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- rdf:value = " El señor MERCADO (Presidente).-
Puede hacer uso de la interrupción el señor Aylwin.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Señor Presidente, es sabido que en Chile, por regla general, los contratos colectivos de trabajo tienen un término de duración de un año. Vencido este plazo o el señalado en las respectivas actas de avenimiento, lógicamente, caducan las cláusulas o las condiciones de los contratos vigentes y ambas partes, trabajadores y empresa, deben decidir, de común acuerdo, sobre las condiciones para el año siguiente o para el período siguiente. Para estos efectos, se establece en nuestro Código del Trabajo todo un sistema de negociación colectiva, que es sobradamente conocido por los señores Diputados. Esto significa una cosa muy simple, muy sencilla: que vencido el término legal, necesariamente, las partes deben ponerse de acuerdo en las condiciones por pactar. Si no hay este acuerdo, lógicamente, los trabajadores pueden, incluso, paralizar sus funciones en razón de algo que es fundamental en nuestra legislación. Ningún abogado acepta un pleito si acaso previamente no se pone de acuerdo con su cliente en las condiciones que lo va a tomar; ningún médico, normalmente, realiza una operación o un acto profesional de importancia si antes no se pone de acuerdo con su paciente; de igual manera procede el sastre. ¿Cómo se puede pensar, entonces, que los trabajadores al vender por un año o por un año y medio lo único que tienen, su capacidad de trabajo, pudieran no ponerse de acuerdo previamente con la empresa acerca de cuáles serán las remuneraciones por su trabajo o por su función?
Estas ideas son muy simples y muy sencillas y son las que hacen que, en muchos aspectos, el derecho de huelga sea un verdadero derecho natural que, en el fondo, emana de la propia Constitución Política del Estado. Porque si hay libertad de trabajo, mucho más tiene que haber libertad para no ser obligado a trabajar sino en las condiciones previamente aceptadas o impuestas por la autoridad.
Señalo esto, porque, a menudo, algunas empresas ven en cualquier pliego de peticiones, en cualquier huelga, un acto de provocación de los trabajadores, un acto de mala fe, un acto, incluso, de violencia; y tramitan todo el conflicto partiendo de la base de que se les quiere causar un perjuicio innecesario y que son los demagogos, que son los políticos, que son los dirigentes sindicales extremistas los que provocan ese conflicto, en circunstancias que ésta no es la realidad.
Digo esto, porque, desgraciadamente, la empresa BATA, a la cual, desde algún aspecto, yo pudiera tenerle alguna simpatía como Diputado por el cuarto distrito, por ser la industria más grande que existe en Melipilla, siempre, cuando se presentan conflictos colectivos del trabajo, los agrava hasta términos increíbles, porque parte de la mala fe que cree en sus trabajadores. Y en esto hay una larga historia. En 1966 ó 1967, se presentó un pliego de peticiones y éste terminó con el despido de una treintena de dirigentes sindicales.
El señor MERCADO (Presidente).-
Excúseme, señor Diputado. Ha llegado el término del tiempo previo de que le correspondía hacer uso.
Su Señoría puede continuar en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Como decía, la presentación del pliego terminó con el despido de una treintena de dirigentes sindicales. Se trató de utilizar a un pequeño grupo para romper el conflicto, que era legal. Todo esto, agravado con la intervención de la radiodifusión de la ciudad, provocó una situación de tensión y de violencia en Melipilla como creo que nunca había visto esa zona, de gente normalmente pacífica e incluso en los sectores más pasivos, que siempre han sabido arreglar sus conflictos a través del diálogo, de la conciliación, de la conversación.
Y no sólo ha sucedido esto. En otras oportunidades, esta empresa ha jugado, en forma muy hábil, con la amenaza velada de que si no se aceptan determinadas condiciones en los contratos colectivos del trabajo; si no se accede a las peticiones que ella formula, se iría de Chile, retiraría los capitales que dice que trajo y clausuraría la industria. Y esto lo hace valer hábilmente ante las autoridades, ante los trabajadores, ante los políticos y, mucho más, ante las pequeñas comunidades de Melipilla y Peñaflor, que viven en gran parte de esta industria. Yo creo que éste es un procedimiento claramente inconveniente e inmoral y que prolonga el conflicto.
Las empresas extranjeras tienen las garantías que les dan las leyes chilenas; obtienen las utilidades, que son cuantiosas, de acuerdo con las leyes chilenas. No hay ninguna razón para que tengan la garantía, y obtener, así, condiciones o granjerías o franquicias que, en realidad, no les corresponden.
Esto es lo que hemos visto y que señalo no sólo para que lo escuchen los trabajadores que están en la Sala, sino para que lo sepan precisamente los ejecutivos de esta empresa, en especial los ejecutivos internacionales de ella, quienes, seguramente, van a leer la versión oficial de la Cámara. Y quiero expresar que sus representantes en Chile o las personas a que han mandado a este país, muchas veces, no han respetado las leyes chilenas en su espíritu y no han sabido comprender que los conflictos colectivos de trabajo, como también todo el sistema de negociación colectiva, son inherentes a la legislación chilena; que son inherentes al espíritu existente en Chile y que no hay ninguna razón para que ellos agraven los conflictos con persecución o con provocación de distinta clase.
Desgraciadamente, este año aflora de nuevo este mismo espíritu en el actual conflicto. Es así como, por ejemplo, quiero señalar brevemente hechos muy concretos. Primero, presentado el pliego, se pidió su nulidad por pequeñas razones o minucias legales. Yo pregunto: ¿pueden 5 mil trabajadores de una industria importante aceptar pasar un año o un año y medio sin discutir nuevamente sus condiciones de trabajo? ¿Pedir la declaración de nulidad del pliego no es querer lanzar a los trabajadores a la ilegalidad y a la violencia? ¿Adonde quieren conducirlos?
Segundo hecho. Me han dicho, especialmente los trabajadores de SOINCA y los dirigentes de BATA en Melipilla, que tan pronto como se presentó este conflicto colectivo del trabajo, empezaron a circular, en la empresa, decenas de panfletos y circulares, que, en el fondo, -tengo aquí varios ejemplares- tendían a una cosa muy precisa y sencilla: dividir a los trabajadores de sus dirigentes; estaban dirigidos directamente a los trabajadores y no a los dirigentes. Un negociador inteligente de una empresa da razones a los dirigentes elegidos por los propios trabajadores; y estoy seguro de que, si ellos reciben buenas razones, mejores explicaciones y sólidos argumentos, todos debidamente documentados, sobre cuál es la situación de la empresa, los dirigentes no irán jamás más allá de las posibilidades de ésta. Pero aquí se quiere recurrir a otro procedimiento: dividir la agrupación sindical, crear una querella entre los dirigentes y sus dirigidos, lo que es una posición absurda en cualquier empresa y, más aún, si ésta tiene un origen extranjero.
Tercer hecho. Empieza la negociación colectiva y la parte patronal designa lo que pudiéramos llamar un equipo duro para negociar. Otros años han negociado los gerentes, que son las personas vinculadas a Chile, que conocen a nuestros trabajadores; que saben sus necesidades; que observan la realidad social chilena; que saben cuánto más puede dar la empresa. Sin embargo, este año negocian por la empresa personas de escritorio, abogados, técnicos y otras personas que tienen incluso la trayectoria, reconocida en otras empresas, de haber provocado siempre situaciones conflictivas en estos casos. Más aún, hace apenas dos meses llegó a Chile un nuevo gerente general para BATA, quien, indudablemente, viene con la idea de ser absolutamente duro en las negociaciones de este conflicto. Yo me pregunto: ¿puede arreglar el conflicto una persona recién llegada a Chile, que no conoce la realidad chilena, que no sabe exactamente la realidad de la empresa y que, como ya se ha visto, no está compenetrada con el espíritu de nuestra legislación? No puede hacerlo. Por eso, lo tremendo de este conflicto es que no hay diálogo entre la empresa y los trabajadores. Todo se encuentra con el "no". Los trabajadores han celebrado reuniones, han bajado sus peticiones iniciales en más de un 30%, pero la empresa sigue en una actitud simple: de tramitación, de postergación, porque ha venido un equipo duro, y no a conversar, no a dialogar, no a dar razones, no a escuchar las que tienen los trabajadores, sino, sencillamente, a decir no a cualquier posibilidad que se presente. Y por eso, por desgracia, este conflicto se agrava en términos increíbles y nadie sabe hasta donde llegarán las cosas, a menos que se vuelva atrás en este predicamento absurdo.
La persona que ha llegado del extranjero, como lo saben muchos señores Diputados y los trabajadores, es el señor Antonio Batex, quien, por lo demás, según me han informado los trabajadores -y me lo han probado incluso con documentos- tiene una trayectoria en Perú y en Bolivia de animosidad para con los trabajadores, tal como se lo han expresado las directivas sindicales de BATA, de esos países a sus congéneres chilenas.
Otro hecho revelador. Aquí existen tres empresas que, en el fondo, no son sino una -situación de más conocida por los señores Diputados-; pero existen sindicatos de empleados y sindicatos de obreros, y cada uno plantea su conflicto separadamente, porque son organizaciones diferentes. Pues bien, llegado el momento de la huelga, los empleados la hacen efectiva, y los obreros no, sino en el momento en que la estiman conveniente y, en todo caso, dentro del plazo de 20 días que las leyes chilenas reconocen a los trabajadores para plantear o no una paralización de faenas.
Pues bien, si los obreros hacen uso de un derecho que les otorga la ley y plantean su conflicto en el momento en que lo estiman conveniente, de acuerdo con sus asesores legales, ¿cómo es posible que la empresa, antes de que se haga efectiva la huelga por parte de los obreros, proceda, lisa y llanamente, a paralizar todas las faenas, tanto en SOINCA como en CA-TECU? Con ello ha recurrido a un "lock-out", en los términos del artículo 615 del Código del Trabajo y, en el fondo ha incurrido en una situación claramente delictual, de acuerdo con el artículo 634 y otras disposiciones del mismo Código y de otras leyes especiales.
Es perfectamente lógico, entonces, que los trabajadores nos hayan planteado que las sanciones impuestas por la Dirección General del Trabajo, a propósito de esta actitud de provocación, se mantengan a toda costa y que, por ningún motivo, se vuelva atrás en ellas, y nosotros hacemos nuestra esta petición.
Señor Presidente, éste es un problema legal de importancia que, en realidad, daría para desarrollarlo más extensamente, pero sólo quiero señalar que la ilegalidad del procedimiento de la empresa, en este caso, resulta evidente del examen de decenas de dictámenes de la Dirección General del Trabajo. Yo tengo a la mano los dictámenes Nºs. 1.583, de 1969, y 4.792, de 8 de julio de 1969. En ellos, como en otros, se establece claramente que la empresa no puede, en esta circunstancia, proceder al "lock-out" y que el decretado es claramente ilegal. Entonces, cuando se impide a los trabajadores desempeñar sus funciones y se les priva de su sueldo, en el fondo, se incurre a una actitud de provocación que tiende simplemente a agravar este tipo de conflictos.
Yo creo que hay muchos otros casos claramente reveladores de este mismo espíritu en las negociaciones de este año y, básicamente, insisto, pareciera que este año BATA, CATECU y SOINCA, -que, en el hecho no son sino una misma empresa, representada por los mismos ejecutivos- lo único que quieren es postergar este conflicto indefinidamente, para terminar en situaciones de violencia que, en definitiva, a nadie conviene.
Señor Presidente, como deseamos reservar algún tiempo para otros colegas -también va a intervenir el señor Buzeta- haré algunas muy breves consideraciones finales.
En primer término, en estos momentos se están realizando gestiones en la Dirección General del Trabajo para lograr un acuerdo en este conflicto. Entiendo que hoy la empresa dará respuesta a una proposición formulada por los trabajadores o hará una contraproposición. Nosotros les expresamos a los trabajadores toda nuestra solidaridad y nos ponemos a su disposición para colaborar en la búsqueda de la solución más justa para ellos.
Deseamos, y creo que es importante que nosotros lo consigamos, que la empresa deponga la actitud de provocación y tramitación con que está afrontando este conflicto.
Nos hacemos cargo y aceptamos la idea muy concreta que nos han planteado los trabajadores, de que se nombre una comisión investigadora de la Honorable Cámara, que se dedique a estudiar los costos de producción de BATA y SOINCA y los márgenes de comercialización de BATA Sociedad Anónima Comercial. Año a año esta empresa nos está planteando que no obtendría utilidades suficientes. Creo que la Cámara puede investigar esto y creo que sería interesante que nosotros tuviéramos los datos concretos sobre cuáles son las utilidades de estas tres empresas que son una sola.
Nosotros sabemos perfectamente, y" lo decimos ahora, que hay presentes muchos trabajadores de BATA, SOINCA y CATECU, que muchas veces no manifestamos suficiente confianza en estas Comisiones, porque pueden significar una tramitación, porque no tienen los poderes ejecutivos indispensables y porque muchas veces las múltiples ocupaciones que tenemos todos los Diputados nos imposibilitan para que los asuntos que deben conocer se tramiten con la celeridad que se requiere. En todo caso, aceptamos gustosos la idea que se nombre esta Comisión.
En lo demás, pedimos a las autoridades de Gobierno que se mantengan las sanciones que ya se han dispuesto y que se estudie la posibilidad de aplicar las máximas sanciones establecidas en la legislación chilena a cualquier ejecutivo de esta empresa que haya venido desde el extranjero no con el ánimo de someterse a las leyes chilenas, especialmente en su espíritu, sino que con el ánimo de tramitar la solución de este conflicto, de provocar a los trabajadores y, por consiguiente, de tramitar y provocar al pueblo chileno, a su Gobierno y a toda nuestra nación.
Nada más, señor Presidente.
"
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