitiremos que, a pretexto de hacer indefinido un permiso o un interinato, el Gobierno eluda su obligación legal de consultar al Senado en la designación de quien ocupe la más alta personería de Televisión Nacional.
El porqué de la persecución.
Finalmente, quisiera referirme al porqué de esta campaña desatada en contra de la Democracia Cristiana.
¿Por qué los Partidos Socialista y Comunista, con la complicidad silenciosa del Gobierno, se empeñan en destruir la Oposición, especialmente a la Democracia Cristiana y a algunos de sus hombres más destacados? Porque, al fin, la destrucción de personalidades del partido repercute sobre la existencia misma de éste.
En mi concepto, hay muchas explicaciones sobre este fenómeno; pero deseo referirme tan sólo a algunas de ellas.
1º) Nadie puede discutir el carácter revolucionario de los marxistas. Pero sus líderes nacionales, al parecer, carecen de originalidad y son profundamente sectarios. Consideran que deben aplicar en Chile los mismos métodos que esos partidos debieron emplear en otros países. En el nuestro podrían llegar a realizar democráticamente todas las transformaciones que considera el programa del Presidente Allende; pero no se sentirían contentos, porque, como carecen de imaginación, piensan que no hay revolución sin violencia, sin persecución, sin avasallamiento y sin dictadura. Algunos de ellos extrañan los hechos sangrientos y tratan de producirlos. Ahí está la muerte inútil, el asesinato injusto de Edmundo Pérez Zujovic. ¡Ah, pero así se ponen más a tono con la revolución rusa, con la cubana o con otras! Un poco de sangre es como la sal o la pimienta de la revolución. No pueden o no quieren entender que Chile es un país diferente, con una tradición, con un pueblo, con una mentalidad, con una formación cultural y cívica distintos de los de otros países. No les cabe en la cabeza que en esta nación los chilenos quieren pan y libertad, pero que si deben renunciar a ésta para conseguir aquél, son capaces de morir de hambre.
2º) La campaña a que me refiero se desata porque los partidos de Gobierno no aceptan la oposición. Es más cómodo no tener oposición y poder obrar de la manera que a uno se le antoje, sin que nadie le critique o le discuta. Es mucho más fácil hacer una revolución en dictadura, sin Parlamento que discuta, sin partidos fuertes que opinen y discrepen, sin estar sometidos a la crítica que se vierte a través de los medios de difusión.
En verdad, como lo señalábamos en un trabajo de análisis del Gobierno democratacristiano que hicimos cuando mediaba el período de su mandato, la historia no registra el caso de revoluciones sin violencia; pero los democratacristianos, con oposición de la Derecha y de la Izquierda marxista, que fue implacable, dimos prueba de que era posible iniciar el camino de los cambios dentro de nuestra estructura democrática.
¡Con cuánta mayor facilidad puede hacerlo ahora el Gobierno del señor Allende, que no encuentra en la Democracia Cristiana al rival obstinado y dogmático que tuvo el Presidente Frei en la Derecha reaccionaria y en los Partidos Socialista y Comunista!
3º) Para los comunistas y socialistas, el pluralismo sólo tiene cabida dentro de la concepción socialista y, en el caso de Chile, dentro del Gobierno y siempre que en este pluralismo los demás partidos obren con sumisión y acatamiento.
En esta materia no hay distinciones entre pekinistas o maoístas, castristas o prosoviéticos.
La entrevista a Chou En-Lai que efectuó el diario "Excelsior", reproducida por "El Mercurio" en su edición del 7 de septiembre, es muy ilustrativa sobre este particular, porque sus opiniones coinciden en mucho con las de políticos chilenos de la Unidad Popular que citaré más adelante.
Se le pregunta al Primer Ministro chino: "¿Cabe hablar de minorías disidentes en China?" Y la respuesta comienza con una autointerrogación: "¿Se refiere a las minorías que se oponen al socialismo, o a las que sostienen distintas opiniones sobre la revolución y la construcción socialista bajo la dictadura del proletariado?". Y luego continúa, contestando con claridad y franqueza: "Hay dos tipos de minorías. La minoría que se opone al socialismo y desea restaurar el capitalismo es intolerable en China, y la consideramos una contradicción insostenible entre el enemigo y nosotros."
El señor TEITELBOIM.-
¿En China o en Chile?
El señor FUENTEALBA-
En China. Me estoy refiriendo a las expresiones del Primer Ministro chino.
Agrega Chou En-Lai: "A esa minoría la criticamos entre las masas abiertamente. Con el apoyo de las masas, la aislamos. Si esa minoría realiza actividades contrarrevolucionarias, implantamos la dictadura del proletariado contra ella y castigamos por ley a sus miembros."
O sea, no se acepta la discrepancia u oposición al socialismo.
Después expresa:
"Hay otro tipo de minoría muy distinto. Se refleja en el seno del pueblo que apoya la revolución socialista y a la dictadura del proletariado, pero sostiene distintas opiniones respecto de la revolución y construcción socialistas. Esta es permisible."
El señor TEITELBOIM.-
¿Qué tiene que ver esto con la situación de Chile? Su Señoría está perdiendo el tiempo lastimosamente, y está haciendo perderlo al Senado.
El señor FUENTEALBA.-
Tiene mucho que ver, señor Senador. Escuche lo que diré en seguida, y verá que no estoy perdiendo el tiempo.
En el diario de Gobierno "La Nación" del 26 del mes en curso, bajo el título "La Caldera del Diablo", se editorializa con bastante claridad sobre esta materia. Allí se dice: "El pluralismo significa, en esta etapa de la historia política y social de Chile, que diferentes doctrinas filosóficas y credos religiosos pueden entablar un diálogo fructífero, a nivel nacional, para analizar, juzgar y aplicar una línea común de acción que tenga como metas principales el desarrollo integral e intensivo del país, la incorporación de las grandes masas laboriosas a las tareas de producción y dirección, y el goce y disfrute de los productos que la energía creadora del hombre pone a su servicio y al de sus semejantes."
Destaco que nosotros compartimos esas aspiraciones. Pero deseamos llamar la atención hacia el hecho de que, de acuerdo con esta concepción socialista chilena, no caben dentro del "pluralismo" doctrinas filosóficas o credos religiosos que no estén de acuerdo con esas finalidades. Y en una etapa histórica no actual, sino posterior -puede ser en uno o dos meses más-, se podría considerar que tampoco tendrán cabida en ese "pluralismo" los que, estando de acuerdo en las metas señaladas, tengan, sin embargo, una concepción distinta acerca del tipo de la nueva sociedad que debe construirse.
En el mismo editorial se agrega más adelante:
"El pluralismo se ejerce en Chile con gran dignidad, con respeto por los hombres y las ideas, sin espíritu hegemónico de ningún partido o movimiento, sin nada oculto que desvirtúe la claridad y precisión del concepto.
"En efecto, conviven y se inspiran en ideales comunes de cambio social y de progreso, socialistas, comunistas, radicales, cristianos de Izquierda e independientes."
Siempre se habla de "pluralismo" dentro de la Unidad Popular. Pero se trata de un "pluralismo" perfectamente delimitado, muy distinto de una concepción democrática sobre el particular.
Los comunistas se han expresado en términos similares. Dicen: "El Gobierno Popular será pluripartidista." Luego se preguntan: "Más, ¿qué se propone el pluripartidismo?" Y contestan: "Se trata de garantizar a todas las tendencias antimperialistas y antimonopólicas la libertad y la posibilidad de convertirse en partidos del Gobierno Popular, sin exclusiones previas de ningún tipo, excepto la fidelidad al programa aceptado voluntariamente con anterioridad."
"Podrá existir pluralidad de partidos" -afirman- "pero no interclasismo como se dio y se da en la Democracia Cristiana, porque el socialismo, al liberar a la sociedad de la explotación del hombre por el hombre, crea las condiciones para desamarrar la pluralidad política e ideológica de la pluralidad de clases, y los distintos partidos no representarán a clases antagónicas, sino que serán la continuidad de una tradición histórica y la traducción política de las clases y capas sociales que seguirán existiendo durante todo el largo período de construcción del socialismo en Chile.
"De ahí que el proceso hacia el socialismo en Chile lo veamos inscrito dentro de las normas y requisitos universales que rigen su construcción; pero con la característica específica de que cada partido del Gobierno Popular tiene asegurado su futuro histórico indefinidamente, su propia individualidad."
De las opiniones transcritas se deduce muy claramente que la concepción pluralista de los partidos ejes del Gobierno del señor Allende se reduce a reconocer la existencia de distintas corrientes políticas o religiosas en tanto estén dispuestas a marchar por la ruta del socialismo, pero que no caben dentro de esa concepción colectividades antagónicas al establecimiento de un régimen socialista, ni mucho menos colectividades que estén lisa y llanamente por la mantención del statu quo, o que sean proimperialistas, o capitalistas, o monopolistas.
El señor TEITELBOIM.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega? Deseo hacer una aclaración.
El señor FUENTEALBA.-
En este punto no caben aclaraciones, señor Senador.
Nosotros tenemos una concepción diferente sobre el pluralismo, y entendemos que en virtud de él pueden subsistir sobre toda clase de ideologías filosóficas, políticas o religiosas, por antagónicas que sean entre sí, con la sola limitación de aquellas que atentan contra la moral. Por eso, cuando fuimos Oposición en regímenes anteriores luchamos por los derechos del Partido Comunista a existir como tal y a actuar libremente dentro de la vida nacional. Por eso mismo, cuando fuimos Gobierno respetamos a todos los partidos políticos y a todas las concepciones religiosas. Jamás se nos pasó por la mente que debíamos eliminar a quienes eran nuestros más enconados adversarios.
4º) Esta campaña existe porque los Partidos Socialista y Comunista han demostrado reiteradamente que quieren impedir toda posibilidad de acercamiento siquiera entre el Presidente de la República y la Democracia Cristiana.
Mientras nosotros nos hemos esforzado en buscar el consenso mínimo de que hablaba Frei, ellos tratan de producir la separación y el distanciamiento.
Su espíritu sectario es incapaz de concebir que una colectividad política distinta pueda colaborar desde fuera del Gobierno, en forma independiente, sin estar subordinada a ellos.
Es un hecho histórico: cada vez que dirigentes de la Democracia Cristiana se reúnen con el señor Allende, se deja sentir la andanada de ataques e insultos en contra nuestra, como para advertir al señor Presidente que no debe ir más allá por ningún motivo.
El Partido Socialista se habría sentido mucho más feliz, por ejemplo, si la Democracia Cristiana se hubiera opuesto a la nacionalización del cobre. Tengo el convencimiento de que ese partido se sintió defraudado cuando comprobó que no sólo estábamos dispuestos a votar a favor del proyecto, sino también a colaborar activamente en su despacho.
Llegaron al Congreso a buscar el plebiscito. Por eso plantearon la nacionalización dentro de una reforma constitucional. Pero "vinieron por lana y se fueron trasquilados", porque, consecuentes con nuestros principios y con nuestras afirmaciones de la última campaña, contenidas en el programa del señor Tomic, estuvimos de frente, activamente, por la nacionalización del cobre.
5º) Finalmente, se explica el interés en destruir a nuestro partido, porque saben que la Democracia Cristiana, junto con ser la colectividad mayoritaria del país, representa el profundo sentido democrático del pueblo chileno en lo que tiene de esencial, e interpreta la opinión y los anhelos de justicia social de una inmensa masa de trabajadores del campo, de las minas y de las ciudades.
Que subsista el Partido Nacional no les importa, y hasta les conviene. Saben que esa colectividad no lograría atraer a los sectores populares que, en cambio, militan en nuestras filas. La permanencia del Partido Nacional podría servirles incluso para decir que en Chile hay Oposición. Pero que subsista y exista la Democracia Cristiana, no lo pueden tolerar.
Si algunas garantías existen en este país para la supervivencia del régimen democrático, ellas son esencialmente dos: primero, la coexistencia de la Democracia Cristiana y de los partidos democráticos, incluso los que están en el Gobierno; y segundo, la existencia de Fuerzas Armadas no deliberantes, imparciales, ajenas a las disputas políticas, que, manteniendo la tradición chilena, velen por el imperio de la Constitución y de la ley y aseguren al pueblo el pleno disfrute de sus derechos esenciales, y principalmente el derecho que tiene a designar a sus representantes en elecciones periódicas absolutamente libres, donde pueda manifestar su opinión y emitir su sufragio en forma secreta y sin presiones.
Los partidos que son incapaces de aceptar la crítica, de tolerar las discrepancias y de someterse al juicio de la opinión pública, tendrán que hacer toda clase de esfuerzos por eliminar o minar lentamente a esos dos pedestales de nuestro régimen democrático.
Los Partidos Socialista y Comunista no gustan de la presencia de la Democracia Cristiana. Por eso se empeñan en dividirla, y han tenido relativo éxito al lograr que algunos militantes se alejen de sus filas y vayan hacia la Unidad Popular. Pero allí los reciben y los aceptan en la medida en que les sirven, sin que se les dé mayor relevancia, como no sea para tener su adhesión, para seguir extrayendo a otros elementos de nuestras filas.
Responsabilidad del Presidente de la República.
Nosotros creemos que el Presidente de la República es también responsable de cuanto ocurre. El señor Allende se ha encargado de decir muchas veces que él y la Unidad Popular son una misma cosa; que es un vocero suyo, y que sus determinaciones son adoptadas después de discutirse y analizarse en su seno.
El Partido Socialista, que encabeza con el Partido Comunista esta política de agresión, es la colectividad del Presidente de la República.
Los diarios "El Siglo", "La Nación", "Las Noticias de Ultima Hora", "Puro Chile" y numerosas revistas, son órganos del Gobierno o de esos partidos.
La Televisión Nacional y el Canal 9 están dirigidos por hombres de Gobierno o por amigos personales del señor Allende.
En consecuencia, la responsabilidad del Primer Mandatario frente a cuanto ocurre es inexcusable.
Si el Presidente de la República estima sinceramente que el diálogo es necesario, que hay que buscar las coincidencias y aceptar las discrepancias sobre la base del respeto recíproco y de la confrontación de las ideas en un plano también de recíproca nobleza y dignidad, que se juegue, pues, por esa política, que luche por imponerla a los suyos. Pero la Democracia Cristiana ya no puede seguir aceptando más este doble juego, esta política de dos caras, en que mientras unos piden colaboración y apoyo, los otros injurian, calumnian y pretenden dividirnos; en que mientras unos hacen de relacionadores públicos, los otros se sientan en el piano. . . En lo sucesivo deseamos claridad y una sola actitud frente a nosotros. No se trata de que no nos ataquen o de que no nos critiquen políticamente, sino de que nos respeten en la disputa política.
La Democracia Cristiana revisará su posición política.
Próximamente la Democracia Cristiana celebrará una reunión para analizar los acontecimientos políticos y, en especial, los alcances de esta campaña dirigida en su contra.
Con toda seguridad, el Partido tendrá que revisar la estrategia seguida hasta ahora y se verá obligado a endurecer su línea.
Hay muchos compromisos que no se cumplen por parte del Gobierno, compromisos que dicen relación a las persecuciones funcionarías; a la disolución de los grupos armados; a la aprehensión y castigo de todos los implicados en el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic; a la parcialidad y afiliación política del Canal Nacional de Televisión y del Canal 9; a los ataques al Congreso Nacional y al Poder Judicial; a la prepotencia en las organizaciones sociales; a la determinación de las áreas de la economía; a la participación de los trabajadores; al envío de una legislación sobre expropiación de empresas industriales o comerciales; a la reforma agraria, etcétera.
Todas estas materias están relacionadas íntimamente con el respeto a las garantías democráticas. No podemos seguir conformándonos con palabras de buena crianza.
¿En qué situación se nos coloca ante estos incumplimientos? A nuestro juicio, en situación de tener que usar sin contemplaciones las herramientas constitucionales y legales de que disponemos, con el fin de obligar al Gobierno a cumplir compromisos libremente aceptados y contraídos.
Igual ocurre con nuestra decisión de impedir que las libertades, en especial la de información, se coarten.
Si no se respeta y garantiza la existencia de los medios de comunicación que poseen los partidos políticos, de las confesiones religiosas, de las universidades u otras corporaciones u organizaciones, enfrentaremos al Gobierno en el terreno que la Constitución señala. No permitiremos por ningún motivo que se clausure -como lo anuncia o lo amenaza el diario "Puro Chile"-, la radio "PresidenteBalmaceda", que es propiedad del Partido Demócrata Cristiano.
Y si es necesario porque la situación se agrava, recurriremos a organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para denunciar a la opinión internacional los atropellos cometidos contra los derechos fundamentales de la persona humana, en especial contra la libertad de pensamiento.
Termino mis palabras diciendo con Jean Lacroix: "La conciencia es "gestual", es decir, que no piensa sin gestos, imágenes, actitudes, y movimientos. Lo que resulta mucho más verdad aún desde que se han encontrado los medios eficaces para penetrar en el interior mismo de la conciencia. No hay, pues, democracia sin libertad, no solamente en la opinión, sino en la formación de la opinión. De donde esa atención apasionada del demócrata de cara a todos los medios de formación o de información: prensa, radio, televisión, publicidad, propaganda. Sin estatuto democrático de los principales medios de información, toda la democracia está en peligro. El demócrata se reconoce por su respeto escrupuloso al pensamiento de los demás, Y es precisamente el que rechaza y teme el antidemócrata."
He dicho.
"
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