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El señor MEKIS.-
Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Nacional, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MEKIS.-
Señor Presidente, la opinión pública ha conocido las numerosas alternativas derivadas de la huelga declarada, días atrás, por los supervisores de las empresas de la gran minería del cobre.
Se ha querido presentar este movimiento gremial como un acto antipatriótico y se ha lanzado sobre sus dirigentes acusaciones sin fundamento, con el propósito manifiesto de distorsionar y ocultar la verdadera razón por la cual estos funcionarios debieron ir a la huelga.
La mayoría de los supervisores del cobre cumplen una labor eminentemente técnica, y su capacidad, conocimientos y experiencias son factores muy determinantes para la eficiente explotación de las empresas mineras. Su presencia pasa inadvertida para el público cuando las faenas productoras se desarrollan normalmente, lo que ha sido la regla general. Pero cuando surge algún inconveniente serio, el supervisor se transforma, entonces, en un elemento cuya actitud de inmediato se pone en tela de juicio.
Durante lo sanos en que las empresas de la gran minería mantuvieron sus actividades en nuestro país, la existencia de los supervisores no llamó la atención. Se suponía que cumplían sus funciones a satisfacción y que sus relaciones contractuales con las compañías se desenvolvieron sin dificultades.
Sólo con ocasión de recientes disposiciones legales que afectan directamente el status de estos funcionarios, en especial en materias tributarias y previsionales, los supervisores emergieron a la luz pública y formaron su Asociación Nacional.
El proceso de nacionalización de la gran minería trajo también consecuencias a estos funcionarios, que vieron afectado considerablemente su patrimonio. Sin embargo, las medidas aplicadas eran razonables
y debían adoptarse tarde o temprano, y los propios interesados así lo comprendieron. Su situación privilegiada dentro del común de los trabajadores chilenos desapareció, acordándose un trato equitativo que, a pesar de ser oneroso, fue aceptado sin resistencias.
Los supervisores expresaron su deseo de colaborar en la nueva etapa de la política cuprera que se inició, años atrás, con la Chilenización de las compañías, y no formularon más exigencias que las mínimas que todo individuo desea tener para trabajar en paz.
Sin embargo, desde que el actual Gobierno asumió la dirección de las empresas nacionalizadas, comenzaron a notarse numerosos trastornos: descenso en la producción, fallas graves en algunos equipos y materiales, aumento del costo de explotación, etcétera. Todas estas deficiencias fueron cargadas a la responsabilidad de los supervisores, los cuales comenzaron a ver disminuida su autoridad, interferidas sus recomendaciones técnicas y dificultadas sus labores por consideraciones eminentemente políticas.
La sólida unidad de los supervisores, inspirados en todo momento por motivos exclusivamente gremiales, comenzó a ser vulnerada. La culminación de este proceso fue la medida por la cual, al margen del escalafón y reiterados acuerdos en este sentido, se designó en el mineral de Chuquicamata a tres ejecutivos, saltándose todos los procedimientos normales a este efecto.
La huelga fue declarada y concitó, desde el primer momento, la solidaridad de la casi totalidad de los supervisores que trabajan en las diversas empresas mineras del país.
Por su parte, el Gobierno y, en especial, algunas autoridades que debieron haber mantenido una actitud más serena para tratar de resolver este conflicto, se propusieron quebrar este movimiento gremial, no corrigiendo la causa que le dio origen, sino que promoviendo una campaña de difamación contra estos profesionales, mediante el expediente de lanzar contra sus dirigentes toda clase de imputaciones calumniosas, calificándolos de saboteadores, antipatriotas, sediciosos o antichilenos.
Sin embargo, el país sabe que las razones que motivaron la huelga de los supervisores se derivan de la actitud del Gobierno de insistir en el nombramiento de esas tres personas al margen del escalafón, a que debían haberse ajustado tales designaciones.
La opinión pública está consciente de que este gremio lo componen, en su mayoría, individuos de alta capacidad técnica y que, al igual que lo que está ocurriendo en casi todas las actividades del país, la idoneidad, la experiencia y los conocimientos ya no son suficientes para mantener la autoridad de una persona en su trabajo, pues ahora es necesario tener una militancia política activa en algunos de los partidos de la Unidad Popular, para conservar el empleo o para ejercerlo plenamente.
Los supervisores se han defendido utilizando los medios que todos los trabajadores han empleado en este país para defender sus derechos y, lo que es más, han agotado todas las posibilidades para encontrar un entendimiento aceptable con las autoridades gubernativas, antes de acordar la paralización de sus labores.
Estos compatriotas nuestros ven con inquietud el porvenir. Son profesionales y técnicos altamente especializados, que no encuentran campo fácil en otras actividades en las cuales poder ocuparse. Son personas que han visto seriamente afectadas sus condiciones de vida y que, no obstante, están dispuestas a entregar su colaboración, generosa y patriótica, sin más condiciones que las que se deriven de un trato equitativo, compatible con la enorme responsabilidad que les cabe por la índole misma de las funciones que desarrollan en el proceso productor del cobre chileno.
Por lo demás, es suficiente haber conocido a algunos de estos técnicos, haber presenciado sus esfuerzos de superación profesional, su inquietud por estar siempre al día en las nuevas tecnologías para aplicarlas en sus funciones, su vida de ciudadanos cumplidores de sus obligaciones, su espíritu de colaboración en las tareas comunitarias en las zonas donde trabajan, para rechazar airadamente los calificativos con que han sido tratados durante este conflicto.
Cuando se aprobó en el Congreso Pleno la Reforma Constitucional a través de la cual el Estado tomaba el dominio total de las empresas mineras, hicimos presente nuestro temor de que esta iniciativa pudiera malograrse como consecuencia de introducir factores y consideraciones políticas en la explotación y administración de estas empresas. Por desgracia, estas prevenciones se están cumpliendo, y el país está sufriendo ya sus perniciosos resultados.
El compromiso de aumentar la producción de cobre y de cumplir con el país, haciendo que los beneficios derivados de la propiedad chilena de estas minas aumenten en forma, considerable, requiere, antes que nada, de un amplio espíritu de colaboración entre todos los que participan en estas tareas. Los supervisores han estado dispuestos a ello. La politiquería no puede llegar a extremos de anular esta buena disposición y de transformar a los trabajadores de las minas en enemigos irreconciliables. El interés de todos los chilenos debe primar por sobre factores partidistas pasajeros, y la solidaridad nacional, que se ha pregonado en forma insistente, debe ser realidad, aplicada, en primer término, por quienes tienen la obligación, como gobernantes, de dar ejemplo de tolerancia, solidaridad y eficiencia.
Debe terminarse con las acusaciones infundadas, con la torpe suposición de intenciones, con los calificativos calumniosos y el desprestigio hacia quienes, en un momento determinado, discrepan de la opinión sustentada por algunas autoridades ejecutivas.
Los supervisores del cobre son trabajadores dispuestos a continuar entregando su colaboración al país, tal como lo han estado haciendo desde hace muchos años; y estimamos que el Gobierno debe considerar la reincorporación de los funcionarios cuyos contratos fueron caducados y crear un ambiente de comprensión y respeto, en el cual se encuentre la fórmula más satisfactoria para la solución definitiva de situaciones ingratas como la planteada. Lo expreso en nombre de mi colega Domingo Godoy, de los bancos nacionales y del mío propio, con la petición de que estas observaciones sean transcritas al Presidente de la República y al Ministro de Minería.
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