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- rdf:value = " El señor DIEZ.-
Señor Presidente, nuestra Constitución Política, al asegurar a todos los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos políticos, está entendiendo que en una democracia moderna este libre ejercicio es más nominal que real si las diversas corrientes de opinión no cuentan con los medios de comunicación de masas suficientes para hacer llegar su pensamiento a los distintos sectores de la opinión pública. Resulta, en consecuencia, absolutamente unido a una democracia establecida en la ley la necesidad de todo un aparato material que permita a las distintas corrientes de opinión llegar a todos los ciudadanos.
Nuestra Constitución Política, que así lo establece desde muy antiguo, ha incorporado por intermedio de la ley 17.398, de 9 de enero de 1971, lo que es el Estatuto de Garantías Constitucionales entre la Democracia Cristiana y el señor Allende, que el señor Allende no sólo se comprometiera a guardar y hacer guardar, en su calidad de Presidente de la República y por el juramento o promesa de estilo, sino que además contrajo, con la mayoría del Congreso Pleno que lo eligió, un personal compromiso que se ha visto violado en numerosas oportunidades.
Todo nuestro sistema constitucional actual, en vista de la modificación constitucional aludida, contempla una serie de garantías que no estaban en la antigua ley de Servicios Eléctricos ni en los reglamentos a que se ha dado lectura en esta Cámara; de manera que todas esas disposiciones legales aparecen derogadas de hecho por la dictación de una reforma constitucional posterior, y no sólo porque la ley es posterior, sino por el principio de la jerarquía constitucional, que prima sobre toda la legislación existente. Nuestra Constitución nos está garantizando a los partidos políticos el libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado. Esta garantía constitucional está siendo violada diaria y permanentemente por la Unidad Popular, porque en los medios de comunicación, ya sea canales de televisión y diarios que son de propiedad o están controlados por el Estado, los partidos políticos de Oposición no tienen libre acceso a ellos y, en consecuencia, se está violando esa disposición constitucional.
También se está violando la disposición constitucional agregada en la misma reforma que establece que queda garantizada la libre circulación, remisión y transmisión, por cualquier medio, de escritos, impresos y noticias, que no se opongan a la moral y a las buenas costumbres y sólo en virtud de una ley dictada en conformidad con el N° 12 del artículo 44, podrá restringirse el ejercicio de esta libertad. De manera que este Gobierno ha estado en permanente violación de los principios de nuestra Carta Fundamental, ha estado en violación de sus disposiciones y, sobre todo del espíritu central de la Constitución.
¿De qué manera este Gobierno ha estado tratando de suprimir la libre expresión de las fuerzas democráticas, de lo que nosotros seguimos gozando hoy, no gracias al Gobierno de la Unidad Popular, sino que pese a los esfuerzos de los partidos de la Unidad Popular? En materia de propaganda radial o de propaganda escrita, cada vez el Estado tiene más influencia en los medios económicos. Ya no son sólo los servicios públicos ahora lo son en proporción muy pequeña los grandes avisadores de la prensa y de la radio. Hoy lo son las empresas estatizadas, que, cada día, crecen más por todos los medios, las que tienen este poder decisivo de financiamiento de las radioemisoras. ¡Y el Gobierno, al entregar los avisos sólo a las radios de la Unidad Popular y a la prensa de la Unidad Popular, está violando la garantía constitucional que establece la igualdad ante la ley, que no es sólo la igualdad ante la ley, sino que igualdad ante la administración, igualdad ante el sistema jurídico, ante todos los sistemas de gobierno. Eso, significa que aquí en Chile no hay clase privilegiada.
También, la Unidad Popular, en su intento de aherrojar las libertades públicas, lleva adelante una campaña para lograr por cualquier medio apoderarse de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, con el no disimulado deseo de controlar toda la prensa escrita, diarios y revistas de todo el país.
También el Gobierno de la Unidad Popular, usando la curiosa teoría jurídica de los resquicios legales, ha pretendido declarar la caducidad de algunas radioemisoras, violando también el principio de la igualdad ante la ley. Al respecto, formulo petición a la Honorable Cámara, con el fin de que se envíe un oficio al señor Ministro del Interior para que nos informe sobre la situación en que se encuentran todas las radioemisoras del país: la fecha de su concesión, las que están caducadas, las que tienen requisitos sin cumplir, etcétera, de manera que sepamos, en realidad, qué está sucediendo y por qué la Unidad Popular ya controla más de 30 radioemisoras en el país. Muchas de las que no están en la línea del Gobierno, han caído en sus manos, y se pretende declarar la caducidad de otras por medio de estos resquicios legales, en esta novedosa teoría jurídica inventada por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado y asesor jurídico de la Presidencia de la República.
También la Unidad Popular está violando la Constitución al pretender controlar los avisos que los partidos políticos envían a las radioemisoras, violando específicamente el artículo 10, Nº 3, de la Constitución Política del Estado en forma reiterada, como lo ha dado a conocer el Partido Nacional por la prensa.
Y para qué decir de qué manera este Gobierno está violando la Constitución y la ley en lo relativo al régimen de la televisión nacional. Dice la ley de la televisión que su objetivo es informar sobre el acontecer en forma objetiva. Debe ser además libre expresión pluralista de la conciencia crítica y no estará al servicio de ideología determinada alguna y mantendrá el respeto por todas las tendencias que expresen el pensamiento de los sectores del pueblo chileno, como expresa textualmente el artículo 1º de la ley 17.377. Este artículo ha sido violado ante miles y millones de testigos en este país.
De esta manera el Gobierno de la Unidad Popular, a través de la propaganda radial con que pretende ahogar a las radios libres, a través de su pretendida campaña para monopolizar la producción del papel, a través de aplicar discriminatoriamente reglamentos que en gran parte están derogados por la reforma constitucional, al establecer el control de los avisos de los partidos políticos y al usar mañosamente del Canal Nacional de Televisión en violación del artículo 10 de la ley citada está, a mi juicio, cometiendo una flagrante violación moral y legal a nuestro sistema democrático en la parte que más nos interesa, que es la mantención de las libertades públicas y en la parte que el señor Allende, como viejo parlamentario, se comprometió en un hermoso discurso personalmente a luchar para mantener durante toda su Administración.
De esta manera, señor Presidente, los chilenos vemos con honda preocupación el deterioro de nuestro sistema democrático, la conculcación de las libertades públicas y la aplicación en el país de tácticas sibilinas que, a largo plazo, van a traer como objeto la desaparición de la democracia chilena, para privar a los partidos políticos o a la corriente de opinión ajena al pensamiento dominante del Gobierno de influencia proporcional o aun semejante en los medios de prensa, radio y televisión.
He concedido una interrupción al señor Phillips.
"
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