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El señor MONCKEBERG.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MONARES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, dispongo de antecedentes que me permiten afirmar que la Empresa Portuaria de Chile, en su ejercicio del año 1968, tuvo una cuantiosa pérdida en sus actividades en el puerto de San Antonio, la cual asciende a varios miles de millones, de pesos. La principal causa determinante de esta pérdida serían las tarifas preferentes establecidas por el Supremo Gobierno para los desembarques de trigo y otros productos agrícolas, con el propósito de reducir el valor del costo real de esas importaciones.
Quiero anticiparme, señor Presidente, a sostener que de modo alguno yo propicio que deba elevarse el valor de los alimentos que consumen los habitantes de este país. Si pudiera ser útil otorgar una subvención a ciertos artículos de primera necesidad con el objeto de reducir su precio de venta a los consumidores, yo me allanaría a estudiar la posible conveniencia de establecerla.
Sin embargo, mi planteamiento es muy claro: el sistema de fijar tarifas portuarias preferentes representa de por sí una subvención ilegalmente concedida, lo que es una práctica abusiva, inconveniente y arbitraria. Con ella se falsea el valor real de costo de los productos importados, con grave perjuicio de los productores chilenos, trabajadores y empresarios, al distorsionar los precios internos. Por otra parte, se contribuye al desfinanciamiento de un servicio público como estamos sosteniendo cuyas pérdidas el país entero deberá, a la postre, pagar por la vía tributaria.
El país necesita saber cabalmente lo que valen estas importaciones que se realizan a fin de cubrir el déficit alimentario; pero, con este sistema que objetamos, lisa y llanamente, se falsea la realidad del gasto, y, en forma inconveniente se estimula el derroche.
Por otra parte, tengo conocimiento de que la deficiente organización que mantiene la Empresa de Comercio Agrícola, apremiada por las excesivas importaciones, ha hecho incurrir a ese organismo en importantes desembolsos en dólares por el pago de estadías y sobrestadías de los barcos que han debido permanecer en puerto más del tiempo necesario para el desembarque de los productos, que dicha empresa no ha podido movilizar oportunamente.
Como estas anormalidades representan para nuestro país una sangría innecesaria de divisas y un aumento improcedente en el costo de los productos importados, me parece que es indispensable también establecer responsabilidades.
Por consiguiente, en nombre del Comité del Partido Nacional, solicito que se envíe oficio a la Contrataría General de la República, a fin de que se sirva investigar e informar sobre las hechos anteriormente denunciados y, en especial, sobre las siguientes materias:
Monto a que ascienden exactamente las pérdidas de la Empresa Portuaria en 1968 en el puerto de San Antonio;
Valor real que deberían tener las tarifas de desembarque para los productos agrícolas que importa la Empresa de Comercio Agrícola, tales como trigo y otros;
Responsabilidad de este organismo en el pago de "estadías y sobrestadías" a las naves porteadoras, y los valores que por este concepta ha debido pagar en 1968 y en los meses que han transcurrido del presente año.
El señor MONARES (Presidente accidental).-
El oficio solicitado por Su Señoría se enviará al señor Contralor General de la República.
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