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- rdf:value = " El señor IBAÑEZ.-
Pido la palabra para fundar el voto.
Intervengo en esta oportunidad, en nombre de los Senadores de estas bancas, para formular consideraciones de orden general relativas a todo el articulado del proyecto en debate.
Con ocasión de la respuesta que dimos en la Sala a la exposición sobre la hacienda pública del Ministro del ramo, reiteramos que era absolutamente necesario que todas las iniciativas que configuran el Presupuesto General de la Nación se trataran en conjunto, a fin de tener una visión exacta de la situación fiscal y, mediante ella, conocer claramente la política del nuevo Gobierno.
Sostuve que era fundamental estudiar en conjunto, dentro de esa consideración de orden general, no sólo el Presupuesto de la Nación, sino también el- oficio enmendatorio enviado por el nuevo Gobierno, el oficio final que el Ministro anunciaba y el proyecto de reajustes, ya que, al fin y al cabo, esta última iniciativa es parte integrante y muy principal del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación.
En respuesta a tal planteamiento, el señor Ministro entregó cifras más o menos globales de lo que representaban todas estas iniciativas, y que en total configuraban un Presupuesto de alrededor de 35 mil millones de escudos, en circunstancias de que el de 1970 llegó a 20 mil millones de escudos.
En la forma en que lo presentó el Gobierno, el Presupuesto tenía un déficit que podía estimarse en unos 12 mil millones de escudos, cantidad que, de acuerdo con las iniciativas gubernativas, se solventaba, más o menos, con unos 7 mil millones de escudos correspondientes a emisión y unos 4 mil millones de escudos de nuevos impuestos.
Nosotros sostuvimos que era fundamental asegurar los fondos necesarios para pagar el reajuste de remuneraciones a los funcionarios del sector público, y que la única manera de obtener esa seguridad consistía en rebajar el Presupuesto sometido a nuestra consideración en un monto equivalente al saldo no financiado del reajuste, rubro estimado por el señor Ministro de Hacienda en 3.500 millones de escudos aproximadamente.
Ha sido costumbre en este tipo de iniciativas, y no sólo de este Gobierno, incluir todos los programas propios de la política del Gobierno en el Presupuesto oficial de la Nación, debidamente financiados con los tributos existentes, y, en seguida, enviar la ley de reajustes desfinanciada y con proposiciones de nuevos impuestos, en la confianza de que el Congreso se verá obligado a aprobarlos por la presión de los funcionarios públicos.
Esta situación, que considero anómala e inconveniente, la hice presente en el curso de los debates de la Comisión Mixta. Por eso, a pesar de que participamos de los mismos propósitos que inspiran a la Unidad Popular en cuanto a realizar programas de desarrollo económico y social, formulamos una reserva expresa en el sentido de que, antes de aprobar dichos programas, era necesario asegurar el financiamiento de los reajustes, y que tales programas los consideraríamos con el mayor agrado en leyes separadas y debidamente financiadas, porque -y con esto deseo terminar- nuestra posición, ante la obligatoriedad de encontrar recursos para pagar los reajustes, es que no pueden establecerse tributos que produzcan un trastorno grave en la marcha de la economía del país, con paralización de la actividad económica y, en definitiva, con una menor recaudación de impuestos, en lugar de obtenerse mayores ingresos, que es la meta perseguida al imponer nuevos gravámenes o al elevar las tasas de los existentes.
Por estas consideraciones, los parlamentarios del Partido Nacional votamos en contra de algunas partidas del Presupuesto en la Cámara y lo haremos nuevamente en el Senado.
Somos muy consecuentes y queremos ser muy claros en nuestra posición en materia financiera. Procedimos de .igual manera cuando éramos Gobierno y cuando fuimos Oposición en la Administración del señor Frei, y actuaremos también del mismo modo frente al régimen actual.
Nos interesa financiar las labores esenciales del Estado, es decir, aquellas de las que no puede prescindirse. Somos partidarios de que el Estado cuente con los recursos para ello, pero sin provocar una expansión del proceso inflacionista, ni una reducción de las actividades económicas que agrave la cesantía, ya muy elevada en el país, tratando, en lo posible, de que mediante una mayor actividad económica se incremente la recaudación para el Estado. Conseguidas estas metas, estamos plenamente dispuestos a considerar cualquier otra iniciativa que signifique un efectivo desarrollo económico y social para el país.
Por estas razones, quiero anunciar -para no hacer uso de la palabra durante el resto del debate- que, cuando llegue el momento, votaremos en contra de diversas disposiciones y glosas del proyecto. Obraremos de ese modo a fin de qué haya recursos disponibles para financiar los reajustes y pagar debidamente a los servidores públicos.
"
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