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- rdf:value = " El señor TEJEDA.-
El señor Schnake me ha pedido una interrupción.
El señor IBAÑEZ (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el señor Schnake.
El señor SCHNAKE.-
Señor Presidente, aunque pudiera parecer majadero, quisiera recordar y resumir brevemente aquellos aspectos jurídicos relevantes de esta acusación constitucional. Ello, como verán Sus Señorías, tiene una razón bastante de peso.
Se ha acusado al señor Ministro de Justicia, compañero Lisandro Cruz Ponce, por tres acápites diferentes. Partiré por el último para terminar en el único al cual se le ha podido dar algún viso de legalidad.
Se acusa al Ministro por el incumplimiento de sus deberse constitucionales y legales, al no haber denunciado oportunamente reuniones de altos Jefes del Estado Mayor del Ejércitos, abogados y políticos. Los propios acusadores, recogiendo lo que dijeran, debieron reconocer lo infundado de esta acusación, por la inexistencia de los hechos denunciados. Primera parte de la acusación, carente de fundamentos, como ha sido reconocido por ellos mismos.
Se acusa al compañero Ministro de Justicia por inobservancia de las leyes, al dejar sin cumplir la Ley sobre Seguridad Interior del Estado, que lo obligaría a requerir al Ministerio Público por haber sido gravemente injuriados y calumniados altos miembros del Poder Judicial. Lamentablemente para los señores acusadores, la Ley de Seguridad Interior del Estado no hace recaer en el Secretario de Estado a quien acusan obligación legal de ninguna naturaleza en este sentido. En otras palabras, se le acusa por no haber observado una ley cuyo cumplimiento no era obligación de él.
En tercer término y es el primer capítulo de la acusación, se le acusa por haber firmado un decreto de insistencia mediante el cual se concedió el indulto a reos procesados, dejando de cumplir lo que los acusadores señalan como obligación legal, reos que debieran haber sido condenados por sentencia a firme para que hubiera podido proceder el indulto.
Estaría de más, tal vez, recordar las expresiones de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra para demostrar la carencia real de fundamento de la acusación también en este aspecto. Debería estar de más con el solo tenor del artículo 72, Nº 12, de la Constitución Política del Estado, que, sin restricción de ninguna naturaleza, entre las atribuciones privativas del Jefe del Estado, entrega la de conceder indultos particulares. Estaría demás recordar todas las disposiciones tantas veces repetidas esta noche, que yo creo que las han memorizado cada uno de los señores parlamentarios, como la disposición del artículo 93, Nº 4, del Código Penal, que se refiere precisamente, al indulto como causal de extinción de la responsabilidad penal y que sólo fija, porque era lo único que podía fijar entre sus efectos, aquellos que corresponden al condenado, y no al procesado, porque los efectos del indulto en procesados se desprenden del propio contexto de la ley; o el artículo 408, Nº 5, del Código de Procedimiento Penal; o el artículo 433, Nº 6, de este mismo cuerpo legal, que, de manera clara e irredargüible, establece la forma de operar del indulto respecto a aquellos que se encuentran procesados y no condenados; o recordar, como lo han recordado los señores parlamentarios para fundamentar su acusación, el decreto que reglamenta los indultos, pero olvidando, naturalmente, como no podían dejar de hacerlo, que el decreto 3. 590 sólo se refiere, en cuanto a las limitaciones que impone, a la solicitud que pueda hacer el interesado en la gracia del indulto, a la limitación que respecto de ese afectado podía establecer, porque mal podía limitar la facultad del Presidente de la República, ya que habría transgredido la Constitución, que es amplia y no lo limita.
He querido hacer este breve resumen y este breve recuerdo acerca de los fundamentos, o mejor dicho, de la falta de fundamentos jurídicos de la acusación constitucional, con un objeto muy claro y muy simple: demostrar que tal vez nunca en la historia de esta Corporación una acusación constitucional había tenido tan clara y marcadamente un fondo exclusivamente de carácter político, en el cual ni siquiera se tuvo el buen cuidado de buscarle un fundamento jurídico adecuado que hubiera permitido darle un viso siquiera de legalidad. Creo que en las palabras del señor Arnello y en las palabras del representante de la Democracia Radical se encuentra el fundamento real de esta acusación, y ello sí que es grave.
Decía el señor Arnello que en la Unidad Popular, o mejor dicho, la Unidad Popular en sí era potencialmente peligrosa, que había dentro de ella fuerzas que por sí involucraban un riesgo al derecho constituido, al derecho establecido. Creo que, mirada desde el punto de vista del señor Amello, mirada particularmente desde el punto de vista del Partido Nacional, la afirmación del Diputado de los bancos contrarios es efectiva y es cierta. Creo que es cierta mirada desde el punto de vista de ellos, porque es evidente que no sólo hay fuerzas, sino que todo el conjunto de la Unidad Popular es un riesgo natural y permanente contra el derecho constituido que ellos desean defender, contra el derecho que consagra la injusticia, contra el derecho que trata de mantener el status, que trata de mantener un sistema de miseria y de presión para algunos, de enriquecimiento ilícito para los menos. Evidentemente que todo el conjunto de la Unidad Popular en sí es un riesgo para ese derecho que ellos siguen pretendiendo amparar y que terminarán siempre tratando de defender, porque están defendiendo su propia existencia, basada en el lucro, basada en la explotación, basada, en el fondo, en la miseria de las grandes mayorías nacionales.
Decía el Diputado nacional y forma parte del fondo de esta acusación constitucional que en el curso de los últimos meses hemos ido deteriorando la convivencia democrática. A mí no me cabe duda de que, mirado desde el punto de vista de clase del Partido Nacional, este hecho también es cierto. Efectivamente, hemos ido deteriorando la convivencia democrática. No me cabe ninguna duda de que deterioramos la convivencia democrática a que ellos estaban acostumbrados, cuando hacemos todo lo posible por expropiar, por ejemplo, la banca privada; cuando intervenimos el Banco Edwards para sacar a la luz pública los sucios negociados que les cuestan al país y a los depositantes de ese banco millones de dólares; o cuando intervenimos cualquier otra institución bancaria que, en las mismas condiciones, lo único que ha hecho ha sido lucrar para sus dueños, para un pequeño grupo de privilegiados.
No me cabe duda que también estamos destruyendo la convivencia democrática como ellos la han entendido a lo largo de muchos años, cuando expropiamos industrias que explotaban a los obreros o que se mantenían paralizadas artificialmente, como la industria de paños en Concepción, como la Lanera Austral, como Purina o como tantas otras.
No me cabe duda de que estamos destruyendo la convivencia democrática a que ellos estaban acostumbrados, cuando tratamos de que el campo produzca por las manos de los trabajadores y también para los trabajadores, y no sólo lo haga para explotar a los campesinos y para hacer que los dueños, pequeños privilegiados, paseen su ocio por Europa.
Evidentemente que está inserto en la filosofía de la Unidad Popular destruir ese tipo de convivencia democrática que tanto les gusta, de la cual tanto precisan y por la cual quisieran luchar para mantenerla, porque es la convivencia democrática que por años y años ha permitido que unos pocos se enriquezcan hasta la saciedad y que muchos millones de chilenos carezcan de vivienda, carezcan de alimentos, carezcan de vestuario, es decir, sean verdaderos parias, al margen del progreso social.
Esa es la convivencia democrática que estamos tratando de destruir y que, no les quepa duda, vamos a destruir, con el apoyo de las masas populares, con el apoyo del pueblo de Chile. Y hay más. Yo diría...
El señor MONCKEBERG.-
Estamos listos.
El señor SCHNAKE.-
Ojalá estuvieran listos Sus Señorías. El pueblo lo aplaudiría mucho.
Yo diría que, en el fondo, en las palabras de los parlamentarios nacionales y en la actitud de ellos, hay la expresión de una táctica bastante habilidosa, pero que no termina por engañar a nadie. Plantean con gran escándalo este desprestigio de que la Unidad Popular trata de hacer objeto a la Justicia. Como si fuera algo extraordinariamente escandaloso, echan a sonar las campanas a rebato porque nosotros criticamos a la Corte Suprema y expresamos que la Justicia en Chile tiene carácter clasista. Dicen que, realmente, esto no se puede decir, que esto es calumniar a la Corte, es calumniar a la Justicia en Chile, es caer en la antidemocracia.
El señor MONCKEBERG.-
Así es.
El señor SCHNAKE.-
¿O es que acaso, para los nacionales, las instituciones en Chile son inmutables y quieren volver a la vieja época del Derecho Natural y pensar que las cosas nacen y quedan estáticas? ¿O es que se olvidan de que la historia camina hacia adelante y de que si nunca nadie hubiera criticado los fundamentos de una sociedad y si los pueblos no hubieran actuado para cambiar los fundamentos de esa sociedad, estaríamos viviendo como los primates en la época de las cavernas?
¡Cierto que criticamos a la justicia chilena! ¡Cierto que decimos que es una justicia de clases, porque lo es, efectivamente, y porque defiende a una clase oligárquica, mentalmente pequeña y moralmente castrada; porque defiende los intereses de unos pocos, porque el pobre no tiene acceso a esa justicia, porque el pueblo realmente está al margen de ella; porque ha sido la justicia que ha servido para mantener los privilegios!
¡Cierto que la criticamos y que pretendemos cambiarla! Pretendemos cambiarla, y lo vamos a hacer, a través de los propios instrumentos que las leyes, en estos instantes, nos entregan. Y la vamos a cambiar con el empuje de la clase trabajadora.
¡Es cierto que la criticamos! Y aún dentro de los marcos de la democracia formal en que todavía vivimos, y aún dentro de los marcos de la legalidad institucional que en estos instantes persiste, podemos criticarla y podemos plantear doctrinariamente, ideológicamente, nuestra actitud en contra de ella, sin infringir la ley.
¿Qué se pretende cuando se arma este escándalo frente a la crítica y cuando se pretende desconocer el derecho de un Ministro de Estado para criticar en su calidad de ciudadano de este país, las decisiones equivocadas que, en un momento determinado, pueda adoptar otro Poder del Estado? En el fondo, lo único que se trata de hacer, con una habilidad que, felizmente, el pueblo descubre rápidamente, es ir preparando la defensa de todo este sistema, ir desprestigiando las acciones y actitudes destinadas a cambiar el sistema, atemorizar a quienes tratan de cambiarlo. Creen que por la circunstancia de acusar al Ministro de Justicia de un Gobierno popular, de un Gobierno del pueblo porque ofendió según ellos a la Corte Suprema, ese Gobierno va a dejar de enviar los proyectos de leyes o de reformas constitucionales que signifique cambiar toda la estructura jurídica de este país, estructura jurídica obsoleta, estructura jurídica de clase, que no representa a nadie en este instante.
Pero los señores parlamentarios nacionales deben saber que esas artimañas no nos atemorizan ni nos importa la crítica, ni nos habría importado, inclusive, y lo digo con plena conciencia, que hubieran caído uno o diez Ministros por acusaciones constitucionales de mala fe y mal intencionadas. No nos habría importado persistir en el camino de cambiar las estructuras jurídicas de nuestra Patria ni menos nos habría importado para cambiar estructuras fundamentales como las de la tenencia de la tierra, del sistema de propiedad y de la dependencia extranjera. Y cualesquiera que sean los embates que suframos de los partidos de la Oposición, de los sectores oligárquicos de este país, de los dependientes y colonos mentales del imperialismo norteamericano en Chile, seguiremos en la misma forma haciendo la reforma constitucional para que el cobre sea chileno, haciendo que la banca pase al Estado para servir los auténticos intereses del pueblo, haciendo una reforma agraria en profundidad, terminando con la dependencia de Chile.
No sólo no creemos en artimañas sino que, tal como ellos nos tratan de advertir con sus triquiñuelas jurídicas, así también estamos en el derecho y la obligación de advertirles que, por sobre las triquiñuelas legales, está la movilización de todo un pueblo que no está dispuesto a tolerar, que no está dispuesto a permitir que se le arrebate un triunfo, que se le arrebate su legítima posibilidad de ser Gobierno y de ser Poder, que se le arrebate su legítima posibilidad de, alguna vez en la historia, llegar a su bienestar y a una justicia distributiva social, real y auténtica.
Nada más.
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