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    • rdf:value = " El señor FRIAS.- Continuó, señor Presidente. Porque no hicieron nada de esto, como más adelante lo demostraré, es que el informe que traen a esta Corporación carece de autoridad moral, carece de eficacia, es parcial, incompleto y debe ser desestimado de plano. Es más, señor Presidente. Yo creo que el Ministro que esta tarde se sienta en el banquillo de los acusados, debe hacer lugar para que junto a él tomen colocación, también, los tres señores Diputados que consumaron algo que, junto con ser un atropello, es una torpeza irritante. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FRIAS.- Señor Presidente, se acusa al Ministro del Interior de haber conculcado la libertad de prensa. Háblese de censura previa, de cadenas abusivas, de requisamientos de diarios. Ese es el fondo del libelo que suscribieron siete Diputados socialistas y tres Diputados radicales. Los parlamentarios que defienden al señor Ministro afirman que este documento no está revestido de la ampulosidad fraseológica y de las citas de derecho que otros similares han tenido. Yo no me voy a detener ante esta cuestión. Nos interesa el fondo del asunto. Sólo sé que se pretende perseguir la responsabilidad de un Ministro del Interior que ha impedido la libre expresión del pensamiento oral o escrito. Desde los inicios de esta Administración, mi partido ha señalado los graves y reiterados ataques a la libertad de prensa que la Democracia Cristiana ha perpetrado al amparo del Poder, del crédito del Estado, usufructuando de sus influencias y de sus medios. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FRIAS.- Hemos señalado los intentos para apoderarse, con dinero succionado al Banco del Estado, de la Empresa SOPESUR; cómo se destacó a connotados elementos de la Democracia Cristiana para que presionaran a los accionistas de esa sociedad, amenazándoles con privarlos de su derecho al crédito, con persecuciones de Impuestos Internos, del Servicio de Seguro Social, de la Inspección del Trabajo y de todos los controles de la Administración Pública. Muchas veces denunciamos cómo se presionaba a los comerciantes e industriales que entregaban su propaganda a los diarios y radios de oposición; las mil y una maquinaciones que se hicieron para cancelar las concesiones de muchas radios que no se entregaban a los designios del partido de gobierno; y precisábamos que esta persecución, característica de regímenes totalitarios, estaba incorporada a la estrategia democratacristiana, que quería gobernar sin oposición, silenciando todas las voces que pretendieran disentir con sus postulados o con sus designios. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FRIAS.- Todo esto constituye un proceso larga y fríamente concebido. Y triste es tener que confesarlo, en gran parte logrado. Allí está el diario "La Unión", de Valaparaíso, la Empresa Editora "Zig Zag", el Canal 13 y el Canal Estatal de Televisión. Allí están los diarios de Santiago y de provincia, las estaciones de radio que lenta, sucesiva, pero fatalmente, han ido pasando a manos de los hombres de la "revolución en libertad". -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FRIAS.- Allí están las cadenas obligatorias, ahí los mensajes que, con majadería y carácter obligatorio, se imponen con irritante frecuencia a todas las radioemisoras del país. Sobre las actuaciones del Ministro del Interior, en las investigaciones que, separados del resto de la Comisión, hemos realizado con mi colega don Fernando Vargas, tenemos ya un concepto muy claro y muy arraigado: es la culminación de este proceso de aherrojamiento de la libertad de expresión, es la gota de agua que colmó el vaso. He dicho, Honorable Cámara, que el informe de la mayoría debiera ser desestimado, si esta Cámara procediera atendiendo más a la conciencia que a la consideraciones o a las implicancias políticas del caso. Esta Comisión tenía la obligación de escuchar a los acusadores, de oír al acusado y, si entre ambas declaraciones surgían diferencias, como efectivamente surgieron, tratar de investigarlas y aclararlas. Toda acusación se funda en consideraciones de hecho y de derecho. Es lógico que, para saber si las normas de derecho que rigen las materias cuestionadas son aplicables al caso, se hace necesario precisar de una manera clara, incuestionada e irredargüible, la ocurrencia, veracidad y secuencia de los hechos. Yo le pregunto a la mayoría de la Comisión si hubo concordancia entre lo declarado por el Ministro y lo declarado por el Presidente del Sindicato de Periodistas de Radio y Televisión. Aquí están sus dichos. Dijo el Ministro: "Quiero iniciar mi exposición ante esta Comisión, señalando que en ningún momento ha existido por parte del Gobierno una censura previa a las transmisiones de programas informativos, periodísticos o de comentarios". Yo imagino y comprendo la irritación de los señores periodistas que probablemente ignoraban tan refrigerantes declaraciones del señor Ministro del Interior y que ahora las están escuchando. Debo decirles que ellas constan en el acta oficial de las sesiones celebradas por la Comisión de Acusación. Antes de reproducir las expresiones del señor Contreras y de destacar las contradiciones manifiestas con lo dicho por el señr Ministro, quiero detenerme frente a ésta, su afirmación. ¿Qué entiende el Gobierno, especialmente el señor Rojas, por censura de prensa o de información? ¿Es sólo acaso la revisión previa de lo escrito antes de su publicación? Así pareciera. Allá él con su interpretación. Para nosotros, señor Presidente, y para todos aquéllos que quieran proceder con recto juicio y con ecuanimidad, censura de prensa es algo mucho más amplio que eso. La censura de prensa compensa toda acción u omisión dirigida a dificultar, imposibilitar y hasta postergar, directa o indirectamente, la publicación o difusión del pensamiento oral o escrito, por cualquier medio. Vuelvo, señor Presidente, a las declaraciones del señor Ministro del Interior, para demostrar las contradicciones que hacían necesario que la Comisión escuchara otros testimonios. Continúo leyendo sus palabras: "Recibí de parte de ellos, asimismo," (se refiere a los miembros ejecutivos de ARCHI) "una petición en el sentido de que se pudieran exceptuar los progamas informativos, periodísticos o de comentarios. Quiero enfatizar que esta situación fue un pedido de esta Asociación, y como la demostración más evidente de que fue una solicitud de ellos, creo que lo más importante es señalar lo que fue precisamente leído por la cadena nacional por el señor Eduardo Mac Donald, Presidente de esta Asociación". Estas son las palabras del Ministro. ¿Qué dijo, en cambio, el señor Contreras? "La Asociación de Radiodifusoras de Chile (ARCHI), a solicitud de ellos, asistió a una audiencia con el señor Ministro del Interior. ¿Qué defendían los radiodifusoras? podrán preguntarse: ¿el derecho a la libertad de información? No. El derecho a seguir con sus transmisiones y programas habituales que permiten el financiamiento de estas radioemisoras. Se les señaló (por el Ministro del Interior) que podrían volver a transmitir normalmente sus programas con excepción de programas periodísticos. Se estaba censurando, en ese momento, a todo tipo de información." Son evidentes, señores Diputados, dos afirmaciones diferentes sobre un mismo hecho. Yo solicité a la Comisión que para aclarar esta divergencia fuera citado el Presidente de la Asociación de Radiodifusoras, que había asistido a la conferencia con el Ministro del Interior, ya que el periodista señor Contreras expresó que, no habiendo concurrido él a esta reunión, tenía la información sólo de oídas. Cuando formulaba esta petición, el periodista señor Lorenzo Sepúlveda me hizo llegar una nota que aún conservo en mi poder, cuyo tenor es el siguiente: "Don Engelberto: el Presidente de la ARCHI declaró que no es efectivo lo que dijo Rojas. Está dispuesto a venir a la Comisión. ¿Ud. quiere proponerlo?" (Firmado) Lorenzo Sepúlveda." Es decir, quedaba de manifiesto que la declaración del Ministro era inexacta, que no había dicho la verdad a la Comisión. El señor VIDELA.- ¿Por qué era inexacto? El señor SANHUEZA.- Eso lo dice el señor Frías. El señor FRIAS.- Y era fundamental, Honorable Cámara, averiguar cuál era esta verdad, porque toda la defensa del Ministro se fundamenta en que lo que hubo en los días del "Tacnazo" fue una autocensura de las radios. Voy a dar lectura a la carta que me ha hecho llegar don Eduardo Mac Donald y a otros documentos que tengo en mi poder y que establecen la verdad de lo ocurrido. Hé aquí la carta del señor Mac Donal: "Santiago, 24 de noviembre de 1969. "Señores Engelberto Frías Morán y Fernando Vargas Peralta.- Cámara de Diputados. Presente. Muy señores míos: "En mi poder su atta. de fecha de hoy, en la que me solicitan responda a algunas preguntas sobre hechos en los que me cupo participación como Presidente de la Asociación de Radiodifusoras de Chile." 1.- Las radioemisoras suspendieron el día 21 de octubre sus transmisiones habituales, a las 9.30 horas, m|m por orden telefónica d'e la OIR, Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República y pasaron de inmediato a transmitir una cadena originada en OIR. "2.- El jueves 23 de octubre, a las 10 de la mañana, cuando con el Director deARCHI, don Jorge Caballero G., hacíamos antesala para hablar con el señor Ministro del Interior, fuimos llamados telefónicamente por el Director deOIR, don Jaime Mosella, quien nos pidió fuéramos a su oficina. El señor Mosella nos manifestó que tenía autorización del Ministro para que las radioemisoras transmitieran separadamente sus programas habituales, con excepción absoluta de programas de carácter informativo o de comentarios. Este primer paso a la normalización fue aceptado por nosotros, y el mismo día, jueves 23, a las 13 horas, desde las mismas oficinas de OIR, hablé por radio para comunicarles a todas las emisoras que debían separarse de la cadena y sólo volver a ella para tomar los boletines informativos. Esta declaración fue previamente escrita y sometida al Vº Bº del Ministro. "3.- Con posterioridad a esta reunión, el mismo día, a las 17 horas y citados por ARCHI, nos reunimos en el despacho del señor Ministro, aproximadamente 30 representantes de Emisoras y Canales de T.V. El Ministro deseaba informarles de las razones que había tenido para restringir la información y los derechos que le asistían para ello. Ante la insistencia de los presentes para normalizar los programas informativos, el Ministro manifestó que accedía a que se hicieran éstos, pero con exclusión del tema que había originado la cadena de OIR. Preguntado si podrían hacerse programas de comentarios, contestó categóricamente que no. "4.- A la salida de esta reunión, los radiodifusores comunicamos a los periodistas que colaboran en nuestras emisoras el condicionamiento fijado por el señor Ministro para reanudar nuestro servicio periodístico. Los periodistas nos comunicaron que, en estas condiciones, se negaban a hacer sus programas habituales hasta que se restableciera la libertad de informar. Esto se produjo 24 horas más tarde, cuando el Ministro nos comunicó que se terminaba toda limitación y podíamos informar sin restricciones. "Esperando haber sido lo bastante explícito,...", etcétera", (Firmado) "Eduardo Mac Donald." Tengo, señor Presidente, otros documentos emanados del Canal 13 de Televisión, de Radio Presidente Balmaceda, de Radio Minería, etcétera, que abundan en una serie de detalles y consideraciones, que desmienten en forma categórica y terminante las afirmaciones del señor Ministro. Pido al señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala, para incorporar estos documentos a la versión del acta. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para incorporar a la versión los documentos a que ha hecho referencia el señor Frías. El señor TUDELA.- ¡Que los lea! El señor MERCADO (Presidente).- No hay acuerdo. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FRIAS.- Ocuparía todo mi tiempo en leerlos. Los publicaremos en la prensa ya que no quieren que se inserten. Sin embargo, voy a leer sólo algunos párrafos. Este es un párrafo del Director del Departamento Periodístico del Canal 13 de Televisión, señor Leonardo Cáceres que, según entiendo, es un connotado militante del Partido Demócrata Cristiano. El señor VIDELA.- ¡No! ¡No! ¡De la Democracia Cristiana, no! El señor FRIAS.- ¿No es connotado o no es militante? Dice el señor Cáceres: "En la mañana del jueves 23, fui al Ministerio del Interior a pedir audiencia con el Subsecretario o con el señor Ministro, para averiguar en qué situación estábamos los departamentos periodísticos de los canales de televisión, ya que en ese momento, parecía conjurado el' peligro de un golpe de Estado. Sin embargo, no fue posible entrevistarme con ninguna de las dos autoridades de Gobierno. Me enteré asimismo de que al mediodía del jueves 23, el señor Ministro estaba reunido con los dirigentes de la Asociación de Radiodifusoras de Chile. "En la reunión, el señor Ministro expuso la gravedad del momento que vivía el país. Señaló que lo más peligroso eran los rumores y las noticias infundadas que ciertos sectores estaban empeñados en hacer correr; hizo un llamado a la responsabilidad de los directores de las radioemisoras y reconoció los problemas económicos que significaba para ellos suspender sus transmisiones. En consecuencia, señaló que había accedido a la reanudación de las transmisiones normales pero sin noticiarios ni comentarios de ningún tipo. "Agregó que esta labor quedaría siempre a cargo de la Oficina de Radiodifusión de la Presidencia de la República". Otro párrafo de don Leonardo Cáceres: "A la salida -se refiere a la misma reunión-" conversé con algunas personas sobre la conveniencia de no hacer programas periodísticos antes de aceptar una imposición de tal naturaleza. Discutí el punto con el Director del Canal 13 y, posteriormente, con el señor Rector de la Universidad, y ambos concordaron en que, por nuestro compromiso con el público, de informar siempre con objetividad y amplitud, no podía hacer programas periodísticos parciales, sin el comentario habitual o ignorando las noticias que en ese momento le interesaban más al público". Otro párrafo del mismo señor Cáceres: "No me parece lógico que se permita producir noticiarios o programas periodísticos ocultando una parte del acontecer nacional. En ese caso, volvería a mantener lo mismo las veces que fuera necesario, preferí no hacer programas". Tengo, señor Presidente, muchísimos otros documentos y testimonios que me han hecho llegar destacados periodistas, que desvirtúan la defensa y las afirmaciones del señor Ministro, pero no puedo leerlos, porque no dispongo del tiempo para ello. Quiero, no obstante, agregar que, cuando en la Comisión de Acusación, solicitábamos que se oyeran otros testimonios, lo hacíamos porque teníamos motivos fundados y razonables para dudar de las aseveraciones del Ministro del Interior, señor Patricio Rojas Saavedra. Habíamos comprobado, lamentablemente, que este Secretario de Estado no había sido muy exacto y muy fidedigno en otras afirmaciones. Conste que soy respetuoso en la calificación de sus actitudes, porque a este Ministro de la revolución en libertad parece que todavía no le ha llegado "la hora de la verdad". Los señores Diputados recuerdan que a raíz de las medidas ordenadas por la autoridad administrativa para recoger e incautarse de las ediciones del diario "La Segunda de las Ultimas Noticias", el señor Ministro del Interior afirmó pública y enfáticamente que tal medida había sido dispuesta por el señor Ministro en visita designado por la Corte de Apelaciones para conocer de tales hechos. Todo el país sabe cómo sucedieron estos acontecimientos y todo el país sabe, Honorable Cámara, que el señor Ministro no dijo la verdad. Con posterioridad a los sucesos del día 21 de octubre, este mismo Secretario de Estado, señor Patricio Rojas Saavedra, afirmó también pública y enfáticamente que no se había suscrito acta o acuerdo alguno con el General Viaux, y el país sabe que ese documento fue suscrito, porque ha sido intensamente publicado y nadie, hasta ahora, ha intentado desmentirlo. Quiero referirme, Honorable Cámara, a otro aspecto muy importante de la defensa del señor Ministro. Preguntado por mí en la Comisión de Acusación acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno o algunas de sus autoridades para requisar, censurar o prohibir la circulación de algunos diarios y transmisiones radiales, el señor Ministro fue claro y más que claro, terminante. Copio sus palabras: "En primer lugar -dijo el señor Ministro-, en relación con su pregunta de que si había habido acto, resolución o decreto respecto a las transmisiones, le puedo decir que, en cuanto a cualquiera prohibición o censura previa en las transmisiones de radioemisoras o canales de televisión, no hay ningún acto administrativo o resolución, decreto u orden de cualquier naturaleza, que contemple esta prohibición". Y "asómbrense los señores Diputadosel señor Ministro agregó: "Creo que ésta es una prueba suficiente de que no ha existido prohibición; no existe ninguno de estos actos". El país sabe si hubo libertad de información. En cuanto a los diarios, el señor Ministro reconoce que "el Gobierno, por intermedio del señor Intendente de Santiago, procedió a prohibir la circulación y distribución de los periódicos La Segunda y La Tarde, de Santiago". Y refiriéndose al caso de El Mercurio, trata de pasarlo muy por encima, como si aquí nada hubiese ocurrido. Y para tratar de justificar los atropellos de que se le hizo víctima, sólo se limita a decir que "la situación ocurrida con el diario El Mercurio fue ampliamente conocida por la opinión pública a través del mismo periódico, en sus publicaciones". "Esa información –agregó- es bastante conocida y, en ningún caso, corresponde a una situación ilegal o inconstitucional. En ese sentido creo -dijo el señor Ministro- dejar aclarada la situación producida por los referidos órganos de prensa". Valiente manera de aclarar su actuación. Juzgue la Honorable Cámara si teníamos o no derecho a exigir que fuesen llamados a declarar todos los directores de periódicos afectados por las medidas represivas del señor Ministro del Interior. Yo tengo aquí algunas fotografías, que entregaré a la Mesa para su inserción en el Boletín de Sesiones, que demuestran, de manera fehaciente, la intervención de la Policía Política para perpetrar un odioso atropello a la libertad de información. En la primera fotografía aparece el director de El Mercurio, señor René Silva Espejo, oponiéndose a la entrega de un ejemplar de la edición que se encontraba en prensa, que le era exigida por el comisario señor Castillo, á fin de revisarla y someterla a la censura previa para luego autorizar su circulación. En "El Mercurio" se me ha hecho presente que el señor Castillo no traía orden escrita ni notificación de ninguna clase. En otra fotografía aparece el prefecto Carlos Hidalgo haciendo la misma exigencia, expresando, ahora, que traía orden de la Intendencia, la que naturalmente no exhibió. En otra de las fotografías aparecen detectives abalanzándose sobre los camiones que estaban cargando los ejemplares de "El Mercurio" y procediendo a incautarse de varios ejemplares, que posteriormente revisaron. Fui testigo ocular de lo sucedido al "Diario Ilustrado. Allí pude comprobar que numeroso personal de la policía civil y uniformada procedió a impedir, sin orden judicial, la circulación del diario. Fui testigo de las consultas que el Director de ese periódico, mi distinguido amigo don Abel Valdés Acuña, hacía a un funcionario de la Dirección General de Investigaciones -entiendo, no puedo afirmarlo, que se trataba del Subdirector de este Servicio- para obtener que el diario pudiera salir a la circulación, eliminando la carta que algunos oficiales de la Guarnición del Norte habían enviado para impedir el retiro o traslado del General Viaux. Todas estas gestiones fueron inútiles y el diario no pudo salir sino dieciocho horas después. Y salió mutilado, con espacios en blanco, espacios que son el testimonio irredargüible de que sus versiones fueron previamente sometidas a revisión y algunas de sus informaciones censuradas. No obstante todos estos antecedentes que hicimos valer en la Comisión, ésta se negó a nuestras insistentes peticiones para llamar a declarar a los periodistas o autoridades que podían y debían aclarar las flagrantes contradicciones entre las afirmaciones del Ministro y la realidad de los hechos que nosotros conocíamos. Concretamente, señor Presidente, ¿a quiénes pedimos que se citara? Pedimos que se citara a los señores Directores Generales de Carabineros e Investigaciones, a fin de que nos informaran acerca de la participación concreta del personal bajo su mando en las medidas coercitivas que hemos dejado señaladas, para que expresaran por orden de qué autoridad y con qué atribuciones estaban procediendo. Pedimos que se citara a los señores Subsecretario de Interior y al Intendente de Santiago, por ser éstos los funcionarios que, según se nos había informado, eran los autores de tales resoluciones. Pedimos que se citara a los directores de los cuatro diarios de Santiago que fueron objeto de censura, prohibición de circulación o requisición de sus ediciones: El Mercurio, El Diario Ilustrado, La Segunda y La Tarde. Solicité que se escuchara, por las razones ya señaladas, al señor Eduardo Mac Donald, Presidente de la ARCHI. Pedí, también, que se oyera a los jefes de los programas periodísticos o informativos de los canales de televisión y radioemisoras de Santiago, y pedí, finalmente, que se llamara al abogado don Miguel Schweitzer, profesional distinguido que, además de sus conocimientos jurídicos, podría habernos aportado valiosos elementos de juicio que recogió con ocasión de la defensa que hizo ante los Tribunales de Justicia, cuando fue acusado el Director de "La Segunda", mi apreciado amigo don Mario Carneyro. Todas estas peticiones, señor Presidente, fueron denegadas, porque la aplanadora de la mayoría Demócrata Cristiana y Comunista, formada en el seno de la Comisión, sólo tenía una misión: oscurecer lasinvestigaciones y rechazar la acusación. Creo, señor Presidente, que ésta es una actitud sin precedentes en los anales del Parlamento. Un Diputado nuestro, mi colega don Miguel Luis Amunátegui, integró otra Comisión de Acusación deducida también en contra de un Ministro del Interior, el señor Edmundo Pérez Zujovic. En esa Comisión, con el voto del Diputado Nacional, se escuchó el testimonio de todas las personas cuya citación fue sugerida; se hicieron todas las investigaciones que, de una u otra manera, podían allegar luz al esclarecimiento de los hechos denunciados, que constituín los fundamentos del libelo. Y se fue mucho más allá; cuando hubo conciencia de que algunos testigos tenían dificultades, por razones de distancia u otras, para llegar al seno de la Comisión, la Comisión fue hasta ellos; y, efectivamente, señores Diputados, todos recordamos que los colegas que la integraban se constituyeron en la ciudad de Puerto Montt para recibir el testimonio de los pobladores de Pampa Irigoin y de los funcionarios de la localidad que quisieran declarar. El señor TEJEDA.- ¡Había diez muertos, señor! El señor ACUÑA.- ¡Qué manera de defender la libertad! El señor SALINAS (don Edmundo).- Ustedes entregaron Chuquicamata a los yanquis! -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TEJEDA.- ¡Aquí están las fotos! El señor MERCADO (Presidente).- Señor Tejeda, ruego a Su Señoría guardar silencio. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MERCADO (Presidente).- El Diputado Frías está haciendo uso de su derecho. El señor FRIAS.- Distinta manera de proceder, distinta conducta, distinta filosofía. -Hablan varios señores Diputados a la vez. "
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