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- rdf:value = " El señor MONARES.-
Señor Presidente, quería referirme, muy brevemente y en forma bastante concreta, a este proyecto, que ha presentado el Ejecutivo, tal como lo señala en su mensaje, a propósito de una situación que afectó a la secretaría del señor Presidente de la República, por estimarse que esa situación podría corregirse en el caso de que se hiciera pública la declaración tanto del impuesto a la renta como del impuesto patrimonial.
En torno de este proyecto, hemos escuchado la intervención del Diputado señor Palestro, que parece que ha confundido un poco las materias, porque lo que él expresó no tiene nada que ver con este proyecto.
En primer lugar, para despejar algunas cuestiones, es útil recordar que el Estado actualmente dispone de un conjunto de leyes que le permiten fiscalizar, por su propia voluntad, las declaraciones del impuesto patrimonial y del impuesto a la renta de todos los ciudadanos de este país. De tal manera, entonces, que no estamos negando ningún instrumento al Estado para realizar esta fiscalización.
Más aún, los parlamentarios tienen también facultad para solicitar, a través de la Dirección de Impuestos Internos, que se les haga envío de las declaraciones de impuestos de cualquier ciudadano de este país. De manera, entonces, que quedan perfectamente a salvo, tanto las atribuciones de que dispone el propio Servicio de Impuestos Internos como las que poseen los señores Parlamentarios, sean de Gobierno o sean de Oposición.
Por consiguiente, el problemas que estamos discutiendo en este momento no se relaciona con los bienes con los cuales los parlamentarios llegan a iniciar su período o con los que poseen al terminar, porque esta materia queda totalmente despejada, queda a un lado.
Si el señor Diputado estima que algún colega o algún Senador se ha enriquecido en el cargo, si tiene dudas acerca de la forma cómo se ha enriquecido, no tiene nada más que ir a la Oficina de Informaciones, enviar un oficio y consultar a la Dirección de Impuestos Internos sobre esta materia.
Por consiguiente, no hagamos escándalo para insinuar que se trata de ocultar algo, que los parlamentarios que estamos en contra de la idea de legislar en este proyecto queremos ocultar el conocimiento de estas materias, porque no es así.
Por lo tanto, señor Presidente, para, despejar esta materia, es útil insistir en que ni el Estado deja de tener los instrumentos actuales que le permiten, por propia iniciativa, fiscalizar las declaraciones de todos los contribuyentes, como tampoco-los parlamentarios dejan de tener la facultad de solicitar, a través de la Oficina de Informaciones de la Cámara, directamente a la Dirección de Impuestos Internos, los antecedentes relacionados con las declaraciones de impuestos de todas las personas de este país.
¿De qué se trata, en definitiva, entonces, señor Presidente No se trata de la situación particular de los parlamentarios. Se trata de un proyecto que afecta a todos los habitantes de este país. Y a nosotros nos parece que el propósito que hay aquí, y que no aparece en la redacción del proyecto, es tener algunos instrumentos de presión para ser utilizados en contra de aquellas personas que en un momento determinado no pudieran aparecer adictas al Ejecutivo...
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-
¿Me permite Ha llegado el término del Orden del Día.
Su Señoría puede continuar, hasta por cinco minutos, con cargo al tiempo establecido en el artículo 213 del Reglamento.
El señor KLEIN.-
¿Después se vota?
El señor MONARES-
Decía que a mí me parece que el objetivo fundamental de este proyecto es entregarle, en definitiva, a este Gobierno, al Gobierno de la Unidad Popular, instrumentos de presión destinados justamente a discriminar en torno de los ciudadanos, para que puedan mostrarse más o menos adictos, más o menos asequibles a las presiones que pueda ejercer el Gobierno.
Personalmente he visto la declaración, por escrito, de una persona que fue llamada por el Servicio de Investigaciones Tributarias de Impuestos Internos, para que declarara si era cierto o no que había adquirido acciones de la Papelera de Puente Alto, en los momentos en que el Gobierno pretendía comprar esas acciones para el Estado. Y a través, entonces, de la conversación, muy hábilmente llevada, se quería presionar a esta persona, haciéndole mención de su declaración de impuestos, para que dijera por qué las había comprado, cómo las había comprado y si estaría dispuesta a vendérselas al Estado. Esa es la verdadera razón y no otra.
La situación que afectaba a la secretaria del señor Presidente de la República no tiene ninguna relación concreta con el proyecto. Aquí se hizo la denuncia de que esta persona, la secretaria del Presidente de la República, tenía en su patrimonio un número de vehículos cercano a los 30. Posteriormente, la Comisión Investigadora comprobó que este número alcanzaba a 28 vehículos, que en un momento determinado figuraron a su nombre y, por consiguiente, estaban en su patrimonio. Se hizo la consulta correspondiente a Impuestos Internos, para saber si estos vehículos habían pagado los impuestos correspondientes o no. De modo que este problema no tiene ninguna relación con el proyecto. A lo sumo, en el caso de que la idea de legislar sobre este proyecto se hubiera aprobado, habría permitido conocer mucho antes esta situación.
Pero deducir ahora, de esta situación, de que es necesario que todos los habitantes, contribuyentes, de este país tengan que hacer una declaración y que ella, posteriormente, tenga que ser publicada, para que cualquier persona pueda solicitar la investigación, nos parece que no corresponde, porque no existe absolutamente ninguna relación de causa a efecto. Absolutamente ninguna.
Por consiguiente, los parlamentarios de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea de legislar sobre este proyecto, porque estimamos que, en definitiva, solamente contribuye a entregar un elemento más para las presiones discriminatorias que el
Ejecutivo permanentemente hace en contra de ciudadanos que no se muestran adictos a las ideas del Gobierno de la Unidad Popular.
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