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- rdf:value = " REVALORIZACION DE PENSIONES DE LA CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES.El señor FIGUEROA (Secretario).-
Proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables señores Musalem y Foncea, sobre revalorización de las pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por la Honorable señora Campusano (presidente) y los señores Curti, Luengo y Musalem, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa.
Advierto al Senado que ya han llegado a la Mesa más de tres indicaciones.
-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (Moción de los señores Foncea y Musalem):
En primer trámite, sesión 24ª, en 17 de diciembre de 1968.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 32ª, en 7 de enero de 1969.
El señor ALLENDE (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Desearía que alguno de los autores de la moción ilustrara a la Corporación respecto de sus alcances, pues tengo algunos reparos que hacerle. En ella se cometen ciertas injusticias en cuanto al retiro de los empleados particulares.
Ocurre que la jubilación de esos servidores está limitada a sólo seis sueldos vitales, con un promedio, según entiendo; de cinco, lo cual no representa una renta respetable. Ello constituye un proceso que deberá analizarse de acuerdo con la situación económica de los institutos de previsión.
Si se compara ahora la situación del grupo de funcionarios del Estado, se comprobará que entre ellos existe una distancia enorme, catastrófica, que rompe todo molde de justicia entre los de bajas rentas y los que disfrutan de "perseguidora". Entre estos últimos aparecen pensiones que alcanzan a 14 millones de pesos mensuales y que gozan de reajustes del ciento por ciento. En cambio, los empleados de bajas rentas, a fin de obtener mayores beneficios y paliar su situación de apremio, deben sumar a sus remuneraciones normales otras provenientes de servicios prestados dentro de una misma institución, o bien en actividades particulares.
Me hubiera gustado que sobre el punto a que me referí hubieran ilustrado a la Sala los autores del proyecto, cuya idea, en principio, aplaudo.
Y aquí la ley compulsa las entradas totales del pensionado mediante la declaración de renta para conceder o no reajuste al empleado de escasas entradas, mientras deja plena libertad para los funcionarios de rentas superiores, con lo que lesiona todo concepto de justicia social.
La señora CAMPUSANO.-
- Señor Presidente, en diversas oportunidades, los Senadores comunistas hemos manifestado nuestra inquietud por la dramática situación en que vive la gran mayoría de los jubilados del país.
Los pensionados del Servicio de Seguro Social y la Caja de la Marina Mercante, los jubilados del sector público y las Fuerzas Armadas y de la Caja de Empleados Particulares, por mencionar tan sólo los sectores más numerosos, reciben en general prestaciones muy insuficientes, en muchos casos de hambre.
En un país en que, por lo menos una vez al año, automáticamente se revalorizan los capitales, se reajustan los contratos de las firmas constructoras con el Fisco, los dividendos CORVI, las cuotas de las asociaciones de ahorro y préstamos y los precios se alzan sin tregua, presenciamos que las remuneraciones de los trabajadores y de gran parte de las jubilaciones, pensiones y montepíos no tienen reajustes automáticos. Y las imposiciones de obreros y empleados de las cajas de previsión no han tenido ni tienen jamás ninguna revalorización.
Por otra parte, se mantiene, a pesar de estar en un régimen de revolución en libertad, el principio de que los imponentes no tengan mayor peso en la administración y dirección de sus cajas previsionales, costeadas con su esfuerzo, transformándose éstas en organismos ajenos, contrarios a veces al interés de sus afiliados, en "cajas fuertes" a cuyos fondos el Fisco recurre para salvar urgencias presupuestarias, con lo cual acrecienta su desfinanciamiento con deudas que cancela tarde, mal o nunca.
El estado de angustia en que viven los jubilados y sus familias, las viudas y los huérfanos no ha sido considerado por los distintos Gobiernos. Al contrario, muchas "veces se ha querido atentar contra sus conquistas, reducir los beneficios de que gozan o ponerles cortapisas y barreras para alcanzarlos. Ahí tenemos, para ejemplificar sólo respecto de los últimos cuatro años, las nueve veces que se ha intentado derogar el artículo 47 de la ley 10.383; el cercenamiento del régimen de quinquenios para los jubilados de las Fuerzas Armadas y Carabineros; el artículo 99 de la ley 16.617, y los diversos proyectos de reforma previsional inspirados en concepciones reaccionarias.
Los sectores oligárquicos hacen siempre mucho caudal de que la previsión en Chile es demasiado gravosa para la economía, de que es cara y mala y de que debe ser "racionalizada". Tras tales afirmaciones se oculta el propósito de restringir aún más el consumo de las masas sin considerar para nada a los cientos de miles de chilenos que han dado su esfuerzo al progreso del país y que, inválidos y ancianos, carecen hasta de lo más elemental, subsistiendo como ciudadanos de tercera o cuarta categoría.
Lo cierto es que es necesario reformar profundamente el sistema previsional del país, pero desde un punto de vista progresivo y de justicia social, respetando los derechos adquiridos y asegurando pensiones adecuadas y dignas para todos los afectados por riesgos de vejez, invalidez o muerte. No es posible continuar con la ignominia que condena al hambre a los obreros y empleados que ya no pueden trabajar, como asimismo a sus viudas e hijos. Sin perder de vista estas consideraciones, pensamos que el proyecto cuyo estudio iniciamos esta tarde contiene elementos positivos que ayudan a paliar la situación tan desmedrada en que se encuentran, los jubilados de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares.
Dirigentes de la federación que agrupa a dicho sector, y de la CEPCH, expusieron ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en forma documentada y seria, sus opiniones sobre el proyecto, a la vez que proporcionaron antecedentes que no deben ser desatendidos. Estos figuran en el magnífico informe elaborado por el personal de dicha Comisión, el cual ha merecido felicitaciones por parte de los pensionados y jubilados del sector particular. Tengo el deber de transcribirlos, porque en escasas oportunidades se valoriza el esfuerzo que ponen en reflejar la opinión de cada Senador principalmente la de quienes suelen aprobar iniciativas que benefician a sectores importantísimos de la ciudadanía chilena los funcionarios de la Corporación que trabajan en las distintas Comisiones.
De un total de 32.842 pensionados incluidos en esta cifra las viudas y los huérfanos, 41,9%, es decir casi la mitad, percibe hasta medio sueldo vital mensual, o sea, desde 186,67 escudos para abajo. De ese mismo total, 16,4% recibe entre medio y un sueldo vital, que, como sabemos, es apenas una fracción de lo que efectivamente se requiere para vivir. En otras palabras, más de dos tercios de los ex empleados particulares no perciben más de 370 y tantos escudos al mes, y de esos mismos dos tercios, 67% recibe menos de 186 escudos mensuales.
Cuando el Gobierno hizo caudal propagandístico denunciando las pensiones millonarias, tratamos de averiguar si, efectivamente, en la Caja de Previsión de los Empleados Particulares existían tales pensiones. En ese entonces advertimos que el resto de los jubilados no está, por cierto, en condición envidiable. Seis jubilados, entre los 32.800 existentes, reciben una pensión mensual de 2.240,04 escudos al mes, expresada en sueldos vitales del año pasado, la cual en ningún caso puede considerarse una renta multimillonaria o principesca luego de una vida entera de trabajo. Igualmente, comprobamos que catorce jubilados ganan entre 1.680 y 1.866 escudos mensuales, es decir, menos de los 80 escudos diarios de que goza el Ministro señor Krauss para gastos menores, como lo hizo saber por medio de la televisión. Casi dos mil ex empleados particulares no obtienen más de 933,35 escudos por mes.
El monto de las pensiones es la razón más fuerte para que mucha gente no pueda acogerse a un descanso merecido y deba continuar trabajando. Se decía en la Comisión y así lo señala el informe que debería haber 52.000 jubilados de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, y apenas hay 23.60.0, o sea menos de la mitad.
Es de toda justicia, entonces, abordar el problema y establecer mecanismos efectivos de revalorización que impidan, al cabo de pocos años, que las pensiones no valgan nada, mermadas por la inflación, ese negocio de unos pocos que es penuria interminable para el pueblo.
Deseo dar un solo ejemplo de la forma como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta a las jubilaciones. Un ex imponente de la Caja del Salitre recibió, en 1957, una pensión inicial de 86.000 pesos, que en ese entonces equivalían a algo más de 120 dólares, por cuanto en esa fecha la cotización era de 700 pesos por dólar. Pues bien, en la actualidad esa persona recibe 590 escudos mensuales, es decir, un poco más de 60 dólares. En once años, el poder adquisitivo de su pensión disminuyó casi a la mitad.
El proyecto que discutimos, mejorado por la Comisión, constituye, como digo, una solución parcial, de emergencia, que ño va al fondo del asunto en la forma como lo hace el anteproyecto modificatorio de la ley Nº 10.475, preparado por una comisión convenientemente representativa, que aparece transcrito en el informe en debate y que debe ser, a nuestro juicio, enviado al Congreso a la brevedad.
Por último, junto con anunciar la votación favorable en general de los Senadores comunistas, reitero nuestra preocupación por la urgente necesidad de remediar la situación de los grupos pasivos de los sectores público y privado, del personal en retiro de las Fuerzas Armadas,, y de otros, cuya miseria creciente no admite esperas.
Nosotros hemos presentado algunas indicaciones al proyecto. He conversado con el Honorable señor Musalem y sé que los Senadores de su partido, como asimismo el Superintendente de Seguridad Social, se han comprometido a presentar otras,' que figurarían como artículos transitorios. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestro acuerdo para que se discutan ahora mismo, a fin de despachar de inmediato la iniciativa en este trámite.
En el momento oportuno explicaré por qué hemos presentado las indicaciones a que me refería.
El señor FONCEA.-
- Señor Presidente, tal como se señala en la moción que presentamos con el Honorable señor Musalem, esta iniciativa tiende únicamente a resolver en forma transitoria un problema que viene arrastrándose desde hace muchos años. Digo esto, porque la ley 10.475 data de 1952.
Por medio de la ley mencionada que no se ha modificado en 16 años de vigencia, se estableció un mecanismo respecto de las pensiones de los empleados particulares, que ha permitido la pérdida paulatina del valor real de esas pensiones. El artículo 25 de la ley 10.475 consigna ese sistema o mecanismo que, en síntesis, consiste en reajustar las pensiones inferiores a dos sueldos vitales en ciento por ciento del alza del costo de la vida.
Tales jubilaciones han ido desvalorizándose a través del tiempo, debido a que en diferentes ocasiones, como ocurrió durante 1956 y 1957, el sueldo vital fue reajustado más o menos en 50 por ciento de la variación del índice de precios al consumidor correspondiente al período anterior, de modo que inclusive las pensiones más bajas, las inferiores a dos sueldos vitales, han sufrido los efectos del sistema señalado.
La misma disposición a que me estoy refiriendo establece que las pensiones comprendidas entre dos y cuatro sueldos vitales se reajustarán en 50 por ciento del alza del índice de precios al consumidor y, finalmente, que las superiores a cuatro sueldos vitales se reajustarán sólo en 25 por ciento de tal variación.
Como señalaron el Honorable señor González Madariaga y la Honorable señora Campusano, todos estos problemas han significado la implantación de un sistema manifiestamente injusto, que no ha experimentado enmienda alguna durante 16 años y que ha dado lugar a situaciones tan absurdas como la que señalaré a continuación: de acuerdo con los cálculos actuariales, el número de jubilados del sector privado debió haber alcanzado a 52 mil personas en los 16 años de vigencia de la ley 10.475. Al respecto, cabe advertir que los empleados particulares jubilan a los 35 años de servicios. Sin embargo, como anotó la Honorable señora Campusano, sólo se han acogido a jubilación 32.483 personas. Y si consideramos que esta cifra incluye también las pensiones de orfandad, cuyos causantes son pensiones de viudez, el número exacto de jubilados, pensionados y montepiados, de acuerdo con el régimen actual, es de 23.600 personas, en circunstancias de que, como dije, su número debiera ser de 52 mil.
¿A qué se debe tal situación? Precisamente, a que los empleados particulares tienen conciencia de que en el momento mismo en que jubilan comienzan a percibir una pensión que día a día se va desvalorizando y que con el transcurso del tiempo no les permitirá vivir con dignidad.
Hemos presentado esta iniciativa con el único propósito de resolver en forma transitoria la situación expuesta, dado que se encuentra en la Cámara un proyecto elaborado con la participación de la confederación que agrupa a los jubilados de la Confederación Nacional de Empleados Particulares en actividad que refleja exactamente las ideas que sobre esta materia tienen el Gobierno y los gremios respectivos.
Para no dilatar el debate, sólo agregaré que la iniciativa está perfectamente financiada y que su costo alcanza a 27 millones de escudos, pero en virtud de una indicación formulada en la Comisión, se ha visto incrementado, según la Superintendencia de Seguridad Social, en cuatro millones más. Es decir, en 1969 año en que comenzará a regir este proyecto, si se convierte en ley, el mayor desembolso de la Caja de Empleados Particulares y de otras instituciones, como la Caja Bancaria de Pensiones, ascenderá a 31 millones de escudos.
En consideración a que el proyecto cuenta con financiamiento y el Ejecutivo lo ha hecho suyo, sus autores solicitamos al Senado aprobarlo en general. Si no hubiera acuerdo unánime para acceder a la petición de la Honorable señora Campusano en cuanto a despachar también las indicaciones ya formuladas, solicitamos fijar plazo hasta mañana a la Comisión de Trabajo por lo demás, mañana está citada a sesión ordinaria, para" despachar el segundo informe, con el propósito de que en la tarde podamos remitirlo a la Cámara de Diputados.
El señor ALLENDE.-
Señor Presidente, los Senadores socialistas vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Debo destacar que dos de los cuatro Senadores de nuestra colectividad se encuentran pareados y que en un momento más llegará el Honorable señor Rodríguez, quien estaba fuera de Santiago.
Sin embargo, debo hacer algunas observaciones. No obstante reconocer que el proyecto de los Honorables señores Foncea y Musalem es positivo, quiero señalar, argumentando sobre la base de las propias afirmaciones de Sus Señorías, que es extraño que una iniciativa legal del Ejecutivo sobre esta materia, basada en apreciaciones de los organismos gremiales de los empleados particulares, esté aún en la Cámara de Diputados sin despacharse, en circunstancias de que el Gobierno tiene amplia mayoría en esa rama del Parlamento. Además, todos sabemos que la Cámara suspendió sus sesiones hasta el 12 de marzo. Por lo tanto, aun cuando el Senado despache el proyecto de inmediato, no podrá ser debatido por aquella rama del Congreso sino con posterioridad a esa fecha.
En mi opinión, si los propios autores de la iniciativa en discusión reconocen que en la Cámara está pendiente la tramitación de un proyecto más completo sobre la materia, no resulta muy justificable empeñarse en el despacho de una legislación que resuelve el problema en forma temporal, aun cuando se mejorara el proyecto, que repito es positivo. Pero este enfoque reviste particular importancia respecto de la situación general del resto de los pensionados y jubilados chilenos y, de manera fundamental, de los imponentes del Seguro Social, Fuerzas Armadas, Carabineros y empleados públicos.
Durante la pasada campaña presidencial, la Democracia" Cristiana expresó en forma categórica su decisión de hacer justicia a vastos sectores de nuestro país, los cuales, cumplida una etapa de esfuerzo permanente, llegan a la edad en que biológicamente necesitan un descanso. Sin embargo, en dos o tres oportunidades, o en cuatro o cinco no exagero al aumentar mi primera afirmación, hemos sostenido en este recinto que es indispensable aumentar las pensiones de los imponentes del Servicio de Seguro Social y disminuir, inclusive, la exigencia del número de semanas de imposiciones. Por desgracia, en cada una de esas ocasiones hemos encontrado resistencia de parte del partido de Gobierno y del propio Ejecutivo.
No sólo Senadores del Partido Socialista de Chile se han esforzado por legislar sobre la materia. También la Honorable señora Campusano presentó una indicación, y la reiteró en dos oportunidades. La última tentativa la planteamos junto con' el Honorable señor Chadwick. No obstante, también fue rechazada por la Cámara.
Se trata, pues, de una situación dramática.
Últimamente he tenido oportunidad de recorrer el norte y el sur del país. En el caso de la zona suraustral, donde hay trabajo que podríamos estimar ocasional, la exigencia del número de semanas imponibles determina que numerosos ancianos, que están en la etapa extrema y final de su vida, no logren, sin embargo, reunir el mínimo de imposiciones para jubilar.
A causa del problema de la "cesantía endémica, también en la zona norte acontece lo mismo, aunque en menor proporción que en la suraustral.
Entonces, el problema debe ser encarado a la brevedad.
Ahora, este hecho se agrava de manera extraordinaria como consecuencia de una determinación adoptada por el Servicio Nacional de Salud, respecto de la cual deseo solicitar una explicación pública de parte del Ministro del ramo: a quienes no tienen su libreta al día, a quienes carecen de jubilación, se les está cobrando la atención médica en los hospitales, y tal cobra alcanza a cifras muy altas. Hace sólo algunas horas un funcionario del Senado me contó que debió pagar Eº 1.100 por la atención hospitalaria de un hijo suyo, una guagua de meses que debió ser operada de hernia. Pues bien ese funcionario percibe una remuneración cercana a Eº 1.200. ¿Cómo es posible exigirle el pago de Eº 1.100, si sólo obtiene la renta mencionada? Quienes elaboramos la ley que creó el Servicio Nacional de Salud; quienes bregamos durante años y años conste que fueron doce los que demoró el Congreso para despachar esa iniciativa, pretendimos dar un derecho que ninguna sociedad capitalista moderna no diré socialista puede negar al hombre que vive en ella: el derecho a proteger su salud, que, en definitiva, constituye una economía para el país.
Si a esa realidad que he mencionado se agrega el hecho de que iniciativas de tipo social encaminadas a compensar los bajos ingresos de los asalariados no encuentran debido apoyo en las esferas gubernamentales, nos vemos obligados a destacar tal situación. Me refiero concretamente al caso que tantas veces hemos planteado en este recinto y que incluso fue motivó de un compromiso con el partido de Gobierno: los jardines infantiles y la ampliación de las guarderías y salas cunas.
No es posible continuar con legislaciones de este tipo, aun cuando representan un beneficio. Reconozco su aspecto positivo y expreso mi satisfacción por las ideas consignadas en la iniciativa por los Honorables señores Musalem y Foncea; pero nos encontramos enfrentados a un hecho real: una vez más se legislará parcialmente, no obstante existir un proyecto más amplio sobre la materia. Y aún despachado este último, queda en pie el hecho de que vastos e importantes sectores de la Caja de Empleados Particulares quedan al margen de la revalorización de sus pensiones, en circunstancias de que el Gobierno se ha especializado en disminuir el porcentaje impositivo, y, por lo tanto, con relación a regímenes anteriores, la pensión viene a ser muy inferior al ingreso que obtiene el hombre o la mujer en actividad.
Por consiguiente, sobre esta materia que es vital, esencial, que golpea tan brutalmente a cientos y miles de chilenos, reclamamos una política nacional clara y definida que caracterice, sin vacilaciones, un criterio del Ejecutivo.
En Chile hay miles y miles de pensionados que llevaron una existencia miserable y que ahora, al término de sus vidas, son prácticamente mendigos y deben vivir como allegados donde parientes o con personas amigas que tienen amplio sentido solidario. Cientos de mujeres reciben montepíos y su drama se acentúa todavía más con la ausencia del compañero que contribuye a mantener el hogar. Y esta realidad es tanto más imperativa cuanto que nos encontramos enfrentados a una polínica económica en la cual no participan quienes viven de un sueldo o un salario, que se ajusta a las normas tradicionales del régimen capitalista y, sobre todo, a las que imperan en los países sometidos a las directivas del Fondo Monetario Internacional, en virtud de las cuales cada quince días Chile rebaja el valor del escudo mientras alza el del dólar. El año pasado lo dijimos aquí el valor del dólar se elevó en 32%, y en el curso del actual se alzará en 32% ó 34% más. Es decir, en tres años ese divisa aumentará en ciento por ciento con relación al escudo. Ello significa un negocio redondo, cerrado e increíble para las empresas que, además, perciben altas utilidades por tener mejores medios de productividad y porque indiscutiblemente, tienen mercado seguro para la materia prima que fue nuestra y que, por desgracia, ahora es de ellos.
¿Cómo es posible mantener una política de este tipo, que beneficia implacablemente al extranjero, inclusive en comparación con el propio capital nacional, y que da origen a la realidad que fluye de los reajustes de las personas en actividad y, lo que es peor, de las pensiones y montepíos del personal jubilado, de la gente que debe sufrir, además, la pérdida del jefe de la familia?
Frente a estos hechos, una vez más reclamamos del Ejecutivo una definición política. Resulta inaceptable que la inmensa mayoría de los chilenos sufra las consecuencias de toda una concepción egoísta, injusta y antisocial. No es posible que continúe esta situación. Por lo tanto, sin ánimo de empequeñecer la iniciativa de los Honorables señores Musalem y Foncea, debemos señalar muy claramente la lacra que implica una realidad económica y social que soporta la inmensa mayoría de los pensionados, de los jubilados, de los montepiados de nuestro país, y reclamamos del Gobierno en este período le corresponde la iniciativa una definición frente a la realidad que confrontan miles y miles de chilenos.
No es posible mantenerse impávidos e indiferentes ante un hecho social de tanta proyección. Alguien lo digo con cierta duda me aseguraba que el promedio de sobrevida de los pensionados del Seguro Social no alcanzaba a tres años de existencia. Entonces, nos encontramos con una realidad implacablemente injusta, brutalmente injusta: un porcentaje de trabajadores que ni siquiera alcanza a 60% recibe pensiones bajísimas, y las perciben al término de sus existencias.
En cinco o diez oportunidades, en ésta Corporación hemos tratado de rebajar la edad límite que se exige al obrero para acogerse a los beneficios de la jubilación y hemos encontrado una oposición tenaz por parte de los parlamentarios de Gobierno y del propio Ejecutivo. En estas condiciones, aún rige la exigencia de tener 65 años de edad para jubilar. Sin embargo, nadie ha tomado en cuenta la situación que con esto se crea en provincias como las de Chiloé, Aisén y Magallanes, donde permanentemente el trabajo tiene carácter estacional y temporal. Nadie ha considerado que se pierden derechos de atención médica por aquellas personas que más lo necesitan porque están al término de su existencia, cuando es lógico imaginar que el ser humano se enferma más. Nadie ha tomado en cuenta la situación que se crea, además, a las personas que sufren por falta de faenas, como ocurre en la mayoría de las provincias de Chile; nadie ha planteado, con verdadero sentido y rigor nacionales, lo que significa el problema del éxodo a Argentina de los trabajadores chilenos que no han encontrado trabajo en nuestra patria, desvinculándose totalmente del país, perdiendo, por cierto, los derechos previsionales que éste les otorga, y abandonando sus hogares a un drama de permanente inseguridad y miseria.
Frente a estos hechos, nuestras palabras, una vez más, tienen por objeto llamar la atención de los Poderes Públicos y reclamar una solución integral del problema. Si se quiere solucionar la situación de los empleados particulares, ¿por qué ignorar la de los empleados públicos, Fuerzas Armadas y Carabineros, desconocer la realidad infamante y mantener, deliberadamente, la situación en que se debaten los pensionados del Seguro Social?
Estos son hechos que deben golpear la conciencia de los legisladores y que justifican las indicaciones que oportunamente presentaremos para ampliar la iniciativa, a fin de beneficiar al resto de los sectores mencionados. A estas alturas no podemos seguir acentuando una legislación que separa, segrega, por así decirlo, los grupos sociales, que ya están separados por sus remuneraciones.
En este mismo recinto hemos oído a Senadores de todas las bancas hablar sobre la necesidad imperiosa de modificar el Código del Trabajo, de remozarlo, de darle un sentido distinto, a fin de que no se mantenga el distingo arbitrario de empleados y obreros. Se debe concebir tan sólo la gran política de los trabajadores, porque todos, mediante su esfuerzo éste nunca es sólo físico, sino también intelectual, hacen un aporte valioso al progreso y avance del país.
No obstante, respecto de los sueldos y salarios, de las jubilaciones y, por cierto, de los montepíos, vemos una misma política, que se acentúa cada vez más. Frente a estos hechos, levantamos nuestra palabra para golpear la conciencia de los Poderes Públicos y, fundamentalmente, para reclamar del Ejecutivo una política nacional, definida, categórica, clara, que se afinque en un proceso social que es el más dramático que pueda existir: el caso de un hombre anciano, enfermo, sin capacidad de trabajo, carente de posibilidades de encontrar empleo, que a veces no recibe ni siquiera una pensión por el hecho que anotaba, y que si la recibe, no le alcanza para subsistir, no digo los treinta días del mes, sino tan sólo 20 ó 15.
He comentado, por ejemplo, en este hemiciclo un trabajo realizado por alumnos de la Universidad Técnica que estudian en Osorno y que durante sus vacaciones hicieron un muestreo en cuatro poblaciones obreras y una de empleados públicos del departamento de Castro, provincia de Chiloé. En cuanto a las primeras, se determinó que el ingreso "per cápita" permite subsistir tan sólo durante veinte días al mes, y dedicando la totalidad de esa entrada sólo al rubro alimentación. Se estableció, además, que en 87% de los casos encuestados trabajaba una persona; o sea, había un solo ingreso. No ocurría lo mismo con el sector de empleados públicos.
Por otra parte, en ese estudio se deja constancia de que 60% de las personas están marginadas de los derechos previsionales. Estas cifras son de gran elocuencia y no necesitan rubricarse con mayor énfasis.
Por eso, una vez más reitero algo que siempre hemos expresado: se necesita una política global que garantice al hombre o a la mujer que, al término de su vida, tendrá por lo menos cómo sobrellevar las últimas horas de su existencia, con la tranquilidad que requiere quien ha contribuido con su esfuerzo al progreso del país.
El señor MUSALEM.-
Señor Presidente, deseo empezar mi intervención levantando una especie de cargo que ha matizado todas las palabras pronunciadas por el Honorable señor Allende y que estimo injustificado.
Su Señoría ha sostenido que este Gobierno se ha caracterizado por reducir los beneficios de los trabajadores y también las pensiones. Debo recordar en esta Sala que en ninguna Administración anterior las pensiones del Servicio de Seguro Social habían incrementado su poder adquisitivo en los términos en que lo han hecho durante los cuatro años de mandato del PresidenteFrei. Estas pensiones, como es de conocimiento del Senado, se han triplicado en este período, y en cada año han tenido aumentos muy superiores al alza del costo de la vida. Así lo ha planteado en cada proyecto de reajustes el señor Carlos Briones, Superintendente de Seguridad Social.
El señor ALLENDE.-
¿Me permite una pregunta, señor Senador?
El señor MUSALEM.-
Con mucho gusto.
El señor ALLENDE.-
¿Tiene Su Señoría a mano por desgracia, en estos momentos no está en mi poder el promedio de las pensiones del Servicio de Seguro Social?
El señor MUSALEM.-
En este instante no tengo el dato, Honorable colega. Pero puede decirle que la pensión mínima alcanzó a 239 escudos en 1968. Mi planteamiento requiere considerar también el monto de esa pensión en 1964, oportunidad en que nos hicimos cargo del Gobierno.
He sostenido que el valor de las pensiones del Servicio de Seguro Social, desde 1964 a 1968, se ha triplicado. Tal afirmación ha sido planteada por funcionarios técnicos en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, y ha sido reiterada en esta Sala por parlamentarios de distintos sectores. A mi juicio, esa aseveración se ha hecho en forma más que suficiente; por lo tanto, es inadmisible sostener que dichas pensiones se han deteriorado durante este régimen.
El señor ALLENDE.-
¿Me permite contestarle, señor Senador?
Deploro no tener el dato relativo a la pensión mínima. Pero sí puedo decir a Su Señoría que, en valores reales, las pensiones no se han alzado en proporción que permita satisfacer las exigencias mínimas a que tiene derecho un ser humano. No estoy señalando con ello que las Administraciones anteriores cumplieron, ni mucho menos. Tan así es que la iniciativa tendiente a reformar las leyes 4.054 y 4.055 lleva mi firma, al igual que la que dio origen a legislación sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
En consecuencia, reconozco que los Gobiernos pasados tampoco encararon el problema. Pero tengo derecho a exigir más de Sus Señorías, por razones que no deseo dar, porque Sus Señorías las conocen.
El señor CHADWICK:¿Me permite una interrupción, Honorable señor Musalem?
Con la venia de la Mesa, quiero preguntar a Su Señoría si debo entender, según su afirmación, que el poder adquisitivo de las pensiones ha aumentado en 300%.
El señor MUSALEM.-
He dicho que el valor de las pensiones ha aumentado en ese porcentaje.
El señor CHADWICK.-
Porque la desvalorización monetaria en los últimos cuatro años ha sido de 302%; es decir, el escudo vale tres veces menos en moneda dura.
El señor MUSALEM.-
No, señor Senador.
El señor AYLWIN.
Está equivocado, Honorable colega.
El señor CHADWICK.-
Si Sus Señorías toman en cuenta el valor oficial del dólar al 4 de diciembre de 1964 y lo comparan con su valor en noviembre de 1988, apreciarán que la desvalorización monetaria ha sido aproximadamente de 300%. Si manejamos solamente los guarismos monetarios sin hacer las respectivas conversiones, llegaremos a resultados carentes de mayor validez en la realidad.
Lo interesante sería reducir el valor monetario de las pensiones en términos constantes, en escudos. Mientras no se haga ese cálculo, lo que se sostiene aquí no tiene trascendencia.
El señor ALLENDE.-
¿Me permite, señor Senador?
Me acaban de informar que el valor promedio de las pensiones alcanza a 207 escudos.
El señor MUSALEM.-
Me extraña que Senadores que han formado parte de la. Comisión de Hacienda y han escuchado a don Carlos Briones las cifras del alza del costo de la vida entre los años 1964 y 1968, y en forma paralela, los índices muy superiores de aumento de las pensiones del Servicio de Seguro Social, vuelvan a insistir en la Sala en que no se ha otorgado un reajuste que aumente el poder adquisitivo.
El señor CHADWICK.-
Me he referido a la desvalorización monetaria, que es algo distinto.
El señor MUSALEM.-
Tales antecedentes se han proporcionado todos los años durante la tramitación de los respectivos proyectos de reajustes. Si se consulta a la Oficina de Informaciones del Senado sobre el particular, se obtendrán los mismos datos, si no muy superiores, en cuanto a los años 1964 a 1968.
La señora CAMPUSANO.-
- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? , El señor MUSALEM.- Con el mayor gusto.
La señora CAMPUSANO.-
- Sería de mi agrado que, respecto del índice de aumento de las pensiones del Servicio de Seguro Social, Su Señoría no caiga en equívoco alguno, porque al hablar del año 1964 está apropiándose un poco de lo realizado por la pasada Administración.
El señor MUSALEM.-
Me he referido a los cuatros años de este Gobierno, señora Senadora: 1964 a 1968.
La señora CAMPUSANO.-
- Me parece que vale la pena aclarar los hechos.
La ley que revalorizó las pensiones del Servicio de Seguro Social yo participé en el estudio hecho al respecto en la Cámara de Diputados se dictó durante otro Gobierno y en una época en que la composición del Congreso era distinta de la actual. Esa legislación, que ha beneficiado a los trabajadores, no es producto de esa Administración ni de los parlamentarios de la época, sino, principalmente, de la lucha de los asegurados.
El señor FONCEA.-
- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MUSALEM.-
Con mucho gusto, Honorable colega.
El señor FONCEA.-
- Seré muy breve.
El Honorable señor Allende preguntó cuál es el promedio de las pensiones del Servicio de Seguro Social. Es bastante difícil responder la pregunta de Su Señoría.
El señor ALLENDE.-
Acabo de dar el dato.
El señor FONCEA.-
- El señor Senador solicitó antecedentes y señaló que tal promedio alcanza a 207 escudos.
Debe tenerse en cuenta que un promedio de esa índole no comprende sólo las pensiones propiamente tales las de vejez, que son las que rigen en el Servicio de Seguro Social, sino también las de viudez y orfandad. Es evidente que estas últimas, en todos los regímenes, son muy inferiores a las pensiones de vejez, aspecto que estamos tratando de dilucidar en este momento.
En consecuencia, me alegra saber que ese promedio alcance a 207 escudos para el sector obrero, pues se ha dado a conocer en la Sala que el promedio de las pensiones de los empleados particulares creo que se trata de 14 mil personas llega a 186 escudos. Ello significa que aquel sector ha logrado mejores conquistas que el de empleados particulares.
Resulta curioso que después de 16 años período en que no se ha legislado a favor de un grupo tan importante como el
de los empleados particulares, cuando se presenta la ocasión de pronunciarse sobre la materia, estemos refiriéndonos a otros regímenes previsionales. Lo que se está discutiendo en este instante es la enmienda del sistema de jubilación de esos empleados. En otra oportunidad podrá estudiarse la relativa a los obreros.
A mi juicio, el Honorable señor Musalem tiene razón cuando sostiene que en los últimos cuatro años los reajustes de las pensiones del Servicio de Seguro Social han sido muy superiores al alza del costo de la vida. Ello obedece a una razón muy sencilla: ese sistema se rige por el artículo 47 de la ley 10.383, que establece un reajuste diferente sobre la base de los salarios y subsidios que se han pagado en el año anterior. En 1967, el alza del costo de la vida fue de 21,9%, y las pensiones del Servicio de Seguro Social, en virtud de la disposición mencionada, se reajustaron en 52%. Estas cifras fueron proporcionadas en la Comisión de Trabajo por el organismo técnico correspondiente. En consecuencia, el Honorable señor Musalem está formulando sus observaciones con un fundamento absolutamente cierto.
El señor CHADWICK.-
No es así.
El señor MUSALEM.-
Solicité a la Oficina de Informaciones del Senado que me proporcionara los datos precisos sobre índices de costo de la vida y reajuste de las pensiones del Servicio de Seguro Social de los últimos cuatro años de Gobierno. A medida que vayan llegando a mis manos, los iré entregando a Sus Señorías, a fin de convencerlos y de refrescarles la memoria.
El señor CHADWICK.-
Hemos sostenido algo totalmente distinto.
El señor MUSALEM.-
El Honorable señor Allende, al terminar su intervención, sostuvo que las pensiones, a pesar del aumento de su poder adquisitivo logrado en los últimos cuatro años, no alcanzan un nivel de subsistencia, hecho que nadie puede negar. Al mismo tiempo, el señor Senador reconoció que durante Gobiernos anteriores no se hizo lo que, sin duda, se ha realizado en los últimos cuatro años.
Pero siempre se plantea en esta Sala, no entiendo por qué, un tipo de exigencia desmedida a nuestro Gobierno, en particular en lo relativo a desarrollo social; y en cambio se demuestra mezquindad cuando se trata de permitirle disponer de las herramientas necesarias para alcanzar tal desarrollo, que es el que conduce a la elevación del ingreso, de los ahorros, de las inversiones y de la producción y, por ende, a un mejor nivel de vida real. Y esta actitud se adopta todavía más para con un Gobierno que, en el orden de las pensiones, de sueldos y salarios y de beneficios sociales de todo género, ha alcanzado, como se ha dicho en este hemiciclo reiteradas veces, metas mucho más elevadas que las logradas en años anteriores.
Es verdad que, en materia educativa, el país no está en situación ideal, ni tampoco en cuanto al desarrollo del agro, al cuidado de la salud y la organización popular. Nosotros somos los primeros disconformes con lo que se ha obtenido hasta ahora. Pero cosa muy distinta es dejar de reconocer que, en educación, este Gobierno ha hecho más que otros cuatro o cinco Gobiernos juntos; que, en lo relativo al campo, esta Administración y no otra ha iniciado la reforma agraria y ha puesto en práctica una política que, en dos años, en los cuales hubo perturbaciones atmosféricas, aunque no tan graves como la sequía, le ha permitido triplicar en 1966 y duplicar en 1967 la tasa "tradicional del desarrollo agrícola.
Otra cosa distinta también es desconocer lo que se ha hecho en cuanto a la salud. En gran parte de las poblaciones donde jamás se conoció una policlínica periférica, donde jamás llegaron ni un médico ni la Asistencia Pública, ahora se tienen todos esos elementos.
Tampoco es admisible desconocer lo que este Gobierno ha hecho en materia de remuneraciones: 1.200 millones de escudos más de reajuste a los empleados públicos, sobre el ciento por ciento del alza del costo de la vida, es decir, más allá de la proporción en que se ha desvalorizado la moneda; más de 40% de redistribución de la renta en cuatro años.
¿Para qué seguir dando cifras y antecedentes y citando los hechos en que se fundamentan los consumos nuevos y mayores que el pueblo está en condiciones de hacer, que significan la concreción de un mayor desarrollo y de más poder adquisitivo?
El señor CURTI.-
El pueblo está comiendo cifras ahora.
El señor MUSALEM.-
Por eso, nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que repetir, aunque ya suena a majadería, algunas de las cosas realizadas por el actual Gobierno. Pero como no es ésta la materia en debate y tenemos interés en que se despache el proyecto, no podemos llegar a su total enunciación.
A nuestro juicio, tampoco procede el reparo de que se está dando una solución parcial al reajuste de pensiones del sector privado en tanto se ignora la revalorización de las pensiones del sector público y de las Fuerzas Armadas. Estos últimos y las municipalidades tienen sistemas especiales de revalorización, que funcionan desde mucho antes que el que ahora se trata. Así se explica que los empleados particulares sean quienes hayan sufrido más deterioro en sus remuneraciones entre todos los trabajadores, hasta el día de hoy. Y este proyecto de ley parcial que he presentado en compañía del Honorable señor Foncea, tiene por objeto el reconocimiento de que ése es el único sector al cual no ha llegado, por los sistemas legales que rigen desde hace dieciséis años, reposición alguna del poder adquisitivo perdido.
Aquí se ha dicho que las pensiones de los empleados particulares se deterioran por diversos motivos. Uno de ellos es el cálculo que se hace sobre la base de los sueldos de los sesenta últimos meses. Este problema no se resuelve en la iniciativa en debate. Lo que tratamos de resolver es el deterioro derivado de aquellos factores que yo resumiría en los tres siguientes.
Uno, la forma en que opera el artículo 25 de la ley 10.475. Este permite el reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida sólo en pensiones de hasta dos sueldos vitales; aumenta en 50% de esa alza las de cuatro sueldos vitales, y en 25% las demás. La ley en debate repondrá la pérdida que este sistema ha significado en el transcurso de los años.
En segundo lugar, también tiene por objeto compensar el poder adquisitivo en la proporción en que lo perdieron aquellas pensiones que, como en 1956 y 1957, no se reajustaron en ciento por ciento del alza del costo de la vida.
Por último, otro factor de deterioro de las pensiones que se elimina por la vía de este proyecto y que, a mi juicio, vale la pena mencionar, es el consiguiente a la disposición del artículo 25 de la ley 10.475, según la cual, en aquellos años en que el índice de aumento del costo de la vida sea inferior a 10%, no se reajustan las pensiones. Ello sucedió en 1960, y creo que en algunos otros años ocurrió algo parecido. Me parece recordar una inflación de 9% en determinado ejercicio. Pues bien, esos valores también se repondrán.
Ya se ha dicho lo bajos que son los montos de esas pensiones, como consecuencia de las circunstancias que acabo de anotar. Por lo tanto, no insistiré en el punto. El proyecto trata de reactualizar en los tres aspectos en que existen deficiencias en el sistema de reajuste.
En cuanto al financiamiento, prácticamente no hay problema, a diferencia de, otros proyectos que se han presentado en el Congreso y respecto de los cuales se ha insistido. Hasta el día de hoy, se ha ligado la solución de algunas injusticias de nuestra seguridad social a la reforma total del sistema. Sólo cuando se logre vencer tal resistencia de algunos sectores que, sin embargo, exigen que se resuelvan cuantos problemas afectan a los trabajadores será posible alcanzar este objetivo y financiar la legislación respectiva.
Para ello, es necesario abordar todas las situaciones de privilegio, todos los beneficios excesivos derivados de las diversas leyes de previsión. Así se resolverán, con el debido financiamiento, todos los problemas, algunos de los cuales importan tanta injusticia como los que se pretende resolver en el proyecto en debate.
Como lo he dicho, éste cuenta con financiamiento en los excedentes que se producen en las Cajas a que se refiere su texto.
En la Caja de Previsi��n de Empleados Particulares hay un excedente de 412 millones de escudos, originado fundamentalmente por ese factor que anotaban la Honorable señora Campusano y el Senador señor Foncea: que sólo 40% de los afiliados a la institución jubilan en el momento de adquirir este derecho; el 60% restante continúa en servicio activo e impone, por lo tanto, más allá de los cálculos actuariales, que se hicieron suponiendo una tasa de 15% ó 17% de retiro para ese sector. Es el mal sistema de cálculo del reajuste de las pensiones el que obliga a tan alto porcentaje de empleados a continuar en trabajo en vez de jubilar. De ahí esos excedentes cuantiosos de la Caja en referencia.
El año pasado, la Caja de Previsión de Empleados Particulares aportó 261 millones de escudos a la CORVI, para el plan extraordinario de construcción de viviendas; 54 millones al Fondo de Revalorización de Pensiones, y 60 millones al SERMENA. Doy estas cifras porque ellas revelan un esfuerzo de solidaridad de los empleados para con otros sectores del país, al beneficiarlos con sus fondos en materia de vivienda, pensiones y salud.
El costo del proyecto asciende a 27 millones de escudos, más 4 millones que significa reajustar las pensiones del año 1969 en ciento por ciento del alza del costo de la vida.
Señor Presidente, nosotros desearíamos que se despachara este proyecto en el día de hoy. Sin embargo, entiendo que algunas indicaciones, como la del Honorable señor González Madariaga, no tienen relación con la idea central de la iniciativa, sino con la revalorización de pensiones del sector público. De ser ellas aceptadas, correríamos el riesgo de que el proyecto fuera retirado de la Convocatoria y no pudiera despacharse en el mes de enero.
Por eso, pedimos al Senado que, o bien se mande este asunto a Comisión para un mejor estudio de esas indicaciones; o bien, si lo despachamos hoy día, no se consideren como atinentes a la materia en debate aquellas que realmente no lo sean. De esta manera no nos exponemos al retiro a que me he referido ni a un veto que postergaría el despacho del proyecto más allá del mes de marzo.
He dicho.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Curti.
El señor CURTI.-
Señor Presidente, el Partido Nacional concurrió, por mi intermedio, al despacho de este primer informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y prestó su aprobación con el mayor entusiasmo al articulado propuesto, por su sencillez, en primer lugar, y, en segundo término, por la forma como encara un problema que se viene arrastrando desde hace más de quince años, desde que se dictó la ley 10.475.
Como lo han expresado diversos señores Senadores, el proyecto en debate sólo contiene una solución provisional. Unicamente abarca la revalorización de las pensiones de los empleados particulares y deja para segundo término, en espera de una iniciativa que comporte en forma integral la reforma de la previsión, las demás anomalías de que adolece el sistema y que afectan a todos los sectores laborales en que se divide el país en razón de los cargos y funciones.
Este proyecto tiene el alto mérito de no exigir nuevas tributaciones, por cuanto la Caja de Previsión de Empleados Particulares está en condiciones de revalorizar esas pensiones desde el 1° de enero de 1969, como lo dispone el articulado. No es necesario establecer nuevos tributos porque los superávit de que dispone le permiten perfectamente hacer justicia a enormes grupos de jubilados que hoy día perciben sumas verdaderamente misérrimas, que en nada les ayudan a cumplir con el deber fundamental de mantener a su familia.
El proyecto lleva a la realidad a las pensiones, revalorizándolas para compensar el deterioro que han sufrido en años anteriores. En buenas cuentas, deroga el sistema del artículo 25 de la ley 10.475, en cuanto a que las pensiones de uno a dos sueldos vitales se reajustan en ciento por ciento; en 50% las que fluctúan entre dos y cuatro vitales, y en 25% las que van de cuatro a seis sueldos vitales, siendo este último el tope que la ley fija como pensión máxima.
La iniciativa fue despachada en primer informe después de. conocerse las opiniones tanto del Superintendente de Seguridad Social como del representante de la Federación de Empleados Particulares Jubilados y de los consejeros de la Caja. Allí estuvieron de acuerdo en su redacción la totalidad de los interesados en el despacho del proyecto. Por eso mismo, la Comisión también procedió a despacharlo por unanimidad, y esperamos que a muy corto plazo, antes de comenzar el receso, quede tramitado totalmente, porque implica un verdadero acto de justicia devolver el valor adquisitivo a los jubilados que dejaron de prestar sus servicios hace 16 años y que reciben pensiones incompatibles con las necesidades de un hogar.
Por tales consideraciones, el Partido Nacional prestará gustoso su voto favorable al despacho de este proyecto, y confía en que será despachado a la brevedad.
El señor ALLENDE.-
Señor Presidente, no deseo insistir en el aspecto general que estaba planteando con relación a la iniciativa.
Lamento no haber estado en la Sala cuando el Honorable señor Musalem formuló sus observaciones, pero salí precisamente a buscar los datos pertinentes. No me parece justo hacer aseveraciones inexactas. Aproveché la presencia del señor Superintendente de Seguridad Social para solicitarle información.
En verdad, sus opiniones y antecedentes escritos, que en este momento llegan, confirman lo que sostuve.
Desde luego, aquí no figura todo lo que deseo exponer, pero recuerdo nuestra conversación.
Existen trescientos mil pensionados del Servicio de Seguro Social: 80% de ellos reciben la pensión mínima, que es de 237 escudos, cantidad a la que hay que agregar 35%. Ese sistema regía para los antiguos pensionados. Los nuevos aquí se confirma, lo que sostuve tienen como pensión mínima 190 escudos, a lo cual My que agregar también 35%. La diferencia se produce porque se cambió el sistema de cálculo.
Por lo tanto, no era inexacto lo que afirmé: que dicha modificación representa un menor ingreso. Es decir, la pensión mínima de 237 escudos baja a 190 para quienes jubilen este año.
Reitero que estos datos me los proporcionó el Superintendente de Seguridad
Social. De allí que desee entregarlos oficialmente y solicite que este cuadro se incorpore en la parte pertinente de mi discurso. Ahí se consignan los montos mínimos de las pensiones de invalidez, vejez, viudez y orfandad.
Junto con hacer presente que en esta forma dispondremos de un antecedente definitivo sobre la materia, debo destacar que, no obstante carecer de datos exactos al formular mis observaciones, tenía razón.
El señor FONCEA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se insertará el referido documento.
El señor FONCEA.-
- Previamente deseo formular algunas observaciones.
El señor ALLENDE.-
Se trata de dos cosas diferentes.
Solicito que la Sala se pronuncie de inmediato.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se insertará el cuadro.
El señor FONCEA.-
Por lo demás, estos antecedentes aparecen...
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Acordado.
El cuadro que se acordó insertar es el siguiente:
"Valor de las pensiones mínimas del Servicio de Seguro Social para 1968.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Barros y, seguidamente, el Honorable señor Foncea.
El señor FONCEA.-
¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor BARROS.-
Con todo agrado.
El señor FONCEA.-
Los antecedentes proporcionados por el Honorable señor Allende se han dado en reiteradas ocasiones en los últimos meses, tanto en las Comisiones como en la Sala.
Efectivamente, hay más de trescientos mil pensionados. Los que jubilaron antes del 1º de enero de 1968 percibieron el reajuste de sus pensiones en conformidad al artículo 47 de la ley 10.383, o sea, de acuerdo con el promedio de los salarios de subsidio.
Hasta 1964, es decir antes de la iniciación del actual Gobierno, la aplicación de ese artículo 47, que reajustaba las pensiones de los obreros conforme al promedio del salario de subsidio pagado en el año anterior, significó reajustarlas en un porcentaje inferior al índice del costo de la vida.
Desde 1964, el reajuste otorgado en esa forma ha aumentado sobre el índice de la inflación. Señalé un dato bien preciso. Lo recuerdo porque el Superintendente de Seguridad Social lo expresó en el seno de la Comisión: el año pasado, mientras el índice del costo de la vida subió en 25,9%, las pensiones del Servicio de Seguro Social, de acuerdo con el artículo 47 citado, tuvieron un reajuste de 52%.
¿Qué ha pasado con posterioridad? No es exacto el señor Senador cuando quiere dar a entender al menos, así lo entendí yo que en este Gobierno se han rebajado las pensiones. No. Durante la actual Administración se dictó una ley que estableció que las pensionas del Servicio de Seguro Social, desde el 1º de enero de 1968, correrían la misma suerte que todas las demás jubilaciones y pensiones, o sea, se reajustarían en conformidad a la variación del índice del costo de la vida, que reitero ha sido inferior al porcentaje de reajuste en el último tiempo.
Da manera que ahora no se han rebajado las pensiones. Simplemente, se ha aplicado una disposición que hemos aprobado por unanimidad.
La señora CAMPUSANO.-
No. Los Senadores comunistas no estuvimos de acuerdo.
El señor ALLENDE.-
Nosotros tampoco.
El señor FONCEA.-
Quiero dejar en claro algo que es vital: las pensiones de los obreros del Servicio de Seguro Social han tenido un reajuste manifiestamente superior al alza del costo de la vida, pero, aún así, son insuficientes. ¡Si Chile no es un país rico, como ya lo hemos señalado muchas veces! También hemos expresado que, con relación a la renta nacional, nuestro país creo que se trata del que gasta más invierte un 18% de ella en pensiones, en circunstancias de que en naciones más poderosas el porcentaje es de 13%, 10%, 8% ó 5% de la renta nacional.
Pero lo que motiva mi interrupción, que agradezco al Honorable señor Barros, es no dejar flotando en el ambiente la idea de que hemos venido a falsear datos. Los antecedentes que me permití señalar han sido confirmados por el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Barros?
El señor NOEMI.-
El Honorable señor Barros me había concedido una interrupción con anterioridad. Es muy breve.
Acabo de pedir los antecedentes a la Oficina de Informaciones del Senado, para aclarar una afirmación del Honorable señor Chadwick.
El señor Senador manifestó que no podían hacerse comparaciones tomando en cuenta el índice del costo de la vida, sino que los cálculos debían efectuarse sobre la base de la moneda dura. No acepta el escudo. Dice que la estimación debe realizarse considerando el valor del dólar de 1964 y el que tiene en la actualidad. Por su parte, la Honorable señora Campusano dijo en su exposición que los pensionados y puso un ejemplo concreto vieron disminuido su poder adquisitivo en 50%, tomando en cuenta el valor del dólar. Pero resulta...
La señora CAMPUSANO.-
Si Su Señoría desea, le puedo dar el nombre de la persona.
El señor NOEMI.-
Estoy refiriéndome a un caso concreto. No estoy discutiendo, sino haciendo alusión a un hecho cierto.
¿Cuándo sucedió ese hecho? Desde luego, no en los cuatro años de este Gobierno.
De acuerdo con estos datos, y contrariamente a lo sostenido por el Honorable señor Chadwick, en cuanto a que el escudo habría tenido una disminución respecto del dólar ascendente a 300%...
El señor CHADWICK.-
El dólar aumentó su precio, que es cosa distinta.
El señor NOEMI.-
El aumento de 300% del dólar no es efectivo.
El señor CHADWICK.-
No es lo mismo.
El señor NOEMI.-
En noviembre de 1964 estos datos me los acaba de proporcionar la Oficina de Informaciones, porque me pareció extraño lo dicho por el Honorable señor Chadwick, el dólar costaba 3.270 pesos.
El señor CHADWICK.-
¿Qué tipo de dólar?
El señor NOEMI.-
El bancario, que en noviembre de 1968 valía 8.500 pesos.
El señor CHADWICK.-
Es errada la información de Su Señoría.
El señor NOEMI.-
Vale decir, ha subido en 159,9%, la mitad de lo sostenido por el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Es mala su información.
El señor NOEMI.-
Es muy diferente 159,9% a 300%. En todo caso, ni siquiera en moneda dura ha ocurrido lo expresado por la Honorable señora Campusano,...
El señor CURTI.-
¿Cuánto cuesta el dólar, entonces?
El señor NOEMI.-
...sino que, por el contrario, las pensiones han mejorado considerablemente con relación al índice del costo de la vida.
El señor FONCEA.-
A juicio de Sus Señorías, entonces, en los años en que el dólar no subió, las pensiones no debieron reajustarse.
El señor CHADWICK.-
Con la venia de la Mesa, usaré de una interrupción que me concedió el Honorable señor Barros.
El señor MUSALEM.-
Acordemos primero la prórroga de la hora.
El señor CHADWICK.-
Mi argumento es muy claro y no ha podido ser desvirtuado por las palabras del Honorable señor Noemi. Dije que la moneda nuestra, en relación con el dólar, se ha deteriorado en los últimos cuatro años de Gobierno en términos tales que esa moneda extranjera ha aumentado en 302%, esto es, a tres veces su valor antiguo. Naturalmente que para este fin tomo en cuenta el dólar bancario, o sea, el que rige nuestro comercio de exportación; no el de corredores, al que hace referencia el Honorable señor Noemi.
El dólar bancario no está hoy día a 8.500 pesos, sino tengo entendido. en alrededor de 7.500.
El señor NOEMI.-
Entonces el porcentaje de aumento es mucho más bajo aún.
El señor CHADWICK.-
El dato que Su Señoría maneja no corresponde a la realidad, pues está referido a la cotización del dólar de corredores...
El señor NOEMI.-
Si se considerara el dólar bancario la diferencia sería, mucho menor.
El señor CHADWICK.-
No, señor Senador.
El señor NOEMI.-
Sí, porque Su Señoría ha dicho 7.500 pesos, y no 8.500, como yo lo aseveré.
El señor CHADWICK.-
Su Señoría está confundiendo las cosas.
El señor CURTI.-
¿No se podrían referir al proyecto en debate los señores Senadores?
El señor ALLENDE.-
Mi propósito no es sino insistir en que yo tenía razón en lo que sostuve en este recinto.
Cuando los señores Senadores tengan en sus manos el cuadro que me proporcionó el señor Superintendente de Seguridad Social al cual daré lectura en forma parcial, se darán cuenta de la exactitud de mis observaciones.
El Honorable señor Foncea me refutó en parte. No terminó su pensamiento; me imagino que por una evasión involuntaria.
El señor Senador hizo referencia al salario medio de subsidios con que se calculaban las pensiones y no indicó qué método se emplea ahora, puesto que aquél se ha eliminado. Me parece que se considera el salario medio industrial.
Según el cuadro de la Superintendencia de Seguridad Social, la situación es la siguiente: las pensiones de invalidez y vejez vigentes al 31 de diciembre de 1967 tenían un monto mínimo de 237 escudos, y las recibían 80% de los jubilados. Las concedidas durante 1968 llegan a 149,12 escudos. Las pensiones mínimas de viudez representaban 139,44 escudos al 31 de diciembre de 1967, mientras que las concedidas durante 1968 alcanzan sólo a 87,72 escudos. O sea, por la modificación del cálculo, es efectivo lo que yo afirmé.
No discuto si el proyecto fue aprobado o rechazado por el Congreso. Lo único que puedo decir al respecto es que personalmente no voté tal iniciativa.
Reitero, pues, una vez más, que la enmienda del método, consistente en no tomar como base el salario medio de subsidios, ha implicado la disminución de la pensión mínima.
El señor CHADWICK.-
Evidente.
El señor ALLENDE.-
El cuadro entregado por la Superintendencia, documento oficial, así lo corrobora.
El señor MUSALEM.-
Que se prorrogue la hora., señor Presidente.
El señor BARROS.-
Pido que se despache hoy día el proyecto, en general y particular.
Entiendo que cuando se han formulado más de dos indicaciones a un proyecto, debe pasar a Comisión.
Solicito que la Mesa califique las indicaciones presentadas, a fin de iniciar su examen.
También pido prorrogar la hora.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
¿Su Señoría va a intervenir?
El señor BARROS.-
Sí, señor Presidente.
Brevemente, quiero decir que votaré favorablemente el proyecto que revaloriza las pensiones, porque el deterioro de ellas es manifiesto.
Como aquí se ha dicho, hay empleados "eternizados" en sus cargos: no les conviene jubilar. En esta situación se encuentran cerca de 30 mil funcionarios. Es decir, continúan imponiendo. Las Cajas respectivas han recibido enormes cantidades de dinero con las cuales no contaban y, con ello, un gran respaldo financiero, a expensas de los empleados antiguos.
Todavía más irregular es el hecho que aquí se ha mencionado. Según el Departamento Actuarial y de Estadística de la Caja de Empleados Particulares dato que consta en el informe, ésta se dio el lujo de entregar a la CORVI 261 millones de escudos, mientras que el costo de la revalorización anual no alcanza a 30 millones de escudos anuales.
Formulo indicación para que el proyecto se despache hoy.
El señor MUSALEM.-
Pido incorporar a la versión los antecedentes proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado sobre los índices de precios y el reajuste de las pensiones de los años 1965 a 1968.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el señor Senador.
Acordado.
El documento que se acordó insertar es el siguiente:
"Porcentaje de reajuste de las pensiones del Servicio de Seguro Social y alza del costo de la vida. Periodo 1965-1968.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
Acordado.
¿Habría acuerdo para tratar en particular las 15 indicaciones presentadas?
El señor ALLENDE.-
Hay una alternativa: examinarlas esta noche o mañana en la mañana y discutir el informe en la sesión ordinaria, porque se necesitan argumentos muy serios para rechazar o aceptar algunas indicaciones.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
El señor ALLENDE.-
No me opongo, señor Presidente. Simplemente estoy sugiriendo un procedimiento lógico, que ayudará al mejor trabajo legislativo. Mi proposición envuelve el compromiso de tratar el proyecto mañana.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
En el primer lugar de la tabla.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Entonces, se daría plazo hasta las 20 horas de hoy para presentar indicaciones.
El señor FONCEA.-
Para despacharlo mañana.
El señor MUSALEM.-
Con informe o sin él.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
La iniciativa se tratará mañana en el Orden del Día.
El señor ALLENDE.-
Hay compromiso de despacharlo mañana. Por lo tanto, se ubicará en el primer lugar de la tabla.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Se discutirá mañana en particular en el momento en que se encuentre listo el informe.
Acordado.
-Aplausos en tribunas y galerías.
El señor ALLENDE.-
¿Para quién son los aplausos?
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/594423/seccion/akn594423-po1
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