-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590466/seccion/akn590466-po1-ds4-ds6
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1219
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/temporal/1107
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/322
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/temporal/1107
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1219
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3539
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590466
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590466/seccion/akn590466-po1-ds4
- rdf:value = "
El señor PABLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra a los Diputados integrantes de la Comisión designada por la Cámara de Diputados para formalizar la acusación ante el Senado.
Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA (Diputado). -
Señor Presidente, señores Senadores:
Consecuentes con nuestra responsabilidad de ser los Diputados que, en nombre de la Cámara, vamos a sostener en esta Alta Corporación la acusación constitucional en contra del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León, queremos hacer nuestra exposición en forma muy seria y objetiva. Los fundamentos en que basamos la acusación provienen del estudio del problema y del contacto con los afectados.
La dialéctica y la retórica muchas veces molestan los oídos de las personas con criterio formado, como son los señores Senadores. Por eso, deseamos proporcionar los antecedentes del caso de manera muy minuciosa y de acuerdo con lo que hemos estudiado.
No hemos venido al Senado a formular juicios en contra del señor Eduardo León, en su calidad de profesional o dé abogado, ni en contra de su vida particular. Nada tenemos que ver con el señor Eduardo León. No actuamos en su contra. Venimos aquí a expresar juicios en contra del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en su calidad de representante del Ejecutivo, de la actual Administración del señor Frei y de la Democracia Cristiana.
Al no darse cumplimiento al artículo 47 de la ley 10.383, hemos comprobado la existencia de dos criterios diferentes: uno para aprobar la norma, a lo cual la Falange concurrió con sus votos en 1952, y otro para aplicarla cuando esa colectividad política tiene la responsabilidad de gobernar.
Queremos dejar clara constancia de que los juicios que emitiremos serán en contra del señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social por su responsabilidad política, administrativa y funcional en esta materia.
Estamos conscientes de que la acusación que presentamos fue la causa por la cual se incluyó en la convocatoria, en definitiva, el proyecto que hoy día es ley de la República con el Nº 17.290, cuya tramitación duró cortos días. Por eso, teníamos razón, a nuestro juicio, para presentar esta acusación, sobre todo si se considera que ella no ha perdido su validez con la dictación de ese cuerpo legal, porque el daño que se causó a los pensionados del Servicio de Seguro Social no ha sido reparado.
Se ha sostenido que el reajuste correspondiente a 1969 se pagará en tres cuotas: una en abril y las otras en agosto y noviembre de este año, respectivamente. Y digo que la acusación tiene validez, porque los pensionados recibirán ese reajuste un año y medio después de la fecha en que debían obtenerlo. Indudablemente, los recursos que percibirán no les alcanzarán para comprar la mitad de lo que podían haber adquirido si esa compensación se la hubieran pagado a tiempo. Pensamos que el Gobierno disponía de muchas herramientas para cumplir con esa obligación. Los señores Senadores saben que el Fisco tiene una deuda importante con el Servicio de Seguro Social y que también el sector privado debe una ingente suma a ese instituto previsional, ascendente, según lo expresado por los propios personeros de Gobierno, a 125 millones de escudos. Si se hubiese tratado de obtener la cancelación de esa deuda y tenido la mano dura con los organismos particulares, sobre todo con las empresas grandes, se habría podido pagar el reajuste de los pensionados.
Tenemos razón en cuanto a lo que afirmamos, porque si suponemos, por ejemplo, que la Corporación de la Reforma Agraria hubiera carecido de fondos para continuar con sus proyectos, el señor Ministro de Agricultura no se podría haber cruzado de brazos, sino que habría tenido que buscar los recursos necesarios a fin de que ese organismo pudiera proseguir desarrollando lo prescrito en la importante ley sobre esa materia. A nuestro juicio, si hubieran faltado recursos para pagar a los profesores, el señor Ministro de Educación no habría quedado tranquilo hasta encontrar la forma de cumplir esa obligación.
Señor Presidente, el 21 de octubre de 1969 ocurrió en nuestro país un hecho que se recordará por mucho tiempo: altos oficiales de nuestro Ejército se acuartelaron en el Regimiento Tacna, con el propósito de obtener un aumento de remuneraciones, para ese sector. ¡ Y lo consiguieron! El Gobierno estuvo presto para estudiar el financiamiento de una iniciativa cuyo costo era 20 veces superior a lo que representa la solución del problema de los pensionados del Servicio de Seguro Social.
Para resolver la situación de las 60 mil personas que componen las Fuerzas Armadas, se actuó con acuciosidad y diligencia; sin embargo, para solucionar el problema que afectaba a 341 mil pensionados -tan sólo se requería un financiamiento 20 veces menor, ascendente a 120 millones de escudos- no se tuvo igual presteza. Para el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial no pueden esperar; los pensionados sí deben hacerlo, por un año o más.
Al formular la acusación, estamos defendiendo la causa de 341 mil pensionados que hoy día reclaman lo que les corresponde. Del mismo modo, estamos luchando a favor de un millón quinientos mil trabajadores que, con el transcurso del tiempo, tendrán igual calidad que esos pensionados. Por eso, señor Ministro del Trabajo, creemos estar en la razón.
Permítanme, señores Senadores, dedicar unos pocos minutos, no a refrescar la memoria, sino a expresar qué representa la fuerza pasiva que hoy día está pidiendo mejor trato.
Sabemos que el progreso de Chile se debe a nuestros antepasados. Los programas y la planificación que el Estado y las empresas particulares hicieron en el pasado se llevaron a cabo sobre la base de estudios efectuados por ingenieros, arquitectos, calculistas y técnicos. Se han realizado obras de carácter público, en la industria, en el comercio, en la educación, en la agricultura y en la minería. Pero ¿quiénes las han llevado a la práctica? Las manos de los obreros que hoy día, en su condición de ciudadanos pasivos, reclaman un reajuste de sus pensiones.
Cuando en nuestros recorridos por el país visitamos los puertos del litoral y observamos los trabajos realizados en ellos, donde pueden atracar los buques que traen sus mercaderías desde el exterior y desde los cuales sacan nuestra producción cuando vamos a las ciudades y vemos los edificios de cinco, diez, quince y veinte pisos, pensamos que esas obras fueron hechas por las manos de los obreros, quienes las fueron construyendo piedra sobre piedra. En el sur, el petróleo ha sido extraído por los trabajadores. Las fundiciones de Huachipato, Las Ventanas, Paipote y Concón; los caminos que atraviesan nuestro territorio; la Carretera Panamericana, que permite a los viajeros trasladarse desde Arica a Puerto Montt por un camino moderno y totalmente pavimentado, han sido construidos por esos obreros. Los puentes; el aprovechamiento del torrente de los ríos destinado a arrancar la energía necesaria para llevar el progreso a las ciudades mediante las redes de alta trasmisión; los embalses, y muchas otras obras, han sido hechas merced al esfuerzo de los obreros que, también, han empuñado la mancera del arado para extraer de la tierra los productos que han servido para alimentar a nuestro pueblo. En el rubro de la minería, ellos han laborado en el salitre, en el cobre, en el carbón y en el hierro. Han dejado sus pulmones en esas actividades, y hoy día los vemos transitar por las calles afectados por la silicosis, enfermedad que les impide realizar una vida normal.
Cuando vemos que de Arica a Magallanes esos obreros han creado una riqueza inmensa, parte de la cual ha servido para incrementar el presupuesto nacional y, otra parte, para engrosar los intereses de los particulares, de los accionistas nacionales y extranjeros, creemos de nuestro deber luchar a favor de esos trabajadores, que hoy día reclaman con toda razón por un trato justo.
Cuando concurrimos a una oficina del Servicio de Seguro Social y vemos las colas formadas por personas que desde tempranas horas de la mañana esperan el pago de sus pensiones; cuando observamos a ancianos que han llegado desde los confines de una comuna, muchas veces trepados sobre un camión cuando no hay locomoción, para cobrar siete escudos los hombres y dos o tres las mujeres, pensamos que este Gobierno se ha portado mal con los pensionados, con aquellos ancianos cuyas espaldas están curvadas por el peso de los años, que esperan el pago de una pensión, la cual, evidentemente, debe ser más justa, porque ellos han sido las fuerzas vivas de la nación.
Al conversar con algunos de esos ancianos, nos damos cuenta de que en su juventud han sido carpinteros, mecánicos, torneros o perforadores; que otros han empuñado el arado y han hecho el mismo trabajo que hoy día están llevando a cabo los obreros a lo largo del país. Y ahora, en las dependencias del Servicio de Seguro Social están haciendo cola, junto a las empleadas domésticas y a las mujeres que han trabajado en talleres y fábricas, para recibir el pago de pensiones que, sin duda, sólo les alcanzan para algunos días del mes.
Los empleados particulares pueden jubilar a los 35 años de servicios o a los 50 de edad; los empleados públicos, a los 30 años de servicios. Sin embargo, los obreros no jubilan: dejan de trabajar a los 65 años, por vejez, cuando han pasado la edad de vida promedia en Chile, que es de 57 años. Los últimos instantes de su existencia los viven reclamando una pensión más justa. Otros no alcanzan a cumplir aquella edad, porque mueren antes, y, por lo tanto, no pueden recibir esa pensión.
Denantes decía que esos pensionados han sido las fuerzas vivas del país. Por eso, nos da pena ver cómo ahora andan mendigando una migaja de pan que les permita alimentarse durante algunos días del mes.
Acusamos al señor Ministro del Trabajo sobre la base de que en la actualidad existe una seguridad social que significa solidaridad. Antes no existía tal sistema. Los obreros se cobijaban en las sociedades de socorros mutuos, y la Beneficencia les otorgaba ayuda en forma de caridad. Hoy día la situación es diferente. La sociedad tiene una obligación que cumplir respecto de esas personas que entregaron una vida entera al servicio del país.
Hace algunos días, el Superintendente de SeguridadSocial, don Carlos Briones, expresaba que una sociedad moderna debe proteger a sus miembros económicamente más débiles. Ello debe ser atención preferente del Estado, así como buscar un sistema que permita el otorgamiento de una pensión equitativa, cuyo financiamiento, al cual debe concurrir toda la comunidad, tiene que consignarse en el presupuesto de la nación. No puede eludirse el cumplimiento de una ley porque faltan algunos pesos. En el presupuesto nacional deben destinarse los recursos indispensables para que los pagos respectivos se hagan en forma justa.
Estamos acusando al señor Ministro del Trabajo por considerar que el espíritu del artículo 47 de la ley 10.383 fue bien claro. No se puede calcular el reajuste de las pensiones de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. El aumento de ellas no incide en la producción. No sucede lo mismo que con el reajuste de los salarios de los obreros del calzado, por ejemplo, que tiene repercusión en el costo de esos artículos, o cuando se aumentan los jornales de los trabajadores de la construcción, lo que hace subir el valor del metro cuadrado de edificación. Aquí se trata del reajuste de las pensiones del Servicio de Seguro Social, que, como digo, no inciden en los costos. Por lo tanto, no pueden ser calculados sobre la base del alza del costo de la vida, porque sería una injusticia. El poder adquisitivo que pierde la pensión de un jubilado no se puede recuperar según la desvalorización de la moneda.
Ya sabemos lo que ocurrió en diciembre de 1969. Los índices oficiales indicaron que el alza del costo de la vida ascendió en ese mes a 0,3%. En enero del año en curso los precios de algunos artículos subieron en 30%, y las cifras oficiales señalan que el costo de la vida aumentó en 6,8%. Es decir, en el primer mes de este año se experimentó un alza 20 veces superior a la habida en diciembre de 1969.
¿Cómo se explica que de un mes a otro los índices experimenten una diferencia tan grande? ¿No se da a entender con ello que las cifras se manejan en forma amañada, precisamente para otorgar un reajuste menor que el correspondiente?
Por eso, pensamos que el artículo 47 de la ley 10.383 está muy bien concebido.
Los señores Senadores saben que la suma de los aportes de los empleadores y de los empleados particulares se divide por el número de cargas familiares, a fin de establecer el valor de la asignación familiar. Ese mismo principio se aplica por el artículo 47 de la ley 10.383, pues el cálculo pertinente se hace sobre la base de los salarios medios de subsidios que paga el Servicio Nacional de Salud, los cuales también corresponden a las imposiciones efectuadas en el Servicio de Seguro Social. Por eso consideramos que ese reajuste atomático es el más justo, y que debería mantenerse en forma permanente.
A nuestro juicio, debe mantenerse ese sistema, implantado en plena carrera inflacionaria, durante 1952. La Falange Nacional, en aquella época, y la Democracia Cristiana, ahora, aprobaron la disposición respectiva, por encontrarla justa. Sin embargo, hoy día, cuando debe darse cumplimiento a esa norma legal, se desea derogarla.
Se ha dicho que el Fondo de Pensiones está desfinanciado. Pero, señor Ministro del Trabajo, esta situación se arrastra desde el año 1965. Antes no había desfinanciamiento. En consecuencia, es lógico que el Gobierno actual busque los recursos necesarios y proponga las disposiciones que estime convenientes para paliar ese déficit.
También se ha sostenido que dicho Fondo se desfinanció como consecuencia de la aplicación del artículo 47 de la ley 10.383; por la dictación de la ley 14.687, que rebajó de 65 a 55 años la edad de la mujer para acogerse al beneficio de la jubilación; por la revalorización de pensiones; por la ley de Continuidad de la Previsión, y porque algunos obreros calificados pasaron a tener la calidad de empleados particulares. A nuestro juicio, hay que ser consecuente y no decir una cosa y hacer otra totalmente distinta.
La solución que proponen el señor Ministro del Trabajo y los personeros de Gobierno es eliminar el artículo 47 -ya lo han intentado diez veces-, a fin de que el reajuste de pensiones se calcule sobre la base del índice de precios al consumidor.
El Subsecretario de PrevisiónSocial, don Álvaro Covarrubias, expresó en la Cámara de Diputados que si se hubiera eliminado esta disposición, el Fondo habría tenido un excedente de 118 millones de escudos. Si ni siquiera se otorgó el reajuste de acuerdo con el alza del costo de la vida y se concedió en 13% menos, y hoy día el Fondo de Pensiones se encuentra desfinanciado en 120 millones de escudos, ¿cómo puede expresar el señor Covarrubias que podría tener un excedente de 118 millones de escudos?
Por otra parte, se habla de que la jubilación de la mujer ha sido uno de los factores que han desfinanciado el Fondo de Pensiones. ¿ Acaso el Gobierno actual quiere desconocer la justicia que tiene una mujer de jubilar a los 55 años de edad, después de haber entregado su vida en el taller o en la fábrica, criando al mismo tiempo 10 ó 12 niños? ¿Puede ser posible que ahora se pretenda retroceder en ese sentido?
Indudablemente, no se puede argumentar en esa forma.
Creemos que todo esto de la revalorización de pensiones, de la continuidad de la previsión y, lo que es más, el traspaso de obreros especializados al sistema previsional de la Caja de Empleados Particulares, no puede esgrimirse como razón para sostener que el Fondo de Pensiones se encuentra desfinanciado.
Ya sabemos que esas disposiciones obedecen a las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo. Es este organismo el que, mediante un clasificador universal de las profesiones, establece quiénes deben ser empleados y quiénes, obreros. Y en Chile sabemos que quien ejecuta un trabajo en que prevalece el esfuerzo intelectual sobre el manual debe ser empleado. No se puede ir contra esta práctica de una institución internacional a la cual estamos suscritos.
Concordamos, y no lo negamos, en que es necesario estudiar una reforma constitucional. Pero así como no negamos esto, creemos que tal reforma, sin duda alguna, se debe hacer mejorando la situación de los sectores más modestos. Nada sacamos con quejarnos, pues nuestro deber es buscar solución al problema. Cualquier reforma que se haga más adelante será más fácil de aplicar si se arregla la situación de la gente desposeída, sobre todo la de los pensionados del Servicio de Seguro Social.
Consideramos que estos planteamientos, junto con los que harán los Diputados señores Guastavino y Schnake, quien se referirá al aspecto jurídico de la acusación, dejarán establecida la verdad de lo ocurrido.
"