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El señor MERCADO (Presidente).-
En discusión esta enmienda. Ofrezco la palabra.
El señor JAQUE.-
Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Jaque.
El señor JAQUE.-
Señor Presidente, sin duda que esta modificación introducida al artículo 44 de la Constitución Política del Estado es una de las más importantes. En estos casos de legislación irregular en que se pretende otorgar facultades al Presidente de la República, incuestionablemente se está entregando un poder al Jefe del Estado para que, por la vía de la potestad delegada, pueda actuar en materias propias de leyes.
En relación con esta disposición, los Diputados de estos bancos vamos a votar en contra de esta disposición incorporada por el Honorable Senado.
La verdad es que la Constitución Política en vigencia prohíbe esta delegación de facultades. El artículo 4º de la Constitución Política del Estado establece que "ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido por la leyes"; y que "todo acto en contravención a este artículo es nulo”.
Sin embargo, en la práctica, reiteradamente se ha violado esta disposición constitucional. Se han dictado numerosas leyes y en los debates que ha habido en este Parlamento para tratar delegación de facultades legislativas han sido señaladas taxativamente. En cada ocasión en que se han dictado estas leyes de facultades extraordinarias se ha establecido una doctrina muy peregrina: se ha afirmado que, en estos casos, el Congreso Nacional no se estaría desprendiendo de una facultad legislativa, sino que solamente se estaría otorgando una autorización al Jefe del Estado para que, por la vía de la potestad reglamentaria, pueda actuar en materias que a la fecha de la dictación de esas leyes le estaban prohibidas.
La verdad es que este es un subterfugio, señor Presidente, una manera de evitar los escrúpulos de esta rigidez constitucional a que me he referido y que establece el artículo 49 de nuestra Carta Fundamental.
Es efectivo que se han dictado, bajo diversos gobiernos, numerosas leyes delegando facultades legislativas en la persona del Jefe del Estado, para que éste, con sujeción a su personal criterio, dicte disposiciones sobre materias propias de ley. Pero ahora, señor Presidente, se pretende establecer una autorización constitucional para que el Congreso pueda en un momento determinado entregar al Ejecutivo sus facultades legislativas en términos tan desmesurados que dejarían al Parlamento reducido a una mínima expresión. Además, observo que en esta reforma se ha abandonado el propósito de incorporar al texto constitucional el concepto de ley normativa, en la cual el legislador fijó los criterios básicos y sustanciales al Presidente de la República, para que éste actuando por la vía de la potestad reglamentaria, complemente, adicione o regule esas normas.
Por eso, nosotros somos contrarios a esta amplia delegación de facultades que se va a entregar al Jefe del Estado. Habríamos sido, tal vez, partidarios de institucionalizar este conjunto de disposiciones en términos razonables, pero no de la manera extraordinariamente amplia con que se pretende a través de esta incorporación que ha hecho el Honorable Senado de la República al artículo 44 de la Constitución Política del Estado.
En seguida, señor Presidente, quisiera, en particular, señalar someramente algunas de aquellas materias que permitirían al Parlamento delegarlas en el Jefe del Estado.
En primer lugar, "...sobre creación, supresión, organización y atribuciones de los servicios del Estado..." tal vez hasta aquí habríamos aceptado esta disposición; pero no en aquello de crear, suprimir, organizar y fijar las atribuciones de las Municipalidades, porque a través de esta delegación es incuestionable que podría darse, en cualquiera oportunidad, un golpe de gracia a las Municipalidades, y con ello se terminaría con aquel concepto de autonomía de que tanto se ha hablado en el debate parlamentario sobre esta materia.
Luego, habla "...sobre fijación de plantas, remuneraciones y demás derechos y obligaciones de los empleados u obreros...". La verdad es que teniendo hoy día la iniciativa exclusiva el Jefe del Estado, en estos aspectos, particularmente en materia de remuneraciones, para patrocinar proyectos de ley, existen resguardos para que pueda orientar su acción política en armonía con la planificación y control del proceso económico, que es, en cierto sentido, lo que se pretende alcanzar a través de una delegación de facultades en el Ejecutivo.
Por otra parte, se abren las compuertas para que el Partido o combinación de fuerzas políticas que lleguen al Poder en cualquier momento y -como ha sucedido en reiteradas oportunidades- conviertan a las reparticiones públicas en una especie de hijuela pagadora de servicios electorales, afectando, incluso, en algunas ocasiones, la estabilidad de los funcionarios de los servicios de la Administración del Estado.
El señor RIOS (don Héctor).-
Señor Presidente, pido una interrupción.
El señor MERCADO (Presidente).-
Excúseme, señor Jaque, el señor Ríos le solicita una interrupción.
El señor JAQUE.-
Voy a terminar mis observaciones, señor Presidente. Al final se la concederé con todo agrado.
En relación con esta misma materia, quiero acoger algunas expresiones vertidas, en la mañana de hoy, por los parlamentarios de Gobierno señores Giannini y Fuentes, en el sentido de que las reformas constitucionales programadas por la Democracia Cristiana no se habrían llevado a la práctica -esto se deduce de las palabras que los colegas pronunciaron- por la obstrucción del Parlamento nacional. Es decir, ellos han podido realizar aquellos preceptos de reformas constitucionales sobre los cuales han estimado que ha habido mayoría para este objeto. Por ejemplo, el señor Fuentes se refería, en particular, a la no incorporación al texto constitucional de los derechos1 de los trabajadores.
Al respecto, debemos señalar que estamos plenamente de acuerdo en incorporar al texto constitucional el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Pero no basta eso. Creemos que actuar en defensa y en interés de los trabajadores es crear las condiciones económicas y sociales para el uso de esos derechos. No queremos detenernos únicamente en una declaración de carácter platónico. Sin embargo, si la intención de la Democracia Cristiana ha sido mejorar la situación de los trabajadores, la verdad es que las expresiones del señor Fuentes se ven desmentidas por la realidad. Hemos podido observar, a lo largo de estos debates parlamentarios, que la conducción política -y esto lo digo con respeto hacia los colegas de la Democracia Cristiana- ha sido altamente lesiva para los intereses de los trabajadores.
Por ejemplo, ellos han propuesto al Parlamento nacional el otorgamiento de reajustes inferiores al alza real del costo de la vida.
-Hablan varios señores Diputados a Un vez.
El señor JAQUE.-
O sea, señor Presidente...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor JAQUE.-
O sea, señor Presidente, en esta materia no ha hecho otra cosa que seguir la política tradicional del Fondo Monetario Internacional.
El señor JAQUE.-
Señor Presidente, seguiré señalando algunos otros ejemplos para sostener lo que en estos momentos estoy enunciando.
No somos nosotros los que hemos propuesto al Parlamento nacional la abrogación de los derechos de petición, negociación y huelga; no hemos sido nosotros los que hemos propuesto, por ejemplo, el paralelismo sindical; no somos nosotros...
-Hablan vanos señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO (Presidente).-
¡Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio!
-Suenan timbres silenciadores.
El señor JAQUE.-
No somos nosotros...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO (Presidente).-
Puede continuar el señor Jaque.
El señor JAQUE.-
Les duele la verdad, porque es amarga.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor MERCADO (Presidente).-
¡Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor JAQUE.-
No hemos sido nosotros los que propusimos al Parlamento nacional gravar con impuestos obligatorios a los trabajadores mediante el sistema de bonos fiscales, en lugar de remuneraciones; no fuimos nosotros los que propusimos el sistema de ahorro de cuotas CORVI; ni tampoco los que incorporaron la disposición del artículo 99, contenida en la ley Nº 16.617, por ejemplo, que quita a los funcionarios el derecho a imponer sobre el monto total que está ganando un empleado fiscal, para poder obtener su jubilación, las que hoy se ven desmejoradas en más de un 50% ; tampoco hemos sido nosotros Tos que hemos propuesto un proyecto de reforma previsional que lesiona gravemente los intereses de los trabajadores...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor JAQUE.-
...y que pretende echar por tierra el andamiaje de derechos previsionales, que durante 40 años han obtenido los trabajadores a costa de muchas luchas y sacrificios en este país.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor JAQUE.-
Les duele que les recuerde esta iniciativa en la cual se propone la jubilación de la mujer, elevándola de los 55 a los 60 años de edad o la de los trabajadores a los 65. Les duele que les recuerde, por ejemplo, que en ese proyecto se echa por tierra la jubilación por años de servicio de que hoy disfrutan vastos sectores de la Administración Pública y del sector privado. Ello son los responsables de estas iniciativas.
Pues bien, señor Presidente, por eso yo sostengo que la verdad es que lo que ha venido afirmando la Democracia Cristiana no es efectivo en orden de orientar su acción en defensa de los trabajadores; por el contrario, su política ha sido lesiva y regresiva para los intereses de los asalariados.
El señor SALINAS (don Anatolio).-
¿Y la Reforma Agraria?
El señor JAQUE.-
Atendiendo a lo que expresaba en la mañana de hoy el señor Fuentes queremos reiterar que no hemos sido nosotros los renuentes para que incorpore al texto constitucional el recogimiento de los derechos de los trabajadores.
Ahora bien, el señor Giannini también expresaba -culpando al Parlamento nacional- que no había sido posible sacar reformas constitucionales en otros aspectos. Creo -y esto lo digo también con sinceridad y respeto a los colegas de las bancas democratacristianas- que las palabras han sido desmentidas con la realidad. Creo que es el momento de deslindar responsabilidades en esto de las reformas constitucionales. Quiero recordar al señor Giannini que no fuimos nosotros los que rechazamos en los aspectos esenciales el proyecto que envió el señor Frei, sobre reformas constitucionales.
¿Cuál ha sido, a juicio de estas bancas, la reforma constitucional más importante? La modificación al artículo 10 de la Constitución Política del Estado que ha permitido en cierta medida, aunque no masiva, realizar el proceso de Reforma Agraria.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor PALESTRO.-
¡Las indicaciones las hicieron los socialistas!
El señor JAQUE.-
Ahora bien, quiero recordar, señor Presidente, que la responsabilidad en la materia es de la Democracia Cristiana, por timidez para hacer reformas profundas que miren a las estructuras sociales y económicas de este país.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor JAQUE.-
Voy a señalar que, por vía de ejemplos, al discutirse el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, en cuyo debate me correspondió participar en aquella oportunidad, nosotros propusimos...
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor JAQUE.-
...propusimos una indicación a la Constitución que establecía que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas" para resguardar los intereses nacionales, porque no cabe duda que esto es importante hoy día para que el Estado sea dueño de las minas de cobre de la gran minería y que los particulares actúen solamente en calidad de concesionarios. Esto es importante, señor Presidente, porque permitiría poner término al dominio privado de las minas sobre las cuales hoy, en virtud de añejas disposiciones del Código de Minería, se consideran los actuales empresarios dueños de las minas y las mantienen en inactividad o explotación mediante el pago de una exigua patente.
Estas son reformas que nosotros, en su oportunidad, propusimos y que la Democracia Cristiana rechazó.
No somos nosotros los que establecimos en la Carta Fundamental, por ejemplo, el pago diferido, para hacer una distinción entre los nacionales para aplicar la reforma agraria y los altos intereses foráneos. Por eso la responsabilidad no es nuestra.
Creo que ha habido una mayoría de carácter progresista en esta Cámara para haber llevado a cabo reformas constitucionales de un carácter más profundo. Aún más, recuerdo que en aquella ocasión propusimos otra indicación al texto constitucional para que el Estado propendiera a la socialización de las empresas, medios de producción y recursos naturales básicos para impulsar el progreso y bienestar del país, disposición que habría permitido, incluso, a los señores del Partido Demócrata Cristiano realizar aquello que hablan tanto de la propiedad comunitaria. El concepto de socialización es amplio y, sin embargo, cuando se pretendió incorporarlo a la Carta Fundamental, ellos votaron en contra.
Por eso termino estas observaciones reiterando que ha sido responsabilidad de la Democracia Cristiana, el hecho de que no se hayan introducido modificaciones más profundas a la Carta Fundamental.
Por lo demás, aquí se sostuvo, hoy en la mañana, por el señor Ministro, que estaba operando en el país una grave crisis institucional, lo que ha sido reiterado por los parlamentarios del Partido Nacional. Nosotros sostenemos, reconociendo que algunas modificaciones son importantes, las podríamos calificar de simplemente adjetivas. Para nosotros no es la acción de los poderes del Estado o su funcionamiento lo que está en crisis sino que, simplemente; el sistema, el sistema capitalista que no permite abordar la solución de los grandes problemas nacionales. Sería ciego, señor Presidente, para no observar, en este momento histórico, que en la América Latina se están resquebrajando los viejos esquemas políticos, sociales y económicos y que esta crisis es profunda. Ella se manifiesta en nuestro país en la estagnación de la producción, en el proceso mismo inflacionario. Los mejores gobiernos, durante los últimos 30 años, no han sido capaces de solucionar este problema, que como un cáncer corroe la economía y la seguridad de los que viven de un salario o sueldo. La incapacidad del sistema para abordar la solución del problema de la deuda pública, por ejemplo. Sabemos que la deuda externa fue al término del año 1958 de 441 millones de dólares y que al 31 de diciembre de 1968 alcanza a la fantástica suma de 841 millones de dólares.
Sería ciego para no ver esta crisis del sistema en el proceso de insurgencia social que estamos observando todos los días derivado de la cesantía, de la ocupación de terrenos, de la angustia de los jubilados en este país, que repletan las galerías de este Parlamento y de las calles, para pedir mejores condiciones de vida.
Es incuestionable la incapacidad del sistema, el que hace crisis. El agotamiento de las estructuras capitalistas y neocapitalistas que impiden abordar la solución de los grandes problemas nacionales.
Por eso, para nosotros, estas reformas constitucionales, sólo tienden a afincar el sistema. Para nosotros, señor Presidente, lo fundamental es avanzar en la realización de los principios del socialismo, frente a la incapacidad del sistema.
Nosotros creemos que la aplicación, y el perfeccionamiento de la Democracia, solo puede alcanzarse en un sistema de contenido socialista.
Nada más, señor Presidente.
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