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- rdf:value = " El señor ACUÑA.-
El debate originado por la censura planteada a la Mesa a raíz de la conducta asumida por ella al declarar la improcedencia del artículo que se discutió la semana pasada, que disponía la disolución de las empresas EMPART, que manejan cuantiosos fondos de los empleados particulares en los planes de la construcción, tiene, en nuestro concepto, dos aspectos claramente distinguidos. Uno de éstos, estrictamente reglamentario, incide en la censura propiamente tal.
Con relación a este problema, nosotros creemos que la conducta de la Mesa estuvo más allá del uso discreto de la facultad que se otorga al Presidente de la Corporación para declarar la improcedencia de una indicación.
Creemos que la disposición que ha originado todo este problema estaba perfectamente relacionada y vinculada con la materia en debate. No obstante, como el fondo del problema tiene extraordinaria repercusión desde el punto de vista económico y social, e incide principalmente en los planes habitacionales que afectan a un numeroso grupo de trabajadores chilenos, a los empleados particulares, queremos distinguir entre nuestra actitud respecto de la censura, que votaremos favorablemente, y nuestra actitud sobre el fondo del problema: la norma que faculta a la Caja de Empleados Particulares para disolver las sociedades EMPART.
Respecto de este último punto, en virtud de los planteamientos hechos presentes públicamente por la Confederación de Empleados Particulares de Chile a casi todos los partidos políticos, deseamos expresar desde ya que estamos en contra de ese precepto. Pensamos que las empresas EMPART, según la propia opinión de los empleados particulares, que están entregando la cuota más importante al esfuerzo realizado por diversos grupos para llevar adelante los planes habitacionales del país, ofrecen claras ventajas para sus intereses en comparación con el mecanismo que en la materia aplica la Corporación de la Vivienda.
Según los planteamientos expresados por los dirigentes de los empleados particulares, existen diferencias nítidas en cuanto a costos, terminación y entrega de las poblaciones construidas por las sociedades EMPART. Conforme a antecedentes que obran en nuestro poder, los fondos que los empleados particulares entregan al Ministerio de la Vivienda están mejor cautelados, manejados, administrados por las empresas EMPART y no por la COR-VI. Ellos aducen que el costo definitivo de las construcciones de la CORVI son muy altos, y que, asimismo, las poblaciones edificadas para ese organismo, de acuerdo con su sistema, por empresas particulares afiliadas a la Cámara de la
Construcción son defectuosas -yo diría inhabitables-, por razones de economía en los gastos.
Por eso, estimamos que en esta materia, de tanta repercusión nacional, es preciso abrir amplio debate en la Corporación, a fin de analizar, en compañía de los sectores afectados todas las vicisitudes de los planes habitacionales, y resguardar de manera efectiva los intereses de las grandes mayorías nacionales representados, en este caso, por los trabajadores afiliados a la Confederación de Empleados Particulares de Chile.
Voto que sí.
"
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