?REPUBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACION OFICIAL

LEGISLATURA ORDINARIA

Sesión 14ª, en viernes 4 de julio de 1969

Especial.

(De 11.13 a 19.28)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES TOMAS PABLO ELORZA, PRESIDENTE, Y

ALEJANDRO NOEMI HUERTA, VICEPRESIDENTE.

SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y

EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA.

INDICE.

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA

II.- APERTURA DE LA SESION

III.- TRAMITACION DE ACTAS

IV.- LECTURA DE LA CUENTA

V.- ORDEN DEL DIA:

Negociaciones del Gobierno chileno con empresas cupreras

Anexos.

DOCUMENTOS:

1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre transferencia de viviendas a damnificados por inundaciones habidas en Renca, Las Barrancas y Laja

2.- Moción del señor Silva Ulloa con la que inicia un proyecto modificatorio de la ley Nº 17.141, que concedió la calidad de empleado a diversos trabajadores

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.-ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Acuña Rosas, Américo;

Aguirre Doolan, Humberto;

Altamirano Orrego, Carlos;

Aylwin Azócar, Patricio;

Baltra Cortés, Alberto;

Ballesteros Reyes, Eugenio;

Campusano Chávez, Julieta;

Carrera Villavicencio, María Elena;

Contreras Tapia, Víctor;

Chadwick Valdés, Tomás;

Fuentealba Moena, Renán;

García Garzena, Víctor;

Gormaz Molina, Raúl;

Gumucio Vives, Rafael Agustín;

Hamilton Depassier, Juan;

Isla Hevia, José Manuel;

Juliet Gómez, Raúl;

Luengo Escalona, Luis Fernando;

Miranda Ramírez, Hugo;

Montes Moraga, Jorge;

Musalem Saffie, José;

Noemi Huerta, Alejandro;

Pablo Elorza, Tomás;

Palma Vicuña, Ignacio;

Rodríguez Arenas, Aniceto;

Silva Ulloa, Ramón;

Sule Candía. Anselmo, y

Valenzuela Sáez, Ricardo.

Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda y de Minería.

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.

II.-APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 11.13, en presencia de 12 señores Senadores.

El señor PABLO (Presidente).-

En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.-TRAMITACION DE ACTAS.

El señor PABLO (Presidente).-

Se da por aprobada el acta de la sesión 12ª, que no ha sido observada.

El acta de la sesión 13ª queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.

(Véase en el Boletín el Acta aprobada).

IV.-LECTURA DE LA CUENTA.

El señor PABLO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficios.

Uno de la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que establece que la Corporación de Servicios Habitacionales deberá transferir una vivienda a las personas damnificadas por las últimas inundaciones habidas en las comunas de Renca, Las Barrancas y Laja.' (Véase en los Anexos, documento 1).

-Pasa a la Comisión de Obras Públicas.

Moción.

Una del Honorable Senador señor Silva Ulloa, con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nª 17.141, que concedió la calidad de empleado a diversos trabajadores. (Véase en los Anexos, documento 2).

-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El señor PABLO (Presidente).- Terminada la Cuenta.El señor PABLO (Presidente).- Solicito el acuerdo d'e la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación.

Acordado.

Ruego a los señores Comités pasar a la sala de la Presidencia a una reunión.

Se suspende la sesión por 15 minutos.

-Se suspendió a las 11.15.

-Continuó a las 11.35.

El señor NOEMI (Vicepresidente).- Continúa la sesión.

Se suspende la sesión por quince minutos más, mientras se da término a la reunión de Comités.

-Se suspendió a las 11.35.

-Se reanudó a las 11.44.

V.-ORDEN DEL DIA.

NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO CHILENO CON EMPRESAS CUPRERAS.

El señor PABLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos adoptados por los Comités.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Los Comités parlamentarios, en la reunión que acaban de celebrar, acordaron, en primer término, dejar sin efecto la sesión pública a que está convocado el Senado en el día de hoy, y constituirse en sesión de Comisión, a la que podrán asistir el señor Ministro y todos sus asesores, los señores Senadores que lo deseen y los funcionarios que sean citados. Esta sesión durará todo el día y tendrá por objeto permitir a los señores Senadores plantear al señor Ministro las dudas que les asistan.

En segundo término, resolvieron celebrar sesión especial el martes próximo, durante todo el día, para ocuparse en la materia que se pensaba tratar en la sesión que se deja sin efecto.

En seguida, determinaron postergar para el miércoles .9 del mes en curso la sesión ordinaria que debía celebrarse el martes 8, y citar a sesión para el jueves 10, en reemplazo de la del día anterior, con las mismas características de la ordinaria, es decir con hora de Incidentes.

Estos acuerdos se adoptaron con la abstención del Comité Comunista.

El señor MONTES.-

Pido la palabra, señor Presidente.

Deseamos dejar expresa constancia de nuestra disconformidad con el acuerdo destinado a suspender esta sesión pública, cuya finalidad era analizar un problema tan importante como el de las negociaciones del cobre.

El señor PALMA.-

Nosotros concurrimos al acuerdo solicitado por los demás Comités, sobre la base de que había unanimidad para acogerlo. Si no es así, retiramos nuestro voto de aprobación.

Además, debo destacar que se pidió transformar esta sesión en reunión de Comisión en virtud de que los Comités presentes manifestaron carecer de antecedentes suficientes para opinar hoy sobre el problema.

El señor HAMILTON.-

Estarían opinando "por boca de ganso".

El señor PALMA.-

Por esa circunstancia dimos nuestra conformidad al acuerdo señalado: para darles oportunidad de averiguar los antecedentes que estimasen necesarios. Pero en caso de que algunos señores Senadores consideren improcedente la suspensión de la sesión pública, nosotros -insisto- retiraremos nuestro acuerdo.

El señor MUSALEM.-

Y se continúa con la sesión pública.

El señor PALMA.-

Que los distintos partidos opinen con antecedentes o pin ellos, no es asunto nuestro.

El señor MUSALEM.-

Exactamente. Entonces, seguimos con la sesión pública.

El señor HAMILTON.-

Sí, porque para suspenderla se requiere acuerdo unánime, y no lo hay.

El señor PABLO (Presidente).-

Al adoptarse la resolución anterior en la reunión de Comités, entendí que los señores Senadores -inclusive el Honorable señor Montes- no tendrían inconveniente en acceder a ella, puesto que se trataba de acopiar más antecedentes. Su Señoría dejó constancia de su abstención al finalizar la reunión, cuando ya nos retirábamos. Sólo ahora nos hemos impuesto de ¡a posición en contrario del señor Senador.

El señor GARCIA.-

El Comité Nacional concurrió, por la misma razón señalada por el Honorable señor Palma, a la adopción del acuerdo de suprimir la sesión pública. De no haber consenso unánime en este sentido, nosotros pedimos que no se suprima.

A mi juicio, este procedimiento es poco serio. Si hace unos minutes todos concurrimos con nuestros votos a adoptar una resolución, no puede ahora proceder se en cata forma.

Protesto por esa conducta.

El señor LUENGO.-

También deseo abundar en el mismo asunto.

A mi juicio, si se citó a reunión de Comités y en ella se tomó el acuerdo -que debe entenderse adoptado por la unanimidad, pues el Comité Comunista no votó en contra...

El señor MUSALEM.-

Ni a favor.

El señor LUENGO.-

...ni a favor, sino que se abstuvo- de dejar sin efecto una sesión, no me parece correcto que la Sala anule tal decisión.

Lo procedente es citar a una nueva reunión de Comités,....

El señor MUSALEM.-

¡No!

El señor PALMA.-

De ninguna manera.

El señor LUENGO.-

...con el objeto de analizar el problema.

Por lo demás, debo recordar que en esa -reunión se propuso celebrar sesión especial el martes próximo porque muchos señores Senadores dijeron carecer de información suficiente para opinar hoy.

Por estas razones, si se desea modificar lo acordado por los Comités, debe mantenerse vigente la sesión especial del martes, y celebrar el miércoles y jueves las sesiones ordinarias de la semana próxima. De esta manera, no habría impedimento para que pudiesen intervenir ahora quienes así lo deseen.

El señor AYLWIN.-

Señor Presidente, deseo aclarar algunos puntos respecto de lo acontecido en la reciente reunión de Comités.

En ella, algunos señores parlamentarios hicieron presente que, de las informaciones dadas por el señor Ministro de Minería y de los antecedentes proporcionados al respecto, subsistía una serie de interrogantes que estimaban indispensable esclarecer antes de dar un juicio definitivo sobre la materia. También se consideró que los partidos que ya tuvieran opinión formada, podrían intervenir en las sesiones citadas para hoy, pero que no todas las colectividades se encontraban en tal situación. Por lo tanto, se estimó conveniente celebrar una sesión de Comisión con el objeto de formular a los negociadores todas las preguntas que fueran necesarias y, con posterioridad, continuar la sesión de Sala para que quienes hubieren aclarado sus dudas tuviesen la oportunidad de fijar su posición definitiva sobre el problema que nos ocupa.

En la reunión mencionada, me permití preguntar si alguno de los partidos -estaban los representantes de todos ellos- tenía intención de expresar de inmediato su posición definitiva sobre la materia, antes de las consultas y aclaraciones que se estimaba necesario formular. Todos los presentes estimaron preferible hacer previamente las preguntas pertinentes. En seguida, se habló respecto de cómo se harían dichas consultas y se dijo que para tal efecto sería más lógico constituirse en sesión de Comisión, con asistencia de todos los parlamentarios que quisieran concurrir. Se propuso que esa reunión, para mayor comodidad, se celebrara en esta sala.

Si mal no recuerdo, el Honorable señor Montes preguntó, entonces, si dicha sesión se haría con público o sin él. El señor Presidente contestó que las reuniones de Comisiones se celebran sin público y, en consecuencia, mientras estuviéramos reunidos en tal carácter y haciendo las consultas para formarnos criterio acerca de la materia, no podría haberlo en tribunas y galerías, sin perjuicio de que, una vez terminada la sesión -estimamos que ésta nos ocuparía todo el día de hoy-, realizáramos una reunión pública para que en ella cada partido, con pleno conocimiento de los antecedentes y aclaradas sus dudas, pudiera exponer su posición definitiva.

Yo entendí que todo lo anterior había sido acordado por unanimidad. A pesar de que los parlamentarios democratacristianos estamos preparados para dar a conocer de inmediato nuestro pensamiento sobre la materia, y no obstante la presencia de los señores Ministros, adherimos a la proposición mencionada por estimar razonable que aquellas colectividades que tienen dudas y que aún no se han formado juicio definitivo al respecto, pudieran hacer todas las preguntas necesarias para aclararlas.

Ninguno de los Comités asistentes a la reunión hizo salvedad alguna, y la noticia de que el representante del Partido Comunista se abstuvo en tal acuerdo, en realidad, constituye para mí una novedad. Tal vez me distraje, pero yo entendí que todos estaban de acuerdo en proceder de la manera señalada. Si no es así lo más lógico es celebrar la sesión pública programada para hoy y que cada partido político fije su posición en ella con los conocimientos que tenga sobre la materia y asuma su responsabilidad.

El señor PABLO (Presidente).-

La Mesa desea dar a conocer su punto de vista sobre el problema.

Esta sesión fue convocada por acuerdo de la Sala, y sólo por resolución unánime es posible dejar sin efecto. En la reunión de Comités celebrada recientemente, al finalizar la votación, realizada sin mayor debate, el representante del Partido Comunista expresó su abstención. En este momento dicho Comité ha hecho pública tal resolución. Como otros Comités han manifestado que retiran su acuerdo, la Mesa entiende que esta sesión no puede ser suspendida y debemos realizarla en los términos en que estaba fijada.

El señor FUENTEALBA.-

¡Vamos andando!

El señor PABLO (Presidente).-

Los tiempos están distribuidos de acuerdo con una minuta repartida a los señores Senadores.

El señor MONTES.-

Pido la palabra.

El señor PABLO (Presidente).-

¿Hay acuerdo unánime para suspender esta sesión?

El señor HAMILTON.-

No hay acuerdo.

El señor PABLO (Presidente).-

En tal caso, corresponde continuar la sesión.

Los tiempos correspondientes a cada Comité -repito- están distribuidos de acuerdo con una minuta entregada a los señores Senadores.

El señor LUENGO.-

Deseo hacer una consulta.

El señor PABLO (Presidente).-

Como el tiempo se ha reducido por el debate que se suscitó, la Mesa propone prorrogar la sesión hasta que cada Comité use el tiempo que se le ha asignado.

El señor MONTES.-

Con relación a lo que aquí se ha expresado, deseo esclarecer cuál ha sido nuestra actitud.

Es efectivo que nosotros fuimos el único Comité que se abstuvo de concurrir al acuerdo, de modo que es lógico suponer que la Sala no tendrá inconveniente en concedernos algunos minutos a fin de dar a conocer nuestra posición.

Nosotros no estamos en contra de lo acordado. Por el contrario, consideramos lógico que los Senadores que deseen formular preguntas -y entiendo que hay muchas que formular respecto del problema en debate- puedan hacerlo. No obstante, nos parece más conveniente que este tipo de consultas a los señores Ministros y a los funcionarios -inclusive, no tenemos inconveniente en que estos últimos se incorporen a la Sala para responderlas- sean hechas en forma pública. ¿Por qué privadamente?

El señor PABLO (Presidente).-

Porque sería sesión de Comisión.

El señor MONTES.-

Este es uno de los aspectos que hemos planteado. Por eso, cuando se propuso efectuar una sesión de Comisión, de acuerdo con el procedimiento indicado, nosotros preguntamos si aquélla sería secreta, lo que no nos parece conveniente.

Por otra parte, cuando se planteó la idea de que intervinieran los Senadores que tuvieran todos los antecedentes del caso -en último término, habrá quienes se atreverán a lanzarse al agua-, yo me hice la siguiente reflexión: ¿quién podría ser tan presuntuoso como para decir: "Sí, yo conozco todo y estoy en condiciones de intervenir"?

El señor HAMILTON.-

El diario "El Siglo".

El señor MONTES.-

A mi juicio, el planteamiento formulado no podía tener sino una respuesta, lo que creímos procedente: nuestra abstención, nuestro no pronunciamiento, a fin de no entorpecer el acuerdo para el cual parecía haber asentimiento inmensamente mayoritario de los Comités.

Esta fue la situación producida.

El señor PABLO (Presidente).-

Señores Senadores, se solicitó que la sesión fuera de Comisión, y aunque estas reuniones no son secretas, se celebran sin público. Eso fue lo que hizo presente la Mesa.

Es más: para dejar constancia de lo que se pudiera decir en la sesión de Comisión, se había acordado tomar versión taquigráfica de ella.

El señor LUENGO.-

Deseo hacer una consulta respecto del acuerdo de suspender esta sesión.

Creo que en todo caso quedaría a firme la resolución de celebrar otra reunión el martes.

A mi juicio, aun cuando se resuelva efectuar hoy sesión de Sala, de todos modos deberá realizarse otra el martes, porque el desacuerdo se ha producido respecto de la de hoy; en ningún caso sobre la del martes próximo, máxime cuando la razón fundamental que movió a suspender esta reunión fue que algunos Senadores no estarían en condiciones de intervenir ahora, y esa razón se mantiene.

El señor PALMA.-

Se ha dicho que uno de los Comités expresó su disconformidad con el acuerdo o, por lo menos, su abstención, en circunstancias de que nosotros no nos dimos cuenta de ello, porque en la práctica no se tomó votación, sino que hubo consenso general, y después salimos de la sala de reunión. Nadie supo que alguien se hubiera abstenido, porque si ello hubiere sucedido, nosotros no sólo nos habríamos abstenido de dar a esta sesión el carácter de reunión de Comisión, sino que nos habríamos opuesto a ello, porque la razón en que se fundó esa proposición, que nosotros encontramos lógica, fue que los señores Senadores quieren opinar con más antecedentes; lo que estaba demostrando que quienes habían opinado lo había hecho sin tener informaciones.

Pero si la sesión de Sala se celebrara hoy, nosotros no tendríamos inconveniente en que se realizara otra en cualquiera oportunidad que no fuera el martes ni el miércoles, porque esos días están destinados a las sesiones ordinarias y a despachar los proyectos pendientes. La próxima sesión especial podría fijarse para el jueves o el viernes, por ejemplo...

El señor LUENGO.-

También podría procederse así.

El señor PALMA.-

...para lo cual creo que no habría ningún inconveniente.

El señor LUENGO.-

Celebremos sesión especial el jueves.

El señor ISLA.-

Es preferible el jueves, señor Presidente.

El señor SULE.-

Sólo deseo aclarar algunos puntos.

El Honorable señor Montes planteó su protesta por el hecho de que en esta sesión, que iba a transformarse en reunión de Comisión, iba a tratarse en secreto un problema tan transcendental como el del cobre.

El Comité Radical dio su asentimiento para el acuerdo señalado, por "estimar justo y lógico que si algunos parlamentarios no disponían de los antecedentes suficientes para expresar una opinión definitiva, tenían el derecho -y más que el derecho, la obligación- de hacer las consultas pertinentes. Pero en ningún momento estuvo en el ánimo del Comité Radical que estas materias tan importantes fueran tratadas en secreto.

Por lo demás, nosotros nos ceñimos al Reglamento del Senado, y lo que estimo la mayoría en este momento será acatado pollos Senadores radicales.

El señor PABLO (Presidente).-

Entiendo que no hay acuerdo para suspender la sesión, de modo que ésta continúa.

Cada uno de los Comités tiene tiempo para hacer uso de la palabra de acuerdo con la distribución acordada. En caso necesario, se entenderá prorrogada la sesión hasta que todos los Comités hayan hecho uso de sus tiempos.

El señor LUENGO.-

¿Y respecto de la próxima sesión?

El señor PABLO (Presidente).-

La Mesa citará, a petición de los señores Senadores, a sesiones especiales destinadas a seguir tratando este problema las veces que sea menester, teniendo en cuenta, naturalmente, el trabajo de las Comisiones, que es fundamental para la marcha legislativa del Senado.

El señor LUENGO.-

Se han manifestado opiniones en el sentido de citar a sesión especial para el jueves próximo.

El señor PABLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra para referirse a la materia para la cual se convocó al Senado.

El señor HAMILTON.-

Quisiera esta mañana fijar la política y posición del Partido Demócrata Cristiano frente a la política cuprera.

Después de las negociaciones realizadas por personeros del Gobierno con Ejecutivos de Anaconda, que no alcanzaron a durar cuatro semanas, el 26 de mayo último el Presidente Frei sorprendió al país y al mundo entero con el resultado de ellas: Chile había convenido con las empresas propietarias la nacionalización de los yacimientos de Chuquicamata y El Salvador y el establecimiento de Potrerillos.

Es decir, por medio de un acuerdo, Chile recuperaba, después de varios decenios desde el descubrimiento y explotación de esas minas, la parte más importante de su riqueza básica.

Importancia del cobre.

Nadie duda de la importancia que el cobre ha tenido, tiene y seguirá teniendo en el desarrollo de Chile y el bienestar de su pueblo.

Nuestra política de desarrollo económico está basada principalmente en la industrialización, la que requiere de las divisas que le permitan la importación de maquinarias y equipos básicos, necesarios para dicho proceso.

Medidos en términos de retornos, ya que las compañías extranjeras retiran parte de sus utilidades y también hacen adquisiciones en el exterior, el cobre produjo para Chile en 1968, 462.444 mil dólares, lo que significa algo más del 50% de las divisas del país. A este antecedente pueden agregarse muchos otros que contribuyen a que, con razón, se haya sostenido que el cobre es la "viga maestra" de nuestra economía.

El año recién pasado los ingresos fiscales por concepto de tributación y participación del Estado en el caso de sociedades mixtas, alcanzó a 197.720.000 dólares, considerando sólo a la gran minería del cobre.

La misma industria tiene decisiva gravitación en la estructura ocupacional, ya que, de acuerdo con antecedentes proporcionados por el Servicio de Minas del Estado y por el propio Presidente de la República, emplea directa o indirectamente a cerca de 50 mil personas.

La operación de las instalaciones de explotación y refinación del cobre, representan indudablemente un aporte significativo al avance tecnológico del país, por medio del traspaso de tecnología avanzada y la preparación y capacitación de los técnicos y profesionales nacionales.

Por otra parte, también la expansión cuprífera ha ido creando una creciente participación de la industria nacional en el abastecimiento de las empresas de la gran minería, que ha significado, en un período de ocho años, un aumento desde el 36,5 % en 1959, al 66,3% en 1967.

En resumen, el cobre es en esta hora el "pan de los chilenos", y nada hay más importante para nosotros que una "política del cobre", concebida con claridad, proyectada con visión del futuro, realizada con toda seriedad y adecuada a los intereses nacionales.

Hasta 1964.

Hasta ese año, Chile no había definido una estrategia clara frente a su riqueza vital.

En el decenio anterior se habían logrado algunos avances, tal vez importantes con relación a las circunstancias de la época, como la ley Nº 11.828, de 1955, dictada en la Administración del Presidente Ibáñez, que creó el Departamento del Cobre, hoy Corporación del Cobre.

Durante la Administración anterior se reconoció la necesidad de dar incentivos a la producción, y en 1963 se presentó un proyecto de ley, por la vía de la indicación, en el segundo trámite constitucional del proyecto de reforma tributaria, que consignaba amplias facultades al Ejecutivo para otorgar rebaja de impuestos a la renta, congelación de la tributación y otros incentivos a las compañías extranjeras, que el Congreso no aprobó por considerarlo lesivo a los intereses chilenos.

En la misma época, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Enrique Ortúzar, suscribía acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, que el Congreso no ratificó, que garantizaban al inversionista extranjero la posibilidad de ser subrogado por el Gobierno de ese país; entre otros casos, cuando fuera objeto de expropiación en Chile. En otras palabras, en caso de haberse aprobado dichos acuerdos, al expropiarse alguna empresa extranjera, Chile no habría tenido que entenderse con una empresa privada, sino con el Gobierno de los Estados Unidos, que habría subrogado a la misma en sus derechos.

El estado de la industria cuprífera en 1964 era poco promisorio para Chile: los mercados estaban restringidos políticamente; la participación del Estado en el conocimiento y la fiscalización del negocio de las empresas americanas en Chile y de la comercialización del cobre chileno en el mercado internacional eran prácticamente nulas; la producción tendía a disminuir, mientras los demás países productores la elevaban y aumentaban también su peso e influencia en las decisiones que afectaran a la suerte del cobre; había necesidad de realizar fuertes inversiones, especialmente en el mineral de El Teniente, y existía desinterés de las empresas para hacerlas y falta de recursos y previsión del Gobierno para encararlas.

Durante la campaña presidencial de ese año, el Partido Demócrata Cristiano y suabanderado, Eduardo Freí, propusieron al país una política del cobre que llamaron de "chilenización", en lo que se refería a la recuperación para Chile de las grandes minas en poder de las empresas extranjeras.

Cuando se discutió este asunto, Eduardo Freí sostuvo que, con relación a las circunstancias que entonces imperaban, era preferible al interés nacional la "chilenización" a la nacionalización; pero que ningún problema de principios se oponía a que ésta se realizara cuando el interés del país lo exigiera y las condiciones generales lo permitieran.

Chilenización.

Consecuente con la visión de esa realidad y las limitaciones que entonces el país tenía para la recuperación inmediata de las grandes minas en manos de intereses foráneos, el Gobierno puso en marcha su programa, después de obtener del Congreso Nacional los instrumentos legales mediante la ley Nº 16.425, de 1966, y de concertar con las empresas extranjeras los acuerdos necesarios.

Al analizar ahora los resultados de esa política, considerando la importante alteración del mercado que sobrevino y que nadie previo, y la valiosa experiencia adquirida en estos cuatro años, pueden señalarse algunos de los errores o imprevisiones en que entonces se incurrió. Es tarea fácil, y estoy seguro de que otros se encargarán de hacerla para desviar la atención pública del nuevo paso que el país ha adelantado en la materia.

No obstante, esas limitaciones no pueden hacer perder la perspectiva de lo que Chile ha avanzado y conseguido dentro de esta política:

a) Participación del Estado en la propiedad de algunas de las empresas, por medio de sociedades mixtas, en las que es propietario del 25% en Exótica, 30% en Andina y 51% en El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande y una de las mayores reservas del mundo.

b) Desarrollo de los programas de inversión -en plena ejecución-, por más de 676.000 dólares, que permitirán aumentar la producción anual, que en 1964 alcanzaba a 580 mil toneladas, a 1.200.000, en apenas cuatro años, recuperando para Chile la posición de primer exportador de cobre, lo que le da una influencia decisiva en el mercado. El aumento de la producción es el punto de partida esencial de cualquiera política del cobre.

c) Aumento de la refinación, que era de 196 mil toneladas en 1964, a 578 mil en 1968, para alcanzar las 750 mil toneladas en 1970. Por la conformación del mercado, interesa al país un margen de exportación de cobre no refinado.

d) Ampliación de las compras que las compañías hacían en Chile, de un 53% en 1964, a 65% en 1967.

e) Intervención decisiva del Estado, por medio de la Corporación del Cobre, en la comercialización del producto y en el control de los costos y producción de las empresas, en resguardo efectivo del interés nacional.

f) Concertación de una política con los demás países productores de cobre del tercer mundo -Perú, Zambia y Congo-, con los que se mantienen estrechas y amistosas relaciones y una coordinación permanente, mediante el Consejo Inter- gubernamental de Países Productores de Cobre, para la defensa de los intereses comunes de estos países, que antes se miraban como rivales y que hoy día llevan una política similar.

g) Obras de infraestructura -que no sólo benefician al cobre, sino que sirven también a otros sectores de la economía- por un valor estimado de Eº 71.000.000; y plan habitacional del orden de 10.000 viviendas en los minerales y en Rancagua y Calama, que contribuye a la elevación del nivel de vida de los trabajadores y al mejoramiento urbano de esas ciudades; y

h) Dictación del Estatuto de los Trabajadores del Cobre, convenido entre éstos y el Gobierno y que consagra las excepcionales condiciones laborales y sociales alcanzadas por ellos.

Nadie que mire objetiva y desapasionadamente el problema, podrá desconocer los pasos positivos que en tan corto tiempo, nuestro país ha dado en la materia.

A mi juicio, Chile ha logrado, más allá de las limitaciones que la política seguida reconozca, .y por encima de las ventajas señaladas, conocer, intervenir e influir decisivamente en todos los aspectos relativos a la producción, refinación y comercialización de su cobre y crear en la conciencia popular un sentido de auténtico nacionalismo en torno de la recuperación y óptimo aprovechamiento de su mayor riqueza actual, que constituye el punto de partida necesario para lo que Chile se propone hacer ahora o proyecte en el futuro.

Sobreprecio.

A mediado de 1966, después de observar la sostenida tendencia alcista del precio internacional y de realizar consultas previas con los demás países productores que suscribieron la declaración de Lusaka, los que seguirían después el ejemplo, Chile, por decisión soberana de su Gobierno, dejó de vender el cobre a precios similares a los de productores de Estados Unidos y resolvió transarlo al de la Bolsa de Metales de Londres.

Esta decisión significó que el precio del metal, cuyo costo no ha experimentado alzas desmesuradas, se elevara de 29 centavos de dólar por libra de cobre -precio considerado para los efectos del cálculo en la discusión de los convenios que autorizó la ley 16.425-, a un promedio anual de 48,34 centavos en 1967, de 51,74 en 1968 y de 60,8 en el primer semestre del presente año.

Los excepcionales niveles del precio significaron que el Estado pudo pagar todas sus inversiones, en la adquisición de los porcentajes en las sociedades mixtas y en los programas de expansión de ellas, sin recurrir a nuevos tributos, sin acrecentar el endeudamiento exterior y sin distraer recursos de otros programas.

Al mismo tiempo, ese considerable aumento de precios, que en 1965 nadie previo -ni el Gobierno, ni la Oposición, ni las compañías...

El señor ALTAMIRANO.-

Eso no es efectivo. Lo hicimos ver múltiples veces.

El señor HAMILTON.-

Leí totalmente el deba te producido en esa oportunidad. Su Señoría no dijo una palabra sobre esta materia.

Por lo demás, no le he concedido interrupciones. Espere que termine.

El señor ALTAMIRANO.-

No es efectivo. Su Señoría está faltando a la verdad..

El señor PALMA.-

En ningún momento lo dijo.

El señor HAMILTON.-

No lo dijo jamás: ni antes ni después.

El señor ALTAMIRANO.-

Siempre lo hicimos notar.

El señor HAMILTON.-

El señor Senador está acostumbrado a decir cosas al voleo, que no son ciertas.

El señor ALTAMIRANO.-

Usted estará acostumbrado a proceder así.

En la Comisión de Hacienda formulamos indicaciones para que el cobre se vendiera al precio del Mercado de Londres. Infórmese debidamente. Siempre hemos insistido en que ese metal debería venderse según la cotización de ese mercado, que ya en ese entonces era superior.

El señor HAMILTON.-

Es indudable que nadie lo previo, como tampoco se pudo prever la huelga de 1967. El señor Senador dice que eran capaces en ese entonces de hacerlo, pero no lo dijo. Previo -y seguramente lo calló por interés patriótico- que en Estados Unidos, uno o dos años después, iba a haber una huelga de seis meses, la más larga en la historia del mundo, cuyos efectos motivaron el alza del precio del cobre en el mercado, efectos que todavía se están dejando sentir. Pero el señor Senador dice ahora, en 1969, que el Partido Socialista lo previo.

El señor ALTAMIRANO.-

Tal vez porque el señor Senador está leyendo un discurso escrito, no sabe las cosas.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

El Honorable señor Hamilton no desea ser interrumpido.

El señor HAMILTON.-

Al mismo tiempo, ese considerable aumento de precios que en 1965 nadie previo -ni el Gobierno, ni la Oposición, ni las compañías, en la minería cuprífera de Estados Unidos, en 1967, cuyos efectos en el mercado aún subsisten, porque, entre otros factores, nadie pudo predecir la huelga de más de seis meses-, ha significado que las empresas hayan aumentado excesivamente sus utilidades y que, con ellas, hayan podido cumplir con todas las inversiones de capital a que se comprometieron y en mérito de las cuales obtuvieron ventajas y rebajas de orden tributario, sin ningún sacrificio de orden económico y financiero para ellas.

En esta forma, una decisión soberana, justa y oportuna del Gobierno, aprovechando las ventajosas condiciones del mercado, ha importado beneficios imprevistos para las compañías extranjeras, las que, además, se han visto liberadas de los sacrificios financieros que asumieron.

En estas circunstancias, el Presidente de la República anunció el 21 de mayo último la voluntad de su Gobierno en orden a "revalorizar la participación del Estado" en los nuevos niveles de precios alcanzados.

En este aspecto, a mi juicio no suficientemente destacado hasta ahora, se ha producido, a lo menos en principio, un consenso general en el país en el sentido de que la posición del Presidente es justa y debe materializarse a la brevedad.

Con Anaconda, este problema ha sido resuelto mediante el acuerdo producido en las negociaciones recién terminadas.

A partir del 1ª del presente mes, las empresas subsidiarias de Anaconda-Chilex, explotadora de Chuquicamata, y Andes, de Potrerillos y El Salvador-, reconocerán al Estado, a través de la Corporación del Cobre (CODELCO), un porcentaje sobre el precio de 40 centavos que será del 54% entre ese precio y 41 centavos, e irá subiendo hasta el 70% para el precio de 50 centavos o más por libra de cobre.

Esta fórmula deberá extenderse a las demás empresas, ya sea por convenio o a través de la ley que el Ejecutivo se ha comprometido proponer al Congreso para este efecto.

Los Senadores democratacristianos celebramos que se haya convenido dicha fórmula y -si bien siempre podrá juzgarse que puede haber otras mejores, inclusive la de que el total del sobreprecio fuera para el Estado- creemos que ella es justa y resguarda el interés nacional.

Chilenización de minas de Anaconda.

El Presidente de la República manifestó también en el Mensaje referido su deseo de obtener la chilenización buscada y no lograda en algunos casos -refiriéndose a Chuquicamata, Potrerillos y El Sal- valor-; señaló las ventajas que, a su juicio, representaba esa política; reconoció el clima propicio para la nacionalización, pero respecto de ella manifestó dudas de que fueran aceptados los sacrificios inevitables, en medio de la paz social y la solidaridad real necesarias para dar un paso de esa trascendencia, y declaró que "no dejaría nada por hacer para el mejor aprovechamiento de nuestro patrimonio nacional en beneficio de toda la nación".

Reacción.

Todos los partidos políticos se han pronunciado sobre la materia -por lo menos la mayoría de ellos- y también muchos organismos representativos de actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. Salvo excepciones, todos ellos se declararon partidarios de la nacionalización, aunque ninguno hasta ahora ha explicado a la opinión pública que esa decisión -ineludible, justa y necesaria- implicaba sacrificios y riesgos que el país entero debía aceptar y compartir.

Inclusive, se presentaron proyectos de ley sobre la materia, ninguno de los cuales establecía financiamiento para hacer frente a las inversiones necesarias para continuar y terminar los programas de expansión en plena ejecución; para reemplazar el capital de giro, no susceptible de nacionalización o expropiación e indispensable para toda la operación de las minas y la comercialización de los minerales; ni tampoco para reemplazar créditos del exterior con los que el país financia parte de sus programas.

Con todo, y a pesar de ésas y otras limitaciones de esos proyectos -que naturalmente no han alcanzado a discutirse-, no cabe duda de que contribuyeron a hacer madurar en la conciencia nacional la idea de la nacionalización y, posiblemente, sirvieron de apoyo a la posición de los representantes chilenos en la negociación con la Anaconda.

Posición de la Democracia Cristiana.

La posición de la Democracia Cristiana, naturalmente, no podía ser la misma que la de los partidos de Oposición, por su responsabilidad de partido único de Gobierno.

La Democracia Cristiana planteó su posición ante el Presidente Frei y los Ministros y funcionarios a quienes él encomendó la representación del Gobierno en las negociaciones con Anaconda, y la hizo pública en declaración aprobada por la unanimidad del Consejo Nacional, en sesión del 28 de mayo último.

El Partido Demócrata Cristiano expresó que compartía el criterio del Presidente de la República en relación con la participación del Estado en el sobreprecio; respetaba como consecuente su posición de chilenizar las minas de Anaconda en condiciones "óptimas"; pero reiteró "la necesidad de obtener para Chile la plena recuperación de los minerales de Chuquicamata y El Salvador y, en las actuales circunstancias, aspira a que ella se realice a la brevedad posible".

La Democracia Cristiana planteó la nacionalización de la-mayor parte de la riqueza básica del país, no cerno una bandera política, sino como una gran tarea patriótica, para ser emprendida por todos los chilenos dentro de una auténtica solidaridad que permitiera enfrentarla con c aro sentido del interés nacional.

Nacionalización pactada.

Felizmente, el Gobierno logró un acuerdo para recuperar la plena propiedad de sus yacimientos y de todos ios bienes afectos a su explotación; es decir, convino la nacionalización, sin exponer al país a riesgos que pudieron evitarse, ni imponerle sacrificios que habrían encontrado resistencia, especialmente entre sectores políticos.

Para este efecto, como es de público conocimiento, se formarán dos empresas nacionales que se harán cargo de los activos y pasivos de Chile Exploration Company y Andes Mining Company.

El Estado será dueño del ciento por ciento de las acciones de las nuevas empresas, con el 51% desde el 1ª de septiembre próximo y el 49% restante desde el momento que el Gobierno de Chile determine, a partir del 31 de diciembre de 1972.

El 51% se pagará por el "valor de libros", actualizado al 31 de diciembre próximo, fecha en que comienzan a operar las nuevas empresas. Dicho valor, que será revisado por la Corporación del Cobre e Impuestos Internos, es del orden de los 197 millones de dólares y se pagará en cuotas iguales, semestrales, a partir del 30 de junio de 1970, con el interés del 6% anual.

El valor del 49% se determina por el promedio anual de rentabilidad de las acciones que representan ese porcentaje, deducidos los impuestos y el sobreprecio, entre el 1º de enero de 1970 y la fecha en que se haga efectiva la compra, multiplicado por un factor o coeficiente, que será ocho si ella se lleva a cabo en 1973 e irá descendiendo en 0,5 por año hasta llegar a seis, si ella se realiza en 1977 o después. Esta parte del precio también se paga en 12 años y con el interés de 6%. Dicho plazo correrá a contar del vencimiento del plazo estipulado para el pago del 51%, de manera que, de acuerdo con el momento en que se efectúa la compra del 49%, el plazo total para el pago del precio oscilará entre 19 y 24 años. En todo caso, al momento de adquirirse el 49%, deberá cancelarse el 60% del saldo de precio del 51%.

La administración de las empresas, la comercialización de los minerales y la operación de las minas estarán a cargo de los Directorios de las nuevas empresas, en las que Chile tendrá inicialmente mayoría de directores, hasta que adquiera todas las acciones y, en consecuencia, designe a la totalidad de ellos.

El resultado de esta negociación significa que Chile, después de más de cuatro decenios, recupera Chuquicamata -la mina de cobre más grande del mundo en actual explotación-, El Salvador y Potrerillos, sin riesgos ni sacrificios; sin interrumpir los programas de expansión que siguen desarrollándose; con todas las garantías para evitar trastornos en el traspaso de la administración, la tecnología y los mercados; por un precio justo y que en ningún momento coloca al país en condiciones de disminuir los ingresos actuales y parte de los que obtendrá a raíz de la negociación que ha desembocado en la nacionalización. Todo ello se ha logrado dentro del imperio de la ley y mediante una negociación honrosa, que ha reafirmado el prestigio y crédito de Chile en el exterior.

A la luz del día.

Si bien las negociaciones se realizaron con la más estricta reserva para asegurar sus posibilidades de éxito, nada hay en ellas que ocultar. Por el contrario, el documento suscrito entre las partes y sus anexos han sido puestos a disposición de la opinión pública. El propio Jefe del Estado llamó a las directivas de los partidos para entregarles esos documentos y darles las explicaciones complementarias que requieran. Los Ministros de Minería y de Hacienda han concurrido hoy día al Senado, por segunda vez, a proporcionar los antecedentes que existen sobre el particular y los solicitados por Sus Señorías.

La opinión pública nacional, a través de muchos de sus más caracterizados dirigentes, e innumerables organizaciones sociales y gremiales han manifestado su alegría y apoyo a la "nacionalización pactada". La Democracia Cristiana, sin diferencias de ninguna naturaleza sobre la materia, a través de sus parlamentarios, organismos de base y directiva, ha expresado también en forma pública su satisfacción y respaldo a la iniciativa.

La señora CAMPUSANO.-

¿Y el proyecto de nacionalización presentado por un grupo de parlamentarios democratacristianos?

El señor HAMILTON.-

Ningún grupo de parlamentarios ha enviado al Congreso un proyecto sobre la materia. Se entregó, sí, a la directiva de la Democracia Cristiana, un trabajo muy interesante y una iniciativa de nacionalización del cobre, que el partido recogió como positivo aporte al estudio que venía haciendo de un proyecto serio de nacionalización para el caso de que la negociación entre el Gobierno y las compañías norteamericanas fracasara. En este evento, la iniciativa se habría sometido a la consideración del Congreso. No obstante, hasta ahora, otros sectores han guardado silencio. Los nacionales se han resistido a concurrir a la invitación formulada por el Presidente de la República, difiriendo un pronunciamiento oficial.

El señor GARCIA.-

No teníamos antecedentes, señor Senador.

El señor HAMILTON.-

Por lo menos, se quedaron callados; otros, sin antecedentes, han emitido opiniones.

El señor GARCIA.-

Nuestro partido formuló una declaración al respecto; no guardó silencio.

El señor HAMILTON.-

Los comunistas han adoptado la misma conducta de los nacionales, despreciando la única invitación que hoy día pueden recibir en América del Sur para concurrir a una casa de Gobierno. Además, antes de conocer todos los antecedentes, fundándose en noticias parciales -contradichas después- venidas desde Nueva York, han iniciado una campaña absurda, falsa y mezquina en contra de la nacionalización pactada.

Así como en la universidad los comunistas se declararon partidarios de la reforma para, luego de iniciada, olvidarse de ella y desatar una lucha por el poder, en el caso del cobre han demostrado con su actitud que no era la nacionalización lo que les interesaba, sino el conflicto con los Estados Unidos y el aprovechamiento político interno de las dificultades que una nacionalización conflictiva acarrearía al país y que la gestión del Gobierno ha evitado.

La señora CAMPUSANO.-

Está equivocado, Honorable colega.

El señor HAMILTON.-

Los socialistas de Chile no han cambiado la posición sostenida desde que conocieron el abrumador veredicto popular que hizo Presidente de Chile al señor Freí: negarle la "sal y el agua" a su Gobierno.

Algunos han reclamado porque no se consultó previamente al Parlamento, e inclusive han sostenido que la negociación se había hecho a sus espaldas.

¿Qué derecho tienen los partidos de Oposición, que han superado todas las diferencias doctrinarias sólo para oponerse al cumplimiento del programa de Gobierno; que han dilatado por años la aprobación de proyectos de ley que formaban parte de ese programa; que han quebrado todos los precedentes en su actitud obcecada respecto del Presidente de la República;...

El señor GARCIA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor HAMILTON.-

...que se han negado a concurrir siquiera a La Moneda para recibir del Primer Mandatario las informaciones sobre la nacionalización lograda, qué derecho tienen, digo, para protestar porque no se los consultó previamente ?

El señor GARCIA.-

¿Por qué no me da una interrupción, Honorable colega?

El señor NOEMÍ (Vicepresidente).-

¿Desea conceder interrupciones, Honorable señor Hamilton?

El señor HAMILTON.-

Más adelante.

El señor GARCIA.-

Su Señoría no quiere concederlas.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Puede continuar, señor Senador.

El señor HAMILTON.-

En el clima que vivimos, agudizado por los intereses partidistas, habría sido imposible lograr un acuerdo con los sectores políticos, e intentarlo siquiera habría significado una dilación perjudicial que habría entorpecido gravemente las negociaciones. El Gobierno ha actuado dentro de las atribuciones que le da la ley y, a nuestro juicio, ha hecho buen uso de ellas.

El señor GARCIA.-

¿Me puede conceder una interrupción ahora, señor Senador?

Opinión internacional.

El señor HAMILTON.-

Así ha reaccionado la opinión pública nacional, y también la internacional.

Por haberse usado como base y fundamentó de ciertas posiciones partidistas algunas noticias cablegráficas venidas desde Estados Unidos, tomaré determinadas citas de los órganos de información más importantes de ese país.

La señora CAMPUSANO.-

Su Señoría dice que son malas.

El señor HAMILTON.-

Así, por ejemplo, la revista "The New York Times" del 29 de junio, en uno de sus editoriales, se refiere a la materia diciendo: "El acto de Chile fue un golpe de shock para Anaconda, la cual no encontrará fácilmente fuentes alternativas de utilidades de la magnitud de sus propiedades chilenas". Y agrega: "La nacionalización chilena separa de la compañía lo que ha sido más del 70% de su provisión de cobre y lo que se calcula son los dos tercios de su poder de ganancia". En otra parte expresa: "Las complejas contingencias del plan de nacionalización de Chile hacen difícil determinar en detalle el futuro de Anaconda, pero el consenso de Wall Street resultaba al fin de la semana concordante con la descripción de nuestro analista: un desarrollo claramente negativo" -para Anaconda-. "El público hizo caer el precio de las acciones de Anaconda a su valor más bajo de 1969".

El Senador señor Mansfield, de Montana, en declaración que publicó una revista especializada -"American Metal Market"-, dice: "Es el mejor negocio" -se refiere al acuerdo logrado- "que Anaconda pudo hacer, con sus manos amarradas por un sentimiento creciente de tomar control de las explotaciones de cobre".

La señora CAMPUSANO.-

Esa es la razón.

El señor HAMILTON.-

Podría decir con las manos amarradas por el Gobierno.

El señor ALTAMIRANO.-

Por el Congreso.

El señor HAMILTON.-

No por el Parlamento.

El Honorable señor Altamirano ha tenido sobre la materia actuaciones a las que nos referiremos más adelante.

Juicio sobre la nacionalización.

Estimamos que los términos de la negociación, tomados en conjunto, constituyen un resultado positivo y conveniente para el interés de Chile.

La exposición hecha en sesión anterior por el Ministro de Mineríadon Alejandro Hales ha dado respuesta adecuada a las dudas acerca de cada uno de los puntos importantes de esta nacionalización pactada, especialmente con relación al plazo para comprar el 49%, a la forma de determinar su valor, a los aspectos financieros de la operación, a la tributación de las nuevas sociedades, a su administración y al alcance del convenio de asesoría. Por eso, estimo innecesario referirme de nuevo a estas materias.

Lamentablemente, ante una iniciativa de la envergadura de la nacionalización de las mayores reservas de cobre -única en el mundo, porque se hace de común acuerdo, dentro de la ley, sin estridencias ni alteraciones que perjudiquen la economía nacional-, el interés partidista, proyectado hacia objetivos políticos concretos y próximos, hace alinearse a muchos .en contra de este trascendental paso.

El Partido Comunista, por ejemplo, después de escuchar al Presidente Frei el 21 de mayo -oportunidad en que sólo planteó la "chilenización" de Anaconda-, por intermedio del Diputado señor Orlando Millas, formuló la siguiente declaración, aparecida en el diario "El Mercurio" del día. 22 de mayo: "Los comunistas siempre nos hemos opuesto a los convenios. Pero ahora el Presidente esbozó el anuncio de una nueva etapa. En la medida que ella signifique avanzar, nosotros, los comunistas, que siempre hemos sido partidarios de la nacionalización, estaremos con él. Lo dicho son sólo propósitos; ahora esperamos que se concreten". Ahora bien, después de conocer el anuncio del 26 de junio, donde el Primer Mandatario da cuenta, no ya de que ha acordado la "chilenización", sino de que ha pactado la "nacionalización" de Chuquicamata, Potrerillos y El Salvador -que no es otra cosa que la recuperación total de la propiedad de manos extranjeras para el Estado chileno-,. . .

La señora CAMPUSANO.-

Son sólo promesas.

El señor HAMILTON.-

...¿cómo se explica que el mismo partido haya calificado de "estafa al país" esta medida, que, cualesquiera que sean los reparos que le merezca, es en todo caso mucho más positiva y conveniente para el interés nacional que la propuesta por el Jefe del Estado el 21 de mayo último?

La historia no recogerá estos ataques, sino que juzgará la acción del- Gobierno por sus resultados y con relación a las alternativas posibles en la hora actual.

Comparación con sistema actual.

Para apreciar qué significa para Chile la "nacionalización pactada", nada mejor que compararla con la situación actual y con una eventual "nacionalización conflictiva" o expropiación.

Una proyección hecha por funcionarios de la Corporación del Cobre acerca de lo que el país obtendría de las minas en cuestión en 20 años, con el estatuto vigente o con la nacionalización recién convenida, permite establecer que el resultado de esta última es claramente superior al sistema antiguo.

Al precio promedio de 55 centavos en 1969, y de 40 desde 1970 hasta 1988, Chile recibiría US$ 1.739.000.000 con el régimen anterior, contra US$ 2.429.000.000 de la nacionalización pactada; o sea, con este nuevo sistema obtiene un aumento de US$ 689.000.000.

La señora CAMPUSANO.-

¿Cuánto recibiría Chile si tuviera todo el cobre en su poder?

El señor HAMILTON.-

Más adelante me referiré a eso, señora Senadora.

Al precio de 45 centavos de dólar por libra de cobre Chile recibiría 2.230.000.000 de dólares con el sistema antiguo, y con el nuevo, US$ 3.290.000.000; o sea, una diferencia de US$ 1.060.000.000 más en el mismo plazo.

Al precio de 50 centavos, con el sistema anterior recibiría US$ 2.720.000.000, contra US$ 4.178.000.000 del nuevo; es decir, obtendría US$ 1.458.000.000 mág.

Por último, - si el precio subiera a un promedio de 60 centavos, con el sistema anterior habría obtenido 3.700.000.000 dólares, y en virtud del acuerdo reciente recibiría US$ 5.966.000.000; lo que representaría un mayor ingreso para el país de US$ 2.557.000.000.

El señor ISLA.-

¡Las ventajas son incuestionables!

El señor HAMILTON.-

Todos estos ejemplos parten del supuesto de que Chile adquiere el 49% en 1973. En este cálculo se han sumado todos los ingresos obtenidos por participación de tributos y se han descontado los valores invertidos simultáneamente por el país para pagar el total de las acciones de las nuevas empresas.

Comparación con nacionalización conflictiva.

Más difícil resulta comparar la nacionalización pactada con una nacionalización total, inmediata, por ley, mediante una expropiación, sin acuerdo y con la eventual resistencia del expropiado.

Desde luego, la nacionalización pactada es una realidad en la que es posible determinar cuánto le cuesta al país, y se sabe que no representa riesgos políticos, financieros, administrativos, tecnológicos ni de mercados y que tampoco importa sacrificios especiales.

En cambio, la nacionalización conflictiva actualmente es sólo un ideal, difícil de medir, contenido en varios proyectos di fe-rentes entre sí, cuya tramitación puede demorar en el Congreso -como ha ocurrido desde hace mucho tiempo con todas las leyes importantes- y representa riesgos y sacrificios difíciles de evaluar en su significado económico.

En todo caso, suponiendo un proyecto de ley único y completo -que en la actualidad no existe- y una tramitación rápida en el Congreso para despacharlo -que no es normal-, subsistirían los riesgos y sacrificios.

Importan riesgos ciertos el traspaso conflictivo de la administración de las empresas y la compleja operación de las minas, y no es difícil imaginar los perjuicios económicos que ello pudiera acarrear para el interés de Chile.

También es un riesgo cierto el traspaso conflictivo de la comercialización del cobre, actividad en la que hasta ahora el país no ha intervenido directamente, y que el deterioro eventual de las favorables condiciones actuales del mercado, producido a lo mejor por la incorporación al mercado de la producción chilena en un año más, podría dificultar.

Asimismo, constituyen un riesgo las dificultades que una expropiación traería para el traspaso de la tecnología avanzada, que asegura la mejor explotación de las minas y la óptima calidad del mineral que actualmente produce Anaconda, lo cual se valora con mejores precios en el mercado internacional.

En 1964 -si me equivoco, el señor Ministro puede rectificarme-, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile concedió título apenas a ocho ingenieros de minas.

Países más avanzados que el nuestro y altamente desarrollados contratan y pagan en el extranjero la tecnología que no poseen. Por ejemplo, la industria automotriz soviética, no sólo obtuvo una inversión de la FIAT italiana del orden de los 600 millones de dólares, sino que además paga a esa firma la asesoría técnica que ella le presta y la administración misma de la industria, mientras rija el crédito respectivo. ¡ Eso que es bueno en la Unión Soviética, es malo en Chile, en circunstancias de que aquí la propiedad de las minas, pasa a poder del Estado junto con la explotación, comercialización, venta, administración y operación de los minerales!

El señor MONTES.-

Eso no es efectivo.

El señor HAMILTON.-

Además del ejemplo que acabo de citar, existen otros.

La Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que edita la revista de más alto nivel científico del mundo, acaba de llegar a un acuerdo con una empresa norteamericana, mediante el cual ésta se compromete a distribuir esa publicación en todo el mundo y triplicar su difusión en menos de dos años. ¡ Eso puede hacerlo la Unión Soviética.. . !

Bulgaria ha entregado todo el desarrollo del turismo -es un dato proporcionado por el Embajador de ese país en Chile, y se puede dar a conocer porque no es privado- a la empresa norteamericana Hil- ton, porque reconoce que no domina la materia y porque, deseando obtener el máximo provecho de esa actividad, se la ha entregado, sin ningún complejo, a los americanos, que son los que mejor manejan este rubro.

La señora CAMPUSANO.-

Pero en ese caso se trata de desarrollar una industria.

El señor HAMILTON.-

En el caso de la expropiación, el país, en circunstancias difíciles, habría tenido que hacer sacrificios muy concretos que nadie ha planteado en el país. No me refiero al pago de la indemnización.- Y en este punto quiero suponer que el pago de ella proviene del mismo negocio de la venta del cobre, que los niveles de su precio se mantienen y que, incluso, aumentan. Me estoy refiriendo al esfuerzo necesario para continuar los planes de expansión en plena ejecución, al capital de giro que toda empresa, requiere, en ningún caso susceptible de expropiación, y a los recursos para suplir los créditos externos destinados al financiamiento de programas de desarrollo en otros sectores.

La señora CAMPUSANO.-

Con el aval de Chile.

El señor HAMILTON.-

El señor Ministro de Hacienda ha apreciado estos rubros aproximadamente en 300 millones de dólares, cantidad de la que el país tendría que disponer a muy corto plazo. Me estoy refiriendo a la nacionalización ideal, es decir, a la realizada mediante expropiación. Esa suma equivale aproximadamente a tres mil millones de escudos, y es cercana al monto total, en un año normal, de las inversiones fiscales en vivienda, salud, obras públicas, reforma agraria, educación, desarrollo industrial, etcétera. Como el país no podría paralizar esas inversiones, debería obtener sus recursos de otras fuentes internas, aumentando probablemente los impuestos y disminuyendo los reajustes a los trabajadores.

¿Habría solidaridad real de los partidarios de la nacionalización conflictiva para imponer esos sacrificios al país?

El señor ISLA.-

¡Ya se está viendo...!

El señor HAMILTON.-

Por otra, parte, a juicio de los técnicos del Gobierno -información que los Ministros presentes pueden rectificar-, esa "nacionalización ideal" tendría un rendimiento para el país -y con esto contesto a la señora Senadora-...

El señor ISLA.-

Es impresionante.

El señor HAMILTON.-

...similar al de la nacionalización real pactada, pero con una gran diferencia a favor de esta última: el precio, en este caso, está determinado por reglas claras y precisas, no queda sujeto a peritajes ni a rectificaciones judiciales -como ocurre en los proyectos presentados al Congreso y, en todo caso, de acuerdo con nuestra Constitución ; en particular, ya hay un precedente en el país con lo ocurrido en la reforma agraria-, los que podrían aumentar el monto de la indemnización más allá de la voluntad del legislador, y quebrar el aparente equilibrio en el rendimiento de ambos tipos de nacionalización.

La señora CAMPUSANO.-

Eso quiere decir que estamos subordinados a los yanquis.

El señor HAMILTON.-

Estamos subordinados a la legislación que soberanamente el país se ha dado y a la Constitución Política, en especial a la norma contenida en el número 10 del artículo 10, que ustedes mismos aprobaron hace apenas cuatro años.

La señora CAMPUSANO.-

Los democratacristianos se amarran a todas esas cosas. Por eso no han hecho los cambios.

El señor ISLA.-

Ni los ha precipitado.

El señor HAMILTON.-

Lo que pasa es que la decisión del Gobierno terminó con una bandera que a ustedes les servía mucho.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

luego a los señores Senadores no interrumpir.

Puede continuar el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.-

Pero, además, hay otra diferencia grande e importante, que muchas veces no se ha considerado al plantear el problema: la nacionalización por ley daría origen a una indemnización a las empresas expropiadas por el valor de las minas. El yacimiento de Chuquicamata ha sido avaluado recientemente por la Corporación de Fomento y el Servicio de Minas del Estado entre 600 millones y 800 millones de dólares. En todo caso, Anaconda pagó por Chuquicamata 99 millones de dólares hace más de 40 años,...

La señora CAMPUSANO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor HAMILTON.-

...precio que, reajustado al valor actual del dólar, es del orden de los 300 millones de dólares.

En cambio, en la nacionalización pactada no se paga ni un escudo por ninguna de las minas de ninguna de las dos empresas, que en conjunto producen las dos terceras partes del cobre de la gran minería de Chile.

El señor MONTES.-

¡Son propiedad del Estado! ¿Cómo se van a pagar?

El señor HAMILTON.-

Eso demuestra ignorancia supina en materia jurídica y de minas.

El señor MONTES.-

Voy a. demostrar lo contrario.

El señor HAMILTON.-

Ojalá lo demuestre, porque hasta el momento ningún jurista lo ha hecho. En el mejor de los casos -me coloco en esta posición sólo para el efecto de discurrir-, esta materia quedaría entregada al juicio y criterio de los tribunales.

El señor MONTES.-

No, señor Senador.

Objetivo nacional.

El señor HAMILTON.-

El Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano no plantearon la nacionalización como una bandería política, sino como un gran objetivo de carácter nacional. No obstante, resulta evidente, de la actitud asumida por la mayoría de los partidos de Oposición, que ellos no la han entendido así.

La decisión política de dar este paso, determinante para el desarrollo e independencia económica de Chile, no será compartida por la superestructura política de los partidos de Oposición, pero está respaldada por la voluntad mayoritaria del pueblo.

Ninguno de los partidos de Oposición...

El señor GARCIA.-

¡No empañe su discurso, Honorable colega!

El señor HAMILTON.-

...tiene autoridad para reclamar una solución más drástica e inmediata, ya que todos ellos pasaron por el Gobierno del país en los últimos cuarenta años, y nada hicieron efectivamente para que Chile recuperara su cobre.

El señor GARCIA.-

¡No empañe su discurso, señor Senador!

El señor HAMILTON.-

Muchas veces recomendaron la nacionalización, pero nunca siquiera intentaron realizarla. La odiosidad, la pasión o simplemente la mezquindad política no podrán opacar ante la historia esta importante conquista del país. Chile es una nación pequeña, pero, una vez más, ha dado al mundo un ejemplo grande.

El señor ISLA.-

Es para despertar la conciencia nacional.

El señor MONTES.-

Deseamos entrar al debate para fijar nuestra posición, ya adelantada en diversos discursos e informaciones de prensa por nuestro partido, sobre el problema que nos preocupa, que estimamos de la máxima importancia para el país.

Quiero comenzar expresando que la explotación por parte de monopolios norteamericanos de nuestras riquezas mineras, continúa siendo una. de las causas principales que impiden el desarrollo del país. Esto, nos parece, interesa a todos los chilenos sin excepción, porque, como aquí se ha dicho, se trata de una riqueza de la que en estos instantes pueden obtenerse las máximas posibilidades para Chile.

Nosotros hemos dado cifras y señalado el ejemplo de lo que estos monopolios se llevan de nuestro país: anualmente se produce una sangría cercana a 400 millones de dólares. Esto significa más de un millón de dólares diarios, o sea, sobre 12 millones de escudos al día. Ocurre la paradoja de que una nación subdesarrollada, cuyos gobernantes aseguran no tener recursos suficientes, exporta capitales de una cuantía faraónica al país capitalista más rico de la tierra.

Nosotros formulamos una pregunta simple. ¿No es más conveniente para los intereses de Chile que esos recursos sean empleados aquí en beneficio de los chilenos? La respuesta es también obvia, porque el problema del desarrollo de nuestro país es de orden económico y, en el fondo, sobre todo, de tipo político, ante el cual es indispensable adoptar posiciones. A mi juicio, cada cual ha adoptado la suya.

En nuestro país es indispensable construir viviendas, levantar industrias, crear nuevas fuentes de trabajo, hacer caminos, escuelas, hospitales; elevar el nivel de vida del pueblo, lo cual no es un problema secundario, sino el primero que debe afrontarse.

Por eso, los comunistas estimamos que el negocio del cobre adquiere una dimensión nacional, y en ase plano deseamos tratarlo.

Nuestras afirmaciones de que la exportación de capitales de Chile y del resto de los países latinoamericanos es inmensamente superior a los recursos que envía Estados Unidos, está expresada por gente que conoce el problema, por los estudiosos desde el punto de vista económico. El propio Canciller chileno, don Gabriel Valdés, al hablar en Estados Unidos en representación de los países latinoamericanos -según dijo la prensa, "de una manera nueva"- afirmó, entiendo que se ha repetido en el propio Senado de la República, que por cada dólar que Estados Unidos manda a América Latina obtiene cinco de las naciones de esta área. Nosotros pensamos que precisamente a esto debe ponérsele término. No >es posible -insistimos en ello- que un país como el nuestro continúe exportando a los Estados Unidos, al país capitalista, más rico de la tierra, a los monopolios norteamericanos, capitales de una cuantía tan enorme.

Esa verdad se manifiesta principalmente en el cobre chileno. Las cifras de lo que representan las ganancias norteamericanas durante 50 años de explotación de ese mineral, ascienden a 4 mil millones de dólares, suma muy cercana a la mitad del valor físico total de nuestro país. ¡Como para que nos demos cuenta de lo que en realidad constituye esa sangría, que debiera ser cortada de raíz si verdaderamente tuviéramos y nuestros gobernantes tuvieran el coraje y la decisión necesarios para realizar a favor de Chile lo que denominamos el rescate de nuestras materias primas!

Al comenzar este Gobierno, se inventó el sistema llamado de "chilenización". A nuestro juicio -y entendemos que los hechos así lo han demostrado-, no ha sido más que un plan ideado con el objeto de que las compañías norteamericanas ganen más, pero cuyo resultado práctico ha sido que el Estado de Chile haya perdido más.

Eso lo aseveramos sobre la base de hechos. El propio Presidente de la República, cuando planteó la necesidad de iniciar conversaciones con la Anaconda -y aun antes de ello-, señaló que era imperativo para Chile tener mayor participación en el sobreprecio del cobre. Esta idea, que surgió al comprobar cuánto se llevan del país los norteamericanos por ese concepto, es justa y correcta. Avalamos y respaldamos la apreciación del Jefe del Estado.

Esa afirmación del Presidente de la República, hecha cuatro años después de la firma de la ley sobre Convenios del Cobre, deja al descubierto por lo menos un aspecto de lo que han significado, y demuestra que en aquella negociación no se resguardaron cabalmente los intereses del país, toda vez que la propia realidad ha probado que, en cuanto al sobreprecio, esos convenios no fueron favorables.

El señor PALMA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor MONTES.-

Con todo agrado.

El señor PALMA.-

A mi juicio, es apropiado el tono con que el Honorable señor Montes está llevando su intervención. Ello permitirá, si concede interrupciones -con cargo a. nuestro tiempo, como es lógico-, hacer aclaraciones en torno del problema.

En primer lugar, Su Señoría hizo un diagnóstico de lo que han significado las inversiones norteamericanas en Chile y, en general, en Latinoamérica, y llegó a conclusiones que todos compartimos.

La Democracia Cristiana, durante años, antes de llegar al Poder, realizó esos mismos análisis. La diferencia central entre las posiciones que siguen sosteniendo algunos grupos políticos y la del actual Gobierno, consiste en que este problema, cuyo diagnóstico -repito- compartimos, ha sido abordado de alguna manera por los democratacristianos, para empezar a resolverlo a favor de Chile.

No es cierto que durante este proceso nuestro país haya perdido algo. En el caso concreto del cobre, ha ganado más cada año, en virtud de una serie de circunstancias que están a la vista de todos. Puede ser que no haya obtenido todo lo que debió obtener si hubiéramos tenido en 1964 la experiencia que hoy poseemos, después de manejar de manera casi directa el problema, del cobre, por la vía de los organismos creados por el Gobierno y de la política que empezó a desarrollar.

Concuerdo con el diagnóstico. Es bueno. Pero no creo afortunada la frase de que Chile perdió más con esas negociaciones. No, señor Senador: se ganó más. En verdad, no se ha obtenido todo lo que se pudo haber ganado. También es cierto que las compañías han tenido más ganancias. El hecho lo hemos podido comprobar y hemos tratado de corregirlo, para crear condiciones de equidad, hasta llegar hoy día a la fórmula que se ha logrado concretar. A partir de 1972, el total de las ganancias será de Chile, menos lo que debe cancelarse -como es lógico- por la expropiación.

Quiero dejar bien establecido que durante los últimos cuatro años nuestro país no ha perdido nunca nada. Ha dejado de participar en utilidades que pudieron eventualmente ser mayores para Chile. Pero, precisamente, estos únicos años en que el Estado ha tenido experiencia directa, al intervenir en todos los aspectos de la gestión del cobre, le han permitido construir la nueva etapa que se empieza.

El señor MONTES.-

Sólo me haré cargo de un aspecto de la idea desarrollada por el Honorable señor Palma. A mi juicio, el problema estriba en cómo se observa y desde qué ángulo se analiza el asunto.

Hemos aseverado que Chile pierde con los convenios. El Honorable señor Palma asegura que no ha obtenido algo que pudo obtener si en realidad los convenios se hubieran suscrito de otra manera. Considero que, en el fondo, nuestra afirmación es perfectamente válida, si se tiene en cuenta que nos encontramos frente a una compañía extranjera que desangra a Chile de la manera como lo hacen las empresas norteamericanas. Desde nuestro punto de vista, creo que es un deber irrenunciable de los chilenos tratar de obtener todo para el país. En todo caso, las mejores condiciones.

El señor HAMILTON.-

Eso es lo que se hizo.

El señor MONTES.-

Eso es lo que no se hizo, señor Senador.

El señor HAMILTON.-

Se hace ahora, Honorable colega.

El señor MONTES.-

Daré una sola cifra -que es la síntesis- relacionada con los convenios, y por falta de tiempo no daré los detalles: mientras el ingreso fiscal por concepto de tributos aumentó en 17,7%, la utilidad de las compañías se incrementó en 85%. La participación de Chile creció, pero la de las compañías extranjeras, es decir, lo que se deja de percibir, lo que se niega a Chile como posibilidad de entrada, es realmente cuantiosa.

Todavía más, en circunstancias de que el ingreso total de divisas crece en 36%, los valores no retornados aumentan en 75%.

¡Este es un acuerdo entre el tiburón y la sardina! ¡Si estos convenios han sido hechos para favorecer a las compañías norteamericanas!

Me parece evidente, a la luz de las cifras y datos, que la llamada "chilenización" del cobre no es tal y que se podría hablar de "yanquización", porque los ingresos, utilidades y ganancias obtenidos por las compañías son mucho mayores, inmensamente superiores a los de antes, aun cuando Chile también avanza, en una baja proporción. Evidentemente, eso nos demuestra cuál es el verdadero carácter de los convenios.

El señor ISLA.-

¿Me permite, señor Senador?

En verdad, en esta materia no me atrevo a discutir los porcentajes de 17,7% y 85%) entregados por el Honorable señor Montes, pues no tengo los antecedentes necesarios para ello. Seguramente, en su oportunidad, el señor Ministro u otra persona puntualizarán este aspecto. No puedo dudar de Su Señoría.

Coincido con el Honorable señor Palma en que los convenios han producido mayores ingresos al país y han creado las condiciones para realizar esta nacionalización pactada.

Como representante de una provincia cuprera, puedo decir que los convenios han permitido, por lo menos en el caso de la Kennecott, de la Sociedad Minera "El Teniente", que el Estado chileno sea dueño del 51% de las acciones.

Para terminar con la interrupción que .rae ha concedido el Honorable señor Montes, debo referirme a los planes de desarrollo, que son muy importantes, porque en definitiva constituirán inversión de capital, utilidad para el pueblo de Chile, para el Estado. Las condiciones están dadas para ello. En el caso de la Kennecott, los caminos construidos en Rancagua constituyen tal vez una de las más grandes obras de ingeniería efectuadas en América del Sur en los últimos años, y quizás una de las mayores del mundo. A mi juicio, esos planes justifican los Convenios del Cobre, fuera de otras razones que se pudieran invocar.

Muchas gracias por la interrupción.

El señor HAMILTON.-

Sin entrar a discutir los porcentajes y cifras que se han dado, quiero señalar un hecho muy importante, del que se está prescindiendo: el aumento del precio del cobre.

Es evidente que, en la medida en que Chile sea socio minoritario, o no sea socio, el sobreprecio ingresa íntegramente a las arcas de la compañía y las utilidades de ésta crecen. Pero como no se trata de una política estática, sino de un hecho sobreviniente, que no se consideró por nadie cuando se discutieron los convenios -hubo, tal vez, un error, felizmente un error de todos, una omisión común-, ahora esa política, que no es estática, se rectifica, y no sólo en el caso de Chuquicamata, sino en el de las minas de la Kennecott, el Estado entra a participar mayoritariamente en el sobreprecio y a restablecer así el equilibrio en el negocio del cobre.

Esa misma política iniciada en 1965, cuyos resultados positivos se han dado a conocer someramente ahora, nos permite dar este nuevo paso y recuperar las dos terceras partes de la gran minería del cobre para Chile, por medio de la nacionalización.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Honorable señor Montes, el señor Ministro le está pidiendo una interrupción.

Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MONTES.-

Excúseme, señor Presidente.

Supongo que el tiempo respectivo se imputa al del Comité que solicita la interrupción.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Sí, señor Senador. En este caso, al del señor Ministro.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Señor Presidente, quiero expresar al Honorable Senado y, en especial, al Honorable señor Montes, que los objetivos que señaló el Presidente de la República con motivo de los convenios de 1964 fueron expresados muy claramente y que esos convenios están en ejecución; de modo que mal se podría hablar de su fracaso.

Cuando se discutió el respectivo proyecto en el Parlamento, el Ministro de Minería de la época y los señores Senadores que participaron en el debate hicieron presente que, en efecto, en los primeros años se produciría una merma en la tributación, particularmente en el caso de la Kennecott, por razones muy claras que fueron muy bien explicadas: en virtud de la ley Nº 11.828, por lo alta que se fijó la cifra de producción básica, la tributación de esa Compañía estaba resultando expropiatoria y su producción se encontraba prácticamente estancada.

En 1963, en este mismo Senado, al discutirse la ley de Reforma Tributaria, el Ministro de Hacienda de ese entonces, al dar a conocer las bases del convenio existente con las empresas de la gran minería, que precisamente tenía por objeto aumentar la producción y refinar más cobre en Chile, hizo presente -varios partidos integraban ese Gobierno- que debían otorgarse a las empresas ciertas garantías en cuanto a franquicias y rebajas tributarias, con el objeto de facilitar la inversión.

En esa época -debe recordarlo muy bien el Honorable Senado-, los Honorables señores Tomás Pablo, Luis Quinteros Tricot- Senador socialista- y Carlos Contreras Labarca, en representación de la minoría, dijeron que no era admisible plantear esos convenios con ocasión del despacho de una ley tributaria, ni menos proponerlos por medio de una indicación. Y seguramente los señores Senadores recordarán -son muy estudiosos; si no lo recuerdan o no participaron del debate, que se llevó a efecto en agosto de 1963, pedirán los discursos respectivos-que esos convenios, cuyo objeto era ampliar la producción y normalizar la situación tributaria de algunas empresas, tenían por base exclusiva el otorgamiento de franquicias. Se proyectaban una mayor producción en Chuquicamata y El Salvador y el aumento de la refinación en Chile y se abría la posibilidad de efectuar inversiones en el mineral El Teniente, así como la de explotar el mineral Andina, que durante cuarenta años habían tratado más de veinte empresas de poner en marcha, sin conseguirlo.

Pues bien, en aquella oportunidad sólo se propusieron franquicias para las empresas con el fin de facilitar las inversiones. Vino, en seguida, el Gobierno del PresidenteFrei, y ¿qué propuso? Objetivos muy precisos en cuanto a los convenios, y por eso creo que no se puede utilizar en forma parcial la disminución de ingresos producida en aquella época.

El Presidente Frei planteó los siguientes cuatro aspectos fundamentales, que están señalados, están dichos: 1º, un aumento substancial de la producción de cobre, para llegar, en la década de 1970, a 1 millón 200 mil toneladas aproximadamente, contra las 650 mil toneladas que en ese entonces se producían; 2º, la refinación en el país de ese metal, dentro de las condiciones técnicas y comerciales del mercado mundial, que siempre mantiene una cuota de cobre no refinado; 3º, un aumento definido en los consumos de las compañías productoras en el país, y, por lo tanto, su incorporación completa al desarrollo de la economía nacional; y 4º, una intervención decidida del Estado, como representante de los intereses de la comunidad nacional, en la dirección y realización del comercio del cobre chileno, lo cual incluye el comercio con todos los países del mundo, sin otra limitación que el interés nacional.

Esos fueron los cuatro objetivos centrales de la política del cobre señalada por el PresidenteFrei. Pero hay algo más, en lo cual estriba la gran diferencia: en tanto los planes anteriores fueron exclusivamente de expansión y facilidades para las empresas, los de este Gobierno variaron, pues al expresar al Congreso la necesidad de que tales facilidades para la inversión fueran otorgadas, agregó estar convencido de que al pueblo de Chile le asiste el derecho de tener participación en la propiedad de las empresas. Así fue como, en el caso de Andina, mejoró las condiciones anteriormente acordadas.

No me gusta hacer comparaciones con lo actuado por otros Gobiernos u otros Ministros; a mi juicio, desde que se creó el Ministerio de Minería, ha sido uno solo el Ministro de esa Cartera.

Como decía, en esa ocasión, por las circunstancias anotadas, se ofrecieron nuevas condiciones: por ejemplo, a Andina, pagar 10% de impuesto a la renta y 25% de adicional, pero no se habló de ninguna participación. Este Gobierno, en virtud de las atribuciones obtenidas de este Congreso, llegó a un acuerdo con Andina, consistente en aumentar el impuesto a la renta y el adicional, y además obtuvo una participación original de 25%.

Excúseme, señor Senador, que me extienda un poco. Lo hago en el entendido de que los minutos que ocupe serán descontados de mi tiempo.

Ese proyecto está realizándose. Pero el año pasado, con motivo de que hubo necesidad de realizar mayores inversiones en Andina y de la imposibilidad en que ésta se encontraba de efectuarlas, el Gobierno obtuvo de dicha empresa una modificación del trato anterior, no porque éste fuera malo, sino porque las condiciones eran tales que justificaban tal enmienda, no en resguardo del interés nacional -éste nunca se ha dejado de considerar, nunca ha sido violado-, sino con miras a obtener mejores condiciones para el Fisco. Obtuvimos una participación de 30%, en vez de 25%, amén de modificaciones en e] contrato de refinación, a fin de dejarlo en condiciones similares a las convenidas con otras compañías, y no con los caracteres de excepción que antes se le habían otorgado por ley. Es decir, se establecieron condiciones que permitieran obtener un mejor aprovechamiento por parte del Estado. Pero -repito- no porque lo anterior haya sido malo.

En seguida, ¿qué se planteó respecto de las otras empresas? El plan de expansión de El Teniente ya fue esbozado en esta Corporación en 1963. Es una lástima que no se hubiera hecho antes, porque, de haberse puesto en marcha en aquella época, ya estaríamos recogiendo los frutos de una mayor inversión: las 165 mil toneladas estarían transformadas en 280 mil. Seguramente, como acostumbramos hacerlo dentro de nuestro juego democrático, estaríamos criticando, diciendo que sólo se dieron facilidades a la empresa Kennecott. En cambio, no hubo ninguna participación.

Ahora, el plan se desarrolla, la ampliación está en puertas de ser obtenida; lo más importante se está realizando y algunas cosas terminadas. Pero, además, el Estado tiene participación en 51%, lo que jamás existió ni fue soñado, y también se ha obtenido en otras empresas. Se hablaba de poner en marcha la Exótica, pero bajo la sola tuición de la compañía norteamericana Anaconda, y se le daban franquicias tributarias mayores que las que tiene hoy día. Pues bien, por los convenios se le dieron las facilidades establecidas en leyes dictadas por este mismo Parlamento, y, además, se solicitó una participación del Estado -cosa importante- de 25%, participación de costo sumamente bajo.

Por eso, digo que no es conveniente olvidar los objetivos de los convenios, que se están cumpliendo y cuyos resultados se comprobarán al término de los mismos, en 1970 y 1971. En todo caso, las aspiraciones de mayor participación del Estado se han ido satisfaciendo de modo nunca antes imaginado.

Muchas gracias, señor Senador.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Honorable señor Montes, quiero hacerle una pregunta.

El tiempo del Comité Comunista es de 44 minutos. La intervención de Su Señoría, descontadas todas las interrupciones, ha sido de once minutos. Le quedan, pues, treinta y tres. ¿Quiere continuar Su Señoría en el uso de la palabra hasta el término de su tiempo, es decir hasta las dos de la tarde, o prefiere que suspendamos la sesión de inmediato y terminar su intervención después de almuerzo, cuando falte un cuarto para las cuatro?

El señor MONTES.-

Si me permite, señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Silva Ulloa. Después, responderé a Su Señoría.

El señor SILVA ULLOA.-

Agradezco al Honorable señor Montes la interrupción que me ha concedido.

Nosotros queremos recordar que, en la oportunidad en que se discutió el proyecto que se convirtió en la ley Nº 16.425, que autorizó los Convenios del Cobre, celebrados con las diferentes empresas que explotan la gran minería, fijamos nuestra posición en esta materia, y la reiteraremos hoy cuando nos corresponda hacer uso de la palabra.

Sin embargo, sin entrar a discutir guarismos, queremos dejar en claro un hecho: que los Convenios del Cobre limitaron la soberanía del país, restaron a Chile poder de decisión en una de las materias más importantes de su economía. Esta es una verdad que no puede discutirse, cualesquiera que hayan sido los resultados...

El señor PALMA.-

Dos años después de haberlos firmado, estamos modificando los convenios: esa es la limitación.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Señor Senador, el Honorable señor Silva Ulloa está haciendo uso de una interrupción.

El señor SILVA ULLOA.-

El Honorable señor Palma dice que, después de dos años de aprobados los Convenios del Cobre, ahora se están modificando. Mas, para enmendarlos, ha sido necesario el asentimiento de Anaconda, lo cual confirma nuestra apreciación en cuanto a los convenios, que el país no puede ignorar. Sin duda, ello concede plena validez a los argumentos dados por nosotros en su oportunidad: Chile perdió poder de decisión; limitó su soberanía en virtud de esos convenios. Las proyecciones económicas las analizaremos y discutiremos más adelante. Esta "nacionalización pactada" -por ]o menos, durante el período en que la Anaconda conserva el 49% de las acciones- constituye, a nuestro juicio, prácticamente la continuación de esa política.

El señor MONTES.-

Debo informar a Su Señoría que prefiero continuar mi exposición en la tarde.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Bien, señor Senador.

Se suspende la sesión hasta un cuarto para las cuatro.

-Se suspendió a las 13.26.

-Se reanudó a las 15.48.

El señor PABLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Puede continuar el Honorable señor Montes con el uso de' la palabra.

Advierto a Su Señoría que le restan 33 minutos.

El señor MONTES.-

En primer lugar, deseamos entrar a considerar los términos de las bases de acuerdo del convenio suscrito entre el Gobierno de Chile y la Anaconda, que hemos conocido anteayer, cuando el señor Ministro de Minería realizó su exposición en el Senado.

Nosotros sostenemos que el convenio mencionado, de acuerdo con lo establecido en él, fija como precio del 51%. de las acciones el valor de libros, que el propio Presidente de la República estima en ciento noventa y siete millones de dólares. Así lo expresó en la audición de radio en que dio cuenta al país de esta materia. Siguiendo con el mismo cálculo, el Primer Mandatario estimó el valor total en trescientos -sesenta y ocho millones de dólares; ello sin considerar para el 51%, las deducciones indispensable contenidas,, por ejemplo, en el proyecto de nacionalización presentado por el Partido Comunista, el Partido Socialista y el MAPU. Dicha iniciativa dispone que la indemnización que deberá pagarse por las instalaciones de la empresa no podrá exceder del valor residual en libros de los activos de la Anaconda, deducidos amortizaciones, depreciaciones, castigos, cesión, ventas, "depletion" y las reservas necesarias para cumplir sus compromisos pendientes. Un procedimiento similar establece el proyecto elaborado por el Partido Radical sobre la misma materia y el anteproyecto sometido por el Diputado señor Maira a la consideración de la directiva de su partido y conocido por la junta del mismo.

De acuerdo con los antecedentes dé que disponemos, sobre la base del cálculo señalado en nuestro proyecto, la indemnización total por Chuquicamata y El Salvador oscilaría entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta millones de dólares.

Pues bien, el Gobierno ha dicho que el valor de libros de las empresas Chilex y Andes, al 31 de diciembre de 1968, ascendería a 388 millones de dólares.

La revisión que hemos hecho de los- balances de la Chile Copper Mining y de la Andes Coppér Mining, publicados en el Diario Oficial de 17 de septiembre de 1968, y que corresponden a los valores consolidados del 31 de diciembre de 1967, revelan los siguientes datos.

Con respecto a la Chile Copper Mining, el valor del activo inmovilizado es de 353.087.111 dólares; la depreciación se estima en 171.230.155 dólares; la diferencia entre el valor del activo inmovilizado y la depreciación es de 181.856.956 dólares; las inversiones alcanzan a 11.281.219 dólares, de modo que el valor en libros de la Chile a la fecha indicada, según el balance de la propia compañía, es de 193.138.175 dólares.

En cuanto a la Andes Copper Mining, según el balance, el valor del activo inmovilizado, deducidas las depreciaciones, alcanza a 33.030.350 dólares; las nuevas inversiones suman 25.309 dólares. Por lo tanto, el valor en libro llega a la suma de 33.055.659 dólares.

En resumen,.. .

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor MONTES.-

Perdone, señor Ministro, pero deseo terminar mis observaciones, que inclusive he tratado de traerlas por escrito.

El señor PABLO.-

El señor Senador no desea ser interrumpido.

El señor MONTES.-

Como decía, en resumen, el valor de libros de la Chile Copper y de la Andes, al 31 de diciembre de 1967, según el balance de esas compañías, alcanza a 286.193.834 dólares; las inversiones en ambas empresas en el año 1968, según la Corporación del Cobre, a 58.073.100 dólares, y el valor de libros al 31 de diciembre de 1968, a 284.266.934 dólares.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Me permite, señor Senador?

El señor MONTES.-

Al final de mi intervención, el señor Ministro podrá formular las objeciones que desee.

El señor PABLO (Presidente).-

El señor Senador no desea ser interrumpido.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Pero si lo que está diciendo el Honorable señor Montes es distinto de la realidad.

El señor MONTES.-

Son las cifras contenidas en los balances.

El señor PABLO (Presidente).-

Al final del discurso del señor Senador, Su Señoría podrá rectificarlo.

El señor MONTES.-

Esta cifra, contenida en los balances de las empresas nombradas, es inferior en ciento dos millones de dólares a la señalada en el cálculo del Gobierno para la Anaconda.

¿Por qué se produce esta diferencia? A nuestro juicio, porque dichas empresas, subsidiarias de la Anaconda, tienen considerados en sus activos inmovilizados el valor de las minas, pertenencias mineras, derechos de aguas y tierras.

El señor PALMA.-

Está equivocado Su Señoría.

L1 señor MONTES.- El señor Senador podrá demostrar mi error a continuación, señalando los antecedentes del caso.

El señor PALMA.-

Perfectamente.

El señor PABLO (Presidente).-

El Honorable señor Montes no desea ser interrumpido.

El señor MONTES.-

En su balance de diciembre de 1967, la Chile valoriza estas minas, pertenencias mineras, yacimientos, etcétera, en la suma de 99.468.000 dólares, y la Andes, en 24.986.000 dólares. En otras palabras, de lo dicho se desprende que el Gobierno acepta que la Anaconda le venda las minas, los yacimientos y las pertenencias, que, como se sabe, son de la exclusiva propiedad del Estado chileno.

Si estamos en un error -estamos absolutamente convencidos de que no es así-, deseamos que nos demuestren lo contrario con los antecedentes del caso, pues el Honorable señor Hamilton, en su intervención de la mañana, puso en duda la propiedad del Estado sobre los yacimientos, lo que, a nuestros juicio, sienta un gravísimo precedente y significa, en el fondo, un argumento a favor de las compañías extranjeras.

Nosotros sostenemos que la propiedad de los minerales reside en el Estado, como lo señalan los Códigos Civil y de Minería. El Estado sólo puede otorgar pertenencia pero su propiedad sobre los yacimientos subsiste.

El señor BALLESTEROS.-

El Honorable señor Hamilton no ha dicho eso.

El señor MONTES.-

En su argumentación, el Honorable señor Hamilton dijo que este asunto podría ser cuestionado ante los tribunales, con lo cual, en el fondo, estaba poniendo en duda que los yacimientos pudieran pertenecer al Estado chileno.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No hay duda de que los yacimientos pertenecen al Estado.

El señor MONTES.-

Claro que no la hay, pero.

El señor BALLESTEROS.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor PABLO (Presidente).-

El Honorable señor Montes no desea ser interrumpido.

El señor BALLESTEROS.-

Deseo aclarar el punto, ya que el Honorable señor Montes pide que se haga claridad al respecto.

El señor PALMA.-

No le interesa que se aclare...

El señor PABLO (Presidente).-

Con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra Su Señoría.

El señor BALLESTEROS.-

Escuché con bastante detenimiento -imagino que con la misma atención lo hizo el Honorable señor Montes- las palabras del Honorable señor Hamilton.

El señor Senador nunca ha afirmado -de haberlo hecho, habría estado desconociendo lo dispuesto en forma permanente y expresa por los Códigos de Minería y Civil- que el Estado chileno, como Estado soberano, no posea un derecho inmanente sobre los yacimientos. Esa propiedad no ha sido objetada y creo que nadie puede ponerla en duda con fundamentos serios.

El Honorable señor Hamilton sostuvo en su exposición de esta mañana que, al momento de adquirir esos yacimientos, la Anaconda hizo un desembolso, si mal no recuerdo, cercano a los noventa millones de dólares; es decir, tuvo que pagar por ellos los respectivos derechos que la legislación minera prescribe.

Repito: no he escuchado al Honorable señor Hamilton decir que el Estado chileno no tiene la propiedad inmanente sobre esos yacimientos, por cuanto, como he manifestado, es un derecho consagrado por nuestra legislación minera en vigencia.

Hago esta aclaración para que no se siga-argumentando sobre la base de una interpretación errada en que el Honorable señor Montes -no puedo suponer otra cosa- ha incurrido de muy buena fe.

El señor MONTES.-

Me alegro mucho de que se haya hecho la aclaración, porqué -insisto- lo argumentado por el Honorable señor Hamilton en la mañana de hoy en torno del problema dejó la impresión -quizás no sólo al Senador que habla- de que por lo menos estaba planteando la duda. Si no es así, creo que la situación está superada.

Continuando con la argumentación anterior, sostenemos, en resumen, que lo que podría costar la compra total de los minerajes de Chuquicamata y El Salvador se paga con sólo el 51% de las acciones, según el convenio propuesto por el Ejecutivo; pero en todo caso la Anaconda queda a cargo del negocio, por medio de la asesoría que técnicamente denomina "administración operacional" y con derecho a veto en el directorio, mediante el cual sigue controlando, en el hecho, igual que antes las inversiones.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No es así.

El señor MONTES.-

Según me anota el señor Ministro de Minería, no es así.

Yo argumento sobre la base de lo expresado en el propio convenio.

En cuanto al precio del restante 49%, el convenio lo fija "multiplicando el promedio de la utilidad neta anual desde el 1º de enero de 1970 hasta la fecha de compra". Si la compra se efectúa en 1973 la multiplicación es por ocho. ¿Qué significa esto?

La producción en Chuquicamata y El Salvador se calcula para esa época en 1.020 millones de libras anuales; el costo total de producción y comercialización, en 162 millones de dólares; la amortización de las inversiones, en 20,5 millones de dólares; la refinación, en 2,4 millones de dólares, y el impuesto de bienes raíces, en 1,7 millones de dólares. Por lo tanto, el costo total de producción y comercialización puede llegar a sumar para dicho volumen -de acuerdo con la estimación de las propias empresas y en conformidad a los cálculos que el Gobierno presentó al Congreso al discutirse la ley relativa a los convenios- 186,7 millones de dólares, cantidad que en todo caso nos parece exagerada si se toma en cuenta la mayor productividad y la devaluación sistemática de nuestra moneda.

Pues bien, los 1.020 millones de libras, a 40 centavos de dólar por unidad, rendirían 408 millones de dólares, quedando una ganancia indiscutible de 221,3 millones de dólares. Deducidos los impuestos que establece el nuevo convenio, al 49'/, de las acciones corresponderá una utilidad neta anual de 51,8 millones de dólares, cantidad que, multiplicada por 8, da como precio de ese 49% la suma de 414,4 millones de dólares; o sea, más del doble del precio del primer 51%. Si sumamos estos 197 millones de dólares a los 414,4 millones, tenemos 611,4 millones de dólares como valor total.

Hemos dicho antes que el valor de libros de esas empresas, señalado por ellas mismas, al 31 de diciembre de 1968, según su propio balance, es de 284.266.934 dólares. A la cifra de 414 millones, tenemos que agregar el cálculo del 6# de interés en 12 años, con lo que sobrepasamos los 700 millones de dólares por una empresa que -ella misma confiesa en sus balances- vale 284 millones.

Queremos basar un nuevo cálculo para el precio del 49% de las acciones en el Anexo Nº 2, contenido en las bases del convenio. Allí se señala que el precio del 49% de la Chilex, si la compra se efectúa en 1973, sobre la base de 60 centavos de dólar la libra, sería de 293,6 millones de dólares, y el de la Andes -en las mismas condiciones-, de 75,2 millones de dólares.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Sobre qué cifras ha hecho el cálculo, señor Senador?

El señor MONTES.-

Me baso en el Anexo Nº 2 del convenio, que el señor Ministro nos entregó hace poco; es decir, sobre la base del precio del cobre a 60 centavos por libra.

De acuerdo con lo señalado en ese cuadro, el precio del 49% de las acciones de Chilex es de 293,6 millones de dólares, si la compra se efectúa en 1973, y el de la Andes, en las mismas condiciones, de 75,2 millones, lo que da un total de 368,8 millones. Este precio está calculado sobre la base de la actual producción. Si ella crece, como lo ha expresado el Gobierno en la enunciación de su política, aumenta el volumen de ganancias y, por tanto, el precio por pagar. De aumentar al doble la actual producción, el precio del 49% de las acciones aumentaría también en la misma proporción, esto es, llegaría a 797,6 millones de dólares. Señalamos este hecho aun cuando en la nota respectiva del Anexo Nº 2, se expresa que "las cifras anotadas no contienen otros factores favorables como consecuencia del aumento de producción a contar de mediados de 1971, aumento que significaría mayores utilidades e ingresos del Estado", pero también, evidentemente, de la Anaconda.

Conviene anotar, además, que para iniciar la compra del 49% se debe haber pagado ya el 60% del saldo insoluto correspondiente al 51%. Como el plazo es de 12 años -si seguimos ese cálculo-, el 60% se pagará por lo menos en siete años y medio. Ello significa que antes de 1978no se podría iniciar la compra del 49%, salvo que cada año Chile desembolsara mucho más de lo calculado.

A la vista de estos datos, consideramos que la denominada "nacionalización pactada" no alcanza efectivamente a ser nacionalización, sino, por lo contrario, estamos en presencia de un nuevo convenio altamente favorable a las empresas norteamericanas. A nuestro juicio, nada cuesta cambiar el sentido de los términos cuando se trata -yo diría- de hacer demagogia o de que la gente o la opinión pública no vean claro. Y así como desde Í964 la "revolución en libertad" no ha significado una revolución -no creo que nadie puede afirmarlo de manera realmente seria- y los que levantaron esa bandera demagógica se han quedado sin ella, así tampoco la bandera de nacionalización pactada es verdadera nacionalización.

Cuando los hechos, a juicio nuestro, son tan evidentes y cuando el tiempo demuestre quiénes tienen la razón, entonces el pueblo podrá decir con claridad quiénes son los miserables.

Con relación a la administración y a la asesoría por parte de la Anaconda, en el convenio se establecen disposiciones que, a nuestro modo de entender, niegan de manera clara y terminante el que el Estado pueda entrar a controlar esta empresa. Por el contrario, configuran de manera categórica los perfiles muy definidos del hecho de que los yanquis continúan a cargo del negocio.

En el anexo que aparece en el boletín respectivo -por lo menos, en el que yo tengo en mi poder- se expresa que "la sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros titulares y siete suplentes. Las acciones de la serie A elegirán cuatro Directores titulares y cuatro suplentes y las acciones de la serie B, tres Directores titulares y tres suplentes."

"Los acuerdos del Directorio se tomarán por la mayoría de sus miembros presentes." A continuación señala las atribuciones de ese directorio. Entre ellas, en' la letra j), se establece lo siguiente: "los acuerdos del Directorio, con respecto a las siguientes materias, se adoptarán con el voto de a lo menos un representante de las acciones de la clase B."

Esto significa entregar el derecho a veto, su decir, que los representantes de las compañías norteamericanas, los poseedores del 49% de las acciones, pueden tener derecho a veto respecto de las siguientes materias:

"1.- Emisión de bonos o debentures; contratación de mutuos o créditos de cualquier especie; y constitución de hipotecas, prendas u otras garantías, salvo que éstas caucionen el pago de saldo de precio.

"2.- Proposición a la Junta de Accionistas de la venta o enajenación de bienes raíces de la Sociedad y concesión a terceros de la explotación de bienes raíces y pertenencias mineras.

"3.- Exploración, extracción y explotación de otros yacimientos mineros."

¡Nada de esto puede hacerse sin el visto bueno de los norteamericanos!

"4.- Adquisición y enajenación del activo inmovilizado, a menos que se trate de adquisiciones y enajenaciones comprendidas dentro de las operaciones ordinarias de la Sociedad; adquisición y enajenación de acciones, bonos, debentures u otros valores; y ejecución de actos o celebración de contratos que no correspondan al giro operacional, en que se comprometa financieramente la responsabilidad de la Sociedad.

"5.- Venta de productos o subproductos que no sea al contado, o en moneda que no sea dólares de los Estados Unidos o de libre convertibilidad, salvo que se trate de ventas que puedan hacerse legalmente en moneda nacional de Chile."

¡Se prohíbe la venta de productos o subproductos que no sea al contado, o en moneda que no sea dólares de los Estados Unidos o de libre convertibilidad!"6.- Aprobación de los manuales de ventas y de funciones, del organigrama de la Sociedad y de los reglamentos para su funcionamiento interno y cualquiera modificación a dichos manuales, organigrama y reglamentos."

¡Es decir, todo el manejo, administración y organización de esta Sociedad queda en manos y sujeto al visto bueno de los norteamericanos!

"7.- Aprobación de dividendos provisorios.

"8.- Establecimiento de agencias u oficinas dentro o fuera del país.

"9.- Nombramiento de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Contralor, y determinación de sus facultades y remuneraciones. La remoción de estos funcionarios requerirá la concurrencia de cinco votos a lo menos."

O sea, la plana mayor de los norteamericanos que en este instante dirige y controla todo el proceso de producción y comercialización del cobre, continuará en funciones y no será posible removerla. Para proceder a ello se necesitará el voto conforme de los norteamericanos. Chile, por lo tanto, no podrá realizar esas funciones!

"10.- Designación de directores para el desempeño de funciones administrativas diversas de las que les correspondan en su calidad de tales y fijación de sus remuneraciones en exceso de las contempladas en los Estatutos.

"11.- Aprobación de la transferencia de acciones.

"12.- Interpretación de cláusulas dudosas de los Estatutos, sin perjuicio de que pueda recurrirse al árbitro en caso de desacuerdo.

"13.- La delegación o revocación, total o parcial, de estas facultades, requerirá también la concurrencia del voto de un representante de la Serie B."

De acuerdo con estas disposiciones, ¿significa realmente que el Estado de Chile controlará el negocio? ¿No son de una amplitud tal y de una calidad tan extraordinaria que significan, lisa y llanamente, que los actuales propietarios de los minerales de cobre a que se refiere el convenio no continuarán con el negocio en sus manos, con el timón en su poder, sin que el Estado chileno pueda determinar la política y posibilidades de desarrollo de la industria? Esto es absolutamente claro y evidente. Por eso no creemos que exista independencia para nuestro país en el negocio que se propone. Consideramos que continuaremos exactamente igual como hasta hoy día y que no se reivindican para nuestra patria las funciones vitales que el Estado debe ejercer respecto de la explotación y comercialización del cobre chileno.

En seguida, se plantea el problema del contrato de asesoría, que también está señalado en el convenio. Se dice:

"Se celebrará un contrato de asesoría entre la nueva sociedad minera mixta y cada una de las compañías Chilex y Andes, en sus casos, u otra, u otras subsidiarias de The Anaconda Company, en adelante "la empresa asesora", mediante el cual ésta se obligará a hacerse cargo de la dirección técnica y de operación de los yacimientos mineros aportados y de los establecimientos, faenas y servicios anexos de la nueva sociedad minera mixta en condiciones de máxima eficiencia y productividad".

Esto es absolutamente claro -tengo entendido que en inglés lo es más todavía-: The Anaconda Company, la empresa asesora, tendrá a su cargo la dirección técnica y de operación de los yacimientos mineros aportados y de los establecimientos, faenas y servicios anexos de la nueva sociedad minera mixta. Como pueden apreciar los señores Senadores, mediante la asesoría señalada en el convenio, absolutamente todo queda en manos de esa empresa.

Más adelante se habla de asesoría de operación de plantas y se establece:

"La ejecución de esta asesoría se referirá a la operación de los establecimientos, faenas y servicios anexos. Para este efecto la empresa asesora elaborará los Manuales de Funciones necesarios, los que se presentarán al Directorio de la sociedad para su aprobación.

"Con el mismo objeto la empresa asesora preparará un organigrama, que será asimismo presentado al Directorio para su aprobación.

"El organigrama contemplará los cargos de Gerente y Subgerente de Operación y Superintendente General y todos los demás cargos necesarios.

"El Gerente y Subgerente de Operación y el Superintendente General serán nombrados y removidos por el Directorio de la Sociedad a propuesta de la empresa asesora", vale decir, la Anaconda.

Nosotros preguntamos: ¿qué cambia, con relación al actual estado de cosas, en cuanto a la administración, dirección y operación de los yacimientos, si en la práctica, en los hechos, todo queda en manos de la Anaconda, vale decir, la compañía norteamerica.na que en estos instantes explota los minerales de Chuquicamata, Potrerillos y El Salvador?

Luego se agrega: "La asesoría de operación se ejercerá también, a través de los departamentos correspondientes de la Sociedad," -fíjense bien señores Senadores- "en la compra de todos los bienes, maquinarias, equipos, herramientas, repuestos, suministros y elementos necesarios, tanto en el país como en el extranjero". Esto significa, Honorables colegas, que no se podrá comprar ni una sola herramienta o repuesto, en nuestro país o en el extranjero, sin el visto bueno de la Anaconda, pues ella tendrá el control absoluto en el manejo del mineral.

Pero, además, significa lo siguiente: no es asesoría de operación que se ejerce a través de la compra de los elementos señalados. Aquí se plantea un problema de costos que tenemos el deber de señalar: el de los precios abultados y, por lo tanto, de los mayores costos, cuyos montos sirven para transferir mayores utilidades. Porque si sólo el personal norteamericano ejercerá el control sobre este tipo de actividad, como es evidente, podrán manejar el negocio a su gusto y amaño.

Insisto: en virtud de este convenio, se entrega únicamente a ellos el control de la nueva sociedad.

Más adelante se agrega: "La asesoría comprenderá especialmente, a través de los departamentos de la sociedad, materias laborales y relaciones industriales, negociaciones colectivas y la celebración de convenios colectivos de trabajo, los que deberán ser sometidos a la aprobación o ratificación del Directorio".

No sabemos de qué manera cambia el actual estado de cosas con relación a los trabajadores y a las otras materias señaladas.

Luego se establece: "La empresa asesora será responsable igualmente de la dirección técnica de los programas de construcción de la Sociedad", etcétera.

A continuación, se dice: "Los directores representantes de cualquiera serie de acciones podrán resolver que la Sociedad deduzca acciones judiciales, reclamos administrativos, tributarios o de otra clase". En otras palabras, la Anaconda puede entablar acciones judiciales en contra del Estado respecto de las materias referidas. Esto se dispone expresamente en el convenio.

En seguida, añade: "El Directorio designará y removerá, a proposición de la empresa asesora," -es decir, la Anaconda- "al Jefe del Departamento Legal". En todo caso, éste será un hombre de la confianza de esa empresa y no del Estado chileno.

Deploro que me reste tan poco tiempo.

El señor PABLO (Presidente).-

A Su Señoría le queda un minuto.

El señor MONTES.-

En el referido convenio están contenidas otras ideas. Por la carencia de tiempo, ni siquiera me es dable leerlas. En consecuencia, no podré referirme a los alcances abismantes que resultan de un estudio somero, ni aun detenido, de esta iniciativa.

Pido que se me otorgue un poco más de tiempo para hacerme cargo de algunas observaciones formuladas en forma concreta por el Honorable señor Hamilton respecto de nuestro partido y de algunos militantes comunistas que han intervenido en el debate de esta materia.

El señor PABLO (Presidente).-

¿Desea algún Comité ceder parte de su tiempo al Honorable señor Montes?

Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Como no se ha concedido tiempo adicional al Honorable señor Montes, me agradaría que se acordara agregar el resto de su discurso -el señor Senador lo ha preparado en forma detenida, aunque con muchos errores- a la versión oficial, a fin de entregarle una respuesta completa. ¿Lo permite el Reglamento del Senado?

El señor MONTES.-

Agradezco la intención del señor Ministro. Por desgracia, no tengo un discurso escrito. De manera que las observaciones que debo hacer a las palabras' pronunciadas esta mañana por el Honorable señor Hamilton tendrán que ser improvisadas.

El señor RODRIGUEZ.-

Ceda parte de su tiempo, señor Ministro.

El señor ALTAMIRANO.-

Aprovechando que el señor Ministro desea hacer algunas correcciones a los planteamientos formulados por el Honorable señor Montes, le solicito que nos dé a conocer las cifras y antecedentes que posee acerca del avalúo de las pertenencias de la Anaconda.

El señor MUSALEM.-

El señor Ministro ya dio esos datos en la sesión pasada, con toda clase de detalles.

El señor ALTAMIRANO.-

No sé si el señor Ministro se remitirá a las cifras que dio o si tiene otras distintas.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Solicité una interrupción al Honorable señor Montes porque algunas de las cifras que estaba dando corresponden a otros balances. El señor Senador continuó dando una serie de cantidades. Por eso pedí su discurso, a fin de contestar la totalidad de sus planteamientos.

En el caso de las pertenencias, el Honorable Senador ha incurrido en errores muy grandes. Ello se debe a que confundió el balance de Chile Copper con los de Chile Exploration y Andes Copper. Si utiliza un balance consolidado de Chile Copper, llegará a conclusiones absolutamente erróneas. Su Señoría debe considerar los balances de Chilex y Andes, porque son éstas las compañías que se están comprando, y no Chile Copper. A eso se debe el enorme yerro en que ha caído, seguramente por carencia de adecuada información.

En el ¿la de hoy, el diario del partido a que pertenece el Honorable señor Montes repite el mismo error: publica el balance de una subsidiaria de Anaconda y Chile Copper, que es dueña de acciones de Chile Exploration y de la Chile Steam Shio Company. Ese balance consolidado, como lo dice la publicación del mes de septiembre del Diario Oficial a que se refirió el señor Senador, corresponde a los activos y pasivos de las empresas mencionadas, La negociación efectuada por oí Gobierno de Chile fue respecto de las empresas que operan en nuestro país: Chile Exploration, que es parte de la Chile Copper, y Andes Copper Mining.

En consecuencia, no pueden confundirse los valores que aparecen en ese balance con los correspondientes a los de las dos empresas que operan en Chile. Por lo demás, los valores que se pagarán son los ele libros de Chilex y Andes, que son las empresas que se compran, y no de Chile Copper.

Para el caso en cuestión, como ya se informó, el activo inmovilizado de Chile Exploration está formado: propiedades, 5,5 millones de dólares; plantas y equipos, 413 millones; menos reservas, depreciaciones y castigos, 180 millones; más inversiones varias. Todo esto da un activo inmovilizado de 239 millones de dólares.

No existen otros valores de activo inmovilizado sobre el particular. En consecuencia, ésta será la base que se usará para determinar el precio del 51% de las acciones, con las reactualizaciones correspondientes a 1969, como lo expresé en mi exposición.

La confusión que ha hecho el Honorable señor Montes es muy grande. Respecto de Chile Copper existe un valor por las pertenencias mineras y otros rubros, que alcanza más o menos a 99 millones de dólares. Las cifras se dan bien, pero las imputaciones de ellas -creo que por error, no por mala fe- se hacen mal. Esos 99 millones de dólares corresponden a lo que Anaconda pagó en 1923 y 1929 por Chuquicamata. El Honorable señor Hamilton lo expresó con mucha claridad esta mañana.

Ahora bien, el Honorable señor Montes cree que, por figurar tales valores en el balance de Chile Copper, el Gobierno está pagando esos 99 millones a la Chile Exploration Company. No es así. Sé que el señor Senador es estudioso y tendrá mucho cuidado en revisar esto. Entonces podrá darse cuenta de que en los balances de la Chile Exploration Company no existen esos valores, a diferencia del caso de Andes, donde aparecen las sumas que se pagarán por el desarrollo de la mina. Insisto: en el balance ele la Chile Exploration no figuran los 99 millones de dólares pagados en 1923. No hay amortización de especie alguna. En Chile, esos valores no permiten depreciación.

Ahora, esto lleva al señor Senador a discutir también el problema ele la propiedad. De acuerdo con nuestro régimen actual -que hemos criticado mucho-, no podemos desconocer que esas compañías, como cualquier dueño de minas de Chile, tienen derecho a vender sus pertenencias. Este es un hecho de ordinaria ocurrencia; está sucediendo en todo el país. No creo que pueda exhibirse -aquí hay Senadores conocedores de la materia y que representan a zonas mineras- un solo caso en Chile en que una mina en explotación y con reservas por muchos años se haya vendido por el valor de sus instalaciones. Ello jamás ha ocurrido. El único ejemplo es el que se producirá, precisamente, en estos acuerdos, que el Honorable señor Montes trata de desprestigiar.

En realidad, no se pagará un centavo por el yacimiento de Chuquicamata, sobre cuyo valor instituciones del Estado han proporcionado algunas cifras que -y ellos mismos lo saben- fluctúan entre ochocientos millones y mil millones de dólares, cálculo al cual se llega utilizando cualquier tipo de peritaje y cualquier sistema de evaluación internacional. La confusión de tomar las cifras de Chile Copper y no las ele Chile Exploration conduce a ese error. Creo que la persistencia en él no es buena, sobre todo cuando se manejan cifras y balances.

Si el día de mañana los 99 millones aparecieran en el balance de la Chile Exploration, es lógico que deberían pagarse. Para desgracia de la empresa vendedora, este punto fue un error. Durante las discusiones ele la negociación, la otra parte adujo que, por la razón de que se trataba ele subsidiarias suyas, esos valores no figuraban en los libros de la Chile Exploration, y que nadie podía negar que las minas pertenecían a Chilex. Se nos planteó durante muchas y largas negociaciones que por lo menos reconociéramos el valor actualizado de los 99 millones, ya trae es evidente que desde 1923, es decir, en más de 40 años -durante los cuales se sufrió la crisis de los años 1929-1931-, el dólar se ha desvalorizado. Pues bien, ese valor actualizado podría llegar a 300 millones o 400 millones, cifra efectivamente pagada por Anaconda. Esta cantidad, por no estar contabilizada en los balances de Chilex, no será pagada.

Lamento que estos errores se produzcan. Puede ocurrir que al estudiar el problema se originen confusiones en cuanto a los nombres de Chile Copper y Chile Exploration.

Insisto: esos valores no figuran en los balances de Chilex.

La señora CAMPUSANO.-

Ayer el Honorable señor Valente preguntó si Chile Copper estaba incluida en la negociación. Me pareció escuchar que el señor Ministro contestó afirmativamente.

El señor MUSALEM.-

Eso no aparece en las actas del Senado.

La señora CAMPUSANO.-

A veces se corrigen.

El señor MUSALEM.-

Se enmienda la forma, pero no se agregan ideas.

El señor HALES (Ministro de Minerías-Deseo contestar a la señora Senadora.

El Honorable señor Valente no preguntó si Chile Copper fue materia de negociación, Me consultó sobre otro punto,

El señor HAMILTON.-

Acerca de Potrerillos Railway, que es un tema distinto.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Si me permiten Sus Señorías, contestaré a la pregunta de la Honorable señora Campusano.

El Honorable señor Valente me interrogó sobre lo siguiente: "¿Por qué al discutir los convenios de 1965 se estableció por la Corporación del Cobre que el activo de Anaconda era de 192 millones y actualmente Chilex y Andes aparecen con un activo de 386 millones, en circunstancias de que no ha habido inversiones que justifiquen esas diferencias?".

En realidad, el señor Senador incurrió en una equivocación no tan pequeña, porque implica bastantes millones de diferencia confundir los valores del activo con los del activo y pasivo de la empresa. Lo mismo sucede al tomar el valor de libros por el del activo.

En primer término, expresé al Honorable señor Valente que la cifra de 386 millones de dólares, que actualmente se menciona, no corresponde al activo de Chilex y Andes, sino al activo menos el pasivo exigible de ambas compañías; es decir, de lo que resulte del valor de libros, o del capital propio, o del capital de la sociedad, más las reservas sociales, como quiera llamárseles. El activo siempre es mayor que; el capital propio, ya que a aquél debe restársele el pasivo exigible.

Asimismo, manifesté al señor Senador que las cifras para llegar a 386 millones, según balance al 31 de diciembre de 1968, presentado a Impuestos Internos y a la Corporación del Cobre, son las siguientes: el activo total, 458 millones 400 mil dólares, menos el pasivo exigible de -72 millones, da un capital -más utilidades no repartidas de los años anteriores-, al valor neto según libros, de 386 millones.

El señor Senador se refirió a las informaciones proporcionadas durante la discusión de los convenios de 1965, en las cuales se dio a conocer todo tipo de datos relativos a la gran minería del cobre. Una de esas informaciones, la número 1.706, en que figuran antecedentes sobre capital,, producción, finanzas, tributación, retorno desde el año 1945 a 1964, proporcionó diversas cifras sobre el capital propio, que en el caso de Chilex era de 213 millones y en el de Andes de 93 millones. Por lo tanto, en 1964 el capital propio de ambas; compañías era de 305 millones de dólares, cantidad que es la que debe compararse con los 386 millones de 1969. El aumento experimentado en cuatro años se debe principalmente a los programas de inversión a que dieron lugar los convenios de; 1965. Me refiero a la parte que ya se ha. ejecutado. Esas inversiones han sido autorizadas por decretos sólo desde enero de 1966 y abarcan hasta el 31 de diciembre de 1968. Estos documentos son proporcionados normalmente al Senado.

Chilex, en Chuquicamata, ya ha realizado inversiones, autorizadas por esos decretos, por más de 80 millones de dólares, y Andes, por más de 14 millones de dólares. A mayor abundamiento, puedo decir que este dato fue proporcionado por la auditoría de la Corporación del Cobre, cuya seriedad y responsabilidad jamás ha sido puesta en duda en este país.

El 3 de agosto de 1968 la Corporación del Cobre envió una serie de antecedentes solicitados por la Comisión de Minería del Senado, entre los cuales se acompañaron copias de los balances de las empresas desde 1965 a 1968. En ninguno de ellos aparece la cifra de 192 millones para el activo de esa empresa, lo que supone una interpretación errónea de ella, similar a la producida al confundir el valor del activo con el de libros, hecho que realmente es muy difícil de comprender cuando una persona tiene nociones sobre contabilidad.

Por eso, habría sido muy útil que todo este tipo de antecedentes hubiera sido analizado en las Comisiones, oyendo a los técnicos, a fin de que ellos dieran las explicaciones del caso, que son muy claras. Por desgracia, el mal uso de ellas conduce a confusiones tremendas. Y en política, a veces, cuesta mucho rectificar un error cometido. Estoy seguro de que los Honorables señores Valente y Montes podrán rectificar sus equivocaciones, como corresponde a personas serias, sobre todo cuando ellas corresponden a cifras mal usadas o a confusión de términos.

El señor NOEMI.-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Por cierto, señor Senador.

El señor NOEMI.-

Quiero seguir destacando las equivocaciones en que ha incurrido el Honorable señor Montes.

El señor Senador repitió expresiones del Honorable señor Luis Valente Rossi, publicadas en la edición de hoy de "El Siglo". No cabe duda sobre el particular, porque están escritas.

Al referirse a la compra del 49% de las acciones, el Honorable colega dice:

"Si consideramos la cotización de la libra de cobre a 40 centavos de dólar," - lo mismo que ha expresado el señor Montes- "y la produción en el nivel actual d-e 1.020 millones de libras..."

El señor MONTES.-

¿Me permite? Su Señoría incurre en un error.

No he dado, en cuanto al precio de 49 %, los cálculos señalados por el Honorable señor Valente en el diario que Su Señoría está leyendo.

El señor NOEMI.-

El señor Valente, al enfocar la compra del 49% de las acciones, considera la producción en el nivel actual de 1.020 millones de libras. El Honorable señor Montes también se ha referido a ello, diciendo, basado en esa cifra de la producción, que implica una ganancia para Anaconda superior al doble de lo que se pagará por el 51%. Según los datos que poseo, sobre los cuales discutimos los-convenios, la producción alcanzaba en las dos empresas -producción actual- a 800 millones de libras. Sólo cuando se considera un aumento de la producción, es decir, con explotación plena, se puede hablar de mil millones de libras. Está profundamente equivocado el señor Senador al basarse en esa cifra como producción actual.

El señor MONTES.-

Dije algo distinto. Me referí a la producción de 1973 sobre la base de los cálculos actuales.

El señor NOEMI.-

En todo caso, esos cálculos suponen que las empresas están trabajando a plena máquina, con lo cual se obtienen un millón de libras. No se basan sobre la producción actual.

Los 220 millones de libras en Andes y los 780 millones en Chilex -es decir, en conjunto mil millones de libras, producción a que se proponía llegar-, significan, si se considera el precio de la libra a 40 centavos -valor a que se pagaría el 49%-, 292 millones de dólares. Al hablar de 416 millones, como publica "El Siglo", se produce una diferencia de 123 millones de dólares, error bastante considerable. A esta cifra equivocada de 123 mil millones de escudos se llega multiplicando la utilidad por ocho, en promedio, en los tres años. Aún más: a 45 centavos, correspondería pagar 331 millones de dólares.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Menos.

El señor RODRIGUEZ.-

Pónganse de acuerdo.

El señor CIIADWICK.-

La cifra es correcta si no suben los costos.

El señor NOEMI.-

Estas son las cifras que poseo. Ojalá sea menos.

Lo que me interesa es que mis cálculos queden en la versión. El 49% alcanza a la suma de 292 millones de dólares a plena producción, si el precio es de 40 centavos, lo que significa que el país, durante el lapso de 20 años, en que se paga totalmente el ciento por ciento de la compra, obtiene una diferencia neta do 2 mil 429 millones de dólares, ya que el 51% se cancela -a 197 millones y el 49% a 282 millones de dólares. Naturalmente, cuando el precio sube a 45 centavos, el 49% aumenta a 331 millones de dólares, y Chile recibe como diferencia 3 mil 290 millones de dólares.

Deseo que mis palabras y cifras consten en el acta, ya que corresponden a un estudio realizado sobre la base de datos proporcionados por la Corporación del Cobre.

Respecto de la preocupación por la cifra a que sube lo que pagaremos por el 49% restante, puedo decir que se produce una diferencia considerable a nuestro favor. Si el precio por la compra del 49%- aumenta, de 292 millones de dólares, a 331 millones -o sea, en 40 millones de dólares-, nosotros recibimos 800 millones de dólares ele diferencia.

La señera CAMPUSANO.- ¿Y las compañías del cobre, cuánto recibirán?

El señor NOEMI.-

Le contesto inmediatamente, señora Senadora.

Quiero seguir explicando el cuadro.

En esta oportunidad se ha logrado una participación en el sobreprecio.

Con relación a este punto quiero sostener algo que se dijo en esta sesión: que nadie -y yo he repasado todo el debate- previo el alza del precio del cobre y habló de un impuesto al sobreprecio cuando se discutieron los convenios del cobre. Se habló de nacionalización. Sobre este asunto denantes el Honorable señor Altamirano pidió una interrupción y no se la concedieron, pero me habría gustado que se la dieran.

Reconozco que desde las bancas de Izquierda se habló de llegar al Mercado de Londres para obtener mayor precio, y a él llegamos: al precio de contado de Londres, el de más alto nivel.

Estoy ele acuerdo en que se sostuvo que se llegara al Mercado de Londres.

El señor ALTAMIRANO.-

En forma permanente.

El señor NOEMI.-

Pero llegar ahí no significaba que Chile participaba del producto de un mayor impuesto, sino que obtenía un precio más alto, del cual las compañías ganaban evidentemente un porcentaje que no les correspondía -hay que reconocerlo-, porque no se debía a la técnica ni a un mayor capital aportado. Nadie previo esa diferencia. En verdad, si el asunto se hubiera planteado en esa oportunidad, Chile lo habría ganado. Hoy se logró. ¿Y de qué manera?

El señor MONTES.-

Hace tres años presentamos un proyecto relativo al sobreprecio del cobre.

El señor NOEMI.-

Si Su Señoría me interrumpe, me pierdo en mis observaciones.

La Honorable señora Campusano me ha hecho una pregunta y estoy contestándole.

Si el precio del cobre sube sobre 50 centavos de dólar la libra, Chile, por cada centavo de aumento, obtiene el 70%. Vale decir, de 10 centavos -en el puro sobreprecio-, obtenemos 7, y sólo quedan 3. De esos 3 centavos restantes, las compañías deben pagar el impuesto a la renta, que será fijado en 30%. Ese porcentaje representa 0,9 centavos. Quedan 2,1, en los que Chile participa en 51%. De manera que resta sólo 1 centavo. En ése también participamos, por medio del impuesto adicional de 30%. Deducido este tributo, sobran 0,7 centavos.

En consecuencia, de 10 centavos de sobreprecio, 9,3 pertenecen a Chile y 0,7 a las compañías. Esa es la participación en el sobreprecio.

La señora CAMPUSANO.-

¿A cuánto sube el sobreprecio?

El señor NOEMI.-

Eso es lo que ocurre, Honorable colega.

Por eso, en la medida en que suba el valor del cobre, Chile participa en una proporción considerable del 'sobreprecio. Además, esto sólo ocurrirá durante tres años, porque después adquiriremos el 45% restante.

Voy a poner un ejemplo. Si durante tres años el precio es de 60 centavos de dólar la libra, en el total de las utilidades, Chile obtiene 86%, y 14% las compañías. Al nacionalizar en tres años, nos queda el total del ingreso, evidentemente.

El señor CHADWICK.-

La confusión se acaba si nacionalizamos de inmediato.

El señor NOEMI.-

Pero con relación a Chile quiero hacer una afirmación muy útil en cuanto al aumento del precio.

Si el valor, por ejemplo, es de 45 centavos de dólar la libra, Chile queda con una diferencia de 3.200 millones de dólares a favor, en el lapso de 20 años, y paga el total de la mina, o sea, el 51% y el 49 %.

Si es de 50 centavos, cancelando el total de la compra, con todos sus intereses, el ingreso de Chile aumenta a 4.177 millones de dólares.

Si tuviéramos un precio de 55 centavos -Dios quiera que así sea-, nos corresponderían 5.066 millones de dólares.

Y si llegamos a 60 centavos de dólar la libra, que es el precio obtenido en el primer semestre de este año -pagando todo- nos queda un ingreso de 5.955 millones de dólares: 6 mil millones de remanente para Chile. No sólo nos alcanza para pagar, sino que cancelamos con creces y nos queda un excedente de la magnitud señalada.

Por eso, los errores que se advierten en algunas publicaciones y en las palabras del

Honorable señor Montes, confunden y llevan a pensar que el pago es otro.

Yo me fundo en datos y estudios de la Corporación del Cobre y ellos, naturalmente, quedarán en la versión del Senado y podrán ser discutidos con mayor detenimiento. Entonces se verá que éstas son las cifras reales; no las que se han estado entregando.

Muchas gracias por la interrupción.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Reconozco que los diversos Comités del Senado tenían razón esta mañana al plantear la conveniencia de realizar reuniones con los funcionarios de la Corporación del Cobre, del Banco Central, del Ministerio de Minería, con el objeto de analizar las cifras. A mi juicio, sería útil hacerlo, pues es corriente en política que una persona que cree saber demasiados datos proporcione a los partidos cifras y apreciaciones sin poseer toda ia información necesaria, con lo que se producen graves errores. Entonces la gente, muchas veces de buena fe, interviene en los debates con datos equivocados.

Sería muy conveniente realizar reuniones de ese tipo, sin perjuicio de su carácter de públicas. Esto podría ser útil, y los señores Senadores aclararían sus dudas antes de cometer errores de cifras y hacer afirmaciones graves, de las cuales cuesta mucho retractarse cuando han tenido publicidad.

Señor Presidente, no sé si puedo insinuar esto, pero por lo menos en !o que depende de los Ministros de Hacienda y Minería, de los negociadores, como los señores Claro, Pulido y Massad, y de técnicos de la Corporación del Cobre, funcionarios imparciales, conocidos por el Senado, no existe problema alguno para realizar esa reunión. Así el análisis se haría después de conocer los datos y se evitaría incurrir en errores, confundir los balances, con lo cual, realmente, se llega a conclusiones muy graves.

El señor MONTES.-

Yo he hecho el análisis sobre la base de cifras entregadas por usted. Se encuentran en el boletín número 2.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Me perdona, señor Senador. Desgraciadamente,...

El señor MONTES.-

Utilicé sus propias cifras, señor Ministro.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

...partió confundiendo los balances, ya que agregó otros valores a los dados por nosotros.

Si Su Señoría hubiera oído con toda tranquilidad nuestra exposición y la de los técnicos de la Corporación del Cobre no habría incurrido en esas equivocaciones.

Claramente se dijo que se pagará lo que resulte del valor de libros, y las cifras dadas son de referencia. Es indudable que si toma una cifra de 192 millones, que no existe en ninguna parte, y la adiciona con una de otro balance -no de la Chile Exploration-, se llega a cifras erróneas; y si a ellas agrega antecedentes que he proporcionado, la conclusión será muy distinta. Creo que es bueno y conveniente hacer los cálculos sobre la base de los datos entregados y no respecto de dos cifras diferentes.

El señor MONTES.-

He tomado dos cifras que dio el señor Ministro.

El señor HALES (Ministro de Minería) .-

He dado la información completa en cuanto a la Chile Copper. Le ruego a Su Señoría creerme.

El señor MONTES.-

Mis cálculos se fundan en las cifras entregadas por el señor Ministro.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Sus cálculos están muy malos.

El señor MONTES.-

¡ Cómo van a estar malos!

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No sólo están malos, sino que pésimos, porque parte de cifras diferentes y confunde valores distintos.

El señor MONTES.-

He usado las cifras que usted ha dado, señor Ministro.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No cabe duda de que Su Señoría utiliza las cifras, pero les da un valor distinto. Por eso llega a conclusiones diferentes.

El señor PABLO (Presidente).-

Señor Senador, el tiempo del Comité Comunista terminó. Seguramente algunos Comités no harán uso del que les corresponde. Si hubiera acuerdo, se podría distribuir ese tiempo entre quienes desean hablar.

El señor RODRIGUEZ.-

Creo que los únicos que no lo usarán son los del Comité Nacional.

El señor ALTAMIRANO.-

Los socialistas utilizaremos nuestro tiempo.

El señor PABLO (Presidente).-

Entonces, no se podrá distribuir el tiempo nuevamente.

La señora CAMPUSANO.-

¡Podrían darnos a nosotros el tiempo correspondiente a los nacionales, ya que el Honorable señor Hamilton acusó de convivencia a comunistas y nacionales!

El señor PABLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra al Comité Socialista.

El señor ALTAMIRANO.-

No la hemos pedido todavía, señor Presidente.

El señor PABLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, el Secretariado Ejecutivo del Partido Socialista Popular, en declaración pública, fijó la opinión que le merece la negociación llevada adelante por el Gobierno con las compañías norteamericanas del grupo Anaconda, denominadas Chile Exploration y Andes Copper.

Solicito al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para incorporarla a mi discurso, a fin de desarrollar mis puntos de vista de modo que cuantos lean después la versión puedan seguirla adecuadamente.

El señor PABLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

- El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente:

"Declaración del Secretariado Nacional Ejecutivo de la, Unión Socialista Popular.

En la tarde de ayer, se entrevistó con el Presidente de la República una delegación del Secretariado Ejecutivo de la Unión Socialista Popular. El Partido estimó conveniente completar su información sobre las negociaciones del cobre y, al aceptar la entrevista, hicimos presente que la llevábamos a efecto, a pesar del clima de tensión política y represión policial que se cierne sobre las fuerzas de avanzada, debido a la gran trascendencia de esas negociaciones y al compromiso que imponen al Estado chileno más allá de la administración del señor Frei. No queremos que nuestra actitud sea livianamente descalificada como fruto de resentimientos o prejuicios políticos.

En posesión de todos los datos indispensables para emitir una opinión fundada, el Secretariado Ejecutivo declara:

1º) La negociación que acaba de finiquitarse sigue, fundamentalmente, la línea de los "convenios del cobre" y la política llamada de "chilenización", que se materializan en sociedades mixtas entre el Estado chileno y los inversionistas norteamericanos. Toda la argumentación que hemos venido haciendo en relación a esta fórmula tiene vigencia en este caso; principalmente, en cuanto considera la degradación que sufre la potestad estatal que, en los hechos, se rebaja a la simple calidad de socio comercial de los capitalistas extranjeros.

Enjuiciamos, en consecuencia, la negociación con el criterio de los que sostenemos la nacionalización total e inmediata, que nuestro Partido viene postulando desde hace más de veinte años.

2º) Aunque se pretenda sostener que no se altera jurídicamente la situación de las antiguas empresas en su calidad de contribuyentes, el pacto implica un virtual saneamiento de su conducta tributaria. Nos parece indispensable investigar, establecer y avaluar todas las denuncias de infraciones formuladas contra el grupo de Anaconda, antes de contraer o cancelar cualquier compromiso de Chile en relación con la compra de acciones provenientes de los haberes de esas empresas.

3º) La imagen del control nacional, por la adquisición del 51% de las acciones de las nuevas sociedades, no es sino una ilusión, un espejismo. El voto calificado de la minería en el Directorio mantendrá inmutable la actual administración extranjera y se reservará el verdadero poder de decisión. La misma sujeción se advierte respecto de las fuentes de financiamiento, dependientes del trust bancario que monopoliza el cobre.

4º) El precio de ese 51% conforme al "valor de libros" no puede ser calificado mientras no se examinen los antecedentes correspondientes en su totalidad.

Los trabajadores de Anaconda, por ejemplo, tienen pactado y adquirido el derecho a la indemnización por años de servicios, lo que representa varias decenas de millones de dólares, y esta, obligación acumulada no está registrada en el pasivo de las Compañías.

5°) La promesa de compraventa del 49% restante de las acciones, y las normas que regulan su oportunidad, el precio y la carga de pagar anticipadamente el sesenta por ciento de lo adeudado por el 51% de las acciones, sólo tienden a mejorar la situación de Anaconda frente a las disposiciones constitucionales sobre expropiación, que operan en moneda nacional, con plazos hasta de 30 años y sin permitir el enriquecimiento del expropiado a costa del Estado expropiante.

En el fondo, la promesa de compraventa entraba la libertad de los futuros gobiernos para alterar la política de la actual administración y otorga el privilegio de multiplicar la indemnización a favor de Anaconda por la riqueza del yacimiento que es y ha sido siempre del dominio del Estado, entregado en concesión a los capitalistas extranjeros.

6º) Contrariando las reiteradas declaraciones del gobierno y del PDC, se omite en términos absolutos la participación de los trabajadores en la gestión de las nuevas sociedades, como asimismo en los mayores ingresos generados por el mejoramiento sustancial de los precios. Justamente, ellos son los únicos que tienen título para llegar a ser socios del Estado chileno en la explotación del cobre, en la cual incorporan su trabajo y los grandes riesgos de la salud y de la vida que a ellos impone.

79) No existen razones valederas para mantener intangibles los actuales privilegios de Anaconda en la explotación de la mina Exótica, que a la más baja inversión conocida en el mundo tendrá una gran produción de bajo costo, ni para permitir que el mismo consorcio extranjero continúe operando en Chile a través de otras filiales.

8º) Nos congratulamos de que ideas descalificadas hace pocos años como "demagógicas" o "irresponsables" y sostenidas por personeros de la USP empiecen a ser aceptadas como contribuciones positivas y lógicas para el progreso de nuestro país. Ocurrió así con la creación de la Corporación del Cobre y luego con la aceptación de los precios del Mercado de Londres como pauta para la venta de la produción chilena. Aunque el gobierno desestima actualmente la idea, resulta indispensable la creación de una Bolsa de Metales radicada en Chile.

Por todas estas consideraciones, la Unión Socialista Popular considera que el acuerdo reciente no refleja, los intereses verdaderos del país e insiste en que sólo una política de nacionalización inmediata y total altera sustancialmente la situación de Chile con relación al imperialismo norteamericano.

Santiago, 1º de julio de 1969.

Secretariado Nacional Ejecutivo Unión Socialista Popular."

El señor CHADWICK.-

En lo esencial, la posición de los socialistas populares es que nunca, como ahora, fue más imperiosa la necesidad de la efectiva, inmediata y total nacionalización de la gran minería del cobre.

Ningún pueblo inteligente y libre podría tolerar, por más tiempo, vivir en la mayor estrechez, cuando no en la miseria absoluta, mientras una riqueza de enorme magnitud del subsuelo de su territorio se mantiene inactiva o es explotada por consorcios extranjeros que retienen sus utilidades en el exterior, abultan sus gastos en otros países y distorsionan los precios para burlar sus impuestos.

Un mínimo de conciencia colectiva reconoce en la soberanía del Estado los atributos para poner pronto remedio al mal que aflige a toda la nación, que sufre, el impacto del contraste grotesco entre el desvergonzado enriquecimiento de los consorcios extranjeros y la irritante falta de recursos para hacer las inversiones, sin las cuales ni es posible alcanzar una mediana productividad de la fuerza de trabajo, ni siquiera se logra dar ocupación a una población que aumenta en número y requiere mejores condiciones de vida.

El pueblo de Chile sabe que el mercado mundial no puede prescindir de nuestra produción; que Estados Unidos ya no puede exportar y que necesita proveerse de cobre en otros países porque sus minas están en un progresivo agotamiento; que las minas africanas no pueden reemplazar a la chilenas, y que su propia regularidad está afectada por trastornos de diversa índole; que, entretanto, los consumos se incrementan por el avance y extensión de la tecnología, por la expansión demográfica, por los nuevos niveles de consumo a que llegan centenares de millones de personas, por la carrera de armamentos y por los conflictos localizados. Los precios están en alza porque es mayor la demanda que la oferta, porque falta cobre en el mercado, y son muchos los que están informados de que la mera noticia de una huelga en alguna de las minas chilenas se refleja instantáneamente en el nivel de los precios.

No se puede dejar de comprender que la posición de fuerza del país productor se ha hecho especialmente vigorosa a consecuencia del déficit provocado por los ocho y medio meses de huelga de las minas de los Estados Unidos, el gasto de los "stocks" particulares y el uso de la casi totalidad de la llamada reserva estratégica.

Tenemos, por consecuencia, la certeza de que la colocación del cobre nacionalizado no podría ser bloqueada en el mercado mundial; de que ninguna medida compulsiva podría tomarse en ese sentido, y de que ni aun los medios indirectos se harían valer, porque es un hecho ampliamente conocido el que en la actualidad el mayor problema de los consumidores es contar con abastecimientos suficientes y oportunos, y porque el cobre ha pasado a ser un metal escaso, que soporta sobreprecios muy considerables, sin relación con el costo y las utilidades habituales en el sector de la producción de materias primas.

Desde enero de 1964, se ha roto la espina dorsal del monopolio mundial por su incapacidad de satisfacer normalmente la demanda. Ya no puede controlar artificialmente los precios, que siempre le ha interesado mantener deprimidos para trasladar las utilidades desde sus filiales extractivas a las manufacturas que ese mismo monopolio domina.

Chile, que ha sido víctima tradicional de esos manejos, tiene ahora conciencia del verdadero valor de su riqueza natural, que es la compensación generosa por sus extensos desiertos y sus montañas, que serían totalmente estériles si no estuvieran cuajadas de minerales.

Los buenos negocios proyectados aparentemente para dejar utilidades, una vez satisfechos los impuestos, del orden de 20% sobre el costo, lo que representa una rentabilidad poco común, no han podido ocultar que esas utilidades, después ele pagados los impuestos, oscilan entre 75% y 100% del costo, incluidos los gastos financieros.

Motivo de dilatadas reflexiones podría ser la suerte dramática que nos ha sido reservada porque, en verdad, jamás habríamos dispuesto de informaciones tan cabales ni de recursos tan efectivos para nacionalizar nuestras minas de cobre, si los propios monopolios no se hubieran encargado de extorsionarnos primero, con la falta de desarrollo de la producción en Chile, para arrancarnos toda clase de concesiones y privilegios, puesto que ha sido la insuficiencia de los abastecimientos mundiales en este período lo que finalmente ha hecho vulnerable al monopolio y ha permitido formar conciencia sobre la inaplazable nacionalización.

Los convenios del cobre, convenidos formalmente por el señor Frei en los días siguientes a su elección, y finiquitados a poco de asumir el Gobierno, se hicieron bajo el signo del ultimátum. No habría nueva inversión si el Estado no rebajaba impuestos, no otorgaba privilegios, exenciones y franquicias; si no daba inmutabilidad a estas ventajas; si igualmente no se mantenían por veinte años, desde que entraran en produción las nuevas inversiones, los regímenes excepcionales sobre el retorno parcial, sobre amortizaciones aceleradas, sobre ventas, etcétera.

En 1955, había ocurrido algo parecido, aunque en menor escala, para poner en marcha la planta de sulfures de Chuquicamata y la iniciación de las obras de El Salvador.

Durante la Segunda Guerra Mundial la imposición tuvo otro carácter: se nos obligó a vender el cobre al precio de 11 centavos 77 centésimos la libra, puesto en Nueva York, en circunstancias de que en la Primera Guerra Mundial el precio había sido de 27 centavos, de una moneda que tenía dos veces mayor valor que en 1939-1945.

El relato vuelve a hacerse de presente cuando recordamos que, en 1964, se nos impone el precio de "grandes productores", que nos irroga una pérdida del orden de los 140 millones de dólares en ese año, lo que se va agravando hasta culminar el año 1966, en que la producción de la gran minería resulta vendida a un promedio de 46 centavos, mientras cien mil toneladas de las minerías mediana y pequeña obtienen el promedio del mercado de 69 centavos la libra. En esta forma llegamos a una pérdida del orden de 180 millones de dólares. El cinismo alcanza al extremo de enviarnos al señor Harriman a arrancarnos un contrato especial de 90 mil toneladas al precio de 38 centavos la libra, para ser entregadas en ese año de 1966, es decir, con 31 centavos de diferencia sobre el precio medio de Londres.

Inútil sería entrar en mayores pormenores y mencionar la otra maniobra de fijar arbitrariamente la cotización "a futuro", cuando el precio al contado fue superior hasta en 10 centavos por libra, durante la huelga de los ocho meses y medio iniciada en agosto de 1967.

No es, por consecuencia, un hecho fortuito el de que la voluntad de la inmensa mayoría de los chilenos reclame la nacionalización de la gran minería del cobre cuando las condiciones del mercado mundial aseguran que no será bloqueada ni entorpecida, porque esas realidades del mercado mundial son consecuencia, en parte, de una política despiadada del monopolio internacional que ha oprimido a nuestro pueblo y ha reducido premeditadamente nuestra capacidad de producción.

La nacionalización no es, por lo demás, una medida que se limite al solo efecto de alcanzar un mayor ingreso fiscal y un mejoramiento de la balanza de pagos. Lo esencial en ella es romper la sujeción al capital extranjero, resolver el antagonismo entre el interés nacional y el interés particular de los monopolios.

Aquella sujeción y este antagonismo son la causa de nuestro subdesarrollo y de la honda crisis que agita a la América Latina. Siempre hemos contado con la solidaridad de sus pueblos. Pero, en más de una ocasión, los imperialistas nos han sugerido que ellos tienen a sus servicios a los respectivos gobiernos, dispuestos a las más atrevidas aventuras. Toda esta atmósfera de amenazas vedadas o abiertas se ha disuelto al calor que llega a nuestras fronteras del norte, por la acción de un gobierno peruano que procura aliar a las fuerzas militares, que lo llevaron al poder, con su propio pueblo, en una lucha frontal que expropia sin indemnización a la International Petroleum Company, termina con los feudos de Grace y pone mano dura a los piratas pesqueros y a los monopolios de esa industria. Nuestros vecinos de la vertiente atlántica de los Andes, por su parte, estremecen el noble suelo de su patria en el combate abierto contra un poder autoritario montado para servilla penetración del capital extranjero al compás de la batuta del Fondo Monetario Internacional.

De hecho, los gobiernos reaccionarios de América Latina están paralizados por sus propias contradicciones y ni siquiera hacen misterio de que, incluso para ellos, están canceladas las ilusiones y los sueños de la Alianza para el Progreso.

La nacionalización que nos liberará del imperialismo no sólo tendrá la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, sino que contará también con el apoyo de los países socialistas, poblados por más de un mil millones de habitantes, y de los países del llamado Tercer Mundo. Todo este conjunto representa la inmensa mayoría de la humanidad que se afana y lucha por el desarrollo y la expansión, y que está apartada de nosotros por las limitaciones de un comercio que el imperialismo nos obliga a realizar en dólares o en moneda convertible. El pueblo de Chile sabe que la nacionalización dinamizaría nuestro potencial, congelado en manos de los consorcios interesados en no ponerlo en explotación porque sus bajos costos desplazarían finalmente sus inversiones diversificadas en otros países y porque jamás pondrían su suerte en un solo país.

Ese potencial nuestro equivale a 40% de las reservas del mundo. Sus condiciones competitivas están manifiestamente aseguradas por la exigüidad de sus costos ya recordada y por las facilidades para el transporte marítimo que las hace alcanzar a todos los mercados.

Chile podría más que doblar las metas que se ha propuesto el actual Gobierno; toda la economía nacional se movilizaría; pasaríamos a poner al servicio del país el privilegio que la naturaleza entregó en sus fabulosos depósitos de una sustancia de los más variados usos, que se caracteriza por ser excelente conductor de la electricidad, irremplazable en las corrientes de bajo voltaje, cada vez más utilizadas; excelente conductor del calor, de muy ventajoso empleo en todos los dispositivos térmicos; imprescindible en aleaciones múltiples y en diversos productos de la química industrial.

Liberados de la sujeción al monopolio imperialista, desarrollaríamos la manufactura del cobre y pondríamos a nuestros investigadores y universidades en colaboración con la industria nacionalizada para mejorar la tecnología, alcanzar nuevos progresos y servir más eficientemente al consumo mundial.

La nacionalización del cobre -repito- no es un mero recurso para entonar nuestras arcas fiscales desfallecientes o para procurarnos un mejor activo en nuestra balanza de pagos internacionales: es la liberación del imperialismo ; es la superación de la dependencia y la sujeción que nos hacen mendigar créditos siempre ligados a compromisos oprobiosos; es el despegue de una economía que se arrastra -en una crisis endémica de inflación, falta de empleos y endeudamiento progresivo; es, finalmente, la puesta en marcha de un pueblo hacia un destino común, en el cual será una pesadilla el recuerdo de que cerca de un tercio de las personas que lo integran no tienen ingresos que alcancen a 85 dólares al año por ser humano, que es lo que ocurre en la actualidad.

Es una decisión política, por sobre todo. En su esencia, es un acto de poder del Estado soberano que, por razón de necesidad y de utilidad pública, expropia lo necesario para mantener una actividad de producción, transporte o comercialización, en beneficio del pueblo.

El Gobierno del señor Frei no tiene la voluntad de adoptar esa decisión política ni cree que deba realizarse la expropiación de los establecimientos mineros del imperialismo, sus plantas de beneficio, sus fundiciones y refinerías, ni está dispuesto a privarlo de la comercialización del producto, ni de la administración de sus factorías, ni del control financiero.

Mientras el país entero clama por esta decisión, el Gobierno del señor Frei la califica de conflictiva, inconveniente, y en lugar de expropiar, negocia y pacta, es decir, hace depender todo el alcance de la medida, su verdadera significación práctica, del consentimiento del grupo imperialista.

No es sólo que negocie, previamente y en secreto, sobre lo que sería el precio de lo que el Estado chileno se propone adquirir. Se negocia lo que el Estado hará con lo adquirido y se rinden prendas y garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adicionales que el grupo extranjero exige al socio estatal que llega a sumársele con capitales propios, pero con las manos atadas.

Estas negociaciones no pueden disfrazarse de nacionalización porque son extrañas a la esencia] potestad del Estado de fijar por sí mismo, por medio de la ley, las normas para determinar la indemnización, la forma de extinguir esta obligación, el modo en que tomará posesión del bien expropiado, su destino y aprovechamiento.

El contenido mismo de toda la negociación no puede ser más favorable al grupo imperialista ni más lesivo al interés de Chile.

Nuestro país, por la ley 7.160, de 21 de enero de 1942, gravó con un impuesto extraordinario de 50% la utilidad que obtuvieran las compañías sobre el precio básico de diez centavos la libra. Y la misma ley estableció, por exigirlo el interés nacional, la facultad del Presidente de la República de hacer obligatorio el retorno de hasta 20% del cobre, lo que permitió su entrega al Banco Central para venderlo libremente en el mercado, con una diferencia de precio en beneficio fiscal.

Estos gravámenes les fueron impuestos a las compañías, sin necesidad de negociar con ellas ninguna sociedad y, más aún, sin necesidad de comprar al precio de libros el 50% de su activo líquido.

Debe recordarse que, sin necesidad de negociar sociedad y comprar activo, la ley Nº 11.137 aumentó en una quinta parte el impuesto extraordinario de 50%, elevándolo a 60%.

Agréguese que la ley Nº 10.003 declaró de beneficio fiscal, en el carácter de impuesto extraordinario, el sobreprecio íntegro de 3 centavos, que llevó el precio, de 24,5, a 27,5 centavos.

Todos estos gravámenes, como se ha dicho, constituyeron impuestos extraordinarios, porque, además, regían para las compañías los tributos ordinarios, comunes a la generalidad de los contribuyentes, de la Cuarta Categoría de la renta y Adicional.

Las Compañías producían otro ingreso fiscal, que resultó ser el más importante: el proveniente de la diferencia de cambios resultante de comprar el Fisco a 19,37 pesos los dólares provenientes de los retornos de costo, y de venderlos a la paridad oficial.

Las Compañías no gozaban de franquicias de internación y debían pagar los impuestos y derechos de aduana por sus importaciones.

En resumen, a un precio promedio de 28,7 centavos la libra de cobre, con una producción anual de sólo 716.539,4 libras de metal, las compañías producían un ingreso fiscal de 100.932.138 dólares.

Entretanto, el Estado de Chile no había tenido que pagar ni una sola acción de la compañía, ni endeudarse en un solo dólar, ni comprometerse a cumplir ninguna obligación.

¿Cuál es la realidad que daba sustento a esa participación fiscal? La regalía que el Estado tiene legítimo derecho a percibir por las extraordinarias riquezas que puso a disposición de las empresas cuando les concedió gratuitamente las pertenencias para su explotación.

Las compañías obtenían generosas utilidades, porque la excepcional calidad de nuestros yacimientos les permitía incluir en sus costos las diferencias ele cambios, que alcanzaban a 45,8% ele la participación fiscal, en términos que para Braden Copper esos costos resultaban de 17,1 centavos ; para Chile Exploration, 19,4. y para Ancles Copper, 22,4.

Esa relación básica entre la bondad del yacimiento concedido gratuitamente y el costo de producción, es la que olvidan constantemente todos los negociadores y quienes se empeñan en defender a las compañías contra el interés del Estado de Chile, cuando presentan la participación fiscal como un mero impuesto, o, lo que es peor, lo transforman en ingreso a título de socio que aporta los capitales necesarios.

En esta confusión de las ideas, el Gobierno negocia el precio de adquisición del 51% del activo líquido, con un doble objetivo: obtener una tasa creciente de participación fiscal sobre 45 centavos la libra, y un incremento del ingreso por las utilidades restantes, correspondientes a la compra que efectúa según valor de libros. La promesa de compraventa del49% regula el precio con igual confusión.

El primer objetivo de la compraventa 'revela la extraordinaria miopía y la incapacidad sin límite de un Gobierno que se siente amarrado por una regalía del orden del 50% sobre la utilidad en yacimientos mineros con costos reales no superiores a 20 centavos, en circunstancias de que los precios de venta llegan a alcanzar a 70 centavos y oscilan entre ese nivel y los 50 centavos, y nada permite prever que bajen de 42. No hay en el mundo Estado alguno, por atrasado que sea, que conserve la fórmula colonialista de 50 y 50, que dominaba en los negocios petroleros anteriores a la segunda guerra mundial. Pérez Jiménez, en Venezuela, había aceptado esa fórmula para su petróleo; Betancourt la hizo cambiar a 62% para el Estado y 38% para las empresas, antes de asumir el Gobierno, siendo Presidente electo. Con posterioridad, ha sido elevada a 70% para el Estado y 30% para los particulares.

Ya se anuncia que dicha participación subirá a 75%.

La capacidad del Estado respectivo de alzar esas tasas no fue comprada ni se negoció mediante sociedades. Por lo demás, Chile, que en 1942, como lo recordé denantes, impuso por el solo ministerio de la ley un gravamen extraordinario sobre el impuesto de la renta y Adicional de 50% sobre el mayor valor de 10 centavos, que después recargó en 20%, ya no podría, bajo el Gobierno del señor Frei, participar extraordinariamente en un centavo cuando el precio del cobre llegue a 45 centavos, sin antes comprar por el precio de libros el 51% del activo líquido de las compañías.

Si a esta renuncia del Estado chileno a su soberanía se la denomina "nacionalización pactada", habrá que concluir que la confusión de las ideas invade el lenguaje y resulta imposible entenderse en forma racional con el actual Gobierno.

En cuanto al valor de libros, que vendría a fijar el precio de 51%, que Chile se ve en la necesidad de comprar para hacer lo que antes podía mandar como país soberano, es obvio y sencillo admitir que nuestros pronunciamientos habrán de ser provisionales, mientras tengamos una real posibilidad de examinar las partidas correspondientes.

A las colectividades de Oposición no puede exigírsenos que anticipemos juicios sobre cada una de las partidas que conforman un balance, porque ellas no hacen sino resumir operaciones contables que tienen, a veces, largo desarrollo y que, en muchas oportunidades, es necesario examinar minuciosamente.

El señor PABLO (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Creí disponer de más tiempo.

El señor PABLO (Presidente).-

El Comité de su partido contaba con 29 minutos.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Podemos cederle cinco minutos, señor Senador.

El señor CHADWICK.-

Agradezco su deferencia.

El señor PABLO (Presidente).-

Con la venia del Comité Radical, puede continuar Su Señoría.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Eso es por ahora; si Su Señoría lo desea, podemos concederle otros cinco minutos.

El señor CHADWICK.-

Mejor todavía.

Acabo de escuchar al señor Ministro hacer una referencia incompleta -me he incorporado tarde a esta sesión- sobre la forma como se ha manejado el gasto de financiamiento de las empresas que pasarían a transferir su activo y pasivo. Prefiero creer que el señor Ministro se ha referido exclusivamente a la Chile Exploration, y que no ha hecho extensivas sus argumentaciones al caso de la Andes Copper. Digo lo anterior, porque respecto de esta última tengo la certeza de que se ha llevado a costos todo el servicio de capitales. De este modo, al adquirir Chile el activo líquido, pagaría dos veces por esas partidas. Una vez, cuando fueran sustraídos los valores equivalentes de la renta de la compañía -lo cual determinó que, durante años, Andes Copper no pagara impuestos, por estar en proceso de amortización y en aumento el gasto financiero- y ahora, cuando incorporados esos valores al activo, pasan a computarse para dar la diferencia que debemos pagar.

No estoy en condiciones de pronunciarme derechamente sobre el valor asignado a esa diferencia de activo y pasivo -que se hace alcanzar a 197 millones de dólares por el 51%, pero tengo la certeza -repito- de que, cuando se usó el procedimiento de regular el precio del 49% restante que se promete vender por las compañías extranjeras al Estado chileno, que se compromete a comprar, no se está utilizando la rentabilidad del capital, sino la productividad de la mina.

El negocio es espléndido, porque la mina produce a costo bajo cuando la escasez mundial fija sobreprecios. No produce porque se hayan invertido tales o cuales capitales. La rentabilidad no está en función del capital, que tiene su propia tasa de rentabilidad, llamada interés. Es un principio elemental de derecho que el dinero renta interés. La mina es la que permite a la empresa, por sobre el interés del dinero, alcanzar las utilidades fabulosas y extraordinarias que hemos comprobado hoy día al ponerse en descubierto el verdadero valor del cobre. Pagar por la rentabilidad promedio significa pagar por el valor de una mina que pertenece al Estado.

Al respecto, deseo hacer una observación. Se han hecho aquí varias alusiones, inclusive en la Sala, para dar a entender que un Senador de Izquierda habría aceptado que la expropiación debiera comprender el pago del yacimiento mismo.

El señor PABLO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Cedemos cinco minutos más a Su Señoría

El señor CHADWICK.-

En verdad," eso no es así.

De acuerdo a la actual legislación, deformado el sentido de la propiedad del

Estado sobre las minas, transformando la concesión en propiedad, violentando los términos que condicionan la concesión a la caducidad, frecuentemente se ha llegado a admitir por los tribunales y enseñado en la cátedra que la mina sería propiedad del particular titular de la concesión. Pero eso no es así. Y no lo es, como lo hemos demostrado a través de largos debates en el Senado. Y, precisamente, para corregirlo, esta Corporación aprobó una reforma constitucional cuyo despacho fue entrabado después por la acción del partido de Gobierno. Pero las cosas quedaron tal como están, en el plano de los principios jurídicos.

Todos sabemos -el señor Ministro, menos que nadie, lo puede negar- que los derechos reales adquiridos bajo el imperio de una ley antigua se rigen en la forma de extinción por las disposiciones de una nueva ley.

El derecho a explotar la pertenencia puede y debe ser modificado como medida previa, precisamente, a cualquiera operación que en el plano jurídico se quisiera llevar con justicia, para una expropiación eficiente. Pensando así, la Honorable señora Campusano y el Senador que habla iniciamos un proyecto para modificar el Código de Minería, a fin de destacar el carácter de mero derecho-función de la pertenencia, Y para el Gobierno, que en la reforma agraria aprobó modificaciones al Código de Aguas, y para Chile, que ha vivido desde 1950 bajo el imperio de ese texto legal, no puede ser misterio ni puede ser obstáculo alguno el tener un instrumento creado por la iniciativa legislativa, para poner las cosas en orden y establecer que nuestro país puede expropiar las inversiones extranjeras sin pagar un solo centavo por el yacimiento. Esto es lo justo, porque todas las inversiones que se hacen en las grandes minas se van cargando a gastos de explotación. Es lo justo, porque el país ha sido desangrado; está postrado, precisamente, porque, no obstante ser inmensamente rico y dominar toda un área del desarrollo industrial contemporáneo, sus minas han estado en poder del monopolio mundial.

Creo que las intervenciones de los señores Senadores de Izquierda, especialmente la del Honorable señor Montes, me ahorran el examen particular de esta negociación, que conduce finalmente a someter al Estado al vejamen de tener que comprar en dólares el derecho a imponer una tributación extraordinaria; que somete al Estado al vejamen de tener que comprar en dólares el derecho a esperar años a que el monopolio cumpla un compromiso de compraventa del 49% restante, y que somete al Estado al vejamen de tener que aceptar el veto que inmoviliza la administración de la empresa, regula las condiciones de venta, somete las inversiones del Estado y el destino de su industria básica a la influencia permanente de! capital financiero extranjero, que no estará interesado en que prospere la adquisición del total de la empresa, sino en que se destruya o fracase.

El señor PABLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Senador:

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

Ofrezco la palabra.

El señor ALTAMIRANO.-

Los Partidos Comunista y Socialista y el MAPU han presentado un proyecto destinado a nacionalizar toda la industria productora de cobre de más de veinticinco mil toneladas.

Los argumentos que hemos escuchado al propio Gobierno apoyan nuestra postulación de que debe exigirse la nacionalización de toda la gran minería del cobre y, en general, de aquella que produzca más de veinticinco mil toneladas del metal.

Esta tarde hemos escuchado al señor Ministro contestar -debemos reconocerlo- con tranquilidad, pero con cierta sorna, las cifras que se han dado a conocer por algunos parlamentarios. En verdad, esta experiencia ya la pudimos apreciar cuando se discutieron los convenios, en 1965. En ese entonces, los señores Raúl

Sáez y Javier Lagarrigue también se permitían hacer diversas correcciones; manifestar que estábamos en un error al afirmar tal o cual hecho y que las cifras precisas y exactas eran las que ellos nos entregaban; que esos convenios constituían la viga maestra de la política del Gobierno en materia del cobre, que arrojarían inmensas utilidades para Chile y que permitirían dar trabajo a más de cien mil nuevos obreros en nuestro país. La realidad posterior ha venido a demostrar que la sorna de los negociadores y los parlamentarios que defendían en ese entonces los convenios era errada, y que quienes estábamos en la razón éramos nosotros.

La verdad es que los convenios celebrados en 1965 no tienen defensa y que todos los partidos políticos, inclusive el Nacional, los han condenado duramente; y, sobre todo, los condenan las cifras. No voy a abundar en ellas. El tiempo de que dispone el Comité Socialista es escaso, y son muchos los temas que debo tratar, de modo que me remitiré a lo sustancial.

El hecho concreto es que antes de los convenios celebrados en 1965,'-la Kennecott, del ciento por ciento del capital, obtenía una utilidad promedio, en los últimos seis años, de diez millones de dólares; después de celebrados los convenios, después de vender el 51% de su capital al Estado chileno en una cifra que nosotros estimamos en este momento exorbitante, aumentó sus utilidades a un promedio de treinta millones de dólares los años pasado y antepasado. O sea, con la mitad del capital triplicó sus utilidades.

Nosotros nos preguntamos: ¿algún empresario chileno, aun aquellos más explotadores, han obtenido esos inmensos beneficios en los últimos tres o cuatro años de esta Administración?

El grupo. Anaconda, que tenía una utilidad promedio de 35 millones de dólares, pasó a ganar en 1968, según las cifras que dio el propio Presidente de la República, noventa y ocho millones de dólares; en cifras redondas, cien millones de dólares. A tal punto llegan las utilidades de estas empresas, que el ex Senador y ex Embajador en Estados Unidos, el señor Radomiro Tomic, en el discurso que pronunció en la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano en mayo último, expresó, a pesar de haber sido uno de los hombres que intervinieron -por lo menos en sus inicios, según ha ratificado posteriormente- en los anteriores convenios, al referirse a lo que significaban las utilidades de las empresas productoras de cobre, inclusive algunas de la mediana minería, lo siguiente:

"Dijimos que los 230 fundos de propiedad individual más caros de Chile representaban en conjunto el trabajo y el ahorro de 400 generaciones y valían en conjunto 50 millones de dólares. Una sola empresa, cuyos balances tengo aquí a mano, de la mediana minería (¡no de la minería grande!) protegida por los mecanismos de "garantías" y "estimules a las inversiones extranjeras" ha ganado en cuatro años cuarenta millones de dolaras de utilidades netas después de pagar los magros impuestos que la "estimulan". ¡Y se ha llevado legalmente fuera de Chile los 40 millones de dólares

El señor HAMILTON.-

¿Me permito una interrupción, Honorable colega?

El señor ALTAMIRANO.-

Por desgracia, sólo dispongo de unos pocos minutes, señor Senador.

Y agregaba el señor Tomic: "Con sus utilidades de 4 años, esta compañía mediana (pero "protegida" por los mecanismos neo-capitalistas), podría comprarse los 230 fundos más caros de chilenos individuales."

Y sigue más adelante: "¡Cada "franquicia y privilegio" que la autoridad otorga tiene un valor real y es pagado, en último análisis, por la nación y todos los chilenos!" O sea, el propio señor Tomic reconocía las inmensas utilidades que han obtenido estas empresas, lamentablemente, a nuestro juicio,...

El señor HAMILTON.-

¿ Me permite iuna breve interrupción, Honorable colega ?

El señor ALTAMIRANO.-

...reconocidas un poco tardíamente.

Se la voy a conceder, a pesar de que Su Señoría se negó a darme ni siquiera una breve interrupción. Lógicamente que se la otorgo con cargo a su tiempo.

El señor HAMILTON.-

Muchas gracias, señor Senador.

Estoy de acuerdo con lo expuesto per el Honorable señor Tomic en el discurso que Su Señoría está citando.

Celebro, además, que esté leyendo a los autores democratacristianos.

En tercer lugar, quiero decirle que Su Señoría, como quedó demostrado ampliamente en la discusión de los Convenios del Cobre en 1965, en que este punto fue muy controvertido,...

El señor CHADWICK.-

¡Eso es falso!

El señor HAMILTON.-

…fue uno ele los autores del Estatuto del Inversionista, que establece, precisamente, estas ventajas, de las cuales hoy día el Honorable señor Tomic y todos estamos reclamando.

El señor ALTAMIRANO.-

Lamentablemente, debo gastar mi tiempo en contestar falsedades absolutas.

Como Su Señoría acaba de ser elegido, ignora que esa imputación ya se ms hizo, entiendo que por el Honorable señor Fuentealba, y que ya quedó debidamente demostrado que yo no firmé el decreto con fuerza de ley que estableció el Estatuto el Inversionista.

Pero volvamos al objeto básico.

¡Tan grandes han sido las utilidades, señores Senadores!

El señor RODRIGUEZ.-

Infórmese mejor para otra vez, Honorable señor Hamilton.

El señor ALTAMIRANO.-

Los socialistas hemos estado esclareciendo en forma permanente este problema. Precisamente, tengo aquí un cuadro preparado por la Oficina de Informaciones del Senado, que se basa, según dice el documento, en fuentes del Banco Central de Chile, la balanza de pagos de los años 1965 y 1986 y el Ministerio de Minería. En dicho cuadro se demuestra cómo, a contar de 1952, año en que se dictó la ley Nº 10.255; de 1956, año en que se aprobó el nuevo trato al cobre, y de 1967, año en que se promulgó la ley que permitió la celebración de los actuales convenios, Chile ha ido perdiendo, en porcentaje, en tributación y las empresas han ido ganando, en porcentaje, en utilidad. En efecto, bajo el imperio de la ley Nº 10.255, Chile percibió por tributación, 44,8 % ; bajo el nuevo trato, el país disminuyó su ingreso por tributación al 31,7%, y bajo el imperio de la ley actual, sólo percibe 30,1%. En cambio, las utilidades de la empresa, bajo la ley Nº 10.255, eran de 12,8% ; bajo la vigencia del nuevo trato de la ley Nº 11.828, pasó a ser de 13,9%, y con los actuales convenios, aumentaron a 15,5%. En consecuencia, nadie puede negar ahora el inmenso negocio que han hecho las compañías.

Nosotros mismos hemos insistido hasta la saciedad, con majadería, en los nuevos privilegios y beneficios que significarían para la Kennecott, para la Cerro Corporation y para la Anaconda la aprobación de los convenios. Sin embargo, se insistió en llevarlos a la práctica.

El convenio con la Anaconda, celebrado el 18 de diciembre de 1964 por los señores Raúl Sáez y Javier Lagarrigue, decía textualmente:

"En resumen, por este convenio, las Compañías Anaconda se asocian e identifican con los intereses del país.

"El presente Convenio se basa en el propósito de las partes de servir los mejores intereses del país, concediéndose, al mismo tiempo, un tratamiento general justo y equitativo a los negocios de las Compañías Anaconda en Chile."

De manera que en ese entonces, este mismo Gobierno -ni siquiera tendría el pretexto de decir que los convenios fueron celebrados por la anterior Administración-, en el contrato celebrado con Anaconda para "servir los mejores intereses del país", asociaba a Chile a los intereses de una empresa imperialista, no obstante que nuestra nación presume de libre y soberana. Nosotros insistimos mucho en esa frase.

Ahora el Gobierno, los parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra -como el Honorable señor Hamilton- y el propio señor Ministro de Minería, han demostrado cuánto mejor que el convenio anterior, que cautelaba "los mejores intereses del país", es el que se ha firmado o se firma, en estos días.

El 21 de diciembre de 1964, el Presidente de la República, después de conocer ese convenio, anunciaba en forma dramática -no tanto como lo hizo ayer o anteayer en el Teatro Caupolicán- que "esta negociación es el mejor regalo que puedo hacer a. mi patria; y como chileno y padre de familia estaré junto a todos ustedes en esta fiesta que tiene tanto sentido humano."

O sea, el señor Frei consideraba que los convenios -entre ellos, el con Anaconda- interpretaban el interés de Chile y eran el mejor regalo que se le podría ofrecer a nuestro pobre y explotado país.

Ahora ellos mismos reconocen que ese convenio tenía serias y profundas fallas, y que, porque "las circunstancias han cambiado", debe modificarse. Sin embargo, el Primer Mandatario no repara en sus propias palabras: ayer, con pasión impropia de un Jefe de Estado, califica de "miserables" a quienes nos atrevemos a dudar de las inmensas, fabulosas e increíbles ventajas del convenio que estarnos conociendo estos días. La vez pasada, cuando dudamos de esos convenios y los impugnamos, criticamos y condenamos, no se nos aplicaban epítetos tan violentos como aquél, aunque se nos calificaba de opositores eternos, permanentes obstruccionistas de la labor del Gobierno y antipatriotas. Y la historia ha demostrado que estábamos en la razón.

En esta oportunidad, el Jefe del Estado dijo lo siguiente: "...pero lo que no es tolerable es que se mienta para argumentar y que se falseen los hechos más claros para engañar al pueblo. Bien decía Kipling: "¡Qué difícil es ser hombre y ver que nuestras palabras verdaderas son distorsionadas por los malvados para engañar a los tontos!"

Nosotros preguntamos: ¿Quién engañaba a quién? ¿Tiene autoridad moral el Presidente de la República -quiero creer que por equivocación- para que la vez pasada nos presentara como una panacea definitiva los Convenios del Cobre, como una solución integral de la política cuprera, como un aporte extraordinario al desarrollo económico chileno, y hoy haya tenido que renegociar en parte el acuerdo con la Kennecott, en aquella cláusula que establecía el contrato de administración?

Ha debido renegociarse casi íntegramente el contrato con la Cerro Corporation, porque todos los antecedentes y cifras que se nos dieron eran equivocados: la inversión de 90 millones de dólares no bastaba, y era necesario aumentarla a 150 millones, i Y hoy nos está preocupando la renegociación de la Anaconda! ¡No han pasado tres años y, en la práctica, los tres convenios que en ese entonces fueron presentados como solución definitiva y maravillosa para Chile, han tenido que ser modificados!

El propio señor Tomic -para complacer al Senador Hamilton voy a continuar citándolo- ha manifestado que la única solución es la que han propuesto los Partidos Socialista, Comunista, MAPU y Radical: la nacionalización. Dijo así: "El cobre debe ser nacionalizado, no como un acto de venganza., sino porque cada país tiene derecho a vivir de sus propios recursos y Chile necesita del amplio margen que le permite la explotación nacional de su cobre."

El señor HAMILTON.-

¡Eso es lo que ha dicho el Gobierno!

El señor ALTAMIRANO.-

He citado al señor Tomic, precisamente para demostrar cómo la lucha de años y años del movimiento popular -hoy día, incluso- ha logrado convencer a los sectores más reaccionarios -como es el Partido Nacional- y a otros personeros de la política chilena, como el señor Tomic, quien defendió los convenios, pero ahora -nos felicitamos de ello- declara que la única solución es nacionalizar el cobre.

Se dice: "Estamos en esta política". Sin embargo, el señor Ministro de Minería ha manifestado en la sesión de anteayer que no estamos en esa política. No estamos en la política, de la nacionalización, como anota livianamente el Honorable señor Hamilton. El señor Ministro de Minería ha reconocido que se nacionaliza en forma teórica la. Anaconda, pero que ésa no es la intención del Gobierno respecto del resto de las grandes pertenencias mineras. De manera que lo que el Presidente de la República y el Gobierno denominan un problema de principios, no es una política integral en cuanto a nacionalizar las riquezas fundamentales chilenas, pues se trata de una sola empresa.

Dejaré formulada una pregunta, porque no tenemos su contestación. Según nos han manifestado los dirigentes de la Confederación del Cobre, en la entrevista que sostuvieron con el Presidente de la República éste les habría asegurado que la compra del 49% de las acciones restantes no es una decisión del Gobierno, pues él patrocinaba la política de chilenización, sino que es una imposición de la Anaconda.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¡No, señor!

El señor HAMILTON.-

¡No!

El señor ALTAMIRANO.-

Quiere decir que los representantes de la Confederación del Cobre entendieron mal.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Muy mal.

El señor HAMILTON.-

¡Pésimo!

El señor ALTAMIRANO.-

En todo caso queda claro lo que aquí escuchó el Senado al señor Ministro de Minería: ésta es una política que se aplica al caso concreto de Anaconda; no es una política, de principios; no es una política tendiente a que todo el cobre producido en el país sea chileno, pues sólo en teoría y en la medida en que el próximo Gobierno o el que lo siga lleve adelante la nacionalización, en esa medida adquiriremos únicamente el dominio del cobre que produce el grupo Anaconda.

El convenio -debemos decirlo- que se está llevando a cabo es mejor que el que actualmente existe con el grupo Anaconda. ¡Indiscutiblemente que es mejor, por algo que se ha dicho en este debate: porque hay un principia de nacionalización! Precisamente, ello demuestra que nosotros estamos en la razón: mientras más se nacionalicen las riquezas fundamentales, mayores serán los ingresos para Chile.

El Honorable señor Hamilton, en la sesión de la mañana, dio algunas cifras que -imagino- serán correctas o, por lo menos, aproximadamente correctas. Dijo el señor Senador -podrá corregirme, pues no alcancé a anotarlas bien debido a la premura- que a 45 centavos de dólar la libra -de aprobarse el actual convenio-, Chile ganaba 1.060 millones de dólares más en relación con el convenio celebrado en 1965.

El señor HAMILTON.-

En una proyección de 20 años.

El señor ALTAMIRANO.-

Exactamente.

A 50 ó 55 centavos, 1.458 millones de dólares, y a 60 centavos, 2.557 millones de dólares. Esto nos da la razón y viene a demostrar las inmensas ventajas que tiene el nacionalizar las riquezas básicas. Pero esto no lo afirmamos hoy, en el mes de julio de 1969: lo hicimos hace más de 36 años; es decir, cuando nuestra colectividad política nació a la vida pública en Chile, ya planteamos como requisito esencial el reivindicar nuestras riquezas fundamentales. De modo que estas cifras no vienen sino a corroborar y ratificar nuestra larga lucha de años y año, que ha significado derramar sangre proletaria y minera en El Salvador y otros tantos minerales.

Sin embargo, esta operación, con ser mejor que la celebrada en 1965, es peor en relación con lo que Chile debiera hacer: nacionalizar todas las riquezas básicas. Además, no podemos aceptar el procedimiento empleado, pues significa sentar gravísimos e incalculables efectos negativos para el futuro. ¿Por qué? Porque la. operación -como se ha repetido y como la opinión pública está informada- se realiza en dos etapas. Durante esta Administración, se compra el 51% de las acciones; el próximo Gobierno deberá adquirir el 49% restante, pero tal vez, como el sistema tiene una opción de 12 años, tampoco pueda ejercer ese derecho y sea otra Administración la que lo haga, si considera justos los términos. De manera que, hasta este instante, sólo adquirimos el 51%.

Se ha discutido el precio respecto de ese 51%. En términos generales, el señor Ministro ha aseverado aquí que su valor es de aproximadamente 386 millones...

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

...ó 400 millones de dólares, porque a esos 386 millones habría que agregarles algo más, según sus propias palabras.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No, señor Senador.

¿Me permite una interrupción?

El señor ALTAMIRANO.-

Con todo gusto, con cargo al tiempo de Su Señoría.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Con seguridad me haré cargo de todas las observaciones en otra sesión, porque veo que ahora mi tiempo ya casi ha terminado.

Sólo quiero decirle -para evitar que Su Señoría siga argumentando sobre una base errada- que el precio del 51% jamás puede llegar a ese valor. Cuando cité esa cantidad, me referí al valor total de libros de las dos compañías, considerado al 31 de diciembre de 1968. De manera que no se puede atribuir al 51% de las acciones el valor del total de libros. Esa es la diferencia, existente entre las dos cifras.

El señor ALTAMIRANO.-

El error en la interpretación del señor Ministro obedece a que Su Señoría no me dejó terminar la idea.

Precisamente, lo que yo estaba señalando es lo que el señor Ministro me ha anotado : el ciento por ciento del grupo Anaconda vale, aproximadamente, según valor de libros, 386 millones de dólares, más algunas colillas que agregó anteriormente, con lo cual podría redondearse la cantidad en 400 millones de dólares. En consecuencia, Chile deberá pagar 200 millones por el valor del 51%.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Correcto.

El señor ALTAMIRANO.-

El problema parece muy claro y simple, referido a una operación matemática aplicada al valor de libros; pero tal valor de libros es muy discutible.

Tenemos antecedentes entregados por el Departamento del Cobre a la Oficina de Informaciones del Senado. Según ellos, las cantidades invertidas por las empresas del grupo Anaconda son muy distintas de las dadas aquí.

Por otra parte, los antecedentes proporcionados por Impuestos Internos en 1965, cuando se discutieron los Convenios del cobre, también arrojan diferencias siderales entre lo que ahora se afirma y lo que ayer se dijo.

La propia Anaconda -en una propaganda realizada, como era de imaginar, en forma, millonaria, ocupando páginas enteras de todos los diarios de Chile- declara que ella tiene una inversión total de 498,99 millones de dólares y haber amortizado 308,18 millones. En consecuencia, llega a una inversión neta cercana a 190 millones de dólares.

¿Qué he querido decir con eso? Que las cifras varían notablemente. El señor Ministro, con cierta complacencia, ha creído rectificar lo dicho por el Honorable señor Montes. En verdad, el problema debe ser estudiado, porque -repito- en 1965 nos- hicieron afirmaciones categóricas, rotundas, claras: todos los antecedentes demostraban que el precio de la libra de cobre sería de 29 centavos de dólar y que el costo de producción de Anaconda en ese entonces ascendía a 15 centavos de dólar la libra. Ahora, señor Ministro, según sus cálculos, ¿a cuánto asciende ese costo?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Qué cálculos, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

Los relativos al costo de producción de la libra de cobre de Chilex y Andes.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

El señor Senador sabe que, por razones comerciales muy claras, el dato sobre costos sólo puede darse en sesión secreta.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Pásela por escrito, señor Ministro...!

El señor ALTAMIRANO.-

Tengo mala suerte con Su Señoría, porque desde ayer me está amenazando con sesiones secretas.

El hecho concreto es que en esa época se nos hizo una afirmación categórica; pero ahora se varía radicalmente. Ello demuestra cómo las cifras pueden ser modificadas.

Respecto del 51%, sólo decimos que no aceptamos las cifras entregadas y que ellas deben ser estudiadas, como dijo el señor Ministro -ojalá que así lo hubiera hecho el Gobierno-, por el Parlamento o por las Comisiones. El Ejecutivo ha demostrado especial interés por sustraer del conocimiento del Congreso el análisis acabado, definitivo y serio de este problema, porque eso le permitirá decir después: "Ustedes han cometido un error en esto o en esto otro". Si su deseo es que ignoremos esta situación, sólo podemos sostener que, a nuestro juicio, este negocio debió someterse a la consideración del Parlamento como proyecto de ley, pues compromete las riquezas básicas de Chile.

Insisto: no estamos de acuerdo con las cifras proporcionadas a título de referencia, según entiendo, porque bien sabemos que ellas quedarán incorporadas a los convenios y serán definitivas.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

Con cargo a su tiempo.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Tengo mucho respeto por la ilustración, estudio y dedicación del Honorable señor Altamirano.

El señor ALTAMIRANO.-

Me alegro.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Hace mucho tiempo, porque juntos fuimos Gobierno, nos correspondió abordar bastantes problemas relacionados con la minería.

El señor ALTAMIRANO.-

Debe de ser lo único.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Sugiero a Su Señoría que, en vez de guiarse por las cifras en referencia, se atenga a lo que dicen las bases del acuerdo. En ninguna parte de ese documento se proporcionan cifras. Mal se podrían dar, porque el aporte de activos y pasivos de Chile Exploration y Andes Copper se hará de acuerdo con el valor que esas empresas tengan en los balances y libros al 31 de diciembre de 1968, ajustado a la misma fecha de 1969, pues la sociedad se constituirá el 1º de enero de 1970, dentro del curso normal de las operaciones y construcciones. Las adiciones y deducciones de dichos pasivos y activos que no correspondan al giro normal sólo podrán efectuarse por acuerdo de ambas partes.

Lo dije en mi exposición; lo propio hizo el Presidente de la República en su anuncio al país, y lo repetiré aquí una vez más: no hay cifras comprometidas; se trata de un balance, y ellas serán determinadas de acuerdo con los informes del Servicio de Impuestos Internos y la Corporación del Cobre. No es admisible aceptar a fardo cerrado cifra alguna. Las que hemos dado han sido a título de referencia. No sigamos usando cifras, porque las definitivas las determinará la revisión de esos activos y pasivos a la fecha ya indicada.

El señor ALTAMIRANO.-

Me alegra la interrupción del señor Ministro, aunque me alarma extraordinariamente: las cifras que Su Señoría dio en la sesión pasado a manera de referencia, también las anunció al país el Presidente de la República. Entonces, señor Ministro, el consejo de no usar más guarismos déselo al Primer Mandatario, que no sé si acepta recomendaciones de sus Secretarios de Estado.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

El hecho concreto es que el Presidente de la República dio cifras. . .

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Como referencia.

El señor ALTAMIRANO.-

...como referencia, lo que significa que ellas serán muy superiores. No bajan los guarismos cuando está de por medio el interés de Anaconda. Ellos no disminuirán.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Por qué duda de Impuestos Internos y la Corporación del Cobre, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

Porque en 1965 se nos presentó un cuadro maravilloso, que hasta la fecha no hemos visto. Sólo ha habido miseria y despilfarro de nuestras riquezas básicas.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

Me alarma de manera extraordinaria que estemos actuando sobre la base de referencias tan vagas. Ahora resulta que las cifras entregadas anteayer por el señor Ministro de Minería y hace dos o tres días por el Jefe del Estado son meras referencias, carentes de valor.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Por qué, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

Estoy seguro de que esos guarismos crecerán notablemente.

Respecto del precio del 49% de las acciones restantes, nuevamente hacemos la misma pregunta formulada anteayer al señor Ministro: ¿por qué el Gobierno se interesó tanto en convenir en condiciones inmensamente desventajosas, desde nuestro punto de vista, ese 49 %?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Desea que le conteste, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

¿Por qué se sentó el gravísimo precedente de que en el futuro, respecto de las expropiaciones o compraventas o promesas de venta -o como quiera llamarse en forma jurídica la operación que con ellos se celebre-, todos los inversionistas extranjeros tendrán el legítimo derecho de alegar la rentabilidad del negocio? Como dijo denantes el Honorable señor Chadwick, considerar esa rentabilidad es una forma indirecta -yo la calificaré de hipócrita,- de avaluar la mina.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

¿Cómo, señor Senador? ¡Por Dios!

El señor ALTAMIRANO.-

Porque, como dijo un señor Senador, no son los bienes ni los fierros los que produce fundamentalmente el negocio, sino el yacimiento. Por lo tanto, si se avalúa la rentabilidad del negocio, se está considerando lo que produce la mina.

A nuestro juicio, este precedente es funesto. Si mañana llegara al Poder en nuestro país un Gobierno auténticamente popular, la Kennecott nos diría: señor, considere la rentabilidad de mi negocio. Y su rentabilidad por el 51% alcanzó en utilidades el año pasado entre 28 millones y 30 millones de dólares. Si esa utilidad se mantuviera durante 3 años, deberíamos pagar a la Kennecott, por el 49% restante, alrededor de 240 millones de dólares, en circunstancias de que ya le cancelamos 80 millones y ese precio era nacionalizar el 75% que nos queda en Exótica y tuviéramos que considerar el concepto "rentabilidad del negocio" -entre comillas-, estaríamos obligados a pagar una cifra disparatada.

Insisto: se ha sentado el grave precedente de no actuar sobre la base del valor de libros. Por lo demás, nosotros no lo consideramos. Se ha dicho y repetido en la Sala -y el señor Ministro lo ha reiterado-: "Ahí están los antecedentes". Pero éstos no nos convencen. No dudamos del Servicio de Impuestos Internos, sino del imperialismo y las empresas norteamericanas. A lo largo de los años, nos han entregado cifras falseadas. Si en Chile existiera un Gobierno auténticamente popular, estoy seguro de que sucedería lo mismo que en el Perú: ellas nos deberían pagar a nosotros.

El señor HAMILTON.-

¿Qué hizo Su Señoría cuando fue Gobierno?

El señor ALTAMIRANO.-

Sumarían millones y millones de dólares las cantidades que han descontado a título de depreciación, de amortización, de ventas de activos, aumentando exageradamente los bienes que internan y cometiendo fraudes tributarios. No podemos aceptar esos guarismos, porque, como dijo el señor Ministro, están dados a título de referencia. A nuestro juicio, ni siquiera tienen este valor, y Su Señoría se molestó cuando se empleó tal palabra.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Son referencias.

El señor ALTAMIRANO.-

En consecuencia, no tenemos ninguna base de discusión. Sólo sabemos que, tal como sucedió en esta negociación, se juntarán dos o tres caballeros y un buen día nos dirán: el 51% de las acciones vale 230 millones, 240 millones o 300 millones de dólares, y el 49% restante, otra millonada más.

El Gobierno ya debería tener concepto muy claro sobre el particular. Debió haber venido al Congreso con antecedentes estudiados. Nosotros tenemos legítimo derecho a carecer de esas informaciones pero el Ejecutivo no tiene ninguno para decirnos que todavía desconoce las cifras definitivas. No obstante poseer todos los antecedentes, sostiene: puede ser ésa, puede ser menos o mucho más; son referencias, informaciones, datos.

De aquí al 31 de diciembre, señor Ministro, las variaciones serán inmensas; el Gobierno debe estar en perfecto conocimiento de lo que se puede invertir. Su Señoría podría indicarnos con centavos, sin siquiera aproximaciones, lo que valdrá ese 51%.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Ya lo dije, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

¿A cuánto asciende?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

En mi intervención de ayer, expresé en forma muy clara cuáles podrían ser las variaciones.

El señor ALTAMIRANO.-

Ahora me dice que no, que tal vez.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Es preciso poner atención en estas cosas, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

He puesto mucha atención.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Es muy fácil argumentar en contra de los planteamientos e insistir en los errores.

He manifestado que el compromiso es el valor de libros de la empresa al 31 de diciembre de 1969 y que este dato se encuentra en mi exposición. También se dice en ella que, según cálculos de la Corporación del Cobre, esas variaciones pueden ser muy pequeñas. Es decir, respecto del 51%, en ningún caso se llegará a la cifra de 300 millones de dólares señalada por Su Señoría. Se estima que será alrededor de 10 millones, debido a las inversiones efectuadas durante el año en curso.

La Corporación del Cobre revisa permanentemente la contabilidad de las empresas. No es cuestión de que Anaconda vaya a hacer lo que se le ocurra.

El señor HAMILTON.-

Eso sucedía cuando el Honorable señor Altamira.no era Gobierno.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Eso pasaba cuando no existía control, pero ahora aquel organismo ejerce vigilancia absoluta sobre toda la contabilidad.

El señor RODRIGUEZ.-

Dé cifras, señor Ministro.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Lo haré, señor Senador, pero déjeme terminar.

En Chilex, según datos de la Corporación del Cobre, esos reajustes podrán aumentar en 10 millones de dólares, por efecto de las inversiones realizadas durante 1969, con cargo a utilidades no repartidas. Respecto de Andes, se estima que ese valor podrá incrementarse en 5 millones, de dólares, debido a las inversiones hechas en el curso de este año, con cargo a utilidades no repartidas.

El señor SULE.-

¿Me permite una consulta, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

Con mucho gusto, Honorable colega, después de que responda al señor Ministro.

En verdad, es muy difícil entender a Su Señoría. He declarado que los valores aproximados que hemos recibido por el ciento por ciento del avalúo actual, según libros de la Anaconda., ascenderían a más o menos 400 millones de dólares.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Estamos de acuerdo.

El señor ALTAMIRANO.-

El señor Ministro dijo denantes que no usaría cifras.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No, señor Senador.

El señor ALTAMIRANO.-

Hace pocos momentos sostuvo que era una referencia; ahora afirma que no, pues ésa es la cifra.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Es diablo el Ministro...!

El señor ALTAMIRANO.-

Aun cuando esa cifra alcance a más o menos 10 millones de dólares, no la reconocemos, porque la Anaconda y todos estos grupos monopólicos han vivido en Chile cometiendo toda clase de fraudes tributarios, pues no ha existido verdadera fiscalización. Puede ser que en el último tiempo haya habido vigilancia más estricta, pero antes no existía.

El señor HAMILTON.-

No había control adecuado.

El señor ALTAMIRANO,-

Tan así es qua cada organismo proporciona cifras diferentes.

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda),-

¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

No daré más interrupciones, señor Ministro.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Quedan dos minutos a Su Señoría.

El señor ALTAMIRANO.-

Mayor razón para no acceder a la petición del señor Ministro.

Además, toda esta operación -que consiste en comprar el 51% ahora, y en que al próximo Presidente o, tal vez, al que suceda a éste, corresponde la adquisición del 49% restante- depende de un hecho que hasta ahora flota en la nebulosa: del impuesto al sobreprecio o de la posibilidad de que éste se transforma en dividendo extraordinario. Si ello no ocurre, resultará que el precio que pagaremos por el 49% restante será diferente y las utilidades de Chile cambiarán radicalmente.

Hasta el momento, los dos Ministros presentes, que también asistieron a la sesión pasada, no han podido decir categóricamente: "el sobreprecio es una realidad para Chile e ingresará, por ley o por convenio, a nuestras arcas".

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Los términos de la negociación son muy claros.

El señor ALTAMIRANO.-

Los Ministros han dicho que eso dependerá del resultado de las negociaciones que se realizarán con la Kennecott y el resto de las empresas de la gran minería. Si esas compañías aprueban el criterio del Gobierno, el sobreprecio se transforma en dividendos. Si ello no ocurre, el Presidente de la República enviará un proyecto de ley sobre la materia.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Así es.

El señor ALTAMIRANO.-

Pero no sabemos si habrá ley ni si ella tendrá carácter retroactivo. Es decir, estamos en el "nirvana".

Por eso, sostenemos que esta operación ha sido celebrada en las peores condiciones para Chile. Debimos haber expropiado a las empresas, según normas legales y constitucionales que se aplican a cualquier chileno, y en esas condiciones...

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor ALTAMIRANO.-

Solicito que se me prorrogue el tiempo.

El señor SULE.-

El Comité Radical le cede cinco minutos, señor Senador.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Con la venia del Honorable señor Sule, puede continuar Su Señoría.

El señor ALTAMIRANO.-

Decía que toda esta, negociación aún está en el aire, que debe ser analizada y que se ha efectuado al margen de la ley común que se aplica a cualquier nacional. Inclusive el latifundista chileno está sujeto a un sistema que consiste en expropiar sus tierras en promedio a 25 años plazo y en pagarle en escudos o en bonos reajustables la parte a plazo, en un 70%.

El señor HAMILTON.-

¿Me permite, señor Senador?

El señor ALTAMIRANO.-

En la negociación en comentario, el valor de lo expropiado se cancela, prácticamente al contado, en un plazo brevísimo, y en dólares. Es decir, las condiciones válidas para el latifundista minero Anaconda son mucho más favorables que las empleadas para con cualquier latifundista chileno.

El señor HAMILTON.-

¿Me permite?

El señor ALTAMIRANO.-

Contra estas profundas diferencias hemos reclamado. No puedo conceder interrupciones, porque sólo me restan dos o tres minutos.

El señor HAMILTON.-

Con cargo a nuestro tiempo, entonces.

El señor ALTAMIRANO.-

Además, adherimos a las aseveraciones del Honorable señor Montes: las limitaciones que existen en el teórico Directorio con mayoría chilena en ambas sociedades son de tal naturaleza, que nuestros representantes serán simples "palos blancos", no mandarán ni administrarán nada, porque el veto de los socios minoritarios, el contrato de asesoría y los contratos actualmente vigentes, prácticamente amarran al Directorio -repito- teóricamente mayoritario de cuatro chilenos. ¡Ojalá sean chilenizados, o chilenos, y no "norteamericanizados"! En síntesis, ellos no predominarán sobre los tres representantes norteamericanos.

El retorno, uno de los sistemas más abusivos que existe, y que todos impugnamos cuando se discutieron los convenios del cobre, tampoco será modificado.

En consecuencia -y con esto concluyo-, esta operación arroja una ventaja en ingresos para el país, sobre el actual convenio, sobre el que rige hasta, el día de hoy, entiendo, con la Anaconda. Pero implica gravísimos vacíos respecto de una auténtica política nacionalizadora y, también, respecto de un proyecto elaborado y presentado por nosotros, el Partido Comunista., el MAPU y el Partido Radical. Esta iniciativa es inmensamente más favorable, porque incluye a toda la gran minería, y no sólo a un rubro, en condiciones, como ya hemos demostrado, -bastante discutibles, ya que depende de una serie de factores que aún no se han esclarecido y que pueden transformarse en una verdadera catástrofe para nuestro país.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Muy bien!

El señor ALTAMIRANO.-

Agradezco al Comité Radical los minutos que me cedió.

El señor HAMILTON.-

Me alegro de las palabras del Honorable señor Altamirano, ya que, en su concepto, esta negociación es sensiblemente superior al régimen actual, aun cuando, a su juicio, sería preferible una expropiación o nacionalización conflictiva.

Simplemente, deseo hacer dos observaciones.

Primera. El Honorable señor Altamira- no estima discriminatorio el tratamiento dado a los agricultores chilenos en virtud de la ley de Reforma Agraria, al compararlo con el que se otorga a las empresas americanas en ¡a nacionalización pactada.

En este punto se comete un grave error por parte de los señores Senadores. En primer lugar, lo que en la reforma agraria se paga a plazo es el fundo, la tierra, el predio, el casco. Y cuando se trabaja bien, ese lapso es de diez años. En cambio, en la nacionalización convenida...

El señor CHADWICK.-

Pero también se pagan todos los inmuebles adheridos.

El señor HAMILTON.-

...no se paga por la mina ni un solo centavo, como lo demostré esta mañana.

El señor ALTAMIRANO.-

Se considera el negocio.

El señor ITAMILTON.-

En la reforma agraria las mejoras se pagan al contado.

El señor ALTAMIRANO.-

No es efectivo.

El señor HAMILTON.-

En la nacionalización acordada, no ocurre eso.

El señor ALTAMIRANO.-

Las mejoras se pagan a contar del 4 de septiembre de 1964,

El señor HAMILTON.-

No se pagan.

Su Señoría ha hecho un diagnóstico extraordinariamente pesimista sobre ¡a influencia del imperialismo. En verdad, esta influencia se ha ejercido en cuanto al cobre prácticamente desde que el país entregó la explotación del mineral a las empresas norteamericanas. Es el Gobierno actual el que está recuperando esa riqueza para Chile mediante la chilenización y, ahora, con la nacionalización, abriendo las puertas a otros pasos en esta materia.

El Honorable señor Altamirano, con ocasión del debate de los convenios anteriores, reconoció reiteradamente su influencia en el Gobierno del señor Ibáñez, en el cual fue Subsecretario.

El señor ALTAMIRANO.-

Es un argumento deleznable.

El señor HAMILTON.-

Y gracias a la influencia personal que tenía sobre el señor Ibáñez, Chile cometió un grave error en esa época: pretendió vender el cobre a un precio que no pudo imponer en el mercado internacional. Se acumularon más de 120 millones de toneladas que en forma mendicante se vendieron, gracias a la influencia del señor Altamirano, a los Estados Unidos de Norteamérica.

El señor ALTAMIRANO.-

Eso no es efectivo.

El señor HAMILTON.-

Ello ocurrió durante la guerra de Corea. Y el cobre chileno se transformó en material bélico que usaron los norteamericanos en contra de los norcoreanos.

El actual Presidente de la Corporación del Cobre, amigo personal del Honorable señor Altamirano, escribió a éste desde Estados Unidos, donde se encontraba, para felicitarlo por su designación de Subsecretario...

El señor ALTAMIRANO.-

¿De quién se trata?

El señor HAMILTON.-

De don José Claro.

En aquella oportunidad, también le hizo ver la inconveniencia de la operación. Sin embargo, la influencia del señor Altamirano...

El señor ALTAMIRANO.-

Nada recuerdo de ello.

El señor HAMILTON.-

No digo que el Honorable señor Altamirano estuviera entregado al imperialismo, pero él reconoció que su influencia fue importante. No llegó muy lejos, por cuanto esa operación se consumó. Por eso, no tiene derecho hoy día para decir que esta negociación, la más conveniente a los intereses de Chile de cuantos convenios se hayan celebrado en materia de cobre,...

La señora CAMPUSANO.-

Es más conveniente a los intereses norteamericanos.

El señor HAMILTON.-

...se realiza al servicio del imperialismo y no al de Chile.

El señor SULE.-

El Comité Radical concede el tiempo necesario al Honorable señor Altamirano.

El señor ALTAMIRANO.-

Lamento que el Honorable señor Hamilton rebaje en estos términos el debate. Cada uno actúa en el terreno que puede.

El señor 'HAMILTON.-

Tengo buena memoria o muy mala memoria.

El señor ALTAMIRANO.-

Su Señoría pretende involucrarme, por haber sido Subsecretario hace 14, 15 ó 16 años. No lo sé con exactitud; el señor Senador puede hacer el cálculo. Pero ello no significa que tuviera influencia en una política del Gobierno.

Aún más: el señor Senador incurre en una equivocación. El Partido Socialista se retiró del Gobierno, precisamente, porque deseaba vender el cobre a todo el mundo y romper el estrangulamiento que existía y que impedía a los países socialistas adquirir el mineral.

El señor HAMILTON.-

No está mal para ser un argumento de última hora.

El señor ALTAMIRANO.-

En resumen, la afirmación del Honorable colega no tiene ningún fundamento. Todo lo que ha dicho aquí no es efectivo.

¡Si el Ministro de Hacienda ya lo dijo ¡Pero se juntan en la noche y se cuentan los argumentos! El señor Ministro de Hacienda ya señaló en un foro que los socialistas estuvieron en tal o cual Gobierno.

El señor HAMILTON.-

Son hechos, históricos.

El señor ALTAMIRANO.-

Yo procedería de igual manera si reprochara a la Democracia Cristiana no haber realizado nacionalizaciones en la época del Gobierno del señor Arturo Alessandri, en el cual el señor Bernardo Leighton fue Ministro del Trabajo. ¡No empleo ese tipo de argumentes! No puede pretenderse que un Ministro del Trabajo impusiera una política al señor Alessandri.

Del mismo modo se podría preguntar por qué no actuaron de esa manera en el Gobierno de Gabriel González, del cual formaban parte. Es absurdo hacer imputaciones a un partido por no haber impuesto una determinada política, cuando sólo manejaban dos o tres Ministerios.

Sería absurdo que yo usara tal argumento, para decir, por ejemplo, que el señor Frei fue Ministrode Juan Antonio Ríos o de Alfredo Duhalde; y Bernardo Leighton, Ministro del Gobierno de Arturo Alessandri.

Tal proceder no tiene fundamento ni seriedad. Y estimo que en un debate de esta importancia debe darse un mínimo de fundamento y seriedad a los argumentos que se emplean.

Gracias, Honorable señor Sule, por cederme parte de su tiempo.

El señor RODRIGUEZ.-

Aprenda la lección, Honorable señor Hamilton.

El señor NOEMI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor SULE.-

La verdad es que en este debate no queda otra cosa que llorar sobre la leche derramada por el actual Gobierno.

El señor MUSALEM.-

¿Qué leche?

El señor SULE.-

Antes de empezar mi intervención, deseo formular al señor Ministro dos preguntas bien concretas.

Primera: las sumas dadas para el valor del activo y pasivo de Chilex y Andes al 31 de diciembre de 1968, ¿son exactas o no lo son?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Sí, son exactas.

Son datos oficiales de la Corporación del Cobre. Provienen de balances presentados por las compañías y aprobados.

El señor SULE.-

Segunda pregunta: se dice en las bases del acuerdo que el precio por acción será la cantidad resultante de multiplicar el promedio de las utilidades anuales por acción después de deducir los impuestos a la renta, el adicional y el sobreprecio, en su caso. ¿Significa esto que Chile participará en el sobreprecio cualesquiera que sean los resultados de las gestiones que se realicen con Kennecott y' otras compañías?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Podría contestarle -porque es una materia a la cual me referí ayer-, pero el señor Ministro de Hacienda desea hacerlo.

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-

A mi juicio, hemos sido bastante claros: si no hay acuerdo con la Kennecott en materia de sobreprecio, se enviará al Congreso el proyecto de ley respectivo, a fin de hacerle aplicable ese sobreprecio. Y esperamos que el Parlamento apruebe esa ley.

El señor SULE.-

No es ésa mi pregunta.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

El señor Senador pregunta si es decisión del Gobierno mantener el sobreprecio.

El señor SULE.-

No se trata de eso.

Quiero saber si basta aprobar las bases de este convenio directo con Anaconda para que ella dé a Chile participación en el sobreprecio, o si es necesario que esta participación se imponga también a las demás compañías.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Ayer manifesté en el Senado que basta el acuerdo a que hemos llegado con Anaconda para que empiece a regir el sobreprecio.

El señor RODRIGUEZ.-

Parece que no.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Sí, señor Senador.

Las bases del acuerdo, distribuidas a todos los señores Senadores, son muy claras: esta participación comienza a regir desde el 1º de junio del presente año.

En seguida, ese sobreprecio se mantiene durante 1969 y 1970. Lo único que se ha pedido -y nosotros hemos accedido- es que durante este lapso el sobreprecio se haga extensivo también a otras empresas de la gran minería, ya sea exigiéndolo por la vía del acuerdo o por la de la ley. Si no llegamos a un acuerdo con Kennecott -estoy seguro de que lo lograremos-, enviaremos un proyecto de ley al Congreso. Ya he recibido de parte de todos los sectores parlamentarios, a contar del 21 de mayo, y en estos días también, la seguridad de que todos ayudarán a despachar esa iniciativa. Y en la Comisión de Minería de la Cámara, donde están representados casi todos los partidos, un Diputado de su colectividad formuló su adhesión para que este proyecto sea realidad.

O sea, hasta el 31 de diciembre de 1970, basta con las bases de acuerdo señaladas para que la Anaconda siga pagando el sobreprecio. La forma en que opera en el caso de no haber ley, está señalada también en esas bases.

El señor SULE.-

Concretamente, ¿la condición para participar en el sobreprecio en Anaconda es que se obligue también a las otras compañías a dar participación en el sobreprecio?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No, señor Senador. El Gobierno puede participar del sobreprecio desde el momento de la firma del acuerdo. Puedo decirle que ya lo está percibiendo, antes de firmarse las escrituras. Lo hace desde el primero de junio y seguirá en esa situación hasta diciembre de 1970.

El señor SULE.-

¿Y después?

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Después, si no hay ley al respecto, es evidente que no se puede imponer esa obligación.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Ahora ya llegamos a lo sustancial!

El señor SULE.-

Con eso me basta. Muchas gracias, señor Ministro.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No veo por qué, si todos los parlamentarios de cada una de las colectividades políticas son partidarios de que Chile goce de ese mayor precio, tienen tan poca fe en que este Parlamento sea capaz de despachar un proyecto para que nuestro país siga percibiendo el sobreprecio después de diciembre de 1970.

El señor SULE.-

Otra pregunta, señor Ministro.

Si no se logra a través de la ley una mayor participación en el sobreprecio y nacionalizamos derechamente, ¿paga Anaconda esa participación? Esto es muy importante.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

No entiendo. Si nacionalizamos a quién.

El señor SULE.-

A Kennecott.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

En ese caso no hay problema, porque la compañía será toda chilena.

El señor SULE.-

No estoy hablando de la compañía chilena, sino de la Anaconda.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

En ese caso no habría discriminación, porque ninguna otra empresa de la gran minería se negaría a cancelar el sobreprecio. Evidentemente, El Teniente pagará el sobreprecio.

El señor SULE.-

Muchas gracias, señor Ministro.

El señor SILVA ULLOA.-

Con cargo a mi tiempo, haré uso de una interrupción que me ha concedido el Honorable señor Sule.

Conocemos el procedimiento establecido en las bases de acuerdo -entregadas por el señor Ministro de Minería- para el caso de que no haya ley ni acuerdo con Kennecott y Exótica, esta última una empresa de la gran minería donde la Anaconda posee el 75% de las acciones. Para la eventualidad de que esto ocurriera al 31 de diciembre de 1970, el mecanismo para participar en el sobreprecio se suspende y lo percibido debe devolverse agregándolo a las cuotas pendientes de la adquisición del 51% da las acciones.

Aquí deseo hacer una observación al señor Ministro, que demuestra que en las bases de acuerdo se ha incurrido en un error. Si no hubiera participación en el sobreprecio, esa cantidad estaría afecta tanto al impuesto a la renta que cancelan las grandes empresas mineras, como al adicional. Resulta que, en el supuesto de que no hubiera ley ni acuerdo con las otras empresas, se devolvería el total de lo pagado por el sobreprecio, sin deducir el impuesto que legítimamente deben al país. Y, naturalmente, esto es un error.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Es una vergüenza!

El señor SILVA ULLOA.-

No. quiero abusar de la interrupción, porque dispongo de muy poco tiempo, pero haré otra consulta que ya se ha formulado al señor Ministro y que no ha tenido respuesta.

Ocurre que, para la adquisición del 49%, el mecanismo que establecen las bases de acuerdo es pagar, por parte de la sociedad minera chilena que se constituye, el valor de libros que representa ese porcentaje. Las sociedades mineras que se harán cargo de Chuquicamata y de Potrerillos y El Salvador, responderán por todos los acuerdos que afectan a la Chile Exploraron Company y la Andes Copper Minnig. Ahora bien, en los libros no figuran más -por disposición de Impuestos Internos- reservas para cancelar la indemnización por años de servicios a los obreros y empleados. Y el primero de enero de .1970, estas empresas chilenas se harán cargo de todo el personal, con toda su antigüedad, inclusive de los extranjeros, que gozan de garantías muy superiores en cuanto a los años servidos, que poseen seguro de vida y otras prestaciones que tienen convenidas por el tiempo que ya han servido a las compañías foráneas.

Naturalmente, como no se han hecho las reservas -repito-, esos valores no figurarán en los libros, en el pasivo, para ser más exacto. Y son valores que deben pagarse. Por ejemplo, si el 2 de enero de 1970 todos los trabajadores de la Chilex y de la Andes se retiraran, habría que cancelarles todos sus derechos, porque ha quedado en claro que esto se respeta.

De acuerdo con nuestros cálculos -que no son exactos, ya que partimos de suposiciones y del conocimiento que tenemos de la antigüedad de los trabajadores-, esos derechos por el tiempo servido significarían un gasto cercano a los 30 millones de dólares, cifra que no está considerada en los libros de las empresas, que no figura en el pasivo, y, por consiguiente, de acuerdo con las bases pactadas, serán una trágica herencia que recibirán las sociedades mineras chilenas.

Quisiéramos una respuesta conveniente.

El señor NOEMI.-

¿Me permite?

El señor SULE.-

Con cargo a su tiempo, con tocto gusto.

El señor NOEMI.-

Yo podría conceder una interrupción al señor Ministro, con cargo al tiempo democratacristiano, pues él ya ocupó el suyo.

El señor PABLO (Presidente).-

Lo que procede es que el Honorable señor Sule otorgue una interrupción al señor Ministro, pero con cargo al tiempo de la Democracia Cristiana.

El señor SULE.-

El señor Ministro me ha contestado en dos oportunidades.

El señor RODRIGUEZ.-

Con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

El señor MUSALEM.-

No, señor Presidente, porque se va a seguir con el sistema de que los señores Ministros tengan tiempo limitado. Ellos tienen derecho constitucional para hablar en el Congreso. Los parlamentarios no tienen interés en darles todo el tiempo que necesitan.

El señor PABLO (Presidente).-

El Comité Demócrata Cristiano no cede tiempo al señor Ministro.

Quiero hacer presente que en la sesión de anteayer el señor Ministro se excedió en el uso de la palabra. Por lo tanto, hoy establecimos un límite, a fin de que los distintos sectores del Parlamento pudieran intervenir.

El señor MUSALEM.-

Los Ministros vienen al Congreso a responder las consultas.

El señor SULE.-

Por mi parte, no tengo inconveniente en que el señor Ministro hable con cargo al tiempo del Comité de su partido.

El señor PABLO (Presidente).-

El Comité Demócrata Cristiano cede cinco minutos al señor Ministro.

El señor MUSALEM.-

No daré más mi acuerdo para limitar el tiempo a los señores Ministros.

El señor PABLO (Presidente).-

Oportunamente podrá hacer presente su punto de vista en los Comités, señor Senador.

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-

Voy a referirme al problema de la indemnización por años de servicio.

En efecto, como dijo el Honorable señor Silva Ulloa, una disposición legal permitía a las empresas deducir como gasto la reserva que debían hacer para el fondo de indemnización por años de servicios. Si se hubiera aplicado esa norma, se habría dado un beneficio exagerado a las compañías del cobre. En otro precepto legal se modificó esa situación. De ese modo, no se permite deducir como gasto la reserva -que debe hacerse en un pasivo transitorio- por concepto de indemnización de años de servicio, sino que sólo se autoriza acreditarla como gasto cuando efectivamente se paga la indemnización.

Por lo tanto, puede estar tranquilo el Honorable señor Silva Ulloa, ya que en el pasivo tiene que aparecer la reserva que debe poseer la compañía para cumplir esa obligación.

El señor SILVA ULLOA.-

Ruego al señor Ministro revisar los balances de Chilex y Andes y ver si acaso existen. En verdad, no están ahí.

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-

Deben tenerla.

El señor SILVA ULLOA.-

No existe.

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-

Si no tienen esta reserva, deberán contabilizarla en una cuenta especial, porque es obligación que tienen al 31 de diciembre de 1969, cuando hagan el aporte del activo y pasivo de la sociedad. O sea, tiene que aparecer.

El señor CHADWICK.-

En eso estamos de acuerdo, pero no en cuanto a que aparece en los libros.

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-

No se permite deducir como gasto la totalidad de la reserva para indemnizaciones por años de servicio. Lo único que se autoriza deducir como gasto es lo que efectivamente se paga en un año por ese rubro.

El señor SILVA ULLOA.-

Pero no hay reserva.

El señor CHADWICK.-

Efectivamente. Ese es el problema.

El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-

En todo caso, tendrá que hacerse la contabilización.

El señor SULE.-

En verdad, nos deben helar de pánico las respuestas de los señores Ministros de Hacienda y Minería respecto de la participación en el sobreprecio.

En síntesis -las cosas hay que decirlas por su nombre-, la Anaconda ha exigido el cumplimiento de las disposiciones de la ley 16.624, que establece que cualquier impuesto nuevo, cualquier participación, se acepta por las sociedades mixtas siempre que sean de aplicación general.

No sé qué pasará en Chile y en nuestra economía si las compañías sujetas a convenio se niegan a otorgar esta mayor participación.

El señor FUENTEALBA.-

¡La ley!

El señor SULE.-

Se nos ha dicho que una ley. Conforme.

Nosotros, los radicales, por el bien de Chile, estamos dispuestos inclusive a sacar del trance en que se encuentran, al Partido Demócrata Cristiano y al Gobierno mismo. Punto uno.

Punto dos. Como eso es cuestionado -y desgraciadamente pueden cuestionarlo las compañías-, a lo mejor, el único remedio que queda es la nacionalización, por 1o menos de las riquezas básicas que controlan las compañías.

El Honorable señor Silva Ulloa ya señaló los graves defectos, quizás lo más peligroso, de este convenio, a raíz del problema que planteó, de modo que no abundaré en la materia.

Señor Presidente, los Senadores radicales entramos a participar en este debate sobre el convenio celebrado entre el Gobierno y la Anaconda con profunda preocupación, dada la importancia que reviste para Chile todo cuanto se refiere a nuestra principal riqueza básica.

Desgraciadamente, sólo estamos en posesión de las bases de este convenio desde el día miércoles recién pasado, en que el señor Ministro de Minería expuso ante el Senado el contenido y alcance del referido documento. Para nadie puede escapar que respecto de una materia tan compleja y una negociación relativa a un asunto que en muchos de sus aspectos reviste caracteres acentuadamente técnicos, y en otros toca a aspectos económicos y financieros extremadamente difíciles de captar y apreciar en toda su significación, no puede realizarse un análisis, con la profundidad que desearíamos, cuando sólo hemos tenido 48 horas para leer tales documentos. Prácticamente hemos carecido de tiempo para requerir una información complementaria sobre algunos aspectos que no nos parecen lo suficientemente esclarecidos.

Para nosotros, la alternativa no está, como se ha dicho por algunos, entre nacionalización negociada y nacionalización legislativa. Este es más bien un juego de palabras que oculta la verdadera realidad, como es la de optar entre la nacionalización total e inmediata y una chilenización que comprenda una segunda etapa en que se podría llegar a la nacionalización.

En la negociación del Gobierno con Anaconda, se deja al margen el yacimiento La Exótica, sin que hasta ahora se hayan dado las razones acerca de este trato discriminatorio que aparece favoreciendo los intereses de Anaconda. En la actualidad, el Estado sólo tiene una participación de 25% en La Exótica y ella, naturalmente, debería quedar comprendida en el tratamiento que se propone para el resto de Anaconda, si es que en realidad se busca la nacionalización de la gran minería del cobre. Adelantándonos a la respuesta que puede dársenos, decimos, desde luego, que, técnicamente, La Exótica forma parte de un mismo conjunto geológico con el resto de los yacimientos que están en poder de Anaconda, y abastece de óxidos a la planta de óxido de Chuquicamata, ya que prácticamente los óxidos, en Chuquicamata propiamente dicha, se encuentran en vías de extinción; de tal manera que, en el supuesto caso de que se nacionalice Chuquicamata y no se haga lo propio con La Exótica, resultaría que, en cuanto al abastecimiento de óxidos, la planta nacionalizada quedaría dependiendo de una sociedad mixta en que predomina el capital extranjero. Nos parece que una situación tan anómala como la que acabo de señalar no favorece los intereses de Chile y puede acarrear trastornos e inconvenientes difíciles de prever desde ahora. Además, someter a administraciones separadas a dos yacimientos con las características de continuidad y de contigüidad de Exótica y Chuquicamata, significa un alza de los costos, derivada del hecho de que se hacen necesarios gastos generales paralelos, aparte los inconvenientes que significa la falta de una común orientación técnica. Para este tipo de yacimientos continuos y contiguos es necesario -más que eso, indispensable- una misma gerencia, una misma administración, un mismo control y una misma proyección de la producción. Por este motivo, insistimos en que Exótica debe nacionalizarse simultáneamente con el resto de la gran minería del cobre.

El criterio de la nacionalización total informa, por lo demás, el proyecto que mi partido presentó a la Honorable Cámara de Diputados, que, en sus artículos 1° y 2º, autoriza al Presidente de la República para expropiar los bienes y derechos que constituyen el activo de las compañías de propiedad de Anaconda y para expropiar además, las acciones de propiedad de particulares de las sociedades mineras mixtas constituidas de acuerdo con el artículo 55 de la ley 16.624. La negociación del Gobierno adolece del defecto de dejar fuera de ella a las sociedades mixtas ya constituidas, en circunstancias de que el proceso, para ser eficiente, debe ser completo. Ahora bien, se argumenta de contrario que se trata en la especie de contratos legalmente celebrados y que no sería serio ni útil para el país entrar a su revisión. Pero el propio Gobierno ha señalado que citará a Kennecott para renegociar un aspecto muy importante de los convenios, cual es una participación en el sobreprecio del cobre. Si se entra a revisar esos convenios, es necesario, entonces, tratar de solucionar el problema definitivamente, sobre la base de plantear una nacionalización de dichas riquezas en cuanto al resto de acciones que no tiene el Gobierno de Chile. De no actuarse así, podría darse el caso de que en lo futuro hubiera una parte de la gran minería del cobre nacionalizada, si es que llega a buen término la segunda etapa que el Gobierno propone con tal objeto, y otra parte en que aún tuviéramos capitales norteamericanos directamente comprometidos.

Esta negociación, como ya se ha dicho, comprende dos etapas: la primera, en que se incorpora a Chilex y Andes al régimen de las sociedades mixtas, y una segunda etapa en que se podría llegar a la nacionalización total y completa de ambas empresas norteamericanas. Desde luego, salta a la vista, en las bases del convenio que nos han sido entregadas por el Supremo Gobierno, que existe una diferencia fundamental y muy importante en cuanto a la forma en que se determina el monto que debe pagarse por el 51% de las acciones de la compañía, y al modo en que se determina el monto que debe pagarse por el restante 49 %. En efecto, según esas bases, una vez constituidas las nuevas sociedades, cada compañía venderá a CODELCO el 51% de sus respectivas acciones en las sociedades chilenas a un precio equivalente al valor de libros al 31 de diciembre de 1968, pagadero en el plazo de 12 años a contar desde el 1º de enero de 1970 en cuotas semestrales iguales, a las que se agregará el interés devengado sobre el total del saldo insoluto a la fecha de cada pago. Y se agrega que la tasa del interés será de seis por ciento anual, libre de impuestos. Se ha afirmado que, de acuerdo con ello, la suma por pagar sería de 212 millones de dólares aproximadamente. Pero la forma de calcular el valor del 49% restante de las acciones es muy distinto. En las bases del convenio se dice que el precio por acción será la cantidad resultante de multiplicar el promedio de las utilidades anuales por acciones del período transcurrido desde el 1º de enero de 1970 hasta la fecha de la venta, por uno de los siguientes factores: si la venta se realiza durante el año 1973, el factor será 8; si durante el año 1974, será 7,5; y así sucesivamente hasta llegar al año 1977, en que dicho factor sería 6. Al igual que en la primera etapa, el precio se pagará en doce años, con un interés de seis por ciento anual.

Es evidente, entonces, que el criterio que se aplica en la segunda etapa no es e; que se propone para la primera. ¿Por qué no se usó también para esta segunda etapa -pregunta el Partido Radical- el criterio del precio equivalente al valor de libros? El señor Ministro de Minería no nos ha dado ninguna explicación al respecto. Y tanto el país como nosotros necesitamos conocer esa explicación, pues no cabe duda de que, de aplicarse el valor de libros, la nacionalización tendría un costo muy inferior para Chile. ¿Por qué el modo de cálculo para el precio, que fue bueno y aceptado por Anaconda para la primera etapa, no se aplica también a la segunda? No quiero entrar a determinar cifras, pues carecemos de las informaciones y antecedentes necesarios para hacerlo, pero estoy seguro de no equivocarme al afirmar que el precio que va a cancelarse a Anaconda, o que se cancelaría a Anaconda para la ejecución de la segunda etapa prevista en el convenio, es inmensamente superior al precio que resultará del valor de libros, aplicable en la primera etapa, o sea, en la chilenización de las empresas Chilex y Andes.

Cuando se determina el precio sobre la base del valor de libros, se están tomando en consideración las inversiones realizadas por las empresas norteamericanas en los yacimientos que explotan en Chile. Pero no ocurre lo mismo cuando se recurre a la rentabilidad como base para determinar dicho precio, ya que la rentabilidad resulta tanto de las inversiones realizadas como del mineral extraído, introduciéndose entonces un nuevo elemento, cuya inclusión no se justifica de ningún modo, pues el yacimiento es de Chile y existe independientemente de toda inversión o esfuerzo del capital extranjero.

En la mañana de hoy, el Honorable señor Hamilton nos ha dicho que es un grave error jurídico el de considerar que estas minas son de dominio exclusivo del Estado...

El señor HAMILTON.-

No he dicho eso.

El señor SULE.-

Lo reiteró Su Señoría. Si no es así, le ruego aclarármelo.

El señor HAMILTON.-

He dicho algo diferente: que el Estado tiene un dominio inmanente, pero otorga a los particulares una propiedad minera en forma de pertenencia sujeta a limitaciones y condiciones, particularmente el amparo; y que esa propiedad minera es objeto de toda clase de transacciones en el comercio humano, pues se compra o se vende como se compran o se venden la casa, el auto, zapatos, bienes muebles o inmuebles. He dicho que, aun cuando en un proyecto de nacionalización ideal se excluyera todo valor por las pertenencias mineras, se correría siempre el riesgo de que, ante la justicia ordinaria, se pudiera considerar un valor como indemnización por esa propiedad que el Estado había otorgado a un particular y que sería nacionalizada o expropiada.

El señor SULE.-

Muchas gracias.

Como se trata de modificar el Código de Minería, invito al señor Senador a que presentemos rápidamente un proyecto de enmienda ante el Congreso...

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Estoy totalmente de acuerdo.

El señor SULE.-

Y de reforma de la Constitución Política también.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

De acuerdo.

El señor SULE.-

Hagámoslo mañana mismo.

El señor HALES (Ministro de Minería).-

Es difícil.

El señor SULE.-

Nada es difícil cuando se trata de los altos intereses del país.

El señor HALES.-

¿Cuántas Comisiones se han nombrado hasta ahora, que nunca han dado resultado?

El señor SULE.-

Esa es una mala costumbre de los Ministros del actual Gobierno: que usan la radio, la televisión y la prensa para desprestigiar al Congreso Nacional, en el cual participan también representantes del partido de Gobierno. Ayer mismo lo hizo, en un foro de la televisión, el señor Ministro de Minería, y protesto airadamente por sus expresiones.

Por lo que estaba diciendo, afirmamos que en esta segunda etapa la determinación del precio obedece a factores muy distintos a los que se proponen para la primera, y la importancia de ello es de tal magnitud que se desvirtúa el total de la negociación, toda vez que no tendría importancia alguna ni utilidad para Chile que el precio pagado por la primera etapa no fuese abusivo, ya que el extraordinario costo de la segunda vendría en el contexto general de la compra a aumentar sensiblemente el precio total de ella, con grave deterioro para nuestro país. Exagerando las cosas, incluso podría regalársenos el 51% y de todas maneras la operación sería lesiva para los intereses del país.

En el proyecto de nacionalización presentado por mi partido se establece que el valor de la indemnización debe fijarse de acuerdo con el monto de las inversiones que haya efectuado el expropiado, deduciéndose previamente todas las sumas y valores que se hayan destinado a amortizaciones, castigos, depreciaciones, formación de fondos de reserva y, en general, de aquellos que, por cualquier causa, signifiquen disminución del monto de esas inversiones. Y agrega el proyecto que, en todo caso, se rebajará de esta suma una cantidad igual a 10% de las utilidades percibidas por el expropiado en el último decenio. Reiteramos aquí este criterio nuestro en cuanto al grave y serio problema de la determinación de la indemnización que Chile debe pagar por el rescate de sus riquezas básicas.

No creemos en la nacionalización por la nacionalización, pues se trata, en la especie, de recuperar, como un imperativo categórico, las riquezas básicas, pero siempre y cuando ello no signifique grave deterioro de la economía nacional, lo cual -resulta obvio- sólo se logra cuando el monto de la indemnización se limita al pago de las inversiones hechas por el capital extranjero, deduciéndose los valores que señalaba hace unos instantes.

En cuanto a la primera etapa, quiero insistir sólo en algunos aspectos; y entre éstos muy en especial en el de la administración, pues si bien es cierto que Chile pasa a ser dueño del 51% de las acciones, la administración, control, venta, orientación y condiciones técnicas, en el fondo, a través de la asesoría pactada, pasa a ser dirigida y orientada por las compañías extranjeras.

Este debate, con todo lo interesante que puede ser, no influirá en nada sobre las bases ya pactadas por el Gobierno con la Anaconda. El Gobierno nos ha colocado frente a un hecho ya consumado. Todo habría aconsejado un procedimiento distinto, ya sea sometiendo a nuestra consideración un proyecto de ley o requiriendo del Senado un dictamen en los términos señalados por la Constitución Política. En estos casos, nuestras opiniones podrían haber pesado en los términos de las negociaciones y no nos habrían limitado, como ahora, a debatir un convenio que ya está formalizado, sin que tengamos ninguna oportunidad de alterarlo. Frente a esta circunstancia, sólo nos resta reiterar una vez más nuestro criterio de que habría sido más conveniente para el país una nacionalización en los términos previstos en el proyecto presentado por nosotros, coincidente con el iniciado por otras fuerzas de Izquierda; y dejar establecido, también, que la responsabilidad en cuanto a los alcances, resultados y consecuencias del convenio celebrado entre el Gobierno y la Anaconda, es de la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo y del Partido Demócrata Cristiano, ya que en la negociación ni el Parlamento, ni los partidos políticos, ni las organizaciones sindicales pertinentes, han tenido participación alguna.

El señor PABLO (Presidente).-

Ofrezco palabra.

El señor PALMA.-

¿De cuántos minutos dispone mi Comité, señor Presidente?

El señor PABLO (Presidente).-

De 22 minutos, señor Senador.

Al Comité radical le restan 17 minutos.

El señor PALMA.-

Tal vez me podría ceder algunos.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

No.

El señor SULE.-

Es posible que después los usemos.

El señor PALMA.-

Estimo que el largo debate producido en el día de hoy ha servido no sólo para esclarecer lo relacionado con los convenios que en este momento se discuten, relativos a la nacionalización de la Anaconda o, por lo menos, de algunas de sus principales minas -Chuquicamata, Potrerillos y El Salvador-, sino también para aclarar cómo la política cuprera llevada adelante durante estos años ha roto tantas limitaciones tradicionales sobre la materia y ha permitido al país dar un paso más, fuera del que dio en 1965.

El señor MONTES.-

¿Paso adelante?

El señor RODRIGUEZ.-

¡Viene de otro mundo...!

El señor PALMA.-

En esa oportunidad, al fundar nuestro voto favorable a los convenios del cobre, dijimos:

"La verdad es que en este país donde todos hablamos del cobre, la situación que cada uno de nosotros hemos podido palpar en los aspectos más elementales del problema, es que Chile, que vive del cobre y que constituye la reserva más fundamental de este material en el mundo, no ha desarrollado nunca una política de venta en esta materia ni nunca se ha adentrado en el conocimiento desde el interior de la industria cuprífera, sino que siempre ha estado en una actitud de vigilante y de expectante de las tributaciones y de crítica de las políticas que sobre este asunto se han llevado a cabo por las empresas ante la casi indiferencia del país.

"La legislación que nosotros estamos proponiendo tiene importancia no solo desde el punto de vista de la tributación; pero no es lo básico.

"Las medidas fundamentales que ahora proponemos están destinadas a intervenir por primera vez desde adentro en la política del cobre, teniendo directores, técnicos y observadores en las principales compañías y mayoría en los directorios de algunas de ellas; creando por lo tanto, aquellas condiciones características, que nos permitirán, en una forma lógica, adecuada y razonable, reunir todos los antecedentes que harán posible al país, en un plazo próximo, ser dueño del cobre, de su industria y de todas las posibilidades que ésta ofrece".

Esta intervención se consigna en la página

3129 del volumen correspondiente a la sesión 41? de la Legislatura Ordinaria de 1965.

Este fue el motivo por el cual la Democracia Cristiana presentó la iniciativa que condujo a los llamados convenios del cobre. Había necesidad -imprescindible necesidad, como se ha visto aquí-de configurar una política. Los antecedentes de que disponía el país eran, por desgracia, aun cuando se habían hecho ya algunos pequeños esfuerzos, tan extraordinariamente limitados, que resultaban insuficientes como para prever una cantidad de fenómenos que en materia de política cuprera y minera se han manifestado con posterioridad en el mundo. El debate se produjo en torno al promedio del precio del cobre, de 29 centavos por libra, nivel tradicional de este metal en muchos años anteriores, cuando en ese momento el precio estaba llegando a una cifra que parecía extraordinaria: 36 centavos la libra. Nadie, sin embargo, entre nosotros, previo que al romperse diversas condiciones existentes en el mundo, a algunas de las cuales se refirió el Honorable señor Chadwick, aunque de manera parcial, podría realmente descubrirse cuál era la realidad de nuestra riqueza, en primer lugar, y, eventualmente, disponerse de posibilidades de utilización de esta riqueza que ahora empezamos a comprobar.

El Honorable señor Altamirano, en su intervención, expresó que durante 36 años, desde la fundación de su partido, ellos habían hablado de nacionalización. Nosotros, los democratacristianos, cuando éramos Falange Nacional, durante mucho tiempo también hablamos de este problema.

Al igual que otros partidos, nosotros pasamos por el Gobierno; pero nunca hasta ahora, cuando llegamos al Poder y contamos con mayorías suficientes como para imponer criterios, se pudo configurar de manera objetiva, clara y organizada, una política del cobre. Podrá haber en ellamuchos errores; habrán dejado de abordarse diversas situaciones; los funcionarios habrán cometido muchas faltas en su actuación, pero todo ello se debe, sin duda, a que es la primera vez que este país formula una estrategia en forma coherente, organizada y que permite dar un salto nuevo que conducirá, en definitiva, a lo largo de un proceso democrático, al dominio total de las riquezas básicas del país y a su utilización para el desarrollo.

Treinta y seis años se habló sobre este problema. Pasaron muchos partidos por el Gobierno. Pero han bastado cuatro años de Administración democratacristiana para poder adentrarnos verdaderamente en lo que es la realidad de nuestra industria cuprífera, para poder configurar los hechos que -repito- han roto el círculo en el cual los monopolios mundiales mantenían al país, dado su control sobre la materia.

Pero esos hechos se han producido porque nosotros creamos una institución denominada Corporación del Cobre, que ha acumulado antecedentes, recorrido el mundo y tomado contacto con todos los demás países cupríferos, con los principales exportadores, para, poder estructurar un frente y dar forma a una política protectora de los intereses de esta nación, tan pequeña si se la compara con las industrializadas.

Por eso, cualesquiera que sean los errores cometidos, nadie podría negar el surgimiento de una nueva política cuprera en el país, a partir de la aprobación de los convenios. Me interesa dejar establecido esto en primer lugar.

¿Qué han significado estos convenios? Para el país, tal vez no todo lo que esperaba. Para las compañías, posiblemente mucho, en virtud de haberse alterado, probablemente con nuestra ayuda, entre otras cosas, una cantidad de circunstancias mundiales.

En el diario "El Siglo" de hoy, veo publicado un manifiesto del MAPU, que junto con el Partido Socialista y otras colectividades ha presentado un proyecto de nacionalización. En dicho manifiesto se expresa:

"Estas en efecto" -las compañías- "aumentaron sus ganancias de un promedio de 40 millones de dólares anuales que obtenían con anterioridad a 1965, a 82 millones de dólares en 1966; 124 millones en 1967, y 126 millones en 1968. O sea, triplicaron sus ingresos anuales.

"La tributación a favor de Chile, en cambio, sólo ha aumentado de un nivel de 100 millones de dólares, promedio anterior a los convenios, a unos 170 millones anuales, promedio de los últimos tres años."

Es efectivo que no hemos aprovechado todas las circunstancias; pero no hay duda alguna de que en este proceso la gran tajada que ha obtenido el país le ha permitido, entre otras cosas, enfrentar circunstancias extraordinariamente difíciles y llevar adelante, durante este período, una de las etapas de desarrollo social, económico e industrial más aceleradas que ha conocido el país y sobre la cual no deseo explayarme esta tarde.

Con frecuencia...

El señor SILVA ULLOA.-

Me permite una interrupción, señor Senador.

El señor PALMA.-

Excúseme, Honorable colega, pero me queda poco tiempo. El Comité Radical podría cederle parte del suyo.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-

Lo haremos con mucho gusto.

El señor PALMA.-

El método analítico que el pensamiento marxista ha introducido en ciertos sectores, muy valioso en algunos aspectos, es, sin embargo, a menudo estéril para crear y construir cosas, salvo cuando se vive en regímenes en que se actúa por la vía de una fuerza y una unidad que verdaderamente no deseamos para nuestro país.

Nosotros usamos estos términos para señalar la realidad y para cambiarla. Y lo hemos hecho: estamos modificando la realidad en materia de política cuprera.

El señor PABLO (Presidente).-

¿Me permite, Honorable señor Palma? El Honorable señor Sule desea conceder una interrupción, con cargo al tiempo del Comité Radical, al Honorable señor Silva Ulloa.

El señor SULE.-

Con mucho gusto.

El señor SILVA ULLOA.-

En la forma acostumbrada, el Honorable señor Palma está informando al Senado y al país que, gracias a la iniciativa de la Democracia Cristiana, se ha creado en Chile la Corporación del Cobre, continuadora del Departamento del Cobre. Quisiera, en honor a la verdad, rectificar las palabras de Su Señoría.

Resulta que en 1954, cuando se discutía la iniciativa que habría de convertirse en la ley 11.828, tuve oportunidad, en representación de los parlamentarios socialistas populares, de presentar, como contraindicación al proyecto del Gobierno de la época, un articulado completo para crear la Corporación del Cobre.

Ruego al Honorable señor Palma se sirva comparar lo que nosotros aprobamos en esa época...

El señor PALMA.-

Propusieron.

El señor SILVA ULLOA.-

En efecto: compare Su Señoría lo que propusimos en esa época, aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, con el texto que rige en la actualidad.

Nosotros, consecuentes con el espíritu que siempre nos ha animado respecto de la recuperación de las' riquezas básicas, proponíamos la creación de una Corporación del Cobre con mucho más imperio que el que tiene la actual, y que además permitía el estanco del metal en beneficio de Chile.

Por lo tanto, si comparamos el proyecto que nosotros propusimos -porque constituíamos minoría no lo pudimos imponer en definitiva- con el que enorgullece ahora al Honorable señor Palma, en verdad podríamos decir que lo que han hecho es muy poco o casi nada.

Como me gusta ser honesto, e intento serlo siempre que emito un juicio, debo reconocer que ese anteproyecto nuestro, presentado como contraindicación a la iniciativa del Ejecutivo de la época, contó con los votos de los partidos populares, del Partido Radical e, inclusive, de la Falange Nacional. Sin embargo, a pesar de este tremendo respaldo, en el Senado desapareció, debido a las fuerza políticas que imperaban en ese entonces.

Queda en claro que la constitución de la Corporación del Cobre no es monopolio de la Democracia Cristiana, y que la que existe actualmente es un pálido reflejo de la que propusimos hace quince años.

Nada más y muchas gracias, Honorable señor Sule.

El señor PALMA.-

No he querido negar -jamás ha sido mi intención- la preocupación que por los problemas del cobre y por muchos otros, como el de la reforma agraria, etcétera, han tenido per- soneros destacados y partidos políticos distintos del Demócrata Cristiano. Lo que sí recabo para nosotros es el reconocimiento de haber concretado esta aspiración, que formaba parte de los anhelos más profundos del país. No quise, pues, menoscabar las intenciones de los demás.

Estoy destacando las realidades sobre las cuales el país se mueve en este momento, frutos de la iniciativa y de la lucha -muchas veces, también, objeto de la incomprensión- del Gobierno democratacristiano.

Estos convenios, hoy día tan vilipendiados por muchas personas cuando los analizan de modo superficial, han permitido al país adentrarse a fondo en el conocimiento de los problemas del cobre, que son complejísimos, porque no es lo mismo crear una Corporación del Cobre y establecer una política cuprera, que tiene su ámbito en el mundo entero, que crear una política como la de la ENDESA o la ENAP, que tienen su ámbito dentro del territorio y cuya actuación está perfectamente definida y configurada. Establecer una política del cobre es extraordinariamente difícil y complejo, y lo hemos conseguido gracias a la experiencia adquirida después de crear y organizar la Corporación del Cobre y de proponer y aceptar una cantidad de enmiendas sugeridas por otras colectividades políticas.

No negamos que hubo gente capaz que aportó ideas a esa construcción. Pero fue este Gobierno quien en definitiva la llevó a cabo. Los convenios no sólo allegaron mayores ingresos al país al aumentar el precio del cobre, sino que rompieron las condiciones a las cuales nos tenían amarrados y permitieron -hay que decirlo otra vez, al terminar esta sesión- la inversión en Chile de cerca de seiscientos millones de dólares, según me parece, que nos permitirán, en el curso de muy pocos años, cuando las empresas Chuquicamata, El Salvador y Potrerillos sean nacionalizadas, disponer del doble de la producción de cobre con relación a la del año 1964. Por lo tanto, desde este punto de vista, los convenios de 1964 han significado al país un beneficio inapreciable. Como destacó esta mañana el señor Ministro de Minería, todos los Gobiernos anteriores estuvieron imposibilitados de conseguirlo, debido a que nadie había configurado una política que fuera más allá del problema de la tributación o de los controles.

Seguramente, después de esta negociación se realizarán otras, porque ello se aviene al proceso democrático y de avance social que se realiza en los países libres como el nuestro. Pero la medida que ahora se adopta permitirá a este Gobierno o a otros avanzar aún más en el control de las riquezas básicas y nosotros habremos sentado los precedentes y abierto el camino para ello, dentro de la democracia y la libertad, sin que el país se vea obligado a soportar restricciones y conflictos que muchos de nosotros hemos podido comprobar en otras regiones del mundo.

Se podrán discutir muchas cifras y muchos otros detalles. No obstante, creo que en el fondo del corazón de cada uno de los señores Senadores que han analizado las conversaciones que condujeron al convenio con la Anaconda, tiene que haber una verdadera y profunda satisfacción, pues, como ya lo reconoció el Honorable señor Altamirano, aquél determinará un aporte sustancial en dólares en los próximos años. Y significará mucho más todavía: aplicar las nuevas políticas, como la del sobreprecio, a todo el conjunto de las compañías y crear, por consiguiente, las condiciones que permitan al país disponer de los capitales necesarios para desarrollar otras áreas de sus actividades; llevar adelante una industrialización creciente y acelerada y dar una nueva forma a la estructura del agro, aprovechando las posibilidades de la reforma agraria; en resumen, crear bases sólidas para el desarrollo.

Estoy cierto, desde luego, por las cifras que tenemos al alcance de la mano, de que si este Gobierno o el que lo suceda maneja con criterio los excedentes que se producirán como resultado de la negociación que hoy día se analiza en el Senado, en 1973 se habrá pagado casi íntegramente el 51%. Ello se obtendría aprovechando tan sólo los excedentes de los ingresos que hoy día utiliza el país y que provienen del cobre.

Tomando como base los datos proporcionados por la Corporación del Cobre, con un promedio de 52 centavos en 1968 -51,4% fue el promedio general; 53,4% el del cobre electrolítico-, el año pasado el país percibió, por concepto de las tributaciones de esa industria, la cantidad de ciento veintidós millones de dólares. De acuerdo con lo convenido en la expropiación de los minerales de Chuquicamata, Potrerillos y El Salvador, tales ingresos subirían, en las mismas condiciones, a ciento ochenta millones de dólares, con lo cual se producirá un excedente, en caso de mantenerse el precio de 52 centavos, de sesenta millones de dólares, lo que en tres años nos permitiría cancelar casi íntegramente el 51%, pago que es previo para adquirir el otro 49%. Es el problema que esta mañana preocupaba al Honorable señor Silva Ulloa.

Por lo tanto, en este instante el cuadro está configurado tan coordinada y organizadamente, que podemos estar ciertos de que un Gobierno que maneje con criterio racional lo que hoy día entregamos a la nación, podría conseguir la expansión económica, social y cultural que otros países, sobre la base de la explotación de riquezas mineras parecidas a las nuestras, obtuvieron hace medio siglo.

En efecto, cincuenta años atrás, Suecia realizó una política del hierro que tiene muchas de las característcias de la actual política del cobre, aunque las circunstancias eran diferentes. Ello le permitió transformarse, de uno de los países olvidados de Europa, en la nación con más altos ingresos por cabeza en el mundo, después de Estados Unidos y Dinamarca. Como resultado de la gestión efectuada por este Gobierno, de la convivencia democrática que el país mantendrá y de las objeciones que aquí se harán presente y que nos permitirán analizar las cosas con facilidad y claridad, espero que la misma situación se produzca para Chile en los próximos años.

El señor RODRIGUEZ.-

¡Soñar no cuesta nada!

El señor PABLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor RODRIGUEZ.-

¿Me permite plantear una cuestión previa, señor Presidente?

Su Señoría había propuesto continuar tratando esta materia en una sesión del martes. Estimo útil la sugerencia hecha por la Mesa.

Al parecer, el señor Ministro también compartía ese criterio.

El señor PABLO (Presidente).-

En verdad, inicialmente habíamos tomado un acuerdo sobre el particular, pero en este momento debo hacer presente que si bien podríamos celebrar otra sesión la próxima semana, hay que realizarla en un día en que no se perturbe el trabajo de las Comisiones.

El señor RODRIGUEZ.-

Mejor sería celebrarla el martes o el miércoles en la mañana.

El señor PABLO (Presidente).-

La Mesa citará a una reunión de los Comités para tratar este punto.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Por haberse cumplido el objeto de la citación, se levanta la sesión.