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El señor PABLO (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO (Diputado).-
Señor Presidente, señores Senadores:
Dado que venimos a fundamentar la acusación constitucional contra el señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social, estamos enfrentados a la responsabilidad de desarrollar un juicio político, el cual deberá desenlazar el Senado.
Pienso que nada mejor para iniciar estas palabras que citar las que se pronunciaron en este mismo hemiciclo: "Un Gobierno que define su política, que realice su tarea, que mantenga una línea de conducta, llegará adonde quiera. Y así se ha probado, y el Congreso Nacional no resistirá jamás, como no ha resistido a un Gobierno o a un Ministro que conozca su materia y proponga soluciones bien concebidas. Es engañarse creer que la solución está en pedir más poder, cuando no se usa útilmente del que se dispone".
Son palabras que pronunció aquí el ex SenadorEduardo Freí en 1955, y que aparecen en la página 75 de su libro "'Pensamiento y Acción", editado por la Editorial del Pacífico en 1958. Y es al trasluz de estas palabras que debe hacerse este juicio político de hoy, así como pensando en la historia misma del artículo 47 de la ley 10.383 en los últimos años, que el Parlamento chileno conoce.
El Diputado señor Fuentealba ha dicho aquí quiénes son los beneficiarios de ese artículo. Sin embargo, es cierto que no podrá haber un epílogo moralmente correcto para este juicio político, si no se reitera quiénes son los 341 mil chilenos que conquistaron, en 1952, esa disposición legal. Los jardines del Congreso Nacional los conocen. Las tribunas y galerías de la Cámara de Diputados y del Senado de la República los conocieron ayer, los conocen hoy. Aquí están de nuevo. Son un trozo mismo de la patria chilena, patria que, alguna vez, dijimos que no es tan sólo la bandera ni la canción nacional, sino su clase obrera, sus trabajadores, el proletariado nacional, aquellos que crean la riqueza en este país. Así como en la Cámara, habría que repetir que los micrófonos que usan los señores Diputados, las bancas en que se sientan, los pilares de este Hemiciclo, las lámparas que aquí hay, las alfombras que se pisan, han sido construidos por la clase obrera chilena, que viene a demostrar, al correr de los años, que si bien una sociedad vertebradamente orgánica puede prescindir de los capitalistas, no puede hacerlo respecto de aquélla.
En el estudio del origen de estos chilenos, encontramos que ellos no alcanzaron a las humanidades de la educación sistemática chilena. Muchas veces, determinados brutalmente por la situación socioeconómica del régimen capitalista en que se han debatido, ni siquiera pudieron asistir a los cursos superiores de la educación primaria. Entonces comprobamos que muchos de ellos salieron a trabajar a los ocho, a los diez, a los catorce años de edad. Niños de escasa edad han ido a impedir el picoteo de los pájaros, mediante el sistema de "pajarear en el campo". En lugar de estar sentados en el aula para acoger las enseñanzas de sus maestros a fin de formarse un porvenir distinto, han debido ir a trabajar rudamente al campo, al taller, a la industria menor, para llevar un mendrugo a su hogar.
Si comenzaron a trabajar a los quince años y deben tener 65 años de edad para jubilar, resulta que ellos deben haber cumplido cincuenta años en los caminos de la explotación, de la labor y de la faena.
Ellos han contribuido a hacer esta patria chilena. Y al analizar el artículo 47 de la ley 10.383 y avaluar la actitud de un Gobierno frente a la materialización de esta reivindicación conquistada con lucha y esfuerzo, llegamos a concluir que la verdadera prueba de aptitud social y moral de un Gobierno la rinde en cuanto al tratamiento que da a esos 341 mil chilenos, absoluta y totalmente postergados en nuestro país por los sistemas tradicionales que han regido la economía y la política del Chile de hoy.
Si en el conocimiento y desenlace de la acusación se tiene como telón de fondo el rostro de esos chilenos y su situación; si se piensa a quienes se está escamoteando este reajuste miserable para una pensión ya de suyo miserable, entonces los señores Senadores podrán, seguramente, separar mejor los antecedentes que les permitan orientarse para condenar efectivamente a un Gobierno, a través de un Ministro, que aparece como el responsable de no haberse cumplido con la ley, no obstante lo taxativo y tajante que ella ha sido.
Pero ocurre que en la historia del artículo 47, la única fórmula imaginada por el Gobierno ha sido la liquidación de tal norma legal o bien la reducción de las prestaciones del Servicio de Seguro Social.
Esto que vamos diciendo permitirá reunir el cúmulo de los antecedentes necesarios para entender cómo ha sido absolutamente preconcebido por este Gobierno el incumplimiento del artículo 47 de la ley 10.383.
Hace ya tiempo que las autoridades del Ejecutivo han venido martillando a la opinión pública, a los pensionados y al Parlamento chileno en torno de su única idea matriz, su única genialidad, la única originalidad de que ha sido capaz: derogar el artículo 47 de la ley 10.383. Simplemente lágrimas a propósito del desfinanciamiento que producen las prestaciones del Servicio. Simplemente llanto a propósito de cómo el Fondo de Pensiones va quedando escuálido año en año. ¡Nunca una política creadora, que busque los recursos necesarios -que son generosos en este país, pero hay que tener voluntad, pantalones y sentido patriótico para encontrarlos- que permitan financiar ese Fondo, el cual debe atender a ese enorme conjunto de chilenos que representan con sus mujeres y familias a mucho cientos de miles de personas, que hoy tienen que venir al Parlamento, no para que éste les anuncie una buena nueva o un nuevo progreso en su legislación. Estos chilenos, a quienes debiera convocar el Congreso para decirles: "A ustedes, en homenaje a lo que significan en el país, les anunciamos una nueva ley que les dé tranquilidad en los años que les restan a esta altura de sus vidas", sin embargo tienen que venir permanentemente a luchar y a hacerse presentes con el objeto de impedir que se plasme en la práctica ese anhelo siniestro que querer derogar el artículo 47 de la ley 10.383!
Pero esto es muy peligroso. Y el Parlamento chileno debe estar atento a las peligrosas consecuencias que puede tener este tipo de criterio gubernativo. Porque reducir las prestaciones y los beneficios para que estén a tono con el financia-miento de que se disponga en un momento dado, es una suerte de política maltusiana llevada al plano social, que puede arrastrar a una especie de eutanasia de la sociedad chilena. No se pueden jibarizar las prestaciones y beneficios porque hay que adecuarlos a los cien pesos que tenemos en caja y nunca pensar que hay que multiplicar esa cifra para ir cumpliendo efectivamente con lo que se dijo durante decenios, mientras se fue Falange Nacional primero, y Democracia Cristiana, después, en la Oposición.
Por eso me he permitido citar las palabras de quien fue Senador, don Eduardo Frei Montalva, porque como gran Administrador de la Nación es, en fin de cuentas, el responsable superlativo de toda esta materia.
Las advertencias han sido sobradas. Los partidos políticos de este país han advertido al Gobierno respecto de lo que estaba ocurriendo con el artículo 47 de la ley mencionada. Han dicho al Gobierno que nunca estuvo desfinanciado el Fondo de Pensiones, que el Parlamento no es el responsable, como es la imagen que se pretende crear, de haber dictado leyes desfinanciadas y, por lo tanto, inconstitucionales, y que esa disposición legal ha venido recibiendo el reflejo de un crecimiento de la demanda social chilena, que en razón dé ese crecimiento de la demanda social chilena debían dictarse legislaciones, por iniciativa del propio Ejecutivo, con el objeto de que no nos encontráramos con la situación que hoy día hay que lamentar y que ha provocado esta acusación constitucional.
Los interesados también lo advirtieron.
Y el propio Senado tuvo la oportunidad de poner de relieve su inquietud y preocupación respecto del problema hace muy poco, cuando en dos oportunidades calificó de "suma" la urgencia en el despacho del proyecto, de iniciativa no del Ejecutivo, sino parlamentaria, que nació en las bancas de Izquierda en la Cámara de Diputados, en una moción del Diputado socialista señor Héctor Olivares.
La Directora del Servicio de Seguro Social, señorita Mercedes Ezquerra, también ha sido incansable para precisar ante el Gobierno lo que está ocurriendo con el Fondo de Pensiones. Requerida por nosotros en la Comisión Acusadora de la Cámara, declaró que desde 1966 había hecho notar este problema. En la página 33 del boletín de la mencionada Comisión, figuran los oficios mediante los cuales reitera a muchas autoridades de Gobierno, y en particular al Ministro del Trabajo y Previsión Social, lo que estaba aconteciendo desde 1965 con ese Fondo.
El Superintendente de Seguridad Social también fue absolutamente claro respecto de esta materia, y hasta propuso un financiamiento, tal como lo han hecho muchos otros; porque los propios partidos de Izquierda -el Partido Comunista, entre otros- no sólo han expuesto el problema, sino que han ofrecido una solución. En esta parte, debo decir que se han propuesto financiamiento generosos para el Fondo de Pensiones. El señor Superintendente de Seguridad Social, señor Carlos Briones, durante 1969 sugirió uno que producía durante cinco meses de ese año 160 millones de escudos y que en 1970 se traducía en 462 millones de escudos. Incluso el propio Presidente de la República se ha permitido describir, ya que no solucionar, el problema del Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social. En los Mensajes Presidenciales de 1967, 1968 y 1969, reiteró que se estaba creando una grave situación respecto de ese Servicio, a propósito del pago de las pensiones a los jubilados. Menciono esos Mensajes, porque
es probable que el señor Ministro, en la orfandad de su defensa, quiera citarlos como una inquietud del Ejecutivo, como que éste ha estado permanentemente preocupado del problema; pero en verdad, ello no hace sino condenar al Gobierno.
A fin de no cansar a los señores Senadores, he seleccionado algunos párrafos que describen una situación archiconocida en el país. El Presidente Frei dijo: "Los enormes beneficios y mejoramientos legales que se han ido otorgando en los años anteriores a los imponentes del Servicio de Seguro Social han repercutido en condiciones tan gravosas para el financia-miento de esta Institución, que obligará con la mayor urgencia a tomar las medidas necesarias para evitar que las bases financieras del Servicio se destruyan". Si el Primer Mandatario tiene esta convicción, lo que le corresponde es ser consecuente con lo que ha dicho antes en el Senado de la República. Hablando en esta Corporación -extraigo la cita de la página 116 de su libro "Pensamiento y Acción"-, dijo: "Señor Presidente, es un hecho que el Parlamento legisla en concordancia con el Ejecutivo, el cual, en la mayor parte de los casos, es el que puede y debe tomar la iniciativa".
El Ejecutivo ha sido presto y ágil para describir una situación respecto del Fondo de Pensiones. No obstante, el señor Eduardo Frei -lamento personalizar, pero lo hago tan solo para representar al actual Gobierno, a su política -ha sido dúctil, porque en 1965 señaló cómo debía actuar un Ejecutivo frente a problemas que requerían legislación. Ahora nos encontramos con que todo esto que viene ocurriendo, las advertencias y autoadvertencias en cuanto a este asunto, no hacen sino condenar en forma más agravante a este Gobierno y no significan un atenuante para él. Sin embargo, el señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social, que recibió comunicaciones del Servicio de Seguro Social y del Superintendente de Seguridad Social, nada hizo, aun cuando, como hombre público, debe estar al tanto de lo que ocurre en el país, particularmente en los servicios dependientes o que tienen relación de dependencia con su Ministerio, como es el caso del Servicio de Seguro Social. En esta intervención me limito a rozar este problema jurídico, ya que el Diputado señor Schnake lo analizará verticalmente. ¡El señor Ministro ni siquiera recibió a los pensionados, señores Senadores! Sólo se preparó para cumplir la política de este Gobierno al respecto. Por eso ahora hay un juicio político.
De las propias palabras de la defensa del señor Ministro se desprenden algunas conclusiones que terminan condenándolo, porque, desde luego, partimos de la base de que el Fondo de Pensiones ha venido desfinanciándose inexorablemente.
Nadie acusa pensando que el dinero está en caja y no se ha querido simplemente cancelar el reajuste de los pensionados. Si así pensáramos, todos aquí estaríamos pidiendo cadena perpetua para el señor Ministro. El problema es que la culpa por el no pago es tanta cuanto dinero ha faltado para cubrir ese reajuste. De esa magnitud es la omisión insensible de un Gobierno que no buscó esos recursos, no obstante que se le venía la montaña encima. La culpa está en que no se resolvió un incordio humano gigantesco, no obstante las mil fórmulas que un Gobierno puede utilizar. No hubo destreza moral, ni iniciativa, ni pasión para emplear alguno de los multivariados expedientes que puede visualizar desde el inmejorable estrado gubernativo un hombre de Gobierno. ¿Por qué, en cambio, han podido imaginarse fórmulas de financiamiento las bancas parlamentarias?
La acusación es inobjetable, porque atrapa confeso al culpable a través de sus propios actos. En efecto, en la página 9 de su defensa enviada a la Comisión de la Cámara sorteada para estudiar la acusación, el Ministro acusado reconoció: "Personalmente, no asistí a la reunión del Consejo en que se acordó pagar durante el año 1969, sólo el 15% del reajuste. Aunque comparto totalmente tal medida, por las razones en que se fundó. Por otra parte, adoptado o no el acuerdo, el resultado habría sido idéntico, pues se acordó pagar la totalidad de cuanto se podía".
He aquí un párrafo decisorio en contra del señor Ministro y del Gobierno. El no asistió a esa reunión del Consejo del Servicio de Seguro Social. En realidad, en general no concurre a esas sesiones ni a ninguna de las que celebran los institutos previsionales que le corresponde presidir como Ministro del Trabajo, no obstante -moralmente no puedo callármelo- cobra mensualmente el cheque por la renta asignada al presidente del Consejo, equivalente en cada institución en que lo percibe, a cerca de tres pensiones mínimas mensuales del Servicio de Seguro Social, y que representa diez cuotas de las que se adeudan a cada uno de los pensionados de esa entidad. El señor Ministro no asiste, aunque, siguiendo su propia tesis, se "relaciona" con el Servicio de Seguro Social para estos efectos. Sin embargo, el incumplimiento de la ley y el pago de sólo 15% del reajuste no dependen de él, pero los comparte "por las razones en que se fundó". Esto quiere decir que el Gobierno y el Ministro no atisbaron ninguna solución ni quisieron buscarla para cumplir un imperativo mandato legal, porque según dicen, se pagó la totalidad de cuanto se podía. Ello no es efectivo: se canceló la totalidad de cuanto se quería pagar, ya que se podía pagar lo que la ley mandaba. Allí está la realidad, prueba suprema de la verdad, para testimoniar como agravante, y no como atenuante, en contra del Ministro.
Es verdad que en 24 horas se dictó la ley Nº 17.290, cuya idea conocía el Ejecutivo, desde que se presentó como moción en la Cámara de Diputados el 24 de junio de 1968 y que su aplicación permitirá pagar el total del reajuste de 1969 a los pensionados. Pero ¿por qué 24 horas después de presentada la acusación constitucional se encontraron los recursos para cancelar la totalidad del reajuste establecido en la ley? ¿Por qué en la referida sesión del Consejo del Servicio de Seguro Social, en la que se trataría una materia trascendental y definitoria para la calificación humana y social de un Gobierno, cuyo desenlace afectaría a 341.000 de los más pobres y anhelantes chilenos, a la cual el señor Ministro del Trabajo, renuente a sus deberes, no concurriera para "relacionar" a todos los personeros de Gobierno de dicho Consejo en torno no de una política fatal e inmovilista, de incumplimiento de la ley y de trasgresión a todo humanismo cristiano, sino de una actitud consecuente con lo que pregonara como el idealismo social de toda su vida, se acordó pagar sólo 15% y burlar 17,2% del reajuste? ¿Por qué adoptar tal resolución, en circunstancias de que la realidad castiga en forma demoledora al Ministro, sacudiéndolo en su violencia, diciéndole que era posible encontrar recursos, que no es cierto que se pagó todo lo que se podía pagar? ¿Por qué, si la lógica irredargüible de los hechos es inmisericorde y enfatiza que resulta mediocre, inexplicable y condenatoria una defensa escudada en que "a lo imposible nadie está obligado", ya que nadie lo ha estimado un titán colosal capaz de los trabajos de Hércules, ni lo ha invitado a lo imposible, sino que se lo acusa de desidia y omisión culpables ante un imperativo legal de cumplimiento perfectamente factible, aunque de exigencia laboriosa y apasionada?
En el párrafo a que me refiero, el señor Ministro dice que compartió la medida de pagar sólo 15% "por las razones en que se fundó". ¿En qué razones se basó la medida? Como lo hemos demostrado, en muy franciscanas razones, de las que sobresale una que después se ha tornado obsesiva para el Gobierno: la de hacer abortar, malograr, ultimar la conquista social que entraña para modestos chilenos el artículo 47 de la ley Nº 10.383.
En el mismo párrafo de la defensa del señor Ministro -tan sólo de cinco líneas-, aparece otra falacia: "Por otra parte, adoptado o no el acuerdo, el resultado habría sido idéntico." No, señor. Todo demuestra que si en lugar de ese torpe y despiadado acuerdo se hubiera cancelado desde enero de 1969 la totalidad del 32,5% del reajuste que la ley establece, los fondos habrían alcanzado a cubrir 6 meses de reajuste, pudiéndose entretanto obtener el despacho de la ley para financiar el resto del año, lo cual, para condena del señor Ministro, se acaba de lograr sólo en 24 horas, en cuanto el Gobierno permitió legislar al Parlamento.
La actitud de incluir en la Convocatoria el proyecto para financiar el Fondo de Pensiones, y retirarlo de ella, es un tenebroso episodio conocido sobradamente por la Cámara, el Senado, los pensionados afectos a la ley Nº 10.383 y por la opinión pública de Chile. En consecuencia, no es efectivo que "adoptado o no el acuerdo, el resultado habría sido idéntico", como antojadizamente afirma el señor Ministro.
No oculto que siento multiplicarse en mí mismo una suerte de rebeldía, de indignación pública, que tenemos aquí la obligación de representar a los señores Senadores, al no poder soslayar el cálculo de los dineros que hasta ahora ha perdido el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, ya que debido a la indiferencia gubernativa, la ley 17.290, recién despachada, no está rindiendo sus frutos desde hace más de un año. Es la misma indignación que produce el recuerdo del "recorte" que se hizo al completar el pago del reajuste de las pensiones correspondientes a 1969 con una desvalorización monetaria irritante, que, de acuerdo con los propios guarismos estadísticos oficiales, sólo al 31 de diciembre del año pasado significaba 29,3% de disminución real respecto de valores de suyo miserables. Y esto sin considerar la brutal inflación que los pensionados siguen sufriendo, al conjuro odioso de alzas que ahora mismo, en estos primeros meses de 1970, se descargan espantosamente sobre las modestas mesas familiares chilenas, marcando el fracaso de un sistema socio-económico que jibarizó fuertemente la capacidad adquisitiva de cientos de miles de pensionados, lo cual, a su vez, incidió drásticamente en el comercio, la industria nacional y la dinamización de la vida económica general del país.
El señor Ministro podría aducir aquí -ya lo ha hecho en la Cámara de Diputados- que existen otros responsables. De hecho, al conjuro de "artilugios" y legalismos inaceptables, pretende hacer recaer la culpabilidad en el Consejo del Servicio de Seguro Social, que preside la señorita Mercedes Ezquerra, basado en el hecho de que dicho Servicio no dependería de su Ministerio. Pero esto se asemeja al caso del delincuente común detrás de quien se acusa el mal ejemplo de algún mal padre, el recuerdo traumatizante de algún mal maestro o la acción refleja de una sociedad injusta y corrupta que, en fin de cuentas, contribuyó al desarrollo malogrado de la personalidad de ese individuo. No puede el señor Ministro tratar de hacer un paralelo con el ejemplo que señalo para pretender aducir que en el problema en debate habría otros culpables y responsables.
Respecto de la relación de dependencia del Servicio de Seguro Social con el Ejecutivo, intervendrá en esta oportunidad el Diputado señor Schnake.
Si se pretende atenuar o empañar el contenido de esta acusación constitucional confundiendo el problema que la originó con un problema general del Servicio de Seguro Social inserto en una crisis de la seguridad social chilena, de la que mucho se habla pero frente a la cual nada se hace; si se pretende decir que estamos ante un drama un poco fatal, ante un callejón sin salida en el actual esquema, debo replicar que la situación tenía una salida. La tuvo desde 1965, cuando ya el Fondo de Pensiones se encontraba desfinanciado y se tomaron las medidas del caso. El problema es otro: ahora el Ejecutivo quiere ponerse duro. El Ministro de Hacienda, que debe acaudillar la política de aquél en cuanto a la vida económica del país; el partido de Gobierno -hecho que molesta bastante a ciertos parlamentarios con quienes uno conversa en los ascensores y en los pasillos, y que manifiestan su desacuerdo por esta tropelía humana que comete su Gobierno-; en fin, el conjunto del aparato estatal, pretende mantener una política continuista respecto de la situación de los pensionados y está dispuesto a poner una cara muy dura, a pasar por este trago amargo -con lo cual harán un muy flaco servicio a su candidato presidencial-, para, de una vez por todas, meterle el diente al artículo 47 de la ley Nº 10.383. Con reiteración se propone que los pensionados obtengan sólo el reajuste correspondiente al aumento del costo de la vida, en circunstancias de que ese sector se rige por un sistema que, como ha quedado en claro, constituye una legítima y justa conquista.
Como señalaba hace un instante, a nuestro juicio el problema tenía solución, inclusive en el cuadro actual, en la situación vigente. En efecto, basta considerar la evasión en el pago de imposiciones del sector patronal, que alcanza a mil millones de escudos, y el traspaso de fondos a la Corporación de la Vivienda, que asciende a 35 millones de escudos. Sobre este particular, cabe mencionar un caso, que conozco muy bien: el del pensionado Manuel Muñoz Suárez, quien debe integrar un dividendo de 160 escudos mensuales por la casa que se le asignó, en circunstancias de que su pensión alcanza a sólo 230 escudos al mes. Estos 35 millones, que es dinero de los imponentes, deberían servir para beneficiarlos a ellos, a Manuel Muñoz Suárez, quien durante mucho tiempo estuvo entregando parte de su salario al Servicio, dinero que ahora se emplea en construir casas que no están a su alcance, lo que constituye otro drama para esta persona.
También debemos tener en cuenta la deuda del Fisco para con el Servicio de Seguro Social, que al 31 de diciembre de 1968 se elevaba a la cantidad de 33 millones de escudos. ¿Saben Sus Señorías cuánto adeuda ahora el Estado al instituto previsional? ¡Setenta y tres millones de escudos!
Según afirma la Superintendencia de Seguridad Social, los recursos necesarios para pagar la totalidad del reajuste, el 32,7% en lugar del 15%, ascendían a 120 millones de escudos. Y el señor Ministro rasga sus vestiduras y dice: "Pero, ¿qué querían ustedes? ¿Que yo hiciera traspasos ilegales de fondos, que malversara dineros fiscales?". No, queríamos que pagara lo que le correspondía pagar como hombre de Gobierno; que el señor Ministro de Hacienda, quien aparece tan superhombre para formular declaraciones en contra de los pensionados del Servicio de Seguro Social, que ahora desea proponer que el pago del reajuste correspondiente a 1969 se efectúe en dos cuotas, la última en noviembre de 1970 -calculen Sus Señorías el problema que se va a crear, si el reajuste de acuerdo con el promedio de salarios de subsidio para estos pensionados alcanzará a 45% en el año en curso-;hubiera buscado los fondos necesarios para cancelar la deuda que el Fisco mantiene con el Servicio.
Los señores Ministros del Trabajo y de Hacienda arguyen que si hubiera habido malversación de fondos, los políticos de Oposición estaríamos quejándonos en contra del Gobierno. Pero nadie le pedía al señor Ministro malversar fondos. Con el dinero disponible, con el que se pagó el 15% de reajuste, como lo he demostrado, pudo haberse cubierto el pago del reajuste total durante los primeros seis meses. Y si el Fisco, el Gobierno al que pertenece el señor Ministro hubiera tenido agilidad, destreza y pasión como para haber ido donde el señor Ministro de Hacienda para promover escándalo público y lograr recursos para cancelar los 73 millones de deuda al Servicio, el problema no se habría producido.
Es por este tipo de omisiones culpables, por esta negligencia e indolencia, que hemos debido plantear esta situación ante la opinión nacional; simplemente para rendir homenaje a estos trabajadores que deben sentirse identificados, representados por nuestra actitud de presentar esta acusación constitucional.
Nosotros no somos aparecidos de última hora en la defensa de los pensionados. Hemos estado permanentemente en la protección de sus derechos. Ya en 1962 ganamos un célebre juicio de los pensionados en contra del Servicio de Seguro Social, durante la Administración del señor Alessandri, quien también quiso escamotear 10% de las miserables pensiones. Ese juicio fue defendido por la abogada comunista Graciela Alvarez, quien, con los honorarios que le correspondían en el litigio -repito lo que señalé en la Cámara de Diputados-, compró la casa de la calle Chiloé 1333, aquí en Santiago, que luego regaló a la Asociación Nacional de Pensionados del Servicio de Seguro Social. Por eso digo que no somos aparecidos de último hora en la lucha por la defensa de las conquistas de este sector de la clase obrera chilena.
Los partidos de la Unidad Popular - los Partidos Socialista, Radical, Social Demócrata, el Movimiento Acción Popular Unitaria y la Acción Popular Independiente- nos hemos resuelto a presentar esta acusación constitucional para utilizar un resorte parlamentario y ponerlo al servicio de los pensionados de ese instituto previsional. Por este motivo, venimos a pedir al Senado de la República que apruebe la acusación en contra del Ministro del Trabajo y Previsión Social.
Debemos aclarar que toda personalización en que hayamos incurrido obedece a que la naturaleza del planteamiento nos ha obligado a hacerla. Condenamos al señor León no como persona, sino como Ministro del Trabajo, como exponente y representante de una política que deseamos enjuiciar. Este es el problema. No esta en nuestro ánimo derribar al Ministro éste o hacer caer al Ministro aquél. No es ésa nuestra línea. Buscamos la solución de un problema. Estamos felices de que a raíz de haberse planteado esta acusación se haya logrado la dictación de la ley que financia el Fondo de Pensiones. Pero ante la negativa del Gobierno a consignar los dineros que deben ingresar ahora, y debieron ingresar ayer, a los bolsillos de los trabajadores, insistimos en llevar adelante esta acusación. Deseamos para ella el mejor, el más moral y más humanista de los desenlaces. No obstante, sea cual fuere su suerte definitiva, nuestra lucha es para dejar esclarecida, por razones de pedagogía social, nuestros postulados, nuestras querencias, las cosas por las cuales actuamos en la vida política de este país.
He dicho.
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