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El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, lamento que, por el sistema en que se otorgan los tiempos en este tipo de sesiones, no pueda conceder las interrupciones que solicitan la Diputada señora Carmen Lazo y el Diputado radical.
Lo más sucintamente posible, para no entrar en repeticiones inútiles de los antecedentes que ha dado el Diputado señor Sanhueza, quiero plantear nuestra posición frente a este problema que afecta a los empleados de bibliotecas y museos, frente a la huelga que se han visto obligados a llegar.
Lamentamos profundamente que personas que tienen una labor de tan alta trascendencia para el país, como es la de atender estos organismos, que son fundamentales para la cultura de un pueblo, se encuentren en una situación como la que hoy día afrontan. Lo lamentamos porque tenemos perfecta conciencia de que los que allí laboran son personas que durante años, muchos años la mayoría de ellas, han estado entregadas a una verdadera tarea nacional: a la tarea de permitir la ampliación de la cultura chilena. Como creemos también que la cultura de un pueblo es lo que, en definitiva, determina que ése sea un país pobre, aunque tenga recursos naturales excesivos, o que sea un país rico, aunque carezca de esos recursos, estimamos que es imperdonable que
se produzca una situación así y que es urgente buscar una solución.
Contemplando la situación que tienen los trabajadores de bibliotecas y museos, pensamos que no es posible que servicios de esta importancia, de esta trascendencia, estén en situación desmedrada, y que estén en situación desmedrada incluso frente a quienes desarrollan labores similares y en otros ramos.
La comparación que ha hecho el Diputado señor Sanhueza y que es la que los trabajadores de bibliotecas y museos nos han hecho llegar a todos los parlamentarios y a los Comités de los distintos partidos, indica cómo ellos han venido sufriendo una situación absolutamente desmedrada y absolutamente injusta. La desigualdad entre un servicio y otro, entre personas que desarrollan labores no sólo conexas, sino aun idénticas, como, por ejemplo, que un bibliotecario de séptima categoría de la Junta de Auxilio Escolar perciba Eº 2.400 y un bibliotecario de la misma séptima categoría de la Dirección de Bibliotecas perciba Eº 1.100, es decir, menos de la mitad, está indicando la justicia que hay en el planteamiento hecho por estas personas.
La desigualdad, repito, entre un servicio y otro, entre los empleados públicos de una repartición y de otra, es una de las mayores críticas que podemos hacer a la manera de administrar una nación y a la manera de hacer justicia y de retribuir el esfuerzo de los trabajadores del país. Porque en esta desigualdad, en esta discriminación, no hay nunca ninguna razón valedera, sino que hay solamente "razones" que en un Estado moderno deben ser terminantemente eliminadas.
Hemos visto largamente, a través de los últimos años, estas discriminaciones, creadas muchas veces por concepciones políticas erradas y aun por concepciones meramente de interés político partidista.
Hemos visto discriminaciones en que se da mejor situación a quienes tienen mayor poder de presión gremial y se deja en el abandono a quienes carecen de ese poder de presión gremial.
Se han establecido discriminaciones y desigualdades por razones diría yo, aun mucho más inconsistentes, incomprensibles, como es muchas veces la proximidad entre ciertos grupos de trabajadores y las personas o personeros que entran a tener el poder del Estado en sus manos y pueden determinar aumentos, reestructuraciones o reajustes especiales.
Se han establecido aun por negligencia, por renuencia a ver oportunamente y con justicia la situación de muchos grupos de trabajadores.
La larga crónica sobre vanas esperanzas que nos han hecho llegar, la larga crónica de tramitaciones que ha sufrido el proyecto de reestructuración que interesa a la Dirección de Bibliotecas y Museos y a su personal, nos está señalando las razones morales que han debido pesar en estas personas para llegar a tomar la decisión de huelga, de esta huelga que hoy día están enfrentando.
No soy, señor Presidente, de aquellos que se alegran con las huelgas, precisamente porque sé y conozco los sufrimientos que causan muchas veces a las familias de las personas que las efectúan y porque sé también el dolor y el pesar que sienten quienes se ven forzados a este camino y tienen verdadera vocación por su trabajo, y consideran y valoran la dignidad de ese trabajo. Pero, frente a esta crónica de tramitaciones, frente a esta crónica de falsas promesas y de esperanzas que se creaban y se frustraban sin razón valedera alguna, no puedo menos que comprender que se encuentren en este movimiento y también señalar que tenemos el deber moral de acudir a buscar solución cuanto antes a este problema.
Si es efectivo que las soluciones no parecen imposibles, sino fáciles, como expresaba el DiputadoSanhueza, hay que señalar con claridad que el monto económico que significan las pretensiones de este personal es, evidentemente, posible otorgarlo por el Gobierno, sobre todo, cuando -como lo sabe la misma gente que labora en bibliotecas y museos- se tienen preparados actos o hechos que significan gastos superiores y que no tienen otro objeto que hacer propaganda para el propio Gobierno por sus seis años de duración. Es decir, existen recursos posibles para otorgar en el curso de 1970 los beneficios que se solicitan, y existe necesidad ineludible de otorgarlos.
La reestructuración pedida, planteada y tantas veces prometida, los proyectos de reestructuración hechos una y otra vez, al parecer, van a dar solución. Y digo, "al parecer", porque no hemos tenido aún el tiempo para estudiarla detenidamente, ni tenemos, tampoco, posibilidad de informarnos y determinar la manera en que esa reestructuración se haga en este Gobierno. Al parecer, como digo, entra a solucionar problemas apremiantes, como son los de las remuneraciones y los de la situación de inestabilidad que tiene la inmensa mayoría del personal, por estar sometido nada más que a contratos y no figurar en planilla. En estas circunstancias, señor Presidente, ante un proyecto de reestructuración, que se comenzó a plantear y se elaboró a mediados o fines del año 68 y que ha llegado ahora, en los últimos meses de este Gobierno, sin que siquiera haya intenciones serias de llevarlo a la práctica y sin que se haya pedido las facultades para ello, nos vemos en la necesidad de señalar, con claridad, nuestra convicción de que es muy difícil que el Gobierno, realmente, trate de dar solución a estos problemas, a esta necesidad, por este camino. Pero, en todo caso, queremos señalar nuestra posición de respaldar con decisión los anhelos de los trabajadores de bibliotecas y museos de tener una situación equivalente a la que tienen los empleados de la Administración Pública en labores similares a las de ellos, conexas a las de ellos, incluso iguales a las de ellos, a fin de no tener que seguir sufriendo una desigualdad, una injusticia, que no se justifica por ningún motivo.
Nosotros les ofrecemos, sinceramente, toda nuestra colaboración, que no sé, realmente en qué medida podrá ser efectiva; porque no depende, como digo, de nosotros, sino que depende fundamentalmente del Gobierno ir a la búsqueda de una solución que defienda sus legítimos derechos y, al mismo tiempo, que les permita seguir laborando a incrementando la cultura nacional.
Muchas gracias.
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