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- rdf:value = " El señor PABLO (Presidente).-r
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, votaremos favorablemente el artículo nuevo.
Procedemos así considerando la grave situación económica que se crearía, en especial en el departamento de Arica, después del 26 de octubre del año en curso, ya que si no se prorroga el plazo nos encontraríamos con un problema bastante serio debido a la cesantía de los trabajadores de algunas industrias automotrices.
Estimamos excesivo el plazo de dos años, por considerar que debe ser responsabilidad del próximo Gobierno la fijación de las condiciones y de la política por seguir en una actividad tan importante para nuestra economía como es la industria automotriz. Las pocas fábricas de vehículos motorizados que quedan en el departamento de Arica no podrían continuar sus actividades, lo que originaría, repito, la cesantía de su personal.
Conviene hacer presente en esta ocasión nuestra protesta por la infeliz política seguida por la Comisión Automotriz de la Corporación de Fomento, que, tras favorecer a dos empresas poderosas, pretende eliminar a otras industrias en desarrollo.
El país conoce las denuncias fundadas que se han hecho • con relación al fraude cometido por la Ford Motor Company en contra del interés nacional. Sorprendida esa empresa internando partes y piezas sin pagar los derechos aduaneros, se estableció que por ese concepto la Ford Motor Company había burlado al país impuestos por valor de 7 millones de dólares, según la denuncia documentada del ex funcionario de la Comisión Automotriz, Gastón Le Beuffe, destituido precisamente por defender los intereses nacionales. Si a la cantidad defraudada por esa compañía agregamos lo que correspondería pagar por multas y recargos, el fraude alcanza a 21 millones de dólares.
La Ford Motor Company y la General Motors son dos empresas regalonas del Gobierno, y la política de la Comisión Automotriz de la CORFO está encaminada casi en forma exclusiva a favorecer a esas dos empresas, perjudicando o tratando de liquidar a otras industrias más pequeñas.
Un hecho revela nuestra afirmación, Durante los años 1968, 1969 y 1970, la Comisión Automotriz fijó en 58% la integración de partes y piezas nacionales. Había comenzado esta exigencia con 25% el año 1962, a raíz de la dictación de la ley 12.919 y del decreto 835. Cada año, después de 1962, el porcentaje de integración aumentaba en 5%, considerando la capacidad de la industria complementaria nacional para abastecer de partes y piezas a la industria matriz. Pues bien, esa Comisión fijó para 1971 un porcentaje de integración de 70%, a sabiendas de que el resto de las industrias automotrices, con excepción de la Ford y de la General Motors, no podrán cumplirla, no por falta de interés en llegar a una meta de integración mayor, sino porque no hay capacidad en la industria complementaria nacional para abastecer de las partes y piezas necesarias para cumplirla.
¿Cuál es la fórmula que la Comisión Automotriz pretende aplicar en 1971 para exigir ese 70%? Una muy sencilla, pero muy lesiva también para el verdadero desarrollo económico de una industria nacional tan importante como la automotriz. Se permitirá a la Ford y a la General Motors que cumplan esa integración utilizando partes y piezas elaboradas por sus subsidiarias en Argentina, Brasil y otros países de la ALALC, internadas libres de derechos y de todo gravamen y consideradas, para los efectos de dicha integración, como partes y piezas nacionales.
Todos sabemos que traer esas partes y piezas por intercambio de ALALC representa para nuestro país, primero, limitar el desarrollo de nuestra industria complementaria de partes y piezas, que en algunos años puede adquirir extraordinaria importancia si se aplica una política realista y patriótica en la zona; y segundo, subvencionar a las industrias extranjeras productoras de partes y piezas con un desembolso de divisas atentatorio para nuestra economía, ya que este intercambio representa para Chile pagar tres veces el valor de las fabricadas en nuestro país. Y hay que pagarlas en dólares.
El porcentaje de 70% de integración exigido para 1971 por la Comisión Automotriz es superior al establecido en países como Colombia, Venezuela y Méjico, donde el desarrollo de esta industria es más avanzado que el nuestro, porque tiene más años de perfeccionamiento, de práctica y de experiencia. Venezuela y Colombia, por ejemplo, exigen 30% de integración, y Méjico, que tiene el desarrollo integral de esa industria, establece sólo 65%.
Estimamos que el Gobierno debe recapacitar en esta política. Solicito al señor Ministro de Economía, presente en la Sala, ordenar una revisión de los acuerdos de la Comisión Automotriz. Además, solicito entregar los antecedentes expuestos al Contralor, para que inicie una investigación de la denuncia formulada contra la Ford Motor Company, por el cuantioso fraude hecho al erario.
Nada más, señor Presidente.
"
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