REPUBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA
Sesión 17ª, en martes 26 de enero de 1971
(Ordinaria: de 16 a 17. 52 horas)

Presidencia de los señores Ibáñez y Acevedo.
Secretario, el señor Lea-Plaza.
Prosecretario, el señor Guerrero, don Raúl.

INDICE GENERAL DE LA SESION

I.- SUMARIO DEL DEBATE
II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS
III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IV.- TEXTO DEL DEBATE


I.- SUMARIO DEL DEBATE

1.- Se califican las urgencias hechas presentes para el despacho de diversos proyectos de ley	 	
2.- Se concede permiso constitucional a dos señores Diputados para ausentarse del país				943
3.- Se aprueban los acuerdos de los Comités Parlamentarios	943
4.- Se procede a la designación de los miembros de la Comisión encargada de conocer la acusación constitucional deducida en contra del Ministro de Justicia, señor Lisandro Cruz Ponce		943
5.- Se concede permiso constitucional a un señor Ministro para ausentarse del país		944


ORDEN DEL DIA:

6.- La Cámara despacha el proyecto que establece un nuevo plazo para que profesionales y técnicos que regresen al país se acojan a la ley Nº 17. 238			943
7.- Se acuerda prórroga de plazo para que una Comisión emita su informe 950


INCIDENTES:

8.- El señor Sívori se refiere a la situación de las comunidades judías en países del Medio Oriente		950
El señor Koenig se refiere a las siguientes materias:
9.- Reparación del edificio del Liceo de Niñas de Valdivia, con cargo al 2% constitucional 		953
10.- Intranquilidad de propietarios de fundos de la comuna de Río Bueno ante ocupación ilegal de predios	 		953
11.- El señor Sepúlveda, don Eduardo, se refiere a los problemas que afectan a la provincia de Valparaíso		954
12.- El señor Jaramillo, se ocupa del establecimiento del centro industrial maderero regional de Yungay	 	956
13.- El mismo señor Diputado se refiere a las necesidades de la población Santa Elvira de Chillán		958
14.- El señor Tudela se refiere a la actitud del señor Vicepresidente de la Corporación de Servicios Habitacionales			959
15.- El señor Cardemil se ocupa del procedimiento de trabajo de la Comisión Especial establecida en el artículo 6º de la ley 17. 238 en relación con las personas lisiadas		960
16.- El señor Godoy hace un análisis de la política sobre estatización aplicada por el Gobierno de la Unidad Popular		 960
17.- El señor Carmine se refiere, a las medidas de intervención dispuestas por el Gobierno 	 		964
18.- El señor Sharpe se ocupa de la creación de un curso de tractoristas agrícolas en la ciudad de Los Angeles		966
19.- El mismo señor Diputado se refiere a la situación de una oficina de correos en la colonia Parcelas de Quilapán (Bío-Bío)
20.- El señor Salvo se ocupa de la posición de la Sala de Diputados radicales ante el problema agrario


II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS

1/2.- Mensajes de S. E. el Presidente de la República, con los que inicia los siguientes proyectos de ley, con urgencia e incluidos en la actual Legislatura:
El que declara que la bonificación establecida en el artículo 1º de la ley 17. 378, que benefició al personal de las instituciones semifiscales, es y ha debido ser considerada para calcular la bonificación otorgada por el artículo 1º de la ley 17. 015 		930
El que establece normas sobre terminación de los contratos de trabajos			930

3/4.- Oficios de S. E. el Presidente de la República, con los que retira y hace presente nuevamente la urgencia para el despacho del proyecto que crea una Junta para el Desarrollo Industrial de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín		933

5/6.- Oficios de S. E. el Presidente de la República, con los que incluye en la actual Legislatura los siguientes proyectos de ley:
El que libera en forma permanente a los espectáculos del fútbol profesional del impuesto establecido en el inciso segundo del artículo 30 de la ley 14. 171 y establece diversas modificaciones a la ley 17. 276			933
El que modifica las garantías establecidas en el Código Penal para los efectos de la penalidad de determinados delitos	 	 933

7.- Oficio del Senado, con el que comunica que ha aprobado en los mismos términos en que lo hiciera, esta Cámara, el proyecto que establece normas sobre anticipo del pago del reajuste de los sectores público y privado		933

8.- Oficio del Senado, con el que remite un proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento a la memoria del General Rene Schneider Chereau, en la ciudad de Santiago		934

9.- Moción del señor Godoy, con la que inicia el proyecto que modifica la ley 16. 465 y establece normas respecto de la venta de casas y cercos que los dueños de predios agrícolas hagan a sus trabajadores		934

10.- Presentación, con la cual los señores Arnello, Alessandri, don Gustavo; Monckeberg, Klein, Godoy, Alamos, Amunátegui, Ríos Santander; Lorca y Undurraga, deducen acusación constitucional en contra del señor Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz Ponce	 	935

Además, se dio cuenta de los siguientes documentos:

Ocho oficios del señor Ministro de Educación Pública, con los que da respuesta a los que se le remitieran en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Barahona, relacionado con la situación funcionaría del Rector del Liceo de Villa Alemana (4949).
Del señor Koenig, respecto de la construcción de la segunda etapa del Centro de Enseñanza Media de la ciudad de Valdivia (5018).
Del señor Araya, acerca de la necesidad de construir un nuevo local para el Centro de Educación General Básica de Antofagasta. (5067).
Del señor Jaque, relativo a la destinación de un auxiliar para la Escuela Nº 6, de Coelemu (5189).
Del señor Valdés, referente a la habilitación de un local destinado al funcionamiento de un Internado en la Escuela del pueblo de Pocillas (5074).
Del señor Jáuregui, sobre la construcción, del Liceo Mixto de Purranque (5186).
Del señor Ramírez, relacionado con la donación de un terreno para construir una Escuela Fiscal en reemplazo de la Escuela Nº 166, de Tacamó (5206).
Del señor Guerra, respecto del pago de remuneraciones insolutas de los profesores primarios de la provincia de Tarapacá (4635).

Dos oficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con los que se refiere a los que se le enviaran en nombre de los señores Diputados que se mencionan, relacionados con las materias que se expresan:
Del señor Millas, sobre el establecimiento de un servicio de movilización adecuado a la Población Villa Cisternas, de la comuna del mismo nombre (4945).
Del señor Tudela, referente a la supresión del transporte ferroviario en la comuna de Requínoa (4799).

Siete comunicaciones.
Con la primera el señor Diputado don Eduardo Clavel Amión pone en conocimiento de la Corporación que se ausentará del territorio Nacional por un plazo inferior a 30 días. Con la segunda, la Contraloría. General de la República remite un ejemplar del Estado de Fondos Fiscales y Balance Presupuestario de Entradas, y Gastos, correspondiente al mes de noviembre de 1970.
Con los dos siguientes, el mismo organismo contralor, remite copia de los Decretos que se indican:
Decreto Nº 32, de 1971, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que autoriza al Director de la Empresa Portuaria de Chile, para contratar a don Jorge Torralbo Frías.
Decreto Nº 37, de 1971, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que autoriza al Director de la Empresa Portuaria de Chile, para contratar a los señores Jaime López Campos y Jorge Rojas Pacheco.
Con el quinto, el Ministerio de Educación Pública remite copia del Decreto Nº 4971, de 16 de diciembre de 1970, por el que se designan a las personas que se señalan, para que, en representación de la Honorable Cámara de Diputados y de la Iltma. Corte Suprema, integren el Consejo Nacional de Televisión. Con el siguiente, la Universidad de Chile remite la relación de los gastos de publicidad y propaganda hechos por la Universidad citada durante el mes de diciembre de 1970, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 2828 del Ministerio de Educación Pública de 17 de agosto de 19. 70.
Con la última, el señor Tesorero de la Corporación, remite el Balance y la liquidación de las cuentas de Tesorería correspondientes al segundo semestre de 1970.

Tres presentaciones:
Con la primera, los señores Arnello, Alessandri, don Gustavo;
Monckeberg, Klein, Godoy, Alamos, Amunátegui, Ríos Santander; Lorca y Undurraga, deducen acusación constitucional en contra del señor Ministro de Justicia, don. Lisandro Cruz Ponce.
Quedó en Tabla para los efectos del sorteo de la Comisión Especial encargada de conocer la acusación. Posteriormente, realizado dicho sorteo, se mando a la mencionada Comisión.
Con las dos restantes, los señores Diputados, don Héctor Valenzuela, don Luis Pareto y don Arturo Frei, solicitan permiso constitucional para ausentarse del país por un lapso superior a 30 días.

Quedaron en Tabla.


III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA


1.- MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El artículo 1º de la ley Nº 17. 378 estableció una bonificación de Eº 308 mensuales en favor de los personales de los institutos de previsión que allí se indican. Al efectuar los pagos respectivos, los organismos empleadores estimaron que dicha bonificación debería ser considerada para determinar el monto de la bonificación del 2% por cada año de servicios contemplada en el artículo 1º de la ley Nº 17. 015, criterio que posteriormente fue objetado por la Contraloría General de la República. Como se trata de pagos que fueron hechos de buena fe y fundados en una interpretación de la ley, se estima de justicia convalidarlos en virtud de una expresa declaración legislativa. Tal es el objeto del artículo 1º del proyecto.
Por otra parte, se ha estimado de justicia condonar las cantidades que debían descontarse a estos personales con motivo de la huelga que mantuvieron entre el 17 de julio y el 6 de agosto de 1970, siguiendo un criterio que ya se ha aplicado en ocasiones anteriores. El artículo 2º está destinado a consagrar dicha condonación.
Finalmente, y en relación con las mismas instituciones señaladas en el artículo 1º de la ley Nº 17. 015, es necesario poner término a la situación desmedrada en que se encuentran los Fiscales de esos organismos, cuyas rentas no guardan la debida proporción con la alta jerarquía y responsabilidad que tienen. Partiendo de la base de que el Jefe Superior de esos Institutos, de acuerdo con el artículo 5º de la ley citada, tiene derecho a percibir la renta más alta que se pague a los funcionarios de la respectiva institución, se cree adecuado fijar como remuneración de los Fiscales, que generalmente subrogan al Jefe del Servicio y ocupan da categoría que sigue en las Plantas respectivas, la renta de dicho Jefe disminuida en un 10%. En tal sentido se modifica a través del artículo 3º la disposición pertinente de la ley Nº 17. 015.
Por lo tanto, y en virtud de las consideraciones expuestas tengo el honor de someter al Honorable Congreso Nacional, a fin de que sea tratado con urgencia en el presente período de sesiones el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Declárase que la bonificación establecida en el artículo 1º de la ley Nº 17. 378 es y ha debido ser considerada para calcular la bonificación otorgada por el artículo 1º de la ley Nº 17. 015.
Artículo 2º.- Condónanse los días no trabajados por los personales de las instituciones a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 17. 378 entre el 17 de julio y el 6 de agosto de 1970. Los descuentos que pudieren haberse efectuado a este personal conforme a dicha ley, serán devueltos a los funcionarios afectados.
Artículo 3°.- Agrégase en el inciso primero del artículo 5º de la ley Nº 17. 015, suprimiendo el punto final (. ), lo siguiente: y los Fiscales no podrán percibir una renta inferior a la de dichos Jefes disminuida en un 10%.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Oyarce Jara.


2.- MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Conciudadanos del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:
Como es de conocimiento público, las normas sobre terminación del contrato de trabajo contenidas en la ley Nº 16. 455 adolecen de numerosas deficiencias. Desde hace ya bastante tiempo están surgiendo iniciativas destinadas a reemplazar o modificar dichas normas. Los defectos de la ley son serios. En la práctica, limitan o hacen ilusoria la protección del derecho al empleo y a una razonable estabilidad del trabajador en sus labores.
Lo anterior no quiere decir que crearnos que todos los problemas de desocupación y despidos se podrán resolver de inmediato con la dictación de una ley. Por el contrario, para, avanzar, hacia la aplicación cabal de una buena ley de inamobilidad no sólo se requerirá de un buen texto legal sino, más importante aún, será necesario formar una conciencia solidaria qué haga realidad el derecho al empleo.
Entretanto, mientras se estudia un texto legal más completo y permanente, es posible y es necesario establecer normas que ayuden ahora a solucionar los problemas más apremiantes en materia de despidos. Para ello, el Ejecutivo propone la aprobación de este proyecto, elaborado en base a las siguientes ideas centrales: 1) la reducción del número de causales de terminación del contrato de trabajo, suprimiendo aquellas cuya aplicación ha sido conflictiva o se han prestado a abusos por parte de los empleados; 2) la obligación de demandar, que deberá cumplir el empleador que desea poner término a un contrato de trabajo; 3) la competencia, exclusiva de los Tribunales del Trabajo para conocer de estas demandas en única instancia y sin forma de juicio; 4) la facultad del trabajador despedido ilegalmente para recurrir ante la Inspección del Trabajo, la que aplicará apremios hasta que cese la infracción, y 5) la posibilidad de que el empleador insista en una terminación no autorizada, mediante pago de una indemnización, cuyo monto mínimo fija la ley.
El Ejecutivo cree qué la aplicación de las normas de este proyecto Contribuirá a reducir, el número de despidos injustificados, sin causar restricción o disminución en el número de empleos disponibles.
Por las razones expresadas, el Ejecutivo viene en someter a la aprobación del Honorable Congreso Nacional para ser tratado en el actual período extraordinario de sesiones en carácter de urgente el siguiente

Proyecto de ley:

Normas sobre terminación del contrato de trabajo

Artículo 1°.- Suspéndese, por el período de un año, contado desde la publicación de esta ley, la vigencia de la ley Nº 16. 455 y su reglamento, con excepción de las disposiciones que se señalan en el artículo 4º de la -presente ley.
Artículo 2º.- Durante el período mencionado en el artículo anterior, regirán las siguientes normas sobre terminación del contrato de trabajo:
A) Los empleados no podrán poner término al contrato ni suspender de sus labores a ningún trabajador, sino mediante sentencia ejecutoriada que compruebe la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:
1.- La conclusión del trabajo o servicio que dieron origen al contrato, cuando se trate de trabajos transitorios o de temporada;
2.- La no concurrencia del trabajador a sus labores, sin causa justificada, durante dos días seguidos o un total de cuatro en el mes, y
3.- La encargatoria de reo del trabajador, por el Juzgado del Crimen competente, por falta de probidad, vías de hecho o conducta inmoral graves.
B) El Juzgado del Trabajo respectivo conocerá y resolverá la demanda en única instancia, sin forma de juicio, previa audiencia de las partes, audiencia a la que deberán concurrir con sus medios de prueba y que se celebrará con la parte que asista.
La notificación de la demanda y de la sentencia se harán personalmente o por cédula.
El procedimiento tendrá una duración máxima de quince días hábiles, contados desde la notificación de la demanda. El Juez apreciará la prueba y fallará en conciencia.
Tendrán competencia exclusiva para conocer de estas materias los Juzgados del Trabajo.
C) Mientras se encuentre pendiente la causa, el trabajador conservará la propiedad de su empleo y el empleador deberá pagarle normalmente las remuneraciones y beneficios a que tiene derecho.
D) Aunque la sentencia del Juez del Trabajo declare que no procede el despido, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo, pagando al trabajador una indemnización que de oficio fijará el Tribunal y cuyo monto será de dos meses de remuneración más un mes por año de servicios continuos o discontinuos prestados a la misma empresa y fracción superior a seis meses. Esta indemnización será la mínima, pudiendo él Juzgado, en casos especiales, fijar una indemnización superior.
En el caso de los trabajadores de casas particulares, la indemnización que fije el Tribunal será regulada prudencialmente por éste, atendidos los medios económicos de las partes;
En los casos de personas que gocen de fuero sindical o inamovilidad especial, el empleador que insista en poner término al contrato deberá cancelar la indemnización a que se refiere el primer inciso de esta letra D) y, además, las remuneraciones y beneficios correspondientes a todo el período de inamovilidad.
E) El empleador tendrá un plazo de cinco días, contado desde la fecha de notificación de la sentencia de término respectiva, para poner en conocimiento del Tribunal su decisión de poner término al contrato. Si nada dice dentro de dicho plazo, se presume de derecho que lo mantiene en su cargo.
F) El trabajador despedido o a quién se impida su entrada al trabajo sin que el empleador haya cumplido con él procedimiento establecido en esta ley, podrá reclamar ante el Inspector del Trabajo respectivo, quien citará al empleador, el que únicamente podrá excepcionarse exhibiendo copia de la sentencia de término del Tribunal del Trabajo que autorizó el despido o certificado del Secretario de dicho Tribunal, en el que conste la consignación de la indemnización y demás prestaciones que procedan, en su caso.
Si el empleador no exhibe estos documentos, el Inspector del Trabajo deberá imponerle, en forma inmediata, una multa de entre 10 a 30 sueldos vitales, Escala A), del departamento de Santiago, la que podrá repetirse hasta que cese la infracción. La aplicación, cobro y reclamo de estas multas se regirá por las disposiciones de la ley Nº 14. 972.
El trabajador tendrá un plazo de seis meses, contado desde que ocurrieron los hechos a que se refiere el inciso primero de esta letra F), para interponer el correspondiente reclamo ante la Inspección del Trabajo.
Artículo 3°.- Las indemnizaciones y multas establecidas en la presente ley son compatibles con cualquiera otra indemnización, legal o convencional, que proceda pagar o aplicar en casos de despido individual o colectivo.
Las multas que se apliquen en conformidad con lo dispuesto en esta ley serán a beneficio fiscal.
Artículo 4°.- Mantendrán su vigencia y se entenderán incorporados a esta ley los artículo 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la ley N° 16. 455.
Artículo 5°.- Los representantes titulares y suplentes de los trabajadores en las Juntas de Conciliación y en las Comisiones Tripartitas a que se refiere el artículo 7° de la ley Nº 17. 074 gozarán de inamovilidad especial, en la misma forma que los dirigentes sindicales, desde el momento en que se reciba por las autoridades competentes la designación respectiva y hasta seis meses después de terminado su mandato.
Dichos representantes gozarán de los beneficios que a los dirigentes y delegados de los trabajadores agrícolas confieren el artículo 13 de la ley Nº 16. 625 y los artículos 45, 46, 47 y 176 del Decreto Supremo Nº 453, de 14 de julio de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Las multas que se apliquen en virtud de la última disposición reglamentaria mencionada serán a beneficio fiscal.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Oyarce Jara.


3.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 00049.- Santiago, 21 de enero de 1971.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto retirar la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que crea una Junta para el Desarrollo Industrial de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín. (Boletín Nº 537-(70)-2 de la H. Cámara de Diputados).
Saluda fraternalmente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González.


4.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 00041.- Santiago, 21 de enero de 1971.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea una Junta para el Desarrollo Industrial de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín. (Boletín Nº 587-(70)-2 de la H. Cámara de Diputados).
Saluda fraternalmente a V. 33.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González.


5.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 00042.- Santiago, 22 de enero de 1971.
Pongo en conocimiento de V. E que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que libera en forma permanente a los espectáculos del fútbol profesional del impuesto establecido en el inciso segundo del artículo 30 de la ley Nº14. 171, y establece diversas disposiciones modificatorias de la ley Nº 17. 276. (Boletín Nº 565-(70)-1 de la H. Cámara de Diputados).
Saluda fraternalmente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá González.


6.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Nº 00044.- Santiago, 26 de enero de 1971.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que modifica las cuantías establecidas en el Código Penal para los efectos de la penalidad de determinados delitos. (Boletín Nº 24. 940 del H. Senado).
Saluda fraternalmente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- José Tohá G.


7.- OFICIO DEL SENADO

Nº 9474.- Santiago, 21 de enero de 1971.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho esa H. Cámara, el proyecto de ley que establece normas sobre anticipo del pago del reajuste de remuneraciones del personal de los sectores público y privado correspondiente al año 1971.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio N° 930, de fecha 19 de enero de 1971.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar.- Daniel Egas Matamala.


8.- OFICIO DEL SENADO
Nº 9471.- Santiago, 25 de enero de 1971.
Con motivo, de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de Y. E., el Senado ha tenido a bien aprobar el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1°.- Autorízase la erección por suscripción popular, en la ciudad de Santiago, de un monumento a la memoria del ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General don René Schneider Chereau.
Artículo 2º.- Este monumento será instalado en la vecindad del recinto de la Escuela Militar del General don Bernardo O’Higgins, en un lugar que asegure su relevancia, y la suscripción popular estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 3º.- Asimismo, autorízase para efectuar anualmente, y por el tiempo que sea necesario para dar término a la obra a que se refiere el artículo 1°, una colecta pública en el territorio nacional, que se denominará Pro Monumento al General Rene. Schneider, cuyo producto se depositará en una Cuenta Especial, contra la cual sólo podrá girar el Ministró de Defensa Nacional para los fines específicos señalados en esta ley.
En todo caso, el cumplimiento cabal de las disposiciones de la presente ley no podrá exceder del plazo de dos años, contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. En el evento de no contarse con los recursos necesarios a la época de la presentación al Congreso Nacional del proyecto de Ley de Presupuestos para 1971, se destinarán en éste las sumas correspondientes.
Artículo 4º.- Las donaciones que se efectuaren para costear la erección de este monumento estarán exentas de toda clase de impuestos, no requerirán el trámite de insinuación y se depositarán en la Cuenta especial a que alude el artículo anterior.
Artículo 5°.- A partir de la fecha de la publicación de la presente ley, denominase Avenida General René Schneider Chereau a la Avenida Diagonal Oriente de la ciudad de Santiago.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar.- Daniel Egas Matamala.


9.- MOCION DEL SEÑOR GODOY

Honorable Cámara:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Agréganse los siguientes artículos nuevos, a la ley Nº 16, 465:
Artículo...- Los dueños de predios agrícolas que vendan a sus respectivos trabajadores las casas que éstos habitan y sus correspondientes cercos, deberán ajustarse, en todo caso, a las normas contenidas en los artículos siguientes.
Artículo...- Las prohibiciones establecidas en el artículo primero de la ley 16. 465, no afectarán a la división de los predios de cualquier superficie que deban realizarse como consecuencia de la transferencia a que se refiere el artículo anterior.
Artículo...- Para los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá que la superficie de los cercos susceptibles de ser transferidos a los trabajadores, será, la que dichos cercos tenían al 31 de diciembre de 1970.
Artículo...- El precio de la compraventa será equivalente al valor de la casa y del cerco, el que se determinará de acuerdo con las normas que se indican en los artículos siguientes.
Artículo....- El valor de la venta de la casa deberá ser fijado por el Servicio de Impuestos Internos, organismo que deberá considerar para estos efectos la calidad de los materiales utilizados en la construcción de la casa, la superficie de ésta, su antigüedad y el estado de conservación de la misma.
En todo caso, y dentro del plazo de 30 días de publicada la presente ley, el Servicio de Impuestos Internos deberá dictar un Reglamento que contenga las normas generales que aplicará para la avaluación de las casas.
Artículo...- El valor del cerco será determinado por el Servicio de Impuestos Internos sobre la base de la proporción que por su superficie corresponda al cerco en el avalúo fiscal total del predio.
Artículo...- El precio de venta será pagado por los trabajadores en un plazo no inferior a 30 años, en: cuotas iguales y sucesivas, debiendo cancelarse la primera de ellas al momento de la transferencia. Las restantes cuotas no podrán devengar un interés superior al interés corriente bancario fijado por el Banco Central.
Artículo...- El Servicio de Impuestos Internos deberá rebajar automáticamente del avalúo del respectivo predio, el valor de los cercos transferidos. Esta rebaja deberá efectuarla tan pronto se perfeccione la compraventa correspondiente.
Artículo...- Los impuestos, como asimismo todos los gastos que se originen en las transferencias a que se refiere la presente ley, serán de cargo del vendedor.
Artículo...- Para garantizar el pago del saldo de precio, las casas y sus correspondientes cercos se entenderán gravados con hipotecas en favor del dueño del predio.
Artículo...- Los propietarios de predios que en el año 1971 transfieran a sus trabajadores el 75% o más de las casas de sus respectivos predios, gozarán de una rebaja en las contribuciones de bienes raíces de un 20 % durante los próximos diez años.
(Fdo.): Domingo Godoy Matte.


10.- PRESENTACION

Honorable Cámara:
Los Diputados que suscriben, en uso de las atribuciones que les confiere el artículo 39, atribución primera, letra b), de la Constitución Política, y en cumplimiento de sus deberes parlamentarios, vienen en deducir acusación al señor Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz Ponce, por haber infringido la Constitución, atropellado las leyes y haberlas dejado sin aplicación.
En efecto, en el ejercicio de su cargo, y sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda asistir como persona por la comisión de diversos hechos configurados como delitos en el Código Penal y en la Ley de Seguridad del Estado, el Ministro de Justicia es responsable de actuaciones, declaraciones y omisiones, que constituyen infracción de la Constitución, atropello de leyes y, también, inejecución de hechos a los que estaba obligado. Tales actuaciones son tanto más graves, cuanto que significan e involucran una violación o un atentado a la independencia, integridad, autoridad y dignidad del Poder Judicial, como más adelante se señala.
Para los efectos de una mejor comprensión por la H. Cámara, las actuaciones culpables del señor Ministro acusado se pueden fijar en tres órdenes de materias.

I.- Ilegalidad e inconstitucionalidad de indultos
Con fecha 30 de diciembre de 1970, la Contraloría General de la República, por medio del oficio Nº 89841, dio cuenta a la H. Cámara de Diputados de haber tomado razón del decreto Nº 2092 del Ministerio de Justicia, de fecha 28 de diciembre de 1971, por el cual el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros, le ordena cursar el decreto de ese Ministerio Nº 2071, de 18 de diciembre de 1970, que concede indultos a las personas que indica, sometidas a los procesos que en cada caso se individualizan.
La Contraloría expresa haber reparado el decreto original, Nº 2071, por estimar que él contravenía las disposiciones del Reglamento de Indultos decreto de Justicia Nº 3590 de 1959, en relación al artículo 93 Nº 4 del Código Penal, y lo prescrito en el artículo 80 de la Constitución política. Tales objeciones no fueron acogidas por el Ejecutivo, quien, por la vía de un decreto de insistencia, ordenó cursar el decreto inconstitucional e ilegal.
Finalmente, la Contraloría, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso cuarto del artículo 21 de la Constitución Política, y artículo 10 de la ley Nº 10. 336 de 1964, remitió a la H. Cámara copia de los referidos decretos y del oficio en que fundaba las razones de su rechazo.
Considerando que el objetivo de la referida disposición constitucional y legales precisamente informar a la H. Cámara de la toma de razón de decretos que adolecen de inconstitucionalidad e ilegalidad, para que esta corporación resuelva si tales actos dan margen o motivo para acusar constitucionalmente a todos o algunos de los firmantes, los diputados que suscriben han resuelto deducir la presente acusación en contra del Ministro de Justicia, en atención a que tanto el decreto reparado como el de insistencia llevan precisamente la firma de ese ministro.
Los Ministros de Estado son precisamente responsables de los actos que firmaren o acordaren, como señala el artículo 76 de la Constitución Política. Responsabilidad que es tanto mayor si se considera que, como lo estatuye el artículo 75, todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro del Departamento respectivo, y no serán obedecidas sin este esencial requisito. De modo que tanto para el envío del decreto observado, como para la insistencia, ha sido requisito esencial la firma y por ende la plena responsabilidad del Ministro de Justicia que se acusa.
Las objeciones de la Contraloría señalando la ilegalidad e inconstitucionalidad de los indultos contenidos en los referidos decretos, corresponden plenamente a las disposiciones legales y constitucionales vigentes, y a lo que han fallado nuestros Tribunales Superiores de Justicia permanentemente. Además, la doctrina penal, tanto en nuestro país como en el extranjero, sostiene aplastantemente igual predicamento.
Con todo, como debe anotarse que el Decreto de Insistencia ya referido sostiene, en rechazo de las razones del organismo Contralor que ellas carecen de fundamento jurídico bastante, resulta útil anotar, tres consideraciones esenciales que abonan la tesis de la Contraloría General de la República:
1º.- En nuestra legislación, el indulto particular sólo puede ser decretado en presencia de una sentencia condenatoria a firme. Así lo disponen el artículo 93 Nº 4 del Código Penal, y los artículos 1 y 2 del decreto 3590 de 1959.
En cambio, tanto el decreto Nº 2071 como el de insistencia Nº 2092, indultan a 43 personas, varias de ellas sometidas a distintos procesos, ninguno de los cuales se encuentran condenados por sentencias a firme; y en circunstancias de que numerosos de ellos se encuentran todavía prófugos y en rebeldía frente a la Justicia.
2º.- Con los indultos particulares decretados no se persigue como es de la esencia de todo indulto conmutar la pena impuesta a los indultados, sino que impedir que el Poder judicial pueda seguir procesando e investigando numerosos delitos, sometiendo a proceso a los responsables o determinando, la responsabilidad que en tales delitos cabe a otras personas, sea como autores, cómplices o encubridores. Y, finalmente, se impide que pueda fallar esas causas, condenando a los culpables y absolviendo a quienes resultaren inocentes, sin perjuicio de los derechos de las víctimas de tales delitos, quienes también se ven burlados por el indulto ilegal y arbitrario.
En consecuencia, los indultos decretados importan negar a los Tribunales de Justicia la facultad de conocer o seguir conociendo y de fallar los procesos criminales que en dichos decretos se indican. Con ello se vulnera abiertamente la disposición del artículo 80 de la Constitución Política, que entrega exclusivamente a los Tribunales la facultad de juzgar y prohíbe expresamente al Presidente de la República y a sus Ministros ejercer funciones judiciales o avocarse a causas pendientes.
3°.- Las alegaciones que contiene el decreto de insistencia, son irrelevantes. La disposición del artículo 408 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, que señala la procedencia del sobreseimiento definitivo cuando se ha extinguido la responsabilidad penal del procesado por alguno de los motivos establecidos en el artículo 93 del Código Penal, entre los cuales se encuentra el indulto, no altera lo dicho. Ni tampoco la afirmación de que el Jefe del Estado al indultar hace uso de una atribución que le es privativa, dan fundamento legal o constitucional a los ya referidos decretos 2071 y 2092.
En efecto, la disposición del artículo 408 Nº 5, no puede aplicarse sino a los indultos generales. Estos, que sólo pueden otorgarse por ley, se rigen por las mismas normas de la amnistía. Otra interpretación equivaldría a reconocer al Ejecutivo la facultad de gobernar la acción penal y de ejercer funciones judiciales que no le corresponden. Así, por lo demás, lo ha estimado la jurisprudencia, y en igual sentido se ha pronunciado la doctrina. Junto con expresar el repudio a la tesis que se sustenta en esta oportunidad en el decreto de insistencia, el Presidente del Consejo de Defensa Fiscal, don Eduardo Novoa Monreal, sostiene en su Curso de Derecho Penal, (Editorial Jurídica de Chile, 1966, página 447), que sólo procede un indulto cuando existe sentencia condenatoria ejecutoriada. Agrega, que si no se esperara tal instante, no podría tener efecto el artículo 93 Nº 4 del Código Penal, en cuanto manda que el indultado no pierda su carácter de condenado para los efectos de la reincidencia, ya que no cabría reincidencia sin sentencia condenatoria firme y podría reprocharse al Ejecutivo (caso de indultos particulares) la conculcación del artículo 80 de la Constitución Política, que le veda ejercer funciones judiciales o avocarse causas pendientes.
Tampoco es aceptado por la doctrina, ni por la jurisprudencia, la alegación de que pueda el Presidente de la República indultar en forma arbitraria, por tratarse del uso de una facultad que le sea privativa. En primer lugar, porque su atribución está limitada por la naturaleza misma de ella facultad de conmutar o reducir la pena; por las facultades constitucionales privativas de otro poder del Estado; y por las normas constitucionales que le impiden arrogarse otras facultades que las que expresamente se le confieren y las que le impiden avocarse causas judiciales pendientes. Y, luego, porque siendo el indulto... un resabio del absolutismo monárquico..., debe ser ejercido con extrema discreción y debidamente reglamentado por normas jurídicas que aseguren que no sean desvirtuados sus fines, ni el interés social.
Conclusión.- Lo anteriormente expuesto, y los antecedentes que constan en el oficio Nº 89. 841 de la Contraloría General de la República que se adjunta, demuestra de manera irredargüible la ilegalidad de los decretos 2071 y 2092. Y al obligar por la insistencia a tomar razón de los indultos particulares a personas sometidas actualmente a proceso, se ha vulnerado la prohibición expresa del artículo 80 de la Constitución Política del Estado.
El Ministro de Justicia, ministro del departamento respectivo, cuya firma existe en ambos decretos, y cuya firma es requisito esencial para que las órdenes presidenciales sean obedecidas, es particularmente responsable de la infracción, constitucional y de la ilegalidad cometidas. Responsable constitucionalmente por estampar su firma en tales decretos, como por no. haber representado al Presidente de la República la inconstitucionalidad e ilegalidad de la acción acordada. Más aún, cuando la Constitución franquea el camino lícito para obtener el fin perseguido por el Jefe del Estado, que no es otro que el obtener del Congreso Nacional una ley de amnistía.
Por ello, la Honorable Cámara debe acoger la presente acusación constitucional por este concepto.

II.- Inobservancia de leyes y ataques a la independencia del Poder Judicial
Corresponde al Ministro de Justicia atender las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, y velar por el adecuado y normal desarrollo de tales relaciones, en beneficio de las altas funciones de la administración de Justicia.
La interrelación que tienen ambos poderes en los aspectos administrativos y económicos, y la virtual dependencia del Poder Judicial en materia de nombramientos y de presupuesto, obligan precisamente al Ejecutivo y particularmente al Ministro de Justicia, a ser tanto más cuidadosos de no afectar o vulnerar de manera alguna la independencia del Poder Judicial en el conocimiento y fallo de los asuntos judiciales.
Por lo demás, así lo ordenan tanto la Constitución Política en las disposiciones del artículo 80 y siguientes, que se refieren al Poder Judicial y consagran su independencia y su exclusiva facultad de-juzgar las causas civiles y criminales, prohibiendo toda intervención en ellas al Presidente de la República o al Congreso. Lo reitera el Código Orgánico de Tribunales, y diversos preceptos del Código Penal sancionan las infracciones de las facultades privativas de los Tribunales o el incumplimiento, desobediencia o desacato de sus resoluciones.
Tan delicadas funciones, de tan alto interés nacional, no han sido ejercidas por el Ministro señor Cruz Ponce con la mínima consideración debida, sino que, como es público y notorio, no ha dado cumplimiento a las normas vigentes, y ha hecho escarnio y motivo de ataque, de difamación, de injurias y calumnias, al Poder Judicial y particularmente a quienes representan la más alta jerarquía: la Corte Suprema.
En efecto, el país entero y muy especialmente la Honorable Cámara, conocen la desembozada campaña política, realizada por medio de la prensa, la radio y la televisión; campaña que se ha- llevado a los sindicatos, a las universidades, a la misma calle donde inmensos letreros injuriaban y calumniaban a la Corte Suprema.; campaña que ha llegado a los más Tilines insultos, a los infundios más vejatorios.; a las injurias y calumnias más inexcusables. Pero, campaña que, en fin, tendía a móviles más graves aún que el de la difamación, la injuria y la calumnia; ya que pretendía y pretende atentar contra la independencia del Poder Judicial, por la vía de la presión y del arrendamiento, y someter así a sus integrantes.
Tales ataques concertados; permanentes, reiterados, no sólo configuran los más elementales delitos de injurias y calumnias, desacatos y abuso de publicidad, sino que configuran delitos contra el orden público sancionados expresamente en la Ley de Seguridad del Estado, tanto en su artículo 6°, como también en su artículo 4º, ya que constituían un intento de subvertir el orden público.
El Ministro de Justicia acusado no representó jamás al Gobierno de que forma parte, los delitos graves que se causaban públicamente a los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia. Ni siquiera para requerir que los Intendentes iniciaran los procesos correspondientes a la Ley de Seguridad del Estado.
Por el contrario, el Ministro acusado no sólo no hace presente la necesidad de cumplir las leyes, sino que se suma a los ataques, a la campaña de descrédito y de desprestigio de la justicia chilena.
Sus propias actuaciones y declaraciones configuran delito de desacato, difamación, injurias y calumnias, de los que puede y debe responder personalmente. Pero significan también haber atentado gravemente contra la independencia y la autoridad del Poder Judicial.
Aun cuando la Honorable Cámara debe conocer la mayor parte de tales declaraciones, y aun cuando se adjuntan a la acusación ejemplares de periódicos que las contienen, es necesario indicar algunas de ellas:

1) Declaración para referirse al fallo de la Corte Suprema que rechazó la petición de desafuero del Senador Rául Morales En ella, el Ministro acusado critica el referido fallo y formula gravísimos cargos a los sentenciadores, a la vez que llega a afirmaciones notoriamente agraviantes. Dice, por ejemplo:... la resolución no sólo es equivocada sino que, incluso, en algunos puntos no se ajusta a la verdad, agregando: hecho incomprensible si consideramos que los sentenciadores tuvieron todos los antecedentes en sus manos. (Cabría reflexionar que, por su parte, el Ministro acusado jamás ha podido tener en sus manos los antecedentes del sumario, por ser éste secreto.) Dice: Se aparta de la verdad, la Corte Suprema... De todo lo anterior es forzoso colegir que lisa y llanamente la Corte Suprema ha efectuado una denegación de justicia, amparada en la falta de ulterior recurso contra su dictamen. ... la sentencia sugiere que ni siquiera este testimonio es digno de crédito, pues sería producto de apremios ilegítimos y flagelaciones. Para insinuarlo, la Corte se vale del expediente de añadir una orden para investigar la denuncia... la Corte Suprema al ponderar los antecedentes... se apartó de la ley, al exigir requisitos no establecidos en el ordenamiento jurídico: Al desecharse el desafuero no sólo se pretende impedir la investigación... Y termina diciendo: Por las razones expuestas, el Ministerio estima que se ha otorgado sin ambages, el derecho a la impunidad de los conspiradores.
En las frases citadas se configuran los delitos de injurias, sancionado en el artículo 363 del Código Penal; de desacato (artículo 364 Nº 3); de calumnias (artículos 412 y 413), ya que les imputa supuestos delitos de prevaricación y aún contra la Seguridad del Estado.
Cabe recordar a la Honorable Cámara, que entre las atribuciones que la Constitución Política otorga al Presidente de la República y que éste debe ejercer con el Ministro de ese departamento, está señalada en el artículo 72, atribución 4ª que dice a la letra: Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del Tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación.
Y, a su vez, también cabe, en conformidad a la letra c) de la atribución 1ª del artículo 39 de la misma Constitución, acusar a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, por notable abandono de sus deberes.
El Ministro acusado no ha ejercido la atribución constitucional de velar por la conducta ministerial de los jueces, ni tampoco ha intentado que se acuse a los Magistrados de la Corte Suprema. Pero sí ha sumado su voz reiteradamente, en declaraciones públicas y en conferencias de prensa, para atacar y vilipendiar a la referida Corte.

2) Declaraciones en conferencia de prensa, referentes a la responsabilidad de los Ministros de la Corte Suprema
En publicaciones de periódicos que no han sido desmentidos ni rectificados por el Ministro de Justicia, y que también se adjuntan, con el llamativo título de: Freno de negociados y sinvergüenzuras pondrá el Gobierno. Sancionarán a Ministros que no cumplan con su deber, se expresa: Se trata del artículo 324 que habla de la responsabilidad de los jueces frente a los fallos que emiten. Pero el artículo tiene una trampita que fue incorporada en el Gobierno de González Videla y que dice que: La disposición que castiga a los jueces si éstos administran en mala forma la justicia, NO es aplicable a los Ministros de la Suprema. No es posible que estos funcionarios que ocupan altos cargos queden libres de responsabilidad, señaló el Ministro.
En otro periódico, se informa de las declaraciones del Ministro acusado, así: Entre las reformas al Código, figura la derogación del artículo 324, que dejaba en la impunidad la responsabilidad de los Ministros de la Corte Suprema, al administrar éstos justicia en forma torcida. Al respecto dice, el Ministro señaló: Este es un problema de suma gravedad; no es posible que algunos funcionarios queden libres de responsabilidad; por tal razón, el Ministro de la Corte Suprema también podrá ser sancionado cuando su actuación así lo requiera.
Basta comparar la información proporcionada por el Ministro acusado a los periodistas, con el texto del artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, para apreciar no sólo el error o ignorancia que aquélla involucraba, sino también de qué manera inducía a desprestigiar a la Corte Suprema ante la opinión pública.

3) Declaraciones ante la Cuarta Convención Nacional de Magistrados
El Ministro acusado se preocupó de dar una visión subjetiva de la justicia chilena, calificándola de tener normas medioevales, legislación caduca y la peluca y naftalina que trasuntan la organización jurídica actualmente en uso. Insistió en calificar de clasista a la justicia, y en suponerle grave y notable abandono de sus deberes a los jueces, al decir: ... Que se acaben los favoritismos, las diferencias abonadas por la fortuna, el halago y la presión de los poderosos, para que la auténtica justicia llegue al pueblo. Otro órgano de prensa informa: De caduca, inquisitorial y clasista, calificó el Ministro de Justicia, Lisandro Cruz Ponce, al sistema judicial chileno...
Y no obstante tales aseveraciones, tendientes todas al desprestigio del Poder Judicial, ninguna actuación concreta ha realizado el Ministro acusado, en cumplimiento de un deber constitucional que., de ser efectivas sus declaraciones, debieran ser agobiantes: velar por la conducta ministerial de los jueces.

4) Carta pública rechazando renuncia del señor Silva Cimma
Aun cuando aparezca innecesario abundar en mayores ejemplos de la contumacia del Ministro acusado, quien no pierde ocasión para denostar a la Corte Suprema, en especial, y a todo el Poder Judicial, en general, en dicha carta expresa que el pueblo no tiene acceso real a la. Justicia.
Es decir, una vez más, imputa la denegación de justicia, permanente y constante. Nueva colaboración del Ministro acusado, a la campaña de presión en contra de la independencia del Poder Judicial.

Conclusión
La Honorable Cámara debe apreciar que, además de los delitos específicos indicados precedentemente, la sostenida actuación del Ministro acusado constituye una presión ilícita sobre la Corte Suprema, organismo jerárquico de todo el Poder Judicial. Una presión que tiene por objeto destruir o al menos limitar la independencia de sus miembros para juzgar y a deformar el concepto que de los tribunales tiene la opinión pública.
Tal presión no deja de ser ilícita por el hecho de que el Ministro acusado, así como los periódicos y los grupos que la comparten, sostengan qué lo hacen en nombre del interés popular, de las grandes mayorías o del pueblo. Por el contrario, tal pretensión configura el delito de sedición que contempla expresamente el artículo 3º de la Constitución Política del Estado.
Por las razones expuestas, la Honorable Cámara debo también acoger la acusación deducida.

III.- Incumplimiento de deberes constitucionales y legales
El Ministro de Justicia acusado, como se desprende de la declaración antes citada en que se refiere al fallo de la Corte Suprema, ha hecho caudal de antecedentes del proceso, los que explica conocer de los alegatos del abogado del Gobierno, que habrían sido gravados. Lo que podría explicar acuciosidad del señor Ministro. Acuciosidad que no tuvo frente a la campaña de desprestigio del Poder Judicial, como se ha expresado. Además, por otra parte, el Ministro de Justicia ha tenido conocimiento de reuniones en que participaron, al decir de informaciones aparecidas en varios periódicos el día 6 de enero, personeros de alto nivel. Una de esas informaciones expresa: que hubo reunión de alto nivel en una de las oficinas del Estado Mayor del Ejército. Según trascendió, el instructor militar se reunió con el juez militar, el Ministro de Defensa, altos personeros del Ejecutivo y los abogados del Gobierno, Sergio Politoff y Juan Bustos.
El Ministro de Justicia acusado ha debido tener conocimiento de tales informaciones y, al menos a través de ellas, de tal reunión. Sin embargo, no obstante la gravedad que la ley otorga a un hecho de esta naturaleza, nada hizo al respecto, pasando por alto la información, el hecho y las normas legales y constitucionales correspondientes.
El artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales señala a la letra: Los jueces deben abstenerse de expresar y aún de insinuar privadamente su juicio de los negocios que por la ley son llamados a fallar. Deben igualmente abstenerse de dar oído a toda alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles fuera del Tribunal.
El artículo 4º del Código de Justicia Militar hace aplicable a los Tribunales Militares tal prohibición.
Tan grave infracción a los deberes que imponen el Código Orgánico de Tribunales y el de Justicia Militar significa, a la vez, por la participación en tales hechos de Ministros y altos personeros del Ejecutivo, como señala la información, la comisión del grave delito de violación de la independencia del Poder Judicial. Responsabilidad que quien corresponda deberá sancionar.
Pero el Ministro acusado, responsable del departamento respectivo, responsable del ejercicio de la obligación constitucional de velar por la conducta ministerial de los jueces y, a la vez, obligado a denunciar tan grave hecho, no ha cumplido tales obligaciones, dejando sin cumplir las leyes y, en particular, la disposición del artículo 84 del Código de Procedimiento Penal.

Conclusión
El incumplimiento grave de sus deberes por parte del Ministro de Justicia, al dejar sin cumplir las leyes que le obligan a denunciar un hecho que configura o puede configurar un delito, debe ser sancionado por la Honorable Cámara, acogiendo la acusación también en esta parte.

Honorable Cámara: De los antecedentes expuestos de los documentos que se acompañan, y de todos los que se reúnan en la labor de la Comisión Acusadora, que debe ampliar tales antecedentes, se comprueba fehacientemente el fundamento de la presente acusación. En cumplimiento de las disposiciones del artículo 39, atribución 1ª, letra b) de la Carta Fundamental, la Honorable Cámara debe acordar acusar constitucionalmente al Ministro de Justicia, Lisandro Cruz Ponce, por infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes y por haberlas dejado sin ejecución.
(Fdo.): Mario Arnello R.- Gustavo Alessandri V.- Gustavo Monckeberg B.- Evaldo Klein D.- Domingo Godoy M.- Hugo Alamos Y.-  Miguel Luis Amunátegui J.- Mario Ríos S.- Gustavo Lorca R.- Luis Undurraga C.


IV.- TEXTO DEL DEBATE

Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 15ª y 16ª, extraordinarias, quedan a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la cuenta.
El señor Guerrero, don Raúl (Prosecretario), da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.


1.- CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor IBAÑEZ (Presidente).- Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos, de ley:
1°.- El que declara que una bonificación establecida en favor de los funcionarios semifiscales debe ser considerada para determinar el monto de una bonificación especial por años de servicios;
2º.- El que fija normas sobre terminación del contrato de trabajo, y
3º.- EL que crea la Junta de Desarrollo Industrial de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín.
Si le parece a la Cámara, y no se pide otra calificación, declararé calificadas de simples las urgencias hechas presentes.
Acordado.


2.- PERMISOS CONSTITUCIONALES

El señor IBAÑEZ (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Corporación para conceder, de inmediato, los permisos constitucionales que han solicitado los señores Valenzuela y Frei:
Acordado.


3.- ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS

El señor IBAÑEZ (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos que adoptaron los señores Comités en reunión celebrada al mediodía de hoy.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).- Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor, Ibáñez y con asistencia de ellos, excepto el Comité Independiente, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1º.- Tratar y despachar, como reglamentariamente procede, en primer lugar de la Tabla del Orden del Día de la presente sesión, el proyecto de ley, con urgencia calificada de suma, que otorga un nuevo plazo para que los profesionales y técnicos chilenos que regresen al país puedan acogerse a los beneficios de la ley Nº 17. 238;
2º.- Crear una Comisión Especial Investigadora encargada de conocer los antecedentes de las transacciones de acciones bancarias y su adquisición por parte de organismos del Estado.
Esta Comisión estará integrada con la misma proporción que la de Gobierno Interior y dispondrá de un plazo de 30 días para informar acerca de su cometido;
3º.- Suspender la sesión ordinaria que debe celebrar la Corporación en el día de mañana, miércoles 27 del presente, y
4º.- Destinar la sesión ordinaria del martes 2 de febrero próximo exclusivamente a tratar y votar la proposición de acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Justicia, don Lísandro Cruz Ponce.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, se declaran aprobados estos acuerdos por haber sido adoptados por la unanimidad de los señores Comités.


4.- COMISION ENCARGADA DE CONOCER LA ACUSACION CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, SEÑOR LISANDRO CRUZ PONCE

El señor IBAÑEZ (Presidente).- En conformidad con lo dispuesto en la atribución primera del artículo 39 de la Constitución Política de la República y en el artículo 261 del Reglamento Interior de la Corporación, corresponde proceder, en seguida, al sorteo de los cinco miembros que integrarán la Comisión encargada de conocer la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro de Justicia, don Lísandro Cruz Ponce, por las causales de infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes y por haberlas dejado sin ejecución1.
El señor Secretario procederá a efectuar el sorteo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).- De acuerdo con las normas constitucionales y reglamentarías, corresponde excluir del sorteo a los siguientes señores Diputados por las causales que en cada- caso se indican:
Por haber suscrito el libelo acusatorio, los señores Alamos, número 5; Alessandri, don Gustavo, número 7; Amunátegui, número 10; Arnello, número 14; Godoy, número 51; Klein, número 65; Lorca, don Gustavo, número 72; Monckeberg, número 85; Ríos, don Mario, número 108; y Undurraga, número 141.
Por ser integrantes de la Mesa Directiva de la Corporación, los señores Ibáñez, número 57; Acevedo, número 1; y Olave, número 91.
Por encontrarse fuera del país, con permiso constitucional, los señores Frei, don Arturo, número 42; Avendaño, número 16; y Valenzuela Valderra, don Héctor, número 145.
Efectuado el sorteo en la forma prescrita por el Reglamento, resultaron designados para integrar la Comisión que deberá informar esta acusación, los señores Diputados que en la lista por orden alfabético tienen los números 142, 11, 115, 8 y 61.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En consecuencia, la Comisión de cinco señores Diputados que conocerá de la acusación, estará integrada por los Diputados señores Ureta, Andrade, Sabat, Alvarado y Jaque.


5.- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS AL MINISTRO DE EDUCACION PÚBLICA, DON MARIO ASTORGA GUTIERREZ

El señor IBAÑEZ (Presidente).- En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Sala, corresponde discutir y votar, a continuación, el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de Educación Pública, don Mario Astorga Gutiérrez, para ausentarse del territorio nacional por un lapso superior a diez días.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 15 del Reglamento, cada Comité dispone de hasta diez minutos para usar de la palabra; después se declarará cerrado el debate y se procederá a votar la solicitud de permiso.
Ofrezco la palabra.
El señor KOENIG.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra. Su Señoría.
El señor KOENIG.- Señor Presidente, los Diputados democratacristianos deseamos tomar pie de la solicitud que ha presentado el señor Ministro de Educación Pública para participar en dos reuniones internacionales en Lima, a fin de formular nuestras inquietudes sobre algunas medidas que se han adoptado en esa Secretaría de Estado desde comienzo del actual Gobierno.
Curiosamente las principales medidas no son de orden técnico, lo que nos hace pensar que en sus principales aspectos sigue vigente la senda que imprimió a la educación el Gobierno del Presidente Frei, por mucho que hoy algunos personeros afirmen con ligereza que no ha existido Reforma Educacional.
La tónica de la nueva administración, en lo educacional, la ha dado la actitud de persecución funcionaría anunciada por el Subsecretario de Educación, don Waldo Suárez, desde el momento en que asumió el cargo y aplicada contra funcionarios de gran conversación y experiencia y de variadas tendencias ideológicas. No tuvimos ninguna duda en la conveniencia de facilitar al nuevo Gobierno la designación de ejecutivos en las tres Direcciones Generales de Educación. Tampoco desconocemos que, en nombre del Presidente de la República, puede solicitarse la renuncia a los funcionarios de su exclusiva confianza. Sin embargo, resulta manifiestamente un abuso de poder que estas renuncias se soliciten en forma sistemática a funcionarios que no tienen atribuciones decisorias y que, por sus altas y reconocidas condiciones, son virtualmente imposibles de reemplazar por personas de siquiera semejante idoneidad. Citaremos solamente algunos casos. En el mes de noviembre, el Subsecretario de Educación, señor Suárez, solicitó la renuncia a la Visitadora General del Ministerio, de Educación Pública, señora Celia Pedreros, distinguida profesional que servía dichas funciones desde hace más de catorce años y a quien sucesivamente respetaron los diversos Gobiernos por su eficiencia funcionaría y su independencia política. Pocos días después, se caducó el nombramiento del Visitador Jefe de Educación de Adultos, profesor Héctor Duarte, dando origen a una ambigua situación sobre la designación de su sucesor, pues se ha dispuesto sucesivamente que lo sea el señor Carlos Eugenio Beca, del MAPU, y la señora Atenas Dedes de Elgueta, radical, aunque en representación del API. Luego corrieron suerte parecida el Jefe del Departamento de Cultura y Publicaciones, Hugel Hernández, democratacristiano; el Jefe del Departamento de Personal Primaria, Horacio Oñate, de la Democracia Radical; el Jefe del Departamento de Personal Profesional, Santiago Norambuena, independiente; el Jefe del Departamento de Subvenciones, Guillermo Ekdahl, del API, todos los cuales han sido reemplazados por militantes socialistas con la sola pintoresca excepción de la Jefatura de Educación de Adultos.
Pero, aún conocemos un caso más grave y reciente. Es el que afecta a la Jefa Administrativa del Ministerio, doña Adriana Araneda, abogada y profesora con más de 24 años de servicio; Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Planta Directiva del Ministerio de Educación Pública, a quien el señor Subsecretario dio 48 horas para presentar su renuncia, probablemente por ser democratacristiana, en abierta contraposición con las reiteradas declaraciones de que los representantes de los organismos gremiales han llegado al Gobierno con la Unidad Popular y ante el extraño silencio del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación.
Todas estas situaciones han creado en los funcionarios del Ministerio una actitud de desconcierto y desconfianza que no es la más adecuada para que se prosiga con eficiencia la brillante labor educacional del gobierno anterior.
Creemos que es indispensable que el señor Ministro tome conciencia de estos hechos y que adopte las medidas necesarias para que se cumplan las garantías Constitucionales que aseguran participación pluralista en la educación, la que es imposible con persecuciones de esta naturaleza.
Confiamos en que el señor Ministro informará oportunamente a la Cámara de las medidas que adopte para remediar esta situación, sobre todo cuando él puede comparar lo expuesto con la política de respeto a todas las tendencias que él pudo apreciar durante la anterior administración como dirigente gremial del profesorado y como su representante ante varios organismos oficiales.
Podríamos extender nuestras denuncias haciendo alusión a casos similares que han dañado las expectativas profesionales de maestros de las diferentes ramas y de funcionarios administrativos del Ministerio de Educación Pública, pero la brevedad del tiempo no nos permite hacerlo en esta ocasión, y, por lo demás, lo planteamos ya el 2 de diciembre pasado y la Cámara acordó, por unanimidad, pedir todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, que hasta hoy no ha contestado el oficio enviado.
La gravedad de lo expuesto no nos debilita en nuestras posiciones, ni nos debilitará. Tampoco nos hace perder la serenidad. No actuaremos, como otros, por revanchismo.
Por estas razones los Diputados democratacristianos nos abstendremos en la votación.
Esperamos que la participación del señor Ministro signifique una reafirmación de la voluntad de Chile de construir fraternalmente, con los demás países latinoamericanos, un sistema educacional y cultural libre de todo tipo de tutelajes y colonialismos.
Ojalá se tenga presente también que la democracia es algo muy serio, que no sólo impone deberes hacia afuera, sino que también hacia adentro.
He dicho.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).- Pido la palabra.
El señor FRIAS.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Clemente Fuentealba.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).- Señor Presidente, el señor Ministro de Educación Pública concurrió a la reunión de Comités de hoy a explicar los motivos de su permiso constitucional para alejarse del país por más de 10 días.
Dos son las reuniones a las que el Ministro concurrirá en la ciudad de Lima, Perú. La primera, es una Reunión de Ministros de Educación de los países que forman el Grupo Andino del Convenio Andrés Bello; y la segunda, una reunión de CIECC, Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Las dos reuniones son de mucha importancia, y han sido promovidas por estos organismos que ya han tenido otras reuniones. En el acta final de la primera reunión de Ministros, celebrada en Bogotá entre el 27 de enero y el 1º de febrero de 1970, se acordó designar a la ciudad de Lima como sede de la segunda reunión, la que se realizará entre el 4 y el 6 de febrero próximo. Concurrirán a esta reunión los Ministros de Educación del Grupo Andino y altos funcionarios de los respectivos Ministerios, especialmente invitados por el señor Ministro de Educación de la República del Perú. Los temas que se tratarán están en estrecha concordancia con lo estipulado en el Convenio Andrés Bello, de Integración Educativa, Científica y Cultural de los países de la Región Andina, suscrito en nombre de los respectivos Gobiernos por los Ministros de Educación de Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia, el 31 de enero de 1970.
El temario es muy importante y contiene 7 puntos fundamentales.
La segunda reunión, que se efectuará entre el 8 y el 13 de febrero de 1971, corresponde a la Organización de los Estados Americanos y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
También en la primera reunión del CIECC, realizada en Viña del Mar el 10 de septiembre de 1970, se acordó que la sede de la segunda reunión sería la ciudad de Lima.
Al efecto, dicha reunión se llevará a cabo en Lima del 8 al 13 de febrero de 1971, inmediatamente después de la Reunión de Ministros de la Región Andina.
El proyecto de temario que se desarrollará es el siguiente:

1º.- Aprobación del Temario y Calendario;
2º.- Elección del Presidente y tres Vicepresidentes;
3º.- Informe de la CEPCIECC;
4º.- Consideración de los recursos del Fondo Especial del CIECC y del Fondo Especial de Cultura. Ofrecimientos voluntarios de los Estados miembros y Calendario de Pagos;
5º.- Consideración del proyecto de Programa y Presupuesto 1971-1972;
6º.- Lineamientos, para la preparación del proyecto de Programa-Presupuesto para el bienio 1972-1974;
7º.- Reglamentos del CIECC, la CEPCIECC y los tres Comités Interamericanos;
8º.- Fecha y Temario de la Tercera Reunión del CIECC, y
9º.- Mesa redonda sobre. Desarrollo Científico y Tecnológico y Transferencia de Tecnología.
Estos son los temas que se tratarán en las dos reuniones a que concurrirá el Ministro de Educación, en Lima.
No me quiero referir a los cargos que ha hecho el Diputado democratacristiano, que ha expresado que su Partido, en esta ocasión, se abstendrá de votar. Pero, sí, quiero dejar constancia de que cuando un Gobierno cambia de fisonomía, es indudable que también los altos cargos que están desempeñando personas importantes deben ser promovidos para poder desarrollar la política del Gobierno que se inicia en la Moneda.
Por eso los parlamentarios de la Unidad Popular vamos a votar favorablemente esta solicitud de permiso constitucional.
El señor CLAVEL.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLAVEL.- Señor Presidente, yo no quiero dejar pasar las observaciones sobre la política que está desarrollando el Ministro de Educación, don Mario Astorga, y que ha pronunciado nuestro colega y amigo el Diputado Koenig.
El Partido Radical, al cual pertenece el Ministro de Educación, tiene por la educación un alto y respetuoso concepto, y más aun lo tiene por los profesores de todas las ramas de la educación. Es así como el señor Ministro, de acuerdo con la línea, que sustenta la Unidad Popular, solamente ha estado efectuando cambios en el Ministerio entre los funcionarios de alto nivel No así, señor Presidente, en los cargos de los profesores comunes, de los directores de escuela, y de todos los que se relacionan con el profesorado directamente.
Señor Presidente, una de las quejas que tuvo el Partido Radical, en el Gobierno pasado, fue, casualmente, la política llevada a cabo en el Ministerio de Educación por la Democracia Cristiana. Nosotros creemos que la educación es patrimonio de todos los chilenos; no es patrimonio de un partido.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CLAVEL.- Esa va a ser la línea política que va a seguir el Ministerio de Educación.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CLAVEL.- Señor Presidente, yo le agradezco a la Democracia Cristiana este gesto de abstenerse en esta tarde.
Risas.
El señor CLAVEL.- Pero creo que no es posible que en pocos meses se olvide lo que el Partido Radical sostuvo durante los seis años de Gobierno de la Democracia Cristiana.
El señor SCARELLA.- Bueno, pero, ¿qué tiene que ver el Partido Radical?
El señor CLAVEL.- Todos los parlamentarios del Partido Radical hicieron presente la política sectaria del Gobierno de la Democracia Cristiana en la educación pública.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CLAVEL.- Por eso, señor Presidente, en esta tarde he querido levantar los cargos injustos que se han hecho en contra del Ministro de Educación de nuestro Partido.
Nada más, y muchas gracias.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Frías.
El señor FRIAS.- Le doy una interrupción al señor Ríos.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Ríos, don Mario.
El señor RIOS (don Mario).- Señor Presidente, el Partido Nacional ha encontrado interesante la visita del señor Ministro de Educación a un organismo internacional, ya que, según algunos antecedentes que se dieron a conocer durante la campaña, la Unidad Popular habría manifestado que su triunfo significaría también el retiro de Chile de una serie de organismos internacionales. Por tal motivo, nosotros hemos creído interesante apoyar el permiso del señor Ministro de Educación para asistir a estos organismos, que se van a reunir en la ciudad de Lima, en Perú.
Por otro lado, Presidente, nosotros le hicimos una consulta al señor Ministro en relación al problema del reglamento que autoriza a los diferentes partidos políticos para dar a conocer sus opiniones en la televisión nacional. El señor Ministro manifestó que el reglamento estaba en estudio y que algunas personas incluidas en ese organismo aún no se habían nominado por las diferentes instituciones o agrupaciones que representan.
Por tal motivo, el Partido Nacional, por mi intermedio, anuncia sus votos favorables al permiso para que el señor Ministro de Educación se ausente de nuestro país.
Nada más, Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede continuar el señor Frías.
El señor FRIAS.- He concedido una interrupción al señor Muñoz.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Simplemente para señalar, señor Presidente, que el viaje del Ministro de Educación es de extraordinaria importancia, por lo que, indudablemente, va a concitar la aprobación de la Sala de parlamentarios, que están conscientes del gran proceso educacional, que no solamente está viviendo Chile, sino el mundo en general.
La Democracia Cristiana planteó en su Gobierno la reforma educacional. Realizó algunos logros sobre esta materia. Naturalmente, este esfuerzo que trató de realizar, tiene que vincularlo la Democracia Cristiana con la reunión que van a efectuar los países del Área Andina.
En una de las reuniones especiales donde se trataron los delicados problemas educacionales, como bien recordarán los colegas, señalamos algunos parlamentarios maestros que en pocas oportunidades el Ministerio de Educación había estado dirigido, como Ministro, por un maestro. En una de esas pocas ocasiones, ahora hay un Ministro maestro y profesor. Y se trata de uno de los más distinguidos maestros, que tiene clara conciencia de lo que es la función profesional docente. Presidente de la Unión de Profesores de Chile y alto dirigente de la Federación de Educadores, está capacitado, tal vez como para velar por la pureza del proceso educacional, sin caer en un sectarismo de persecución. Debo manifestar que los Directores Provinciales de Educación, los Visitadores de Zona, los altos funcionarios, de todas las reparticiones y de todos los niveles educacionales, continúan en sus puestos. Quiero recordar que, en este instante, dieciocho Directores Provinciales de Educación, que se encontraban en comisión de servicio al término del Gobierno pasado, gracias a la gestión de este Ministro, están regresando a sus lugares-de origen, a sus provinciales, para desempeñar el cargo que les correspondía.
Por eso, no hay aquí, de manera, alguna, persecuciones sectarias. Muy por el contrario, se trata de que cada persona cumpla la función para la cual fue designada.
Por eso, me alegro de que los parlamentarios entreguen su aprobación al viaje del Ministro de Educación en el preciso instante en que Chile y América Latina están haciendo esfuerzos desesperados para terminar con el analfabetismo, que es puerta abierta para la miseria.
Gracias, colega Frías.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede continuar el señor Frías.
El señor FRIAS.- Señor Presidente, sólo para agregar a lo ya dicho por nuestro colega señor Ríos, que los parlamentarios nacionales concurrimos con nuestros votos a la aprobación de este permiso porque encontramos positivo que el Gobierno de la Unidad Popular haya revisado sus primeros planteamientos en cuanto anunciaba que iba a marginar al país de algunos organismos internacionales.
Nos parece positivo para la convivencia democrática de los países americanos, que el Gobierno de Chile esté presente en estas reuniones. Creemos que de ellas se pueden derivar enseñanzas y conocimientos que van a tonificar y a mejorar nuestra situación.
Nada más, Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Carrasco.
El señor CARRASCO.- Señor Presidente, la verdad es que el colega Koenig se refirió, no tanto al Ministro, sino al Subsecretario de Educación, quien nadie puede dudarlo ha retirado una infinidad de decretos de la Contraloría General de la República.
El señor PARETO.- Así es.
El señor CARRASCO.- Nosotros lo denunciamos en esta Cámara, y vuelvo a reiterar al señor Presidente que solicite del señor Contralor General una explicación al respecto.
En segundo lugar, señor Presidente, tampoco se puede negar la persecución política que ha habido en el Ministerio de Educación, que fue declarada por el propio Subsecretario.
En tercer lugar, el señor Fuentealba habla que, cuando se cambia un Gobierno, deben cambiarse los altos ejecutivos. Quiero recordarle al señor Fuentealba que su correligionario el señor Luis Moll Briones estuvo tres años apernado en el Gobierno del Presidente Frei y no lo podíamos sacar.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CARRASCO.- De tal manera que no nos venga aquí con nuevas estrategias ahora que está en el Gobierno.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor CARRASCO.- En cuarto lugar, señor Presidente, para ser sintético, creo que ni el señor Clavel, ni ninguno de los colegas radicales, tiene derecho a. criticar la política educacional del Gobierno del Presidente Frei mientras ellos no hagan tanto o más que lo que nosotros hicimos,...
El señor PARETO.- ¡No han hecho nada!
El señor CARRASCO.-...política educacional que han reconocido Latinoamérica y el mundo entero. Los colegas que son consecuentes con sus principios en muchas ocasiones también la han reconocido. Mientras ellos no den a conocer su política educacional; mientras no construyan una escuela y media diaria, como lo hicimos nosotros; mientras no reformen los planes educacionales; mientras no eleven la matrícula en el nivel en que nosotros lo hicimos; mientras no abran la universidad en un ochenta y tanto por ciento, como nosotros lo hicimos; mientras no dejen de hablar en forma demagógica, como lo hacían antes, pidiendo universidad para todos, cosa, que ahora está negando el actual Ministro de Educación, no tienen derecho a venir a criticar la labor educacional del Presidente Frei.
Por eso, señor Presidente, nosotros nos vamos a abstener de votar la autorización para que el señor Ministro viaje al extranjero.
No se venga a decir aquí que nuestros Ministros de Educación no han sido maestros. Los dos Ministros de Educación que tuvo el Gobierno del Presidente Frei, el señor Gómez Millas y el señor Máximo Pacheco, fueron verdaderos Ministros y verdaderos maestros; que pueden dictar cátedra a cualquier otro maestro, con el respeto que a todos les tenemos.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el permiso solicitado.
Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En consecuencia, se aprueba el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de Educación Pública.


ORDEN DEL DIA


6.- NUEVO PLAZO PARA QUE PROFESIONALES Y TECNICOS QUE REGRESEN AL PAIS SE ACOJAN A LA LEY Nº 17. 238

El señor IBAÑEZ (Presidente).- Entrando en Tabla del Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de suma, que establece un plazo para que los profesionales y técnicos chilenos que regresen al país puedan acogerse a los beneficios de la ley Nº 17. 238.
El proyecto de ley, impreso en el boletín Nº 599-70-1, es el siguiente:
Artículo único.- Autorízase a los profesionales y técnicos chilenos que regresen definitivamente al país, dentro del plazo de un año, contado desde el 22 de noviembre de 1970, y cumplan con los demás requisitos que exige la ley Nº 17. 238, para acogerse a los beneficios que otorgan los artículos 1º y 2º de dicha ley.
El señor PALESTRO.- ¡Votemos! Estamos todos de acuerdo.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Me permito hacer presente a la Sala que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 283 del Reglamento, este proyecto deberá ser despachado, en todo caso, en la presente sesión.
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Pedimos la palabra, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Está cerrado el debate!
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Se va a dar lectura a la indicación presentada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).- Indicación de los señores Guastavino, Schnake, Sanhueza, Muñoz, Pontigo, Sepúlveda y Pérez, para agregar el siguiente inciso:
Respecto de los vehículos que ya se encontraren desaduanados en puertos chilenos, la Junta General de Aduanas calificará el valor, 1 deduciendo del que se indica en el inciso segundo del artículo 1º de la ley 17. 238 el porcentaje que corresponda por su desgaste.
El señor KLEIN.- Que la expliquen.
El señor RIOS (don Mario).- Hay que traducirla.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado. En votación particular.
Se votará el artículo con la indicación.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará el artículo con la indicación.
El señor NAUDON.- ¿Cuál es la indicación?
El señor KLEIN.- La que se leyó denantes.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Acordado.
Despachado el proyecto.


7.- PRORROGA DEL PLAZO REGLAMENTARIO PARA TRATAR EL PROYECTO QUE ORDENA A LA EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO CREAR UN, DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION Y VENTA DIRECTA DE GAS LICUADO

El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señores Diputados, en segundo lugar de la Tabla figura el proyecto de ley que dispone que la Empresa Nacional de Petróleo organizará un Departamento distribuidor para vender directamente a los consumidores del país su producción de gas licuado.
Este proyecto no tiene informe de la Comisión de Hacienda. La Mesa se permite proponer a la Sala, la prórroga del plazo reglamentario hasta el día 10 de febrero.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.


INCIDENTES


8.- SITUACION DE LAS COMUNIDADES JUDIAS EN PAISES DEL MEDIO ORIENTE.- OFICIO

El señor IBAÑEZ (Presidente).- Corresponde entrar a la Hora de Incidentes.
El primer turno corresponde al Comité Democratacristiano.
El señor SIVORI.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría; a continuación, el señor Koenig.
El señor SIVORI.- Señor Presidente, mañana 27 de enero, se conmemora el triste aniversario de los ahorcamientos de judíos en Bagdad. Igualmente, el primer aniversario de la realización en París de la Conferencia Internacional para la Liberación de los Judíos en el Medio Oriente, conferencia que contó con la participación de 25 delegaciones venidas desde los más opuestos puntos del mundo.
Dicha conferencia, convocada con el fin de asegurar la libertad de las comunidades judías de los países árabes, permitiéndoles que pudieran emigrar a otros países, fue presidida por Alain Poher, Presidente del Senado francés, y participó en su directiva Mauriee Rolland, Presidente de la Corte Suprema de Apelaciones de Francia.
La conferencia emitió un llamamiento a los Jefes de Estado de Irak, la República Árabe Unida y Siria, pidiéndoles encarecidamente que aseguraran el respeto de los Derechos del Hombre y, por razones esencialmente humanitarias, que permitieran salir de dichos países a las comunidades judías. Asimismo, se dirigió un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas pidiéndole que emprendiera a través de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, toda acción que hiciera posible investigar las condiciones de existencia de las comunidades judías en dichos Estados y que les permitiera salir de los mismos si es que ellas lo deseaban.
Quisiera destacar lo importante y determinante que fue el eco logrado por la Conferencia Internacional a que me refiero. La prensa mundial, la radio y la televisión de todos los países le consagraron amplias reseñas, hechos todos, qué permitieron que la Conferencia lograra uno de sus primeros objetivos, cual era enterar a la opinión pública internacional de lo concerniente a la situación en que se encuentran estas minorías judías en los países árabes.
A la largo de un año de trabajo, la Comisión Investigadora de la Conferencia presentó la situación de las minorías judías en los países aludidos en la siguiente forma.

Situación de los judíos en Egipto.- La situación era sumamente inquietante. En especial, hasta el momento de celebrarse la Conferencia era crítica, ya que más de 80 detenidos se encontraban aún en prisiones egipcias en condiciones que eran difíciles de admitir. Gracias a los esfuerzos aunados de la Conferencia, de sus diversas intervenciones ante el Secretario General de las Naciones Unidas y de las gestiones llevadas a cabo por algunos países, el Gobierno egipcio aceptó estas intervenciones y fue poniendo en libertad, poco a poco, a los detenidos.
En la actualidad, se puede afirmar que el problema que particularmente les afectaba está virtualmente solucionado, ya que la mayor parte de los detenidos se halla en libertad, habiendo sido acogidos por diversos países de Europa.

Situación de los judíos en Irak.- La situación de los judíos en Irak, país que, por la gravedad con que se manifestaba, dio lugar a la creación del Comité de Amigos Franceses para la Liberación de los Judíos del Medio Oriente, ha parecido estabilizarse, en la medida de que, si ella no ha mejorado, por lo menos no se ha agravado ni ha habido nuevos procesos, ejecuciones ni ahorcamientos.
Además, el alcance de la Conferencia Internacional por su resonancia en la opinión pública mundial, la publicación en la prensa del mundo entero y las declaraciones hechas por personalidades de todo el orbe deben haber hecho reflexionar al Gobierno iraquí, y así pudimos leer en la prensa francesa, el 5 de marzo de 1970, un despacho transmitido por la Agencia France Presse y por Reuter que dice:
El Ministro del Interior iraquí ordenó el pasado martes la supresión de ciertas medidas restrictivas que habían sido tomadas por los regímenes iraquíes y que habían sido decididas contra los judíos que viven en Irak.
Las instrucciones comunicadas al Ser- vicio Administrativo interesado autorizan que, en lo sucesivo, los judíos que acrediten poseer diploma puedan abrir farmacias.
Las líneas telefónicas de casas y almacenes pertenecientes a judíos serán restablecidas y aquellos que hubieren sido destituidos de las funciones que ocupaban en la administración son invitados a que formulen una demanda de reintegración.
Este reconocimiento implícito de la existencia de discriminación de hecho y de derecho en Irak demuestra fehacientemente lo acertado de la convocación de la Conferencia y de las gestiones e intervenciones, ya que hasta entonces el Gobierno iraquí se había negado a reconocer hasta la existencia de tales discriminaciones.
Hoy día, si bien es cierto que la situación no se ha agravado, tampoco ha mejorado. Se ha autorizado a los judíos para que hagan una demanda de pasaporte, pero hasta la fecha no se ha logrado saber si los judíos del Irak han podido salir libremente del país.

Situación de los judíos en Siria.- La situación de los judíos en Siria sigue siendo la más inquietante y, de seguro, la más grave. En primer lugar, no solamente no ha mejorado en relación al último balance presentado en enero de 1970, sino que, en cierta manera, la situación se ha agravado a causa de que un verdadero muro de silencio se ha alzado ante la pequeña comunidad judía, que se encuentra totalmente aislada del mundo exterior. Todos los esfuerzos realizados para tratar de comunicarse con dichas comunidades o, por menos, de tener noticias en alguna forma tranquilizadora, han sido infructuosos causa de la sistemática actitud observada por las autoridades sirias. Todo lo que se sabe es que esa pequeña comunidad judía continúa viviendo en medio de una hostilidad permanente y que su vida se encuentra constantemente amenazada.
La Conferencia continúa haciendo esfuerzos, sin fin y sigue luchando, por tolos los medios posibles, para tratar de acabar con ese muro de silencio y lograr para esa comunidad una vida digna, permitiéndoles abandonar el país, donde uno se pregunta por qué se les quiere retener.
El Secretario General de las Naciones Unidas ha sido mantenido constantemente al corriente de los esfuerzos de la Conferencia. Es por lo que, en el mes de junio de 1970, después de una declaración hecha por él a la Royal Commonwealth Society, en Londres, la Conferencia le envió un telegrama cuyo texto era el siguiente:
La Conferencia Internacional para la liberación de los judíos en el Medio Oriente, de la que la sede se encuentra en París, expresa su felicitación al señor Secretario General de las Naciones Unidas. Ella se congratula muy particularmente de sus recientes declaraciones, el día 15 de junio, en Londres ante la Royal Commonwealth Society, declaraciones relativas a la situación de las minorías jadías en determinados países árabes. Además, ella registra los esfuerzos desplegados por el señor Secretario General para llegar a mejorar la situación dramática de éstas comunidades y con gran satisfacción el logro de ciertos progresos, pero, por desgracia, no deja de comprobar que en algunos de los países árabes las citadas minorías continúan siendo objeto de discriminaciones legales, razón ésta, por lo que ella espera con el más vivo interés que la acción del señor Secretario General, a la que rindo sincero homenaje, y a la que ella misma irá desarrollando con los medios de que dispone acabaran por convencer a los países de que se trata de que deben sujetarse a las reglas del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, ya sea devolviendo a las citadas minorías la plenitud de sus derechos de ciudadanía o bien permitiéndolas salir libre e incondicionalmente de los países en cuestión.
En todo este contexto hay dos resultados que pueden considerarse satisfactorios. El primero, totalmente positivo, es el que concierne a los judíos de Egipto; y el segundo se refiere a los judíos en Irak.
Estos resultados no pueden tener otro efecto que estimular a proseguir la acción sin descanso, utilizando todos los medios al alcance y con el apoyo de personalidades, Gobiernos, instituciones nacionales e internacionales.
Es por ello que apelo a la Honorable Cámara de Diputados, que en muchas oportunidades demostró ser celosa guardiana de los Derechos Humanos, por encima de consideraciones políticas, con el fin de hacer un llamado a permitir la libertad y asegurar el respeto de dichos Derechos para las minorías judías en los países árabes.
Para ello, solicito que se envíe una comunicación a la Comisión de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas solicitándole que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar todos los medios a su alcance para que se ¿fe pronta y justa solución a este grave problema.
Nada más, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Se enviará la nota solicitada por Su Señoría, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.


9.- REPARACION DEL EDIFICIO DEL LICEO DE NIÑAS DE VALDIVIA, CON CARGO AL 2% CONSTITUCIONAL. OFICIO

El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Koenig.
El señor KOENIG.- Señor Presidente, con fecha 4 del presente, el Liceo de Niñas de Valdivia fue destruido en gran parte por un incendio y, gracias a las gestiones del Intendente de la provincia, respaldado por los parlamentarios de la misma, el Ministerio del Interior otorgó fondos del 2% constitucional para ir a la inmediata reparación de este edificio. Sin embargo, debido a los trámites burocráticos que hay que realizar, aún no se han traspasado los fondos desde el Ministerio del Interior a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que es la que va a realizar las obras de reparación de este Liceo.
Por tal razón, yo pediría que se oficiara al señor Ministro de Educación Pública, al señor Ministro de Hacienda y al señor Ministro del Interior, especialmente, para que de inmediato se haga el traspaso de los fondos del 2% constitucional a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para el fin indicado, y acompañando al oficio un telegrama de la Directora del establecimiento, señorita Erna Musecke, que voy a entregar a la Mesa.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.


10.- INTRANQUILIDAD DE PROPIETARIOS DE FUNDOS DE LA COMUNA DE RIO BUENO (VALDIVIA) ANTE OCUPACION ILEGAL DE PREDIOS.- ACUERDO MUNICIPAL.- OFICIOS

El señor KOENIG.- Además, señor Presidente, respecto al oficio número 4 de la Municipalidad de Río Bueno, que está constituida por tres regidores democratacristianos, uno del Partido. Socialista, dos del Partido Nacional y uno del Partido Radical, que transmite un acuerdo unánime de esa Corporación, que dice lo siguiente:
Río Bueno, 15 de enero de 1971. Oficio Nº 4.
Ante la alarma que se ha formado por las continuas tomas de fundos por parte de elementos extraños en la comuna, la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, en sesión tomada con fecha 30 de diciembre recién pasado, por la unanimidad de sus miembros acordó dirigirse al señor parlamentario para exponerle la grave situación creada en esta comuna y departamento por estos atropellos:
Elementos afuerinos de esta comuna, desde hace tiempo, están agitando a los campesinos para que se tomen los fundos de sus patrones, basados en la Ley de Reforma Agraria, lo que no es legal, puesto que la Corporación de la Reforma Agraria no ha puesto en ejecución su plan de expropiaciones de terrenos.
Esta situación ha creado una intranquilidad dentro de los propietarios de fundos, los que por no saber si sus predios serán o no expropiados, los lleva a no efectuar ninguna clase de trabajos, ya sea sembrando o cosechando sus productos para la economía nacional.
Así tenemos, actualmente, una lamentable merma en productos de consumo, como ser trigo, papas, leche, carnes, etcétera.
Esta escasez ficticia de artículos de consumo ha venido a encarecer más los precios que ya son muy subidos, mermando con esto el poder adquisitivo del pueblo consumidor que es el más afectado por este grave problema.
Por tal motivo, 1a Ilustre Municipalidad acordó solicitar del Honorable parlamentario, para que por su intermedio se dé cuenta en el Parlamento y esferas gubernativas, de la gravísima situación creada en esta zona con la toma ilegal de fundos y propiedades particulares al margen de la Ley de Reforma Agraria.
Esperando ver acogida favorablemente esta justa petición de la comuna de Río Bueno, le saluda muy atentamente.
Esta comunicación está dirigida a los Diputados Pabla Toledo, Eduardo Koenig, Hernán Olave, Jorge Sabat y Agustín Acuña, Cámara de Diputados, Santiago.
Agradecería al señor Presidente dirigir oficio a los señores Ministros del Interior y de Agricultura, planteándoles lo que acabo de dar a conocer y acompañándoles este oficio, que pondré a disposición de la Mesa.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en la forma señalada.


11.- PROBLEMAS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO.- OFICIOS

El señor KOENIG.- Concedo una interrupción al Diputado señor Sepúlveda, señor Presidente.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Señor Presidente, desde los primeros días del presente año, nuestra provincia ha tenido el alto honor de recibir como huésped al Presidente de la República, don Salvador Allende, y a algunos de sus principales colaboradores. La experiencia, aunque no es nueva, resulta interesante, y todos los porteños hemos puesto nuestras esperanzas en las manos de quien fuera Senador por la provincia de Valparaíso e hijo genuino de esa generosa tierra.
Muchos son los problemas de nuestra provincia, como los hay también, sin duda, en cada rincón del territorio nacional. Sin embargo, para las actuales autoridades nacionales, la solución de nuestros problemas resultan más al alcance en tiempo, ya que la gran mayoría de ellos han sido estudiados y reestudiados por numerosos gobiernos. Y sabido es que el proceso que representa la preparación, planificación y programación, requiere de tiempo, de selección de prioridades, de clasificación de las necesidades y sus posibles soluciones, y de la búsqueda de los recursos necesarios para afrontar la ejecución de las obras, proyectos e iniciativas de obras públicas, bien sea en obras sanitarias, de vialidad, de riego, de arquitectura, de obras portuarias, de defensas fluviales, de obras comunitarias, etcétera. Hace pocos días, la representación parlamentaria de nuestra provincia fue gentilmente invitada a una reunión en el Palacio de la Intendencia, para tratar sobre los principales problemas de Valparaíso, Quillota e Isla de Pascua. Lamentablemente, por tareas encomendadas por mi partido fuera de mí provincia, no pude estar presente en la ocasión señala; y, por ello, me permito ahora, desde esta tribuna, junto con destacar el hecho, solicitar que se oficie a los señores Ministros de Obras Públicas, de Vivienda, de Economía, de Hacienda y otros, según corresponda, para reiterarles peticiones que hemos venido formulando durante nuestra labor parlamentaria de ya casi seis años, con el objeto de solucionar problemas cuyos estudios deben estar ya afinados; como es el caso, por ejemplo, de la dotación de agua potable para los barrios altos de Valparaíso y Viña del Mar, la ampliación de trabajos para la captación de aguas para el acueducto de Las Vegas, cuya urgencia es dramática si se tiene en cuenta que la otra fuente de abastecimiento de las comunas de Valparaíso, el Lago Peñuelas, está prácticamente seco por la prolongada falta de lluvias en nuestra zona. Según los técnicos nuestros, es imprescindible reforzar, con la construcción de nuevos pozos profundos, en la zona de Ocoa y de Concón, el acueducto de Las Vegas, para lo cual también es necesario hacer inversiones complementarias de alto valor, adquiriendo bombas definitivas y una nueva planta elevadora para Concón. Según nuestras informaciones, el BID aceptó ya los estudios realizados, ofreciendo los créditos necesarios para tal operación.
En relación con el abastecimiento de agua, podemos señalar también la necesidad de obtener un mayor rendimiento y uso para las aguas del río Aconcagua, según el plan de riego, que lleva ya largo estudio y que contempla varias iniciativas interesantes desde el punto de vista económico y de su rendimiento, como es el embalse de Los Aromos en el estero Limache, que permite asegurar en un ciento por ciento el abastecimiento de la planta elevadora de Concón y el regadío de la zona. Deben también consultarse en el programa de inversiones del presente año, según expresiones de los técnicos, de la prensa y de los sectores beneficiados, el mejor encauzamiento y las defensas ribereñas necesarias en varios sectores del río Aconcagua, que beneficiarán a la zona de Quillota, La Cruz, Puchuncaví, Tabolango y Concón.
En materia de saneamiento, repetiremos, una vez más, que es insostenible para los habitantes de Quilpué, El Belloto, Villa Alemana y Peña Blanca, su aflictiva situación, con la explosión demográfica del sector, que dejó sin capacidad suficiente el tratamiento de abrómicos con las plantas existentes, que datan desde hace 25 o 30 años. En el año 1970, la comunidad organizada en clubes deportivos, centros de madres, juntas vecinales, encabezados por los Clubes Rotarios de Quilpué y Villa Alemana y sus respectivos municipios, colocaron en primer lugar de prioridad el abordar la solución-de este problema. Los parlamentarios hemos estado presentes en algunas reuniones, en las cuales se ha informado de la disposición de las autoridades municipales, incluida la de Viña del Mar, para buscar una solución común y definitiva, en conjunto con las autoridades de la Administración Pública y organismos internacionales dispuestos a facilitar los recursos. Nuestra petición concreta sobre esta materia es que el Ministerio- respectivo centralice todos los esfuerzos y estudios, pidiendo desde ya que durante la permanencia del señor Presidente de la República en nuestra provincia, se pueda efectuar una reunión general, con asistencia de parlamentarios y autoridades municipales, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Comisión de Saneamiento de Valparaíso y de todos los organismos e instituciones que, de una u otra manera, conocen el problema y han ofrecido posibles soluciones.
En materia de vialidad, debemos recordar la aceleración de los trabajos de mejoramiento del camino de Viña del Mar a Concón; de la variante ENAP en el camino de Santa Inés a Concón, que pasará por detrás de la Refinería de Petróleo; el término del camino internacional, en el sector que ya desde Las Cruzadas a San Isidro-La Calera Carretera Panamericana, materia que abordó en esta misma Cámara, en fecha reciente, el Diputado señor Gustavo Cardemil.
Además, solicitamos una especial preocupación por el camino costero conocido como Vía Elevada, y la iniciación del camino costero Papudo-Algarrobo, para lo cual debemos recordar que los parlamentarios de Valparaíso conseguimos parte del financiamiento con los recursos que proporciona la ley que autorizó el funcionamiento del Casino de Viña del Mar en la temporada de invierno en favor de CORVAS (Consejo Regional de Turismo) creado en esa misma ley.
En el año pasado, se nos informó que el camino que va de Papudo a Zapallar y La Laguna, tenía terminado su estudio de pavimentación y su estudio de factibilidad económica con tasa interna de retorno del 24%, siendo su presupuesto aproximado de 25 millones de escudos, que serían debidamente considerados en el presupuesto del presente año. Sobre el camino La Laguna-Puchuncaví, se nos informó, en esa misma oportunidad, que había financiamiento en el Banco Mundial. Sobre el camino de Valparaíso a Algarrobo, se nos informó que estaba en estudio por la Dirección de Vialidad, reclamando nosotros la necesidad de dar debida consideración en estos estudios a los aspectos que incidan en un desarrollo turístico acelerado, lo que fue uno de nuestros principales objetivos al dictar la ley que creó el CORVAS.
Respecto de la zona Puchuncaví-Ventanas, se hace imprescindible que la. Empresa Nacional de Minería acelere la inversión que permita la instalación en las altas chimeneas de la fundición de ENAMI de los filtros necesarios para impedir los deterioros que ha sufrido nuestra agricultura y también la población de esa región por los gases venenosos que se desprenden de esos hornos.
La experiencia realizada durante el Gobierno del Presidente Frei en la construcción de obras menores, con la colaboración de la comunidad organizada, obliga a insistir y perfeccionar el sistema de la prosecución de obras menores, con la colaboración de la Delegación Zonal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tales como alcantarillas, muros de contención, movimientos de tierra para apertura y mejoramiento de calles de acceso a poblaciones, etcétera, en coordinación con las Municipalidades de Valparaíso y Viña del Mar y las demás de la provincia y la comunidad organizada en las parte altas de Viña del Mar, como las ejecutadas en Reñaca Alto, población Achupallas y. otras.
Por lo tanto, ruego al señor Presidente tenga a bien ordenar que se oficie, en la forma señalada, a las autoridades ya mencionadas.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.


12.- ESTABLECIMIENTO DE CENTRO INDUSTRIAL MADERERO REGIONAL EN YUNGAY (ÑUBLE).- OFICIOS.

El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el señor Jaramilla
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas posee, en las provincias de Ñuble, Concepción y Bío-Bío, los siguientes fundos: 
Ranquillón, adquirido en el año 1943. Tiene una superficie de 1. 671, 8 hectáreas, de las cuales 1. 262 se encuentran plantadas con pino insigne de 2 a 22 años; 60 hectáreas se encuentran empastadas; el resto, ocupado por caminos, goces, instalaciones, cortafuegos y pedregales improductivos.
Fundo Cruz de Piedra, adquirido por la Caja en 1946. Su superficie es de 1. 520 hectáreas, de las cuales 1. 200 hectáreas se encuentran plantadas con pino insigne de 2 a 22 años; 50 hectáreas se encuentran empastadas; y el resto, ocupado por caminos, goces, etcétera. Estos dos fundos están ubicados en Ñuble.
Fundo La Cruz del Ciprés. Este fundo está formado por tres porciones, adquiridas en distintas fechas; dos de ellos, La Cruz del Ciprés y Huinganal y Campanario, en 1944; el fundo Cholguán, en el año 1945. En la actualidad, constituyen; un sólo predio forestal, de una superficie de 3. 502. hectáreas, de las cuales se encuentran forestadas con pino insigne 3. 000 hectáreas, de 1 a 20 años; 120 hectáreas, empastadas; y el resto, ocupado por caminos, goces, etcétera. Parte de este fundo está ubicado en Ñuble, otra en Concepción.
En la provincia de Bío-Bío está el fundo El Morro, adquirido por la Caja en 1946. Tiene una superficie de 10. 097 hectáreas, de las cuales 343 hectáreas son vegas regadas; 2. 362 hectáreas son lomajes pendientes y 7. 392 hectáreas son cerros altos, cubiertos de renovales y plantaciones. Posee, aproximadamente, una superficie de 4 mil hectáreas de renovales de raulí, de 25 30 años de edad.
Pues bien, doy esta información, porque estimo indispensable que esta riqueza forestal, de propiedad de los imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, pueda ser aprovechada mejor en beneficio directo de ellos, a través de la venta de maderas listas y pre-cortadas para la construcción de viviendas, procurando, de este modo, no vender maderas a terceros. Es necesario, entonces, poner en práctica el Programa de Industrialización, aprobado por el Consejo de la Caja el año 1969, cuya finalidad es volcar toda la producción maderera a. sus imponentes.
A pesar de que lo expuesto anteriormente es importante, sin embargo, ello sólo representa una solución parcial para el aprovechamiento integral de las 10 mil hectáreas forestadas.
Señor Presidente, creo que es conveniente crear un complejo, industrial maderero regional, ubicado en las provincias de Concepción, Ñuble y Bío-Bío, el cual podría estar integrado por una central maderera y los predios forestales de la zona, de propiedad de las instituciones que dependen del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la Corporación de Fomento de la Producción, incorporándose también los fundos de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, ya mencionados, y los del Servicio de Seguro Social.
Esta iniciativa, reitero, debe corresponder al propósito de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos existentes por parte de estos organismos, y, al mismo tiempo, colaborar en los planes de desarrollo del Gobierno Popular, especialmente en el plan habitacional.
La instalación de una central maderera produciría madera elaborada, elementos precortados para la industria de la construcción (casas paquete) e industria del mueble, galpones agrícolas, postes para transmisión y otros, envases de madera, etcétera.
Esta central madedera podría ser complementada por medio de dos plantas industriales: una, que produciría terciado estructural, competitivo en el mercado internacional; y otra, que produciría paneles del tipo fiver-plank, cuyas características permiten el aprovechamiento del desecho de menor calidad y del ramaje.
Los predios forestales abastecerían de materia prima a la central, ya sea mediante su incorporación contractual en el complejo, manteniéndose como propiedad de las instituciones, o con otra modalidad, según se vea su conveniencia.
Hay otros aspectos, como son el capital y la operación del complejo industrial, que1 deberán estudiarse. Pero no cabe duda alguna de que una obra de esta naturaleza, aparte de contribuir al desarrollo nacional, significa una fuente de trabajo regional. En mi provincia, señor Presidente, esto es básico.
Por tal razón, y porque se dan las condiciones adecuadas, creo que la instalación de la central debe, quedar ubicada en la zona de Yungay, provincia de Ñuble. Algunos estudios así lo aconsejan, además de constituir un aspecto fundamental de descentralización industrial regional, pues Ñuble es una zona de escasas industrias, por lo que se hace necesario fortalecer su desarrollo en base al complejo maderero y sus complementos.
Solicito que se envíe oficios, en mi nombre y en el del Comité Demócrata Cristiano, al Presidente de la República y al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se hagan los estudios pertinentes y sea la zona de Yungay, de Ñuble, la favorecida con dicha obra cuando ella sea una realidad.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría al Presidente de la República y al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.


13.- NECESIDADES DE LA POBLACION SANTA ELVIRA DE CHILLAN (ÑUBLE).- OFICIO

El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la población Santa Elvira es una de las más antiguas y populosas de Chillán. La lucha de sus organizaciones y de los pobladores, en general, por conseguir un campo deportivo, un Retén de Carabineros y un consultorio o posta de primeros auxilios data desde hace mucho tiempo. 
Estos tres asuntos han sido planteados en varias oportunidades y en forma particular, por el parlamentario que habla. Sobre el campo deportivo, por ejemplo, posible de construir en el sector norte de la población, en un terreno de propiedad del INDAP y hasta el momento sin ningún aprovechamiento de tipo agrario, se han hecho gestiones directas ante la Gerencia de Construcciones Deportivos de la Dirección de Deportes del Estado y ante esta misma institución. Tengo, la seguridad de que la petición hecha por los deportistas y el parlamentario que habla sobre esta materia, será satisfecha, en razón de la buena voluntad de la Dirección indicada para construir canchas a través del país.
Estimo que para hacer realidad este viejo anhelo de los deportistas y pobladores de Santa Elvira, es necesario, primero, que el Ministerio de Defensa pida la transferencia respectiva al Ministerio de Agricultura.
Otro problema importante para la Población Santa Elvira, de Chillán, es la instalación de un Consultorio Médico o Posta. Para ello, la Municipalidad donó un terreno al Servicio Nacional de Salud; pero esta institución, por falta de recursos económicos, rechazó dicha donación, a través de un oficio de la Sección Convenciones Patrimoniales. Es menester que la Dirección de Planificación y Equipamiento del Servicio Nacional de Salud reponga dichos fondos para satisfacer una necesidad básica de la Población Santa Elvira, de Chillán.
En mi nombre y en el del Comité Demócrata Cristiano, solicito que se envíen oficios a los señores Ministros de Educación Pública, de Agricultura y de Salud Pública.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en nombre de Su Señoría y del Comité Demócrata Cristiano, a los señores Ministros mencionados.


14.- ACTITUD DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA CORPORACION DE SERVICIOS HABITACIONALES, EN RELACION CON UN PROBLEMA PLANTEADO POR EL DIPUTADO SEÑOR RICARDO TUDELA BARRAZA.- OFICIO

El señor TUDELA.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor TUDELA.- Señor Presidente, deseo referirme, en esta ocasión, a un hecho que, a mi juicio, altera las normas de respeto que deben existir entre los funcionarios públicos que dirigen instituciones importantes del país y los parlamentarios.
Recordamos aún lo mucho que celebramos, en su oportunidad, la resolución que el señor Ministro del Interior, y el señor Subsecretario nos hicieron llegar a todos los Diputados, en la que nos comunicaban la disposición del gobierno de atender preferentemente las peticiones de los parlamentarios, pues la nota decía que en ellos se expresaba legítimamente las aspiraciones directas del pueblo. Sin embargo, esta buena disposición no la comparten o no la comprenden algunos funcionarios que tratan con indiferencia las inquietudes planteadas y, aún más, hacen caso omiso, a su obligación administrativa de contestar los oficios, que, a través de la Secretaría de la Cámara, solicitan sus miembros.
Al señor Vicepresidente de la Corporación de Servicios Habitacionales, don Nicolás Poso, le he solicitado reiteradamente, una decisión que beneficia a más de 600 personas, las que están agrupadas en la Cooperativa de Viviendas de Autoconstrucción Siempre Unidas, de Rancagua, y a las cuales se les ha suspendido un crédito acordado en la Administración pasada. Esta Cooperativa, que, como he dicho, es de autoconstrucción, corre serio peligro de interrumpir sus trabajos, en circunstancias que estas personas habían comenzado ya a construir sus viviendas con un esfuerzo extraordinario.
He sostenido cuatro entrevistas con el señor Vicepresidente; en una de ellas, fui acompañado por el colega señor Monares; y, en otra, concurrí con la directiva de la mencionada cooperativa. He solicitado, por oficio, una respuesta. Aún más, le envié una carta personal en la que le pido su particular preocupación, y este funcionario no responde, ni contesta, ni se da por aludido.
Deseo protestar por esta falta de respeto del Vicepresidente de la Corporación de Servicios Habitacionales para con el Diputado que habla. El y los que lo secundan en este organismo han demostrado ser inoperantes, irresolutos y sectarios. Por su culpa, se están perjudicando modestos pobladores de Rancagua, quienes han puesto toda su esperanza en estas construcciones que, con sus propias manos, están haciendo en horas que, para ellos, deberían estar reservadas al descanso.
Deseo solicitar que mí airada protesta sea elevada por un oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que repare esta grave falta del Vicepresidente señor Pozo. Quiero pedir, además, que la Contraloría General aplique las sanciones que contemplan las disposiciones legales para todos aquellos funcionarios a los cuales se les envían oficios por intermedio de la Secretaría de la Cámara y no contestan en la fecha obligatoriamente señalada.
Nada más.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo el oficio solicitado por Su Señoría.


15.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE LA COMISION ESPECIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY Nº. 17. 238, EN RELACION CON LAS PERSONAS LISIADAS.- OFICIO

El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Restan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor CARDEMIL.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en su sesión de hoy, la Cámara despachó, sin mayor discusión, una ampliación de plazo para que los profesionales que se encuentran en el extranjero se acojan a los beneficios de la ley N° 17. 238.
Ahora bien, el artículo 6º de esta ley beneficia a las personas lisiadas, pues autoriza la importación de vehículos equipados con mecanismos especiales para su manejo. La Comisión especial que señala dicha disposición ha estado trabajando en esta materia; pero, por el crecido número de solicitudes presentadas, ha tenido que suspender sus labores.
Por lo tanto, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro de Salud Pública, en el sentido de que el nuevo Director General del Servicio Nacional de Salud estudie la conveniencia de que esta comisión se divida en varias subcomisiones y se pueda así proceder rápidamente a los exámenes de las personas interesadas en acogerse a los beneficios que concede el artículo 6º de la ley Nº 17. 238; de esa manera se dará satisfacción al anhelo de miles de lisiados que esperan, con esta ley, poder contar con un vehículo para trasladarse, como en el caso de los estudiantes, o para desempeñarse en sus labores como en el caso de los profesionales.
Eso es todo.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio al señor Ministro de Salud Pública, a fin de que haga llegar las observaciones de Su Señoría al Director General del Servicio Nacional de Salud.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Resta medio minuto al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.


16.- ANALISIS DE LA POLITICA SOBRE ESTATIZACION APLICADA POR EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR

El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Nacional.
El señor GODOY.- Pido la palabra.
El señor CARMINE.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, el señor Godoy; y, a continuación, el señor Carmine.
El señor GODOY.- Señor Presidente, transcurridos más de dos meses desde que la actual combinación de partidos, denominada Unidad Popular asumiera el Gobierno, el país se encuentra en situación de efectuar un análisis acerca de la obra realizada hasta el momento y, sobre todo, acerca de las características que el Partido que aparece como principal inspirador y sostenedor de esta Unidad Popular ha impreso a la conducción del Estado.
Durante algún tiempo, el Partido Nacional observó con prudencia y ánimo constructivo el desarrollo de las medidas de orden político, económico y social, propuestas por el Gobierno.
Nos pareció legítimo que las fuerzas triunfantes en septiembre pasado contaran con un clima de tranquilidad para llevar a cabo las realizaciones de su programa. Ello obedecía, fundamentalmente, a la cabal comprensión de nuestras tradiciones democráticas, que nos imponía una conducta positiva hacia quienes habían obtenido un respaldo electoral que, aunque estrecho, era legítimo.
Y sobre todo, hacía fuerza en favor de nuestra actitud, la palabra solemnemente empeñada por el Presidente de la República, de ceñirse, en cada una de sus actuaciones, a las normas legales y constitucionales que caracterizan nuestro Estado de Derecho.
Sin embargo, transcurridos casi tres meses de Gobierno, hemos podido observar cómo se ha burlado habilidosamente la confianza del país, utilizando la apariencia de la legalidad y del respeto a la Constitución Política, para ir vulnerando sistemáticamente las bases sobre las cuales descansa la libertad política de las personas, mediante métodos coercitivos y presiones de toda índole, que se ocultan repito bajo la formal apariencia de la mantención de la ley.
Muchísimos son los ejemplos que ilustran la conducta del principal Partido de Gobierno en este sentido y que estimo indispensable dar a conocer, con el objeto de que la ciudadanía tome conciencia de la gravedad que ello encierra y pueda precaverse, a tiempo, de las consecuencias que se derivarán de una política sistemáticamente dirigida a terminar con la libertad política de los ciudadanos.
El gran error de sector democrático, chileno ha consistido en su creencia de que el Partido Comunista utilizaría métodos violentos para apoderarse del país.
Los marxistas, hábiles conocedores de nuestra idiosincrasia, ha insistido en la necesidad de hacer los cambios que ellos propugnan guardando escrupulosamente la apariencia de la legalidad.
Mientras se mantenga la fachada externa de la Constitución, el país aceptará sin reacciones cada una de las medidas programadas, incluso aquellas que tienden a reemplazar las bases mismas de nuestro régimen jurídico y legal. Por tal motivo, la táctica del Partido Comunista contempla incluso declaraciones enfáticas de apego a la Constitución Política, en la certeza de que nacía les importa el quebrar la palabra empeñada y los juramentos solemnes, arrancados como una concesión necesaria a la tradición burguesa de los chilenos, celosos defensores de la juridicidad constitucional.
La libertad política de los individuos se destruye a través de dos métodos perfectamente claros: con la aplicación de la fuerza de un aparato policial encargado de aterrorizar físicamente a las personas, o a través, de socavar la independencia económica de los ciudadanos, hasta dejarlos a merced del Estado único, detentador del Poder.
Debemos reconocer que la dialéctica comunista ha desechado, por el momento, el primer camino, para emplearse a fondo en la consecución del segundo.
El primer indicio de esta evidencia queda demostrado por el hecho sugestivo de que todos los puestos claves para el manejo económico y financiero del Estado han quedado, desde el comienzo, en poder del Partido Comunista.
Los Ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Obras Públicas fueron llenados con militantes comunistas. Lo mismo el Banco del Estado y el Banco Central, la Dirección de Industria y Comercio y las principales Subsecretarías de otros Ministerios importantes.
Paralelamente, se consolida la influencia marxista en la Central Unica de Trabajadores, la CUT; en las Federaciones agrícolas, bancarias, de profesores y de otros sectores laborales.
El señor ROBLES.- Si Sus Señorías fueran Gobierno, habrían hecho lo mismo.
El señor GODOY.- Si el colega desea una interrupción, se la concedo con todo gusto, con cargo a su tiempo.
El señor ROBLES.- Sólo quiero manifestar que sí ustedes hubieran triunfado, habrían hecho lo mismo.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Señor Robles, ruego a Su Señoría guardar silencio.
Puede continuar el señor Godoy.
El señor GODOY.- Mientras el resto de los partidos de la Unidad Popular se encuentran entretenidos en la ardua tarea de repartir todos los cargos administrativos del país entre sus correligionarios, el Partido Comunista afianza su posición en el sector económico y financiero, dejando a los demás la tarea de satisfacerse con los directorios de las Sociedades CORFO, embajadas y demás cargos bien remunerados, que ellos desprecian en beneficio de una causa mucho más trascendente y decisiva: dominar el país mediante el control férreo de su economía y de los medios indispensables para hacer funcionar el aparato administrativo del Estado.
Desde el primer momento, comienza a aplicarse la táctica de someter económicamente a los ciudadanos, utilizando, en todo momento, la estricta apariencia de legalidad.
Haremos una relación de ejemplos que ilustran y confirman esta aseveración.
Situación de la agricultura.- El Presidente de la República, a los pocos días de asumir sus funciones, declara públicamente y ratifica a las directivas gremiales de los empresarios agrícolas, su firme propósito de respetar en todo momento a los agricultores que posean predios de una extensión menor a las 80 hectáreas de riego básicas. Como es necesario, en todo caso, mantener la apariencia de la legalidad, se anuncia la modificación de la Ley de Reforma Agraria, para hacerla operante a los fines anteriormente señalados.
Sin embargo, en el intertanto, comienza de inmediato la presión sobre los agricultores, a fin de hacerlos entregar voluntariamente sus predios y saltarse, de ese modo, el tiempo necesario para aplicarles las supuestas modificaciones de la ley.
Todo el país está informado de lo sucedido: en las provincias del sur y, en especial, en Cautín. A través de la instigación de las tomas de fundos, se crea un conflicto artificial en los predios, lo que hace que el Gobierno, de inmediato, nombre interventores de acuerdo con sus atribuciones legales. Lo primero que hacen estos interventores es contratar por cuenta del dueño, en calidad de obreros agrícolas, a los asaltantes, que son siempre alrededor de cincuenta. De esta forma, hacen quebrar económicamente al propietario, quien ve elevada sus planillas de pago en forma desproporcionada e imposible de cumplir. Ante la inminente quiebra que significa un desembolso para el cual no existe forma alguna de financiamiento, el agricultor termina por entregar voluntariamente el predio a la Cora; y ahí se encuentra con una circular en que se presenta prácticamente la nueva reforma agraria, en la que no existe derecho a reserva, cuota al contado y hasta se expropia el inventario y el ganado, cancelándolos en un plazo hasta de, quince años.
De esta manera sin burlar la letra de ninguna disposición legal, el Gobierno cumple con su objetivo de despojar a los propietarios, de llevarlos a la ruina y a la desesperación y de empobrecerlos económicamente, a fin de someterlos sin resistencia alguna al control del Estado.
Situación de los bancos privados.- Lo anterior lo hemos visto repetido en lo que se refiere a la estatización de los bancos. El Presidente de la República anunció, en vísperas del nuevo año, su propósito de ir a la estatización de la banca privada, adelantando el envío del proyecto de ley respectivo. Sin embargo, el Gobierno comenzó a adquirir las acciones que, voluntariamente, le fueron ofrecidas por los particulares, para lo cual fijó arbitrariamente un precio a los títulos que se vendieran antes del 31 de enero, y para aquellas que no se traspasaran antes de esa fecha, estableció modalidades diferentes en cuanto a su precio y al plazo de su pago.
De esta manera, los particulares se vieron enfrentados al siguiente dilema: o vendo ahora, a, un precio relativamente conveniente, o después me las compran en condiciones desventajosas o me las expropian.
Lo anterior significa un chantaje y un atentado a la libertad de las personas, a las cuales se les ha amenazado económicamente para que entreguen sus bienes en forma voluntaria.
No se ha vulnerado ninguna ley y se mantiene la apariencia de la juricidad; pero el resultado es que se obliga a los individuos a transferir al Estado sus acciones, de modo que éste logre el control de los bancos, aun antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento, el cual, de acuerdo con sus facultades constitucionales, lo podría rechazar o modificar substancialmente.
Situación en la Industria.- En el sector industrial, lo que está ocurriendo es algo similar. Mediante la fijación de precios, se impide a los industriales alzar el valor de sus productos, al mismo tiempo que aumentan las remuneraciones a la mano de obra, las imposiciones sociales y los impuestos. Es decir, les suben los costos desproporcionadamente obligándolos a absorber la estabilización de los precios con las ganancias, las cuales, además, deberán tributar tasas de impuestos mucho mayores.
El Gobierno declara que expropiará las industrias grandes y estimulará a las medianas y pequeñas. Sin embargo, como éstas deben absorber las pérdidas mediante una mayor producción, deberán necesariamente ampliar sus actividades, o sea, transformarse en grandes empresas y cumplir entonces, precisamente, la condición necesaria para ser expropiadas.
Todo lo anterior también ocurre sin, que se viole ninguna disposición legal, salvo las normas morales que impiden que el Estado utilice su influencia económica en hacer quebrar y desaparecer las actividades privadas de los ciudadanos. Mediante el expediente utilizado en las industrias de aumentar sus cotos se lleva a la asfixia económica a los empresarios, obligándolos a ofrecer sus industrias al Estado.
Todo el cuadro anterior se está llevando a cabo en algunas editoriales, como Zig-Zag, de tal manera que dentro de poco tiempo más, mediante la presión económica, las inspecciones tributarias y la creación artificial de conflictos laborales, las empresas periodísticas y radiales tendrán también que seguir el camino del ofrecimiento voluntario de sus bienes al Estado, como una manera.. de salvarse en parte de la quiebra económica y financiera que promueve y alienta el Gobierno, o más bien, el sector del Gobierno que controla y dirige el Partido Comunista.
El plan trazado será aplicado a la construcción, al comercio, a las cooperativas y, en fin, a todas aquellas actividades que cumplen una función económica y, a la vez, ocupan parte considerable de la fuerza del trabajo del país.
Cuando el Estado cumpla su propósito de estatizar toda la producción privada estará en condiciones de controlar, asimismo, la fuerza de trabajo del país. En sus manos todo el sector fiscal y semifiscal de la administración pública, la banca, la industria, la construcción, la agricultura, podrá disponer a su arbitrio de la exclusividad de las fuentes dé trabajo, a las que tendrán que acudir los individuos, despojados de sus bienes, acechados por la cesantía y disminuidos en su dignidad y en su capacidad de resistencia política.
En manos del Partido Comunista la CUT y las más importantes organizaciones laborales, puede venir tranquilamente el derrumbe económico del país, a que lo arrastran las medidas estatistas de los conductores de las finanzas públicas.
La Oposición destruida o ineficaz por falta de medios de comunicación con el electorado, los sindicatos en manos del Partido Comunista y, por tanto, sin poder de decisión para enfrentarse en la defensa de sus derechos, pueden asegurar la sumisión de todo un pueblo que sucumbió, sin darse cuenta, a la presión de un grupo de individuos que con habilidad y destreza, probada tantas veces, logró el dominio de un país en el cual ellos representaban una ínfima minoría.
El Partido Nacional advierte al país lo que está sucediendo y alerta a cada sector ciudadano de lo que les espera, si se cumple la táctica habilidosa que está empleando el Partido Comunista desde el Gobierno.
A aquellos que pensaron que los comunistas desatarían la violencia, que han utilizado sin escrúpulos en otros países, les decimos que están equivocados. La táctica en Chile es otra. Es la táctica del disimulo, del juramento falsa y de la declaración torcida. ¿Qué les importa a los comunistas jurar respetar la Constitución si no creen en ella?
No basta que en Chile el comunismo haga las cosas democráticamente. Lo que importa e interesa es que el comunismo no se adueñe del país. De esto tiene que tomar conciencia la ciudadanía y reaccionar cuando aún es tiempo.
Nuestro Partido dará la lucha en las elecciones de abril próximo denunciando en cada lugar, en cada rincón de Chile, el plan inteligentemente elaborado por los comunistas.
Confiamos en la dignidad de los chilenos y en su patriotismo. Confiamos en el instinto de conservación de un país que tiene que saber que está a punto de perder su libertad política en manos de una minoría audaz, que se ha propuesto utilizar el poder para perpetuarse a través de la intimidación, la amenaza y el chantaje.


17.- MEDIDAS DE INTERVENCION DISPUESTAS POR EL GOBIERNO 

El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Nacional, tiene la palabra el señor Carmine.
El señor CARMINE.- Muchas gracias.
Señor Presidente, existen en el derecho positivo chileno diversas disposiciones que facultan a los órganos del Poder. Ejecutivo para decretar la intervención, medida excepcional por su propia naturaleza, de extraordinaria gravedad, ya que constituye una verdadera interdicción sobre la administración de los bienes de entes privados.
A contar del día 4 de noviembre de 1970, fecha de la ascensión al mando del Excelentísimo señor Allende, el país ha observado con verdadero estupor, en un comienzo, con indignación, con posterioridad, que se han decretado intervenciones en las más diversas instituciones privadas del país.
El señor SALVO.- ¡Yarur!
El señor CARMINE.- Y es así como en este momento están intervenidos tres bancos: el Hipotecario de Chile, el Edwards y el de Crédito e Inversiones; diversas industrias, como es el caso de Purina, Bellavista Tomé y otras que sería largo enumerar; numerosos fundos e, incluso, negocios de menor cuantía, como muchas pequeñas panaderías. Existe un proceso de intervención en la economía nacional de un grado, de una naturaleza y de una finalidad que no es difícil de adivinar y que no es otra que la instauración del sistema marxista mediante el amedrentamiento de los propietarios y la interdicción de las facultades de administración y disposición de los legítimos dueños.
Lo que resulta especialmente grave es que estas intervenciones han permitido transformar, especialmente en el sector agrícola, los delitos de ocupación y de hurto de animales, delitos comunes que sanciona el Código Penal, en problemas de tipo laboral. Y han sido designados interventores muchas personas que han estado precisamente instigando estas tomas, instigando la comisión de delitos comunes. Y estos interventores, de acuerdo con un sistema al parecer aplicado en forma general por instrucciones superiores, del señor Ministro de Agricultura y de sus organismos dependientes, están incurriendo en los más graves abusos. Y yo quiero señalar al conocimiento público dos hechos muy concretos y de reciente ocurrencia.
El domingo recién pasado, en el fundo Rucalán de la provincia de Cautín, de propiedad de don Juan Bautista Landarretche Mendoza, caso conocido en todo Chile, el interventor designado ha procedido a contratar a los cuarenta y dos ocupantes ilegales, que habían sido desalojados hace un mes, como obreros de este fundo. Y todo esto con auxilio de la fuerza pública, con intervención de las camionetas y de los camiones de CORA y del INDAP, con un despliegue de funcionarios realmente inusitado. La verdad de las cosas es que sólo faltó la banda del regimiento para rendir honores militares a estos delincuentes, que eran instalados, por resolución del interventor, en un fundo donde no eran ni siquiera trabajadores. Este hecho, que, por lo demás es un delito, porque está configurado, según el Nº 13 del artículo 17 del Código Penal, como una forma de encubrimiento, se ha repetido en otros casos. Así, don Carlos Taladriz, propietario del fundo Tres Hijuelas, ubicado en la comuna de Lautaro, provincia de Cautín, me ha exhibido en el día de ayer un oficio del señor interventor por medio del cual le da un plazo perentorio para entregarle los recurso necesarios para construir en su predio veintiuna casas que serían destinadas precisamente a los ocupantes ilegales del fundo, personas que están, incluso, encargadas reos y con orden de detención, por disposición del señor Juez de Letras de Lautaro.
En el fundo de los señores Juan y Pablo Serra, ubicado en la comuna de Cunco, provincia de Cautín, el interventor designado en sólo 15 días ya le lleva fundidos dos tractores, que han sido ocupados no en el predio mismo, en el predio intervenido, sino que, incluso, en predios ajenos y en acarrear gente a los choclones que prefabrica el Ministro de Agricultura, señor Jacques Chonchol.
En estas condiciones, ante la actitud realmente delictuosa de estos interventores, se hace imprescindible que la Honorable Cámara de Diputados, en uso de sus facultades constitucionales, proceda a designar una Comisión Investigadora que determine, en primer lugar, la procedencia y la legalidad de estas intervenciones, porque, desde luego, en el caso concreto del fundo Rucalán, se ha violado no sólo el espíritu del artículo 171 de la ley de Reforma Agraria, sino que su letra misma, ya que ahí no hay conflicto, no ha habido paralización, no hay huelga, no hay nada, y, sin embargo, el Gobierno saltándose la ley a pie juntillas, dicta un decreto de intervención y entrega la administración de este fundo a un verdadero promotor de ocupaciones ilegales.
En seguida, es necesario señalar que el conjunto de las actuaciones de estos interventores resulta que se han apartado en forma manifiesta de la ley y, en muchos casos, perjudicial para los propios trabajadores. Hoy día en la mañana se me denunciaba no tengo los antecedentes concretos que en una de las industrias intervenidas hace más de dos meses que los obreros están sin sueldo, con el grave problema que ello representa para sus familias. En estas condiciones, es imprescindible la designación de una Comisión Investigadora de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Nacional.


18.- CREACION DE UN CURSO DE TRACTORISTAS AGRICOLAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES (BIO-BIO).- OFICIO

El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Comunista 
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor SHARPE.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SHARPE.- Señor Presidente, como representante de una provincia netamente agrícola, como es la de Bío-Bío, y que necesita un mayor número de obreros especializados en el manejo de la maquinaria que se usa en el agro, yo quiero solicitar a la Cámara el envío de un oficio al Ministro de Defensa, para pedirle que se imparta en Los Angeles un curso de tractoristas dependiente de la Corporación de Fomento a personal del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 3 Reforzado, con asiento en esa ciudad.
Estos cursos, que periódicamente hace la Corporación de Fomento, han dado extraordinarios, resultados, y así sucedió con uno que se impartió hace algún tiempo en la misma provincia. Este éxito se debe en gran parte al hecho de que están a cargo de un hombre muy experimentado, el Teniente Coronel don Gabriel Molina, que ha dado garantías de conocimientos, preparación y eficiencia. No cabe duda de que estos cursos, fuera de aumentar la eficiencia del cultivo agrícola, permitirán conservar en mejores condiciones la maquinaria agrícola y ofrecer mayores perspectivas de remuneración y posibilidades de trabajo a quienes realizan estos cursos. Por eso, pido que se oficie en ese sentido.
El señor RIOS (don Mario).- Que se oficie también en mi nombre, señor Presidente.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría y del señor Mario Ríos.


19.- INSTALACION DE UNA OFICINA DE CORREOS EN LA COLONIA PARCELAS DE QUILAPAN (BIO-BIO).- OFICIO

El señor SHARPE.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministro del Interior para solicitarle la instalación de una posta de correo en una zona muy poblada y alejada de los centros urbanos, como es la colonia Parcelas de Quilapán. Este vital servicio atendería a un número muy importante de parceleros de Quilapán y de Piniquihue.
Nada más, señor Presidente.
El resto del tiempo lo va a usar el señor Salvo.
El señor RIOS (don Mario).- Que se agregue mi nombre al oficio, señor Presidente.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado en nombre del señor Sharpe y del señor Mario Ríos.


20.- POSICION DE LA SALA DE DIPUTADOS RADICALES ANTE EL PROBLEMA AGRARIO.

El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Salvo en el tiempo del Comité Radical.
El señor SALVO.- Señor Presidente, la Sala de Diputados radicales en su sesión de hoy acordó solicitar de la directiva nacional del Partido Radical una declaración sobre el problema agrario que inquieta al país.
He recibido el encargo de dar a conocer ante la Cámara de Diputados, la posición de nuestra Sala y que va a ser también, con toda seguridad, la posición del Partido Radical. Nuestra declaración dice lo siguiente:

El Partido Radical y el problema agrario.- Ante el problema agrario y la inquietud de muchos sectores por conocer claramente el pensamiento de las colectividades políticas frente al proceso de Reforma Agraria, el Partido Radical declara:
1º.- Que es decidido partidario de la Reforma Agraria como un medio de eliminar el latifundio, redistribuir la tenencia de la tierra y entregarle al campesino una existencia digna y humana que comprenda los beneficios de la civilización y la cultura;
2º.- Que este proceso de reforma agraria debe ser general, amplio, acelerado y debe ponerse en marcha rápidamente, sin hacer distinciones de ninguna naturaleza, ya sea - por posición política, económica o familiar;
3º.- Que serán expropiados y entregados a los campesinos todos los predios que excedan las 80 hectáreas de riego básicas, cuyas equivalencias en cada zona están fijadas en la ley, Que serán expropiados todos los predios arrendados o mal explotados, sin distinción;
4º.- Dejar claramente establecido que a los propietarios que se expropie se les garantizará el derecho de reserva, por lo que en ningún caso quedarán sin tierra, sino con las cantidades que señala la ley y que corresponden al equivalente de las 80 hectáreas de riego básicas;
5º.- Que expresa su repudio al procedimiento de tomas de tierras que no representa el espíritu democrático del Partido Radical y que sirve de pretexto a la Derecha y partidos de Oposición para confundir a los medianos y pequeños propietarios;
6º.- Expresar también a los medianos y pequeños propietarios los que no excedan las 80 hectáreas de riego básicas que nada tienen que temer, porque no serán expropiados ya que el Gobierno Popular así lo ha sostenido reiteradamente;
7º.- El Partido Radical les expresa a estos agricultores que será su más decidido defensor para que sin zozobras, e intranquilidades puedan continuar produciendo, ya que reconoce en ellos la base humana necesaria para que con los sectores obreros puedan realizar los cambios en el país;
8º.- Que solicita de ellos el máximo de colaboración en un trato digno y justo para sus obreros, como también una acción decidida para no confundirse con los latifundistas que los desean emplear para mantener sus privilegios que la Unidad Popular eliminará, y
9º.- Llamar a los pequeños y medianos propietarios a organizarse para trabajar en conjunto con el Partido Radical y la Unidad Popular, porque es nuestro deseo que entregándoles el Gobierno la asistencia técnica y el crédito necesarios puedan producir para un Chile libre, socialista y democrático.
Me ha pedido la Sala de Diputados que sea yo, como Secretario General del Partido Radical, quien esta tarde exprese en la Cámara nuestro pensamiento, que no es otro que el que la Unidad Popular vino sosteniendo reiteradamente durante la campaña presidencial.
Y con esta declaración, nosotros queremos contribuir a que en Chile no se esté distorsionando la realidad, porque en esta misma Sala, esta misma tarde, en la Hora de Incidentes, hemos escuchado una serie de planteamientos que a nosotros, los radicales, nos recuerdan la campana del terror que se inició conjuntamente con la campaña presidencial por muchos sectores de Derecha.
En su oportunidad, nosotros denunciamos, junto con la Unidad Popular, a la Agencia Andalién, con documentos claros y precisos, en una investigación que realizó esta Cámara, que demostró que internacionalmente se estaba realizando una campaña destinada a atemorizar a los sectores medios y modestos de nuestra población.
La Derecha no logró su objetivo en la última, campaña presidencial. El pueblo tuvo la mente clara para entender que la prensa reaccionaria, las radioemisoras y las diversas agencias publicitarias no le señalaban un camino claro y seguro. Es por eso que, ante esa, posición, el pueblo votó favorablemente por el candidato de la Unidad Popular, el doctor Salvador Allende.
El señor RODRIGUEZ.- ¡Y por el terror!
El señor SALVO.- El Presidente de la República ha sido muy franco al contestarle al Presidente de los empresarios agrícolas y al Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que serán respetados los medianos y pequeños propietarios y también escuchados. Pero es justo que la Derecha aquí en Chile entienda que quien está rigiendo los destinos del país es un Gobierno elegido popularmente. Nosotros tenemos el justo derecho, nos asiste el deber, de pedirle al país que nos deje realizar el programa de gobierno. Y la Derecha sabe que tiene que dejar que el pueblo realice su programa; así como ellos gobernaron durante ciento cincuenta años en Chile, nosotros también tenemos, en estos momentos, el derecho a realizar las transformaciones que el país necesita...
Un señor DIPUTADO.- Se verá en las elecciones de abril...
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SALVO.- No en las elecciones del mes de abril, próximo, sino en el transcurso de seis años el pueblo tendrá que decidir.
Y como dijo el Presidente de la República, si nosotros fracasamos, las próximas elecciones les darán, a lo mejor, a otros grupos políticos la posibilidad de proyectarse en el gobierno de Chile. Pero, por el momento, es conveniente y necesario, para que aquí no se instaure ningún tipo de dictadura, para que nuestro país pueda continuar dentro del proceso democrático realizando los cambios revolucionarios que la Unidad Popular quiere, que la Derecha permita que los cauces de irrupción del pueblo se vayan haciendo cada vez más amplios, con el objeto de que en el futuro podamos tener un Chile, como lo decimos en nuestra declaración: libre, socialista y democrático, que permitirá la felicidad de todos los chilenos.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Resta medio minuto al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Habiendo llegado a su término, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 18 horas 52 minutos.


Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.