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- rdf:value = " El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).-
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Naudon.
El señor NAUDON.-
Señor Presidente, la acusación en debate, presentada por diez señores parlamentarios del Partido Nacional, para hacer efectiva la responsabilidad penal del Ministro señor Pedro Vuskovic Bravo, nos merece, en general, una observación: es densa, difícil de analizar y carece de una argumentación seria en el hecho y en el derecho.
Extractando algunos fundamentos de la larga exposición de causas, podríamos sintetizar que se acusa al Ministro de Economía por desprecio al Estado de Derecho, que estaría constituido por la incorporación al área social de diferentes empresas a través de compras, nacionalizaciones, expropiaciones y requisamientos.
Las actuaciones concretas que destruyen la legalidad, en concepto de la acusación son: estatización de Bancos, requisa- miento de empresas y atropello a las atribuciones del Congreso Nacional.
De las actuaciones correspondientes del señor Ministro, a juicio de los acusadores se tipifican delitos de los cuales sería responsable.
Antes de considerar la acusación misma, es necesario destacar que el Presidente de la República llegó al alto cargo que detenta por haber obtenido una mayoría en la elección, ratificada por el Congreso Pleno, con un programa perfectamente conocido de todos y contrapuesto a las ideas y programa del candidato independiente señor Alessandri, que fue apoyado ardorosamente por el Partido Nacional.
No cabe duda, entonces, que el pueblo votó mayoritariamente por un programa que consulta la ampliación del área social y por la construcción de una nueva sociedad, diferente a la que conciben los parlamentarios acusadores.
Sería una deshonestidad política no cumplir lo ofrecido al pueblo y caminar hacia cambios estructurales profundos que exigen la ampliación del área de propiedad social.
Para obtener estos cambios se eligió una solución nacional, no copiada ni traída de otros países o producto de anteriores experiencias. Esta vía es la denominada "vía chilena al socialismo."
Para definirla reproduzco un párrafo de una Revista de Ediciones Acción y Diálogo, del cual es autor nuestro colega Julio Silva Solar. Dice:
"Las nuevas condiciones del paso al socialismo.
"¿Cuál es el sentido nuevo de esta experiencia? ¿Cuál es la particularidad de esta "vía chilena" al socialismo?
Se plantea aquí algo de mucho interés que trasciende por sí mismo los límites nacionales del proceso, si bien nadie en la Unidad Popular piensa que este es un "modelo" que deba proponerse a otros países.
"Esta "vía chilena" está concebida como un proceso sin ruptura con la democracia pluralista, donde esta democracia pluralista existe, como es el caso de Chile; sin ruptura del régimen de derecho, donde éste existe, como es también el caso de Chile. Naturalmente tengo que aclarar -agrega- , sin ruptura del régimen de derecho pero sí cambiando el régimen de derecho y el Estado, pero cambiándolos a través de los mecanismos que el propio régimen de derecho establece para ser cambiados. Cambiamos la Constitución, cambiamos la ley, pero la ley la cambiamos mediante una nueva ley; ¡a Constitución la cambiamos a través de los mecanismos que la misma Constitución señala para su reforma. Sin ruptura del régimen de derecho no quiere decir, pues, que el régimen de derecho permanezca intangible. En buenas cuentas, es un camino sin guerra civil y sin la consecuencia política obvia de la guerra civil, la dictadura.
"Esto es lo que se ha llamado no con mucha propiedad, a mi juicio, la vía pacífica al socialismo. No creo -continúa- que sea un paso pacífico, en un sentido literal, como pudiera entenderse, puesto que se realiza a través de luchas sociales y políticas muy intensas, de verdaderas conmociones y choques, pero que no llegan a la violencia del enfrentamiento armado, no porque el contenido del proceso no sea revolucionario sino porque se dan hoy día condiciones en el mundo y particularmente en algunos países para que este procesa revolucionario siga un cauce y asuma formas que no pasen por la beligerancia armada. Esta tesis política se ha venido desarrollando polémicamente tanto dentro del marxismo como en otros sectores, pero principalmente dentro del campo marxista. En efecto, la tesis de que es posible avanzar por esta vía ha sido impulsada por los partidos comunistas."
Hasta aquí el artículo del colega Silva Solar.
Estimamos, señor Presidente, que las medidas adoptadas por el señor Ministro de Economía están destinadas a cumplir el Programa de la Unidad Popular y se han adoptado de acuerdo a claras disposiciones constitucionales y legales que hacen improcedente, en forma absoluta, la acusación desde un punto de vista estrictamente constitucional, esto es, basándola en supuestos delitos tipificados por los hechos ya señalados, de compra de acciones bancarias, de requisición de empresas y atropellamiento de las atribuciones del Congreso.
En la defensa del señor Ministro acusado y en los anexos, se demuestra, claramente, que cada acción del acusado, se hizo previo informe del Consejo de Defensa del Estado y se tomó razón de los correspondientes decretos por la Contraloría General de la República.
No podría sostenerse, de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, que si el Consejo de Defensa del Estado informa favorablemente, y por unanimidad, que un de- terminado procedimiento legal está ajustado a la ley, el Ministro, al usarlo, cometo delito y se hace responsable de las sanciones que para tales hechos señala el Código Penal.
Menos aún podría sostenerse la tesis contraria, si el organismo Contralor toma razón de los decretos dictados en uso de las correspondientes atribuciones.
En el fondo, más que una difícil acusación para los conceptos que contiene el libelo, hay una crítica a la política económica del Gobierno y del MinistroPedro Vuskovic, que jamás pudo dar origen a una acusación.
Comprendemos que el Partido Nacional discrepe de dichas medidas, propias de un Gobierno que pretende cambios revolucionarios dentro de la legalidad; pero debe entender también, que al realizar los cambios se está cumpliendo una elemental obligación del gobernante de ser consecuente con lo prometido al pueblo.
Sería inoficioso repetir la defensa escrita del señor Ministro, cuyas argumentaciones jurídicas y elementos de prueba están a disposición de los señores parlamentarios; pero sí, debemos hacer notar que cada argumento de la defensa, en pocas páginas, destruye toda la arrastrada y difícil fundamentación de la acusación, demostrando que legislaciones anteriores han dado al Gobierno actual las armas necesarias para ir ampliando el área social e incorporal a ella a aquellas empresas o medios de producción estratégicos que condicionan la salida del subdesarrollo.
Nuestro Movimiento Radical Independiente de Izquierda ha expresado públicamente que está por el cumplimiento del Programa de la Unidad Popular, de apoyo al Gobierno del Presidente Allende y de considerarse parte integrante de la Unidad Popular.
Por estas razones, y porque consideramos que el Ministro de Economía ha actuado de acuerdo a la Constitución y a las leyes, votaremos en contra de la acusación.
Sin embargo, deseamos también dejar constancia que estimamos necesario que las anormalidades lógicas en un proceso de cambios fundamentales sean reparadas a la brevedad posible y, por lo mismo, estamos con el Gobierno en su honesta resolución de legislar sobre las tres áreas en que dividimos el proceso productor, para evitar la desconfianza y que el esfuerzo del Gobierno popular sea desvirtuado con críticas y ataques infundados.
Antes de presentarse esta acusación, la Directiva Nacional del Movimiento Radical de Izquierda solicitó al señor Presidente de la República que se delimitaran las áreas de producción, y el Jefe del Estado solicitó al SenadorAlberto Baltra que le entregara un informe o anteproyecto sobre la materia.
Creemos que esta medida servirá al cumplimiento del programa de la Unidad Popular por la clarificación del problema.
De la misma manera estimamos que la requisición de empresas debe terminar con su expropiación para ingresarlas definitivamente al área social y poner término a la situación de emergencia que se hizo necesaria por el desabastecimiento y falta de producción adecuada de muchas empresas que no hicieron reservas de materias primas por temor al caos que se anunció tan profusamente después del triunfo del 4 de septiembre del año pasado.
Finalmente, queremos destacar que la Democracia Cristiana, al obtener algunas aclaraciones sobre propósitos ya anunciados por el Gobierno y la reposición de algunos trabajadores cuyos derechos correspondía resolverlos a los Tribunales de Justicia, ha hecho uso de su posición parlamentaria, pero con esta actitud demuestra la necesidad de resolver el empate político que les permite seguir apareciendo como árbitros de situaciones políticas y quitar, como en este caso lo ha hecho, las banderas de lucha de esta acusación a la Derecha chilena.
Muchas gracias, colega Cademartori.
"
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