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- rdf:value = " El señor GARCIA,-SeñorPresidente, me he sentido en la obligación cívica dehacerme cargo, de hacerme eco del clamor de la opinión pública, conmovida por los sucesos ocurridos en la provincia de "Cautín como consecuencia dé la ocupación ilegal de numerosos predios, por los actos violentos que se han producido entre sus propietarios y los usurpadores ilegales y, en especial, por la sensación de desamparo y absoluta indefensión en que se encuentran aquellos ciudadanos que, despojados de sus propiedades por hechos de fuerza, no encuentran auxilio de la autoridad ni de la fuerza pública para hacer respetar sus derechos, y que, si se defienden, en una acción absolutamente legal y legítima, son acusados de sediciosos, encarcelados y víctimas de toda una campaña de desprestigio dirigida por la prensa izquierdista, cuya capacidad para mentir y denigrar es conocida de todo el país.Cuando con motivo de la reciente campaña presidencial se destacaron, en una campaña que fue llamada "del terror", los peligros que acechaban a los ciudadanos de instaurarse en el país un régimen controlado por los comunistas, jamás se pudo imaginar que a tan breve plazo estaríamos presenciando acontecimientos como los ocurridos en estos días en la provincia de Cautín.
Porque lo que sucede, señor Presidente, es algo muy simple a la vez que muy dramático: cualquier agricultor, propietario de un predio de 3, 5, 20 ó 100 hectáreas, es expulsado de su propiedad por grupos de individuos que ni siquiera viven en el lugar, es echado al camino, debiendo dejar casa y pertenencias familiares abandonadas. Recurre a la autoridad, quien le expresa que nada puede hacer, porque primero tiene que persuadir a los usurpadores de su predio de que lo abandonen. Se le niega el uso de la fuerza pública para recuperar sus propiedades. Si esa persona se defiende de los asaltantes, es tomada presa e incomunicada. Si trata de recuperar a plena luz del día su casa, es acusada de sediciosa, llevada a los tribunales, y se la hace víctima de toda clase de acusaciones. O sea, en resumen, lo ocurrido en la provincia de Cautín demuestra que es suficiente que un grupo de individuos se reúnan, aleguen que no tienen casas ni tierras, asalten a un propietario, lo echen por la fuerza, para que este individuo quede convertido en un paria, a quien no se respeta el derecho a vivir en paz, ni a poseer un bien raíz, ni a defenderse si es agredido.
Y no se venga a decir acá que se trata de latifundistas, poseedores de miles de hectáreas de terrenos, o de personas que mantienen conflictos sociales o legales con sus trabajadores, o que tengan sus tierras abandonadas. No. Se trata de pequeños propietarios o parceleros, dueños de extensiones de 10, 20 ó 50 hectáreas, gente modesta en su gran mayoría, que vive de su trabajo y que no tiene más recursos' que los que le proporciona su pequeña propiedad.
También a propietarios grandes le, ha ocurrido lo mismo, con mayor gravedad. Por ejemplo, el fundo Car raneo, de los hermanos Echavarri; el fundo Neltume, de la Sociedad Maderera Neltume; el fundo Carimiñe, de don Carlos Tiznado; y el fundo de la Sociedad Maderera Kunstmann. En todas estas propiedades, que son fundos madereros y están en la frontera con Argentina, los ocupantes se han apoderado de las maderas, de los animales, de los equipos y de todos los aperos allí existentes. Y allí tampoco los afectados han encontrado el auxilio de la fuerza pública.
A ese ciudadano tan vilipendiado por la prensa, a quien se ha acusado de sedicioso y de lanzarse en contra del Estado, el señor Landaretche, que cuando dormía; en su casa junto a su cónyuge-y a un hijo, y que además tenía una visita, lo asaltó un grupo que, luego de hacer vestirse a los moradores de esa vivienda, los echó fuera de ella. Por este motivo, debieron trasladarse hasta Carahue, para tratar, en horas de la noche, de encontrar amparo frente a la poblada, al ataque de cuarenta o cincuenta personas. Y cuando encontró quien lo defendiera, cuando volvió en la madrugada con un grupo de personas para contener el saqueo de que era víctima su casa, ese ciudadano fue incomunicado.
¡Estas son las personas que están en la cárcel, por tratar de defender lo que era suyo!
Si durante la "campaña del terror" se hubiera puesto un cartel que anunciara que esto iba a ocurrir, ¡qué cosas se habrían dicho! Se habría sostenido que se estaba inventando lo que iba a suceder; que el Gobierno de Izquierda se sometería a la ley y a los procedimientos legales, y que no debía existir el mínimo temor.
Esto tiene que llegar hasta la opinión pública, pues se empieza por los que tienen grandes propiedades y se termina con cualquiera, porque, cuando se conculca la ley, ya no existe más poder que el de la fuerza y sólo resta volver a la ley de la selva, según la cual sobrevive únicamente quien es capaz de hacerlo.
Eso es lo que estoy denunciando en este momento. Creo que ha llegado la hora en que el Gobierno debe poner orden.
Hemos protestado enérgicamente contra estos hechos. Lo hacemos hoy en el Senado, tal como lo hicieron ayer en la Cámara los Diputados nacionales que representan a la provincia de Cautín y como lo hizo mi partido mediante una declaración pública que apareció en los diarios de esta mañana.
Esos Diputados señalaron la totalidad de los casos y proporcionaron todo tipo de antecedentes, algunos de los cuales revestían tal gravedad, que la Sala de la Cámara debió constituirse en sesión secreta.
El Gobierno ha enfrentado esta situación echando mano a un procedimiento respetable, pero absolutamente ineficaz: la persuasión.
No se diga que es un método moderno. Recuerdo los reglamentos de policía existentes en 1820 o en 1826, y también algunos reglamentos que inclusive se quiso incorporar a las Cartas Constitucionales de esa época, en los cuales se decía lo mismo: "antes que la fuerza pública actúe, tendrá que persuadir". Y hemos visto a lo largo de los años que, por desgracia, en ningún país del mundo se ha llegado todavía al hecho de que quien ataca a otro deba ser persuadido para no hacerlo. Para eso está la fuerza pública, que debe resguardar los derechos de todos los ciudadanos.
Su Excelencia el Presidente de la República viajó a Cautín hace algunos días, y conminó a la ciudadanía de esa provincia a cesar en la repetición de esos hechos de fuerza absolutamente ilegales. Expresó que el Gobierno profundizaría la reforma agraria y que expropiaría los fundos que, de acuerdo con la ley, debieran expropiarse. Pero advirtió que las ocupaciones ilegales de terrenos, poblaciones, casas o predios agrícolas no eran el procedimiento indicado para obtener las verdaderas expropiaciones.
Después de la visita del Presidente Allende y luego de sus palabras, recrudecieron las ocupaciones, desarrollándose un plan perfectamente coordinado, denunciado por el propio Gobierno.
Debo destacar que hasta hace seis días, las "tomas" eran 62; hoy día deben de ser más de 70.
El señor Ministro del Interior y el Intendente de la provincia han mantenido la actitud de persuadir a los usurpadores, sin obtener resultados positivos. Más aún, el propio señor Intendente, que llegó en misión de conciliación y de buena voluntad hasta un predio ocupado, no fue recibido, y pudo comprobar personalmente la existencia de una verdadera milicia armada -con carpas, estandartes, uniformes y armas- que montaba guardia para impedir la entrada de cualquier autoridad o particular, inclusive de la fuerza pública.
Mientras tanto se encarcelaba a los propietarios que se defendieron; se los incomunicaba y procesaba por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado, acusados de sediciosos y de mantener armas ocultas.
Hemos visto las fotografías de las armas. En todo predio lejano, donde no puede llegar la fuerza pública oportunamente, desde tiempos inmemoriales ha habido escopetas y rifles: unas, incluso, para las labores de caza; otras, para las de vigilancia. Hoy día eso significa sedición. Y el propio Director de Investigaciones, luego de examinar los armamentos encontrados en Cautín, ha dicho que son los que normalmente hay en toda casa de fundo y que sólo a algunos les faltaba la inscripción que, si no recuerdo mal, en conformidad a la ley, el Ejército de nuestro país registra en una especie de libro o archivo.
- Pues bien, estos acontecimientos han superado la buena voluntad del Gobierno y revelado el verdadero móvil político de los ocupantes y de quienes los instigan, hasta obligar al señor Ministro a declarar que aplicará la ley y que se actuará de acuerdo con las instrucciones que imparta la autoridad judicial competente.
Celebramos la nueva actitud del señor Ministro del Interior, pues revela que por fin se respetará la ley y se procederá como debía haberse hecho desde el primer momento. De igual manera, comentamos favorablemente la resolución del señor Intendente de Cautín, quien, mediante el decreto 282 de la Intendencia a su cargo, ha expresado que se sancionará legalmente a quienes aparezcan como culpables de los delitos de usurpación de tierras, de ocupación indebida de predios urbanos y rurales".
El país necesitaba una demostración, no de abuso de autoridad a través de la fuerza, sino de respeto a la ley, aplicándola sin discriminaciones a quienes la violaran. Sólo a través del orden, de la pacificación social, se puede traer confianza al país, lo que permitirá asegurar a todos los ciudadanos que se respetarán sus derechos y que podrán trabajar y vivir en paz y libertad.
El Partido Nacional permanecerá atento al cumplimiento por parte del Gobierno de su obligación de dirigir al país y de gobernar sin exclusivismos. Expresamos, al discutirse la reforma constitucional última, que nada obtendríamos con incorporar al texto de la ley mayores garantías individuales si no existiera previamente el ánimo declarado de la autoridad de hacerla aplicar. Hemos mantenido silencio durante todo este tiempo para no aparecer como críticos de las labores de una Administración recién iniciada, y con el objeto de no juzgar intenciones ni programas. Esperábamos tranquilos que se definiera la política del Gobierno ante estos hechos. Sin embargo, considerando la gravedad de los sucesos ocurridos en la provincia de Cautín, hemos creído necesario romper nuestro silencio, no sólo por ser injustificado, sino, además, antipatriótico. Debemos revelar todo lo que está sucediendo, a fin de que se ponga coto cuanto antes a esta situación.
Pero debo señalar algo más grave todavía que las ocupaciones.
Hoy día, cuando se produce un conflicto social, promovido a veces por personas que nada tienen que ver dentro de los predios agrícolas, se nombra un interventor. Este se limita a contratar a un gran número de personas, los ocupantes, distintos de los trabajadores del fundo. Por lo tanto, el dueño, en virtud de lo obrado por el interventor, en el uso de la representación que de él tiene -que a mi juicio es ilegal-, se encuentra en algunas oportunidades con que el número de sus trabajadores ha aumentado dos o tres veces. Esta situación, inevitablemente, lo lleva a la quiebra y a la cesación de pagos. Entonces, aparte incapacitarse al propietario para seguir trabajando su tierra, se imposibilita la realización de toda reforma agraria, porque el organismo encargado de llevar adelante un proceso de esa índole se encuentra en todos los campos con un número tan elevado de personas, que por su cuenta, para continuar los trabajos, debe comenzar los despidos.
En consecuencia, adem��s de las ocupaciones ilegales y de las humillaciones que están sufriendo los propietarios, a quienes se los echa de sus casas a cualquier hora del día o de la noche sin encontrar amparo en las autoridades, sucede que cuando se aplica la ley es para nombrar interventores, quienes -seguramente con buen ánimo; otras veces con profunda ignorancia, y en algunas oportunidades hasta con mala fe- contratan tal cantidad de personas, que el dueño del fundo se ve imposibilitado de poder pagarles. Así lo condenan a corto plazo a no poder recibirse del fundo. Y en el último tiempo hemos visto que los dueños de predios en que ha terminado la intervención dicen: "No puedo volver, porque me encuentro con que donde antes tenía 15 trabajadores, ahora hay 50. ¿Cómo les voy a pagar? Prefiero no volver, y que siga la intervención". Entonces el interventor, que ya no tiene dinero para pagar, también abandona el predio y llama a la Corporación de Reforma Agraria. Y este organismo, ante el tremendo problema con que se encuentra, dice que ese fundo ya no interesa para hacer una reforma, porque hay demasiada gente.
Esta no es política de ninguna especie. Simplemente, se pretende llevar el caos a los campos. Y cuando esta situación se produzca en los períodos de cosechas y en ningún predio se puedan recoger los productos de la tierra; cuando comience el hambre en las ciudades, no faltará quien diga que se trata de una represión de las fuerzas reaccionarias o alguien que publique en todos los diarios que esos sectores se han confabulado para no producir. Entonces al pobre hombre a quien han quitado todo; a quien han privado de sus medios de susbsistencia, porque no sabe trabajar sino su propia tierra; a quien han despojado de su casa y sus pertenencias, encima lo aplastan con la humillación y lo llaman sedicioso, reaccionario, enemigo del pueblo. Y si por último, desesperado, abandona a Chile, lo tildan de antipatriota, de cobarde.
Creo que jamás a un grupo de ciudadanos chilenos se ha sometido a torturas similares a las que están sufriendo en estos momentos los agricultores de nuestro país.
Por eso, nuestro partido ha actuado bien al seguir la línea que se propuso -y se dijo aquí en el Senado-: no nos adelantamos a hacer oposición; no estamos oponiéndonos a las personas por lo que son o por lo que hayan dicho antes; haremos oposición por lo que estén haciendo como Gobierno. Y en este momento, repito, no hemos podido guardar silencio.
El Partido Nacional, por ese motivo, hizo una declaración en que expresa, entre otras cosas:
"Su categórico rechazo a esta forma de presión política destinada a crear un clima de violencia y agitación social que justifique la ocupación arbitraria de predios, al margen de los procedimientos contemplados por disposiciones legales que hasta la fecha permanecen vigentes.
"El fracaso de la política de "persuasión" por parte del Gobierno, quien ha renunciado al uso de atribuciones jurídicas y administrativas que estaban en sus manos aplicar, como una manera efectiva de imponer el orden, respetar la autoridad y garantizar el legítimo derecho de los agricultores a ser amparados ante situaciones de fuerza organizadas por agitadores políticos y cuya acción aparece inspirada por claros móviles sediciosos.
"La opinión pública debe saber que estos ataques se han efectuado, en muchos casos, en contra de modestos propietarios y parceleros, los cuales se han visto despojados de sus bienes, lanzados al camino y en la más completa indefensión.
"El Partido Nacional estima indispensable una rápida clarificación de la política que en materia de reforma agraria aplicará el actual Gobierno y, especialmente, las autoridades del sector agropecuario. La utilización de la ley con un criterio justo, equitativo e igualitario no puede dar motivo a situaciones conflictivas. Debe quedar en claro, de una vez por todas, si se va a permitir la existencia de propietarios agrícolas y si éstos van a tener tranquilidad para explotar los predios cuya superficie se declare inexpropiable."
Es de esperar que a mis palabras se unan las de personaros de otros partidos políticos, porque a todos, sin excepción, nos conviene el mantenimiento del Derecho.
Estamos aquí porque existen leyes que nos permiten hacerlo, como asimismo hay leyes que nos dan atribuciones.
Cuando se comienza a derrumbar el edificio jurídico, se derrumba para todos. El año 1970 comenzó con un período de violencia, con asaltos a los bancos, que se llamaron "expropiaciones". Se ha asesinado a personas por distintos motivos, y esta ola de violencia ha llegado a casos tan graves como la muerte del General en Jefe del Ejército. Y si se mantiene ese camino, no sabemos lo que sucederá en el futuro. El señor Ministro del Interior, con todos los antecedentes que se le han dado, es quien puede decidir, en definitiva, qué destino tendrá Chile. Y es de esperar asimismo que, para la suerte de todos nosotros y para el destino de nuestro país, tome el único camino posible: cumplir estrictamente la ley.
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