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Puede continuar el señor Jarpa.
El señor JARPA.-
Como decía, la Unión de Cooperativas "Bataflor Ltda." obtuvo su personalidad jurídica el 11 de febrero de 1966.
El objetivo principal de la Unión, además de los corrientes de este tipo de entidades, fue prestar servicios de planificación y ejecución de obras de urbanización y construcción o autoconstrucción. Para ello se constituyó un capital inicial de Eº 1.000.000, dirigido en acciones de 100 escudos cada una. La que quedó integrada por los trabajadores de las siguientes empresas: Compañía Manufacturera de Caucho Sociedad Anónima (CATECU S. A.), Sociedad Industrial del Calzado (SOINCA S. A.); Bata Sociedad Anónima Comercial; y:"también las personas jurídicas de derecho público o privado que no persigan fines de lucro en los objetivos sociales de la Unión".
En cumplimiento de sus objetivos, primeramente, la Unión compró terrenos en Peñaflor, Talagante y Melipilla, contrató los servicios de profesionales en planificación y construcción de viviendas, contrató empleados administrativos y obreros especializados y, una vez aprobados los proyectos técnicos correspondientes, inició el cumplimiento del programa habitacional proyectado.
Previamente, había designado gerente de la Unión al señor Jorge Muñoz Valenzuela.
Un aspecto que es necesario destacar de inmediato en este análisis de la política financiera seguida en la Unión, es que la construcción de las viviendas para los 1.200 cooperados se concibió, también, sobre la base de los aportes o préstamos que le haría el Fondo de Compensación e Indemnizaciones Especiales de los obreros de las empresas señaladas anteriormente, y mediante las cuotas o aportes mensuales que harían los obreros de dichas empresas, con lo cual se adoptaba una fórmula que se consagra en los estatutos de la Unión (vale decir, la realización de esta clase de construcciones para los cooperados mediante aportes personales o créditos contratados en el país o en el exterior, y se da una natural inversión a los recursos del Fondo mencionado, que estaba en situación de efectuar estos préstamos.
También hay que hacer mención, para mejor comprensión de los problemas que afectan a la Unión en este aspecto financiero, de diversos hechos que conoció la Comisión y pudo comprobar, incluso ocularmente; hechos que tuvieron decisiva importancia en el desarrollo del plan habitacional, por cuanto contribuyeron poderosamente a entorpecerlo, por diversas causas que se pasan a explicar.
En efecto, se proyectó construir 800 viviendas para los cooperados en forma prácticamente simultánea. O sea, se iniciaron las obras básicas de construcción de todas las viviendas, lo cual, desde un punto de vista de técnico de construcción no merece reparos; pero, consideradas las posibilidades de factibilidad, obviamente no fue o no constituyó una acertada política, lo cual quedó demostrado en la práctica, ya que no pudo darse término a las viviendas en los plazos prefijados. Y aún hoy en día, puede decirse que no se ha construido ninguna de ellas, sino que sólo existen los cimientos y sobrecimientos de las 800 casas proyectadas primitivamente. Una acertada política a seguir debió ser, a juicio de los socios de la Unión que depusieron ante la Comisión, iniciar la construcción de pequeños grupos de viviendas, con miras a darles término, y, en seguida, proseguir con otros núcleos habitacionales tanto en Peñaflor como en Melipilla y Talagante.
Sobre este aspecto, también cabe señalar que no se proyectó y, por consiguiente, no se llevó a la práctica ningún plan de viviendas para las cooperativas "Karina" y "Monaco", de Melipilla y Talagante, respectivamente, a pesar de que pudo considerarse en los programas la ejecución de casas habitaciones para estos cooperados, que habían efectuado los aportes correspondientes en su calidad de socios de la Unión y que debían tener, por tanto, igual tratamiento que los demás cooperados.
Igualmente, se señaló que constituyó un factor importante de la paralización de las obras de construcción de viviendas, el hecho de que no todos los recursos de que disponía la Unión se destinaran exclusivamente a esta finalidad; ya que ellos, en gran proporción, fueron invertidos en objetivos diversos y diferentes, que bien pudieron ser diferidos para el momento en que se hubiere dado término al plan de construcción de habitaciones para los obreros. Se indicaron en la Comisión como gastos inocuos y demasiado elevados, principalmente, los siguientes: Eº 40.000 invertidos en publicaciones y propaganda, mediante impresos o folletos, algunos de los cuales rolan entre los antecedentes de la investigación y fueron obtenidos por la Comisión cuando visitó las dependencias y oficinas de la Unión, en Peñaflor ; compra de un arco para "básquetbol"; instalación de un costoso letrero acrílico en los terrenos de Peñaflor; gastos en reuniones sociales y en restaurantes; adquisición anticipada de materiales de construcción en grandes cantidades, y extensión de un tramo de la red de alcantarillado hasta la casa particular de don Jorge Muñoz, distante alrededor de 800 metros de los terrenos de propiedad de la Unión, con materiales y recursos de ésta.
Los hechos mencionados, unidos a los gastos ordinarios de la Unión, consistentes en pagos de sueldos, salarios y cotizaciones previsionales, y en algunos pagos extraordinarios de honorarios profesionales y de sueldos atrasados, produjeron un desfinanciamiento de los planes habitacionales de la Unión, que comenzó a agudizarse en el año 1967 e hizo crisis cuando el Fondo de Compensación de los Obreros, en el presente año, dejó de otorgarles préstamos por acuerdo de su Directorio, en razón de que no estimaba convenientemente garantizado el cumplimiento de la obligación de devolver los préstamos ya otorgados. En total, desde 1965 hasta comienzos del año en curso, el fondo entregó a la Unión la suma de Eº 4.765.551,48 afectos a un reajuste de acuerdo con el alza del costo de la vida, que elevaría la deuda a más de Eº 8.400.000.
Con anterioridad a estos hechos, la Unión trató de salvar la situación deficitaria que la afectaba mediante la obtención de un préstamo en Estados Unidos de Norteamérica por US$ 3.000.000, para lo cual se autorizó a la Corporación de Servicios Habitacionales en el sentido de otorgarle su aval, según decreto Nº 2.078, del Ministerio de Hacienda, de 20 de diciembre de 1967. El aval no pudo ser otorgado por este organismo en razón de que no se reunieron los requisitos que para esta clase de operaciones deben cumplirse. En igual forma, no tuvo éxito la gestión que, personalmente, realizó en Estados Unidos el Gerente de la Unión en esa época, don Jorge Muñoz Valenzuela.
Finalmente, sobre esta materia, la Comisión conoció de Los informes de auditoría contable emitidos, el primero, en 1967, por los contadores señores Nordenflicht, Ziller, López-Monne y Cía.; y después, el segundo en 1969, por los contadores señores Miguel González Villa y Héctor Sánchez Elgueta, en los que se formulan críticas al sistema contable empleado en la Unión desde 1965 hasta 1968.
Todos estos antecedentes fueron debidamente analizados por la Comisión durante el estudio que se realizó de la situación financiera de la Unión, como igualmente las incidencias que produjeron en el plan de construcción de viviendas, las responsabilidades que pudieran afectar a personas u organismos y las soluciones que pudieran adoptarse para poder dar término a dicho plan, a fin de solucionar los problemas laborales del personal que presta servicios en la Unión y, en definitiva, para regularizar su funcionamiento.
De las conclusiones a que arribó la Comisión se da cuenta en la parte pertinente de este informe, que Sus Señorías tienen a mano.
En relación ahora con los problemas legales que han afectado y que afectan a la Unión, debe informarse que su constitución se ajustó a las normas legales vigentes sobre las cooperativas, que, como se ha dicho anteriormente, se contienen en el R. R. A. Nº 20, de 5 de abril de 1963.
Posteriormente, luego de efectuado el primer balance correspondiente al primer semestre de 1966, se produjo la primera situación legal, por cuanto dicho balance no fue aprobado por la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, lo que, al no ser- subsanado por la Unión, impidió o trajo como consecuencia inmediata que no pudieran realizarse válidamente Juntas Generales posteriores. Por ello, también, la División de Cooperativas, de acuerdo con lo que disponen los estatutos de la Unión, facultó la celebración de Juntas Generales Ordinarias, con el objeto de facilitar el funcionamiento normal de la institución.
Otro aspecto fue dado a conocer referente al funcionamiento irregular de la Unión, es que no se constituyó el Consejo de Administración. Por ello, en relación con este mismo hecho, se informó que todos los negocios de la Unión no se gestaron a través de este Consejo de Administración, sino que fueron realizados exclusivamente por el Gerente.
Se señaló, en diversas ocasiones, por algunos declarantes, que estas anomalías en el funcionamiento de la Unión y la permanencia en el cargo del Gerente -a quien se atribuyó toda la responsabilidad en los manejos financieros- serían imputables a la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la cual debió haber intervenido y solucionado todos estos problemas.
Los representantes de dicho Departamento que depusieron ante la Comisión expresaron que la División de Cooperativas no tenía facultad para intervenir de oficio en las cooperativas y que inmediatamente que tuvieron conocimiento de las dificultades habidas en la Unión, designaron un funcionario de la repartición para que regularizara el aspecto contable en ese organismo, quien realizó su labor durante un término prudencial, hasta dejar funcionando normalmente dicho Departamento ; además, designaron un interventor, que se desempeñó por espacio de varios meses en la Unión. Igualmente objetaron los balances, en conformidad a sus facultades legales; y también, autorizaron la celebración de Juntas Generales con el objeto de no entorpecer el funcionamiento de la Unión. Por otra parte, hicieron notar que la Unión tiene tres organismos contralores de su funcionamiento, a saber: el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y las Juntas Generales de Socios. Finalmente, acompañaron un documento público en el que constan las facúltales de la División de Cooperativas la forma en que desempeña sus labores y el número de funcionarios que allí prestan sus servicios.
Actualmente, la Unión funciona dirigida por un presidente, el cual fue nombrado por los presidentes de las cooperativas socias de este organismo, en espera de que se regularicen todas las anomalías señaladas y, por tanto, puedan designarse el Consejo de Administración y celebrarse las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias en su caso, en cumplimiento cabal de sus Estatutos.
Por haber terminado su mandato el anterior interventor, se ha nombrado uno nuevo, con facultades para estudiar un plan dentro de un término prefijado de solución al problema habitacional.
Como consecuencias fundamentales y graves de todos los problemas relacionados, fueron expuestos en toda su magnitud y proyecciones ante la Comisión; en primer lugar, el incumplimiento del plan habitacional concebido en 1966, cuando se creó la Unión; y, en seguida, la desocupación que, inevitablemente, se producirá para los empleados y obreros de la Unión, en razón de que no pueden seguir en sus labores, por cuanto no se dispone de recursos económicos para continuar las obras de construcción de viviendas. Otra consecuencia, de no menor gravedad, la constituyen otras clases de deudas con diversos acreedores, incluyendo a los propios cooperados y el Fondo de Compensación e Indemnización de los Obreros.
De acuerdo con los datos recibidos, el programa inicial de construcción de viviendas comprendía un total de 1.200, porque ése era el número primitivo de socios de la Unión. Se iniciaron los trabajos de construcción de 800 viviendas simultáneamente, sobre la base de un cálculo de costo total por vivienda de 70 metros cuadrados, en esa época, de Eº 30.000 cada una.
Ahora bien, el sistema indicado prontamente empezó a demostrar su impracticabilidad, por cuanto los aportes o fondos de que se disponía no alcanzaban para abarcar la totalidad de las obras programadas. En este evento, según se informó, se trató de contratar recursos económicos en el extranjeros para financiar la terminación de las obras iniciadas, lo cual no fructificó, por diversas causas. Se trató de continuarlas sobre la base de nuevos préstamos de Fondo de Compensación e Indemnización de los Obreros, el cual, también, por falta de garantías legales suficientes, no pudo continuar otorgando créditos a la Unión usando los fondos de reserva para el pago del beneficio de indemnización por años de servicio, recursos que, en total, alcanzaban, a comienzos del presente año, a la suma bruta de Eº 4.765.551,48, sin incluir en esta cantidad el reajuste estipulado, que se estima por el Fondo en Eº 3.500.000, aproximadamente. Por ello, en la actualidad, sólo existen 800 cimientos y sobreseimientos construidos, sin que se haya edificado ninguna construcción.
En la Comisión se vertieron algunas opiniones, de parte de los declarantes y de señores Diputados en relación con esta materia, condenatorias de la gestión del ex Gerente de la Unión, señor Jorge Muñoz Valenzuela, a quien le atribuyeron gran parte o toda la responsabilidad en el fracaso del Programa habitacional de la Unión, por las razones expuestas en este informe y en atención a los hechos que en su oportunidad se señalaron. Más aún, se estimó también que estos actos serían constitutivos de delito común y que correspondía, en consecuencia, juzgarlos a los tribunales ordinarios, motivo por el cual se propusieron fórmulas o conclusiones tendientes a que los antecedentes del caso fueran puestos en conocimiento de la Justicia.
El señor Jorge Muñoz Valenzuela, en forma verbal y por escrito, formuló sus descargos a las imputaciones anteriormente señaladas en el presente informe. Su respuesta escrita se inserta en el anexo de documentos del presente informe. No obstante, es conveniente señalar resumidamente las argumentaciones expuestas en dicho instrumento.
En primer lugar, rechazó o negó valor a los informes de auditoría contable en todo lo que le atribuyen responsabilidad personal por anomalías en el sistema empleado en la Unión, ya que existió siempre en dicho organismo un departamento de contabilidad atendido por profesionales y porque, de acuerdo con los estatutos, el control de todos estos aspectos corresponde a la Junta de Vigilancia. Añadió que fue preocupación preferente de él que dicho departamento funcionará normalmente.
En cuanto a los demás cargos que se le formularon, referentes a excesos de gastos de orden social, a inversiones innecesarias, al cobro judicial de sueldos atrasados, a manejos de fondos sociales en su cuenta particular, respondió, en primer lugar, que los gastos efectuados en algunas reuniones sociales lo fueron durante la celebración de Fiestas Patrias, en que, generalmente, se realizan en todos los organismos de este tipo cooperativo inversiones para recreación de los asociados y sus familiares. Otras inversiones en materiales de construcción o en obras para la futura población no pueden calificarse, a su juicio, como perjudiciales a los intereses colectivos, por cuanto tenían por finalidad prevenir alzas de precios y anticipar trabajos que posterior y obligatoriamente deberían realizarse. En cuanto a los sueldos atrasados que cobró judicialmente y que le fueron reconocidos por sentencia del Juzgado de Tala- gante, no cree que pueda estimarse que haya una irregularidad, ya que realmente se le adeudaban por la Unión, con la que llegó a un acuerdo renunciando al cumplimiento del contrato de trabajo que tenía con ella, que era de plazo fijo, con vencimiento en 1970.
Adujo luego que otros gastos efectuados correspondían a inversiones necesarias para realizar los postulados cooperativos y dar a conocer la obra que se estaba desarrollando en este sentido. Por ello, se imprimieron folletos, se hicieron otra clase de publicaciones y se instaló el letrero con la leyenda "La Unión hace la Fuerza" en los terrenos de Peñaflor.
Finalmente, expresó que rechazaba la imputación de que hubiera depositado dineros de la Unión en su cuenta bancaria particular y, como prueba de ello, acompañó los talonarios de cheques.
También se expresaron opiniones en el sentido de que cabía responsabilidad administrativa a la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por no haber actuado oportunamente frente a los problemas que afectaron a la Unión. Igualmente, se manifestó la opinión, en algunas proposiciones hechas llegar a la Mesa, de que correspondía al Gobierno una responsabilidad moral, administrativa y política en los problemas señalados, en razón del respaldo que otorgó a la Unión cuando fue creada, del impulso que dio al plan piloto habitacional, del aval que prometió otorgar a través de CORHABIT; de la confianza que dispensó al ex gerente, señor Muñoz Valenzuela, y por el hecho de depender las cooperativas de un organismo de Estado.
No obstante, otros señores Diputados no estuvieron de acuerdo con los conceptos y juicios señalados, porque estimaron que no existían antecedentes suficientes para darles a los hechos de autos los calificativos indicados o para establecer responsabilidades de funcionarios, particulares o del Gobierno en la forma que señaló anteriormente. Por ello, propusieron que se incoaran los sumarios administrativos del caso sobre actuaciones funcionarías ; que se remitieran los antecedentes a la Contraloría General de la República para que actúe conforme a sus facultades especiales o a los tribunales ordinarios de justicia para que conforme a derecho inicien los procesos correspondientes y apliquen las sanciones a que haya lugar.
Sobre las fórmulas propuestas, la Comisión adoptó los acuerdos que se contienen en las conclusiones de que se da cuenta en la parte resolutiva de este informe.
Continuando el análisis del punto referente al desfinanciamiento existente en la Unión, se señalaron en la Comisión las siguientes cifras:
1.- Sueldos impagos a los empleados, Eº 103.835,46;
2.- Salarios impagos a los obreros, Eº 78.935,46;
3.- Deudas con institutos previsionales;
4.– Otra clases de deudas, como pagarés a empleados y obreros y obligaciones con otra clase de acreedores. No se establecen datos exactos. Pero estos cuatro rubros fueron calculados en una suma aproximada a Eº 1.200.000, de acuerdo con los antecedentes globales que se indicaron y con el tiempo que se está en mora con las Cajas de Previsión respectivas;
5.- Deuda con el Fondo de Compensación e Indemnización de los obreros, Eº 8.400.000;
6.- Devolución a aquellos obreros que aportaron fondos a la Unión y que por diversas causas se retiraron de ella o se retirarán en conformidad al artículo 14 de los Estatutos;
7.- Cálculo estimativo global del monto de las inversiones mínimas para dar término a las viviendas iniciadas y construir las correspondientes en Talagante y Melipilla. Esto sumaría más o menos Eº 25.000.000.
Para suplir este déficit actual de la Unión, ésta cuenta sólo con aportes mensuales del orden de los Eº 300.000, provenientes de las cotizaciones de los obreros y del Fondo de Compensación, de los cuales debe pagar mensualmente aún, por concepto de sueldos y salarios, una suma levemente superior a Eº 100.000, o sea, restan alrededor de Eº 200.000 al mes para obras habitacionales y cumplimiento de obligaciones de todo orden, pendientes o sobrevinientes, como ha ocurrido con fallos judiciales que han reconocido derechos a sueldos o indemnizaciones a algunos demandantes de la Unión. Por estas causas, según se informó al término de la investigación, se paralizaron las obras de construcción de viviendas en Peñaflor, con miras a dar solución, primordialmente, a todos los compromisos pecuniarios pendientes, especialmente los que benefician a los trabajadores.
Ahora bien, la Comisión efectuó numerosas consultas sobre las posibilidades de llevar a término el plan de construcciones habitacionales- proyectado por la Unión y deliberó detenidamente acerca de las soluciones que podrían conducir a realizarlo.
Primeramente, se informó de parte del funcionario de CORHABIT que concurrió a la Comisión de que con la suma de Eº 30.000 no podría construirse en la actualidad una vivienda superior a 40 metros cuadrados, lo cual además de no encuadrar en el plan primitivo de la Unión, y de no satisfacer las necesidades de una familia normal, tampoco resulta realizable dados los recursos de que dispone esta entidad.
En seguida, consultó oficialmente a la Empresa "BATA" al Fondo de Compensación e Indemnizaciones de los Obreros de BATA" y a la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción acerca de las soluciones al problema habitacional de la Unión.
Además, fue informada por parte del Subsecretario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo subrogante, señor Tomás Aylwin, de la forma en que podría abordarse la solución de este problema por parte de CORHABIT.
Se recibió la respuesta de la División de Cooperativas, de 9 de septiembre de 1969. En ella se deja constancia de lo siguiente: "Con posterioridad a la realización de la última sesión de la Comisión Investigadora, se reunieron los Presidentes de las 21 Cooperativas de Viviendas; el Secretario del Fondo de Compensación de Empleados y Obreros de las Empresas Bata, Soinca y Catecu; el Interventor de este Ministerio, señor Iván Katalinic, y el propuesto nuevo Interventor, don Rodolfo Yunis.
"En esta reunión se tomaron los siguientes acuerdos: "Proponer al Fondo de Compensación que se hiciera cargo del problema de pago de sueldos y salarios adeudados a los obreros y empleados de la Unión de Cooperativas "Bataflor". El Secretario del Fondo se comprometió a ello. Segundo: la unanimidad de los Presidentes de las cooperativas socias de la Unión, en votación secreta y unipersonal, aceptaron la designación del nuevo interventor, ingeniero comercial don Rodolfo Yunis, por un plazo de seis meses, quien actuará conjuntamente con un Comité Ejecutivo, compuesto por los Presidentes de las Cooperativas de Viviendas, representantes del Fondo de Compensación, Sindicatos y la Empresa Bata.
"El nuevo interventor hará los estudios de factibilidad, gestionará los financiamientos y programará la realización completa de la obra, dentro de plazos y financiamientos predeterminados con anterioridad.
"El interventor tendrá, además, a su cargo el impetrar el oportuno e íntegro cumplimiento de parte de los Sindicatos de las Empresas Bata S.A.C., Catecu S. A. y Soinca, como asimismo, del Fondo de Compensación de Empleados y Obreros de dichas empresas, como también, de la Empresa misma, de las obligaciones de índole económica que tengan pendiente con la Unión de Cooperativas "Bataflor" que le permitan a ésta celebrar los convenios de ahorro previo con las Asociaciones de Ahorro y Préstamo o con CORVI, para financiar parte de las viviendas.
"En estos momento, se gestiona con la Caja Central de Ahorro y Préstamos, la destinación de un financiamiento para cien o ciento cincuenta casas, a programar para el próximo año 1970...".
Hay otra respuesta de la Empresa Bata. Ahí lo más importante es el punto cuarto de ella. Dice: "De acuerdo con el resultado que arroje la auditoría referida, correspondería elaborar un plan de construcción que estuviera de acuerdo con las posibilidades económicas de las cooperativas miembros y luego llevar a la práctica dicho plan."
Hay otra respuesta del Fondo de Compensación e Indemnización de los Obreros.
La Comisión tuvo especial preocupación, no solamente de encontrar el culpable en los malos manejos de esta Unión de Cooperativas, sino de obtener los medios necesarios para que este plan de viviendas se llevara a efecto y no frustrar, de esta manera, los anhelos de todos los obreros de las diferentes empresas que forman la Unión de Cooperativas, y fue así como se aprobaron las siguientes soluciones a los problemas enunciados, las que se consideraron como posibles de realizarse, luego de estudiarse detenidamente las diversas proposiciones que se señalaron anteriormente y otras que se formularon en su seno:
1º.- Recursos que podrán consultarse en las futuras leyes de Presupuestos de la Nación para la construcción de viviendas en "Bataflor".
2º.- Programas especiales para este efecto que debe elaborar la Corporación de Servicios Habitacionales, a cumplirse en 1971.
3º.- Préstamos internos y externos que pueda contratar la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada", para lo cual cuenta con el aval de la Corporación de Servicios Habitacionales.
4º.- Construcción de cien o ciento cincuenta viviendas en el año 1970, mediante un financiamiento especial que se trata de obtener en la Caja Central de Ahorro y Préstamo.
5º.- Construcción de viviendas por intermedio de la Corporación de la Vivienda o de asociaciones de ahorro y préstamo, una vez que puedan depositar el ahorro previo necesario, lo cual ocurrirá cuando la Unión haya cumplido sus obligaciones pendientes y cuando reciba todos los aportes de parte de los Sindicatos de las Empresas BATA S.A.C., Catecu S.A., Soinca S.A., del Fondo de Compensación de los obreros de dichas empresas y de la empresa misma.
6º.- Programa especial sobre financiamiento de las viviendas que deberá presentar el nuevo interventor de la Unión, de acuerdo con las facultades que se le otorgaron por los cooperados, en el plazo de seis meses contado desde la fecha de su nombramiento, según se informó a la Comisión verbalmente por el representante de la División de Cooperativas.
Otras formas de financiamiento no pudieron ser aprobadas en razón de que los organismos públicos que de diversas maneras tienen contacto o control, o construyen viviendas para las cooperativas no disponen de recursos económicos para acudir en ayuda inmediata de "Bata- flor", y de que no se estimó conveniente, en las actuales circunstancias, imponer un nuevo tributo a los contribuyentes, aun cuando la finalidad lo justificaría plenamente, en estricto derecho.
Luego de consideradas y aprobadas las fórmulas de solución anteriormente señaladas, que se refieren sólo al problema habitacional y laboral que afecta a la Unión y a sus trabajadores, la Comisión se abocó al estudio de diversas proposiciones formuladas por algunos señores Diputados, las cuales fueron expuestas en el curso de este informe y que dicen relación con responsabilidades de personas, organismos o del Gobierno, y que contienen ponencias, recomendaciones o conclusiones en este sentido.
En ellas se contienen numerosas ideas sobre los aspectos señalados, todas las cuales fueron aprobadas, aun cuando se estimó que fueran refundidas y concilia- das por la Mesa, que fue facultada para redactar las conclusiones del presente informe, en razón del espíritu que animó a la Comisión, que tuvo por miras solamente buscar las formas que puedan conducir a dar una pronta y adecuada solución a los problemas que tan gravemente han afectado a la Unión de Cooperativas "Bataflor Ltda.", y a establecer las responsabilidades a que pudiere haber lugar.
Antes de señalar las conclusiones a que arribó la Comisión debe expresarse en este informe que ella estima que, con la labor realizada, ha dado cumplimiento cabal a su cometido, que le fue encomendado el 15 de julio del presente año por la Corporación. Al respecto se permite recordar que debió realizar numerosas y extensas sesiones, escuchar a un sinnúmero de declarantes, analizar diversos documentos, tanto públicos como privados, visitar los terrenos de la Unión en Peñaflor y examinar las impugnaciones y defensas planteadas en torno a todas las cuestiones señaladas en este informe, que la llevaron a adoptar, en conciencia, los acuerdos y resoluciones que se dan a conocer a continuación.
En mérito de lo expuesto y con los proyectos de acuerdo presentados por los Diputados Fernando Sanhueza, Manuel Tagle y Cipriano Pontigo, y por las Diputadas Laura Allende y Gladys Marín, y de acuerdo también con lo expresado por sus diferentes integrantes, la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción acordó proponer a la Corporación la aprobación de las siguientes conclusiones:
1.- Declarar que la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada" fue administrada en forma fraudulenta por el ex gerente de esa institución, señor Jorge Muñoz Valenzuela.
2.- Declarar que la gestión del ex gerente de la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada", señor Jorge Muñoz Valenzuela, causó un grave daño a los socios de dicha entidad, por cuanto los privó de la posibilidad de contar con una vivienda, que constituye la principal finalidad para la cual se creó dicha institución.
3.– Declarar que el ex gerente, señor Jorge Muñoz Valenzuela, profitó de su cargo en beneficio personal al aceptar la donación de una casa habitación de parte de los obreros de la Empresa Bata, cuya compra fue financiada mediante una erogación de un día de salario por cada obrero.
4.- Declarar que hay responsabilidad del Gobierno en los problemas que afectan a la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada", por cuanto señaló a este organismo como un plan piloto habitacional y por cuanto le otorgó, a través de la Corporación de Servicios Habitacionales, su aval para un préstamo internacional de US$ 3.000.000.
5.- Declarar que hay responsabilidad del Gobierno por la actuación de la División de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: 1º.- Por no haber fiscalizado el funcionamiento de la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada", a pesar de estar en conocimiento de las irregularidades internas que allí ocurrían, por las denuncias que llegaron a su poder y por haber tenido conocimiento oportuno de los informes de auditoría contable efectuados en esa institución; y 2º-Por no haber ordenado al interventor de la Unión de Cooperativas mencionadas que efectuara el pago de Eº 208.000 al ex gerente, señor Jorge Muñoz Valenzuela, a pesar de que la sentencia del Juzgado de Talagante que acogió su demanda había sido apelada y este recurso se encontraba pendiente.
6.- Enviar a la Corte Suprema de Justicia copia de todos los antecedentes acumulados en la investigación, con el objeto de que se sirva designar un Ministro en Visita o, si no fuere procedente esta medida, determinar el Tribunal competente para que establezca las responsabilidades civiles o criminales a que haya lugar mediante la instrucción de los procesos correspondientes.
7.– Remitir a la Contraloría General de la República copia de todos los antecedentes relacionados con la actuación de la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en los problemas investigados, para que determine, si lo estimare procedente, por medio de sumarios administrativos, las responsabilidades que puedan corresponder a quienes actuaron o debieron actuar en dichas materias, para lo cual se reitera el oficio Nº 615, remitido por la Corporación.
8.- Dirigir oficio a Su Excelencia el Presidente de la República para que, si lo tiene a bien, se sirva consultar los recursos que sean necesarios para solucionar el problema habitacional que afecta a la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada" en las futuras leyes de Presupuesto de la Nación.
9.- Dirigir oficio al Ministro de Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para que se solucione pronta y preferencialmente los casos de desocupación que se están produciendo y se producirán en la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada" con motivo de la paralización de las faenas de construcción de viviendas.
10.- Dirigir oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que imparta instrucciones a la Corporación de Servicios Habitacionales y a la Corporación de la Vivienda para que incluyan, con prioridad, en sus planes habitacionales la construcción de viviendas para la Unión de Cooperativas "Bataflor Limitada".
11.- Dirigir oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que arbitre todas las medidas tendientes a dotar de recursos económicos, medios técnicos, atribuciones legales y materiales y del personal suficiente a la División de Cooperativas dependiente de esa Secretaría de Estado, para que pueda cumplir debidamente con sus funciones de supervigilancia y desarrollo del movimiento cooperativo del país.
Eso sería todo, señor Presidente.
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