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- rdf:value = " El señor SILVA (don Julio).-
Precisamente hoy se cumplen dos años de aquella masacre. Y éstas no son fantasías, porque esta masacre que yo he recordado no es la única que ha ocurrido en nuestro país. Ocurren desde fines del siglo pasado; son muchas las masacres que ha sufrido el pueblo chileno frente a situaciones de este tipo. Y cuando se desafía al Gobierno diciendo que no cumple con la ley frente a las usurpaciones, uno tiene derecho a pensar que lo que realmente le están pidiendo al Gobierno y echando de menos, es que se proceda como procedieron los Gobiernos anteriores, a balazos contra los ocupantes, ya sea de un predio rústico o de un predio urbano.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SILVA (don Julio).-
En este sentido, podríamos decir que el Gobierno tiene facultad para ordenar, utilizando algunas disposiciones legales, la intervención de la fuerza pública; pero también tiene facultad para proceder a la reanudación de faenas y a la intervención. Y este Gobierno, entre la intervención o la actuación de esta fuerza pública, que conduce y ha conducido, en muchos casos, a una situación de masacre, entre intervención y masacre, repito, si hay facultad para ambas cosas, prefiere la intervención. Eso es lo único que le puede corresponder a un Gobierno popular, a un Gobierno que quiere proceder con justicia y con respeto al pueblo, y no aplicándole todo el peso y el rigor de la ley a gente que, incluso equivocadamente, en algún momento ha podido ocupar o tomarse 'predios rurales o urbanos, como pudimos constatarlo, precisamente, en el caso de Pampa Irigoin. Era gente mísera que se tomó terrenos pantanosos para poder levantar sus casas, como lo habían hecho allí otros con anterioridad, incluso con la tolerancia del dueño y sin ninguna prudencia y sin criterio, el Gobierno desató la represión armada.
Si ése es el criterio que buscan, indudablemente que no lo van a encontrar en este Gobierno. El Gobierno, perfectamente consciente de sus atribuciones legales, procederá en esos casos a decretar intervenciones, reanudaciones de faenas o las medidas que sean necesarias para solucionar el problema de una manera que signifique el respeto y el reconocimiento de los derechos del pueblo.
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