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- rdf:value = " El señor RODRIGUEZ.-
Señor Presidente, en el proceso de transformación de la economía iniciado por el Gobierno de la Unidad Popular, ofreciendo una vía chilena al socialismo, se pueden observar los esfuerzos realizados para cumplir con la meta señalada, habiéndose recurrido a toda clase de argucias o resquicios legales con el objeto de evitar que cualquiera de estos cambios sea sancionado por el Poder Legislativo, donde el Gobierno no controla la mayoría. En este proceso se pueden destacar dos circunstancias que nos interesan hoy día y que son: la intervención o requisición, cuyos aspectos legales son bastante conocidos por la opinión pública y donde no cabe duda alguna sobre su ilegitimidad, y el resultado mismo de la gestión administrativa, como proceso de cambio, cuya responsabilidad deriva del interventor con su correspondiente equipo de colaboradores.
El país mira con intranquilidad la aplicación de estas normas y se diría que nacen de la desesperación de tomar las fuentes del poder económico, por lo que ello representa, antes que ofrecer un mejoramiento real al sistema vigente.
Pocas veces se ha presentado la oportunidad de dar una comprobación más o menos exacta si lo que se está ofreciendo es, como sistema económico, mejor que lo que se conocía. La mayoría de las veces los partidarios de cambios y, por ende, del dominio y dirección de las empresas de particulares por el Estado, aducían que las enormes utilidades debían distribuirse con mayor participación, en forma excluyente para el Estado sólo o que los trabajadores podrían tener mayor beneficio. Así, el cambio, primero de la administración y, luego, del dominio, pretendía estos objetivos fundamentales.
Desde que se iniciaron estos procesos, en su mayoría con decretos de insistencia, se podría demostrar, cuando ya ha transcurrido un tiempo más que prudencial, si en la práctica el ofrecimiento teórico funciona y si el Estado tiene la seguridad de contar con mayor participación, tanto en su producción como en mayores márgenes de utilidades. Lo mismo con respecto a los trabajadores: Si para ellos resulta realmente más beneficioso, especialmente por la mayor tranquilidad que les pueda entregar o que los beneficios económicos justifiquen que el cambio puede realizarse, incluso, con despojo, dejando tantos heridos en el camino.
Con el diario La Mañana, de Talca, se ha presentado esta interesantísima posibilidad, aunque nos adelantamos a informar que de cerca de cuarenta obreros y empleados, fueron no más de cuatro los que, poniéndose a la cabeza del resto de sus compañeros, iniciaron este proceso de experiencia. Se dijo todo lo que podría decirse en estos casos, abonado con la complicidad del Gobierno, quien ha respaldado no sólo esta acción, sino miles de corte similar.
Una sentencia de la Corte Suprema, nuestro más alto tribunal de la República, puso fin a la ilegalidad de la intervención del diario La Mañana. Este fallo ha sentado una interesante jurisprudencia sobre la materia, que no es del caso reproducir, pero sí hacer mención de ella por permitir, no sólo a la provincia de Talca, sino al país entero, una vez aclaradas las cosas, verificar el resultado de la gestión del interventor, en este caso, un profesor universitario, Francisco Reyes, comunista, y en qué se tradujo, como algo efectivo, este cambio en favor del Estado y de sus propios trabajadores, y qué le quedó a la postre a su legítimo dueño.
No corresponde, por principio elemental de justicia, que sea su propietario y director, Juan C. Bravo Ramos, quien haga el informe en cuestión al recibirse del órgano informativo, pues sería algo así como juez y parte, pero sí interesa que alguien lo haga y a la brevedad, porque, con este ejemplo en la mano, el país debe saber si realmente vale la pena continuar adelante, o si es necesario detener el proceso de despojo, ya que no se justificaría. Y esto sí que es importante para la buena marcha de nuestra economía y de nuestro país, y, por ende, para un gran sector de trabajadores, que sólo recibían la información interesada de la parte más fuerte, del Gobierno, que bien sabemos cómo miente, más cuando se trata de situaciones como ésta.
El país exige que se le informe verazmente, y a la brevedad, no sólo de este proceso, sino de todos los que nos puedan dar luz sobre materias tan controvertidas y tan importantes para la paz social de Chile, ya no amenazada, sino en plena vivencia.
Por ello, señor Presidente, vengo en solicitar que, en nombre de la Honorable Cámara, porque estimo debe interesar sobremanera, incluso a los colegas de los bancos de Gobierno y, en especial, en mi nombre, se oficie:
a) Al señor Ministro del Trabajo, para que, por su intermedio, se ordene tomar las providencias del caso con el objeto de que el ex interventor, Francisco Reyes, entregue cuenta detallada de su gestión en el diario La Mañana, de Talca, que se extendió poco más de siete meses;
b) Al señor Ministro de Economía, si procede, con el objeto de que disponga que la Dirección de Industria y Comercio cumpla el mismo objetivo del oficio anterior;
c) Al señor Contralor General de la República, a fin de que fije el plazo y las normas por seguir sobre los puntos fundamentales acerca de los cuales deberá emitirse el informe en referencia;
d) Al Colegio de Periodistas, dando a conocer la inquietud del Parlamento sobre esta materia.
Una vez que dicho informe llegue a la Cámara de Diputados, el país entero podrá conocer, a ciencia cierta, lo positivo, si es que lo tiene, y lo negativo de estas intervenciones.
No me cabe duda de que el informe, por mucho que se trate de eludir, reflejará lo que muchos sospechamos y que para el país representa el baldón más negro de su legalidad democrática. Desde ya podemos anticipar, por los antecedentes proporcionados al recibirse el diario del interventor, que su estado general es deplorable: faltan numerosas máquinas de escribir, radios, máquinas fotográficas, veintinueve rollos de papel, cajas de composición de un valor superior a los quinientos mil escudos; hay numerosas deudas, las imposiciones están impagas y se carece de facturación de colaboración de organismos estatales, bancos, etcétera. Y todo ello, ¿para qué? Casi ocho meses de estériles esfuerzos. Se ha engañado a cerca de cuarenta trabajadores que hoy miran angustiados su futuro, y todo esto por culpa de unos pocos que pretenden utilizar un sistema caduco y fracasado.
El país necesita conocer rápidamente la verdad e impedir la destrucción de su economía, y para que muchos comprendan realmente que quienes luchamos por la subsistencia de la empresa privada es porque hasta ahora la alternativa que se nos ofrece no es la solución sino fuente de odios y pérdida de la fe por el trabajo, la sustitución de la libertad por el sometimiento sectario, de la verdad por la mentira, de la administración de los incapaces en reemplazo de los eficientes.
De ahí que ya adelantamos algunos juicios de lo que será la rendición de cuentas que, de continuarse con este sistema, significará para el país la ruina total. El diario La Mañana no arrojará utilidades dentro de este triste período de administración. No habrá, por tanto, pagos de tributos, y lo más temible es que, incluso, no pueda cancelar parte de los salarios aún pendientes.
Quedamos, en tanto, a la espera de los oficios enunciados que dirán la última palabra al respecto.
Muchas gracias.
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