REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA 309º, EXTRAORDINARIA.
Sesión 6ª, en lunes 10 de noviembre de 1969.
Especial.
(De 10.42 a 20.54)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES TOMAS PABLO ELORZA, PRESIDENTE, Y
ALEJANDRO NOEMI HUERTA, VICEPRESIDENTE.
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y
EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA..

ÍNDICE.

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV.- LECTURA DE LA CUENTA

Funcionamiento simultáneo de Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Minería, y la Sala

Acuerdos de Comités

V.- ORDEN DEL DÍA:

Proyecto de ley, en segundo trámite, que dicta normas sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del Servicio de Investigaciones (Se aprueba en general) 

Anexos.

DOCUMENTOS:

1.- Proyecto de ley, en cuarto trámite, modificatorio de los Códigos Penal y de Justicia Militar en lo relativo a la pena de muerte

2.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que denomina Sara Gajardo, a la calle Principal de la Población Presidente Ríos, de Santiago

3.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre expropiación de terrenos para ampliación del Cementerio Municipal de Las Barrancas

4.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que concede recursos a la Federación Chilena de Remo 

5.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre normas relativas a trabajadores de empresas de telecomunicaciones que sean nacionalizadas

6.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que amplía el Registro de Matrícula de los Empleados y Trabajadores Marítimos de Bahía, Fluviales y Lacustres

7.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre reajuste para obreros jubilados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

8.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que modifica la ley que creó la Corporación de Magallanes

9.- Informe de las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional recaído en el proyecto sobre remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA.


I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Acuña Rosas, Américo;
Aguirre Doolan, Humberto;
Altamirano Orrego, Carlos;
Allende Gossens, Salvador;
Ballesteros Reyes, Eugenio;
Cuines Sanfuentes, Francisco;
Carmona Peralta, Juan de Dios;
Carrera Víllavicencio, María Elena;
Contreras Tapia, Víctor;
Chadwick Valdés, Tomás;
Ferrando Keun, Ricardo;
Fuentealba Moena, Renán;
García Garzena, Víctor;
Gormaz Molina, Raúl;
Gumucio Vives, Rafael Agustín;
Hamilton Bepassier, Juan;
Ibáñez Ojeda, Pedro;
Irureta Aburto, Narciso;
Isla Hevia, José Manuel;
Jerez Horta, Alberto;
Juliet Gómez, Raúl;
Lorca Valencia, Alfredo;
Luengo Escalona, Luis Fernando;
Miranda Ramírez, Hugo;
Morales Adriasola, Raúl;
Musalem Saffie, José;
Noemi Huerta, Alejandro;
Ochagavía Valdés, Fernando;
Olguín Zapata, Osvaldo;
Pablo Elorza, Tomás;
Palma Vicuña, Ignacio;
Papic Ramos, Luis;
Prado Casas, Benjamín;
Reyes Vicuña, Tomás;
Rodríguez Arenas, Aniceto;
Silva Ulloa, Ramón;
Sule Candía, Anselmo;
Tarud Siwady, Rafael;
Teitelboim Volosky, Volodia;
Valente Rossi, Luis;
Valenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Mühlenbrock Lira, Julio.
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda, de Defensa Nacional y de Minería.

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata.


II.- APERTURA DE LA SESIÓN.

-Se abrió la sesión a las 10.42, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor PABLO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS.

El señor PABLO (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 4º, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 5º, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobaciónr
(Véase en el Boletín el Acta aprobada).

IV.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor PABLO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficios.

Nueve de la Honorable Cámara de Diputados.
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar, con excepción de las que indica, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica los Códigos Penal y de Justicia Militar en lo relativo a la pena de muerte. (Véase en los Anexos, documento 1).
Queda para tabla.
Con los siete que siguen, comunica los acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en primer trámite, respecto de las observaciones formuladas a los proyectos de ley que se indican:
1.- El que denomina Sara Gajardo a la calle Principal de la Población Presidente Ríos, de Santiago. (Véase en los Anexos, documento 2).
2.- El que autoriza la expropiación de los terrenos que señala, para proceder a la ampliación del Cementerio Municipal de Las Barrancas. (Véase en los Anexos, documento 3).
Pasan a la Comisión de Gobierno.
3.- El que concede recursos a la Federación Chilena de Remo Amateur. (Véase en los Anexos, documento 4).
Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
4.- El que establece normas relativas a trabajadores de las empresas de telecomunicaciones que sean nacionalizadas. (Véase en los Anexos, documento 5).
5.- El que amplía el Registro de Matrícula de los Empleados y Trabajadores Marítimos de Bahía, Fluviales y Lacustres. (Véase en los Anexos, documento 6).
6.- El que reajusta las pensiones de los obreros jubilados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (Véase en los Anexos, documento 7).
Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
7.- El que modifica la ley que creó la Corporación de Magallanes. (Véase en los Anexos, documento 8).
Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización.
Con el último, comunica que ha tenido a bien no insistir, con excepción de las que indica, en el rechazo de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación.
-Se manda archivarlo.
Uno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el que remite el expediente sobre desafuero del señor Intendente de Santiago, solicitado por don Manuel Pacho Fernández.
Se acuerda remitir copia de los antecedentes al funcionario afectado.
Once, del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, del señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de los señores Ministros de Hacienda, de Defensa Nacional, de Salud Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de la Vivienda y Urbanismo, y de los señores Contralor General de la República y Tesorero General de la República, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (1), Baltra (2), Contreras (3), Chadwick (4), García (5), Ochagavía (6), Morales Adriasola (7), Sule (8), Valente (9) y Valenzuela (10) :
1) Extensión de red de alcantarillado en Chillan.
2) Deudas con la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
3) Asignación de terreno en población de Antofagasta.
4) Designación de Ministro en Visita para conocer estafas en ventas a plazo.
5) Posta de primeros auxilios en Zúñiga.
6) Transportes de pasajeros por buques de la Armada.
7) Pago de horas extraordinarias a personal de prisiones de la zona sur.
8) Construcción de viviendas en San Fernando.
9) Creación de Juzgado del Trabajo en Arica.
Investigación de no pago de rentas a ciertos profesores.
Problemas del Sindicato de Industrias Dupont, de Calama.
10) Posta de primeros auxilios en Zúñiga.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informe.

Uno de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para dictar normas relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones. (Véase en los Anexos, documento 9).
-Queda para tabla.

Moción.

Una del Honorable Senador señor Papic, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la importación y libera de derechos la internación de vehículos motorizados destinados a las comunidades agrícolas creadas en virtud de la Ley de Reforma Agraria.
-Pasa a la Honorable Cámara de Diputados, donde constitucionalmente debe tener su origen,

Presentaciones.


Dos del señor Enrique Krauss, con las que solicita que se certifique el hecho que indica y se le otorgue copia autorizada de los documentos que señala.
-Se accede a lo solicitado.


FUNCIONAMIENTO SIMULTÁNEO DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MINERÍA, Y LA SALA.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una indicación suscrita por el Honorable señor Noemi, en virtud de la cual solicita autorizar a las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Minería para celebrar sesión en el día de hoy, de 15 a 17, simultáneamente con la Sala.
El señor PABLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
El señor OCHAGAVIA.- No, señor Presidente.
El señor PABLO (Presidente).-  No hay acuerdo.
El señor PABLO (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que ha sido citada la Corporación.
Acordado.
Ruego a los señores Comités se sirvan pasar a una reunión en la Sala de la Presidencia.
Se suspende la sesión por 20 minutos.


-Se suspendió a las 10.47.
-Se reanudó a las 10.59.

El señor PABLO (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.

ACUERDOS DE COMITÉS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Comités del Senado, por unanimidad, adoptaron los siguientes acuerdos con relación al despacho del proyecto que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones:
1.Distribuir el tiempo útil de la sesión de hoy, en la discusión general, destinando 30 minutos al señor Ministro de Hacienda, 30 al señor Ministro de Defensa Nacional, 30 a cada Comité y 3 por cada Senador que los integre.
2.- Votar en general el proyecto a las 20 horas de hoy, y cerrar el debate a esa hora o antes si ha terminado su discusión.
3.- Fijar plazo para presentar indicaciones hasta las 10 del día de mañana, martes 11 del actual.
4.- Autorizar a las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, para sesionar simultáneamente con la Sala durante la sesión ordinaria de la Corporación, que deberá efectuarse mañana martes 11 del presente y el miércoles, si es necesario.
5.- En caso de que las Comisiones emitan su segundo informe y éste se reparta a los señores Senadores antes de las 12 del miércoles 12 del actual, se convocará a una sesión especial el mismo día, desde las 16 horas, hasta despachar el proyecto en particular, dejando previamente sin efecto la sesión ordinaria correspondiente. Si el informe no se reparte a los señores Senadores antes de las 12, la Corporación celebrará sesiones especiales el día jueves 13 del presente, desde la mañana, hasta despacharlo en particular.


V.- ORDEN DEL DÍA.

NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y SERVICIO DE INVESTIGACIONES.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde discutir en general el proyecto de la Cámara de Diputados relativo a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones.
Las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, unidas, en informe suscrito por los Honorables señores Aguirre Doolan, Carmona, Jerez, Gormaz y Ochagavía, y por los señores Senadores Ballesteros (presidente), Chadwick, Silva Ulloa, García, Ibáñez, Miranda, Acuña y Palma, respectivamente, recomiendan aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el informe.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 4º, en 4 de noviembre de 1969.

Informe de Comisiones:

Hacienda y Defensa, unidas, sesión 6ª, en 10 de noviembre de 1969.

El señor PABLO (Presidente).-  En discusión general él proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, señores Senadores, la iniciativa sometida a la consideración del Senado concede facultades al Ejecutivo para solucionar el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
En esta primera intervención, destacaré algunos hechos que han sido claramente debatidos tanto en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Defensa Nacional de ambas ramas del Congreso, como en la Sala de la Cámara de Diputados.
Durante la actual Administración ha habido una constante preocupación del Gobierno, no sólo por mejorar los sueldos de los Institutos Armados, sino también por racionalizarlos y corregirlos.
Como es de conocimiento de los señores Senadores, el proyecto que hoy conoce el Senado, no sólo incluye a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, sino también al Cuerpo de Carabineros.
Para reforzar lo anteriormente expuesto, por la vía de la información y en forma estadística, señalaré cuál era la situación de los Institutos Armados en enero de 1964 y la existente en septiembre de 1969.
En el informe que tienen los señores Senadores, se ha incluido un cuadro comparativo, expresado en sueldos vitales, de las remuneraciones de carácter general de las Fuerzas Armadas desde 1964 al 1º de septiembre de 1969. Se incluyen en él los beneficios concedidos por el Ejecutivo en 1968 en virtud de las facultades que le otorgó el Congreso para abocarse a la solución del problema de las remuneraciones de los institutos en referencia.
Para no abundar en detalles, daré sólo algunas cifras comparativas.
Los grados o categorías altas primera, segunda y tercera, que incluyen al Comandante en Jefe, General de División y General de Brigada, han tenido un cambio sustancial en lo referente a sus remuneraciones.
Por ejemplo, en 1964, un General de Brigada, con 5 quinquenios, recibía 3,9 sueldos vitales; en la actualidad, percibe 8. El Comandante en Jefe, con 7 quinquenios, percibía 5,45 sueldos vitales; hoy día recibe 10,9. En los grados intermedios, se mantiene más o menos la misma proporcionalidad, y en los más bajos, el porcentaje de aumento es superior. Un Mayor, con dos quinquenios, obtenía 2,1 sueldos vitales; ahora recibe 5,2. Un Subteniente ganaba un sueldo vital; hoy obtiene 2,6.
Mediante las cifras expuestas, he querido señalar la preocupación del Ejecutivo para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
El señor ALTAMIRANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Con todo gusto.
El señor ALTAMIRANO.- Hemos escuchado con mucho interés las reiteradas declaraciones de la Democracia Cristiana en el sentido de que habría un notable mejoramiento de las remuneraciones obtenidas por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un cuadro solicitado por el Honorable señor Aguirre Doolan demuestra que no ha variado radicalmente el total de emolumentos percibidos desde 1961 hasta 1968. Vale decir, que en 1961 y 1962, en forma global, en valores constantes, recibían lo mismo qué ahora.
¿Cómo explicaría el Ejecutivo tal hecho, si las remuneraciones hubieran mejorado realmente en los distintos niveles y jerarquías?
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Posiblemente el cuadro a que ha hecho referencia el Honorable señor Altamirano incluía sólo los sueldos base.
El señor ALTAMIRANO.- No, señor Ministro.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- En mi exposición he tomado el conjunto de las remuneraciones; es decir, todos los componentes que las conforman. A ellos me referiré más adelante.
El señor ALTAMIRANO.- Aunque no deseo interrumpirlo a cada rato, debo decirle que en el cuadro a que me referí están considerados todos los componentes del sueldo.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Como acabo de señalar, el Gobierno ha estado consciente de la situación y preocupado de clarificar la labor de los Institutos Armados. Por mandato constitucional, sus miembros tienen dedicación profesional exclusiva. El Ejecutivo repito, consciente de estos hechos, se ha abocado desde hace varios meses al estudio del proyecto que hoy somete a la consideración del Senado.
Es indiscutible que, en virtud del mandato constitucional, la situación de dichas instituciones no es comparable a la de ninguna otra entidad pública, semifiscal o privada. Una de las características de sus funciones es la dedicación exclusiva a sus respectivas disciplinas.
En las discusiones habidas tanto en las Comisiones como en la Sala de la Cámara, diversos sectores han preguntado porqué el Ejecutivo solicita facultades extraordinarias respecto de esta materia. Y se ha argumentado también que las otorgadas mediante la ley Nº 16.840 no fueron aplicadas con amplitud por el Gobierno para resolver en definitiva el problema.
Una vez más debo señalar que, respecto de la aplicación de la mencionada ley, el señor Ministro de Hacienda y el que habla hemos dado diversos antecedentes, que reiteraré en el curso de este debate. Ha quedado en claro en la mente de los señores Senadores que participaron en las Comisiones que el actual sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas es de tal modo complejo, que hace imposible la discusión de una ley directa. Aún más, por la propia especificidad de las labores de los Institutos Armados, a juicio del Ejecutivo resulta poco recomendable someter a la discusión política del Parlamento todo un sistema de escalas y emolumentos que incluye un sinnúmero de factores.
Los señores Senadores que han participado en las Comisiones Unidas han podido apreciar la gran cantidad de componentes que conforman la remuneración total de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En el informe que Sus Señorías tienen en su poder, se puede observar un primer cuadro con siete columnas básicas, que dan como resultado el sueldo total. En él aparecen los quinquenios como parte de la remuneración. Además, hay una columna que considera el 20% imponible del D.F.L. Nº 1; otras, la asignación de casa, la de rancho y el 20% no imponible, todo lo cual conforma un sueldo global, al que debe adicionarse una serie de gratificaciones especiales sobre los sueldos. En la actualidad, éstas son más de 12, y en cada rama de la Defensa Nacional tienen características propias. Por lo tanto, no puede aplicarse un criterio uniforme para todas ellas. A manera de ejemplo, puedo señalar las asignaciones para los submarinistas, paracaidistas y buzos, las de campaña, etcétera, todo lo cual estructura un cuadro extremadamente complejo que repito imposibilita su discusión en una ley directa.
No obstante lo anterior, mediante estudios conjuntos realizados hace varios meses por el ex Ministro de Defensa Nacional, por los Comandantes en Jefe y el Ministro de Hacienda, se ha tratado de elaborar un sistema para simplificar y racionalizar las remuneraciones, lo cual no resulta fácil por la incidencia que cualquiera modificación tiene en el régimen de retirados, pensionados y montepiados.
Si examinamos el cuadro V, que también los señores Senadores tienen a la mano, podemos apreciar que en él se consigna una enumeración de lo que se ha llamado "gratificaciones especiales" o "sobresueldos", que varían según la especialidad a la cual se aplican y que, incluso, fluctúan en actividades similares. Es el caso de los buzos: según se trate de un buzo de alta o de baja profundidad, les corresponde un 25% y un 15%, respectivamente.
El cuadro VI refuerza lo dicho en el sentido de que el sistema que se aplica a los miembros activos de los Institutos Armados repercute inevitablemente en el sector pasivo, como consecuencia de la ligazón existente entre ambos regímenes. Dicho cuadro comparativo, que se entregó para el estudio de los señores Senadores, demuestra, por ejemplo, que en el grado de Comandante en Jefe existe una planta integrada por sólo tres cargos. Sin embargo, hay un total de 199 personas en actividad que reciben remuneraciones correspondientes a tal categoría, y 752 retirados.
En el grado de General de Brigada, con sus equivalentes de Contralmirante, en la Armada, y de General de Brigada Aérea, en la Aviación, existe una planta de 43 personas. No obstante, 340 oficiales en servicio activo perciben estipendios correspondientes a los grados en referencia y 1.001 retirados.
Como las cifras están en conocimiento de los señores Senadores, no deseo cansarlos repitiéndoselas en esta oportunidad. Por eso, me parece suficiente señalar un caso más, el de los llamados "mandos medios", a nivel de Capitán de Ejército, Teniente Primero de la Armada y Capitán de Bandada de la Fuerza Aérea. En la planta hay 982 cargos. Sin embargo, 1.736 personas en actividad reciben el sueldo correspondiente y 3.507 retirados.
He sostenido que el sistema es complejo; pero, aparte esta característica, del estudio en detalle realizado hace ya varios meses, se puede concluir, si uno se mueve en las diferentes categorías y grados que componen el régimen de remuneraciones, que algunos sectores o niveles están más deteriorados que otros. Es fácil determinar que dentro de ese esquema subsisten tales distorsiones que entraban el sistema interno de remuneraciones, y que también se mantendrían si se pretendiera resolver el problema con criterio uniforme o parejo.
Lo anterior aparece bastante claro en los niveles de mando medio o suboficiales de tercera categoría, que han sido y son motivo de estudios permanentes por parte del Ministro de Defensa, Comandantes en Jefe y equipo de asesores de esa Cartera de Estado, destinados a racionalizar el régimen de remuneraciones mencionado.
Sin ahondar más en estos conceptos de carácter general, quiero, en forma muy rápida, referirme al articulado mismo del proyecto.
Tanto la Cámara de Diputados como las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, unidas, del Senado, dieron su aprobación a los primeros artículos de esta iniciativa legal, que dicen relación a las facultades solicitadas. Sin embargo, deseo llamar la atención respecto de algunas materias volveré sobre ellas cuando se discuta el segundo informe
que aparecen como contradictorias o poco claras en su redacción.
El primer artículo, que se relaciona directamente con las facultades, y que ha suscitado dudas en varios señores Senadores en cuanto a la intención que tuvo el Gobierno al presentar el proyecto de ley, consigna un número tercero respecto del cual formulé indicación para suprimirlo, pero ella fue rechazada por las Comisiones Unidas.
Repito: posteriormente volveré sobre el número mencionado para analizar el párrafo que comprende desde "Decreto con Fuerza de Ley. Pagado el primer aumento el saldo adeudado deberá reajustarse. . .", etcétera.
En realidad, en este aspecto ha habido un error de concepción, pues en la primera parte del número tercero se legisla sobre el pago a los sectores pasivos de los beneficios que éstos obtendrán como consecuencia del reajuste del sector activo. Tales beneficios se otorgarán en tres etapas; por consiguiente, no habrá saldos adeudados, sino una norma que consigna una modalidad de pago; de modo que mediante las etapas señaladas, en la forma como lo decrete el Ejecutivo, esos sectores irán gozando paulatinamente del beneficio.
En cuanto al artículo tercero, nacido de una indicación formulada por un señor Senador, quiero advertir que, como la materia en él abordada tiene alguna complejidad y ciertas implicaciones, el Ejecutivo se reserva el derecho de estudiarlo con mayor detención y formular las indicaciones del caso en el segundo informe.
En el artículo quinto se ha incluido una asignación por riesgos profesionales para los funcionarios del Servicio de Prisiones. Sobre el particular, hice presente, junto con el señor Ministro de Hacienda, que el financiamiento propuesto es bastante ilusorio, pues está basado en las economías que se produzcan por concepto de vacantes no llenadas de la planta teórica, lo que, a juicio del Ejecutivo, involucra el riesgo de que, no obstante tratarse de una disposición destinada a aplicarse por una sola vez, fácilmente pueda traducirse mañana, por la vía de otra ley, en una norma de carácter permanente.
En cuanto al resto del articulado, tanto la Cámara como las Comisiones Unidas del Senado han acogido muchos de los puntos de vista sugeridos por el Ejecutivo, y prácticamente han dejado para la consideración de la Sala sólo los artículos relacionados con el financiamiento, los cuales serán objeto de observaciones por parte del Ministro de Hacienda.
Deseo poner término a estas observaciones de carácter general, a fin de reservar algunos de los minutos que se me han asignado para contestar a posibles consultas que se me formulen más adelante.
Los últimos acontecimientos.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, estamos abocados en estos momentos al estudio de un proyecto de ley de facultades especiales destinado a proveer al Ejecutivo de herramientas para procurar la solución de problemas que afectan a las Fuerzas Armadas.
Por desgracia, esta iniciativa legal ha sido enviada al Congreso Nacional después de ocurrir los graves acontecimientos del 21 de octubre pasado, que llenaron de angustia el alma nacional e hicieron zozobrar el desenvolvimiento democrático del proceso renovador que estamos viviendo.
Aunque se ha afirmado a nosotros nos consta que es así que existían ya los estudios y el propósito de enviar los antecedentes al Parlamento y de cambiar los Altos Mandos de nuestras Fuerzas Armadas, el hecho es que, antes de que esos propósitos se concretaran, ha habido un movimiento dentro del Ejército que aparece ante la opinión pública como la causa inmediata de las iniciativas adoptadas.
Comencemos por reconocer que lo sucedido es malo para el país. Lo es porque debilita a los órganos de Gobierno, los cuales aparecen obrando tardíamente ante hechos consumados, que todos califican como presión ejercida indebidamente; lo es porque rompe una tradición de la Cual los chilenos nos enorgullecemos mucho; lo es porque desprestigia y llena de sospechas, justas o injustas, a nuestros institutos armados, a los cuales se les supone, fundada o infundadamente, toda clase de intenciones con relación al orden constituido ; lo es porque el precedente crea un riesgo para el desenvolvimiento del proceso democrático de cambios estructurales, los que deben ser consecuencia de la voluntad mayoritaria de la nación y hacerse con la participación preponderante del pueblo, y no por grupos o sectores que se arroguen, por sí y ante sí, una representatividad que nadie les ha conferido; lo es porque, en medio de la confusión y turbación subsiguientes a los hechos, no han faltado las voces de quienes están prestos para alentar la repetición de los mismos, con miras definitivas hacia el derrocamiento del régimen, ni las de aquellos que desean capitalizar para sí las simpatías de las Fuerzas Armadas con ánimo, naturalmente, de servirse de ellas y encaramarse sobre sus espaldas para alcanzar el Poder, seguros de que son incapaces de obtenerlo por las vías legales.
Nosotros creemos que esos acontecimientos deben ser estudiados con gran objetividad y ponderados en sus causas y consecuencias, no como hechos aislados, sino como manifestaciones muy concretas e inequívocas de fenómenos más amplios y profundos que se vienen sucediendo en este lejano rincón que, no por ser lejano geográficamente, deja de estar más próximo que muchos otros a los grandes hechos que ocurren en el mundo de hoy.
Los sucesos del Tacna obedecen a causas generales que son comunes a todos los movimientos que observamos en nuestro país; pero tienen también sus causas específicas, propias de las Fuerzas Armadas, que en parte los protagonizaron.
El proceso de cambios no respeta a nadie.
Se suele decir que "no hay regla que no tenga excepciones". Tal principio no vale para los procesos de cambio, según nuestra propia experiencia y la que recogemos en el exterior.
En efecto, ningún conglomerado humano, llámese nación, iglesia, universidad, partido político, gremio, institución civil o armada, empresa u organización de cualquiera clase, puede escapar de la influencia que sobre ellos ejerce la rebelión mundial en marcha contra las viejas estructuras del orden capitalista burgués, que ha hecho crisis y amenaza con derrumbarse.
Son inútiles los esfuerzos de quienes se empeñan en detener el caminar inexorable de los acontecimientos. La reacción de los conservadores del "status" no es suficiente para ello. La historia los desborda, y si tratan de atajar o desviar el proceso revolucionario, sucumbirán arrasados por los hechos.
El caso chileno.
Chile, siempre sensible y receptivo, atento para anidar y nutrir las inquietudes espirituales y para percibir las .explosiones que se producen en el mundo, no ha escapado a la regla general y, dentro de sus fronteras, se está desarrollando con ímpetu la lucha contra el orden vigente, aunque hasta ahora con características propias que lo han distinguido del curso seguido por ella en otras partes.
La historia no podrá dejar de consignar en sus páginas el desafío histórico que la Democracia Cristiana hizo al pretender realizar la sustitución del orden actual, preservando los valores fundamentales y básicos del régimen democrático, vale decir, los derechos esenciales de la persona humana y la expresión de la voluntad mayoritaria, libre y soberana del pueblo, manifestada en forma periódica.
Es éste un galardón del cual debemos enorgullecemos, pero es también, al mismo tiempo, el mayor obstáculo con que tropezamos. Porque nada habría impedido avanzar con mayor celeridad y emprender tareas más profundas, si al amparo de la libertad no se hubieran cobijado los intereses políticos y económicos de la reacción, la oligarquía y el imperialismo, y los egoísmos partidistas de los sectores de avanzada que, como el perro del hortelano, nada hacen ni dejan hacer a quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Mantener la democracia en lo que ella tiene de esencial es, entonces, un riesgo para el éxito del proceso de cambios, porque los sustentadores del capitalismo burgués y los que auspician regímenes dictatoriales o totalitarios usan el expediente del respeto a las ideas para procurar el fracaso de la tarea en desarrollo.
Los reiterados llamados que hemos hecho a quienes dirigen la Oposición han resultado inútiles. Cuando parecen ser escuchados, bajo la capa de las frases altisonantes impregnadas de un patriotismo falso y utilitario asoman las manos listas para recibir el precio que se cobra, que no es otro que la renuncia o el abandono del programa revolucionario o la entrega incondicional a los designios del adversario.
Por eso, recogiendo la lección de estos años, nuestros dirigentes han venido señalando desde hace algún tiempo que "la experiencia del Gobierno actual muestra claramente que los propósitos del programa en materia de redistribución de ingresos, expansión de beneficios sociales para los trabajadores y reforma agraria, llegaron sólo hasta donde el esquema tradicional, en el que los grupos oligarcas mantienen el poder, lo permitió"; y que, por lo tanto, sólo será posible continuar adelante si "se comienza por hacer realidad, como cosa previa, la participación del pueblo en la conducción del país".
En otras palabras, la coerción y la fuerza indispensables que, según la historia lo demuestra, han sido inherentes a todo proceso revolucionario, deben ser suplidas, en Chile, si queremos continuar avanzando en democracia, por una política de participación real, efectiva y no simplemente simbólica o de palabra, del pueblo organizado en el poder, en todas las gamas de la dirección del país; en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural.
De ahí que nos felicitemos de que la Democracia Cristiana, cuyas ideas perduran más allá de nosotros mismos a pesar de nuestros errores, y cuya riqueza conceptual la habilita como instrumento eficaz para la transformación de Chile, haya comprendido que el signo definitivo de una nueva etapa democrática de Gobierno debe ser el de la participación del pueblo, hecha carne y hueso en las estructuras del poder.
Como militantes y parlamentarios esperamos que el programa en elaboración comprenda definiciones concretas, precisas y claras acerca de cómo se llevará a efecto esta participación, porque no queremos que nadie sea llamado a engaño ni que nuestras palabras corran riesgo alguno de quedar tan sólo en el papel.
Crisis de insatisfacción.
¿Están satisfechos los chilenos? ¿Se puede afirmar que ellos han alcanzado un grado tal de bienestar que, con raras excepciones, no es mucho más lo que tienen que pedir?
Por supuesto que no. Y en ninguna parte del mundo, ni aún en los países más ricos y poderosos de la tierra, se ha llegado a un grado tal de progreso que sus habitantes pudieran decir: "¡Sí, señor! ¡Nosotros estamos satisfechos! ¡No queremos más ni aspiramos a nada más!"
Podemos afirmar, por ello, que el ser humano vive en un permanente estado de insatisfacción, como consecuencia de que sus necesidades espirituales y materiales no tienen límites. Esto es lo normal, lo lógico, y ello lo estimula en su lucha cuotidiana por su constante mejoramiento físico y espiritual.
Pero hay un estado anormal de insatisfacción, en que el ser humano no alcanza siquiera a obtener lo más indispensable para su subsistencia. No tiene alimentos suficientes, carece de habitación, no recibe educación, sus ingresos no existen o son reducidos; en suma, vive en un estado de absoluta inferioridad. Su situación es verdaderamente trágica y se agrava mucho más si ese ser humano vive en un país donde está constantemente informado, gracias a los medios de comunicación y publicidad, de las formas de vida que hay en otros lugares de la tierra.
Algo de eso sucede en Chile. En nuestra condición de país en desarrollo, no hemos logrado todavía proporcionar bienestar adecuado a todos nuestros hermanos. Los Gobiernos derechistas y reaccionarios que aquí hubo durante tanto tiempo nos legaron millones y millones de hombres, mujeres y niños marginados de las ventajas de la civilización. ¡Cuántos campesinos, cuántos pobladores, cuántos niños sin tener qué comer ni dónde vivir, sin trabajo, sin educación, sin atención alguna de parte del Estado; víctimas, más que beneficiarios, de la "caridad cristiana" de los ricos, que adormecían sus conciencias entregando la migaja de sus sobrantes inutilizados!
La Democracia Cristiana no quiso hacer en Chile, ante esta situación de miseria y angustia, lo que en otras partes del mundo hicieron los países industriales o las naciones socialistas, que construyen su desarrollo económico sobre la base de limitar el consumo de sus habitantes.
Era demasiado crítica la situación en que vivía una gran muchedumbre de chilenos para prescindir de ello. El Gobierno tuvo que emprender con urgencia una tarea de desarrollo social en las ciudades y en los campos, a costa de grandes inversiones que debieron ser escatimadas a las tareas de aumento de la producción.
Por eso, es valedera la crítica que se hace a, este Gobierno, en el sentido de que no se atendió preferentemente a una política de inversiones reproductivas destinada a aumentar la riqueza y la producción del país. Pero esa crítica es también injusta, y quienes la hacen debieran expresar con toda franqueza si ellos estiman que no se debieron atender las poblaciones marginales, que no era necesario hacer en ellas obras de adelanto, calles, veredas, instalaciones de agua potable y alcantarillado, extracción de basuras, darles transportes, seguridad, educación y salubridad; que no era necesario sacar a sus habitantes de las pocilgas para trasladarlos a una habitación mejor, aunque insuficiente todavía; que no eran necesarias la promoción y la organización popular ; que ha sido un esfuerzo perdido atender al campesinado, hacer la reforma agraria, mejorar los salarios y las asignaciones familiares de los trabajadores del campo, promoverlos y organizarlos en cooperativas y sindicatos; que no era necesaria la reforma educacional, que comprende más matrículas, más maestros, más escuelas. En fin, ¿para qué seguir? Sobre ello debieran pronunciarse, y no callar.
Y si afirman que toda esa obra ha sido útil, necesaria, y que era urgente realizarla, que convengan en que Chile no tiene los recursos suficientes para emprender simultáneamente una .intensiva labor de desarrollo económico, a menos que concurra para ello un factor que sí puede suplir nuestra deficiencia: la solidaridad nacional para una política de desarrollo.
Reconozcamos, pues, que en Chile existe una crisis de insatisfacción, que no sólo alcanza a los sectores más modestos, sino también a los sectores de clase media y a grupos humanos como los de las Fuerzas
Armadas, cuyos ingresos no tienen relación con su importancia ni con sus exigencias.
Pero no procuremos enfocar los problemas de quienquiera que sea como si se tratara de un sector desvinculado de la realidad nacional y ajeno a ella, porque el subdesarrollo económico afecta a todos, pero muy especialmente a los más pobres.
Crisis de solidaridad.
El camarada Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y el actual abanderado de la Democracia Cristiana, señor Tomic Romero, han llamado la atención en distintas ocasiones sobre un asunto de primordial importancia.
El señor Tomic, en su discurso del Caupolicán, el 30 de octubre, manifestó:
"Para que la revolución sea eficaz debe comprometer de un modo auténtico al pueblo trabajador y, además, a otros grupos realmente representativos del ser nacional. Necesita, por ejemplo, la integración creadora al esfuerzo revolucionario de las Fuerzas Armadas, que, por su alta motivación patriótica y su organización y disciplina, constituirán un aporte de valor excepcional para la realidad de la revolución y su imagen nacional e internacional; de la juventud y de las Universidades, que agrupan a miles de calificados conductores potenciales; de la mujer chilena de todos los estratos sociales, y muy especialmente ¡de la que participa en las organizaciones comunitarias de base; de aquellos sectores de las Iglesias Católica y Protestante, cada vez , más comprometidos y participantes en el esfuerzo liberador del pueblo; de las decenas de miles de educadores que, fuera de sus obligaciones estrictamente profesionales, podrían representar un valioso potencial multiplicador del esfuerzo revolucionario; de numerosos técnicos y profesionales y no pocos empresarios obligados hoy a jugar según las "reglas del juego" de la sociedad: capitalista, pero que están anímicamente disponibles para servir un gran esquema de transformación y cambio, aun al precio de sacrificar ventajas egoístas inmediatas". Y refiriéndose más adelante al programa de lucha contra la inflación, anotaba que "cinco años después, el Gobierno lucha en soledad y con gran esfuerzo, apenas para impedir la aceleración del fenómeno. ¿Por qué ? ¡Porque ese programa no encontró la sustentación popular que necesitaba! ¡Esta es la lección que hemos aprendido en estos cinco años! Sin los trabajadores, sin la comunidad, sin la participación popular, la batalla contra la inflación está perdida irremisiblemente". Tocando la misma cuerda, el Presidente Freí anotaba con gran exactitud: "La gran crisis de nuestro país, a pesar de la inflación y de los problemas, no es algo económico. Es un problema moral y político. . . Es la quiebra de la solidaridad nacional. Cada grupo no piensa más que en sí mismo".
¡Cómo saben esto quienes han ejercido cargos de Gobierno o dirigido organizaciones políticas! ¡Cómo lo sabemos los parlamentarios!
Teóricamente, todos los chilenos estamos de acuerdo en aceptar que, para dar solución adecuada a los problemas que aquejan al país, es necesario hacer sacrificios, pero llegado el momento de los "¿qué hubo?", nadie quiere que se toquen sus intereses, porque cada sector o grupo tiene buenos argumentos para probar que el suyo es postergado o se encuentra en tales condiciones de inferioridad que no debe ser afectado por medida alguna.
Irresponsabilidad partidista.
Por desgracia, los partidos políticos, sin excepción, proceden de un modo tal, que compiten entre ellos por ganar la buena voluntad, la simpatía o adhesión de los distintos sectores. Y para ese fin nada mejor que encontrarles razón a todos y auspiciar leyes o medidas conducentes a la satisfacción de sus reivindicaciones, aunque sean exageradas, absurdas o injustas.
Así, el mejor partido, o el mejor Senador o Diputado, es aquel que con mayor facilidad puede imaginar las soluciones más descabelladas proponiendo leyes que van a nutrir las gruesas colecciones en que se recopilan los más disparatados textos.
Cuando se piensa en el sinnúmero de intereses previsionales que existen en los diversos sectores de trabajadores del país, por ejemplo, parece realmente imposible la factibilidad de una reforma integral en este campo tan vital para la economía nacional.
Los políticos debemos tener la hombría de aceptar que precedemos irresponsablemente frente a la exigencia real y cada vez más urgente de lograr la solidaridad del pueblo para la gran obra de construcción de un Chile nuevo. Somos nosotros y nuestros partidos quienes alentamos la división entre los chilenos, al acoger sin discusión sus peticiones, a veces contradictorias con sus propios intereses. Es una fácil manera de ganar adeptos a costa del porvenir del país, a sabiendas de que una vez en el Poder no será posible cumplir, a menos que se quiera continuar ahondando el caos económico y social de la nación.
No hay solidaridad sin participación.
Estamos de acuerdo en que la solidaridad que echamos de menos no tendrá contenido ni sustento si ella no se funda en la participación del pueblo en todos los órdenes de la actividad nacional.
¿Por qué el pueblo va a aceptar sacrificios si está excluido de toda participación en la dirección de la economía, por ejemplo? ¿Por qué va a creer, si la experiencia le dice lo contrario, que esos sacrificios no van a redundar una vez más en beneficio de los sectores privilegiados del país? ¿Quién, sino él mismo, con su presencia activa en las discusiones, resoluciones y ejecuciones, puede garantizar mejor a la comunidad nacional de los trabajadores chilenos que efectivamente los planes por cumplirse redundarán en beneficio de todos y no de unos pocos?
Las respuestas a estos interrogantes surgen espontáneas. Solamente es posible exigir solidaridad cuando quien debe otorgarla sabe de antemano que es parte integrante de la comunidad, arriba y abajo, en la conducción y dirección y en el cumplimiento de los deberes y sacrificios que se imponen a todos.
El problema de las Fuerzas Armadas.
Porque pensamos que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas son chilenos como todos, con iguales inquietudes e insatisfacciones, con idénticos anhelos y esperanzas, es que nos ha parecido que sus problemas deben ser considerados dentro del cuadro general del país y no tratados como si fueran asuntos desconectados de la realidad nacional.
Por la misma razón, creemos que es necesario hablar con absoluta franqueza en un plano de dignidad, sin caer en una suerte de "paterismo" que hemos estado observando en estos días.
Nos parece que tratar el problema en otra forma sonará a falso a los propios interesados, y es muy probable que ellos no aprecien, sino que desprecien, a quienes quieren, obsequiosamente, pasar por alto aspectos que deben ser discutidos y analizados.
Los sucesos de octubre.
Mucho se ha conjeturado en torno de los hechos ocurridos el 21 de octubre.
Hay quienes, con mucha vehemencia, se empeñan en sostener que no hubo allí indicio alguno de golpe de Estado. Otros, por el contrario, se esfuerzan en probar que lo ocurrido en el Tacna fue precisamente un golpe, que no llegó a concretarse.
Nos parece que en el desarrollo de los acontecimientos cabe distinguir dos etapas: una, la primera, que es de todos conocida; y otra, la segunda, que se supone, pero que no se conoce.
Si examinamos los hechos que conocemos y que conforman la primera etapa, debemos aceptar, objetivamente, que no constituyeron propiamente un golpe de Estado, puesto que el jefe máximo de los participantes y éstos mismos declararon, reiterada y públicamente, que no existía el menor propósito ni la más lejana intención de subvertir el orden constitucional; y proclamaron una y otra vez su lealtad al régimen y al Presidente de la República.
Por otra parte, es preciso reconocer que no hubo una acción real, de hecho, destinada a la toma del Poder, que desmienta las afirmaciones categóricas del General y de la oficialidad que intervinieron en los sucesos que analizamos.
Por lo tanto, objetivamente considerado el problema, deberemos aceptar que se trató de un movimiento destinado a obtener exclusivamente fines de orden militar interno.
Pero es indudable que el movimiento así surgido, por su propia dinámica interna, pudo desembocar fácilmente en un atentado contra el Poder constituido y degenerar en horas en una subversión armada franca y abierta.
¿Qué habría pasado, en efecto, si no se llega a una solución rápida del asunto? Es indudable que se habría desarrollado la segunda etapa, que, como digo, no se conoce, pero es fácil suponer que habría consistido lisa y llanamente en el golpe militar.
Es esta interpretación, por lo demás, la que justifica la acción escogida por el Gobierno frente a los acontecimientos. Si no había intención de golpe, si no había una acción conducente a la toma del Poder, si la rebelión tenía exclusivamente un móvil reivindicacionista interno, cabía parlamentar y evitar sucesos sangrientos, ya por el enfrentamiento militar o por la exacerbación de las masas populares.
Pero no por ello podemos dejar de manifestar que el hecho en sí es condenable y acusa una conducta irresponsable en quienes lo urdieron, aunque hayan tenido la más sana intención.
Causas específicas del movimiento militar.
Además de las causas comunes a todos los fenómenos sociales que ocurren en el día de hoy, hay algunas causas que dicen relación específica a las Fuerzas Armadas. Si ellas no son eliminadas, continuaremos viviendo en riesgo permanente de que los hechos vuelvan a repetirse.
Antes que nada, es preciso hacer constar que los problemas en cuestión vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero no porque otros Gobiernos anteriores no fueron capaces de abordarlos y darles respuesta adecuada, vamos a excusar al actual, estimulándolo para que tampoco haga nada y deje las cosas como están.
Es sabido que durante el período presidencial en vigencia se han hecho los mayores y más significativos esfuerzos por mejorar la condición económica, técnica y profesional de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ello no ha sido suficiente, y nos tememos justificadamente que el proyecto sólo constituya una solución incompleta y parcial de las aspiraciones militares.
Los problemas de las Fuerzas Armadas no son tan sólo de orden económico. No es suficiente, por lo tanto, mejorar las remuneraciones de sus integrantes y después cruzarse de brazos.
A más de algún frivolo le hemos oído sostener lo contrario y afirmar, con bastante desaprensión, que todo es cuestión de pesos.
Sin duda, el problema de las remuneraciones es importante, pero no el único que provoca la inquietud de nuestros hombres de armas.
Se ha hablado mucho de frustración. ¿Existe ella realmente? La respuesta no puede sino ser afirmativa. Los oficiales, suboficiales y tropas son chilenos que se incorporaron a la carrera de las armas movidos por una vocación profunda para ejercer una profesión que eligieron entre muchas otras.
Pues bien, en la práctica, no pueden ejercer esa profesión, porque en las Fuerzas Armadas hay carencia de personal tanto militar como administrativo; porque la dotación de equipos y materiales es peligrosamente insuficiente; porque los mandos superiores tienen, al parecer, una estructura añeja y no son ejercidos conforme a las más modernas técnicas.
Por otra parte, los chilenos que eligieron esa profesión no están ajenos a las inquietudes del mundo de hoy y desean también participar en el proceso de cambios que vive el país.
La cuestión es buscar soluciones, sin desmedro ni daño para el papel fundamental que corresponde a las Fuerzas Armadas de mantener la soberanía nacional, de contribuir a la seguridad interna y externa de la nación y de ser las más celosas guardadoras del régimen democrático, a fin de que la voluntad del pueblo, libre, periódica y secretamente expresada, sea respetada por todos.
Es urgente e indispensable que se constituya, al más alto nivel, una Comisión que estudie a fondo estos problemas y el papel que corresponde desempeñar a las Fuerzas Armadas dentro de las nuevas estructuras en gestación. Su participación en el proceso de cambios, en los planes de desarrollo, en la educación y otros aspectos de la vida nacional, debe ser abordada en forma definitiva, sin lesionar en lo más mínimo su dignidad profesional.
Pasar por alto o prescindir de todos estos aspectos es dar una solución incompleta, de parche, que dejará latente la inquietud y el descontento y facilitará una nueva explosión de protesta, con grave, riesgo para la tranquilidad del país y del desarrollo democrático del proceso de cambios ya en marcha inexorable.
Por todas estas consideraciones, en la discusión general del proyecto, queremos expresar que le prestaremos nuestro apoyo entusiasta y, al mismo tiempo, solicitar del Gobierno su interés por solucionar los problemas de fondo que existen en nuestras Fuerzas Armadas.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- El Honorable señor Fuentealba ha usado 35 de los 90 minutos que corresponden al Comité Demócrata Cristiano. Por lo tanto, a éste le restan 55.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Hago presente a los señores Senadores que si nadie hace uso de la palabra...
El señor ALTAMIRANO.- Nos interesa escuchar las observaciones del señor Ministro de Hacienda sobre el aspecto económico y financiero que implica la solución que pretendería dar el Gobierno, la cual es bastante hipotética y discutible.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- En realidad, habría preferido hablar después de oír las observaciones de los señores Senadores, a fin de ahorrar tiempo; pero, como existe el ánimo de que intervenga previamente, haré una breve exposición acerca del problema financiero del proyecto.
El señor ALTAMIRANO.- No podemos opinar sin conocer la solución que propone el Gobierno.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- El señor Senador asistió a las Comisiones unidas.
El señor RODRÍGUEZ. Pero no todos concurrimos a ellas.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Además, el informe contiene todas mis observaciones.
El señor ALTAMIRANO.- Sabe que son muy vagas e imprecisas.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Siempre hay opinión para todo, señor Senador.
El señor ALTAMIRANO.- Eso es cierto.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Tal como se expresa en el mensaje del Presidente de la República, el financiamiento del proyecto de ley se fundaría en los recursos propuestos por el Ejecutivo y, en caso de resultar insuficiente, una vez concluido el estudio y determinadas las escalas y, por lo tanto, establecido el costo del reajuste especial que se daría a las Fuerzas Armadas, la falta de financiamiento tendría que considerarse en la ley de Presupuestos, que debe quedar despachada antes del 31 de diciembre próximo, o bien en la ley general de reajustes.
De acuerdo con las explicaciones dadas por el Ministro que habla, en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa tanto de la Cámara como del Senado, el financiamiento propuesto bordeaba una suma del orden de los 230 millones de escudos, precisamente 227 millones. En la Cámara se incluyeron algunas disposiciones que podrían estimarse como de mayor financiamiento, pero fueron objetadas por el Ejecutivo. Las dos principales son las siguientes: una destinación de 100 millones de escudos con cargo al mayor producto del cobre dentro de la participación que corresponde al Estado en los dividendos de las sociedades mixtas. La segunda indicación aprobada en la Cámara de Diputados establece un recargo del impuesto global complementario sobre las rentas que excedan de 20 sueldos vitales anuales. Esta disposición tenía un rendimiento estimado en 75 millones de escudos. En las Comisiones unidas del Senado se rechazó el precepto referente a la destinación de fondos provenientes de la participación fiscal en los dividendos del cobre, y se aprobó el recargo de 20% del impuesto global complementario, con el agregado de que ninguna persona podrá pagar más del 75% de su renta líquida por tal capítulo.
De acuerdo con las disposiciones aprobadas, el financiamiento oscilaría entre 230 y 300 millones de escudos, en la forma como el proyecto se encuentra en la actualidad.
Antes de analizar las disposiciones correspondientes, y a fin de dar a conocer el criterio del Ejecutivo acerca de todos los tributos que en ellas figuran, debo hacer, en primer término, una apreciación de carácter general.
El Gobierno ha tratado de que el financiamiento propuesto, como cualquier otra fuente de recursos que en 1970 se requiera para cubrir los gastos y remuneraciones, no produzca un impacto inflacionario. El propósito es que no constituya un engaño lo que se otorgue por concepto de aumento de rentas, en términos especiales, sea para las Fuerzas Armadas o para otros grupos.
El primer artículo relativo al financiamiento es el 7º, que grava con un impuesto extraordinario, durante 1970, las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros. En la forma propuesta, el rendimiento será de 12 millones de escudos. Sin embargo, durante la discusión del segundo informe, el Ejecutivo formulará indicación para corregirlo, por estimar que provocará graves problemas a algunas instituciones bancarias que no tendrían capacidad para pagar este tributo extraordinario, pues no se prescribe que él gravará las utilidades reales, es decir, deflactadas de acuerdo con el índice de precios, cómo el Ejecutivo propuso primitivamente en la Cámara de Diputados. Tal como está aprobado lo expresé en las Comisiones, el artículo tendrá un rendimiento de 12 millones de escudos.
En segundo término, el artículo 8º mantiene un gravamen que se ha aplicado este año a los bienes raíces no afectados por la sequía, tanto del sector urbano como del agrícola. O sea, se prorroga su vigencia para 1970. Es un recargo de 2 por mil de la tasa de contribuciones de bienes raíces. Su rendimiento alcanzará a 47 millones de escudos.
El artículo 9º contiene modificaciones del impuesto a las compraventas. Se aumentarán de 14% a 16% las tasas de las transferencias que se efectúen en hoteles, restaurantes y clubes sociales de primera clase. Esta misma tasa se aplicara a los piscos y vinos, en la segunda y tercera transferencias. Se elevan de 23% a 25% las tasas que afectan a los artículos suntuarios. El rendimiento de este precepto, tal como lo señalé en las Comisiones, será de 30 millones de escudos.
El artículo 10 aplica una sobretasa a la venta de monedas extranjeras no destinadas a la importación. El impuesto vigente es de 10% y aumentará a 15%. Su rendimiento llegará a 25 millones de escudos.
El artículo 11 aumenta de 4% a 6% la tasa del impuesto de transferencia de los bienes raíces. El rendimiento primitivo de esta disposición se calculó en 30 millones de escudos. Sin embargo, debido a una indicación aprobada en las Comisiones unidas, para eximir de este recargo a los predios con avalúos no superiores a 15 sueldos vitales anuales, el rendimiento, según la estimación del Gobierno, no excederá de 12 millones de escudos.
El artículo 12 reordena las tasas aplicables a las transferencias del gas licuado, no con el propósito de alzarlas y recargar al consumidor, sino para llevarlas a la base. El total exacto de los recursos que proporcionará esta medida no ha podido precisarse, pero se estima que será más o menos de 10 millones de escudos.
El artículo 13 eleva el impuesto especial a las personas con remuneraciones en moneda extranjera afectas a la segunda categoría de la ley sobre impuesto a la renta. La tasa actual aumenta de 3,5% a 8,5%. Producirá un rendimiento de 11 millones de escudos, considerando que el monto total de las rentas que se pagan en moneda extranjera en el país es de 20 millones de dólares.
El artículo 14 aumenta el gravamen sobre las rentas que perciben los directores de sociedades anónimas. De 20%, sube a 30%. Se estima que su rendimiento será de 5 millones de escudos.
El artículo 15, propuesto en la Cámara de Diputados, grava con un impuesto de 10% las remesas de dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban personas naturales o jurídicas extranjeras. Los recursos por este concepto llegarán a 12 millones de escudos. Sin embargo, el Ejecutivo ha observado acerca de este tributo que debe hacerse una distinción clara respecto de aquellas regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que tienen por resultado la incorporación de verdaderas tecnologías a la producción nacional, pues no sería conveniente gravar tales prestaciones, ya que ello repercutiría en los costos internos. Además, se trata de productos necesarios y es de absoluta conveniencia que el país cuente con esa tecnología. Creemos, sí, que un tributo de esta especie puede recaer en aquellas regalías y royalties sobre artículos innecesarios, marcas de fantasía, etcétera. El Gobierno está dispuesto a formular la indicación pertinente en el segundo informe. Debo advertir que con ello el rendimiento disminuirá de 12 millones a 3 millones.
En cuanto al artículo 16, tal como lo manifesté al iniciar mi exposición, fue propuesto en la Cámara y consiste en recargar en 20% los tributos que pagan aquellas personas con rentas superiores a 20 sueldos vitales. El Ejecutivo consideró dicho aumento excesivamente gravoso, pues las afectaría desde el primer escudo que obtuvieran como ingreso. Es decir, quien tenga por hablar de sumas redondas una renta mensual de 10 mil escudos, podría ser afectado por gravámenes muy altos. Por ello, el Ejecutivo estima que el precepto debe ser revisado. En las Comisiones unidas se presentaron indicaciones para mejorar el precepto introducido por la Cámara. Ellas establecen que sólo se aplicará el impuesto sobre los excedentes al tope mencionado de 20 sueldos vitales anuales. Además, se dispone que ninguna persona podrá pagar más de 75% de su renta imponible. Sin duda, la norma actual mejora notablemente la que aprobó la Cámara. Reitero que el Ejecutivo la estudiará y formulará las indicaciones pertinentes durante la discusión particular.
Por último, se aprobó una indicación que, a mi modo de ver, fue rechazada por error en la Cámara. Consiste en aumentar las tasas fijas de la ley de Timbres y Estampillas, es decir, aquellas que se expresan en escudos y no en porcentajes. La reposición del precepto por parte de las Comisiones unidas permitirá obtener 60 millones de escudos.
El rendimiento total que proporcionarán las disposiciones mencionadas será si en definitiva prevalece el criterio del Ejecutivo de 230 millones de escudos, cantidad que podría aumentar en caso de aprobarse el artículo 16, referente al impuesto global complementario.
En las Comisiones unidas se preguntó si tal suma bastaría para cubrir los desembolsos que originarán estas facultades y, por ende, las nuevas remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Tanto el Ministro de Defensa como el que habla explicaron que no era posible puntualizar en términos exactos y con responsabilidad el costo definitivo del reajuste especial que corresponderá a las Instituciones Armadas. A pesar de estar afinados los estudios de las bases sobre las cuales se aplicará el reajuste, no podemos fijar la cantidad exacta sin antes determinar las escalas de remuneraciones aplicables 'a los personales de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. En las Comisiones sostuve que habría sido muy fácil precisar el costo del reajuste si se tratara de aumentos de carácter general, iguales para todos los grados, pues en tal caso habría sido suficiente determinar el monto total de las remuneraciones y la proporción de los nuevos recursos. Sin embargo, como se explicó en las Comisiones, sobre la base de los datos que allí se entregaron, no es ésa la situación, porque los problemas del sector activo de las Fuerzas Armadas no son equivalentes en cada uno de los grados de la escala de remuneraciones. Es indiscutible que existe un deterioro mayor en algunos grados, sin perjuicio de reconocer que la totalidad de la escala debe ser rectificada. No hay duda alguna de que el problema más grave se encontraba en los grados medios de la escala. Al respecto, se dieron a conocer algunos datos y cuadros sobre las [remuneraciones totales que perciben algunos grados, como los de teniente a teniente coronel, que permiten apreciar que la rectificación en materia de remuneraciones debe ser más profunda en ellos. También es posible advertir problemas en los grados de suboficiales, los cuales deben ser resueltos con prioridad.
Por todas estas razones, por tratarse de un reajuste no parejo, sino discriminado, y por la necesidad de fijar una escala razonable, que resuelva verdaderamente los problemas de los personales de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, no podemos precisar el costo exacto que tendrá el proyecto.
Ante la pregunta formulada por el Honorable señor Altamirano, el Ministro que habla dijo que, en una primera aproximación, excluido el reajuste general, el Ministerio de Hacienda calculaba en 350 millones de escudos el monto del gasto, incluyendo al personal pasivo. En lo relativo al reajuste general, estimado en 27%, el costo llegaría a 500 millones de escudos. Por lo tanto, el total de los recursos que se requerirán para otorgar el reajuste general y especial para las Fuerzas Armadas, de acuerdo con estas facultades, se estimó inicialmente en alrededor de 850 millones de escudos, cifra que yo pedí tomar como meramente estimativa, pues la complejidad del sistema de remuneraciones algunos de cuyos aspectos deberán estudiarse caso por caso, aparte la complejidad existente también en el sector pasivo, nos impedía precisar con absoluta claridad el costo exacto del proyecto. Inclusive, y como un ejemplo, entre un día y otro los cálculos efectuados en el Ministerio de Hacienda en un solo rubro tuvieron que modificarse en una cifra cercana a 100 millones de escudos.
Por todo lo dicho, como Ministro de Hacienda, y actuando en forma responsable, no me atrevería a dar una cifra exacta del costo que tendrá la aplicación de esta facultad. Este podrá precisarse cuando el señor Ministro de Defensa, previas las consultas del caso con los equipos técnicos que colaboran con él, entregue al Secretario de Hacienda una escala determinada, clara y definida de los personales activo y pasivo. Una vez conocidas esas cifras, como también los fondos que se otorguen para aplicar esta ley, los recursos adicionales que podrían necesitarse para financiar el resto de la iniciativa, como expresé al comenzar mi exposición, deberían ser consignados en la ley general de Presupuestos o en la de reajuste de remuneraciones.
En la Comisión, algunos señores Senadores especialmente el Honorable señor Altamirano estimaron que este proyecto no podía ser despachado, por carecer de financiamiento. Incluso en la prensa se han hecho publicaciones en tal sentido.
En mi opinión, no es inconstitucional despachar un proyecto que otorga una facultad, sino que ello podría establecerse, en lo relativo al costo, sólo cuando estuviera determinada la facultad. Entonces tendría el Ejecutivo la obligación de consignar los recursos que faltan, en la ley de Presupuestos o en la de reajuste general.
No es la primera vez que se aprueba una iniciativa que concede facultades de esta naturaleza y deja abierto el camino al Gobierno para determinar el gasto de acuerdo con las disponibilidades económicas del país.
A mi juicio, la inconstitucionalidad no puede existir, pues este proyecto, en todo caso, quedará despachado antes de la fecha en que lo sean los de Presupuestos y de reajuste de remuneraciones. Como es evidente, en el primero puede revisarse el cálculo de entradas y en el segundo es factible formular las indicaciones del caso.
En la Comisión expuse, a modo de ejemplo, que en la revisión de los cálculos que el Gobierno ha considerado dentro del Presupuesto de 1970 confeccionado al 31 de agosto está lo referente al cobre, que ha sido estimado al precio de 48 centavos de dólar la libra, pues era el vigente en ese momento en el mercado productor americano. Por lo demás, es el que normalmente hemos tomado, en forma muy conservadora, para determinar los ingresos por ese concepto. Los señores Senadores saben que hoy día el precio del metal rojo en ese mercado es de 52 centavos de dólar la libra. Por lo tanto, en el Presupuesto deberá efectuarse la corrección respectiva. Indudablemente, ello significará un aumento en el cálculo de entradas, lo que permitirá destinar parte de esos recursos a financiar este proyecto u otro gasto que el Ejecutivo deba enfrentar durante la tramitación del Presupuesto, incluso al remitir al Parlamento el oficio final, al término de la discusión de ese proyecto.
Estimo que sólo me corresponde proporcionar estos datos generales. Durante el debate particular podré dar respuesta o informar a los señores Senadores acerca de lo que estimen conveniente, para llevar a cabo una discusión a fondo sobre la iniciativa.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Advierto a Sus Señorías que el señor Ministro de Hacienda, de los 30 minutos que le corresponden en virtud del acuerdo de Comités, ocupó sólo 22; en consecuencia, le restan ocho. El señor Ministro de Defensa, por su parte, dispone de 10 minutos, pues ocupó 20.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, en este problema político, el más grave que la República ha debido enfrentar en los últimos 40 años, era absolutamente imposible continuar con la conducta del avestruz, que entierra la cabeza, en la vana ilusión de ocultar su cuerpo. Ya no pueden mantenerse las reticencias, los rodeos y las negativas del Gobierno. Ya nadie podrá creer que este proyecto sobre facultades extraordinarias para aumentar las remuneraciones en las Fuerzas Armadas tiene el inocente origen que le asigna el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. No se trata sólo de que existe consenso de que las actuales rentas de ese sector y del Cuerpo de Carabineros no se compadecen con las funciones específicas que ambos desempeñan, especialmente reconocidas por la Constitución Política del Estado, por las necesidades de su personal.
Ha hecho bien el Honorable señor Fuentealba en efectuar una aproximación siquiera a este problema, que no se puede, repito, eludir o soslayar.
Hasta hay un fallo de los tribunales que proclama como lo dice la sentencia del 7 de noviembre en curso; es decir, de hace tres días que, en la madrugada y en el curso del día 21 de octubre próximo pasado, diversos oficiales del Ejército se alzaron públicamente con el propósito de obtener del Supremo Gobierno de la República, por medio de la fuerza, la solución de problemas exclusivamente profesionales, que dicen relación a la defensa nacional y a la situación económica de su personal.
¡Si los tribunales de justicia han debido dejar establecido este hecho en un fallo, indudablemente el Congreso Nacional no podría ignorarlo o pasarlo por alto. Y si los tribunales han ido más allá y han tenido que reconocer que la acción o conducta de los enjuiciados alcanzó trascendencia política tomado este término, según la sentencia, desde el punto de vista jurídico, porque la solución de dicho problema requería la resolución del Gobierno, sería absolutamente infantil que nosotros nos limitáramos a creer lo que el mensaje del Ejecutivo dice que es la causa que origina la iniciativa en estudio.
El Honorable señor Fuentealba agregó que, a su juicio, la experiencia de cinco años de Gobierno estaría demostrando al país que ninguna tarea trascendente puede intentarse sin la participación del pueblo, y que ésa sería la novedad con que se presenta la candidatura del señor Tomic, para corregir los vicios o defectos de esta Administración, que pretende continuar.
Si se trata de la participación del pueblo, el primer deber por cumplir para promoverla o conseguirla es dar una información leal, completa y verídica de todos los hechos ocurridos, a fin de que el pueblo, a través de sus representantes en estas ramas del Congreso, pueda caracterizar la situación y encontrarle la mejor solución, de acuerdo con los medios de que dispone.
Esa información todavía está sin darse al Parlamento, y nosotros ignoraríamos los hechos si no fuera por la circunstancia fortuita de que una resolución judicial que precisa en parte lo acontecido permite desentrañar, mediante un documento muy importante, todo el pasado inmediato de esta gestión que culmina ahora con el proyecto en estudio.
Si se pone atención al fallo a que me estoy refiriendo, se encontrará que la sedición tuvo por objeto según lo establece ese fallo exigir la solución de los problemas profesionales planteados. Y si se atiende al voto de minoría del mismo fallo, se podrá saber que hay un documento que contiene el enunciado de todos esos problemas y el sentir de quienes promovieron los acontecimientos del 21 de octubre y de gran parte de la oficialidad del Ejército respecto de ellos.
Ese documento es una carta dirigida por don Roberto Viaux, a la sazón General de Brigada, Comandante en Jefe de la I División del Ejército, el 2 de octubre de 1969, a Su Excelencia el Presidente de la República.
El documento está concebido sobre la base de que era absolutamente indispensable que el Jefe del Estado tomara conocimiento de hechos que estaban ocurriendo en el Ejército y que representarían, a juicio de su firmante, de toda la Primera División del Ejército y de gran parte de su oficialidad, el derrumbe de esa institución.
Para justificar esta sensación de catástrofe que tendrían los jefes, los oficiales y los cuadros del Ejército, en el contexto de la carta se recuerdan hechos gravísimos que han ocurrido en este país, sin que jamás el Gobierno de la República, que los conocía perfectamente, los hubiera hecho presentes al Congreso Nacional.
En los títulos V y VI de la carta cuyos epígrafes son "Incumplimiento de promesas" y "Situación moral y disciplinaria", respectivamente, se contiene la enumeración de los siguientes hechos:
Primero. Que en mayo de 1968 ocurrieron acontecimientos en el Ejército que significaron la renuncia del Ministro de Defensa Nacional y el cambio de Comandante en Jefe del Ejército.
Segundo. Que hubo una renuncia colectiva de la oficialidad de la guarnición de Santiago.
Tercero. Que hubo una reunión convocada en la Escuela Militar.
En el documento está borrada la parte que se refiere a las autoridades que citaron a esa reunión; pero debemos entender que ellas fueron el Ministro de Defensa Nacional y el señor Comandante en Jefe de esa época.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-  En mayo de 1968.
El señor ALTAMIRANO.-  No.
El señor CHADWICK.- Cuarto. Que se hicieron las siguientes promesas: "a) mejorar la situación económica; b) establecer un intercambio de opiniones con los Jefes y Oficiales a fin de poder recibir directamente de ellos sus inquietudes y sus aspiraciones sobre el perfeccionamiento de la Institución; c) dotar adecuadamente a las Unidades, para que cumplan su función, tanto de personal como de material; d) suprimir actitudes arbitrarias y realizar un Mando racional conforme a las más modernas técnicas".
El documento agrega un quinto hecho: que los nuevos Jefes fueron designados para cumplir esas promesas. Asimismo, en la carta se dice que dejaron sin honrar esas promesas.
Por último, se señala, como un sexto hecho de gravedad ocurrido en el Ejército que aquí nunca se ha mencionado, que el 18 de septiembre recién pasado, con motivo del Tedeum, un jefe faltó deliberadamente a la disciplina, para hacer valer el descontento general que esta situación estaba produciendo en el seno de los Institutos Armados.
Cuando el Honorable señor Fuentealba nos dice que una democracia no puede encarar la solución de los graves problemas del país sin la participación del pueblo, debe reconocer que, en la medida en que el Gobierno de la República se reservó para sí todos estos hechos gravísimos y guardó el más absoluto silencio ante el Congreso y la opinión pública, prácticamente estaba impidiendo que los serios conflictos que están llevando al Ejército a su derrumbe, según la opinión del General Viaux, pudieran tener una solución democrática, republicana, de acuerdo con los hábitos tradicionales de nuestro país.
¡El espíritu cesarista de reservar al Jefe del Estado y a sus más íntimos colaboradores el conocimiento de los hechos y el estudio de la situación, para buscar soluciones dentro de lo que ellos creen procedente, es una de las causas principalísimas de esta crisis política que estamos viviendo y que entramos a conocer al estudiar este proyecto de ley!
Pero el documento que estoy comentando citado en una sentencia judicial no sólo tiene la trascendencia que ya se advierte por lo que he dicho, sino que va más allá.
La carta agrega que domina en el Ejército el mayor desquiciamiento como resultas de una clasificación del personal de oficiales. Y yo no me atrevería a repetirla en una sesión pública, si esa carta no hubiese circulado, impresa a mimeógrafo y firmada por el señor General Viaux, por los más amplios sectores del Ejército y de las personas allegadas a la institución. Se dice, ni más ni menos, que el personal del Ejército puede clasificarse en tres categorías: una estaría formada por los que se mantienen en los Institutos Armados porque su amor a la carrera es demasiado intenso; la segunda, por quienes carecen de aptitudes para optar a cargos mejor remunerados en la vida civil; y la tercera ¡ óigalo bien el Senado, porque esto lo sabe todo el Ejército, pues el documento ha circulado profusamente!...
El señor ALTAMIRANO.- Se publicó.
El señor CHADWICK.- ...está formada por los que tienen que cumplir misiones foráneas de carácter político para socavar la institución.
No creo exagerar cuando señalo la extrema gravedad que estas afirmaciones tienen, y por discreción no haré comentarios.
El documento continúa expresando que el personal subalterno no respeta al Mando, al que acusa de burocrático por incumplimiento de las promesas formuladas con motivo de los acontecimientos ocurridos en mayo de 1968, y por existir una crítica situación moral y disciplinaria por no haberse dotado a la institución en su oportunidad de los medios necesarios para su eficiente y correcto desempeño.
En este análisis respecto de la condición del personal del Ejército, podríamos decir que el General Viaux, invocando el consenso de la Primera División y de la mayoría de los oficiales, agrega que, al momento de escribir la carta, faltaba en absoluto el ascendiente del Alto Mando.
El señor GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PALMA.- No existía consenso en todos los Generales.
El señor CHADWICK.- Estoy midiendo mis palabras y hablando con mucha tranquilidad.
El señor PALMA.- No se puede generalizar.
El señor CHADWICK.- He dicho: "el General Viaux, invocando el consenso". He sido bastante claro. He tomado el concepto del General, pero no lo he hecho mío.
El señor GARCÍA.- ¿Con cargo a mi tiempo me concede una interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.- Si fuere pertinente, con todo agrado.
El señor GARCÍA.- Lo es, señor Senador.
Deseo preguntar a Su Señoría si sabe lo que se rumorea en esta materia: que la carta no fue entregada a Su Excelencia el Presidente de la República porque sus colaboradores íntimos creyeron que era mejor que no la conociera.
El señor CHADWICK.- En verdad, no me hago eco de rumores.
Estoy actuando en un momento de suma gravedad y me parece extremadamente peligroso dejarse llevar por los rumores. Antes de hacer esta relación de la carta he tenido cuidado de anotar los conceptos que me han parecido más graves y peligrosos y que exigen un examen responsable de parte del Senado. Por eso, estoy haciendo una enumeración lo más cuidadosamente posible.
Pasando a otra materia, el documento se refiere a lo que podría denominarse la dotación de armamentos del Ejército. Dice que en este momento los Institutos Armados se encuentran en una "crisis criminal" de material de guerra. Estas últimas expresiones son textuales. Además, añade otros comentarios de tipo técnico en cuanto a la infraestructura de la institución, que califica de "débil y anticuada".
¿Estos hechos podrían ser tomados por el Gobierno de la República como cosas que le conciernen solamente al mando ejecutivo de la nación, o miraban, como lo creo, al interés supremo de Chile, que no pueden resolverse al margen del Parlamento y sin conocimiento de la opinión pública?
El documento tiene otra gravedad, porque atribuye a la política, en buena parte, el desquiciamiento que denuncia en el Ejército, ya que supone que hay un sector de su personal dedicado a socavarlo por instrucciones foráneas, obedeciendo fines provenientes del exterior. También, supone que no se adquieren los armamentos por obstáculos e impedimentos de carácter político.
El documento concluye pidiendo que se tramite con suma urgencia la solución de estos problemas, todo lo cual se puede resumir en los siguientes puntos:
"1.Solución urgente a la falta dé medios a fin de permitir a la Institución poder cumplir con la Misión para la cual fue creada.
"2.Solucionar el problema económico."
Sabemos que ciertas exigencias, que resultaban del tenor de esta misiva, han sido cumplidas, satisfechas. En efecto, ha salido, como en mayo del año pasado, el señor Ministro de Defensa Nacional; han sido removidos el Comandante en Jefe del Ejército y prácticamente todo su Alto Mando, incluyendo al General Valdés, a quien el Gobierno encargó intervenir en la transmisión del mando de la Primera División; al General Cheyre, quien debió movilizar las tropas para sofocar el alzamiento del 21 de octubre, y al General Mahn, representante del Gobierno en las conversaciones con el señor Viaux.
El Congreso Nacional, en particular el Senado, tiene el deber ¡inexcusable deber republicano! de preguntar a las bancas de Gobierno en qué situación estamos, máxime cuando el proyecto en estudio, tramitado con suma urgencia, reúne todas las características de una satisfacción meramente formal a exigencias del Cuerpo Armado.
El señor Ministro de Hacienda nos dice que no incurre en vicio de inconstitucionalidad palmaria una iniciativa que autoriza al Presidente de la República para efectuar los gastos cualesquiera que ellos fueren que requiera un aumento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, para lo cual se le conceden recursos que de antemano se saben insuficientes, a pretexto de que más adelante, cuando se conozca el costo definitivo, se consignarán los recursos necesarios en los proyectos de presupuestos y de reajustes. Pues bien, por excelente que sea su dialéctica y grande su poder de convicción, debo expresar al señor Ministro que el tenor de la Carta Fundamental que nos rige es absolutamente claro en el inciso final del número 4º del artículo 43, cuando establece que "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto".
Si no sabemos cuál será el costo del proyecto, ¿cómo podría pensarse que estamos despachando una iniciativa que crea o indica las fuentes de recursos necesarias para financiarla?
Si el Presidente de la República o sus personeros más cercanos hubiesen tenido el gesto democrático de reconocer que la República atraviesa por la situación más conflictiva y peligrosa de los últimos cuarenta años, habrían llegado hasta nosotros a decirnos: "Este es el problema: tenemos Institutos Armados mal remunerados, carentes de armamento, con una mecanización muy atrasada. A consecuencias de este estado de cosas, se ha producido en la oficialidad y en los cuadros un sentimiento de insatisfacción que ya ha roto la disciplina y ha estado a punto de derribar al Gobierno", como lo reconoció en su intervención el Honorable señor Fuentealba.
El señor ISLA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.- Si tal es la realidad del problema, despachar el proyecto con la precipitación del trámite de la suma urgencia no es buscarle una solución, sino agravarlo. Porque cabe preguntarse: ¿qué sucederá una vez tramitada la iniciativa? En apariencia, el Presidente de la República tendría en sus manos recursos legales para asignar cualquier remuneración, para introducir en las plantas del personal las modificaciones que estime convenientes, ya que después incluirá el gasto en el proyecto de presupuestos o en el de reajuste de remuneraciones. ¿Y qué habremos de hacer nosotros una vez efectuado el gasto, comprometida la palabra del Presidente de la República mediante los decretos con fuerza de ley que deberán dictarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la ley? ¿Deberemos negarnos a aprobar los nuevos tributos que sean necesarios para el financiamiento, o haremos lo que este Congreso Nacional ha venido realizando desde hace algún tiempo: simular que ejerce facultades soberanas, en circunstancias de que lo único que está llamado a hacer es ratificar las decisiones adoptadas unilateralmente por el Presidente de la República, en virtud de las cuales compromete los intereses generales de la nación sin consultarnos previamente y poniéndonos en la obligación de dar, después, la confirmación legal?
A mi juicio, si el Senado de la República meditara acerca de estos hechos, llegaría a la conclusión de que el camino seguido por el Gobierno no es el que nos puede conducir a la solución del grave problema que he presentado en su cruda realidad. Por eso, los Senadores socialistas populares votaremos en contra de la disposición que concede facultades extraordinarias al Jefe del Estado, como entiendo lo harán todos los partidos populares. Deseamos encarar el problema conociéndolo en toda su magnitud, precisando lo realmente posible y qué es una mera ilusión que, ni aun con las leyes más amplias, jamás podrá concretarse.
Dejaré mis observaciones en este punto y me reservo el tiempo restante.
He terminado, por ahora, señor Presidente.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Al Comité Unión Socialista Popular le quedan cuatro minutos, señor Senador.
Propongo a la Sala suspender la sesión en este instante y reanudarla a las tres de la tarde.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Muy bien.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Acordado.
Se suspende la sesión.

-Se suspendió a las 12.55.
-Se reanudó a, las 15.

El señor NOEMI (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Ofrezco la palabra.
El señor TEITELBOIM.- Señor Presidente, el Partido Comunista desea manifestar en forma muy franca su opinión sobre el proyecto en debate, que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
El país sabe que tras esta iniciativa hay todo un sustrato inquietante, que lo ha conmocionado.
No son las primeras facultades que ha solicitado el actual Gobierno para resolver el problema. El año pasado ya le fueron concedidas otras, que nosotros votamos favorablemente en el entendido de que servirían para dar pronta solución a un asunto de tanta gravedad y máxima urgencia.
No puedo juzgar qué sucedió, pero resulta que el Ejecutivo, a ratos tan presto para activar iniciativas parlamentarias de índole a nuestro juicio secundaria y que pueden esperar un tiempo más, en esta materia denotó una lentitud exasperante, una falta de sentido de la necesidad de afrontar con gran presteza un problema que exigía pronta salida. Desgraciadamente, lo convirtió en una bomba de tiempo que al cabo de algunos meses tuvo ciertas manifestaciones y, transcurrido poco más de un año, verdaderas explosiones institucionales.
Todos los chilenos recordamos lo acontecido el 18 de septiembre en la Parada Militar, cuando una compañía de un regimiento llegó tarde a rendir honores. Sin duda, el retraso no fue por falta de puntualidad inglesa, pues ello nunca sucede en nuestras Fuerzas Armadas, sino un hecho preconcebido tendiente a expresar una protesta por la situación económica menguada e injusta en que se mantenía y se sigue manteniendo a los Institutos Armados. Luego, vinieron los sucesos de Antofagasta, protagonizados por el entonces General en Jefe de la Primera División, y más tarde, los hechos absolutamente desusados que ocurrieron dentro del regimiento Tacna y sus alrededores. • El Ejecutivo, con una desidia notable, tal vez llevado por su costumbre de abordar con lentitud los problemas económicos de los trabajadores frente a la clase obrera y a los empleados posterga de manera más o menos indefinida sus peticiones, y por desconocimiento de la arremolinada trastienda, de las corrientes subterráneas que circulaban y agitaban al Ejército por dentro, tuvo una actitud que ciertamente puede tildarse de descuidada en el más alto grado, a ratos lindante con una negligencia suicida.
Ahora nos llega este nuevo proyecto. No creemos que se haya puesto el pie a fondo en el acelerador, pues, al fin y al cabo, una iniciativa de esta naturaleza requiere ciertos estudios.
Nosotros aceptamos el proyecto en cuanto a sus principios, o sea, al propósito de mejorar la situación económica del personal de las Fuerzas Armadas, que, sin duda, puede considerarse inconveniente y falta de toda correspondencia con sus necesidades vitales y la delicadeza de la misión que asumen en la sociedad.
Sin embargo, debemos objetar el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República, porque no tenemos fe, carecemos de confianza en el manejo diligente, exacto y rápido que se haga de ellas. Además, tememos que el espíritu mismo del financiamiento dé lugar a nuevas insatisfacciones, impida la solución del problema y origine futuros reclamos reivindicativos que, con el tiempo, pueden adquirir otro cariz al ser movilizados por gente de afuera probablemente también por algunos elementos de adentro, que ve en los movimientos y reclamos de las Fuerzas Armadas algo más que un planteamiento netamente económico.
Debo decir en forma enfática y categórica que el Partido Comunista estima indispensable mejorar la situación económica de las Fuerzas Armadas, en términos compatibles con sus necesidades reales, sin pretender, por cierto creo que estamos muy lejos de ese peligro, convertirlas en una especie de casta privilegiada respecto de otros sectores de trabajadores. Consideramos que su situación debe ser digna, con remuneraciones adecuadas al papel que desempeñan en el país y al decoro de sus funciones; que sus familias no tienen por qué vivir una especie de pobreza discreta y permanente, que se esconde tras las apariencias de aquel que se esfuerza
por no mostrar al exterior el drama económico que se sufre en el hogar, puertas adentro. Esta es nuestra posición.
Pero vamos más allá. Pensamos que debe atenderse rápidamente por cierto, no es el propósito de la iniciativa a la satisfacción de los anhelos profesionales, de reforma de cierto tipo de sistema interior de las Fuerzas Armadas, que, a juzgar por muchas protestas, no se compadece estrictamente con el tiempo que vivimos. No se tiene presente que la profesión militar es a menudo una vocación apasionada, respetable, necesaria para el país. Ella debe estar asegurada contra el peligro de truncamiento a mitad de carrera.
En virtud de ciertos sistemas de eliminación y de llamados a retiro prematuros, hombres en la flor de la vida, en la plenitud de sus facultades, deben abandonar la institución e incorporarse a una vida civil, para la cual no se prepararon específicamente, porque su vocación irresistible los llevó a abrazar la carrera virtualmente desde su infancia. Se empiezan a preparar, a veces, a los 12. años, ya que entran a la Escuela Militar a una edad muy temprana. Cuando este hombre llega a la madurez no digo en absoluto a la vejez, a la época en que mejor concilia la fuerza física con la experiencia y, por lo tanto, está en condiciones de rendir más, en ese mismo instante le cortan las alas, deja de vestir el uniforme y abandona el cuartel, la guarnición o el cargo que desempeña, para incorporarse a la llamada clase pasiva, con una jubilación que tampoco condice con sus necesidades. A nuestro juicio, ello debe terminar.
Desde el punto de vista de la participación social de las Fuerzas Armadas, creemos igualmente que deben ser condicionadas a una realidad cambiante, a una sociedad donde el militar sea también una personalidad actuante más allá de los cuarteles, en el plano de la producción, de la vida cultural, de la vida social. Inclusive pensamos que debe eliminarse de la Carta Fundamental una disposición que nos parece utópica, discriminativa, irrespetuosa y vetusta: aquella que considera al Ejército una especie de convento de monjes trapenses que deben hacer votos no diré de castidad, porque no es el caso de silencio político, ideológico, y callar sus opiniones como si fueran personas que pudieran vivir al margen de la vida, del mundo, de sus solicitaciones, de los cambios de la época contemporánea.
Es evidente que las Fuerzas Armadas también pueden desempeñar un papel activo más allá de lo militar. En nuestro concepto, esta legislación, que debe corresponder a una filosofía y a un pensamiento total, tiene que ser elaborada rápidamente.
Por otra parte, más allá de esa participación social necesaria, también juzgamos indispensable que se consigne un equipamiento racional y moderno de nuestras Fuerzas Armadas.
No tenemos nada de agresivos. Conocemos la vocación de paz de Chile; pero consideramos que este país no es una isla en el mundo, no es una Suiza, garantida por una neutralidad permanente. Tiene vecinos de cuyos pueblos yo, personalmente, no dudo; pero sí dudo, a menudo, de sus gobernantes. Precisamente, ciertas castas militares que se han instituido en super poder en distintos países latinoamericanos, especialmente entre algunos de nuestros vecinos y también en la nación que es la mitad de Sudamérica, Brasil, han conducido a esos países a situaciones realmente caóticas, de desastre, sin solucionar problema alguno, y, en medio de su creciente impopularidad, gustan de tocar la música antichilena como una especie de cortina de humo, a fin de distraer la atención interna y el descontento de sus propios pueblos. Agitan una matraca "chauvinista", que casi siempre fija como fama de su blanco este país nuestro, que tiene una historia diferente en grandes capítulos, de los cuales nos sentimos orgullosos en todo lo concerniente a los valores populares, y que a nuestro juicio debe ser defendida.
No estamos por una carrera armamentista. No tenemos delirios de grandeza. Tampoco queremos olvidar el continente en que vivimos. Evidentemente, todo esto puede chocar en su solución ideal con los recursos del país. Por cierto, hay que tomarlos en cuenta, pues en esto es menester actuar con profunda seriedad y absoluta responsabilidad. No es cosa de juegos.
Queremos insistir en que nuestra posición supone para Chile la presencia de un gobierno civil. Subrayo que no hablamos de gobierno "civilista". Un gobierno "civilista" los ha habido en este país es aquel que recurre a una especie de unión nacional por encima de las clases, convirtiendo al Ejército en el enemigo del país del momento y transformándolo en una especie de gran adversario contra el cual todos debemos montar guardia. No es ésa nuestra posición. Creemos en un gobierno civil que nace del pueblo, y, por consiguiente, esperamos que éste pueda alcanzar el poder en Chile mediante su propia fuerza y organización. No pensamos que nuestro pueblo pueda claudicar de éste su inalienable derecho, confesándose como fracasado e incapaz de solucionar sus propios problemas, ni que pueda declinar su obligación irreemplazable de gobernarse a sí mismo.
Por lo tanto, estimamos que no corresponde a las Fuerzas Armadas asumir un papel para el cual ellas no fueron creadas y que compete al pueblo.
Estamos ciertos de que, dentro de un gobierno popular, las Fuerzas Armadas tendrán la situación que legítimamente merecen, porque no negamos la necesidad de su existencia ni su papel histórico. Ellas fueron creadas en el albor de nuestra independencia precisamente para crearla, defenderla y consolidarla. Y, salvo eclipses pasajeros, han cumplido este papel con honor, dignidad y honestidad.
Estamos, pues, por el gobierno civil, y rechazamos los "cantos de sirena" que vienen desde fuera de los cuarteles con el objeto de fabricar héroes de uniforme y tratar de quebrar una dirección política que debe desembocar en el pueblo mismo.
Es curioso:' existe una verdadera orquestación, por parte de la prensa y la radio, tendiente a convertir en personajes de cine, en maravillas inefables a hombres que han vestido uniforme y que han asumido actitudes reñidas con la Constitución Política y la ley y que han sido objeto de procesos ante la Justicia Militar. Son los mismos órganos de prensa que todos los días hablan de la democracia y de la ley; que rasgan las vestiduras de manera teatral, vistiendo la toga de los jueces romanos. Todo ello es muy sugestivo. Cada vez que se enciende un receptor de radio, ahí está la propaganda no se miden en nada, para crear la imagen desde el punto de vista publicitario, para debilitar la esencia misma de este país y precipitarlo por caminos que, a mi juicio, la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas no desea. Porque, al fin y 'al cabo, todos estamos contestes en que ellas tienen razón en sus planteamientos económicos e institucionales, y las acompañamos en sus demandas. Pero creo que ellas también rechazan el que desde fuera de los cuarteles posiblemente también por algunos elementos en su interior, incluso sobre la base de jurar la Constitución, se pretenda llegar más allá. Ya hemos dicho en el Senado que conocemos este proceso, que lo vimos en el pasado. Ninguno de los trastornos constitucionales que ha vivido Chile empezó de manera abierta y franca, diciéndose: "nosotros queremos ir a un gobierno militar". Siempre se vistieron con las galas del amor más encendido, por el respeto sagrado a la Carta Fundamental, y asumieron, igualmente, la forma de reivindicaciones económicas. Espero que este proceso, del cual cada día se dan ciertas nuevas informaciones inquietantes y angustiosas para la conciencia pública, realmente se detenga con la satisfacción de las necesidades económicas de las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, encontramos que el proyecto es insuficiente, y lo decimos con mucha preocupación.
Deseo, por ahora, poner término aquí a mis observaciones. Pero antes debo insistir en que no nos agrada en absoluto depositar en manos de un gobierno, que el año pasado demostró ser tan poco acucioso en el empleo de un instrumento semejante, facultades respecto de las cuales no tenemos garantía alguna de que hará un uso realmente rápido y adecuado.
En la mañana de hoy, el Honorable señor Fuentealba hizo un esbozo de autocrítica. A mi juicio, es muy razonable que el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano la hagan, siempre que ella no sea como la confesión de ciertos católicos, que los deja listos para pecar de nuevo o para olvidar el pecado cometido, porque esto es más grave. Parece que la Santa Madre Iglesia Católica es más perdonadora; en cambio, es posible que las Fuerzas Armadas perdonen menos y den menos oportunidades.
Pongo término aquí, entonces, a mis observaciones, y reservo el resto del tiempo al Honorable señor Valente, quien se referirá en forma más concreta a nuestra posición en lo relativo al financiamiento del proyecto.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Restan 20 minutos al Comité Comunista.
Tiene la palabra el Honorable señor Valente.
El señor VALENTE.- Cuando el Ministro de Hacienda fue requerido en las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, para que señalara a cuánto ascendía el costo del proyecto de reajustes del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, manifestó que no lo sabía, porque el Gobierno aún no terminaba de hacer los estudios y cálculos.
Adelantó, sin embargo, en líneas generales, tres alternativas de probable solución, cuyas diferencias están en el incremento del sueldo base imponible con otras asignaciones, en el mantenimiento de los quinquenios en las actuales condiciones o incorporados al sueldo base como remuneración fija, y en conservar o no conservar en la nueva remuneración fija algunas gratificaciones o sobresueldos que no son imponibles.
Según el Ministro de Hacienda, ninguna de estas tres fórmulas está afinada. Pero la alternativa más baja tendrá un costo que fluctuaría entre los 800 millones y los 850 millones de escudos, incluyendo en este costo el reajuste general correspondiente al año 1970.
Para financiar este gasto, el Gobierno plantea utilizar los recursos que consigna esta legislación específica, más les que rinda la ley de reajuste general y aquellos que se consignen en la ley de Presupuestos para el próximo año.
En el mensaje enviado a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo propuso un financiamiento por sólo 227 millones de escudos; en cambio, el proyecto fue despachado por la Cámara con un rendimiento de 355 millones de escudos, o sea, con 128 millones más.
El desglose de este financiamiento parcial, comparando los rendimientos del proyecto original con los del aprobado por la Cámara de Diputados, revela las siguientes fuentes de ingreso:
Artículo 3º.- impuesto extraordinario a las utilidades de los bancos. El texto del Ejecutivo daba un rendimiento de un millón de escudos; el aprobado por la Cámara lo aumentaba a 12 millones, incluyendo en este impuesto extraordinario a las compañías de seguros.
Artículo 4º: recargo de 10% sobre contribuciones de bienes raíces. El precepto original rendía 47 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas.
Artículo 5°.- Fue incorporado al proyecto por la Cámara de Diputados. Consistía en un aporte extraordinario con cargo a las empresas de la gran minería del cobre y contribuía con 100 millones de escudos al financiamiento, contra cero de la iniciativa del Ejecutivo.
Artículo 6°.-  aumenta algunas tasas del impuesto a la compraventa. Rendía 30 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas.
Artículo 7°.- impuesto de 5% adicional a la compra de divisas. Rinde 25 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas.
Artículo 8º.- aumenta la tasa del impuesto a la transferencia de bienes raíces. Rinde 30 millones de escudos. Se mantuvo por las Comisiones unidas. Lo mismo sucedió con el mayor rendimiento del impuesto al gas licuado, que es de 10 millones de escudos, y con el aumento del impuesto a la renta sobre aquellas remuneraciones percibidas en moneda extranjera, que rinde 11 millones.
El artículo 11, que aumenta el impuesto a las participaciones de los directores de sociedades anónimas, rinde 5 millones, y fue mantenido también por las Comisiones unidas.
En cambio, el impuesto a las remesas en monedas extranjeras por concepto de regalías, "royalties" y pagos por asesorías técnicas, que no estaba incluido en el mensaje del Ejecutivo, fue incorporado en la Cámara, con un rendimiento de 10 millones de escudos. Lo mismo aconteció con el recargo de 20% sobre los impuestos provenientes de rentas imponibles mayores de veinte sueldos vitales anuales, que no estaba incluido en el mensaje y fue agregado en la Cámara. Este recargo producirá 75 millones de escudos.
El artículo 5º del proyecto del Ejecutivo aumentaba en 20% las tasas fijas de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, lo que daba un rendimiento de 60 millones de escudos. Fue suprimido por la Cámara y repuesto por las Comisiones unidas.
Por último, el artículo 99 propuesto por el Ejecutivo, que gravaba con un impuesto de 200 escudos a las personas que viajaran a países limítrofes, rendía 8 millones de escudos, y fue suprimido por la Cámara de Diputados.
Este proyecto, de iniciativa del Ejecutivo, mantiene la misma línea y orientación reaccionaria que hemos conocido en anteriores financiamientos de reajustes. Se insiste una vez más en la aplicación de nuevos tributos que recaen en los asalariados, en los pequeños propietarios, en los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores.
El Gobierno gasta su esfuerzo en buscar recursos en las capas más desposeídas de la población; se dedica al "cachureo", a la cosa menuda, a obtener ingresos, por ejemplo, de las personas que necesitan tramitar un certificado de nacimiento, una cédula de identidad o cualquier otro documento emitido por el Servicio del Registro Civil e Identificación. Aumenta el impuesto a los bienes raíces, sin discriminar entre la gran propiedad, los que especulan con ella, y los pequeños propietarios que poseen una sola y modesta casa y viven habitualmente en ella. Para el Gobierno no hay diferencia, por ejemplo, entre la poderosa Sociedad de Renta Urbana, gran especuladora de la vivienda, y el empleado u obrero que ha invertido su jubilación y su desahucio el producto de todo su trabajo en adquirir una modesta casa para habitarla con su familia.
Se insiste en gravar a los consumidores más modestos y en eximir del pago de mayores tributos a los sectores más pudientes y a las empresas extranjeras.
Por iniciativa del Ejecutivo, las Comisiones unidas eliminaron el artículo 5°, que autorizaba al Presidente de la República para entregar un aporte de 100 millones de escudos con cargo a la participación del Estado en las empresas mixtas, y se repuso, a cambio, el aumento del impuesto a los timbres, estampillas y papel sellado, como ya expresé.
Las Comisiones de Hacienda y Defensa, unidas, del Senado, despacharon el proyecto con un rendimiento de 323 millones de escudos. De esta cifra, 138 millones corresponden a impuestos directos, algunos de los cuales están en estudio para su eliminación, según informaciones del Ministro de Hacienda. En cambio, los impuestos indirectos, como a los consumos, rinden 185 millones de escudos.
Esta política económica se mantiene inveteradamente hace años. Es la receta del Fondo Monetario Internacional, cuyas recomendaciones tienden a defender y favorecer a los inversionistas extranjeros y a los grupos financieros nacionales. Tal afirmación está reflejada en la estructuración de los presupuestos ordinarios de la nación de cada año, como paso a demostrarlo con las siguientes cifras extraídas de las leyes de presupuestos, del Servicio de Impuestos Internos y de los balances de la hacienda pública:
En 1960, los impuestos directos aportaron 13,5% del ingreso presupuestario; en 1967, alcanzaron a 23,3%, para bajar en 1968 a 22,4% y en 1969, a 21,8%.
En cambio, les impuestos indirectos contribuyeron, en 1960, con 76% de los ingresos, y en 1968, con 81,8% de las entradas presupuestarias.
Lo mismo ocurre con la tributación de las compañías de la gran minería del cobre, que tributaron en 1960 poco más de 88 millones de dólares, bajaron en 1961 a 67 millones de dólares, repuntaron levemente en 1962 hasta llegar a 78 millones, y bajaron de nuevo, en 1963, a 72 millones de dólares. Recientemente, en 1964, el tributo llega a poco más de 88 millones de dólares, nivelándose apenas a la tributación de 1960. En 1965, aumenta en cifras relativas a 107 millones; en 1966, a 178 millones; en 1967 se mantiene en 178 millones, para bajar de nuevo en 1968 a 174 millones de dólares. En porcentajes comparativos entre la tributación en dólares del cobre, sin hacer la conversión al correspondiente tipo de cambio, y el total de los ingresos presupuestarios, la relación es la siguiente: 1960, 10; 1961, 6; 1962, 5; 1963, 4; 1964, 3,8; 1965, 2,6; 1966, 2,8; 1967, 2,7. En 1988 sólo fue de
2, vale decir la quinta parte de la tributación que esas empresas pagaban en 1960, lo que demuestra que las compañías del cobre tributan cada vez menos al país. En 1969 se advierte un repunte a 7,7 puntos, que, en todo caso, no iguala siquiera la tributación de 1960.
Ruego a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para insertar en esta parte de mi intervención un cuadro sobre rendimiento de diversos impuestos, que confirma lo que estoy expresando.
El cuadro mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente:



RENDIMIENTO DE DIVERSOS IMPUESTOS. 

Insertar imagen pag. 

(



El señor VALENTE.- La carga tributaria está, pues, injustamente repartida, y es el producto de un sistema anacrónico, discriminatorio y retrógrado, como lo hemos afirmado tantas veces.
Se impone una efectiva racionalización de las franquicias tributarias, muchas de las cuales son aprovechadas por los grupos financieros de mayor poder económico en su exclusivo beneficio. Somos partidarios de gravar con alta tributación las utilidades de los bancos particulares, de las compañías de seguros, de las empresas extranjeras y de los consorcios monopolistas, mientras no sean nacionalizados.
Las compañías de seguros nacionales y extranjeras, por ejemplo, obtuvieron ganancias líquidas por 80 millones de escudos en los últimos nueve años, con un promedio de casi nueve millones anuales, según el siguiente detalle:
Las compañías nacionales ganaron, en 1960, Eº 3.300.700; en 1961, Eº 4.082.100; en 1962, Eº 4.177.200; en 1963, 6.131.300 escudos; en 1964, Eº 7.415.100; en 1965, Eº 9.341.800; en 1966, Eº 10.813.800; en Eº 9.895.600, y en 1968, 20.417.000 escudos. Total: Eº 75.574.600. Las compañías extranjeras ganaron, entre 1960 y la suma de Eº 4.568.300.


Los bancos particulares, a su vez, entre 1960 y el primer semestre de 1969, tuvieron utilidades por más de 220 millones de escudos casi la suma de todo el financiamiento propuesto por el Ejecutivo para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de acuerdo al siguiente detalle: 1960, Eº 8.114.000; 1961, Eº 10.326.000 (27,2%); 1962, Eº 9.539.000 (17,5%); 1963, Eº 13.694.000 (68,7%); 1964, Eº 19.615.000 (141,7%); 1965, Eº 27.500.000 (238,9%); 1966, Eº 30.821.000 (279,8%) ; 1967, Eº 34.739.000 (328,1%); 1968, Eº 37.428.000 (261,2%)); y 1969 (primer semestre), Eº 28.561.000 (630%).
En la mañana de hoy, el Ministro de Hacienda ha anunciado la modificación del artículo que establece un impuesto extraordinario a los bancos particulares, para no hacerles tan oneroso este gravamen.
Por estas razones, no son justificadas las quejas permanentes y coincidentes de los Ministros de Hacienda cuando aseguran que no tienen de dónde obtener recursos para financiar los reajustes y cancelar las deudas que mantienen con las cajas de previsión en perjuicio del otorgamiento de mayores beneficios para los imponentes.
Los comunistas hemos planteado con insistencia, como medidas económicas de urgencia y de resultados positivos para el país:
1°.- La nacionalización del cobre, ahora, desahuciando los onerosos convenios con las empresas extranjeras, en especial en cuanto al aprovechamiento del sobreprecio de ese metal;
2º.- Nacionalizar la banca privada y las compañías de seguros, para que sea el Estado quien perciba las ganancias que producen estas actividades y para terminar con la concentración del capital financiero en manos de una clase social parasitaria, que fortalece su influencia económica y política y se aferra al poder, con gravísimas consecuencias para el país y los trabajadores;
3º.- Suspender el pago de la deuda externa por un período no inferior a tres años. Nuestro país debe disponer cada año de 47 millones de dólares para el servicio de esta deuda, lo que equivale a destinar más de 550 millones de escudos por año para cubrir tales pagos. Sólo este rubro la supresión del pago de la deuda externa permitiría financiar todo el proyecto que estamos estudiando;
4º.- Racionalizar de modo efectivo las franquicias tributarias y eliminar el "drawback". Ambos rubros constituyen una forma de trasvasijamiento de importantes recursos económicos estatales a favor de algunos grupos financieros. El caso más expresivo es el de las industrias pesqueras, que, porcentualmente, pagan menos impuesto que los obreros y empleados. La eliminación del "drawback" por sí sola permitiría al erario disponer de 220 millones a 250 millones de escudos por año.
5ºSuprimir las remesas por pago de "royalties", regalías y asesorías técnicas, manteniendo sólo aquellas asesorías estrictamente indispensables para el desarrollo técnicoindustrial.
Nuestro país no puede continuar dándose el lujo de pagar subidos derechos por el uso de determinada marca extranjera. Camisas y otras prendas enteramente fabricadas en Chile, con mano de obra chilena y materias primas nacionales, deben pagar derechos de marca simplemente porque se dice que su modelo es, "Mac Gregor" o que su estilo deja a quien lo usa "como tigre". Esto cuesta al país alrededor de 30 millones de dólares al año, es decir, más de 350 millones de escudos, que pueden economizarse sin causar daño alguno a la calidad de los productos nacionales y a nuestra economía.
Hemos elaborado las indicaciones tendientes a sustituir, en el proyecto de reajuste que debatimos, aquellos artículos sobre financiamiento que gravan nuevamente los consumos, aumentan las tasas de impuestos de timbres, estampillas y papel sellado y recargan las contribuciones de bienes raíces discriminadamente.
Nuestras indicaciones reemplazan, por ejemplo, el artículo 6º, que grava con 16% de impuesto los consumos en bares, restaurantes y fuentes de soda; con 25% tanto algunas mercaderías estimadas suntuarias como otras de consumo o uso habitual, como los receptores de televisión, máquinas fotográficas, películas, aguardientes, sidras, etcétera, y con 16% los piscos y vinos, por un precepto que obligue a las empresas de la gran minería del cobre a otorgar al Estado chileno un préstamo forzoso por 200 millones de escudos, que deberán ser enterados en arcas fiscales antes del 30 de julio de 1970, préstamo cuyo servicio se iniciaría el año 1975.
Los artículos 8º y 9º, que aumentan en 50% los impuestos sobre timbres, estampillas y papel sellado que se pagan en notarías por la transferencia de bienes raíces, y modifican la aplicación del impuesto al gas licuado, respectivamente que en conjunto rinden 40 millones de escudos, los hemos reemplazado por una disposición derogatoria del "drawback", de modo que los 220 millones ó 250 millones de escudos anuales que destina el Gobierno para devolver impuestos a los exportadores quedarán en arcas fiscales para el financiamiento del reajuste a las Fuerzas Armadas y Carabineros y a los funcionarios del sector público.
Otra indicación de los Senadores comunistas dispone la suspensión del servicio de la deuda externa desde el 1º de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1973, lo que permitirá al Gobierno disponer, como ya lo hemos señalado, de 550 millones de escudos por año.
Consideramos que tal financiamiento, extraído de los grupos económicamente privilegiados, permitirá resolver bien el pago de los beneficios económicos a los personales civil y uniformado del país. Nuestras indicaciones proporcionan al erario recursos por más de 1.300 millones de escudos, sin sacrificar a los consumidores, a los modestos propietarios, al pequeño y mediano comerciante, industrial o agricultor ni a las capas de la población económicamente más deterioradas.
Tampoco el financiamiento que hemos propuesto es factor de activación del proceso inflacionista, sino que, por lo contrario, tiende al ordenamiento económico y a un trato tributario más justo.
En la discusión particular abundaremos en nuestras observaciones respecto del financiamiento.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para incorporar en la versión del discurso del Honorable señor Valente el cuadro estadístico a que hizo referencia.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, Honorable Senado:
Por mandato de mi partido, integro la Comisión de Defensa Nacional, lo cual me ha permitido participar en las Comisiones Unidas de esta Corporación para conocer del proyecto enviado por la Cámara y tratar en segundo trámite la iniciativa que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
A nuestro juicio, en un régimen democrático todos tenemos responsabilidades en la marcha del país. Este es un principio fundamental que debe prevalecer en una formal democracia y en un sistema de convivencia entre los poderes del Estado.
De allí que el proyecto que estamos conociendo mediante el cual, por la vía de las facultades especiales, se pretende legislar a favor de los miembros de las diversas ramas de la Defensa Nacional, incluyendo, como se sabe, a Carabineros e Investigaciones debe merecer nuestra preferente preocupación.
El grave problema económico que está viviendo el pueblo ha alcanzado también, con caracteres alarmantes, a los miembros de los Institutos Armados. En consecuencia, era lógico que el Congreso Nacional como lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, estudiara, juntamente con el Gobierno de la República, las disposiciones necesarias para mejorar la situación, con arreglo a 'los preceptos constitucionales y al libre juego democrático.
El Gobierno a mi juicio, en un afán hegemónico solicita facultades especiales para dictar, por medio de decretos, las soluciones que, a su modo de ver unilateral, deben imperar. Con ello niega la esencia de la democracia, al pretender la suma de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, a la vez, impedir a los diversos sectores del Parlamento expresar su opinión y enriquecer la legislación con la voz de la experiencia.
El Partido Radical no elude su responsabilidad en esta materia; pero ha considerado que no está bien otorgar facultades, porque ya tiene experiencia sobre el particular. Creemos que es aquí, en el Congreso, donde debe legislarse, y no ocultándose en los misterios de una oficina o encerrado en las cuatro murallas de una comisión tripartita que casi siempre ignora la realidad o las aspiraciones de los afectados. ¡ Ya tuvimos amargas experiencias!
Se han dictado muchas disposiciones y decretos con fuerza de ley para resolver los problemas que aquejan a las Fuerzas Armadas. Son muchos también los recursos con que se ha contado para ello. Sin embargo, cada día que pasaba, el problema se iba agravando, para terminar con la tardía sublevación de algunos oficiales que, caídos en la desesperación, alteraron el inconmovible rumbo y el sólido prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, felizmente no lesionado.
Lo sucedido en el Regimiento Tacna no es un hecho aislado, como mañosamente lo han presentado ante la opinión pública: se trata de la culminación de un proceso en el cual el Gobierno no deja de tener culpabilidad, según los antecedentes que, en la mañana de hoy, se han dado a conocer por diversos oradores.
Recordaba que en mayo de 1968, al término de la discusión de un proyecto de ley de reajuste, que bajo el número 16.840 se promulgó como ley de la República, se incorporó por la vía del veto aditivo y se aprobó sólo con un voto de mayoría, un artículo 16 sobre facultades especiales al Ejecutivo para modificar todo el régimen de vida de los Institutos Armados y de Carabineros, y aun sus regímenes previsionales.
El Partido Radical, junto a otras colectividades de Izquierda, se negó a dar facultades, aduciendo que no tenía confianza en la forma como se usarían. No obstante, el Gobierno logró el voto de mayoría, evitando en ese momento alteraciones constitucionales que se veían venir por la efervescencia y amargura que rondaban las filas de las Fuerzas Armadas. La intención de quienes entregaron estas facultades y las creo honestas era, evidentemente, la de conceder por ese medio a las Fuerzas Armadas y Carabineros una nueva escala de sueldos base que resolviera el problema económico y restableciera la tranquilidad pública y de las Fuerzas Armadas. Pese a que contaba con la herramienta legal para solucionar integralmente la situación, erradicando de paso el germen de indisciplina que corroía justificadamente a seres humanos que sufren impotentes la tragedia económica de todos los gremios o grupos que viven de un salario o de la entrega de su único capital, la capacidad de trabajo, el Ejecutivo se fue por las ramas y entregó soluciones de parche que muy pronto habrían de mostrar su deficiencia.
Junto a decretos con fuerza de ley que significaron cercenamiento de conquistas sociales logradas por los uniformados en servicio activo o en retiro, se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 3, que, en lugar de establecer una nueva escala de sueldos base que fue el espíritu de las facultades, entregó otro engaño más al conceder diversas gratificaciones y asignaciones y aumentar al mismo tiempo la bonificación profesional, de 35%, a 50%, a partir del 1º de septiembre pasado.
Pero esto no es todo.
¿Ha cumplido el actual Gobierno con la ley Nº 16.466? ¿Ha dado cumplimiento a la revalorización de pensiones? ¿Ha entregado aportes previsionales a la Caja de la Defensa Nacional o a la de Carabineros? ¿Se han puesto a disposición del Ministerio de Defensa Nacional todos los fondos asignados en la ley de Presupuestos para las Fuerzas Armadas y también en las leyes especiales vigentes? Son respuestas que exige el Partido Radical antes de conceder facultades al Presidente de la República.
Para nadie es un misterio que las planillas de reajuste de las Fuerzas Armadas se están calculando sobre la base de hacer imponible sólo el 70% de los emolumentos. Se dirá que es falso, pero la historia nos contará la verdad, si es que, desgraciadamente, no se impone el buen criterio de rechazar las facultades.
Queremos que las cosas se designen por su nombre. Aspiramos a que nada se oculte. Deseamos que no se culpe injustamente a nadie y que los verdaderos responsables sean conocidos en su exacta dimensión. Millones de ciudadanos están expectantes y esperan nuestro veredicto. El país está cansado de las inconsecuencias y desea conocer la proyección de las iniciativas; y aquí, en el Parlamento, están representados todos los sectores de la opinión pública.
Señor Presidente, estamos acordes con el señor Ministro de Defensa Nacional en el sentido de que las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional y una profesionalización interna que no se asemeja a ningún otro organismo. Pero discrepamos en la apreciación de que la variedad y complejidad del sistema de remuneraciones del mencionado personal impidan la dictación de una ley directa sobre la materia.
Para pretender una solución, sin duda que en el proyecto debe abordarse en forma directa la situación de los sectores pasivo y activo, pues ambos no pueden ser tratados en forma independiente.
Si bien es cierto que las facultades solicitadas no significarán disminución de las actuales remuneraciones y que en su aplicación debe considerarse especialmente el mejoramiento de los grados cuyas rentas están más deterioradas, tenemos nuestras dudas y aprensiones. Asimismo, porque el actual sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas tiene distorsiones que producen como efecto que algunos sectores en especial, los llamados mandos medios y algunos grados de la suboficialidad se encuentren más deteriorados que otros. Por eso, hay consenso en las tres ramas de la Defensa Nacional de ello tomaron conocimiento los miembros de las Comisiones Unidas de que no es posible mejorar sus remuneraciones con un criterio parejo y uniforme que beneficie en la misma medida a todo el personal.
Ahora bien, discrepamos en lo resuelto, primeramente, por la Cámara de Diputados y por las Comisiones Unidas en cuanto a que el aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal activo se efectúe en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972. Junto con el Honorable colega señor Miranda, militante de mi colectividad política, formulamos indicación para que ese aumento fuese pagado en el curso de 1970. Desgraciadamente tal indicación no prosperó; pero aprovecharemos la discusión del segundo informe para reiterarla.
Por otra parte, sí concordamos con el precepto que dispone que, en todo caso, el reajuste de pensiones por el año en curso no podrá ser inferior al incremento del índice de precios al consumidor. Igual resguardo se establece para el personal en servicio activo, ya que el aumento no será uniforme.
El Gobierno agregó que era indispensable establecer un aumento gradual de las pensiones, porque en caso contrario la mayor parte de los recursos que se destinen ésa fue la información del señor Ministro de Defensa a incrementar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas financiaría el reajuste de aquéllas. Es así como se nos entregó el cuadro signado con el número seis, donde se indica que la mayor parte del personal retirado se acumula en los grados altos, situación que nos dio a conocer exhaustivamente en la mañana de hoy el señor Ministro de Defensa Nacional.
Asimismo se nos informó que en 1969 se cagarán 962 millones de escudos por concepto de remuneraciones del sector activo y 888 millones por concepto de pensiones.
Sobre el particular debo decir que, según informaciones que se nos proporcionaron en la Caja de la Defensa Nacional, en el año en curso se pagarán al sector pasivo dependiente de ese instituto previsional 546 millones de escudos, 440 millones de los cuales son de cargo fiscal. Por su parte, para el sector pasivo de la Caja de Previsión de Carabineros se requieren 342 millones de escudos, y de ellos, 263 millones son de cargo fiscal. En consecuencia, por concepto de remuneraciones de ambos sectores, activo y pasivo, durante el año 1969, se cancelarán 1.840 millones de escudos.
Se nos informó también que en el sector pasivo de las Fuerzas Armadas hay tres grupos diferentes: el primero con más de treinta años computables para el retiro, está constituido aproximadamente por mil personas que tienen derecho a todas las remuneraciones que aparecen en el cuadro I; en seguida, los con más de años y menos de treinta computables para el retiro (son alrededor de 12 mil personas) sólo perciben como pensión las remuneraciones indicadas en las tres primeras columnas, es decir quinquenios, 20% imponible y 55% de bonificación profesional. Y, por último, los con más de 10 años y menos de 20, que alcanzan aproximadamente a 8 mil personas, cuyas pensiones fueron calculadas en los 30 avos respectivos y que están sujetos al sistema de revalorización de las mismas.
Asimismo, hay que tener presente que cuando fallece el causante, su sucesor sólo tiene derecho a 75% de la pensión respectiva, y en algunos casos, sólo a 50% de ella. De ahí que el Gobierno y el Ministro de Defensa manifestaran que el sistema de aumento gradual de las pensiones es indispensable para que el proyecto cumpla con sus finalidades esenciales. Ahí estamos en evidente discrepancia con el pensamiento del Ejecutivo.
Requerido el señor Ministro de Hacienda sobre los sueldos por fijar, expresó conceptos que en la mañana de hoy ha ratificado. En su oportunidad, mi Honorable colega, el señor Miranda, se referirá al financiamiento del proyecto.
¿Cuál ha sido la posición del Partido Radical en la discusión general de esta iniciativa? Ya manifestamos estar de acuerdo con ella, pero nos hemos reservado el derecho a formular las indicaciones que nuestra colectividad estime convenientes para mejorarla.
También hemos señalado que, con ocasión de una anterior delegación de facultades, el Ejecutivo dejó en situación desmedrada al sector pasivo de los institutos castrenses, hecho que consideramos más grave en el caso de los oficiales superiores, pues la iniciativa debió tomar los resguardos necesarios para que no se procediera en forma discriminatoria.
También dijimos que, por esos consideraciones y por no tener confianza en que las facultades especiales se aplicarán con sentido de justicia, las rechazamos con énfasis, al mismo tiempo que reiteramos nuestro anhelo de que se otorgue a las diversas ramas de la Defensa Nacional un reajuste adecuado y acorde con su digna misión de guardadores de nuestra soberanía y de la institucionalidad, que las hace acreedoras del afecto ciudadano.
Recuerdo que el año pasado, después de dictarse los diversos decretos con fuerza de ley autorizados por el artículo 16 de la ley 16.840, ocupamos esta tribuna para manifestar la inquietud y el desagrado de ciertos sectores por la forma como habían sido despachadas esas facultades.
En esa oportunidad expresé lo siguiente: "Cuando se produjo justa efervescencia en los institutos armados por las misérrimas remuneraciones que recibían por sus servicios profesionales, quisimos dar facilidades al Ejecutivo para que mediante un veto especial, tuviera la posibilidad de mejorar las rentas de los servidores de la Defensa Nacional y de Carabineros". Más adelante agregué que "el Ejecutivo envió una disposición muy amplia, respecto de la cual, tras haber sido aprobada indiscriminadamente por la mayoría obediente de la Cámara de Diputados no cabía mucha discusión en el Senado a menos de perjudicar a los sectores que se pretendía favorecer."
Y agregué: "Con todo, hicimos serias advertencias en el sentido de que la facultad que se concedía en ese instante y a cuya aprobación no concurrimos nuestra actitud fue de abstención contrariaba la costumbre del Congreso de conocer toda la proyección de las iniciativas, y llevaba implícito el deseo de que por esa vía no se lesionaran los derechos adquiridos y que, por lo contrario, se procurara un mejoramiento integral incluyendo a los sectores pasivos de la Defensa Nacional.
"Quiero recordar que, en la sesión de 18 de mayo de 1968, al tratarse esta materia, en representación de los Senadores de estas bancas el Honorable señor Bossay manifestó lo siguiente:
"No pretendo analizar ahora en detalle el problema de las Fuerzas Armadas. Sólo espero que los señores Ministros del Interior, de Hacienda y de Defensa Nacional tengan la gentileza de informar responsablemente al Parlamento, aunque sea en una sesión secreta, en forma detallada de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Tal petición la formulo en nombre de los Senadores radicales." Por supuesto, esta sesión no se celebró, ni tampoco la que solicitamos hace unos días en una reunión de Comités, presidida por el señor Vicepresidente del Senado, con el fin de que se invitara a esos mismos Ministros para estudiar los últimos acontecimientos militares. Continuamos esperando la celebración de esa sesión secreta de esta Corporación.
A continuación, el Honorable señor Bossay expresó lo siguiente: "Las tres veces que se ha planteado este problema en el Senado, nadie se ha opuesto a reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas." Y agregaba: "La verdad es que nos hemos adelantado a plantear el problema. Varios Senadores, no sólo de un partido en el caso nuestro, el Honorable señor Aguirre Doolan y el que habla, hemos tratado el asunto en distintas oportunidades. Incluso hemos sugerido la posibilidad de desglosar lo relativo a las Fuerzas Armadas para que pudiera ser despachado con mayor celeridad."
En consecuencia, cuando nos abstuvimos de conceder esas facultades en la ley 16.840, tuvimos aprensión en el sentido de que no se satisfarían las aspiraciones de las Fuerzas Armadas, tanto del sector activo como del pasivo. Por desgracia, los hechos posteriores han corroborado nuestra inquietud y demostrado que ella no obedecía a reacciones histéricas, sino sencillamente a nuestra convicción de lo que sucedería con posterioridad.
En la sesión de 28 de agosto a que me estoy refiriendo, dije que "al conocer la opinión pública el estatuto elaborado, tenemos la obligación de denunciar y ocuparnos sobre el deterioro que sufrirán las pensiones de retiro y montepíos de la Defensa Nacional y su marginación casi absoluta de los beneficios que otorgan los decretos con fuerza de ley dictados en uso de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo muy a nuestro pesar, en la ley 16.840."
Más adelante agregué:
"Queremos destacar el menosprecio que el Gobierno hace a los pensionados y montepiados del digno sector de la Defensa Nacional. Deseamos también dejar sentada nuestra protesta por los enormes daños que está causando en el patrimonio de este grupo social integrante de nuestra clase media, a la cual la Democracia Cristiana está desposeyendo poco a poco de sus derechos previsionales.
"Antes de entrar en la materia específica objeto de mi intervención, permítaseme recordar que la Convención del Trabajo de Ginebra, de la cual Chile es signatario, en su declaración de los derechos sociales, determinó que la previsión es un derecho de esa naturaleza. Sentado este precepto de derecho universal, que a todos los pueblos interesa ampliar y perfeccionar en cuanto sea posible, para asegurar una mayor cuota del bienestar a sus ciudadanos, tenemos el deber de llamar la atención del Gobierno por el incumplimiento de estos sanos principios, al ir restringiendo paulatinamente los derechos previsionales en todos los grupos sociales de la vida nacional." Luego expresé lo siguiente: "Queda bien en claro, pues, que la previsión es un derecho social y no una dádiva concedida graciosamente por los Gobiernos cuando lo desean o que niegan cuando están dispuestos a ello."
Los Senadores de estas bancas estimamos que si estas facultades son aprobadas, el Gobierno debe obligarse a no deteriorar los actuales beneficios de que goza el personal pasivo de las Fuerzas Armadas. Tanto el Gobierno como el Congreso de los años 1940 a 1957 respetaron esos sanos principios y no causaron daños irreparables a las pensiones de esos ex servidores.
Más adelante, agregué en mi exposición: "A partir de la promulgación de la ley Nº 12.428, de enero de 1957, se comienza a discriminar contra las pensiones, rebajando los porcentajes quinquenales a los pensionados con menos de 25 años de servicios. Estas medidas se llevaron al extremo de que en la actualidad es tal la confusión, que son muy escasos los técnicos que pueden precisar los verdaderos derechos de cada cual. Han sido inútiles los esfuerzos de los dirigentes gremiales por obtener que se simplifique su previsión. El Gobierno se mantiene sordo a ello y, como una prueba de su desconocimiento del problema, dice que se da solución y hace aprobar el artículo 14 de la ley Nº 16.840, que crea el Fondo Nivelador de Quinquenios, financiado por los propios jubilados con la primera diferencia de todo aumento anual, lo que determina que durante 1968 la recuperación será, por lo menos, de 20%. Así, pues, los propios interesados pagarán un aumento de 20% este año, sin que exista financiamiento para ningún reajuste posterior."
Todo lo anterior lo hemos podido apreciar con motivo de las facultades especiales otorgadas al Ejecutivo por el artículo 16 de la ley 16.840. A mi juicio, aquél no las usó para llevar tranquilidad al sector activo de las Fuerzas Armadas ni tampoco al pasivo, y ello nos obliga a rechazar la delegación que ahora se solicita, no obstante comprender la inquietud de todos los sectores asalariados del país. Estimamos mucho más conveniente legislar en forma directa y con la agilidad que siempre ha caracterizado a los parlamentarios para estudiar cualquier iniciativa que satisfaga los anhelos y resuelva los problemas de todos los sectores, tanto de los en actividad como de los acogidos a retiro. A nuestro juicio, las remuneraciones de estos últimos son reducidas. Conforme a las últimas resoluciones adoptadas al respecto, fueron disminuidas las pensiones de quienes no tenían treinta años de servicios, por tratarse generalmente de ex funcionarios con pocos quinquenios y que no gozaban de bonificación profesional ni de otros beneficios.
Terminaré aquí mis observaciones, pues, de acuerdo con una resolución de nuestro partido, el Honorable señor Miranda se referirá al financiamiento de la iniciativa. Si después de su intervención restara tiempo a nuestra colectividad, me haré cargo de algunas imputaciones hechas a la labor del Congreso y el Gobierno en estos últimos treinta y tantos años, de parte de un ex oficial de las Fuerzas Armadas y ex Ministro de la Corte Marcial sobre aseveraciones inexactas que vale la pena aclarar con la mayor brevedad.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical, ofrezco la palabra al Honorable señor Miranda.
El señor MIRANDA.- ¿Cuántos minutos restan a nuestro Partido?
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Veintisiete, señor Senador.
El señor MIRANDA.- Señor Presidente, el Honorable señor Aguirre Doolan ha expuesto con claridad el pensamiento de nuestro partido con relación al proyecto de ley en virtud del cual se resuelve, por vía legislativa, el problema del mejoramiento de remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. El Gobierno pretende por medio de una delegación de facultades, dar satisfacción a las justas aspiraciones de esos personales.
Como dijo el Honorable señor Aguirre Doolan, nuestra colectividad está consciente de la necesidad imperiosa de otorgar tales beneficios. Todavía más: ha demostrado, recurriendo a documentos legislativos, cómo personeros de nuestra colectividad política los Honorables señores Bossay y Aguirre Doolan han dejado constancia, en diversas oportunidades, de la necesidad de abocarse de una vez por todas a resolver tal problema.
El año pasado el Congreso Nacional otorgó similares facultades al Ejecutivo para afrontar esta misma materia. Los hechos son mucho más elocuentes que todo cuanto podamos decir en el sentido de que su aplicación no condujo a la solución que todos anhelábamos. Por lo contrario, los afectados han debido asumir actitudes, respecto de las cuales ya hemos expresado nuestro pensamiento oficial, para exigir al Ejecutivo, cada vez con mayor énfasis, la solución definitiva del problema.
Por tales razones, ahora somos contrarios al otorgamiento de facultades extraordinarias. La experiencia tan cercana nos señala que la situación no se ha resuelto como el país esperaba.
Me referiré en forma muy breve al financiamiento de la iniciativa.
Se ha hecho cuestión a mi juicio, con razones fundadas en el sentido de que el financiamiento propuesto no es adecuado o completo, sino muy relativo e insuficiente, y que además será adicionado con recursos de la ley de Presupuestos para el próximo año y del proyecto general de reajustes de remuneraciones. Inclusive, el propio señor Ministro de Hacienda lo reconoció en las Comisiones Unidas y en la Sala.
De acuerdo con las razones que dio el señor Ministro, podría parecer, desde el punto de vista formal, cumplida la norma de la Constitución Política que exige despachar debidamente financiados los proyectos de ley que signifiquen gastos. Lo anterior se corroboraría por el hecho de que el gasto que irrogará la iniciativa no está aún determinado. Sin embargo, conviene dejar constancia de que tal procedimiento no es el más adecuado para cumplir con la norma constitucional en referencia. No lo es, porque la aprobación de facultades tan amplias respecto de gastos que en este instante el legislador no está en situación de calcular, podría abocarnos a enfrentar hechos consumados como ocurrirá y a aprobar con posterioridad la proposición de aumento que se consigne en la ley de Presupuestos.
Con relación al proyecto en estudio, el Ejecutivo no encontrará tropiezos cuando se discuta la iniciativa de ley de Presupuestos para el próximo año o la de reajustes, a fin de adicionar o completar el financiamiento requerido en esta oportunidad. Sin duda, el sistema de financiamiento propuesto es inadecuado, y el Gobierno, con el andar del tiempo, podrá verse abocado a inconvenientes insuperables.
¿Cuál es el costo del reajuste?
El señor Ministro de Hacienda fue muy claro en la mañana de hoy. Dijo que el proyecto no tiene costo determinado, porque éste dependerá del criterio que en definitiva aplique el Gobierno al hacer uso de las facultades otorgadas mediante el proyecto de ley en estudio. Sin embargo, Su Señoría anticipó, tanto en las Comisiones unidas como en la Sala, que son tres las fórmulas, sistemas, alternativas o criterios que podrían aplicarse.
Parece que el Ejecutivo, por lo que sostuvo el señor Ministro, piensa simplificar el actual régimen de remuneraciones. Aplaudimos esta especie de compromiso que adquieren el Gobierno y su Ministro de Hacienda.
Después de conocer el actual sistema de remuneraciones de los personales activos de las Fuerzas Armadas, ha quedado de manifiesto que él no es tan engorroso, como se ha sostenido ni siquiera complejo, sino inadecuado. Se trata de un régimen en virtud del cual se consideran el sueldo base, los quinquenios y diversos tipos de gratificaciones y asignaciones, desde la de rancho hasta otras que dicen relación al aspecto propiamente profesional de los distintos personales de ese sector.
Lo hicimos presente en las Comisiones unidas y volveremos sobre la materia cuando se estudie el segundo informe. Tememos mucho que, en el proyecto que actualmente estudia el Gobierno para mejorar las remuneraciones del Poder Judicial como ha ocurrido con otros sectores de la administración civil del Estado, se insistirá sobre el particular: se ha creado un sistema de remuneraciones en virtud del cual, con el objeto de aumentar las rentas y satisfacer las justas aspiraciones de los diversos personales, se establecen para esto, la imaginación humana no tiene límites distintas asignaciones y gratificaciones, que distorsionan el régimen existente, con la consecuencia inmediata de que se aleja cada vez más el rubro de las pensiones y montepíos con relación a los sueldos del personal en actividad.
Sobre el particular, el señor Ministro de Defensa aceptó la proposición de refundir los artículos 14 y 15 del proyecto, lo cual significa un compromiso del Gobierno en el sentido de que en lo futuro no se introducirán modificaciones respecto de los sistemas de rentas que afecten de manera directa al sector pasivo. De modo que el Ejecutivo acepta el compromiso, y se deja expresa constancia en la norma positiva, de que, como dije, no se enmendarán esos sistemas con perjuicio para los personales pasivos y el sector de montepiados.
El costo del proyecto podrá variar entre 850 millones y 1.100 millones de escudos, aplicando una primera fórmula en virtud de la cual se refundirán en un sueldo único diversos rubros de remuneraciones, eliminándose otras asignaciones, con la sola excepción de la de rancho.
Otra alternativa consiste en formar un sueldo único, con exclusión de la asignación de rancho y manteniendo el régimen de quinquenios. Su costo no está ponderado. Es de esperar que, en su oportunidad, el señor Ministro de Hacienda dé a conocer una cifra aproximada respecto del costo de la segunda alternativa.
Por último, la tercera fórmula consiste en la fijación de un sueldo base, con quinquenios aparte y con una bonificación proporcional diferenciada, manteniéndose de todas maneras en forma independiente la asignación de rancho.
En suma, según sea la alternativa que el Ejecutivo elija definitivamente, el costo del proyecto variará entre 850 millones y 1.100 millones de escudos, de acuerdo con los datos que pudimos recoger en el curso del debate en las Comisiones Unidas.
¿Cuál es el financiamiento del proyecto?
Se consignan alrededor de once fuentes de recursos. La mayoría de ellas como se ha sabido, con la sola excepción de un gravamen nuevo ascendente a 50% y aplicable a las utilidades de los bancos y las compañías de seguros, consiste en aumento de tasas de actuales impuestos. Se mantiene el gravamen extraordinario a los bienes raíces, de la primera y segunda series, exceptuándose, con justificada razón, a las provincias afectadas por la sequía: zonas de Atacama y Coquimbo y algunas comunas de las provincias de Aconcagua y Valparaíso. Además, se establece un impuesto adicional de 5% sobre las ventas de monedas extranjeras; incremento de tasas sobre el impuesto de transferencia de bienes raíces, con la salvedad hecha; un impuesto único de 27% aplicable a las ventas de empresas productoras de gas licuado; impuesto de segunda categoría sobre las rentas percibidas en moneda extranjera; aumento de 10% en el impuesto de segunda categoría que grava a las rentas de directores de sociedades anónimas; establecimiento de un impuesto de 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras por concepto de regalías, "royalties" y pagos por asesorías técnicas que perciban personas naturales y jurídicas, lo cual debo reconocerlo también es una novedad de la iniciativa, no obstante las reservas hechas al respecto por el Ejecutivo. Se consigna, además, un recargo de 20% sobre las rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, en la parte que exceda de esa cifra, no pudiendo sobrepasar en ningún caso del 75% de la renta imponible. Por último, se repuso un aumento de 20% sobre las tasas fijas de la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, exceptuadas las que gravan las actuaciones judiciales. La Cámara rechazó tal incremento.
Como puede apreciar el Senado ya lo hizo presente un Honorable colega, en materia de financiamiento, el proyecto no contiene novedades apreciables, salvo las dos que he señalado.
A nuestro juicio, el Gobierno tuvo la oportunidad la tendrá también cuando estudie el proyecto general de reajustes y el de Presupuestos; más bien en el primero de revisar de una vez por todas la actual legislación que concede, en forma tan generosa y amplia, franquicias tributarias de todo orden. En numerosas oportunidades se ha hablado sobre la materia en el Congreso Nacional. Son muchos los Ministros de Hacienda que se han referido a ella y prometido su acción, a fin de revisar en definitiva tal régimen.
También deseo referirme a un recurso que se incluyó en la Cámara y que fue rechazado con nuestros votos en las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Hacienda. Es el que establece que el Presidente de la República podrá destinar anualmente la suma de 100 millones de escudos para el financiamiento de esta ley con cargo al ingreso fiscal que percibe el Estado por su participación en las sociedades mixtas del cobre.
Se ha informado en forma equivocada por algunos órganos de prensa que se trataría de un impuesto nuevo a las empresas productoras de cobre. No hay tal. El artículo no ha consignado un nuevo impuesto a esas empresas. Sólo autoriza, como claramente se desprende de su lectura, al Presidente de la República para destinar hasta 100 millones de escudos al financiamiento de esta ley en proyecto, con cargo al ingreso fiscal por concepto de participación del Estado en las sociedades mixtas.
Fuimos contrarios a esta norma por dos razones, En primer término, porque una sana doctrina financiera y una buena práctica aconsejan no financiar gastos permanentes con recursos extraordinarios. Todos los sectores del Congreso, en alguna medida, han concordado con esta tesis. El señor Ministro de Hacienda, como es lógico, reiteró responsablemente la clara y firme posición del Gobierno de no aceptar este tipo de financiamiento. Inclusive, en las Comisiones unidas de Hacienda y Defensa Nacional sostuvo que, de aprobarse el precepto a que me estoy refiriendo, el Ejecutivo no utilizaría los 100 millones de escudos. En consecuencia, se trata de un financiamiento absolutamente artificial.
Aparte esta consideración de orden general, nos ha movido a rechazar el artículo el hecho de que la norma contenida en él, tal como está redactada, amenaza seriamente a las provincias productoras de cobre con el grave riesgo de una disminución de los recursos por concepto de impuestos, ya que aquéllas, como es sabido, financian con éstos algunas obras extraordinarias.
Como representante de una de esas provincias, la de Atacama, que basa gran parte de sus aspiraciones de obtener mayor desarrollo económico con los recursos provenientes de los fondos del cobre fijados por ley, me he opuesto a ese precepto por las diversas razones señaladas.
Asimismo, la norma amenaza a diferentes instituciones, como la Universidad de Chile, la Universidad del Norte y otras que también se financian en parte importante con los recursos del cobre.
Estas, y no otras, han sido las consideraciones tenidas en vista para oponernos al precepto en referencia.
Indudablemente, si en el segundo informe se aprobara un texto mejor redactado, que dejara a salvo la situación de las provincias productoras de cobre y de los otros' organismos citados, no nos opondríamos a realizar un nuevo estudio sobre la materia. Mas para que ello pudiera acontecer sería indispensable la concurrencia de la voluntad del Gobierno, porque de otra manera se estaría aprobando una norma aparente en el orden financiero.
En suma, pensamos que el Ejecutivo ha presentado un proyecto sin financiamiento adecuado, quizás por la premura en su elaboración, no obstante que los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda han declarado que es una antigua preocupación del Gobierno.
Tenemos la mejor disposición para estudiar los sistemas que el Gobierno proponga en esta materia. Sin embargo, echamos de menos, como lo hemos dicho claramente en estos pocos minutos, algunos recursos más adecuados que entrañen un efectivo financiamiento.
Como lo ha señalado el Honorable colega señor Aguirre Doolan, nos reservamos el derecho de formular las indicaciones que nos parezcan convenientes tanto en el aspecto tributario como en el sustantivo del proyecto.
En todo caso, desde ya decimos que defenderemos los intereses del sector pasivo, de los jubilados y montepiados.
Estimamos que la indicación formulada por el Honorable señor García, por ejemplo afortunadamente fue rechazada en las Comisiones Unidas, creaba una situación todavía más incierta al personal pasivo. El señor Senador propuso facultar al Ejecutivo para fijar los plazos y las condiciones en que serían pagados las pensiones de jubilación y los montepíos. El precepto que en definitiva se aprobó fija los años 1970, 1971 y 1972 como plazos para efectuar esos pagos.
Junto con los Honorables señores Allende, Rodríguez y otros, impugnamos la indicación del Honorable señor García, por considerar que ese pago debe hacerse necesariamente en 1970.
Asimismo, en la discusión particular insistiremos en la mantención del actual sistema previsional, porque no podemos aceptar la redacción del proyecto que concede facultades demasiado amplias al Ejecutivo para modificar los regímenes de previsión vigentes para las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
De la misma manera, formularemos indicaciones relativas al personal de Carabineros, de Investigaciones y del personal docente de las Fuerzas Armadas. Respecto de este último, el Ejecutivo no ha cumplido obligaciones que él mismo se impuso en virtud del decreto con fuerza de ley que le otorgaba facultades en ese sentido, dictado el año recién pasado.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ.- Señor Presidente, forzados por circunstancias que les son ajenas, los partidos de Oposición y el Parlamento mismo se ven obligados a legislar sobre esta materia contra el tiempo, de manera urgida, sin poder siquiera determinar, por el acuerdo derechista democratacristiano de conceder facultades al Gobierno, los alcances precisos de esta legislación.
Los socialistas empezamos por decir, en consecuencia, que no nos compete responsabilidad alguna en el descalabro de una política pasada frente a las Fuerzas Armadas ni los vacíos y errores que puedan cometerse en el futuro al aplicarse esta delegación de facultades. La experiencia inmediata y las proyectadas soluciones para enfrentar la crisis político militar ya conocida, corresponden fundamental y exclusivamente al Gobierno de la Democracia Cristiana.
Para expresar nuestra opinión, los socialistas no esperamos el desenlace peligroso de la crisis ya conocida en las Fuerzas Armadas. Por el contrario, oportunamente y en más de una ocasión fijamos nuestro pensamiento sobre la materia, reiterando, cada vez, que todo lo que ocurriese en aquellos institutos no representaba una especie de tabú para los socialistas, para los efectos de analizar con entera franqueza y honestidad sus consecuencias ante la opinión pública.
No podía ser de otra manera, puesto que la vida contemporánea ha cuestionado todos los valores y el carácter inmutable de las instituciones tradicionales. Así lo dijimos cuando enjuiciamos el carácter de clase y de instrumento comprometido con la burquesía dominante del Poder Judicial chileno, en severo examen realizado a raíz de nuestra acusación a la Corte Suprema.
Así ha ocurrido también en el enfoque crítico que socialistas y fuerzas revolucionarias en general han hecho del papel que deben jugar en el futuro las viejas universidades, al servicio del pueblo y de la comunidad entera, en un promisorio proceso de reforma que ha sacudido hasta sus cimientos las estructuras de la enseñanza superior.
La propia institucionalidad vigente ha sido objeto de nuestro análisis crítico tanto en la pasada administración como en la actual, cuando erradamente se ha concebido la crisis chilena como un simple vacío de atribuciones de un poder presidencial que ya es cesarista, omnipotente y personal, sin llegarse a promover los verdaderos y profundos cambios que ensanchen la democratización real y la participación popular en lo más hondo de la base social de los trabajadores.
La vida contemporánea, que conlleva el reclamo por los cambios verdaderos y la ruptura con el régimen capitalista, estremece los soportes, hasta ayer inconmovibles, de la milenaria Iglesia Católica. La propia autoridad papal, hasta ayer inapelable e infalible, con todo el peso de su rigor anticientífico, es puesta ya en tela de juicio por amplios y esclarecidos sectores eclesiásticos y el pensamiento cristiano en general.
El Partido Socialista y las Fuerzas Armadas.
En el caso chileno, concretamente en el proceso de crisis que afectaba a nuestras Fuerzas Armadas, los socialistas oportunamente y con mucha anticipación a los hechos ocurridos el 21 de octubre, dijimos:
"Las Fuerzas Armadas no son un compartimiento estanco separado del resto del país, no son un cuerpo extraño y ajeno a la vida nacional. Las conmociones que nuestra patria experimenta, las afectan también a ellas, por mucho que el formalismo legalista quiera marginarlas artificialmente de la vida de un pueblo, del cual se nutren y cuya soberanía y dignidad nacionales deben cautelar y defender. No nos extraña, entonces, que las estrecheces económicas que padecen los que en ellas laboran, le inquieten y preocupen. No nos extraña por tanto, tampoco, que el proceso de total redefinición política que vive el país y las transformaciones que experimenta, se manifiesten en ellas en una sana preocupación por el destino que los institutos armados habrán de tener en la hora en que la lucha en Chile, entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, se va convirtiendo cada vez más en el eje de todo nuestro proceso político.
"Por una parte, en las Fuerzas Armadas se refleja, a través de la búsqueda de su papel en esta sociedad de transición, el antagonismo y la tensión entre quienes desean utilizarlas fundamentalmente como un cuerpo policíaco represivo, destinado a detener por la violencia el legítimo descontento de las mayorías nacionales frente a su deteriorada situación, y quienes se esfuerzan por insertarlas de manera constructiva y moderna, al servicio de los grandes ideales de emancipación social que cada vez más comparten los trabajadores y las masas de nuestro país.
"Los primeros son los que quieren que las Fuerzas Armadas jueguen el rol de gendarmes al servicio del injusto orden establecido y que buscan para nuestro Ejército el modelo de los "gorilas" argentinos y brasileños, cuya gestión ha precipitado a dos grandes naciones hermanas al desgobierno, a la anarquía y a una brutal persecución contra los trabajadores. Estos son los mismos que quieren ligar cada vez más estrechamente a nuestras Fuerzas Armadas al aparato supranacional del Pentágono, que intenta crear a escala continental una estructura armada reaccionaria, que, divorciada del interés de nuestros pueblos, se coloque al servicio de los objetivos estratégicos y políticos del imperialismo norteamericano.
"Los segundos son los que, reaccionando en contra de estos intentos de politizar de manera torcida su misión en favor del antiChile y del antipueblo, aspiran a que las Fuerzas Armadas se decidan a asumir un papel coincidente y convergente con el de aquellas fuerzas políticas y sociales que luchan, como lo hicieron el pasado siglo los padres de la patria, por asentar la independencia y la soberanía del país, recuperando para Chile sus riquezas básicas ; adoptando una digna e independiente política internacional, latinoamericanista y bolivariana, de amplia solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas; una política interna que se dirija a colocar nuestros recursos y potencialidades humanas y financieras racionalmente ordenadas, al servicio del pueblo todo, y para construir una nueva sociedad.
"Esta contradicción y este antagonismo, que es el que tiene que afrontar y decidir Chile, objetivamente compromete también a nuestros institutos armados. Y estamos ciertos de que por sobre quienes quieren atarlos a la defensa de un sistema caduco y convertirlos en destacamentos represivos que maneje el capitalismo internacional y sus agentes criollos, sabrá predominar el espíritu patriótico, popular y revolucionario que embarga a todo el pueblo y no de la oligarquía, que defienden nuestra bandera y no la de los Estados Unidos, y que tiene por meta servir a Chile y no al imperialismo."
El Gobierno pide solidaridad no merecida.
La conducta de principios del Partido Socialista, reiterada en el momento culminante de la crisis a raíz del motín del Tacna, pretendió ser groseramente deformada y tergiversada por voceros del Partido de Gobierno.
No fuimos a La Moneda porque no quisimos ser insinceros con nosotros mismos apareciendo como defensores de una institucionalidad burguesa que condenamos y de una política económicosocial del Gobierno que había probado su fracaso hasta la saciedad. Por otra parte y tal como lo preveíamos, la interpretación del carácter que tuvo la entrevista de otros partidos y organizaciones que concurrieron en esos momentos a informarse a La Moneda, fue luego tergiversada por la cadena nacional de radio y televisión, manejada por el Gobierno, expresándose que se había ido a solidarizar con su política.
La obligada aclaración posterior del señor Frei fue demasiado tardía para desvanecer la especulación política de los primeros instantes.
Por otra parte, en esa hora el Gobierno pedía la unidad de los trabajadores en defensa del régimen, en circunstancias de que toda la filosofía de su política laboral proyectada en el campo obrero fue siempre echar las bases de su división mediante el paralelismo sindical, que logró incluso imponer por ley en el sector agrario.
En esos minutos graves el Gobierno se acordaba de solicitar el apoyo obrero, en circunstancias de que no podíamos olvidar su crueldad esgrimida en contra de los trabajadores al masacrarlos en El Salvador, en Santiago y en Puerto Montt.
Ahora pedía solidaridad a los Poderes Públicos, en circunstancias de que cuando el Senado, ejerciendo expresas facultades constitucionales, le negó el permiso para viajar a Estados Unidos, el señor Frei, como Dios amenazante, citó a La Moneda a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y desde la Plaza de la Constitución expresó sus deseos de disolver el Congreso.
El señor HAMILTON.- Eso no es efectivo. No lo hizo.
El señor RODRÍGUEZ.- ¿Con qué títulos podía este Gobierno pedir una solidaria defensa al Partido Socialista y a la clase obrera, en circunstancias de que nosotros hemos estado de turno en su obstinada política represiva?
Socialista fue el primer campesino masacrado por este Gobierno en el fundo "Los Cristales", de Curicó; socialista fue el último obrero acribillado por la represión en San Miguel.
Socialistas fueron no pocos mineros y pobladores masacrados en El Salvador y en la pampa de la muerte de Puerto Montt.
Gran parte de los presos y procesados por la ley de Seguridad Interior del Estado han sido y son militantes del Partido Socialista.
Los únicos parlamentarios despojados del limpio fuero que les entregó el pueblo, son mandatarios socialistas.
¿Qué solidaridad podía esperar el Gobierno de los miles y miles de maestros, trabajadores de Correos y Telégrafos, personales de la Salud, funcionarios de la Línea Aérea Nacional, todos ellos largamente tramitados y engañados de igual manera que las Fuerzas Armadas?
¿Qué solidaridad podía pedir a los obreros de SABA, condenados injustamente a penas que varían entre 10 y 20 años de cárcel por delitos que jamás han cometido? .
Por eso los socialistas, al compartir la movilización de la clase obrera, la paralización de fábricas, centros de trabajo y faenas estratégicas, lo hacíamos para detener cualquiera salida golpista reaccionaria y para que la Central Única de Trabajadores hubiese impuesto sus propias condiciones en materia de política de reajustes de sueldos y salarios e impedir la aprobación de reformas constitucionales lesivas a gremios y sindicatos.
En suma, la movilización de la clase obrera no podía ser para defender un civilismo trasnochado, sino para imponer una política de clase y reiterar una conducta de principios desde el punto de vista socialista.
La vacancia política.
El Partido Socialista, en declaración hecha el mismo día 21 de octubre, planteó la existencia de una situación de "vacancia política" que amenazaba llevar al país al caos.
Nuestra apreciación fue perfectamente justa y acertada.
Existe "vacancia política" cuando un Gobierno o sea, el poder político por excelencia, frente a hechos de tan extrema gravedad como fueron y son los que se habían venido produciendo en las Fuerzas Armadas desde mayo del año pasado, fecha en que fue reemplazado el ex Ministro de Defensa Nacional señor Juan de Dios Carmona por el General Tulio Marambio ambos incapaces, precisamente con el objeto de dar solución a los agudos y urgentes problemas, se manifiesta incapaz, luego, de satisfacer tales demandas, con tan manifiesta como prolongada inepcia y frivolidad. Durante año y medio el Gobierno tramitó a las Fuerzas Armadas y ocultó a la opinión pública estos dramáticos hechos. Este estado de cosas, sea causado por una incapacidad abismante del Poder Ejecutivo, por negligencia culpable, o por grave irresponsabilidad, configura una situación que no tiene otra denominación que "vacancia política".
Existe "vacancia política" cuando un régimen, por boca del Presidente de la República, acusa al movimiento militar ocurrido el 21 de octubre de "subversivo", de estar en "abierta rebelión contra la autoridad y los Mandos Militares y contra el régimen legal y democrático", y no puede proceder en concordancia con tan gravísima imputación. Y, aún más, posteriormente debe retractarse de los cargos efectuados, ya sea por impotencia para mantenerlos o por la falsedad que ellos envolvían.
Existe "vacancia política" cuando un Gobierno llama al pueblo a defenderlo de un presunto golpe de Estado y a este llamado sólo acuden un número reducido de ciudadanos y unos cuantos camiones basureros.
Existe "vacancia política" cuando un Poder, como el Ejecutivo, se ve enfrentado a la gravísima inconsecuencia que importa, por una parte, ordenar a las Fuerzas Armadas proceder a sangre y fuego
en contra de obreros, campesinos, pobladores, juventud y estudiantes, y, por otra parte, llamar a esos mismos obreros, campesinos, pobladores y estudiantes detenidos, torturados y perseguidos, a que lo defiendan de las Fuerzas Armadas empleadas por él para reprimirlos.
Existe finalmente "vacancia política" cuando el Gobierno del señor Freí se ve forzado a entregar una solución improvisada y al margen de los organismos constitucionales como respuesta a] petitorio planteado por la oficialidad de los Institutos" Armados, con el fin de impedir efectos que pudieron y debieron ser evitados si aquél hubiera aprovechado responsablemente las facultades que en dos ocasiones durante este período presidencial le delegó el Congreso y que le permitían resolver las aspiraciones de las Fuerzas Armadas.
Por mantener insisto esta actitud de principios, fuimos acusados de golpistas. Pero a esa afirmación mentirosa respondemos, una vez más, que el eje y pivote central de la estrategia socialista no es estimular el aventurerismo golpista, sino incentivar una generosa y definida unidad revolucionaria del pueblo de Chile y sus destacamentos políticos y sociales más maduros y consecuentes.
Estamos conscientes de que, para sobrepasar el statu quo y promover la quiebra del sistema imperante, se requiere no una aventura castrense, sino una resuelta voluntad de poder de la clase obrera, campesina, y de las capas medias de la población, conducidas por sus vanguardias políticas.
La crisis chilena no la resuelve una solución militar.
Por eso, reiteramos esta vez lo que dijimos en el documento de septiembre:
"No somos golpistas. No creemos que debe introducirse en nuestro país la práctica perniciosa de hacer intervenir en la politiquería y el juego intrascendente de los partidos a las Instituciones Armadas. Nos oponemos tajantemente a los intentos de la reacción de querer sacar las "castañas con la mano del gato", introduciendo en los cuarteles un sentimiento antipopular. Queremos que en los militares, marinos y aviadores de Chile, oficiales, suboficiales, clases y soldados, continúe madurando seriamente una nueva conciencia de su responsabilidad ante la Patria y el Pueblo que les permita asumir una posición acorde con la necesidad de lograr la liberación social y nacional de nuestro país. Y esto es cuestión.de una revolución social y no de una simple intentona intrascendente. Las grandes transformaciones sociales las hace el pueblo, no los conciliábulos a espaldas de las masas y de sus fuerzas políticas organizadas. Una transformación social se hace con el pueblo o no hay tal transformación".
Comprendemos lo ocurrido en algunos países dependientes y atrasados, donde, por el escaso desarrollo político e ideológico, por la ausencia de partidos populares y de una organización sindical poderosa, por la ausencia incluso de una estructura administrativa y técnica relativamente eficiente, etcétera, se haya vivido la experiencia de que todo ese gran vacío lo llenase la oficialidad joven para liberar a su país, modernizarlo y crear condiciones para afianzar su independencia económica y su proceso de industrialización. Es la clásica experiencia del nasserismo en los países árabes y africanos, comprobables incluso en la realidad peruana.
Sin embargo, no creemos los socialistas que éste sea el caso de Chile. Aquí se registra la existencia de partidos populares con firme ideología revolucionaria, con gran ascendiente en las masas, con una fuerte y aguerrida organización sindical, con una intelectualidad poderosa que gravita en la vida cultural chilena, con cuadros técnicos y administrativos eficientes, con una juventud ubicada decididamente
a favor de los cambios revolucionarios; en suma, con una experiencia política y social que crea condiciones maduras para el acceso al Poder de un movimiento popular resuelto que inicie el camino hacia el socialismo.
Por eso, juzgamos como altamente negativos los intentos que pudieran surgir en nuestro país de convertir a las Fuerzas Armadas en agentes y conductores de tareas políticas que están a la orden del día, que son de carácter obligadamente socialista y no meramente modernizadores o industrializadores, como en los países en que surge el nasserismo. En otras palabras, la revolución socialista que está a la orden del día en Chile necesita de un liderazgo partidista revolucionario, que las Fuerzas Armadas no pueden ofrecer.
Lo anterior no significa que dejemos de comprender que las Fuerzas Armadas chilenas viven una crisis y que no nos demos cuenta de que la pugna política nacional e internacional tiene que reflejarse en su seno. En esa misma medida, la crisis militar reciente no la juzgamos según el cartabón de la Constitución Política ni de los Códigos Penal o de Justicia Militar, sino que la interpretamos como un síntoma de la crisis general del orden social que buscamos substituir.
Dentro de estas perspectivas, juzgamos que en la medida que las Fuerzas Armadas van adquiriendo conciencia de la situación política y se van acercando primero e identificándose después, parcial o totalmente, con los objetivos del movimiento popular, en esa misma medida se van creando las condiciones para una transformación decisiva del papel que tradicionalmente les ha querido asignar la burguesía dominante al pretender siempre utilizarlas como instrumentos de represión y de garantía del "orden" capitalista, hasta llegar a constituirse en factor estimulante de los cambios sociales. En un verdadero estado revolucionario, este proceso definitorio culmina en que las Fuerzas Armadas se confunden, y
el Ejército se convierte en el pueblo en armas, como ocurrió en Argelia o en Vietnam, o en el brazo armado de la revolución, como en Cuba, China y el Ejército Rojo durante la revolución soviética.
Un destino nacional y patriótico.
También es importante destacar que, bajo el predicamento de buscar nuestro destino con autonomía y profundo sentido nacional, los socialistas hemos expresado nuestro categórico rechazo a los reiterados intentos del imperialismo norteamericano de colonizar la funcionalidad, la estructura y los objetivos específicos de nuestras Fuerzas Armadas. Así se explica que resistiéramos desde un principio la concertación del llamado Pacto de Ayuda Militar (PAM), que sirvió, en último término, para vender o colocar sólo chatarra vieja a los ejércitos latinoamericanos y para obligarlos a una estéril como suicida carrera armamentista.
Así también los socialistas denunciamos los alcances tenebrosos que para la independencia y soberanía de los pueblos latinoamericanos significó aceptar y concertar el llamado "Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca" suscrito en Río de Janeiro y alabado en su época por los grupos políticos dominantes. •
Volvemos a insistir en la defensa de los fueros de la nacionalidad y soberanía para Chile cuando rechazamos, una y otra vez, la realización de Operaciones Unitas y la instalación desvergonzada, en el propio Ministerio de Defensa Nacional, de misiones militares norteamericanas. Ambos hechos representan el caso más insólito de un espionaje autorizado por Gobiernos complacientes que no supieron a tiempo decir que no a la imposición de una política militar imperialista de los Estados Unidos.
Asimismo, hemos condenado la aceptación de la teoría de las Fronteras Ideológicas, versión moderna de la agresiva e intervencionista doctrina Monroe, renovada en cada reunión interamericana para montar, inclusive, como su instrumentación material, la llamada "Fuerza ínteramericana de Paz".
Por eso, compartimos el pensamiento de Helder Cámara, el ilustre Arzobispo de Recife, quien habló de "despentagonizar" no pocas fuerzas armadas de América Latina, para hacerlas cumplir un papel eminentemente nacional.
Los socialistas estamos por el perfeccionamiento técnico y profesional de nuestras Fuerzas Armadas; por el debido pertrecho de sus necesidades materiales y logísticas; por el estímulo real en su carrera militar; por su creciente democratización; por una incorporación decisiva a las tareas del desarrollo económico y social chileno. Pero todo concebido como una gran tarea nacional y autónoma de cualquiera influencia extranjera, en forma de recoger con autenticidad el recado liberador que nos legaran los Padres de la Patria.
Por lo mismo, reiteramos nuestro juicio en el sentido de que nada puede eximir a la conciencia militar de buscar, a la manera chilena, la forma de contribuir al desarrollo y a la emancipación nacional. Nadie puede evitar a los chilenos que busquemos y forjemos nuestra propia estrategia, nuestros propios instrumentos y nuestras propias metas revolucionarias.
De igual modo, no es deseable que en la próxima contienda presidencial se reitere, por algunos pacatos sumisos del imperialismo, la versión propalada con desvergüenza en 1964, cuando se dudó de la capacidad de resistencia del pueblo de Chile, al decirse que de triunfar el movimiento popular se desencadenarían conflictos internacionales con los países limítrofes, alentados por el imperialismo. Los que propalaron ese miedo le infirieron una grave injuria a las Fuerzas Armadas y al mismo pueblo de Chile, imputándoles una cobardía anticipada. Y sus autores probaron no sólo tener miedo internacional, vivir bajo el fatalismo geográficopolítico, sino ser portavoces de un pensamiento deshonesto y de una cobardía política que los descalificaba como chilenos.
Por el contrario, los socialistas pensamos que es éste el minuto preciso para levantar la dignidad de Chile entero y comprender que, en el actual desarrollo de la vida internacional, no es fácil destruir la voluntad soberana de los pueblos. Así lo probó Cuba en su momento histórico, y Argelia con su revolución heroica. Así lo está probando victoriosamente el noble pueblo de Vietnam, y en su realidad histórica concreta, el pueblo peruano.
Deseamos, finalmente, ¡a solución integral de la crisis que afecta a las Fuerzas Armadas, que, como todos los trabajadores en su conjunto, fueron objeto de una larga y desafortunada tramitación de parte del Gobierno, con todos los efectos negativos que el país ya ha podido apreciar.
Por eso, sin creer que con este proyecto de ley se resolverán la totalidad de las aspiraciones de carácter económico, técnico y profesional de las Fuerzas Armadas, daremos nuestra aprobación a la idea general de legislar, rechazando el otorgamiento de facultades al Gobierno, que se ha demostrado ya incapaz de usarlas adecuadamente, como ocurrió en las dos ocasiones anteriores.
En nombre de mi partido, responsablemente reitero lo que expresé en el grandioso acto de masas del Teatro Caupolicán, al proclamar la candidatura del camarada Allende:
"1) No nos ha interesado ni nos interesa lo repetimos categóricamente, la caída del señor Frei a manos de un golpe cuartelero. Pensamos, por el contrario, que es útil, incluso, que el pueblo tenga la oportunidad de enjuiciar la totalidad de su gestión, para que decida a plena conciencia el reemplazo de una fórmula política reformista y engañosa por una auténtica solución socialista y revolucionaria.
"2) Hemos estado y estaremos dispuestos a resistir hasta sus últimas consecuencias cualquier intentona reaccionaria golpista, llamando al pueblo y sus organizaciones de clase para aplastar todo intento sedicioso.
"3) En septiembre de 1970, esperamos fundir el destino común de pueblo y Ejército, para iniciar hermanados la construcción de una nueva sociedad socialista, soberana, democrática y profundamente humanista.
"Sólo podrán las Fuerzas Armadas ser fieles a su misión nacional, si llegan a convertirse en Ejército del pueblo. Y eso queremos los socialistas para nuestro Ejército, para nuestras Fuerzas Armadas en general.
"Como parte del pueblo que somos y como parte del pueblo que son ellas, expresamos a toda la opinión pública nuestra palabra socialista, que sitúa y define para nuestros hombres de armas una tarea y un destino, junto a Chile, a su pueblo y a las fuerzas políticas que, como el socialismo, traducen sus aspiraciones hacia una Patria mejor."
Esta es nuestra intervención en la discusión general, que, a nuestro juicio, siempre debe contener un análisis político del problema, ya que el estudio en detalle del financiamiento corresponde a la discusión particular.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Restan doce minutos al Comité Socialista.
El señor ALLENDE.- Más adelante ocuparé ese tiempo, señor Presidente.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.- Los Senadores del MAPU concurrimos al acuerdo de los partidos de Izquierda de aprobar la idea de legislar, pero manifestamos nuestra disconformidad con el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo, tanto por las razones expresadas esta tarde en el Seriado, como por las vertidas en el seno de la Comisión.
Estamos en contra de este sistema que se ha hecho crónico por parte de todos los Gobiernos. Lamentablemente, el actual lo ha usado de manera abusiva, contribuyendo a crear un clima de misterio en torno de la solución de los problemas de las Fuerzas Armadas.
En efecto, ya en una oportunidad como aquí se ha dicho, mediante la ley Nº 16.840, el Gobierno se comprometió a resolver en forma definitiva las dificultades de carácter remunerativo y profesional de los Institutos Armados.
Además, en esa ocasión, hubo una circunstancia favorable que hoy día, en cierto sentido, no podría operar: hombres salidos de las propias filas del Ejército avalaron y garantizaron a sus compañeros de armas la obtención de una solución satisfactoria. Ese fue el caso del ex Ministro de Defensa Nacional, General Marambio, y del ex Comandante en Jefe del Ejército, señor Sergio Castillo.
La demora en encontrar la solución; la postergación creciente de las Fuerzas Armadas, tanto activas como pasivas, precipitó la crisis que culminó el 21 de octubre pasado.
Hombres de Gobierno altamente colocados saben que, de una y mil maneras, llegaron mensajes y sugerencias, en el sentido de que en el Ejército había gran malestar, no sólo por su condición económica y profesional, sino, fundamentalmente, por el desprestigio en que cayeron tanto el Gobierno y sus propios jefes militares que se habían comprometido a resolver de una vez el problema.
Parece que en este país nadie aprende las lecciones, porque después de lo ocurrido, en que se podían haber tomado medidas para no incurrir en iguales despropósitos, nuevamente se piden facultades extraordinarias, cuando se dispone de menos tiempo y existe una situación más difícil de resolver, pues el problema interno de las Fuerzas Armadas es más grave que en la víspera del 21 de octubre.
Ahora, con mayor premura para solucionar este problema que se ha agudizado, y siempre con el mismo estilo, impreciso y nebuloso, ha sido imposible conseguir en el seno de las Comisiones que los Ministros Zaldívar y Ossa presentes esta tarde dieran antecedentes respecto de cuál era su criterio respecto á las líneas fundamentales de solución.
Lo extraño es que el General Castillo, al dejar su cargo, dijo que el General Viaux había actuado en forma precipitada, porque de parte del Gobierno existía una permanente preocupación por los problemas del Ejército, y que los planes y soluciones económicas estaban prácticamente terminados.
Por tal razón, esperábamos, en lugar de petición de facultades extraordinarias, el envío al Congreso de un proyecto de ley que resolviera el problema; que, por lo menos, permitiera a la opinión pública y a los propios interesados, en la medida que no son como aquí se ha señalado gente desprovista de la capacidad de razonar, por vestir uniforme, conocer los antecedentes más elementales, a fin de no discutir la iniciativa en un clima de premura que no enaltece al Gobierno ni al Congreso.
Por tal motivo, hemos señalado nuestra posición contraria a otorgar facultades, sin perjuicio de reconocer el derecho y la necesidad de legislar en forma racional, inteligente y completa.
Nadie puede negar que tanto la mala situación económica como la anarquía de su sistema de remuneraciones lo cual es de conocimiento de quienes han ejercido el cargo de Ministro de Defensa contribuyen a crear este clima de inestabilidad, desasosiego y disconformidad absolutamente razonable en las filas del Ejército, lo que en reiteradas oportunidades se ha hecho presente tanto en la Cámara como en el Senado. Esta situación se produce no sólo por la comparación desde el punto de vista estrictamente monetario con otras actividades mejor remuneradas, que significan menores riesgos y responsabilidades, sino también por la incertidumbre que aflige a quienes pasan del sector activo al pasivo, debido al escaso monto de las remuneraciones válidas para el retiro. Tal hecho deja a los militares que se retiran en los grados medios en condiciones de absoluta inopia.
Por las razones expuestas, presentamos indicación para que el Ejecutivo dentro de las facultades que ha pedido "pueda estudiar un mecanismo a fin de que los militares que deban acogerse a retiro sigan prestando servicio al país, siempre que su alejamiento no sea efecto de una mala calificación, en instituciones dependientes, en forma preferente, del Ministerio de Defensa o en otras ramas de la Administración, porque Chile no puede soportar más una carga que significa que por cada militar en servicio activo exista la contrapartida de uno retirado.
Además, para racionalizar el sistema de sus remuneraciones, propusimos una indicación, que fue rechazada en la Comisión y que reiteraremos ahora esperamos que en esta oportunidad corra mejor suerte que entonces, en el sentido de que el conjunto de las remuneraciones imponibles que perciben los miembros activos de los Institutos Armados, se conviertan en sueldos vitales. Porque esto constituye repito no sólo una manera de racionalizar el régimen de remuneraciones, sino también de dar tranquilidad a quienes perciben sueldos que sufren alternativas de toda índole y que, en definitiva, en la mayor parte de los casos, no se mantienen hasta el momento en que el uniformado tiene que retirarse.
Por razones similares suscribimos también la indicación formulada por el Honorable señor Allende para facultar al Presidente de la República en el sentido de dar oportunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo para adquirir las viviendas que están habitando y tengan determinadas características, a fin de no entrabar el funcionamiento de los cuarteles, cuándo aquéllas estén situadas en sectores adyacentes a los regimientos.
Nosotros creemos que, si estas indicaciones se perfeccionan con alguna enmienda que las haga más operables, ellas serán acogidas por el Senado. Porque la verdad es que, a veces, quien abandona extemporáneamente las Fuerzas Armadas por razones de estricto servicio, por la necesidad de dar curso al llamado "tiraje de la chimenea", se ve imposibilitado no sólo de contar con una remuneración digna, sino también de vivir en su propia casa.
Pero, como lo han señalado los propios afectados, no es sólo un problema de carácter económico lo que está gravitando detrás del estado de tensión existente en las Fuerzas Armadas y que ha repercutido tan gravemente en el país. Sabemos, por sobre todo, que ellas se encuentran afectadas por lo que se ha llamado la "frustración profesional".
Reconocemos la razón que las Fuerzas Armadas tienen al señalar que, en un mundo donde todo se renueva y donde incluso las instituciones más estables, como la propia Iglesia Católica, o aquellas que están de acuerdo con la dinámica social, como las universidades, están adecuando su estructura y su mente a los nuevos cambios sociales, el Ejército se ha mantenido inmóvil desde el punto de vista de su capacidad y preparación, como también desde el punto de vista del papel que debe jugar, mediante una política más imaginativa, en el desarrollo del país.
De acuerdo con lo indicado, hicimos presente en las Comisiones unidas cómo el incumplimiento por parte del Gobierno de algunas disposiciones legales de carácter reservado, que obligan al Ejecutivo a entregar determinadas sumas de dinero para la realización de planes que el Ejército debe llevar adelante, estaba creando no sólo una situación de inoperancia interna, sino también de frustración profesional.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, porque no está presente el señor Ministro de Hacienda?
El señor JEREZ.- Con todo agrado.
El señor HAMILTON.- Me parece que se están formulando observaciones que no guardan relación con la realidad, pues al Honorable señor Jerez se le dieron amplias informaciones para demostrarle de qué manera el Gobierno estaba cumpliendo con las obligaciones que esas leyes le imponían respecto de las Fuerzas Armadas, y cuál era el monto de los compromisos, los cuales excedían en mucho las obligaciones asumidas por el Gobierno para dotar de elementos a las Fuerzas Armadas. Como es natural, dichos antecedentes fueron proporcionados en sesión secreta. En todo caso, no me parece aceptable desvirtuar lo ocurrido en la Comisión y consignar en las actas de esta sesión pública argumentos que dan a entender que esas declaraciones no se hicieron.
El señor JEREZ.- Entiendo que esta interrupción fue concedida con cargo al tiempo de que dispone el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.- No tengo tiempo.
El señor ALLENDE.- Más fuerte.
El señor JEREZ.- Señor Presidente, lamento que el Honorable señor Hamilton no haya estado presente durante todo el transcurso de la sesión, pues, de lo contrario, se habría ahorrado la interrupción que me hizo. Soy yo quien debe calificar si las explicaciones dadas en su oportunidad por el Ministro de Hacienda me satisfacen o no. La verdad es que no me satisfacen. Y ésa es la razón por la cual insistí en la indicación que fuera aprobada por unanimidad y que lleva, me parece, el número tres o cuatro del artículo 1°, donde se señala en forma taxativa la obligación del Ministro de informar a las Comisiones. Y esto no puede tener otra base que no sea lo razonable de la idea planteada, después de recibir las explicaciones del Ministro de Hacienda.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite, Honorable Senador?
El señor JEREZ.-  Ruego al Honorable señor Hamilton no interrumpirme.
El señor HAMILTON.- Es que Su Señoría ha dicho que no he estado presente durante toda la sesión.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, sé que el Honorable señor Jerez no tiene por qué sentirse satisfecho con mis explicaciones; pero debo recordarle que no sólo las di yo, sino también los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. En esa oportunidad se especificó, en forma clara y terminante, cuál era el monto de las adquisiciones que estaba realizando el Gobierno con cargo a la ley reservada, y que él excedía en mucho lo que contablemente aparecía como no entregado, de acuerdo con las disposiciones de la ley 16.624, que obliga a destinar el 15% de los ingresos del cobre al equipamiento de las Fuerzas Armadas..
Era cuanto deseaba aclarar.
El señor JEREZ.-  Quiero contestar al señor Ministro de Hacienda, y advierto que no aceptaré más interrupciones, pues de otro modo no podré desarrollar mis ideas.
Debo declarar que las intervenciones de los Comandantes en Jefe mencionados me produjeron una buena impresión. No puedo ser muy exigente con ellos, desde el momento en que se trata de personeros que recién vienen asumiendo el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no puedo pedirles conocimiento absoluto, en detalle, de materias que no han tenido oportunidad de manejar como lo hace el señor Ministro.
Por lo demás, mi crítica se reducía estrictamente a lo siguiente: el incumplimiento de lo dispuesto en la referida ley 13.196, desde el punto de vista de la regularidad de los aportes y depósitos que el Ejecutivo debía hacer en favor del Consejo Superior de la Defensa. Desde el punto de vista de esta obligación, no importa que se hayan girado sumas mayores que las previstas. La crítica mía va al fondo, en el sentido de que las Fuerzas Armadas no han podido planificar de manera racional la disposición de esos recursos, pues no se sabía de qué manera serían integrados en la cuenta o en qué momento iban a ser entregados.
Volviendo al desarrollo de mi intervención, debo señalar que, aunque no participamos de un criterio "desarrollista" y sabemos que el rol fundamental de las Fuerzas Armadas es preservar la soberanía del país, hicimos presente, dentro de un criterio más dinámico y moderno, que instituciones tales como FAMAE y ASMAR, que cuentan con recursos fiscales para desarrollar planes de producción de elementos bélicos y no bélicos, habían sido, en cierta medida, desestimadas y reducidas en su capacidad para producir de manera alternativa, poniendo también esta capacidad instalada a disposición del país, para la producción de materiales de carácter pacífico.
Las explicaciones que se nos dieron en la Comisión por parte del Almirante señor Porta, por ejemplo, son extraordinariamente importantes, pues él señaló que en estos momentos, si ASMAR recibiera los recursos suficientes entiendo que se está discutiendo un posible empréstito de CORFO, podría fabricar barcos de hasta 60 mil toneladas. Nosotros reiteramos que, tanto ASMAR como FAMAE, por este capítulo de producir tractores, "jeeps", herramientas neumáticas, o sea, elementos de producción para tiempos de paz, si dispusieran de recursos, podrían llevar adelante estas iniciativas que, desde el punto de vista del espíritu de lucro que prevalece en la economía del país, han sido entregadas como patrimonio de la empresa privada. Por eso, hemos planteado también que cualquiera institución semejante a ésta, que se cree para dar salida a esta iniciativa, que nos parece positiva, debe tener carácter estrictamente estatal. De este modo se puede aprovechar la capacidad técnica y humana de importantes sectores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Creemos que el Ejecutivo, aprovechan
do esta oportunidad de que dispondrá, pues ya se sabe que, por su acuerdo político con el Partido Nacional, tendrá un resultado favorable en la discusión general del proyecto, debe utilizar estas facultades extraordinarias para otorgar recursos que eleven el nivel de preparación que las Fuerzas Armadas están exigiendo con absoluta razón.
Desde luego, creemos que es positiva, en las Escuelas 'Politécnicas Militar, Naval y Aérea, la creación de cursos de graduados para culminar con el título de ingeniero; la existencia de cursos de Relaciones Humanas, Sicología, etcétera, para los Oficiales del Estado Mayor, y la creación, en dichos politécnicos, de cursos de postgraduados, tales como Física Nuclear y Auditoría Militar para los Oficiales de Intendencia.
Nosotros creemos y tenemos fundamentos para señalar la conveniencia de crear o fundar institutos o departamentos en dichas Academias Politécnicas. No basta crear cursos, como por ejemplo de Física Nuclear, sino que debe desarrollarse toda la especialidad y las investigaciones nucleares defensivas. Debe insistirse en el carácter defensivo para los ingenieros de las Fuerzas Armadas. Esto no se satisface con los cursos que hoy día se hacen, sino con institutos o departamentos. Argentina y Brasil ya han tomado la delantera desde hace varios años en este aspecto.
Por otra parte, consideramos que es indispensable el otorgamiento de recursos para 1970, de manera que los oficiales puedan continuar los cursos de adiestramiento nuclear que han comenzado con medios económicos insignificantes. Con sumas moderadas se podría asegurar para Chile, por lo menos, la formación de 30 especialistas, ingenieros militares, navales y aéreos, y cubrir un déficit de diez años, que es el que tenemos en esta materia.
Es preciso observar que la parte defensiva significa aprender a proteger a la población de Chile de la radiactividad de explosiones nucleares realizadas, por ejemplo, en el Pacífico Sur por países como Francia, y cuyas cenizas radiactivas las recibe nuestro país desde Concepción hasta Antofagasta. Significa, también, aprender las técnicas electrónicas de detección nuclear y de telemetría nuclear, conjuntamente con las técnicas de servomecanismos o automatismos de telemetría nuclear en su coordinación con, el lanzamiento de cohetes.
Pareciera que esto no tuviera conexión alguna con la realidad de nuestro país. No obstante, quiero hacer presente que Estados Unidos está lanzando cohetes meteorológicos y para detección de partículas nucleares de la radiación cósmica, sin que hasta el momento hayan sido invitados ni los científicos chilenos de radiación cósmica ni los representantes de las Fuerzas Armadas.
Lo anterior no tendría ninguna importancia, pues sabemos que los pactos militares que Chile ha suscribo con los Estados Unidos han establecido una situación en el hecho de dependencia y, en verdad, los norteamericanos son los arbitros en la materia. Pero lo absurdo es que estos lanzamientos no se han estado haciendo desde Cabo Kennedy, en Estados Unidos, sino que se realizan en el Cerro Tololo, en Chile. De ahí que, por lo menos, consideremos indispensable que al menos oficiales y científicos chilenos participen en el control de estas actividades realizadas por una potencia extranjera en el territorio nacional.
Por eso, estimamos que esta oportunidad de que dispondrá el Ejecutivo no sólo es propicia para resolver los problemas de carácter económico de las Fuerzas Armadas, sino también los relativos al perfeccionamiento profesional de éstas. Por consiguiente, se hace indispensable' otorgarles los recursos que les permitan sentirse al servicio de una causa de categoría y no de disciplinas anticuadas y secundarias. Vale decir, es necesario hacer desaparecer la imagen errónea de que las Fuerzas Armadas constituyen una carta sin dinamismo social, para que cada uno de sus miembros sienta que forma parte de una comunidad a la cual está prestando un servicio de carácter real.
La situación del Gobierno en esta materia es grave, pues ha asumido una responsabilidad que bien pudo compartir con el Congreso. Sin embargo, nuevamente escogió el expediente de las facultades extraordinarias, y ahora por un período más breve, en circunstancias de que, a nuestro juicio, no han desaparecido las razones valederas para el estado de insatisfacción que impera en las Fuerzas Armadas.
Los resultados, conocidos por la opinión pública y que pudieron alcanzar caracteres irreparables, obligan al Ejecutivo a meditar acerca de las consecuencias que pudiera tener una nueva frustración de las aspiraciones legítimas de los Institutos Armados.
Nosotros también sostenemos que nadie puede sustituir la voluntad del pueblo en su derecho a implantar la autoridad que, de manera democrática, gobierne el país. En tal sentido, no estamos dispuestos a ceder a tentación alguna. Nuestro compromiso es con la clase trabajadora, con sus organizaciones de expresión unitaria y con los partidos que sean solidarios de su destino, que no puede ser otro que el establecimiento de un gobierno popular.
No estamos por una solución militar para los problemas de Chile. No hacemos ningún tipo de concesiones en esta materia.
Por eso mismo, no queremos que la ceguera o falta de comprensión de las legítimas aspiraciones de las Fuerzas Armadas, o una apreciación mecánica y carente de imaginación del rol que ellas deben jugar en una sociedad que se renueva, creen condiciones de inestabilidad que favorezcan las tentativas de aquellos que pretendan utilizarlas con intenciones muy distintas de los intereses reales de nuestros Institutos Armados.
Todo esto no basta, sin embargo, para obtener que la integración de las Fuerzas Armadas en la dinámica social opere con eficacia. La inmensa mayoría del pueblo chileno soporta una condición económica tanto o más miserable que la de nuestros militares.
¿Cómo negar, entonces, al pueblo en su protesta, la comprensión que, por otra parte, se pide para quienes extremaron la suya, porque la disciplina militar no podía encubrir la pobreza de nuestros uniformados?
O sea, los problemas de las Fuerzas Armadas son los problemas del pueblo entero y, por lo tanto, no hay contradicción entre la clase trabajadora y un Ejército con real espíritu democrático.
¿No es justo, además, que en tales circunstancias sean los sectores privilegiados del país, los grandes intereses económicos nacionales y extranjeros, quienes financien los aumentos de las Fuerzas Armadas, y no el trabajador que comparte su mala condición económica?
Por eso, en el contexto de una experiencia tan negativa como es la que ha presenciado el país y que de manera tan peligrosa ha sacudido a las Fuerzas Armadas y la aparente estabilidad institucional de (la nación, queda, sin embargo, a nuestro juicio, como resultado positivo el repentino enfrentamiento de nuestros militares con tales realidades.
Nada más.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA. Señor Presidente, me parece necesario intervenir, en este ya largo debate, para precisar algunos aspectos relacionados con este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que, en lo fundamental, otorga facultades al Gobierno para modificar el sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, en especial de su personal retirado, y de Investigaciones.
Deseo precisar algunos hechos, digo, sin ocuparme en particular en algunas de las argumentaciones, razones y ataques que se han oído en esta Sala, pues no me parece que yo deba juzgar mis propias actuaciones dentro del Ministerio de Defensa Nacional. No tengo tal pretensión, ni mucho menos.
Creo que la circunstancia de que el Senador socialista señor Aniceto Rodríguez me haya dedicado algunos ataques indica, más que el propósito de recibir una respuesta mía desde el punto de vista personal, dado el texto de su intervención, el afán de cohonestar en el aspecto político porque era necesario hacerlo "a posteriori" la situación equívoca planteada por su partido ante los hechos del 21 de octubre próximo pasado.
Creo que eso fue notorio ante la opinión pública nacional, y en cierto sentido me alegro de que el discurso escrito que ha traído Su Señoría en esta ocasión al Senado de la República no sostenga que lo que toda la nación entendió no era lo que quiso decir el 21 de octubre de 1969 la propia directiva socialista.
Por otra parte, resultan asombrosos esos ataques de labios de personas que en tal forma han querido significar lo que representó ese movimiento del 21 de octubre último, encabezado por un jefe militar que en cierto modo se ha nombrado en el curso de esta sesión, dada la conducta que personeros del mismo partido tuvieron cuando, en un ya lejano marzo de 1966, siendo Ministro de Defensa Nacional, propuse al Senado, en representación del Gobierno, conjuntamente con otros ascensos, el de ese jefe militar. Por causa de la obstrucción que hicieron parlamentarios del Partido Socialista en aquella oportunidad, ese ascenso estuvo pendiente desde el 8 de marzo de 1966 hasta la sesión del 6 de julio del mismo año, en que fue aprobado. Es indudable que ello demuestra notoria incapacidad...
El señor ALLENDE.- ¿Qué razones se dieron?
El señor CARMONA.- Yo no interrumpí en ningún momento al señor Senador y no desearía que lo hiciera Su Señoría en este momento, porque acostumbro a respetar a los oradores, cualesquiera que sean su posición política y su capacidad. Sobre todo tratándose de una persona que ha sido tachada de incapaz, preferiría que no me interrumpiera.
El señor ALLENDE.- En todo caso, no lo he pedido una interrupción, señor Senador.
El señor CARMONA.- Tal como lo manifesté hace un momento, deseo referirme a algunos aspectos objetivos del problema.
Es muy curioso lo que sucede en torno de este problema. Hemos debido soportar una presión de diversos órganos de publicidad, en especial de los sectores de Derecha, y de algunos de la Izquierda, que han pretendido señalarnos y apremiarnos a propósito de la situación económica de las Fuerzas Armadas. Artículos, editoriales, noticias, planteamientos, presentación de proyectos de acuerdo, en determinado momento, a sabiendas de que constitucionalmente no se pueden tratar, por ser materia cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo. El país ha visto toda una escalada de la opinión pública. Se plantea que el país debe hacer un esfuerzo, un sacrificio, para resolver esta situación de las Fuerzas Armadas; dar los medios; tratar de aquietar la frustración que, según se dice, sufren los miembros de los cuerpos uniformados; y, en seguida, lo que estamos discutiendo en la sesión dé hoy: todo lo referente a las remuneraciones de los Institutos Armados.
Sin embargo, el Gobierno, como lo dijeron los señores Ministros en la mañana de hoy, ha estado trabajando en forma callada, desde hace meses, para dar solución a este problema. Y en circunstancias de que todo el mundo está de acuerdo en que el proyecto en debate ha de regir desde el 1° de enero próximo, se quiere hacer aparecer al Gobierno como remiso en el cumplimiento de obligaciones que está dispuesto a cumplir, y de manera acelerada, como lo demuestra la presentación de esta iniciativa, basada en estudios ya hechos por los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.
Decía que se ha realizado toda una escalada de la opinión pública, afirmando que es necesario resolver esta situación cueste lo que costare al país. Quien lea todas esas publicaciones se dará cuenta de que, en esta materia, no hay límites en la forma de plantearla. Pero cosa curiosa también, cuando se analiza la forma en que el proyecto ha de financiarse, todo el mundo se niega a darle ningún tipo de financiamiento y se dice "Arrégleselas el Gobierno como pueda".
El señor ALTAMIRANO.- Nadie ha dicho eso. ¡ Es producto de la imaginación!
El señor CARMONA.- No he afirmado que lo haya dicho el Honorable señor Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.-  ¡ Nadie!
El señor CARMONA.- Lo han dicho los diarios. Y quiero manifestar. . .
El señor CHADWICK.- El proyecto se aprobó en general por unanimidad.
El señor CARMONA.- No se ponga nervioso, señor Senador, por favor. Tenga paciencia. Yo tuve extraordinaria calma esta mañana para escuchar al Honorable señor Chadwick. En realidad, no me he referido en ningún momento a lo que él haya expresado ni tampoco a lo que haya dicho o pensado el Honorable señor Altamirano. Me estoy refiriendo a un aspecto concreto: a las publicaciones sobre esta materia, a la verdadera escalada de la opinión pública para la presentación de este proyecto.
Leamos, por ejemplo, el editorial de "Eil Mercurio" del día de ayer, en que se analizan todos y cada uno de los tributos que deben imponerse para financiar la iniciativa en debate. Se nos dice que es imposible exigirle más al país, que ninguno de los impuestos o recursos de que se quiere echar mano sirve, en esta oportunidad, para solventar un asunto de la cuantía y de la categoría del que tiende a resolver el proyecto: la situación general de las Fuerzas Armadas.
Entonces, pregunto: ¿Quiere colocarse al Gobierno de la República en posición tal, que en determinado momento se le parta en dos este proyecto de ley? ¿Exigirle, por una parte, que arregle rápidamente, si es posible en veinticuatro horasr la situación de las Fuerzas Armadas y, por otra parte, negarle todo financiamiento, porque no hay capacidad tributaria en el país, porque no puede echarse mano de nuevos recursos?
¿Con qué fin se adopta esa actitud? Con un fin que deseo analizar en esta sesión, aunque sea en forma breve. Me parece que, en cierta manera, quienes hacen tal planteamiento persiguen con él, en el fondo, que se suspendan algunos programas de desarrollo en especial los de índole social iniciados por el actual Gobierno: que no haya una reforma agraria como la que se está llevando a cabo; que no haya reforma educacional, que no se extienda la educación de la manera en que lo ha intentado este Gobierno con gran éxito; que no prosiga el programa de construcción de viviendas; que no se gaste más en obras públicas, y que de esta manera, mediante el ahorro de tales recursos, de "ese enorme gasto fiscal", como se nos dice en todas las publicaciones en comentario, se puedan destinar los fondos requeridos para pagar convenientemente al personal de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
A mi juicio, no está en el ánimo del país proceder de esa manera, y no creo que las fuerzas populares y de avanzada piensen que se deba llegar a extremos de tal naturaleza.
Si se quiere presionar al Gobierno para que suspenda su programa de desarrollo económico y social, me parece que esta vía es la más inadecuada y que el único procedimiento factible de resolver la situación es dar los recursos que cuantos pretenden aquello han estado reclamando para las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, aquí se han formulado reparos en cuanto a la constitucionalidad del financiamiento que se propone. Quisiera decir una pocas palabras al respecto, antes de referirme a la materia de fondo.
A mi juicio, el señor Ministro de Hacienda ha sido claro en su exposición. Ha manifestado que en este proyecto de ley se trata de dar facultades y que, por lo mismo, sin duda el Ejecutivo debe usarlas mediante disposiciones concretas, que se conocerán una vez dictados los decretos con fuerza de ley que empezarán a regir el 1° de enero de 1970. Mientras no se concreten disposiciones sustantivas, sin duda que estamos frente a autorizaciones dadas al Poder Ejecutivo, que por lo tanto no requieren, en esta materia, de un financiamiento absoluto y cabal.
Debemos tener en cuenta, además, lo planteado con toda claridad por el señor Ministro de Hacienda, tanto en la Sala como en las Comisiones Unidas: que todo lo relativo a reajustes normales de remuneraciones será consignado en una iniciativa especial y en el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 1970. De esta manera, el financiamiento de la parte normal del reajuste que les corresponde a las Fuerzas Armadas debe estar financiado en esos dos futuros cuerpos legales.
El proyecto en debate tiende a dar facultades al Ejecutivo para establecer un régimen especial de remuneraciones para el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Por lo tanto, ahora sólo corresponde financiar ese gasto.
El señor Ministro ha manifestado que, con algunas alternativas que se tienen presentes en este instante y que se están estudiando, el costo aproximado del proyecto podría alcanzar a 850 ó 900 millones de escudos, y que el reajuste normal para el personal en servicio activo y el de los pensionados, según creo recordar, alcanza a 508 millones de escudos. Por lo tanto, hay una diferencia que financiar. El resto debe estar comprendido en la ley de Presupuestos y en la ley de reajustes generales, que ya se ha anunciado.
Por estas consideraciones, creo que en esta materia está claramente expresado el propósito del Ejecutivo y que no cabe argumentar sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la forma de financiar el proyecto en discusión.
Ahora quisiera ocuparme en el problema en sí. Se ha dicho que el Ejecutivo está solicitando, por segunda vez en su Administración, facultades especiales para resolver la situación del personal de las Fuerzas Armadas. Se ha sostenido que el Gobierno hizo mal uso de las que recibió la vez anterior; que su gestión en tal aspecto fue un descalabro; que mantuvo la situación desmedrada del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. En fin, se han hecho algunas afirmaciones que, en este momento, deseo recoger.
Debo advertir, en primer lugar, que cuando el actual Gobierno asumió el poder, o sea en noviembre de 1964, existía una situación excepcional respecto del reajuste de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile: estos servidores percibían sus reajustes los días 1º de julio de cada año; o sea, sus rentas aumentaban sólo en los segundos semestres. De esta manera, el Fisco se ahorraba olímpicamente la mitad de los recursos que se requerían en el año calendario para cancelar el reajuste correspondiente a dicho personal. Esta era la situación existente en 1964. El Gobierno, frente a esta circunstancia, hizo un esfuerzo extraordinario: el primer año de su gestión, es decir en 1965, resolvió así lo propuso al Congreso Nacional adelantar la fecha de pago del reajuste al 1° de mayo de ese año. Ya en 1966, o sea, al año siguiente, prácticamente el primero de su mandato, reajustó las rentas del personal de las Fuerzas Armadas en igual forma que al resto de la Administración Pública del país. Desde esa fecha el 1° de enero de 1966 los reajustes correspondientes se han otorgado desde el 1° de enero de cada año calendario.
De igual manera, este Gobierno se encontró ante una situación también extraordinariamente difícil del personal pasivo de las Fuerzas Arnfadas, con discriminaciones en el pago de bonificaciones y quinquenios. Esta situación afectaba en especial a quienes habían jubilado con anterioridad a 1953, que tenían un régimen muy diferente del de quienes lo habían hecho después de esa fecha.
La complejidad y anormalidad en materia de remuneraciones eran muy grandes, cosa que no se ha explicado suficientemente ante la opinión pública, y continúan hasta hoy, lo cual indica que debemos medir el problema en todos sus aspectos.
Deseo destacar otro hecho: al personal que se retiraba en esa fecha, se pagaba el desahucio correspondiente a sus años de servicio con una demora de dos años a dos años y medio. No era difícil encontrar casos de personas inescrupulosas que compraban el desahucio por 40% ó 50% de su valor, en conocimiento de que el personal de las Fuerzas Armadas que jubilaba sólo lo percibirían dentro de dos años o dos años y medio después. Dicha situación fue enmendada por el actual Gobierno en muy breve plazo, y en estos instantes cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que jubila recibe su desahucio completo no el correspondiente a sólo 20 meses, como ocurría, sino a los 24, como en el resto de la Administración Pública, a los quince días después de su retiro. Esta es la realidad que estamos viviendo.
Por otra parte, quiero referirme nuevamente al cuadro a que hizo mención el señor Ministro de Defensa Nacional en la mañana de hoy, preparado por la Oficina de Informaciones del Senado, sobre datos comparativos de las remuneraciones de carácter general de las Fuerzas Armadas expresadas en sueldos vitales. Dicho cuadro no consigna remuneraciones especiales, como algunas asignaciones, ni tampoco ciertas entradas esporádicas; sólo remuneraciones de carácter general y permanente que percibe la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Leeré las remuneraciones vigentes al 1° de enero de 1964, con el objeto de compararlas con las del 1° de septiembre de 1969, expresadas todas en sueldos vitales.
El comandante en jefe tenía al 1° de enero de 1964 un total de esas remuneraciones de tipo general, con siete quinquenios, correspondiente a 5,45 sueldos vitales; al 1° de septiembre de 1969, ellas alcanzaron a 10,9 sueldos vitales. En enero de 1967, cuando me correspondió desempeñar la Cartera de Defensa Nacional, tales remuneraciones habían subido a 9,4 sueldos vitales. Un general de división, con siete quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 4,9 sueldos vitales; al 1° de septiembre de 1969 no mencionaré los períodos intermedios, su remuneración llegó a 10 sueldos vitales. Un general de brigada, con seis quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 4,2 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 8,6 sueldos vitales. Un coronel, con cinco quinquenios, percibía el 1° de enero de 1964 3,5 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 7,7 sueldos vitales. Un teniente coronel, con cuatro quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 2,9 vitales; el 1° de septiembre de 1969, 6,6 sueldos vitales. Un mayor, con cuatro quinquenios, el 1° de enero de 1964 percibía 2,5 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 6,1. Un capitán, con dos quinquenios, el 1° de enero de 1964, ganaba 1,8 sueldos vitales;
el 1° de septiembre de 1969, 4,4 sueldos vitales. Un teniente, con un quinquenio, el 1° de enero de 1964 percibía 1,4 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 3,6 sueldos vitales. Un subteniente, sin quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 1 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 2,6 sueldos vitales. Un suboficial mayor, con seis quinquenios, el 1° de enero de 1964 recibía 2,6 sueldos vitales; el 1° de septiembre de 1969, 5,8 sueldos vitales. Un sargento segundo, con tres quinquenios, el 1° de enero de 1964 ganaba 1,1 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 2,5 sueldos vitales. Un soldado primero, con un quinquenio, el 1° de enero de 1964 ganaba 0,8 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 1,9 sueldo vital, precisamente el doble. Un soldado recién ingresado, el 1° de enero de 1964 percibía 0,7 sueldo vital; el 1° de septiembre de 1969, 1,7 sueldo vital.
Pues bien, se puede advertir que se ha hecho un esfuerzo de extraordinaria importancia en materia de remuneraciones y reajustes para el personal de las Fuerzas Armadas. No estoy diciendo que la situación sea perfecta, ni mucho menos. Sin duda que Chile entero está en deuda con ellas. Reitero que se ha hecho un esfuerzo extraordinario, dentro de las posibilidades del país y de los recursos de que se ha dispuesto; pero tal esfuerzo como lo ha reconocido el Gobierno en todo momento es insuficiente. Debemos mejorar esta situación. Eso estamos tratando de hacer ahora con este proyecto.
También quiero referirme al uso que se hizo de las facultades otorgadas al Gobierno en mayo de 1968.
Debo hacer presente que los beneficios que señalaré fueron agregados al reajuste que la ley Nº 16.840 concedió al personal de las Fuerzas Armadas desde el l9 de enero de 1968.
En virtud de dichas facultades, se incrementaron en 12,5% los sueldos base, con la consiguiente incidencia en los quinquenios, que se calculan sobre dichos sueldos base y otras remuneraciones imponibles, y se aumentó a 35% la bonificación profesional, la cual, hasta ese momento, era sólo de 20%. A contar del l9 de septiembre de 1968, esta última subió a 50% y, a partir del l9 de septiembre de este año, a 55%.
Con relación al personal pasivo, debo dejar constancia de que esta bonificación profesional, sin ser imponible, se agrega al sueldo para todos los efectos legales, en especial al de quienes han completado su carrera, es decir, aquellos que han cumplido 30 años de servicio. Todas estas personas, sin haber hecho los aportes previsionales correspondientes, han visto acrecentadas sus pensiones por el aumento de la bonificación profesional. Además, por medio de esas facultades se aseguraron cantidades fijas mínimas para dicha bonificación en los grados medio y bajos de los escalafones, las que fueron reajustadas en 10% a contar del l9 de septiembre de 1969. En lo que respecta a los sueldos superiores, se amplió el ámbito de servicios compatibles para su goce, haciéndolo extensivo a todos los servicios válidos para el retiro, lo cual anteriormente estaba limitado respecto de los servicios efectivos.
Por otra parte, se posibilitó a los suboficiales mayores con treinta y cinco años de servicio su acceso a la sexta categoría.
En cuanto a sobresueldos, bonificaciones y otros beneficios, hay que aclarar que se crearon e incrementaron eii determinadas especialidades postergadas o funciones no consignadas anteriormente, tales como servicios de montaña, comandos, fuerzas especiales, maestranzas, especialidades nocivas o peligrosas, pilotos del Ejército e Infantería de Marina. Además, la asignación de rancho se estableció en porcentajes de sueldos vitales, en vez de sumas fijas que se determinaban anualmente. Este sistema reajustable ha incrementado en más de ciento por ciento ese beneficio.
En cuanto a las gratificaciones especiales, se elevó en 25% la del personal embarcado. Se amplió la base de cálculo de la gratificación antartica, agregando los quinquenios al sueldo base para esos efectos. Idéntica medida se adoptó con relación a las gratificaciones de buceo, maestranzas de la Fuerza Aérea y de vuelo.
Se creó la gratificación de campaña para el personal que debe cumplir esta clase de cometidos, consistente en 20% del sueldo base, más los quinquenios, por cada día.
También se introdujeron sustanciales modificaciones al régimen del personal de sanidad, mediante algunas medidas que no detallaré a fin de no cansar al Senado.
Se crearon plantas de personal paramédico y se solucionó el problema del embarque de los médicos navales, estableciendo la dedicación exclusiva con el máximo de renta consignada en el Estatuto del Médico Funcionario.
Se introdujeron importantes reformas al sistema previsional, que se han traducido en una apreciable disminución del número de pensionados de la Defensa Nacional, cuya situación da lugar a problemas prácticamente insolubles. Tal como se ha advertido en este ya largo debate en el Senado, el régimen previsional de nuestra Defensa Nacional y del país en general debe hacernos meditar profundamente. Si se examinan los datos proporcionados por el Ministro de Defensa, es posible apreciar el extraordinario número de pensionados que existen en la actualidad, en especial los que tienen pensiones correspondientes a los altos grados de las Fuerzas Armadas. Para citar sólo una cifra de las mencionadas en las Comisiones Unidas, debemos recordar que el número de personas con grado correspondiente al de general y almirante, en servicio activo, llega a 44. Sin embargo, hay cerca de 650 personas en servicio activo que ganan las rentas correspondientes a esos grados, y 2.600 del sector pasivo que se encuentran en igual situación. De ahí que este problema sea muy difícil de resolver.
Por eso, el Gobierno y al hablar de Gobierno no me refiero sólo al actual, sino a todos los anteriores ha pedido siempre facultades especiales para afrontar la situación, de acuerdo con los recursos y el conocimiento interno de una materia especializada y técnica, respecto de la cual cualquiera indicación formulada en un momento dado puede crear discriminaciones e injusticia. Es así como las normas referentes al régimen de remuneraciones de las Fuerzas Armadas están contenidas en diferentes decretos con fuerza de ley, dictados a lo largo de los años de existencia de nuestra república.
Además, mediante esas facultades se incorporó a todo el personal a jornal al sistema previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Se reconoció al personal de tropa retirado forzosamente de acuerdo con la antigua legislación y que figura en las escalas de veinte a veinticinco años, el mismo derecho que la ley actual concede a quienes tienen treinta años de servicios. Se amplió y perfeccionó el régimen previsional a favor de los cancerosos, tuberculosos y de quienes padecen enfermedades cardiovasculares. Se amplió la clasificación de la inutilidad física proveniente tanto de accidentes como de enfermedades, para permitir tratamiento excepcional, según la gravedad de ellas, dando cabida a una serie de impedimentos físicos que se hallaban sin amparo, tales como ceguera, hemiplejía, demencia, etcétera. Se aseguró un mínimo de dos sueldos vitales para cuotas funerarias, lo cual favoreció especialmente al personal de bajas rentas.
En cuanto a desahucio, se adoptaron tres sustanciales medidas. Por una parte, se elevó de 20 a 24 meses de sueldo el máximo de ese beneficio, nivelando al personal militar con el de la administración civil. Se incrementó el financiamiento del fondo de desahucio mediante nuevos aportes, con lo cual se logró considerable expedición en los pagos, y se restituyó el derecho de los reincorporados para gozar de tales beneficios.
Todo lo anterior constituye sólo un resumen de los beneficios otorgados al personal de las Fuerzas Armadas mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1, en uso de las facultades que el Congreso Nacional otorgó al Gobierno y respecto de las cuales se ha hecho mención en varias oportunidades durante el debate.
¿Cuántos minutos me restan, señor Presidente?
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Su Señoría ha utilizado 38 minutos; le quedan 17.
El señor CARMONA.- Hubiera querido abordar algunos otros problemas; no sólo el aspecto económico, sino también el referente a los medios y al destino de nuestras Fuerzas Armadas, pero lo haré en otra oportunidad. Por lo tanto, dejo hasta aquí mis observaciones.
El señor ALLENDE. Honorable Senado, he escuchado con profundo interés las diversas intervenciones que tanto los señores Ministros como los señores Senadores han tenido en este hemiciclo. Sin embargo, debo destacar que, a mi juicio, el aspecto político de este trascendental problema sólo ha sido abordado por el Honorable señor Fuentealba. La importancia que Su Señoría atribuye a esta materia justifica el discurso escrito que él ha leído, ya que estamos habituados, reconociendo su capacidad, a verlo improvisar y muy satisfactoriamente sobre diversos problemas de bastante significación nacional. Comprendo la posición del señor Senador. Tan sólo, como síntesis, podría decir que su intervención, en nombre de la Democracia Cristiana, nos pareció impropia de gente que habla de revolución. Señalar que el pueblo debe participar y ser ejecutor de una revolución, lo estimamos a esta altura inconcebible. Manifestar que también las Fuerzas Armadas deben participar en un proceso revolucionario, con una mentalidad distinta de la que tienen en los países capitalistas, lo considero algo retardado.
Deploro la ausencia del señor Ministro espero que esta actitud varíe durante las intervenciones de los Honorables señores Chadwick, Rodríguez y Aguirre Doolan, porque, en realidad, me agradaría que el señor Ministro de Defensa se hiciera eco de los planteamientos que sobre esta materia se han hecho aquí y que, a mi juicio, tienen extraordinaria profundidad y un alcance político que nadie puede negar. A nosotros nos interesa profundamente dilucidar tales problemas con la claridad necesaria y por quien represente la palabra oficial del Gobierno. Imagino que será el señor Ministro de Defensa Nacional quien lo hará, ya que los antecedentes de carácter económico constituyen una parte importante, pero no significativa de esta materia. Todos sabemos lo que piensa sobre el particular el señor Ministro de Hacienda, quien, comparado con el Secretario de Defensa es sólo un cadete en este aspecto.
El Honorable señor Carmona na pretendido refutar al Honorable señor Rodríguez. A mi juicio, y quizás por sentir cierta responsabilidad, Su Señoría se ha ofuscado de tal modo, que ha dado al Senado un dato absolutamente inexacto. Yo no voy a calificar el resto de las argumentaciones hechas por el señor Senador, pero diré que lo que él sostuvo aquí es absolutamente falso. Tengo en mi mano un texto de la Oficina de Informaciones del Senado referente a ascensos militares y nombramientos diplomáticos entre los años 1964 y 1969. ¿Y qué dice? "8 de marzo de 1966. Mensaje mediante el cual se solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de Coronel de Ejército en favor del Teniente Coronel señor Viaux Marambio, Roberto. Pasa a la Comisión de Defensa Nacional. El 16 de marzo, el Ejecutivo retira el mensaje. Se accede al retiro. El 21 de junio, el Ejecutivo solicita el acuerdo del Senado para el ascenso. Pasa a la Comisión. Es despachado en la Comisión el 28 de junio y despachado en el Senado el 6 de julio." Lo anterior se refiere al ascenso de Teniente Coronel a Coronel. En el ascenso del señor Viaux de Coronel a General, las cosas son de una claridad mucho mayor, Honorable señor Carmena. "7 de enero de 1969. Mensaje que solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de General de Brigada al Coronel señor Roberto Viaux Marambio. El 8 de enero la Comisión lo informa para tabla y el Senado lo despacha" ¡óiganlo bien, Honorables colegas! "el 8 de enero".
Es decir, el Honorable señor Carmona confundió al señor Viaux Marambio con el señor Pinochet. Seguramente, hay una razón para ello: el Honorable señor Carmona era Ministro de Defensa Nacional cuando el señor Pinochet tuvo la responsabilidad de la masacre de El Salvador.
El señor CARMONA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ALLENDE.- Su Señoría solicitó que no se le interrumpiera. Le pedí una interrupción, y no me la otorgó.
Pues bien, el Honorable señor Carmona deberá reconocer, por lo menos, que tuvimos la entereza e hidalguía de juzgar en este recinto su actuación como Ministro de Defensa, en especial en el caso de "El Salvador". Pensamos que alguna razón habrá tenido el Presidente de la República, señor Freí, cuando en forma brusca debió aceptar el cambio del Ministro de Defensa de la época, Honorable señor Carmona, y del Comandante en Jefe del Ejército. Por lo tanto, no juzgaremos nosotros. El país y, al parecer, también los militares, ya juzgaron.
Deseo manifestar al Honorable señor Carmona que no es la primera vez que debemos levantar nuestra voz en este hemiciclo para impedir la tergiversación intencionada de la actitud del Partido Socialista. ¡Y caramba, Honorable Senado, con qué tranquilidad de conciencia podemos hablar sobre las Fuerzas Armadas de Chile y Carabineros! A ello me referiré al final de mi intervención.
Por ahora debo señalar que el 16 de julio dé 1967 intervine en este" recinto, en representación de mi colectividad, para deshacer una campaña intencionada, malévola, torpe, llena de inquina, destinada a presentar a las fuerzas populares, al FRAP, particularmente al Partido Socialista, como contrarios a los institutos armados chilenos. ¡ Qué no se dijo en contra del partido y de nuestro compañero y amigo Honorable señor Carlos Altamirano, injustamente condenado por un juez militar a quien criticamos oportunamente, con antecedentes muy serios, por el fallo que emitió! ¡Alguna razón debemos de haber tenido, cuando el Gobierno aceptó la eliminación del General Mahn, a pesar de haber intervenido directamente en el arreglo con el General Viaux en el regimiento Tacna! ¡ Alguna razón tuvimos también cuando criticamos de manera directa en el Senado la actitud del Coronel Pinochet, desde el momento que fue eliminado por la Junta de Generales! ¡Este año, por cierto, no ascendió a General!
Podemos demostrar, con antecedentes irrefutables, las veces que hemos intervenido en el Senado sobre esta materia.
Sobre el particular, solicito que en la parte pertinente de mi discurso se intercalen tres páginas en las cuales se resumen las veces que en nombre del Partido Socialista hemos planteado nuestro pensamiento sobre los problemas de las Fuerzas Armadas de Chile.
¡Qué tranquilidad de conciencia!
Por ejemplo, cuando aquí se trató el Pacto de Ayuda Mutua y cuando se discutió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, hubo dos Senadores que votaron en contrario: quien fue posteriormente Presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, y el Senador que habla. Todo el resto del Senado aprobó esos pactos, que siempre hemos estimado lesivos para las Fuerzas Armadas y para Chile mismo.
Por eso, con criterio superior de responsabilidad, con visión nacional y profunda, con entrañable sentido patriótico para destacar el papel distinto que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en países como los nuestros, siempre levantamos nuestra voz, no sólo para rechazar el Pacto de Ayuda Mutua, el Tratado Interamericano de Paz, la tentativa de crear un Ejército Interamericano de Paz, las "Operaciones Unit'as", sino en 25 oportunidades.
Por ello, reitero a la Mesa mi petición en el sentido de insertar en la parte que corresponda de mi discurso las tres páginas a que he hecho referencia.
El año pasado, después de oponernos a las facultades extraordinarias que por segunda vez pedía el Gobierno Demócrata Cristiano, pedí el envío de un oficio, en nombre de los Senadores Socialistas, al hombre que desempeñaba la Cartera de Defensa Nacional, a fin de hacerle presente una vez más la imperiosa necesidad de preocuparse de tres proyectos que habíamos presentado anteriormente, destinados a modificar los grados y los escalafones de las Fuerzas Armadas. En ellos se insistía en que debía considerarse el sueldo base total; en la injusticia que representaba la imposición sobre un porcentaje determinado; en la diferencia extraordinaria que existía entre un determinado sector y los altos mandos.
El señor ALLENDE.- Lo anterior demuestra que permanentemente hemos planteado estos problemas. Y ahora, ante lo sucedido, nuestra posición ha sido la misma.

-El documento cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente: "Relación de las principales intervenciones en el Senado del señor Salvador Allende Gossens a favor de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile.

Legislatura Extraordinaria 1946-1947.

-Páginas 927-930 y 931: Observaciones sobre: Hospital de Carabineros; aporte fiscal; aumento de la Planta del Personal. Página 947: Observaciones sobre Carabineros de Chile, Personal. Sueldos. Aumento.

Legislatura Ordinaria 1948.

Página 1897-1899: Intervenciones sobre el Ejército. Planta. Aumento.

Legislatura Extraordinaria 1948-1949.

Páginas 115-120-121-123 y 125: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas. Personal. Gratificación.
Páginas 489-492-495: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas. Personal. Mejoramiento económico.

Legislatura Ordinaria 1950.

Página 216: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas y Carabineros. Casas para el personal.
Páginas 576-577-578: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas. Personal. Rentas.

Legislatura Ordinaria 1951.

Páginas 348-349-350-353: Intervenciones sobre Fuerzas Armadas: Nuevos hospitales.

Legislatura Extraordinaria 19511952.

Páginas 1778-1789. Reajuste remuneraciones Administración Pública y Fuerzas Armadas. Intervenciones.

Legislatura Ordinaria 1953.

Páginas 110-812-181-223: Intervenciones e indicación sobre Fuerzas Armadas. Derogación artículos 89 y 90 del D.F.L. 148, de 1953, sobre reclutamiento, nombramientos y ascensos.
Legislatura Ordinaria 1960.

Páginas 1974-1975-2058: Fuerzas Armadas. Moción para modificar ley número 8.89 (5 sobre desahucio al personal, e intervenciones.
La moción fue presentada el 24 de agosto de 1960, en la sesión 30º, Boletín número 19.036.
Página 2247: Petición de oficio sobre remuneraciones varias para el retiro de Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas.

Legislatura Extraordinaria 1960.

Sesión 17º, de 22 de noviembre de 1960.
Entrega proyecto de ley tendiente a regularizar situación anormal creada al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con motivo de la dictación de la ley 12.428, de 19 de enero de 1957. Durante la discusión de esa ley se dejó constancia de que la disminución de un 30% del beneficio de los quinquenios, a contar del 2º, dispuesta por el inciso 2º del artículo 1°, sería transitoria. Esta iniciativa tiene por objeto normalizar esa situación y retrotraer las cosas a como estaban antes de la dictación de dicha ley, y además, suprimir el artículo 2º, que estableció un tratamiento lesivo y discriminatorio para el personal en retiro y los montepíos de esas instituciones con relación a sus similares en actividad. Se remedia también en el proyecto, el estallo de cosas creado por el artículo 4ºde esa ley, que alteró fundamentalmente el sistema que regía para el cómputo de los quinquenios y eliminó, entre otros, los servicios prestados como profesores en las escuelas de las Fuerzas Armadas.
Sesión 19º, de 29 de noviembre de 1960. Figura en la Cuenta de esta sesión el texto completo del proyecto a que hizo referencia en la sesión 17º, de 22 de noviembre de 1960.
29 de noviembre de 1960. Sesión 19º. Boletín Nº 19.210: Moción proponiendo modificaciones a la ley Nº 12.428, que restableció los quinquenios para, el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Sesión 1º, de 31 de mayo de 1961. Remite oficio al señor Ministro de Defensa Nacional sobre problemas prevísionales que afectan al personal en servicio activo y en retiro de ñas Fuerzas Armadas, cuyo texto completo aparece en el "Diario de Sesiones", de la misma fecha.
Sesión 16º, de 12 de julio de 1961. Refiriéndose al proyecto de ley que reajusta las rentas del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, hace presente que hace algunos meses hizo remitir oficio al señor Ministro de Defensa Nacional en el cual le condensaba algunos importantísimos aspectos que, a su juicio, debería encarar el Ejecutivo con relación a las Fuerzas Armadas y Carabineros en servicio activo y en retiro y sus montepíos, y que ello demuestra el interés y preocupación que siempre han tenido los parlamentarios de Izquierda, por solucionarles sus problemas; pero que, como el proyecto aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados adolece de muchos errores, es indispensable que sea estudiado en forma seria y responsable por las Comisiones del Senado.
20 de julio de 1961. Sesión 26º: Petición de oficio sobre aumento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
1° de agosto de 1961. Sesión 26º: Moción proponiendo beneficios para el personal fallecido en accidente a bordo del crucero "O'Higgins".
22 de agosto de 1961. Sesión 36º: Moción de amnistía para personal de la Escuela de Ingeniería de la Armada.
29 de agosto de 1961. Sesión 43º: Intervención sobre amnistía personal Escuela de Ingeniería de la Armada.
Sesión 26º de 1º de agosto de 1961: Proyecto de ley para otorgar determinados beneficios a las viudas del personal fallecido en el accidente ocurrido a una lancha del crucero O'Higgins (10 años de abono de servicios, para todos los efectos legales). Los mismos beneficios se proponían a los personales que naufragaron en el ex crucero "Presidente Pinto" y en el ex transporte "Valdivia".
Sesión 11º, de 7 de noviembre de 1961: Interviene en relación con el proyecto de ley de que es autor sobre desahucio para el personal de las Fuerzas Armadas, que modifica la ley Nº 8,895.

Año 1962.

4 de abril. Sesión 64º: Moción. Establece que las normas del D. F. L. Nº 209, de 1953, se aplicarán también a las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas decretadas con anterioridad a su vigencia.
27 de noviembre: Petición de oficio sobre remuneraciones y escala de sueldos para las Fuerzas Armadas.
Sesión 17º, de 17 de julio de 1962: En el Anexo de Documentos figura el texto de la moción que, conjuntamente con los Honorables Senadores señores Barros, Frei, Pablo y Quinteros, suscribió sobre amnistía para las personas condenadas por delitos cometidos en el recinto ,de la Escuela de Ingeniería de la Armada.
Sesión 25º, de 27 de noviembre de 1962: En los oficios números 4862 y 4863, de fecha 27 de noviembre de 1962, dirigidos a petición del Senador Allende, a los señores Ministros de Defensa Nacional y Hacienda, respectivamente, se solicitó que en los estudios que se estaban efectuando con el objeto de conceder un mejoramiento económico al personal de las Fuerzas Armadas, se consideraran los siguientes puntos:
1º.- Que se fije una nueva escala de sueldos bases.
2ºQue se equipare el monto de los quinquenios que percibe el personal en servicio activo y el que se encuentra en retiro.
3º.- Que se incluya en los beneficios que se otorgan por ley al personal en actividad al que se halla en retiro y los montepíos, y
4º.- Que se incorporen al sueldo base las bonificaciones y asignaciones no imponibles de que actualmente disfruta el personal.

Año 1963.

Sesión 58º, de 14 de mayo de 1963, páginas 4152 a 4167: Se insertan cartas intercambiadas con los señorea Ministros del Interior, Defensa Nacional y Hacienda, con motivo de la solicitud de que se estudiara por el Gobierno un proyecto de ley que aumentara las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, acompañádose cuadros valorizados de las proposiciones hechas a nombre de los parlamentarios socialistas.
18 de junio. Sesión 6. Boletín número 20.487: Moción para modificar la ley número 9.071, que estableció el Fondo de Desahucio para el personal de Carabineros.
19 de junio. Sesión 7º: Petición de oficio a la Cámara de Diputados, proporcionando antecedentes sobre aumento de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
18 de julio. Sesión 19º: Intervención sobre reajuste de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Sesión 19º, de 18 de julio de 1963: Interviene en la discusión del proyecto de ley que mejora las rentas del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en donde señala que no sólo en esta ocasión sino que adelantándose a ella adelantó su punto de vista personal en comunicaciones que envió mediante oficios a los señores Ministros de Defensa Nacional, Interior y Hacienda.
Agrega que su preocupación sobre esta materia ha sido permanente y no sólo respecto de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, sino, además, con relación a lo que, a nuestro juicio, debe ser la estructuración funcional de dichas reparticiones. Expresa, además, que la indicación que concede beneficios a la mujer que trabaja en las Fuerzas Armadas, también lleva su firma.

Año 1964.

13 de mayo. Sesión 56º: Moción que otorga quinquenios de la ley 12.428 y sus modificaciones posteriores al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Año 1965.

17 de agosto. Sesión 33º: Moción para conceder beneficios a las víctimas del naufragio del escampavía "Janequeo", de la Armada Nacional.

Año 1966.

Sesión 98º, de 19 de abril de 1966: Se discute el proyecto de ley que aumenta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros e interviene para defender diversas disposiciones que benefician al personal.
7 de junio. Sesión 3°. Boletín 22.129: Moción para otorgar a los montepíos de los fallecidos en actos del servicio en las Fuerzas Armadas y Carabineros, con anterioridad a la vigencia de los decretos con fuerza de ley Nºs. 209 y 299, de 1963, los derechos que allí se establecen en estos casos.
Sesión 259, de 23 de noviembre de 1966: Se refiere en forma extensa al Proyecto de Reajuste para 1967 y a la situación del personal de las Fuerzas Armadas y solicita oficiar al Ejecutivo y a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para que estudien y resuelvan sus proposiciones.

Año 1967.

Sesión 22º, de 19 de julio de 1967: Se refiere a actitud del Partido Socialista ante las Fuerzas Armadas y Carabineros, destacando en forma extensa la labor que en beneficio de su personal y de las instituciones referidas han tenido siempre los parlamentarios socialistas, y haciendo un resumen de las más importantes que tuvieron origen en indicaciones o proyectos de ley patrocinados por sus parlamentarios.

Año 1968.

Sesión 29º, de 31 de julio de 1968: Páginas 1420 a 1424. Oficio sobre situación económica del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
"La ley Nº 16.840, de reajuste de remuneraciones de los sectores público y privado, ha otorgado facultades especiales amplísimas al Ejecutivo para encarar en todos sus aspectos la solución de los problemas que afectan a nuestras Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros.
"Los respectivos decreto con fuerza de ley deberán ser cursados, según lo dispone el texto legal respectivo, dentro del plazo de 90 días, contado desde el 2º4 de mayo último, fecha de publicación de la referida ley en el "Diario Oficial".
"El Partido Socialista votó en contra de estas facultades porque, por principio, ha sido siempre adverso a concederlas y, además, porque en este caso influyó poderosamente en su ánimo el hecho de que en ese lapso perfectamente podían ser estudiados todos los problemas fundamentales de que se trata y ser resueltos a través de una ley. Así se habría evitado vulnerar lo que de una manera expresa y categórica ordena el artículo 44 de nuestra Carta Fundamental, esto es, que sólo en virtud de una ley se pueden introducir las reformas a que se alude en el artículo 16 de la ley Nº 16.840.
"Es un hecho que nadie puede desconocer que los problemas que atañen a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros, revisten alto interés público y están, por lo mismo, más allá de las parcelaciones partidarias. Los D.F.L. que habrá de dictar el Ejecutivo en virtud de las facultades que se le acaban de otorgar, tendrán, por lo tanto, trascendencia no corriente. Por lo mismo, antes de que ellos sean cursados, los Senadores socialistas consecuentes con su trayectoria inalterable cumplimos con el deber de transmitir nuestro pensamiento al Gobierno acerca de este asunto.
"Dejamos constancia, por tanto, de las observaciones más relevantes que nos merecen las disposiciones actualmente en vigor y que pensamos deberían ser consideradas, tanto en los estudios técnicos previos como en las resoluciones definitivas del Gobierno.
"I.- Observaciones relativas a las remuneraciones.
"En primer lugar, estimamos imprescindible volver sobre lo que hemos venido reiterando: cualquier mejoramiento de los sueldos propiamente tales a base de un tanto por ciento uniforme, resulta injusto en su esencia, porque beneficia en menor grado a quienes más lo necesitan.
"El deterioro que han sufrido con el correr del tiempo los sueldos del personal de las instituciones armadas se ha debido de manera casi exclusiva al hecho de no haberse mantenido vigente la norma de encasillamiento establecida en la ley N° 11.595, de 1954.
"Semejante menoscabo, que en la actualidad alcanza caracteres dramáticos, no ha sido atenuado en lo más mínimo con el sistema injusto y discriminatorio de conceder asignaciones y bonificaciones no imponibles; bonificaciones imponibles de variados porcentajes o mejoramiento en los montos por quinquenios que, en este último caso, sólo han beneficiado al personal en actividad y al en retiro con más de 30 años de servicios. Estimamos que los quinquenios deben mantenerse con los porcentajes fijados por el artículo 6º de la ley Nº 15.575, pero generalizando su aplicación de manera que no se produzcan discriminaciones de ninguna especie.
"Juzgamos, por tanto, que para resolver adecuadamente el problema de las remuneraciones, sería práctico establecer un sistema similar al que puso en vigor en el año 1954 la ley Nº 11.595, ya aludida; pero actualizándolo en cuanto a las cifras y a algunos encasillamientos.
"Por de pronto, como una medida de prudencia y más que nada de estricta justicia estimamos que debe modificarse el actual encasillamiento de los grados de Oficiales y Suboficiales que señalamos a continuación:
"Oficiales:

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General de División (E). Vicealmirante (A). General del Aire (F. A.)General Subdirector y General Inspector de Carabineros.
Deben pasar:
De la II a la I Categoría, para equipararlos con los Comandantes en Jefe y con el Director General de Carabineros, porque la jefatura de cada institución implica sólo un destino temporal de uno de tales jefes.
General de Brigada (E.). Contralmirante (A). General de Brigada Aérea. General de Carabineros.
De la III a la II Categoría.
Coronel (E.) Capitán de Navio (A.). Coronel (F. A.).
Coronel (Carab.) y demás funcionarios de sueldo equivalente.
De la IV a la III Categoría.
Teniente Coronel (E.) Capitán de Fragata (A.). Comandante de Grupo (F. A.). Teniente Coronel (Carab.), y demás funcionarios de sueldo equivalente.
De la V a la IV Categoría.
Mayor (E.).
Capitán de Corbeta (A.). Comandante de Escuadrilla (F. A.). Mayor (Carab.), y demás funcionarios de sueldo equivalente.
De la VI a la V Categoría.
Capitán (E.). Teniente 1º (A.). Capitán de Bandada (F. A.). Capitán (Carab.), y demás funcionarios de sueldo equivalente.
Del Grado 1° a la VI Categoría.
Teniente (E.). Teniente 2º (A.). Teniente (F. A.).
Teniente (Carab.), y demás funcionarios de sueldo equivalente.
Del Grado 3? al Grado 1.
Subteniente, en las cuatro instituciones y demás funcionarios de sueldo equivalente.
Del Grado 6º al Grado 4º.
"Suboficiales:
Suboficial Mayor, en las cuatro instituciones.
Del Grado 4? a la VII Categoría.
Sargento 1º (E.). Suboficial (A.). Suboficial (F. A.). Sargento 1º (Carab.).
Del Grado 6º al Grado 49.
Vicesargento 1º (E.)Sargento 1º (A.). Sargento 1º (F. A.). Vicesargento 1º (Carab.).
Del Grado 8º al Grado 6º.
Sargento 2º, en las cuatro instituciones.
Cabo, en las cuatro instituciones.
Soldado (E.). Marinero (A.). Soldado (F. A.). Carabinero.
Del Grado 8º al Grado 6º. Del Grado 10º al Grado 8º.
Del Grado 13º al Grado 11º.


Sesión 32º, de 7 de agosto de 1968: Se refiere a situación económica de las Fuerzas Armadas y Carabineros, replicando con antecedentes que proporciona, al diario "El Mercurio". Después de analizar múltiples iniciativas suyas en favor de dicho personal, agrega: "Es decir, en más de siete años intervine no menos de 12 veces y patrociné proyectos para establecer escalas de remuneraciones diferentes para las Fuerzas Armadas y Carabineros. No existe, por lo tanto, de parte nuestra, actitud oportunista, ni aprovechamiento ilícito ni posición deleznable. ¡No! Estimamos que las Instituciones Armadas y Carabineros desempeñan una función que nos merece el más amplio respeto, y que por ejercer sus miembros cargos públicos, debe otorgárseles la justa renta que las necesidades del hombre exigen y requieren.
"Por eso, deseo destacar esta tarde, para terminar y agradezco la deferencia del Senado para escucharme que una vez más "El Mercurio" pretende crear determinado clima, en su anhelo de que el Gobierno desate una represión ante el fantasma de una tentativa de sublevación o subversión del orden público, destinada a defender mejor sus intereses que, por cierto, no son los de Chile".
Por oficios números 5164, 5168 y 5180 de 21 de noviembre de 1968, solicitó a los señores Ministros de Hacienda, Interior y Defensa Nacional dispusieran lo conveniente a fin de que las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros pudieran cancelar al personal en retiro de esas instituciones diversos beneficios que se le están adeudando desde 1966 y que le han sido reconocidos por dictámenes del Departamento Jurídico de la Contraloría General de la República.
A esta misma materia se hizo mención, detallando el texto de tales oficios, en la sesión 22º, de 10 de diciembre de 1968, por el Honorable Senador señor Aguirre Doolan, reiterándose por el Senado en esa oportunidad esas peticiones."
El señor ALLENDE.- Lo anterior demuestra que permanentemente hemos planteado estos problemas. Y ahora, ante lo sucedido, nuestra posición ha sido la misma.
El compañero Secretario General del partido lamentablemente la ofuscación del Honorable señor Carmona le impidió darse cuenta exactamente de ello leyó los documentos textuales emitidos por nuestra colectividad antes, durante y después del llamado incidente del regimiento Tacna. No hemos cambiado de criterio ni de opinión.
Ayer nos motejaban de adversarios de las Fuerzas Armadas. Hemos señalado nuestra preocupación patriótica y nacional como partido revolucionario. Ahora, se ha pretendido decir que éramos progolpistas. Como revolucionarios, sabemos muy bien la diferencia entre un golpe de Estado o un cuartelazo y la revolución. Siempre hemos mantenido nuestra actitud, como la mantuvimos en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. . .
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor ALLENDE.- Esta materia debe tener una solución política. Por eso, hemos planteado un proyecto de amnistía que redactó el Honorable señor Tarud.
Solicito que se me conceda un minuto para terminar mi pensamiento.
El señor JEREZ.- Le cedo un minuto de mi tiempo, señor Senador.
El señor ALLENDE. El Honorable señor Chadwick redactó otro proyecto de amnistía que hemos firmado seis o siete Senadores. A nuestro juicio, ella debe beneficiar no sólo a los militares que intervinieron en los incidentes del 21 de octubre, porque si éstos fueron un hecho político incluso Sus Señorías estiman que fue una huelga y no una tentativa golpista, es lógico que los sectores de Izquierda queramos incluir en la amnistía a cientos de obreros perseguidos, cuyo ejemplo más típico son los trabajadores de Saba. No podíamos juzgar parceladamente la solución de estos problemas, y pienso que el Senado debatirá profundamente esta situación.
Según una información no me consta su efectividad, y si cometo un error, pido que se me excuse, el señor Presidente del Senado habría dicho a los periodistas que él estima inconstitucional la presentación de esta iniciativa. Pienso que el señor Presidente por lo menos tendrá la deferencia de someter esta materia al conocimiento de la Corporación. Porque si esto se está encarando desde un punto de vista político, tengamos la entereza y la honradez de proceder de esta manera. No busquemos ahora resquicios reglamentarios ante problemas que los propios Senadores democratacristianos y Ministros nos han presentado como asuntos que debían enfocarse con criterio político y sentido nacional y, por cierto, por sobre banderías partidarias o actitudes de Oposición o de Gobierno.
Reitero y agradezco la deferencia del Honorable señor Jerez que nuestra posición ha sido siempre de principios y de doctrina; que nuestra autoridad moral se reafirma ahora, cuando apreciamos con claridad lo que' iba a suceder y en tres oportunidades advertimos al Gobierno democratacristiano que no era posible que continuara desoyendo un justo clamor que iba más allá de reivindicaciones de tipo económico para el personal activo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pues también incidía en la propia estructuración, apertrechamiento y dotación de nuestros Institutos Armados.
Por último, sin oportunismo político, jamás hemos dejado de preocuparnos de esos otros funcionarios que cumplieron bien cuando estuvieron en servicio activo en las filas y que han sido postergados, a pesar de todo cuanto se diga y de los comentarios hechos por el Honorable señor Carmona, los que tendré que estudiar en detalle para refutarlos al igual que lo hice con la información errada que dio al Senado no intencionadamente errada respecto de nuestra actitud frente al General Viaux.
He dicho.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para insertar en la intervención del señor Senador las tres páginas a que hizo referencia.
Acordado.
El señor CARMONA.- Pido la palabra, señor Presidente.
Sólo me referiré a algunos aspectos de este interesantísimo problema, ya que a continuación el Honorable señor Palma ocupará el resto del tiempo, Dejaré para la discusión particular las demás observaciones
Deseo referirme muy brevemente a la refutación que acaba de hacer el Honorable señor Allende y manifestarle que, lamentablemente, está muy mal informado y no tiene la razón.
El señor ALLENDE.- Ello es responsabilidad de un secretario de Comisión.
El señor CARMONA.- El ascenso de Teniente Coronel a Coronel del actual General en retiro señor Viaux se propuso al Senado en marzo de 1966. Es cierto que el mensaje respectivo fue retirado por el Ejecutivo. Pero, ¿por qué razón? Porque mediante una indicación de los Senadores socialistas se quiso transformar a la Comisión de Defensa Nacional en una Comisión investigadora, facultándola para trasladarse a Calama a fin de averiguar todas las actuaciones,...
El señor ALLENDE.- ¡Ah...!
El señor CARMONA.- ... no sólo profesionales sino también personales no confundamos del actual General en retiro señor Viaux,, cuyo ascenso de Teniente Coronel a Coronel había propuesto el Gobierno. El Ejecutivo no aceptó esa doctrina totalmente errada, inconstitucional y antirreglamentaria, y procedió a retirar los mensajes correspondientes hasta que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado pusiera las cosas en su lugar y restableciera la verdadera doctrina que se pretendió tergiversar.
Una vez que volvió la normalidad, el Ejecutivo envió de nuevo los mensajes, y el Teniente Coronel señor Viaux fue ascendido a Coronel.
¿A qué se debió esa demora?
Quisiera que la opinión pública juzgara...
El señor CHADWICK.- Esa demora se debió a la resistencia política del Gobierno para que se investiguen los hechos.
El señor CARMONA.- El General señor Mahn no fue eliminado por decisión de nadie, sino por una regla elemental existente en las Fuerzas Armadas en materia de ascensos. El Ejecutivo, en uso de sus facultades, designó Comandante en Jefe a una persona con menor antigüedad y, por lo tanto, simultáneamente se produjo el retiro de los Generales con más años de servicio. Esa ha sido una norma general, siempre se ha aplicado y, por eso, no debe extrañar. O sea, no hay cargo alguno contra el señor Mahn, quien, a mi juicio, cumplió profesionalmente, y constituyó un General de Ejército distinguido y de excepción, que ha servido al país.
Hay una situación que muy pocos pueden explicarse: generales de la república, sabiendo que no permanecerán en el Ejército, han sido capaces de cumplir misiones de alto interés nacional. Me refiero al caso concreto del General Mahn y, también, del General Ramón Valdés, quien cumplió una delicada misión en Antofagasta el día 17 de octubre, sabiendo que debía retirarse al poco tiempo después.
El señor ALTAMIRANO.- ¿Por qué sabía?
El señor CARMONA.- Porque cumplía el término reglamentario de años de servicio.
El señor ALLENDE.- El General Mahn, no.
El señor CARMONA.- Me estoy refiriendo al General Ramón Valdés.
Además deseo sacar de otro profundo error al Honorable señor Allende: el General señor Manuel Pinochet continúa en el Ejército. No ha sido eliminado por la Junta Calificadora. Los Generales no pueden ser eliminados de las filas por decisión de este organismo.
Nada más, señor Presidente. El resto de nuestro tiempo lo usará el Honorable señor Palma.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Honorable señor Tarud.
El señor TARUD.- Señor Presidente, Honorable Senado:
Por segunda vez en poco más de un año, el Gobierno recurre al Congreso Nacional en procura de facultades especiales para solucionar el deterioro de sueldos y pensiones de la Defensa Nacional y el Cuerpo de Carabineros. En esta ocasión, lo hace presionado por los sucesos ocurridos el 21 de octubre, cuando la acumulación de tensiones derivadas del incumplimiento por parte del Ejecutivo de sus anteriores promesas, estalló en una crisis que causó conmoción nacional. Con ciega osbtinación, no sólo no se hizo ningún esfuerzo por dar solución oportuna a los reclamos provenientes de las Fuerzas Armadas a causa de la disminución constante de sus ingresos escasos por definición, sino que se mantuvo igual rigidez frente al hecho de que todos los asalariados y pensionados del país han venido este año soportando una crítica situación, como consecuencia del incremento de los precios.
El resultado de esta política de ceguera ante una realidad que resultaba evidente para cualquier Gobierno sensible y eficiente, fue esta crisis militar, que aún no termina, debido a los procesos que se mantienen en contra de un grupo de oficiales en servicio activo y del General en retiro señor Roberto Viaux Marambio. Para poner fin a esta situación, he presentado una indicación a esta iniciativa, en virtud de la cual propongo amnistiar a todos los acusados en esos procesos. Lo he hecho con el ánimo constructivo de terminar la crisis haciendo fe en los documentos pactados entre el Gobierno y el General Viaux, y en las diversas declaraciones de éste en el sentido de que su protesta fue por decirlo así de carácter estrictamente "gremial" y profesional, y no se dirigió en momento alguno contra la legalidad o las autoridades gubernativas.
Esta indicación no intenta atrepellar ninguna autoridad ni reglamento. Sólo se encamina a terminar con un foco de tensiones y preocupaciones cuya realidad es innegable, así como es también innegable que, en el curso de los hechos ocurridos antes y después del 21 de octubre, no se precipitaron acontecimientos mayores debido a los recursos de prudencia y sensatez ejercidos, que permitieron resolver directamente la situación planteada mediante un compromiso consignado en un acta. Tales documentos, hablando con claridad, no se ciñen estrictamente
a los procedimientos regulares, pero fue una solución.
La proposición de amnistía que he formulado, y por la cual un diario del partido de Gobierno me ha criticado con mucha ligereza, no es habitual en el sentido legislativo y procesal, pero es, también, una solución. Espero que ella acentuará la creación de un clima de normalidad en el rodaje institucional del Ejército e impedirá que grupos políticos interesados sigan intentando sacar provecho de una situación que repito fue creada y me atrevería a decirlo cultivada por la ceguera e ineficiencia de quienes tienen la responsabilidad de velar por la marcha normal y regular de las instituciones del Estado y de advertir con oportunidad y sentido de justicia el curso de los acontecimientos y sus tendencias y consecuencias, para impedir precisamente que se desarrollen situaciones críticas como ésta que ha vivido el país.
Volviendo al tema en debate, debo señalar que en esta oportunidad nuestra negativa a conceder las facultades extraordinarias solicitadas nuevamente por el Gobierno con el objeto de resolver los problemas económicos del personal de la Defensa Nacional y Carabineros, se inspira en un criterio de previsión y justicia que impida el surgimiento de nuevas situaciones críticas. No deseamos que tales circunstancias puedan repetirse. Anhelamos soluciones justas y definitivas para el problema de los personales activos y en retiro de la Defensa Nacional y Carabineros. Deseamos que se garantice su cumplimiento, así como pretendemos que todos los trabajadores y jubilados de la Administración tengan igual tratamiento.
Los resultados de las facultades especiales concedidas anteriormente, también destinadas a permitir al Gobierno fijar a su arbitrio y sin posterior recurso las rentas y pensiones de los uniformados, son conocidos por todo el mundo: desorden en la fijación de sueldos del personal en servicio al establecerse nuevas gratificaciones y bonificaciones, que aprovechan sólo algunos grupos, en desmedro de la mayoría; desniveles aún más pronunciados en las jubilaciones otorgadas a militares con el mismo grado y antigüedad; disminución de beneficios previsionales acordados por leyes anteriores; financiamiento de quinquenios y revalorización de pensiones con aportes de los propios jubilados; exigencia de 25 años de actividad para obtener pensión reajustable; castigo implacable, continuado y definitivo, en las pensiones de la tercera parte de los jubilados, que no lograron cumplir los 30 años de servicios y debieron abandonar antes las filas, casi siempre en forma involuntaria.
Pero la razón más fundamental no es precisamente ese mal uso de las atribuciones otorgadas al Gobierno el año pasado, sino el engaño que éste hizo al Senado y la mofa de que fueron víctimas los jubilados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, hombres respetables que recibieron en servicio dignidades y merecimientos.
En esta misma sala, el 18 de abril de 1968, el ex Ministro señor Carmona, que hoy integra esta Corporación, prometió al país que serían aumentados los sueldos bases de esos personales, pues constituyen un oprobio para las Fuerzas Armadas, como lo dijo en carta pública el General Juan Retamal hace un año. El ex Ministro señor Carmona prometió, también, suprimir las gratificaciones y bonificaciones que se les pagan, para aumentar sus rentas. No cumplió el Gobierno, y el resultado de ello lo encontramos en los hechos del 21 de octubre. Con los jubilados fue peor. Dijo el entonces Ministro de Defensa Nacional que "ellos llegarían a ganar más que el personal activo", cosa que nadie le creyó, por supuesto, Pero agregó algo inaudito: informó al Senado que si se aumentaba sólo en 5% los sueldos bases del personal activo, a los jubilados este aumento tan insignificante les representaría, en cambio, un incremento de sus pensiones de hasta ciento por ciento. ¡Pensar que nuestro Honorable colega estuvo cuatro años en el Ministerio de Defensa, para salir con un despropósito tan grande!
El señor HAMILTON.- El Honorable señor Tarud escuchó la intervención del Honorable señor Carmona; pero como traía preparado su discurso, no reparó en las expresiones del señor Senador, para no tener que corregirlo.
El señor TARUD.- ¿Desea algo Su Señoría? Estoy a sus órdenes.
El señor HAMILTON.- ¿Me concedería una interrupción?
El señor TARUD.- No puedo conceder interrupciones, señor Senador, porque me ha costado mucho poder intervenir. He debido mendigar tiempo para poder usar de la palabra. Por lo demás, yo escuché con toda atención a Su Señoría, sin interrumpir su discurso.
Si se van a dar nuevamente facultades especiales al Ejecutivo en esta materia de tanta importancia para cerca de 140.000 personas con sus familias, deberá actuarse con mayor seriedad que la vez pasada, y con claridad, sobre todo.
El personal en retiro sabe, por ejemplo es bueno que lo sepan los hombres en actividad que se piensa establecer una escala especial para las jubilaciones y montepíos con sólo 70 % del sueldo de actividad, terminándose definitivamente con la pensión reajustable establecida por el ex Presidente de la República señor Ibáñez en su segunda Administración, y que era, hasta el advenimiento del actual Gobierno, la única póliza de garantía que tenían los uniformados para no tener que sufrir en su vejez las mismas vejaciones e injusticias de otros grupos de jubilados. Se dice que en otras partes, en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, es así; pero se olvida que esa legislación corresponde
a países desarrollados, con moneda estable, y donde se da a los servidores públicos un salario con el que a lo largo de su carrera funcionaría van formando su propia previsión.
Yo ruego a los representantes del Gobierno que aquí me escuchan que anticipen francamente si es o no es ése el deseo del Gobierno, para que todos los interesados, en actividad o en retiro, lo sepan ahora y no se encuentren después con hechos consumados.
Cuando se exige al Gobierno respetar los derechos adquiridos y las leyes que protegen a los jubilados de las Fuerzas Armadas, nos encontramos inmediatamente con la monserga de que hay 44 generales en servicio activo y, en cambio, debe pagarse el mismo sueldo a dos mil o tres mil jubilados. Cada vez que tienen oportunidad, lo repiten algunos periodistas, y lo han reiterado en estos días personeros responsables del Gobierno de la Democracia Cristiana.
El señor ISLA.- Desgraciadamente es así.
El señor TARUD.- Para Su Señoría lo es; pero escuche bien, por favor.
El señor ISLA.- Estoy escuchando.
El señor TARUD.- Un señor Senador lo dijo días atrás en la prensa y en un foro de televisión. Consultando sus papeles, lo aseguró nada menos que el Presidente de un partido político. Yo quiero dejar constancia, en nombre del personal en retiro, de que toda esa información es una falsedad y de que lo único que parecieran envolver estas afirmaciones es el deseo de provocar resistencia de los civiles en contra de los militares.
El señor IRURETA.- ¿En qué año se retiró Su Señoría?
El señor TARUD.- Desde luego, no son sólo 44 las personas a quienes se paga el sueldo de general en actividad, sino más de 400, ya que todos los coroneles y algunos comandantes también lo ganan, aparte los otros asimilados, pues al igual que en la Administración Civil del Estado, en las Fuerzas Armadas se ganan mayores sueldos, y un tercer mayor sueldo, cuando se cumplen ciertos requisitos y tiempo en el grado.
No es ninguna novedad, entonces, que haya 400 personas en servicio que ganan el sueldo de general y que existan en retiro dos o tres mil personas con el mismo derecho, un tanto disminuido.
El señor HAMILTON.- ¡Era cierto, entonces!
El señor TARUD.- Ruego a Su Señoría escucharme sin interrumpir. Yo no interrumpí al señor Senador; pero si desea, podemos ir a un foro en otro lugar, donde no estemos limitados por el tiempo. ¡A Su Señoría le gustan tanto los foros de televisión...! ¡ ¡Se ve tan bien en ellos...!
No es culpa de los jubilados; es culpa del Estado que, como no tiene más recursos para dar una remuneración razonable a sus servidores, ha ideado este sistema de los mayores sueldos y un tercer mayor sueldo para todos por parejo: civiles y militares. Y de que se produzcan algunas jubilaciones prematuras, tampoco tienen la culpa los jubilados.
Este Gobierno ha descabezado tres veces al Alto Mando del Ejército nombrando Comandante en Jefe a un General de Brigada. Hace pocos días lo hizo; pero lo que no se dice, con toda intención, naturalmente; lo que ni el Gobierno ni sus Senadores explican bien, es que ninguno de estos ex servidores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que por ley tienen derecho al sueldo de general en actividad, está recibiendo en su actual retiro lo que le corresponde. Debido a que el actual Gobierno ha concedido reajustes con pago a plazo para los jubilados, ha aumentado y creado nuevas y variadas gratificaciones a que no tiene derecho el personal pasivo, este último gana menos de 70% de lo que percibe el personal en actividad. Esa es la verdad. La aseveración temeraria del ex Ministro señor Carmona de que los jubilados ganarían más que los miembros en servicio no fue otra cosa que un recurso, bueno o malo, para obtener las anteriores facultades. Y la preocupación y los trajines del sector pasivo, que los Honorables colegas habrán visto en los pasillos del Senado pidiendo, dignamente que no se le perjudique más, obedecen a que están realmente postergados.
Lo que acabo de decir me servirá también para pedir que, de una vez por todas, se termine con el recurso del pago de reajustes a plazo, por etapas, que es una crueldad, pues la gente se muere antes del vencimiento de las letras con las cuales el Gobierno, desde hace tres años, ha estado pagando a los jubilados. El sistema, además, constituye un engaño mayúsculo, pues nunca se les ha cancelado ni la segunda cuota al cambiarse el monto de los reajustes anuales.
Por otra parte, no es conveniente que el actual Gobierno deje a la próxima Administración deudas tan grandes y de tanta trascendencia como son las jubilaciones de 60 mil personas.
El Ejecutivo debe cumplir ahora lo que dejó de hacer el año pasado, si no quiere verse expuesto a situaciones difíciles en el futuro. Debe terminar con los sueldos base insignificantes y con las gratificaciones innecesarias, sobre todo, con algunas que estableció hace un año en los decretos con fuerza de ley y que dan o darán derecho a algunos para jubilar en mejores condiciones que otros, a pesar de tener los mismos requisitos. Debe dictar una legislación de sueldos y pensiones estable y definitiva, que no produzca trastornos de año en año, en la época de los reajustes. Debe dar solución también a otros problemas que se comprometió a arreglar al iniciar su administración.
Es una aberración hacer jubilar a gente con 30 ó 25 años de servicios, en la plenitud de sus energías, para tener que seguir pagándoles por 20 ó 30 años más su jubilación.
También es necesario preparar al militar o al carabinero antes de retirarse, para que después pueda desarrollar un trabajo independiente que les permita liberarse económicamente y no depender sólo de lo que les pueda dar el Estado.
A pedido de instituciones respetables de jubilados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, he hecho algunas indicaciones al proyecto con el objeto de mejorarlo. Tienen por finalidad aclarar conceptos y pedir que el 20% de bonificación profesional que debía pagarse al personal en retiro en 1970 y 1971 se agregue al reajuste que debe ser concedido en 1970.
Por último, deseo repetir lo que a diario me dicen los jubilados de las Fuerzas Armadas, y que, entiendo, es lo mismo que piensa el personal activo: "Que no se nos engañe otra vez".
Días atrás el señor Presidente del Consejo Superior del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros, General en retiro Carlos Valdés, de cuya amistad me honro, dejó en mi escritorio un recado, cuya última parte dice: "Como no tenemos, como el obrero, un tribunal al que recurrir para que se cumpla lo que se nos prometió, recurrimos al Poder Legislativo para que nos ampare en esta irregularidad y para que el Fisco nos dé las pensiones y montepíos que se nos prometieron al ingresar y terminar nuestros servicios. No podemos aceptar que se legisle con "promesas a futuro", porque tenemos también una triste experiencia al respecto. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional le debe en pensiones y montepíos al personal de jubilados y de montepiados una suma superior a 35 millones de escudos". ¡Que se nos ampare!, dice el General.
En la hora de votación, mi voto será negativo para las facultades solicitadas por el Gobierno en esta iniciativa de ley.
El señor CARMONA.- ¿Puedo hacer uso, por cinco minutos, de mi derecho reglamentario?
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento, Su Señoría puede usar de la palabra por 10 minutos.
El señor RODRÍGUEZ.- Solicitamos el mismo derecho, señor Presidente:
El señor PALMA.- ¿Cuánto tiempo le resta al Comité Demócrata Cristiano?
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Le quedan 13 minutos, señor Senador.
El señor CARMONA.- Ocuparé este tiempo sólo para referirme a la parte en que he sido aludido por el Honorable señor Tarud. No abordaré todas las materias aquí tratadas, aun cuando me hubiera gustado hacerlo. Lo haré en otra oportunidad para demostrarle cuan equivocado está Su Señoría.
Por otra parte, no habría tiempo para analizar lo que él Honorable colega ha leído aquí: un verdadero programa presidencial.
El señor TARUD.- Es bueno que lo aprenda, señor Senador.
El señor CARMONA.- ¡Indudablemente...!
Debo dejar constancia de que el Honorable señor Tarud ha cometido no sólo un error, sino que ha afirmado una falsedad, que no puedo dejar pasar: ha dicho que durante la discusión del anterior proyecto que concedía facultades al Ejecutivo, yo expresé una serie de juicios que jamás ha estado en mi mente decir en el Senado.
El señor TARUD.- Se los puedo leer en el boletín.
El señor CARMONA.- Por tal motivo, leeré una parte de mi intervención anterior.
En esa oportunidad, dije:
"Con justa razón se ha dicho en esta sala que el sistema de remuneraciones para el personal de los institutos armados es complicadísimo, pues, en muchos de sus aspectos, tienen por finalidad complementar los sueldos base, que son en extremo reducidos. Del mismo modo, el sistema de quinquenios es complejo y discriminatorio. Así, por ejemplo, para el personal en retiro y para los beneficiarios de montepíos, rige un mecanismo de quinquenios según el cual, muchas veces personas del mismo grado y antigüedad, perciben rentas distintas por ese concepto. También existe un sistema complicado de asignaciones y bonificaciones cuya aplicación es extraordinariamente difícil. A juicio del Gobierno, la única manera de simplificar el procedimiento, es por medio de un conjunto de facultades que hagan posible racionalizar las normas vigentes en materia de rentas de las Fuerzas Armadas, y, al mismo tiempo, introducir algunas economías en los gastos, pero sobre la base de resolver el problema principal, que es el de los reducidos sueldos base del personal activo.
"Reitero que el único modo de alcanzar los objetivos enunciados es abolir los sueldos base bajos, pero tal posibilidad se encuentra extraordinariamente restringida respecto del sector pasivo. Existe el peligro de que se produzcan distorsiones a consecuencias de las cuales se podría llegar en la práctica a resultados distintos de los que se pretende obtener con dichas facultades. Me basta citar tan sólo algunos ejemplos para demostrar que si no se toman las medidas adecuadas, un alza de 5% en los sueldos base, debido a un sistema discriminatorio de quinquenios para el sector pasivo, éste tendría aumentos de alrededor de 72%, 80% y hasta el ciento por ciento de sus actuales pensiones. De modo, pues, que, por ese motivo, una importante proporción de los recursos se desviaría a atender al sector pasivo, en desmedro del personal en actividad."
El señor TARUD.- Eso es lo que dije.
El señor CARMONA.- Cualquiera que lea la información que di al Senado, comprenderá la extrema cautela que pedí a la Corporación para legislar sobre la materia. Si me referí a la posibilidad de aumentar en ciento por ciento las pensiones, fue para poner de manifiesto la distorsión que se produciría al no tomar los resguardos necesarios.
Dije todo lo contrario de lo que me atribuye en este momento el Honorable señor Tarud. He querido dejarlo perfectamente esclarecido, porque no vengo a decir falsedades, a prometer cosas que no se pueden cumplir, ni a engañar a la Corporación.
Si el Honorable señor Tarud entendió mal, lo lamento por él. Pero creo conveniente que en otra oportunidad, o inclusive en este debate, comprenda mejor las observaciones de sus colegas.
El señor FUENTEALBA.- ¡Cómo es posible!
El señor ISLA.- ¡Así se escribe la historia!
El señor TARUD.- La lectura que hemos escuchado confirma exactamente lo que acabo de decir: no se puede tergiversar y distorsionar la verdad con premisas falsas.
El Honorable señor Carmona, en la sesión 98º, de 15 de mayo de 1968, página 4573, dice lo siguiente:
"Todos los derechos consagrados en la legislación actual serán respetados, y las pensiones actuales serán reajustadas en la forma que corresponde, aun con un aumento superior al que obtenga el personal activo."
Esto ha sido falso, de falsedad absoluta. Eso prometió el Honorable señor Carmona y no se ha cumplido. Inclusive, se ofreció tal beneficio porque yo decidía las facultades con mi voto. En esa oportunidad expresé que si se aumentaban los sueldos base, no tenía inconveniente en otorgarlas. Fui engañado; por eso, no las doy más.
El señor PALMA.- Naturalmente, no me referiré a las discusiones suscitadas entre algunos de mis colegas.
Como destacaron los Honorables señores Allende y Fuentealba, en torno de estos problemas para confirmarlo basta mirar la historia, leer novelas, recordar por ejemplo a Martín Rivas siempre hay algún hecho político de fondo que debe considerarse cuando se desea obtener una solución.
El país ha vivido en los últimos cinco años un proceso de cambios como no lo había experimentado tal vez desde la primera mitad del siglo pasado.
No entraré a analizar sus detalles, pero sí quiero destacar un solo hecho: que se ha realizado dentro de los marcos de la democracia y la libertad. Efectuar un proceso profundo de transformaciones en democracia y en libertad es extraordinariamente difícil en estos tiempos. Por cierto, la democracia chilena ha demostrado capacidad para resistirlo a pesar de las dudas de muchos.
Yo diría que en América Latina hay pocos ejemplos como éste. En verdad, constituimos un caso muy especial, que en esta hora ha vuelto a confirmarse.
Todavía más: sostengo que ejemplos de este tipo son escasos en el mundo actual. Si observamos la historia contemporánea, veremos que no todos los grandes líderes modernos han actuado respetando la dignidad humana y la libertad, como lo hemos hecho en Chile al llevar adelante tantas y tan profundas transformaciones, irreversibles, que el país apreciará en el futuro, no con criterio apasionado y politizado como suele hacer ahora.
Es explicable que en la actualidad se mire con pasión cada medida que adopta el Gobierno, pues todos son afectados por el proceso de cambios: unos, por ser víctimas, promotores o autores de las reformas y por estar englobados en ella; otros, por no tener la dirección de la tarea que se realiza; algunos, por su afán de satisfacer de inmediato anhelos incumplidos durante años y que ahora podrían lograr ante las nuevas y extraordinarias posibilidades que se abren. Naturalmente, ello produce un íntimo desajuste que no sólo afecta a las personas, sino también, muchas veces, a las instituciones y a los partidos políticos que no participan en estos procesos de cambios que desearon a lo largo de generaciones. Ello conduce a que gran número de los que se dicen revolucionarios y de avanzada se transformenen una especie de grupo frustrado. Evidentemente, durante esta etapa de evolución, nadie está satisfecho.
Sin duda, tal proceso alcanza a todos los sectores de la sociedad, y como se ha dicho durante el curso del debate el Ejército no es un sector estático frente a lo que acontece. Hasta él llegan las oleadas de un mundo que está adquiriendo nuevas estructuras y que no puede serle ajeno. ¿No es lógico, entonces, que en el Ejército también surja el anhelo de cambios profundos? ¿Acaso, desde el punto de vista profesional, no está cambiando todo lo relacionado con la actividad militar? ¿No se están modificando los armamentos y transformando el papel de los ejércitos? ¿No se está innovando en la preparación del personal? ¿No está evolucionando el criterio con que se manejan esas instituciones, en el sentido de establecer mandos colectivos o colegiados, y hasta en cuanto a sus objetivos, especialmente en países que tienen recursos limitados, como es el caso de Chile?
Por otra parte, es evidente que cuando se genera un proceso del ascenso social, como el que hemos vivido durante estos años, las aspiraciones de mejoramiento del personal de las Fuerzas Armadas también tienen que expresarse de manera tan categórica como en otros sectores. Pero, contrariamente a lo afirmado aquí, con criterio injusto por quienes han analizado este proceso, el Gobierno, aunque ha debido poner mayor énfasis en solucionar los problemas de aquellos sectores, donde era urgente introducir reformas, también ha actuado de manera concreta y profunda en todo lo atinente al problema de la modernización de las Fuerzas Armadas del país y también a los niveles de vida de su personal.
Los señores Senadores que se han preocupado más de estos asuntos y han tenido oportunidad de concurrir a algunas de las reuniones celebradas por las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, han podido darse cuenta de cuán importante es lo que el Ejecutivo ha estado tratando de hacer en este aspecto. Como Sus Señorías comprenderán, mucho de lo obrado no puede analizarse en detalle en una sesión como ésta. En todo caso, y de acuerdo con lo que nos han informado los más altos funcionarios, todos tenemos antecedentes de cómo el Gobierno ha modernizado las diferentes ramas de los Institutos Armados; de cómo ha introducido cambios profundos en cada uno de ellos; cómo se han remodelado los planes en todo orden de actividades; cómo, en fin, los sueldos del personal profesionalizado que sirve dentro de la institución, han sido duplicados, virtualmente, en cinco años y sus aumentos han superado a los de muchos de los otros sectores de la Administración Pública. '
El señor RODRÍGUEZ.- Entonces, ¿por qué se produjo esta situación?
El señor PALMA.- Por las condiciones en que este Gobierno recibió la Administración del Estado. Los niveles de los sueldos eran extraordinariamente bajos en 1964, sobre todo en los sectores medios del Ejército. No respondían a las necesidades de la vida moderna ni al nivel económico que es indispensable otorgar a oficiales a quienes se exige cultura y preparación. De ahí que los reajustes hayan resultado insuficientes, a pesar de su importancia.
No hay duda alguna de que durante el proceso de apertura hacia una nueva sociedad, se crean impaciencias, muchas veces inmaduras, no sólo en los partidos políticos y en los grupos sociales, sino hasta en las instituciones castrenses.
¿Cuántos discursos hemos escuchado en esta Sala, que son la expresión de impaciencias inmaduras de quienes exigen mayor velocidad en el proceso de cambios que la permitida por la capacidad del país para realizarlos? ¿Cuántas veces, para criticarnos, se nos ha dicho que somos reformistas, que no somos revolucionarios, porque no vamos con la velocidad con que algunos impacientes creen que se podría avanzar en circunstancias de que durante estos cinco años se ha producido uno de los procesos de cambios más profundos en la historia del país?
El señor RODRÍGUEZ.- ¿El señor Tomic es impaciente. . ?
El señor PALMA.- Pero esa impaciencia conduce muchas veces a actos inmaduros, no preparados; actos, en cierto modo, inconscientes. Y la crisis del Tacna es la expresión, como ocurre también dentro de los partidos políticos, de esa especie de impaciencia inmadura. Como es evidente, no todos los profesionales que actúan en estos casos tienen una visión amplia de la complejidad de los problemas que se plantean, y con frecuencia sus actuaciones o juicios son determinados por posiciones parcializadas o personalizadas en exceso. Por desgracia, de ello resultan juicios y actos que con frecuencia, en vez de provocar avances, hacen retroceder. El Gobierno se ha dado cuenta...
El señor CHADWICK.- ¡Tarde..!
El señor PALMA.- ...de que existe esta impaciencia inmadura en muchos sectores, especialmente en las Fuerzas Armadas. Por eso, manejó los acontecimientos con la ponderación, ductilidad y serenidad con que era necesario abordarlos, precisamente para que no se transformaran, de un acto de impaciencia inmadura, en otro proceso que podía alterar las estructuras jurídicas de la nación.
Creo que el Ejecutivo, al actuar así, ha interpretado al pueblo mejor que muchos otros. El pueblo y la democracia chilena han demostrado ser inmensamente más sólidos de lo que parecen, porque la autoridad que respeta las libertades y sabe entender la complejidad de los problemas humanos, lo que por algunos puede ser interpretado como signo de debilidad, es en el fondo la única poderosa y fuerte. En Chile no se puede actuar como si no se estuviera en el país. Ya no es el peso de la noche lo que detiene el desorden o las impaciencias inmaduras.
El señor CHADWICK.- ¿Y por qué las provoca?
El señor PALMA.- Es el pueblo entero quien participa y el que en definitiva estoy seguro juzgará los hechos pasados ; el mismo que en un futuro próximo emitirá un juicio más serio y profundo de lo que nosotros mismos imaginamos.
Como no dispongo de tiempo, termino expresando mi convicción de que nada ni nadie, en los períodos críticos que se avecinan, podrá romper la realidad de un país democrático, progresista y abierto a la participación de cada uno para construir la nueva sociedad chilena.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, los Senadores del Partido Nacional habíamos resuelto no intervenir en este debate, por considerar que lo que el país espera del Congreso Nacional en estos momentos es la solución de un problema que no se satisface con latos discursos, sino con actitudes que no se adoptaron oportunamente y cuya responsabilidad no corresponde al Parlamento.
Me limitaré, pues, a repetir los conceptos que planteamos en las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, cuando manifestamos que los nacionales reclamamos del Gobierno de la República el establecimiento de una situación compatible con la dignidad de las Fuerzas Armadas, y no sólo en cuanto a remuneraciones, sino también en el plano profesional y técnico, pues consideramos, como lo han dicho aquí algunos señores Senadores, que, por desgracia, la cuestión tiene implicaciones mucho más profundas que la meramente económica.
Planteamos el problema de la frustración profesional de los sectores castrenses, no sólo con el propósito de satisfacer la inquietud de hombres que han abrazado la carrera militar, sino porque nos sentimos obligados a exponer ante el país una honda preocupación patriótica. Ya la hemos hecho presente mediante numerosos planteamientos formulados por la directiva del Partido; de manera que nuestra actitud de ahora no es producto de la acelerada adhesión de algunos grupos, como han pretendido afirmarlo ciertos Senadores en esta Sala, sino que corresponde a una posición adoptada desde hace años y que incluso ha conducido a .nuestra colectividad política a situaciones duras y difíciles. Lo dijimos así hace dos años, cuando hicimos presente al Gobierno de la República que era indispensable preocuparse de los problemas de las Fuerzas Armadas y dotarlos de los elementos técnicos esenciales para que puedan cumplir sus funciones profesionales. Lo hicimos presente a raíz de una situación que, a nuestro juicio, aún sigue vigente y que para todos los chilenos es una realidad: el problema que nuestro país vive en la región 'austral, en la zona del canal Beagle; la amenaza a nuestra soberanía por parte de naciones que han mantenido una política internacional distinta de la nuestra, que nos obliga a adoptar una actitud consecuente de defensa de nuestra integridad territorial. Digo esto con la responsabilidad que me da el conocimiento de una zona y de su realidad económica, porque es, precisamente, la que represento en esta Corporación.
Me preocupa que en el país no se haya formado suficiente conciencia acerca de la necesidad de analizar la inmensa trascendencia de los problemas de la región austral, en particular del estrecho de Magallanes y del canal Beagle, por ser estas vías la llave de salida al Pacífico. Como es lógico, ante cualquier conflicto debemos tener la seguridad de que esas vías han de ser manejadas por nuestro país. Y no sólo eso: ellas son indispensables para las expectativas de desarrollo futuro de la región.
Como consecuencia de esas declaraciones que hizo la directiva de mi partido hace dos años, los nacionales fuimos acusados de sedición. Nuestros dirigentes fueron detenidos; pero, por fortuna, la justicia ordinaria se encargó de dejar perfecta y absolutamente establecida su total falta de responsabilidad en los delitos que se les imputaban.
Ahora, ante los hechos del 21 de octubre último, tanto el Gobierno como el Partido Comunista tuvieron la pretensión de acusar a mi colectividad de participar en un movimiento sedicioso junto con grupos militares. Incluso, hubo momentos, cuando el país se enfrentó a la posibilidad de no tener libertad de prensa y radio, en que las informaciones oficiales trataron de inculparnos de los hechos. A nuestro juicio, la responsabilidad de tal imputación pesa gravemente sobre el Ministro del Interior, quien tenía en esos instantes el control de todos los medios de información. Afortunadamente, el país ha podido comprobar, con el transcurso de los días, que los sucesos del Tacna tenían fundamentos estrictamente profesionales; que no había implicacio.nes de orden político, y que menos podía haberla de un partido como el Nacional, que nunca ha buscado ni piensa buscar el camino de la aventura para conquistar un sitial político que nos ha de entregar democráticamente el pueblo de Chile.
Deseamos que la experiencia democratacristiana llegue a su término, a fin de que, no quede duda alguna de que los errores que ha cometido su Gobierno en ésta que yo califico de desgraciada gestión política...
El señor PALMA.- No va a terminar todavía esa experiencia.
El señor OCHAGAVIA.- Quiero decirle al Honorable señor Palma que llega a producir hilaridad su optimismo. No se lo digo en mi calidad de Senador de oposición a su Gobierno: me fundo en las palabras de su abanderado, el que hoy se dice candidato a la Presidencia de la República, que hace muy poco tiempo ni siquiera dos meses declaraba al país que no aceptaría por ningún motivo una postulación que no estuviera avalada por los partidos de Izquierda. ¡Qué prueba más evidente de que ni el propio candidato democratacristiano tiene fe en el futuro y la suerte de su postulación!
Esta mañana escuchamos al Honorable señor Fuentealba un planteamiento que no quiero contestar, porque ello me obligaría a salirme totalmente de la materia en debate, los reajustes a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas. El señor Senador quiso darnos una lección de moral política e incluso repitió declaraciones de Su Excelencia el Presidente de la República, don Eduardo Frei. Sólo quiero preguntar a los Senadores de Gobierno si ellos consideran tener autoridad suficiente para hablar de moral política cuando están enfrentados a la tremenda crisis de orden político que está viviendo el país. Al fundar sus explicaciones, el Honorable señor Fuentealba nos hablaba de "irresponsabilidad del Parlamento" y de "demagogia". . No dijo exactamente esas palabras, pero tal era el concepto que envolvían sus expresiones. Comparto los planteamientos del Honorable colega; pero me parece que los únicos que no tienen autoridad para formularlos son los demócratacristianos, porque si en determinado grupo no ha habido esa moral, ha sido en el partido de Gobierno.
Lo digo porque cuando un gobernante anterior envió al Parlamento un proyecto fundamental el de reforma constitucional, precisamente para poner atajo a la crisis política a que hacía mención el Honorable señor Fuentealba, esa iniciativa fue juzgada por el entonces Senador señor Frei como si colocara al Congreso en una posición prácticamente indigna. Sin embargo, la experiencia de cuatro años de gobernante ha llevado al actual Primer Mandatario a reconocer el fundamento que tuvo don Jorge Alessandri para proponer aquel proyecto tendiente a solucionar la profunda crisis política que vive Chile a causa de las discrepancias que muchas veces se producen entre Parlamento y Poder Ejecutivo.
Siguiendo con el problema de orden moral, quiero preguntarle, Honorable señor
Palma, cómo pueden ustedes levantar como bandera el proyecto de reforma constitucional. Ya usaron de él en la campaña electoral de marzo último. Tuve ocasión de vivir en la Cámara de Diputados, a la que entonces pertenecía, la votación de ese proyecto, que es fundamental para resolver el conflicto de poderes entre Gobierno y Parlamento que, a mi juicio, debe resolverse mediante la facultad del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso y llamar a elecciones. Pues bien, el Partido Demócrata Cristiano, ante un proyecto enviado por el Gobierno democratacristiano y que fue usado como bandera por ustedes repito, no dio una lección de moral política, pues treinta Diputados de ese partido no cumplieron el compromiso de honor que habían contraído con el país, en cuanto a aprobar un proyecto que, a mi juicio, constituye la herramienta para solucionar el conflicto de poderes.
El señor LORCA.-  ¿Me permite una interrupción?
El señor OCHAGAVIA.- Inmediatamente después de que termine de exponer mi idea.
Y aquí, en el Senado de la República, en donde también me tocó participar en el despacho del proyecto, diez Senadores de la Democracia Cristiana tampoco aprobaron la disposición. . .
El señor PALMA.- Entre ellos, yo.
El señor OCHAGAVIA.- Entre ellos el Honorable señor Palma. ¡Su Señoría se vanagloria de su inconsecuencia política!
El país está juzgando en este momento al Parlamento por haber actuado en esa forma.
Cuando un partido político patrocina, por medio de sus organismos oficiales, de su directiva, de su Gobierno, del propio Presidente de la República, una reforma constitucional que otorga al Primer Mandatario la facultad de disolver el Parlamento, y los afectados, los perjudicados, las víctimas, podríamos decir, aparecen oponiéndose a ella, no se configura, en mi concepto, la más hermosa lección de moral política, sino todo lo contrario: la defensa de situaciones que no quiero en este momento calificar, pero sobre las cuales el pueblo tiene un juicio claro, perfectamente formado.
El señor PALMA.-  ¿Me permite una interrupción?
El señor OCHAGAVIA.- Con cargo a su tiempo, con el mayor agrado.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- No le resta tiempo a Su Señoría.
El señor PALMA.- Será muy breve.
El señor OCHAGAVIA.- No tengo inconveniente, siempre que sea breve.
El señor PALMA.- Creo que Su Señoría, como cualquier parlamentario, está interesado en mantenerse en su cargo, porque sabe los sacrificios debe de saberlo por experiencia, pues ha sido Diputado varias veces que cuesta obtenerlo.
En cuanto al problema que ha planteado Su Señoría, la disolución del Parlamento, debo decirle que entre nosotros, los democratacristianos, había una división, y aún la hay. Algunos somos partidarios de dar al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso siempre que se aleje de su cargo si, una vez realizada la nueva elección, él no logra apoyo mayoritario. Es evidente que en caso contrario se produciría anarquía. Con el fin de que tal situación no ocurra, presenté unas indicaciones que fueron debatidas en la Comisión y, estudiadas por varias personas. Contaron con algunos votos, pero no fueron aprobadas.
Así, pues, resulta absolutamente absurdo el cargo que se nos ha hecho. ¿Qué autoridad mora] tendría eventualmente un Presidente para permanecer en su cargo si, después de disolver el Congreso, se encontrara con otro Parlamento elegido por el pueblo, que le fuera también adverso? Tal situación puede perfectamente producirse en las condiciones políticas en que vive Chile. Por lo tanto, carece en absoluto de fundamento el cargo que hace Su Señoría.
¡Muchas gracias.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, he querido conceder una interrupción al señor Senador para escuchar las explicaciones que daría sobre esta materia, porque al exponer esta mañana el Honorable señor Fuentealba cómo se caía, en la función parlamentaria, en actitudes que en la práctica desquician toda planificación de orden económico de un Gobierno, en el fondo estaba diciendo algo que, a mi juicio, es muy cierto: que, por desgracia, los parlamentarios, no por falta de moral, sino por el sistema que actualmente rige las normas de este juego político, estamos obligados, querámoslo o no, a actuar influidos por los grupos de presión. Cuando hablo de "grupos de presión", no crea el Honorable Senado que me refiero a los grandes grupos económicos.
El señor CHADWICK.-  ¡Esos no! ¡Esos no los menciona nunca Su Señoría!
El señor OCHAGAVIA.- Los grandes grupos de presión se visten siempre con el ropaje y color de quien ostenta el poder, porque sólo se preocupan de defender sus intereses económicos y nunca se juegan en ninguna posición de orden político. Yo también hablo de grupos de presión para referirme a las oligarquías que, por desgracia, existen en el plano gremial: aquellos sectores que gozan de situaciones que no pueden darse a todos los demás. De ello sufre las consecuencias una inmensa cantidad de chilenos, los más débiles, lo que tienen menos representatividad y que, por lo tanto, son los más postergados. Por desgracia, a causa del régimen de reelección a que estamos sometidos los parlamentarios, esos grupos de presión, los que tienen mayor poder, son los que en definitiva obligan a la acción demagógica del Parlamento.
El Honorable señor Palma se ha contestado a sí mismo diciendo que no podía aceptarse la disolución del Parlamento por el hecho de que pudiera no obtener el Presidente de la República una mayoría que lo respaldara, lo que produciría una situación de crisis mucho mayor. No me cabe la menor duda de que el país tiene clara conciencia de dónde está el problema, de a quién debe ponerse el freno: debe ponérselo al Parlamento repito, aun cuando creo honestos a la inmensa mayoría de sus miembros. Pero es el sistema el que está viciado; es el régimen el que está podrido, y es indispensable darle una salida constitucional.
Vuelvo a las palabras del Honorable señor Fuentealba, quien quiso darnos una lección de orden moral en política. Le contesto que el Partido Demócrata Cristiano no tiene la autoridad suficiente para dar esa lección, porque no ha demostrado consecuencia para mantener la línea de su directiva, de su Gobierno e, incluso, de los proyectos con los cuales ha pretendido dar salida a esa grave crisis que considera política.
En cuanto al proyecto en debate, reitero que nuestra actitud no es de ayer ni de hoy; no es el oportunismo ante un hecho el del regimiento Tacna lo que nos mueve a declarar ante el Gobierno de • la República la necesidad imperiosa de dar solución al problema de las Fuerzas Armadas. Consideramos que no sólo debe abordarse el aspecto económico, sino también, de manera fundamental, el de dotarlo de los elementos que le permitan realizar sus funciones profesionales. Repito: lo digo por razones patrióticas, porque creo seria y responsablemente que Chile como lo dice el General Viaux en su carta, y creo que emplea palabras que repitió el Honorable señor Chadwick está en una situación criminal en cuanto a los elementos que necesita para su defensa.
Esto lo considero gravísimo. Estimo que en esta materia el país debe tomar clara conciencia. No podemos estar hablando de integración en América cuando sabemos que importantes sectores del país no están integrados en nuestra patria; cuando sabemos que cientos de miles de chilenos están al otro lado de la frontera, en la República Argentina, dependiendo en este momento del país vecino; y que, naturalmente, nosotros tenemos la obligación, como chilenos, de volver a darles una oportunidad para que vengan a ayudarnos a construir nuestra patria.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Honorable señor Ochagavía, el señor Ministro le ha solicitado una interrupción.
El señor OCHAGAVÍA.- Ya he concedido interrupciones. Agradeceré que se me permita terminar mis observaciones.
En relación con el movimiento del 21 de octubre, reitero que a nadie le caben dudas mi partido no tuvo ninguna participación en los hechos que motivaron esa acción de índole estrictamente profesional. No hubo golpe de Estado, como quedó perfectamente comprobado.
El señor LORCA.- No lo parece.
El señor OCHAGAVÍA.- En cuanto a las facultades que se nos solicitan por medio de este proyecto, debo declarar que el Partido Nacional está dispuesto a otorgarlas.
Hemos escuchado a algunos señores Senadores expresar su desconfianza en cuanto al uso que pueda dar el Gobierno a tales facultades. Esperamos que la dura lección vivida por el país sea recogida por el Ejecutivo y que mediante aquéllas pueda obtenerse una solución efectiva del problema que nos preocupa.
Deseamos también que los miembros de las Fuerzas Armadas que han cumplido su misión como personal activo, como asimismo los que están en retiro, reciban el trato que se merecen. Para ello es fundamental mejorar en forma sustancial sus remuneraciones, ya que el aumento diferido de éstas no entraña el mejoramiento inmediato que ellos reclaman en forma urgente.
Termino mis palabras lamentando que hayamos tenido que vivir estos hechos y que, desgraciadamente, se haya sacrificado la carrera de un oficial distinguido para llegar a la solución definitiva o, por lo menos, la que nosotros pretendemos de una situación que por encima de cualquier consideración y en forma realmente patriótica, todos los chilenos tenemos la obligación de encarar.
Reitero que responsabilizamos al Gobierno de las facultades que le estamos entregando. Esperamos que ellas permitan solucionar el problema económico de nuestras Fuerzas Armadas y, en forma paralela, darles los elementos técnicos fundamentales para el cumplimiento de sus funciones profesionales, en forma de que nuestro país pueda estar perfecta y absolutamente garantido de su seguridad nacional.
Concedo una interrupción al Honorable señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.- A las palabras que acaba de pronunciar mi Honorable colega, quisiera agregar algunas consideraciones que hice en las Comisiones de Hacienda y de Defensa, unidas. Al votar favorablemente estas facultades, los Senadores del Partido Nacional ratificamos nuestra línea de conducta invariable." No creemos que asuntos tan delicados como la fijación de remuneraciones de los distintos grados de un escalafón o el encasillamiento del personal de un servicio determinado, deban ser materias en las que intervengan los miembros del Congreso Nacional, por altamente inspirados que ellos estén. Se trata de problemas de orden estrictamente administrativo. Tenemos la absoluta convicción de que, sea cual fuere el Gobierno y no obstante todas las reservas que nos merece la Administración actual, siempre habrá un procedimiento más justo y equitativo y una decisión más eficaz entregando estas facultades al Ejecutivo que interviniendo nosotros los miembros del Senado y de la Cámara en la fijación de las remuneraciones que esta ley permitirá establecer.
En consecuencia, en esta materia hemos seguido una línea inalterable. Nosotros no cambiamos de actitud por el hecho de estar en el Gobierno o por encontrarnos fuera de él. Tuvimos la misma conducta en la Administración del señor Alessandri; la hemos seguido invariablemente durante este Gobierno, y la mantendremos también en el próximo régimen.
El señor ALLENDE.- ¡Muchas gracias!
El señor IBÁÑEZ.- En relación con los jubilados de las Fuerzas Armadas, no nos parece aceptable proponer leyes que impliquen un financiamiento diferido al Gobierno que deberá suceder al actual. Ese procedimiento debe ser rechazado de plano por todos los partidos, incluyendo al oficial.
A este propósito, quiero invocar un precedente que estimo muy valedero y que creo conveniente ponerlo de actualidad.
En las postrimerías del Gobierno pasado, después de muchas vicisitudes y dificultades, pudo no sólo darse término completo al estudio del túnel Lo Prado, sino que se llamó a propuestas públicas. Estas fueron diferidas por demanda de los interesados, quienes deseaban saber el resultado de la elección presidencial antes de que se resolviera la licitación. Pues bien, cuando esas propuestas fueron abiertas y adjudicadas por el Gobierno anterior, y en el momento en que el Presidente de la República se aprestaba a firmar el decreto correspondiente, recibió de parte del señor Sergio Molina, por expreso encargo del Presidente electo, señor Frei, la petición de no firmar el contrato referido, porque, según palabras textuales del señor Molina, "la nueva Administración debía revisar la prioridad de esa obra dentro de la concepción que el nuevo Gobierno tendría de las obras públicas del país", y agregó que, por tanto, no juzgaba adecuado que la Administración saliente comprometiera cuantiosos recursos para un proyecto que, a juicio de la nueva Administración, podría postergarse, no hacerse o variarse en su concepción.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- El señor Molina era Jefe de la Oficina de Presupuestos; no era Ministro.
El señor IBÁÑEZ.- Y el Presidente
Alessandri accedió de inmediato a esa petición,...
El señor ISLA.- ¿Qué cargo tenía el señor Molina?
El señor IBÁÑEZ.- ....porque tenía toda la razón el señor Frei al hacer la petición que había formulado.
El señor ISLA.- ¿Qué cargo tenía el señor Molina?
El señor IBÁÑEZ.- Era Jefe de la Oficina de Presupuestos, pero en esa oportunidad actuó como representante personal del señor Frei, y llevó el recado que he transcrito en forma textual. t
El señor ISLA.- ¿Cómo le consta a Su Señoría
El señor IBÁÑEZ.- Supongo que el señor Senador no dudará de lo que estoy diciendo. Si tiene alguna duda, pregunte al señor Molina o al señor Frei.
El señor ISLA.- Se lo consulto a usted.
El señor IBÁÑEZ.- Deseo invocar ese precedente en relación con este proyecto, que establece un pago diferido a tres años.
Frente a nuevos y cuantiosos contratos de obras públicas, que, a mi juicio, ya no se podrían realizar bajo esta Administración, voy a invocar el antecedente de lo solicitado por el Presidente Frei por medio de su vocero, el señor Molina. Frente a contratos repito que se están efectuando en estos momentos y a la posibilidad de que ellos no se detengan, estimo que habrá que volver sobre este tema para dilucidarlo a fondo. Y lo haré públicamente, con una serie de antecedentes que estimo conveniente que el Senado conozca.
De tal manera que nosotros, no sólo por las razones....
El señor CHADWICK.- ¿Qué pasó después?
El señor IBÁÑEZ.- ...de justicia que acaba de señalar el Honorable señor Ochagavía, sino por los motivos que acabo de exponer respecto de un buen principio de administración pública, no aceptamos diferir el pago de los beneficios que se acuerden a los jubilados de las Fuerzas Armadas.
El señor MIRANDA.- Fue otra la posición del señor Alessandri.
El señor IBÁÑEZ.- Finalmente, debo hacer una referencia sobre la cual hubiera preferido conversar previamente con el Honorable señor Ballesteros. Sin embargo, por la premura del tiempo, no alcancé a hacerlo.
El señor Senador ha publicado en "La Nación" una declaración en respuesta a algunos juicios emitidos por el señor Osear Fenner Marín, en la defensa que éste envió a la Corte Marcial en el proceso que se sigue al General Viaux. Lamento las expresiones violentas que contiene ese documento. Yo no me habría referido a ellas si no fuera porque el Honorable colega invoca el testimonio de los Senadores que integramos la delegación que visitó a Moscú. Sostiene que las palabras que el señor Ballesteros pronunció y que el señor Fenner citó textualmente en su alegato ante la Corte Marcial, habrían sido desautorizadas por los parlamentarios de todos los partidos que integraban la delegación si hubiesen sido lesivas para las Fuerzas Armadas, como dijo el señor Fenner.
Quiero recordar a mi Honorable colega que personalmente le representé mi total disconformidad con sus palabras. Le expliqué la inconveniencia de que él en un gesto muy diplomático, pero profundamente inadecuado recogiera la campaña a favor de la paz que, como uno de sus medios principales de propaganda, realizaba y realiza la Unión Soviética. Le dije que nosotros debíamos expresar nuestras propias ideas sobre la paz. Todas estas consideraciones y muchas otras hice a mi Honorable colega a propósito de sus palabras. Yo las consideré muy desafortunadas como lo manifestó el señor Fenner, pero en ese momento las atribuí fundamentalmente a un arranque de euforia oratoria, a un arranque retórico propio del temperamento del Honorable señor Ballesteros, y no les di, por tanto, ningún alcance peyorativo a sus expresiones.
No hice pública mi protesta, porque me pareció que bastaba con representarla privadamente a mi Honorable colega, como en realidad lo hice, y porque pude advertir que después de la conversación que tuvimos sobre esta materia, el actual Senador Ballesteros procedió con muchísima más prudencia en los discursos del resto de la gira.
Quería hacer esta declaración, porque no deseo que se invoque mi testimonio de conformidad con los conceptos que manifestó, porque en realidad fui explícito para expresarle lo contrario.
El señor BALLESTEROS.- He sido aludido e invocó el derecho reglamentario.
El señor IBÁÑEZ.- Permítame terminar y podrá contestar lo que desee.
El señor BALLESTEROS.- No será el señor Senador quien me autorice para usar de la palabra, sino el Reglamento.
El señor IBÁÑEZ.- Expresé mi desacuerdo, y no lo hice en forma pública, porque me parecía que, dentro de la cordialidad y el buen entendimiento que debían reinar en una delegación integrada por parlamentarios de diferentes tiendas políticas, tal "hecho podría haber sido motivo de roces que yo deseaba evitar a toda costa. Por eso me dirigí privadamente a mi Honorable colega y quedé satisfecho por la forma como actuó posteriormente.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros, por haber sido aludido.
El señor ALLENDE.- ¿Qué disposición reglamentaria se invoca?
El señor NOEMI (Vicepresidente).- El artículo 92, señor Senador.
El señor ALLENDE.- No tengo inconveniente en que haga uso de la palabra, pero no es ése el artículo que le da derecho.
Me alegro mucho de que el Honorable señor Ballesteros intervenga, pero seamos estrictos en la aplicación del Reglamento.
El señor BALLESTEROS.- Comienzo por lamentar que cuando se está debatiendo un proyecto de la significación para el país y para las Fuerzas Armadas como el que actualmente discute el Senado, el Honorable señor Ibáñez haya creído conveniente y oportuno aclarar lo que no puntualizó en cuatro años.
Antes de dar respuesta a sus observaciones, quiero advertir a Su Señoría que ha incurrido en algunos pequeños errores. Manifiesta que en una oportunidad me habría advertido sobre la inconveniencia de los términos que, en algunos arranques fogosos que atribuye a mi temperamento, habría expresado en mi discurso en la Unión Soviética; y que, afortunadamente, y en forma muy paternal, él pudo convencerse de que esos consejos surtieron efecto, ya que en el resto de la gira mis discursos fueron mucho más moderados, más prudentes, más ponderados. Hay un pequeño error en la afirmación del Honorable colega, porque el último discurso que pronuncié en mi gira fue el que mencionó el señor Fenner. No hubo otros posteriores, porque si Su Señoría recuerda, ese discurso fue pronunciado cuando terminábamos la gira, cuando llegábamos a Moscú.
El señor TEITELBOIM.- Yo soy testigo.
El señor BALLESTEROS.- Al respecto puedo citar el testimonio de varios señores Senadores que también se encontraban allí. En esa oportunidad se pronunció el discurso de marras. Pero no es eso lo importante, sino la manera sorpresiva e inesperada como empiezan a atarse los cabos. El señor Fenner, en una alegato ante la Corte Marcial, ha hecho una larga exposición que contiene diversas consideraciones de tipo político sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el Tacna. Y se ha permitido criticar la supuesta posición de diversos personeros de Gobierno frente a las Fuerzas Armadas. En ella se refirió sin mencionar mi nombre y de una manera que no me atrevo a calificar al ex Presidente de la Cámara de Diputados y actual Senador por Valparaíso. ¡No hay dónde perderse! El señor Fenner citó textualmente las palabras con que yo manifesté, con vehemencia, como corresponde hacerlo, mis convicciones sobre la paz mundial. Recuerdo que vertí esas expresiones después de presenciar un gigantesco despliegue de material bélico en la Plaza Roja, con ocasión de celebrarse los 48 años de la Revolución de Octubre. En esa oportunidad hice las afirmaciones que el señor Fenner y el Honorable señor Ibáñez que se sube al carro después de cuatro años, califican de impropias e inadmisibles para las Fuerzas Armadas.
¿Acaso no podemos manifestar nuestro parecer quienes creemos en la paz no como una simple palabra sino como una real aspiración? Ello no significa que pensemos que en nuestros países no deben existir instituciones armadas eficientes, con equipos adecuados para defender la nación y con remuneraciones que les permitan vivir con dignidad y decoro. A mi juicio, no existe incompatibilidad alguna entre ambas aspiraciones. Por eso, hoy día me causa sorpresa que en forma tan apresurada, y cuando falta un cuarto de hora para votar en general un proyecto, el Honorable señor Ibáñez haya estimado oportuno hacer esta aclaración. Existen otros testimonios que me son mucho más importantes que el del señor Senador. Repito que es muy extraño que Su Señoría pretenda intervenir ahora, en circunstancias de que no protestó ni elevó su voz en el momento debido. Lo hace cuando se han lanzado ataques contra un Senador de la República, como lo ha hecho el señor Fenner.
Yo no pido solidaridad. Me basta con mi actitud para defenderme, pero estimo que, en este instante, debería haberla para juzgar las intenciones y propósitos de quienes no vacilan en denigrar maliciosamente a las instituciones públicas y a sus representantes. He sabido que actitud muy distinta han asumido otros Senadores, como el Honorable señor Teitelboim, cuya declaración acabamos de escuchar. Esos testimonios son lo que me importan, por estimar que confirman lo que, a mi juicio, debe ser nuestra conducta frente a quienes se escudan tras el anonimato y recurren al seudónimo en las páginas de los diarios, porque no se atreven a dar la cara para expresar sus propósitos e intenciones.
Yo pronuncié un discurso en la Unión Soviética, cuyos términos confirmo, y no cambiaré una coma de lo que dije; pero de ahí a pensar que mis palabras fueron lesivas, inconvenientes o inadmisibles para nuestras Fuerzas Armadas, hay un abismo de distancia.
Por eso, agradezco...
El señor RODRÍGUEZ.- Tampoco lo habríamos aceptado nosotros.
El señor BALLESTEROS.- Así lo expresé en mi declaración, y me alegra que lo corrobore el Honorable señor Rodríguez.
Me complace también que el Honorable señor Miranda se sume a estas expresiones. Creo que no necesito más respaldo que esas voces. Me parece que ellas contestan mejor que yo los ataques que he recibido de un individuo cuyas intenciones no tengo el derecho de ignorar.
Por eso, levanto mi voz y seguiré haciéndolo, porque callar nada soluciona y sólo tiende a ahondar los conflictos. Protesto nuevamente de la manera más categórica de que en el debate de esta iniciativa se pretenda introducir este problema, que yo, por otros conductos y como corresponde, estoy tratando de ventilar.
Pude haber usado el tiempo de mi Comité para referirme a esta materia, pero no lo hice por estimar que no debía mezclar las cosas. Por eso, deploro que otro Senador lo haya hecho.
El señor IBÁÑEZ.- Como aún dispongo de tiempo, deseo referirme a esta materia.
Me parece que fui claro al expresar que las palabras del Honorable señor Ballesteros no las consideraba inspiradas por un propósito peyorativo, sino que constituían un arranque de su fogosa oratoria, como la que ahora hemos podido apreciarle. Ello no me impide representar mi disconformidad con sus palabras.
Si hoy he hablado aquí, no ha sido por el deseo de hacer pública esta incidencia, sino porque, desgraciadamente, el Honorable señor Ballesteros, en su declaración a mi juicio, muy precipitada, y estoy cierto de que Su Señoría, cuando la lea en unos dos o tres días más, estará de acuerdo conniigo,. ..
El señor BALLESTEROS.- Mañana va a leer otra Su Señoría.
El señor IBÁÑEZ.- ....apeló al testimonio de todos los Senadores que participamos en esa gira.
Si en esa oportunidad yo manifesté estar en desacuerdo con sus palabras, debo ahora dejar constancia de mi discordancia. Si los demás señores Senadores asistentes a la recepción donde el Honorable señor Ballesteros pronunció las palabras que motivan mi comentario están de acuerdo con ellas, es lógico que den a conocer su conformidad.
El señor RODRÍGUEZ.- Nadie puede dudar de mi tajante discrepancia con el pensamiento político de los personeros de la Democracia Cristiana. Pero, en homenaje a la verdad, debo expresar que el Honorable señor Ballesteros ni remotamente quiso ofender a las Fuerzas Armadas. En caso contrario, cada uno de los integrantes de la misión parlamentaria que viajó a Moscú, en 1965, de inmediato habría tratado de modificar el texto de su intervención.
Me parece que, repito, en honor a la verdad y a la honestidad política, es justo que yo diga estas palabras.
Deploro no haber conocido de antemano la reclamación que el Honorable señor Ibáñez dice haber formulado en la oportunidad que señala, pero, en realidad, creo que el Honorable señor Ballesteros no pretendió jamás expresar denuestos o injurias contra las Fuerzas Armadas.
Hago esta aclaración como integrante de esa delegación parlamentaria.
El señor IBÁÑEZ.- El discurso a qué se refirió el señor Ballesteros a quien traiciona la memoria fue pronunciado mucho antes del término de la gira y del desfile militar de Moscú. Recuerdo exactamente que una de las observaciones que le formulé, fue que no debíamos comulgar con las ruedas de carreta de la publicidad soviética a favor de la paz. Debo declarar, asimismo, que fui testigo de los sinceros e indiscutibles anhelos de paz del pueblo soviético, que sufrió indescriptibles horrores durante la última guerra. Pero una cosa son los anhelos de ese pueblo y otra los propósitos del Gobierno soviético. Tan evidentes son ellos, que en la entrevista que tuvimos el honor de sostener con el Presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señor Mikoyan, me obligaron a preguntarle sobre sus designios respecto de América Latina y de Chile. Es indiscutible que esa nación y el Partido Comunista soviético tienen propósitos claros y nada pacifistas hacia el resto del mundo, como lo demuestran en cada oportunidad en que intervienen e invaden a otros países.
En consecuencia, me pareció pueril que acogiéramos esas frases de propaganda pacifista de la Unión Soviética y las magnificáramos en la forma como lo hizo nuestro Honorable colega. Comprendo que él lo haya hecho de muy buena fe y movido por un sincero deseo pacifista. Pero yo sostuve que nosotros, con la mejor educación, y ateniéndonos estrictamente al protocolo, como huéspedes de un país donde se nos recibió en forma deferente, que siempre he reconocido, debíamos expresar nuestras diferencias, pues nuestro concepto sobre la paz es totalmente distinto del que tiene la Unión Soviética.
Tal fue el motivo de mi conversación con el Honorable señor Ballesteros. Comprendo que él se encuentra colocado en situación inconfortable, como sucede siempre cuando se da rienda suelta al afán retórico que suele arrastrar a ciertos políticos.
En consecuencia, el objeto de mi intervención, en esta parte, no era otro que dejar en claro, ante el requerimiento del testimonio solicitado por el Honorable señor Ballesteros a todos los demás Senadores componentes de esa delegación, que yo no participé de sus palabras y que así se lo expresé reiteradamente.
El señor BALLESTEROS.- No deseo que quede flotando en el ambiente ningún mal entendido. Las objeciones del Honorable señor Ibáñez se refirieron, no al discurso pronunciado en Moscú, sino a criterios generales que Su Señoría creyó oportuno observar a propósito de las intervenciones que, como jefe de la delegación, me correspondían, y ello le consta al Embajador de esa época, señor Máximo Pacheco. El Honorable señor Ibáñez no me hizo las observaciones sobre la paz mundial con ocasión del discurso a que nos hemos estado refiriendo. Como yo no comulgo con ruedas de carreta, no podía aceptar en esta materia las sugerencias que el señor Pedro Ibáñez estimara oportunas,
Por último, quiero expresar nuevamente al Honorable Senador que incurre en una equivocación. Deseo enfatizar, una vez más, que el discurso fue pronunciado al finalizar la gira, después del desfile realizado en la Plaza Roja. Si Su Señoría consulta la declaración del señor
Fenner, observará que la fecha de mi intervención fue el 6 ó 7 de noviembre, es decir, al finalizar la gira, no a comienzos de ella.
El señor IBÁÑEZ.- Tanto no fue así, que el 7 de noviembre asistimos a la Parada Militar en Moscú.
El señor BALLESTEROS.- Y el 8 nos vinimos.
El señor IBÁÑEZ.- Aún más. Después del día 7 le comenté a mi Honorable colega: "¿Y qué me dice usted del énfasis de sus alabanzas al espíritu pacifista de la Unión Soviética, después de haber presenciado esa apabulladora demostración de armamentismo y agresividad que fue el desfile en la Plaza Roja?"
El señor BALLESTEROS.- ¡Su Señoría está en otra onda...!
El señor IBÁÑEZ.- Como no deseo que esto quede en el aire, tendré que acudir al testimonio del señor Secretario del Senado, quien ha estada escuchando el debate con mucha atención. Insisto en que le formulé dicha observación, que ahora Su Señoría ha reconocido y que había olvidado. Ello acontece cuando se colma o se excede en la retórica, como aconteció con las palabras citadas por el señor Fenner.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al señor Ministro de Defensa, a quien restan diez minutos.
El señor OSSA Ministro de Defensa Nacional).- Brevemente, quiero intervenir porque esta tarde, en los últimos minutos del debate, se han vertido algunas expresiones por parte de señores Senadores que siempre hacen profesión de su seriedad y sobriedad en el desempeño de sus cargos.
Antes de abocarme a ello, debo manifestar mi extrañeza por la referencia que hizo el Honorable señor Ibáñez al túnel de Lo Prado. Ignoro a propósito de qué lo ha traído Su Señoría a colación. Tal vez lo hace pensando que, por haber asumido la Cartera de Defensa Nacional, debo dejar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y no desea perder la oportunidad de lanzar algunas frases respecto de esta obra, que tanto parece haberlo inquietado.
El Honorable señor Ibáñez, aun cuando se trata de una materia ajena a la idea central del proyecto en debate, ha mostrado verdadera preocupación al comprobar que durante este Gobierno se terminará la construcción del túnel de Lo Prado : estará abierto el próximo mes de abril y entregado al tránsito antes de que el Presidente Freí cese en sus funciones.
El señor IBÁÑEZ.- Estoy muy contento de haber contribuido a ello.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Comprendo que esto produzca verdadera desesperación a Su Señoría y que, a propósito, pronuncie las palabras oídas por el Senado.
El señor IBÁÑEZ.- Me referí al financiamiento del proyecto.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Yo he escuchado con mucha atención, sin pedir interrupciones.
En consecuencia, por respeto a un Ministro de Estado, rogaría que se mantuviera la misma actitud que yo asumí durante el debate.
Me llama también profundamente la atención que el Honorable señor Ochagavía haya usado algunas de las expresiones vertidas en la mañana de hoy por el Senador señor Chadwick, para calificar de "criminal" la situación de las Fuerzas Armadas, tal vez creyendo que con esto ataca al Gobierno.
El señor OCHAGAVIA.- Es un problema político.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Cuando se habla de las Fuerzas Armadas, es inadmisible mezclar los problemas.
Repetiré lo que sostuve en la Cámara de Diputados: es lamentable que, durante una sesión pública, se viertan conceptos y se hagan análisis con liviandad, sin medir las consecuencias. Lo sostengo con la plena responsabilidad del cargo que invisto. Por lo tanto, es muy desgraciado que el Honorable señor Ochagavía...
El señor CHADWICK.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Está con el uso de la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional, quien no desea ser interrumpido.
El señor CHADWICK.- El señor Ministro está haciendo cargos muy vagos.
El señor OCHAGAVIA.- Tiene poco tiempo en el Ministerio.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Dije "liviandad", y usé el término en su exacto sentido.
El señor CHADWCK.- ¿A quién atribuye la liviandad?
El señor LORCA.- A quien escribió las palabras referidas.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Espero que Sus Señorías terminen de gritar para responder.
El señor CHADWICK.- Precise los conceptos.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías respetar el derecho del orador.
El señor HAMILTON.- El señor Ministro no desea ser interrumpido.
El señor OSSA (Ministro de Defensa Nacional).- Estimo deplorable que se hayan vertido conceptos de tal naturaleza en una sesión pública, y sé lo que estoy sosteniendo.
El Honorable señor Allende manifestó su extrañeza porque no estuve presente en la Sala cuando intervinieron los Honorables señores Altamirano, Rodríguez y Chadwick. Debo decir a Su Señoría que, en la práctica, llevo 15 días viviendo en el Parlamento. Por lo tanto, he tenido ocasión de conocer muy a fondo, tanto en las Comisiones unidas de ambas ramas del Congreso como en la Sala de la Cámara, el pensamiento del Partido Socialista sobre el particular. De modo que una ausencia momentánea del hemiciclo no me impide conocer a la perfección el criterio sustentado por dicha colectividad. Por lo demás, si no me equivoco, el Honorable señor Allende no estaba en la Sala cuando inicié mi intervención en la mañana de hoy. Entonces, mal podría juzgar mis palabras.
He tratado de ser claro, de mantener el debate en torno de la idea central del proyecto y de no emitir en sesión pública juicios que pueden ser muy peligrosos y dañinos.
También deseo señalar al Honorable señor Allende que, por mucho que cambie el envase, el contenido siempre es el mismo. Es cierto que el envase ha cambiado desde la Cámara a esta Corporación. Sin embargo, las expresiones vertidas por la Diputada señora Lazo en la sesión pública de la Cámara en que se debatió este proyecto fueron lo suficientemente explícitas como para reflejar con absoluta claridad el pensamiento del Partido Socialista sobre la materia.
Repetiré en este hemiciclo lo que sostuve en la Cámara de Diputados. Lo haré con mucha seriedad y tranquilidad. No soy hombre apasionado. Por eso, cuando se trata de algo que tiene profundidad y trascendencia, procuro que mis palabras sean mesuradas, tranquilas y serenas.
A mi juicio, es inadmisible emitir juicios o efectuar análisis políticos o de cualquier orden respecto de nuestras Fuerzas Armadas sin la suficiente meditación, sin conocimiento profundo del problema. No basta con haber escuchado rumores o lo que se dice de esquina en esquina. Tal vez es preciso haber vivido la situación, conocerla por dentro y, por lo tanto, saber hasta dónde los juicios que se emiten pueden tener graves consecuencias.
No deseo dramatizar el asunto. No obstante, como Ministro de Defensa Nacional, tengo una grave responsabilidad. Entonces, debo señalar una vez más que es inaceptable emitir conceptos en forma liviana.
La Diputada señora Lazo sostuvo que, por fortuna, todavía tiene mucha soltura de cuerpo, porque es joven, para emitir conceptos en la forma como lo hizo. Le respondí que, lamentablemente, en este caso, respecto de la materia en discusión, tenía demasiada soltura de cuerpo, porque no estaba midiendo el alcance de sus palabras.
Por la responsabilidad que tengo, debo señalar una vez más que, cualesquiera que sean las posiciones políticas de los partidos aquí representados, y sin desconocer la plena libertad de los señores Senadores para usar de la palabra nadie puede intervenir o atropellar sus expresiones, en este caso particular, cuando estamos viviendo una situación extremadamente crítica, sus juicios pueden tener repercusiones que ni los mismos oradores pueden tal vez medir en toda su magnitud.
No se trata tan sólo de intentar confundir problemas de Gobierno con otros de índole políticopartidista. En este caso están de por medio muestras Instituciones Armadas, que han sido mencionadas en la Sala, como en otras ocasiones, en términos que muchas veces resultan lesivos y que van mucho más al fondo, causando tal vez heridas muy difíciles de remediar.
Ruego al Senado tener en cuenta estas consideraciones para el debate particular del proyecto.
El señor CHADWICK.- Me quedan cuatro minutos, señor Presidente. Reclamo mi derecho.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Su tiempo fue ocupado, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, a quien le restan 7 minutos.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Me referiré sólo a un punto, que estimo conveniente aclarar: el problema de los gastos diferidos para otras Administraciones. Tengo la impresión de que este tema ya fue debatido en las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa del Senado.
Al parecer se cree que un país termina en un Gobierno. No es efectivo. Si empezáramos a hablar de los gastos diferidos, podríamos referirnos a muchas materias. Por ejemplo, el Senado podría pedir antecedentes acerca de cuántos contratos de obras públicas se autorizaron por decreto en 1964 con diez escudos de financiamiento.
El señor IRURETA.- ¿Y la deuda externa ?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .Me informa el señor Ministro de Obras Públicas que en 1964 los compromisos que se dejaron para la siguiente Administración ascendieron a 17 millones de escudos.
El señor HAMILTON.- De esa época.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda) .Con el criterio sustentado aquí respecto de los gastos diferidos para otros Gobiernos, el país no podría endeudarse por un plazo que excediera al del régimen que se obliga.
El señor GARCÍA.- Pero no con sueldos.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Ya me referiré al problema de las rentas, señor Senador.
Respecto de la deuda externa, la Administración anterior contrajo compromisos a largo plazo, que no amortizó durante su gestión, por 1.150 millones de dólares, en los seis años. El promedio anual de endeudamiento alcanzó a 196 millones de dólares. Esas deudas debían ser amortizadas. Este Gobierno empezó a hacerlo en parte, y los siguientes regímenes también deberán concurrir a la amortización.
No estoy criticando el hecho, sino destacando que el gasto diferido siempre existirá, porque un país no termina en una Administración; existe continuidad en el gasto.
Respecto del gasto diferido en materia de rentas, recuerdo que en 1964, cuando se aprobaron los reajustes para la Administración Pública, se acordó aumentar las remuneraciones de dos tercios de ella a contar del 1º de julio, y las del tercio restante, a partir del 1° de enero. En el primer caso estaban precisamente las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero ahí terminaba ese Gobierno, y el siguiente, que fue el actual, debió hacerse cargo de la situación. El gasto que realizó aquel régimen correspondió a la mitad del que debió efectuar si hubiera pagado la totalidad de los reajustes durante 1964. El actual Gobierno tuvo que resolver el problema del reajuste de remuneraciones de todo el sector público con ese mayor gasto que debía efectuar, que correspondía nada menos que a dos tercios de la Administración Pública, y no sólo a un sector determinado. Se tardó dos años en establecer el pago el día 1º He enero para toda la Administración Pública.
¿Hubo gasto diferido o no lo hubo? Indudablemente que sí.
Por eso, considero muy grave sostener que este Gobierno trataría de hacer una transferencia de obligaciones a otra Administración, cualquiera que ella sea.
Estimo que en este debate no corresponde establecer responsabilidades o decir si determinada actuación estuvo bien o mal. Como dije, un país no termina en una Administración; existe continuidad. Un Gobierno debe hacerse responsable de las obligaciones contraídas por los anteriores, sin perjuicio de su derecho a formular las críticas del caso respecto del compromiso por cumplir que se le traspasa.
El señor CHADWICK.- El Comité Social Demócrata me cedió cuatro minutos.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHADWICK.- A mi juicio, hay expresiones que no se pueden dejar pasar, sobre todo cuando son injustas y carentes de fundamento.
El señor Ministro de Defensa Nacional, haciéndose cargo del hecho de que el Honorable señor Ochagavía recogió parte de la versión que yo di del documento firmado por el señor Viaux, sostuvo que repetir en esta Sala el juicio que ese General manifestó por escrito en un" documento dirigido al Presidente de la República y conocido en forma amplia por todo el Ejército, constituía una liviandad.
Creo que el país se pregunta, con cierta angustia, hasta dónde llevará al Supremo Gobierno el criterio que tiene para tratar las cuestiones de las Fuerzas Armadas; si habrá de mantenerlas siempre reservadas al análisis y decisión de un grupo muy pequeño de la absoluta confianza del Jefe del Estado, y si nunca las llevará al Congreso Nacional y al seno de la opinión pública.
Pienso que en una democracia como nos recordaba esta mañana' el Honorable señor Fuentealba los grandes problemas nacionales deben ser encarados por el pueblo con una información cabal. Mientras esa información no se dé, desgraciadamente, la participación del pueblo y la solidaridad nacional serán siempre un mito, porque, en definitiva, permanecerá ajeno a las decisiones que afecten al porvenir del país.
Si el señor Ministro de Defensa calificó de livianas mis actitudes, yo digo que el Gobierno, respecto del problema de las Fuerzas Armadas,se ha conducido con absoluta irresponsabilidad.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Por haberse ocupado todo el tiempo que destinaron los Comités para la discusión, declaro cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general.
El señor OCHAGAVIA.- Pido votación, señor Presidente.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- En votación.
-(Durante la votación).
El señor OCHAGAVIA.- Esta tarde el señor Ministro de Defensa ha pretendido darme una lección de lo que debo decir acerca de un problema importante relativo al proyecto en debate. Recojo sus palabras y le contesto que tengo plena responsabilidad de mis actuaciones y que mis planteamientos en esta materia no han sido de orden político.
Reitero: levanto el cargo gratuito que ha pretendido hacerme el señor Ministro en el sentido de que estoy juzgando los problemas de la seguridad nacional, materia específica a la que me refería, desde un punto de vista político. Todos los chilenos debemos tener sobre esta materia un planteamiento común.
Si un General de la República, que ha dedicado su vida a la función de defender nuestra nación. . .
El señor LORCA.- Como todos los Generales.
El señor OCHAGAVIA.- Sí, como todos los Generales.
Pero también yo, como ciudadano chileno y como Senador de la República, tengo al respecto mi propia opinión formada. No se trata de darla a conocer en forma pública, pues tengo conciencia de los límites dentro de los cuales este tipo de afirmaciones debe enmarcarse.
Sin embargo, esconder la cabeza como avestruz ante hechos como los que conoce la opinión pública, como si Chile fuera uno de esos países donde podría temerse el conocimiento de estas materias, no es una política patriótica.
Naturalmente, lamento que toda esta situación se haya producido, ya que ella pudo aclararse sin que ocurrieran los desgraciados incidentes del 21 de octubre. Ellos se debieron a un pésimo manejo de estas materias por parte del Gobierno, del señor Ministro de Defensa Nacional y del Comandante en Jefe del Ejército. En verdad, los planteamientos que estaba haciendo un General de la República no podía dejar de escucharlos el Primer Mandatario.
En la carta enviada al señor Frei, el General Viaux afirma que en nuestras Fuerzas Armadas existirían elementos que estarían trabajando con fines ajenos al país.
¡Cómo no va a ser fundamental que el Jefe del Estado oiga las peticiones de un General de la República que, al hacerlas, coloca en juego toda su carrera militar, en una actitud que no obedecía a una finalidad política ni desquiciadora de la institución, como quedó demostrado por el hecho de que el mismo Gobierno agradeciera su acción a este General!
El señor LORCA.- Así lo dice Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.- En una declaración oficial, el Gobierno agradeció al señor Viaux.
Por lo tanto, los planteamientos que formulo no son de orden político, sino patriótico. Ellos deben mover a todos los chilenos a interesarse en el análisis profundo de este problema, acerca del cual tenemos una gran preocupación, porque pensamos que nuestras Fuerzas Armadas deben desempeñar un papel fundamental en el país.
Concluyo mis palabras diciendo que voto favorablemente en general la iniciativa, y espero que el Gobierno utilice La facultad que le estamos otorgando para dar solución definitiva al grave problema de nuestros Institutos Armados y también, posteriormente, al problema de orden técnico, con el objeto de colocar al Ejército, la Armada y la Aviación en el grado de eficiencia que todos los chilenos deseamos para preservar mejor la seguridad nacional.
El señor GARCÍA.- Una de las razones del Partido Nacional para votar favorablemente la iniciativa en debate ha sido repetida varias veces: desde hace varios años se está insistiendo en que es imprescindible reorganizar el sistema de remuneraciones y en equipar al Ejército conforme a las necesidades y posibilidades del país.
El Honorable señor Altamirano objetó las explicaciones del señor Ministro de Defensa Nacional cuando comparó, en moneda estable y en sueldos vitales, las rentas percibidas por el personal uniformado hasta 1964 con las remuneraciones obtenidas durante el actual Gobierno, desde 1965 en adelante. Hubo bastantes discrepancias en las cifras, y la razón es muy simple. Los datos que se envían a la Comisión de Hacienda corresponden a plazos que van de 1º de enero a 1º de enero. Las Fuerzas Armadas obtuvieron en 1964 un reajuste de 35% y un aumento de los quinquenios a contar desde julio. Para determinar exactamente el aumento de las remuneraciones del personal de los Institutos Armados en el actual Gobierno, los guarismos deben considerarse desde el mes de noviembre de 1964, contabilizando el reajuste que tenían desde el mes de julio. Ahí está la diferencia entre ambas cifras.
En cuanto al problema del descontento en las Fuerzas Armadas, puedo decir que existe porque, cuando a cualquier grupo de funcionarios del país se le promete un aumento de sueldo y no se cumple, el descontento se debe más a la falta de cumplimiento que a las bajas remuneraciones.
Tengo en mi mano el documento oficial, acogido por la Democracia Cristiana, en que el actual Presidente de la República, cuando era candidato, fijó su pensamiento sobre cómo debía tratarse lo relativo a los sueldos de las Fuerzas Armadas. Es un discurso pronunciado en el teatro Baquedano el 19 de mayo de 1964. Lo que se prometió a las Fuerzas Armadas fue lo siguiente: "Debe asegurarse al hombre de armas una situación económica compatible con la dignidad e importancia de su función, que lo obliga a encuadrar todas sus horas en el servicio de la carrera elegida. Debe irse a una escala de remuneraciones que evite la inquietud permanente en que, hasta ahora, han vivido los miembros de las Fuerzas Armadas, escala cuyo sistema de reajustes evite las representaciones sucesivas a que se han visto obligados los altos mandos frente a los últimos Gobiernos".
Era fácil haber cumplido con lo que se prometió y, con seguridad, no habríamos tenido que lamentar los incidentes del mes de octubre.
Por eso, voto favorablemente.
El señor ALLENDE.- Con profunda extrañeza he oído las palabras del señor Ministro de Defensa Nacional, pronunciadas seguramente por falta de experiencia parlamentaria. Desde luego, en las mías no hubo una sola expresión que rozara la epidermis un tanto delicada del señor Ministro. Lo único que deseaba en forma legítima y justa es que quien desempeña esa Cartera respondiera desde el punto de vista político las apreciaciones, términos y contenido del documento leído en esta sesión. Es tradicional que así se proceda en el Parlamento.
Por eso, me ha parecido, no diré de mal gusto, sino algo impropio de un Ministro, haber traído aquí las expresiones de una Diputada de nuestro partido, pronunciadas de una manera aislada, y haber tenido la insolencia de recordarlas en este recinto, cuando sabe que esa persona no puede responderle. Es un privilegio suyo, señor Ossa, que lo retrata de cuerpo entero y que, por cierto, no es tradicional en este hemiciclo.
El señor LORCA.- También lo dijo en la Cámara.
El señor ALLENDE.- Pero, sí, sepa, señor Ministro, una cosa: tenemos un mismo pensamiento, y yo, sin haber escuchado el discurso de la señora Carmen Lazo, me hago responsable de todas sus expresiones y usted puede pedirme a mí explicaciones, si quiere.
Lo que no puedo tolerar a un hombre es que proceda en la forma en que usted lo ha hecho, ni mucho menos que venga a decir que el envase es distinto y el contenido el mismo. Es así porque tenemos un mismo pensamiento doctrinario, los mismos principios, la misma ideología; porque no somos mercaderes, sino políticos que tenemos conciencia de lo que representa la idea revolucionaria.
Cualquiera puede ser Ministro. Para llegar a esta Corporación se requiere, por lo menos, una trayectoria y tener el respeto del pueblo.
Por eso, es extraño que el Ministro que, por lo demás, ha querido en forma sigilosa dar la sensación de que hay un problema de una magnitud extraordinaria diga que le parece impropio que en este recinto los Senadores queramos calificar lo que acontece en definitiva en las Fuerzas Armadas. No estamos de prestado en este recinto, señor Ministro de Defensa Nacional. Sabemos lo que representa ser Senador, aun dentro de la democracia burguesa, para quienes tenemos un pensamiento distinto.
Por eso, hemos reclamado clarificar esta materia. ¡ Caramba que tenemos autoridad moral para ello así lo demostré en la tarde, porque desde el año 1946 en veinticinco oportunidades nos hemos referido a las Fuerzas Armadas chilenas, a los compromisos internacionales suscritos por otros Gobiernos y mantenidos por éste, a la situación interna de los Institutos Armados, al retraso y postergación en que se han debatido, a la situación de su personal en cuanto a remuneraciones! También hemos presentado iniciativas de ley sobre esta materia.
Por lo tanto, en nuestra actitud, y eso debe merecer respeto al señor Ministro, hay una continuidad que sólo puede ser desconocida por el paso suyo, que es transitorio en la vida política. Además, señalo que sus palabras son de un mal gusto y de una grosería infinita al referirse a la señora Diputada Carmen Lazo. En cuanto a nosotros, ellas no nos alcanzan.
Voto que sí.
El señor TARUD.- Voto favorablemente, en el entendido de que me pronuncio por la idea de legislar y no por conceder las facultades.
El señor REYES.- Comprendo que en un debate de esta naturaleza, en que se ha hecho sistemáticamente la deformación de las actuaciones del Gobierno, de sus personeros y de quienes con anterioridad han actuado en el Ministerio de Defensa Nacional, como el Honorable señor Carmona, se empleen expresiones chocantes para nosotros.
Por nuestra parte, hemos tratado de intervenir en este debate con máxima serenidad. Por eso, cuando escuchamos palabras que llaman" más bien a escándalo, o a sorpresa al menos, por el tono en que se han pronunciado, más que por la intención que ellas envuelven, debo dar, en nombre de los Senadores de estas bancas y de la Democracia Cristiana, una explicación, si se quiere, en cuanto se hubiere rozado la honra de cualquier persona. Nadie ha tenido esa intención. Pero, al mismo tiempo, reafirmamos plenamente nuestras expresiones de protesta por los términos en que, a veces, se ha llevado el debate y por las calificaciones que aquí se han hecho.
Voto afirmativamente.
El señor IBÁÑEZ.- Los señores Ministros han creído del caso recoger mis observaciones sobre el pago diferido que se pretende respecto de las pensiones de los jubilados. No puedo dejar pasar sus comentarios sin una breve respuesta.
El señor Ministro de Obras Públicas, con el estilo que ya ha puesto de relieve el Honorable señor Allende, hizo una serie de alusiones sin nexo alguno con mi mención relativa a la firma del contrato del túnel de Lo Prado como principio de buena administración, propuesto por el señor Frei y acogido por el señor Alessandri, quien desistió de firmar el decreto que adjudicaba el contrato de dicha obra. El señor Ministro decía que yo estaba profundamente disgustado por el avance de los trabajos de ese túnel, que es vital para Valparaíso. Quiero sacarlo de su error: estoy sumamente contento de haber contribuido en alguna forma a sensibilizar al Gobierno, que, después de dejar transcurrir dos años, inició los trabajos, demostrando con ello que todas las excusas aducidas antes eran falsas, puesto que el túnel que se está construyendo ahora es el mismo proyectado por la Administración anterior.
El señor ISLA.- ¡No me ayude, compadre. . .!
El señor IBÁÑEZ.-  Respecto de los contratos con financiamiento nominal de diez escudos a que se refirió el señor Ministro de Hacienda, debo decirle que si el señor Ministro los revisa con detenimiento verá que eran de gran conveniencia para el país. No me atrevo a decir lo mismo de lo que sucedió con el contrato del túnel de Lo Prado, que, al no ser firmado por el ex Presidente señor Alessandri, fue alterado después en sus cláusulas por el actual Gobierno. En su oportunidad analizaremos este punto.
El señor LORCA.- Cuando se termine el túnel.
El señor IBÁÑEZ.- Sí, prefiero que se termine la obra. Después haremos el análisis.
En cuanto a las cifras proporcionadas por el señor Zaldívar respecto del pago diferido, tendría que revisarlas para poder pronunciarme sobre ellas, puesto que los antecedentes que el señor Ministro proporcionó a la Sala sobre endeudamiento externo carecen de toda base. En efecto, señaló que el Gobierno anterior se había endeudado en 1.100 millones de dólares. En verdad, sólo al término de 1964, según datos proporcionados por la CORFO, la deuda fiscal llegó a 1.100 millones en total, puesto que el mayor endeudamiento de la anterior Administración fue de sólo 600 millones de dólares durante todo el sexenio. Mientras que al 31 de diciembre de 1968 la deuda fiscal ascendía, según datos repito de la Corporación de Fomento, a 2.050 millones de dólares.
El señor MUSALEM.- Eso es falso.
El señor IBÁÑEZ.- Vale decir, en el curso de cuatro años el Gobierno actual se ha endeudado en cerca de mil millones de dólares.
Considero, pues, que todos estos antecedentes requieren de un examen más detenido, como el que espero hacer en fecha muy próxima, cuando el señor Ministro dé a conocer el estado de la Hacienda Pública y tengamos oportunidad de analizarlo.
Voto afirmativamente.
El señor HAMILTON.- En forma muy breve, quisiera hacerme cargo de las palabras de los Honorables señores Allende y Ochagavía con relación a lo expresado en la Sala por el señor Ministro de Defensa Nacional.
En primer lugar, destaco que el señor Ministro ha repetido aquí exactamente lo mismo que sostuvo en la Cámara de Diputados, de modo que no está faltando el respeto a un parlamentario ausente.
Sin duda, la materia que estamos tratando no es problema común y corriente. Exige de todos nosotros el máximo de ponderación y responsabilidad para tratarlo. Por eso, acepto las palabras del señor Ministro, que tiene la máxima responsabilidad en esta materia, y las considero un llamado hacia la ponderación que debe existir en el curso de estos debates, pues muchas veces las expresiones que aquí se vierten pueden producir efectos distintos, incluso, de los que tuvieron en vista sus propios autores al proferirlas.
Respecto de lo señalado por el Honorable señor Ochagavía, en verdad no quisiera calar muy profundo. El Partido Nacional ha tenido una actitud que puede juzgarse desde dos ángulos: por un lado, ha asumido una posición de apoyo al régimen institucional y democrático, al Gobierno legalmente establecido; pero, por otro lado, podrían señalarse no es mi ánimo hacerlo en esta ocasión muchas intervenciones de sus personeros, declaraciones de su presidente, actuaciones de sus miembros más destacados y afirmaciones difundidas mediante su prensa, que no guardan relación con la primera actitud, asumida oficialmente por su directiva.
Sólo deseo detenerme en un aspecto. Los Senadores nacionales y, en general, los dirigentes de la Derecha tradicional suelen presentarse como los únicos depositarios del patriotismo. El Honorable señor Ochagavía nos ha hablado de patriotismo esta tarde. Pero por mucho que las colectividades políticas que formaron el Partido Nacional deseen confundirse con la historia de Chile, creo que ni ellas ni ningún sector de este país puede sentirse exclusivamente dueño y señor de este sentimiento. Este patrioterismo de que tanto hacen gala sí que es algo y aquí me atrevería a emplear un término usado por el Honorable señor Allende de muy mal gusto y ya muy raído.
Voto favorablemente la idea de legislar.
El señor FUENTEALBA.- Me preocupa haber comprobado una vez más, en especial durante la última parte de este debate, la actitud que permanentemente ha sostenido el Partido Nacional desde hace algún tiempo a esta parte respecto de la situación de las Fuerzas Armadas y de la estabilidad institucional del país.
Días antes no sé si uno o dos de los sucesos del 21 de octubre, el presidente del Partido Nacional, señor Onofre Jarpa, hizo una declaración en que se esforzó por indisponer al partido de Gobierno y al Gobierno mismo con los Institutos Armados, tratando de crear asperezas y de desprestigiar a nuestra colectividad política ante ellos y ante la opinión pública.
El señor OCHAGAVÍA.- Fue el Honorable señor Prado quien hizo esas declaraciones.
El señor FUENTEALBA.- En la tarde de hoy, hace pocos momentos, el Honorable señor Ibáñez trajo a colación un hecho que aparentemente nada tenía que ver con la idea central del debate. Su Señoría pretendió reafirmar o dar fe de la veracidad de las expresiones del abogado señor Fenner, quien imputaba al Honorable señor Ballesteros el haber pronunciado en el extranjero palabras desdorosas para nuestras Fuerzas Armadas. No le ha ido muy bien, pues todos los Senadores que estuvieron presentes en aquella ocasión se han encargado de dejar en claro lo ha hecho expresamente el Honorable señor Rodríguez, que es nuestro adversario político que tal imputación es falsa y que el Honorable señor Ballesteros jamás ha tenido expresión alguna en contra de nuestros Institutos Armados.
¿Qué pretende el Honorable señor Ibáñez con traer a colación este hecho esta tarde? ¿Cuál es el objeto que sistemáticamente se persigue? Ningún otro que el de indisponer al Partido Demócrata Cristiano y al Gobierno con las Fuerzas Armadas. ¿Y para qué se hace esto? ¿Se actúa inocentemente? ¿Es acaso el Honorable señor Ibáñez una vestal que lanza estas acusaciones sin pensar más allá de sus propias palabras? ¿O es, por el contrario, un frío y calculador hombre de negocios que sabe lo que quiere y hacia dónde va?
El objetivo perseguido es muy claro: crear dentro de las Fuerzas Armadas la atmósfera propicia para que se decidan a subvertir el orden constitucional. Pero se estrellarán contra la fidelidad que los institutos militares guardan para con el sistema democrático de 'la nación.
El señor OCHAGAVIA.- Su Señoría, que fue al Regimiento Tacna, puede decirlo.
El señor FUENTEALBA.-  Todavía más: un periodista me acaba de mostrar en los pasillos una carta que el presidente del Partido Nacional envió al señor Ministro de Hacienda. No sé si ya la habrá recibido. En todo caso, seguramente mañana será publicada profusamente en toda la prensa.
En esa carta, firmada por el presidente del Partido Nacional en nombre de su colectividad, se protesta ante el señor Ministro de Hacienda porque el Gobierno sostiene conversaciones y mantiene contacto con la Central Única de Trabajadores, organismo dice la nota del Partido Comunista y manejado por los comunistas, entidad política, según los nacionales, tradicionalmente enemiga de la democracia y de las Fuerzas Armadas.
El señor OCHAGAVIA.- Es la verdad, no más.
El señor ALLENDE.- ¡ Falso!
El señor FUENTEALBA.- ¿A dónde se quiere llegar con esto? ¿Acaso no sabemos todos que la Central Única de Trabajadores agrupa a las grandes federaciones y confederaciones de trabajadores, de empleados fiscales y semifiscales y del sector privado, donde hay dirigentes que nada tienen que ver con el Partido Comunista? ¿No sabemos que se trata de un organismo que realmente ha defendido el orden constitucional, como lo hicieron todos sus miembros, incluso los comunistas, frente a ios sucesos del 21 de octubre? Sí, lo sabemos. Pero está clara la intención del Partido Nacional. Pretende, simplemente, ir a la subversión, sacar las castañas con la mano del gato hipócritamente.
Siento mucho no disponer de más tiempo para continuar abordando esta materia.
Voto por la afirmativa.
El señor IBÁÑEZ.- Reclamo mi derecho para responder.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Estamos en votación.
El señor IBÁÑEZ.- He sido aludido.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Al término de la votación podrá responder Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- Los Senadores del Partido Comunista que han votado ya, dieron su aprobación en general a este proyecto destinado a mejorar la situación económica de las Fuerzas Armadas. Procedemos así por comprender que se trata de un asunto de total justicia y de acuerdo a un principio que aplicamos por igual al trabajador civil y al uniformado. Creemos repito legítimas sus aspiraciones y demandas en el orden económico y profesional. Rechazamos por entero cualquier tentativa, sobre todo venida del exterior, que pretenda especular con las necesidades apremiantes que en el orden material viven las Fuerzas Armadas, a fin de alentar aventuras extraconstitucionales. Nuestra posición es clara en este sentido.
Ahora, me referiré a algunas de las últimas intervenciones, en especial a la fundamentaron de los votos.
En primer término, ratifico lo expresado aquí por los Honorables señores Rodríguez y Miranda, quienes formaron parte de la delegación parlamentaria que en 1965 viajó por diversos países europeos.
Quiero dejar constancia porque estuve presente de que el discurso pronunciado por el presidente de la delegación, entonces Presidente de la Cámara, Honorable señor Ballesteros, fue plenamente respetuoso de las Fuerzas Armadas chilenas, acorde con el ambiente y nuestra posición en defensa del país. No se refirió a ellas en ningún momento, pues ello ni siquiera pasó por la mente de nadie. Palabras parecidas expresó el orador soviético, que en aquella ocasión fue el Presidente del Soviet Supremo, o sea, del Parlamento de la Unión Soviética, señor Mikoyan. Su alegato a favor de la paz no podía entenderse como una injuria a las Fuerzas Armadas de su país; no la hubo ni en uno ni en otro. En ese momento no escuché de parte del Honorable señor Ibáñez reclamación alguna por las palabras del Honorable señor Ballesteros, y entendimos que todos nos sentíamos interpretados por sus expresiones.
Adhiero también a las palabras de protesta formuladas por el Honorable señor Allende en cuanto a los términos usados por el señor Ministro de Defensa Nacional, en especial respecto de la intervención que tuvo en la Cámara la Diputada señora Carmen Lazo. A mi juicio, el señor Ministro no debió haber proferido tales expresiones ni en el Senado ni en la
Cámara. Evidentemente, en nada ayuda a su causa el traer a colación esos problemas. Al fin y al cabo, el asunto que debatimos es tan importante, que ojalá el señor Ministro y todos nosotros manifestáramos la más alta responsabilidad en nuestras palabras, para así conseguir elevar el tono de este Parlamento, puesto en duda, sobre todo cuando discutimos un proyecto de mucha gravedad, no por lo que contiene en sí mismo, sino por lo que hay detrás.
Se aprueba en general el proyecto (40 votos por la afirmativa).
El señor FIGUEROA (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una indicación para publicar "in extenso" la sesión de hoy.
Se aprueba.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 97 del Reglamento, cuando un señor Senador ha sido aludido, tiene derecho a contestar o replicar.
El señor IBÁÑEZ.- Pido la palabra.
Debo expresar mi protesta por las expresiones del Honorable señor Fuentealba, porque Su Señoría no tiene derecho a suponer intenciones como las que me atribuyó hace un instante.
El señor FUENTEALBA.- Soy político, puedo interpretar los hechos que observo.
El señor IBÁÑEZ.- Puede interpretar los hechos que observa, pero cuando se trata de cosas perfectamente claras. Su Señoría no tiene derecho a hacer imputaciones de esa naturaleza, que las estimo altamente injuriosas.
El señor FUENTEALBA.- Fue un conjunto de hechos.
El señor IBÁÑEZ.- Lo sucedido es tanto más extraño si se considera que el señor Senador habló durante 45 minutos para exponer el programa presidencial de su partido, y, en este instante, en la hora undécima, hace una mención injuriosa a los miembros del Partido Nacional, que afecta, en particular, al Senador que habla.
El señor HAMILTON.- Su información fue desmentida por cuatro señores Senadores.
El señor IBÁÑEZ.- El Honorable señor Fuentealba pierde su tiempo al tratar de inhibirme por el hecho de ser un hombre de trabajo. Me siento orgulloso de mi pasado y puedo exhibirlo ante todos mis colegas. He trabajado duramente toda mi vida. No deseo hacer comparaciones con nadie, porque son siempre odiosas. Sin embargo, creo difícil que algún Senador haya desarrollado en su existencia el tren de trabajo que he tenido, y haya ocupado los cargos...
El señor TEITELBOIM.- Y posea el dinero que Su Señoría tiene.
El señor IBÁÑEZ.- ... más modestos que por largos años desempeñé.
Quienes deberían sentirse inhibidos son los politiqueros fríos y calculadores...
El señor ISLA.- ¿Cuáles son esos?
El señor IBÁÑEZ.- ...que a través de su actividad política llegan a situaciones que en otra forma no habrían alcanzado.
Deploro que el Honorable señor Fuentealba pierda el control como ocurrió hace un instante, en circunstancias de que yo planteé un asunto totalmente distinto. Dije que quería dejar constancia tal como lo hizo el Honorable señor Teitelboim al adherir a las palabras del Honorable señor Ballesteros de que privadamente había representado mi total desacuerdo con esas expresiones. No habría hecho esto en forma pública ni habría mencionado jamás ese incidente, a no mediar el hecho de estar emplazados por una publicación del señor Ballesteros, quien recurre a nuestro testimonio a favor de sus declaraciones.
Esa es la razón por la que me he visto obligado a decir públicamente que no estaba de acuerdo con sus palabras.
En consecuencia, no cabía en forma alguna la actitud tan violenta y descontrolada que acabamos de presenciar en el Honorable señor Fuentealba, ya que hice expresa referencia a que las expresiones las atribuía a un desborde oratorio de nuestro Honorable colega. Debo dejar constancia repito que en privado representé mi total disconformidad con tales conceptos.
El señor FUENTEALBA.- Tengo derecho a replicar, señor Presidente.
El señor NOEMI (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.


-Se levantó a las 20.54.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.

ANEXOS.

DOCUMENTOS.


1

PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LOS CÓDIGOS PENAL Y DE JUSTICIA MILITAR EN LO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por ese Honorable Senado al proyecto que modifica los Códigos Penal y de Justicia Militar en lo relativo a la aplicación de la pena de muerte, con excepción de las que a continuación se indican, que ha rechazado:

ARTICULO 1º

Artículo 108

La que tiene por objeto sustituir los vocablos "presidio mayor en su grado máximo" por "presidio mayor en su grado medio" en el artículo sustitutivo propuesto por la Cámara.

Artículo 391

La que tiene por objeto rechazar la modificación propuesta a este artículo.

Artículo 433

La que consiste en rechazar las modificaciones propuestas por la Cámara.

Artículo 474

La que tiene por objeto suprimir las enmiendas propuestas por la Cámara a este artículo.

ARTICULO 2º

Artículo 262

Las que consisten en sustituir la primera enmienda propuesta por la Cámara al inciso segundo de este artículo y en rechazar la segunda modificación de esta Corporación al mismo inciso, pero ha aprobado aquella que ha incorporado ese Honorable Senado.

Artículo 263

La que consiste en desechar las modificaciones introducidas a este artículo.

Artículo 339

La que tiene por objeto sustituir las modificaciones propuestas a este artículo por la Cámara.

Artículo 351

La que tiene por finalidad rechazar la sustitución de su inciso segundo propuesta.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio número 6.389, de fecha 18 de agosto del año en curso. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. . (Fdo.): Julio Mercado Illanes. Eduardo Mena Arroyo.


2

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE DENOMINA "SARA GAJARDO" A LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN PRESIDENTE RÍOS, DE SANTIAGO.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que denomina Sara Gajardo a la calle Principal de la población Presidente Ríos de Santiago, con excepción de la que consiste en suprimir el artículo 3º, que ha rechazado y ha insistido en su texto original.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Julio Mercado Illanes. Eduardo Mena Arroyo.

Texto de las observaciones del Ejecutivo.

Por oficio Nº 182, remitido con fecha 16 de septiembre en curso, V. E. ha tenido a bien comunicar que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que denomina "Regidora Sara Gajardo" a una calle de Santiago, da nombre a una Escuela en Punta Arenas, amplía el programa de inversión dispuesto en la Ley Nº 16.803, sobre autorización empréstito para la Municipalidad de Vichuquén y contempla, además, un artículo que dispone la transferencia por la Corporación de la Vivienda a los pobladores erradicados de los barrios bajos de la ciudad de Valdivia, de las propiedades que actualmente ocupan.
El proyecto de ley de anterior referencia ha merecido las observaciones que, en uso del derecho que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular a continuación:

Artículo 2º

Por este artículo se faculta a la Municipalidad de Vichuquén para que el producto del empréstito autorizado por la Ley Nº 16.803 sea invertido en obras de adelanto comunal, o en la adquisición de un furgón ambulancia. En esta disposición se estima conveniente corregir la palabra "deberá" reemplazándola por "podrá", por cuanto este término imperativo no concuerda con la finalidad del artículo que deja al criterio de dicha Corporación lo que se resuelva en relación con el destino de los fondos provenientes de la citada ley.
Por tanto, se propone reemplazar la palabra "deberá" por esta otra "podrá".

Artículo 3°

El Ministerio de la Vivienda no estima conveniente que se materialice este artículo, ya que tiene por objeto transferir casas ubicadas en un sector absolutamente falto de condiciones higiénicas o sanitarias y, en general, de urbanización, situaciones éstas que lejos de poder ser solucionadas por esta disposición, se verían notoriamente agravadas. En efecto, dichas casas corresponden a los barracones de emergencia construidos después del terremoto de 1961 y que, por lo mismo,, sólo tenían el carácter de viviendas transitorias.
El Departamento de Estado aludido ha informado, además, que igual criterio al señalado precedentemente ha adoptado frente a otras iniciativas legales o proyectos de ley aprobados por el Honorable Congreso Nacional para casos similares y ha optado por darles verdadera y eficiente solución en la que se considere los requisitos mínimos de higiene y urbanización necesarios. Es así, como ya tiene incluida en su programa de inversiones para el año 1971 la suma de Eº 191.000 para la erradicación de 200 de las viviendas que corresponden al artículo en referencia, dejando el resto para el año 1972.
Por tanto, se propone suprimirlo.

Artículo Nuevo

Se ha hecho presente al Gobierno la conveniencia de prorrogar el plazo para la facultad que confiere a las Municipalidades el artículo 1º de la Ley Nº 15.629, modificado por el artículo 8º de la Ley Nº 17.031, que legisla sobre transferencia de terrenos de propiedad de las mismas a sus ocupantes, por cuanto el plazo que se les fijó les resultará exiguo. En consecuencia, se hace necesario proponer a continuación el siguiente artículo:
"Artículo...- Prorrógase por un año, a contar del 1° de enero de 1970, la facultad conferida a las Municipalidades por el artículo 1° de la Ley Nº 15.629, modificado por el Nº 1 del artículo 141 de la Ley Nº 16.840 y por el artículo 8º de la Ley Nº 17.031.
Los actos y contratos a que dé origen la aplicación de este artículo, podrán otorgarse en conformidad a las normas del artículo 68 de la Ley Nº 14.171."
Saluda atentamente a V. E.,
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra.


3

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRENOS QUE INDICA PARA AMPLIAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS BARRANCAS.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que declara de utilidad pública y autoriza a la Municipalidad de Las Barrancas para expropiar los terrenos ubicados en la Avenida del Cementerio de dicha comuna, de propiedad de la sucesión Varas Mena.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Julio Mercado Illanes. Eduardo Mena Arroyo.

Texto de las observaciones del Ejecutivo.

Por oficio Nº 79, remitido con fecha 1° de agosto en curso, V. E. ha tenido a bien comunicar que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que declara de utilidad pública y autoriza a la Municipalidad de Las Barrancas para expropiar los terrenos que indica, de propiedad de la Sucesión Varas Mena, ubicados en la Avenida del Cementerio del territorio jurisdiccional de la mencionada Corporación Edilicia.
El proyecto de ley de anterior referencia adolece de un vacío que es necesario aclarar en su texto, razón por la cual ha merecido las observaciones que, en uso del derecho que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular a continuación:

Artículo único

Su texto sólo se limita a disponer la expropiación de terrenos, pero omite darles destino, aun cuando de la historia del precepto se desprende que su finalidad es la ampliación del Cementerio Municipal de Barrancas.
Por otra parte, se estima que debe señalarse el procedimiento a que debe sujetarse la citada expropiación, la determinación del precio y su forma de pago.
En cuanto destino de los terrenos que originó el proyecto de ley a que se alude, el Ministerio de Salud Pública ha manifestado que "no se opone a la posibilidad de que se amplíe el Cementerio Municipal de Barrancas, considerando que se trata de una comuna en crecimiento y cuyo cementerio permitirá absorber las necesidades del sector Norponiente del Gran Santiago, impidiendo que en un futuro próximo aumente la presión hacia los establecimientos tradicionales de la metrópolis.".
Finalmente, se hace presente que la denominación de la Municipalidad debe ser Barrancas y no Las Barrancas, como aparece citada.
Consecuente con lo expuesto, se propone agregar como incisos finales del artículo único los siguientes:
"Los terrenos a que se refiere el inciso anterior se destinarán al Cementerio Municipal de Barrancas.
La expropiación dispuesta en la presente ley se realizará en conformidad a lo establecido en el artículo 32 del Decreto Nº 880, de 18 de abril de 1963, que fijó el texto definitivo del D.F.L. Nº 224, de 1953, Ley General de Construcciones y Urbanización.
El monto de la indemnización que se convenga directamente con los interesados no podrá exceder de la tasación que, para estos efectos, practique el Servicio de Impuestos Internos."
En el inciso primero, reemplázase la denominación de "Las Barrancas" por "Barrancas".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva. Patricio Rojas Saavedra.


4

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE RECURSOS A LA FEDERACIÓN CHILENA DE REMO AMATEUR.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que concede aportes a la Federación Chilena de Remo y ha insistido en su texto original.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Julio Mercado Illanes. Eduardo Mena Arroyo.

Texto de las observaciones del Ejecutivo.

Por oficio Nº 257, de 22 de septiembre de 1969, V. E. se ha servido comunicar al Ejecutivo que el Honorable Congreso Nacional ha prestado su aprobación a un proyecto de ley que otorga recursos a la Dirección de Deportes del Estado provenientes del mayor rendimiento de los impuestos de los sorteos de la Polla Chilena de Beneficencia a efectuarse en virtud de las leyes Nºs. 5.443 y 7.874, en el año 1970 respecto del año 1969.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V. E. que el Supremo Gobierno desaprueba el mencionado proyecto de ley en atención a que la disposición aprobada, congelaría los recursos establecidos en las lys Nºs. 11.766, para la construcción y edificación de Establecimientos de la Educación Pública; 13.964 que beneficia a las Universidades de Concepción y Austral de Valdivia, y 16.464 para el Servicio de Seguro Social.
En esta eventualidad es menester tener presente las consecuencias que se pueden ocasionar con los presupuestos de las instituciones que contemplan entre sus ingresos sumas provenientes de los mencionados recursos.
Por tanto, y de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado el Supremo Gobierno desaprueba el proyecto de ley referido y lo devuelve a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva. Andrés Zaldívar Larraín.


5

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS TRABAJADORES, EN CASOS DE NACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que establece normas a aplicarse, en beneficio de los trabajadores, en caso de nacionalización de las empresas de telecomunicaciones.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Héctor Valenzuela Valderrama. Eduardo Mena C."

Texto de las observaciones del Ejecutivo.

Por oficio Nº 254, de 26 de septiembre de 1969, V. E. ha tenido a bien comunicarme la aprobación por el Honorable Congreso Nacional, del proyecto de ley que dispone la absorción de los personales dependientes de Empresas de Telecomunicaciones en los casos de nacionalización, o de adquisición o asociación de una de estas empresas como otra, sea privada o pública. Dispone, además, el proyecto una indemnización especial para los trabajadores que no pudieren ser absorbidos y que, como consecuencia de lo anterior, expiraron sus contratos de trabajo.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular al citado proyecto de ley las observaciones siguientes:
El artículo 2° del proyecto establece una indemnización especial para los trabajadores de empresas de telecomunicaciones, cuando la absorción prevista en el artículo 1°, en los casos de nacionalización, adquisición o asociación no pudiere efectuarse y, por lo tanto, se produjere la terminación de los contratos de trabajo respectivos.
Cabe indicar al respecto, que la indemnización por años de servicio, es procedente en nuestra legislación laboral sólo en circunstancias excepcionales y por infracciones calificadas a determinadas normas legales. Tal es el caso de la ley Nº 16.455, en que la indemnización resulta de no dar cumplimiento el empleador a la reincorporación ordenada por el Tribunal, después que éste ha estimado arbitraria la terminación del contrato de trabajo de un empleado u obrero. Análoga situación se produce por infracción del artículo 86 del Código del Trabajo.
Ahora bien, el artículo 2º del proyecto no se inspira, al establecer la indemnización especial, en el criterio precedentemente indicado, esto es, como resultado de la infracción de una ley, sino más bien, en la necesidad de considerar una situación especial en que aparece de justicia estatuir una compensación al trabajador que ve segada su fuente de trabajo como consecuencia del progreso tecnológico o de una nueva estructuración de la actividad que le proporcionaba su ingreso.
Sin embargo, el proyecto establece la compatibilidad de la indemnización con aquellas de igual naturaleza contempladas en las leyes o contratos colectivos de trabajo, compatibilización que sólo es procedente en los casos de infracción de ley, hipótesis que como ya se ha dicho, no se configura en la especie ya que, obviamente, los procesos de nacionalización, asociación o adquisición no ofrecen ese carácter. De mantenerse la redacción pertinente del artículo 2º que observo, se generaría un beneficio que excede el carácter meramente indemnizatorio para transformarse en una situación de privilegio que constituiría una excepción discriminatoria e injustificada. Igualmente, en el aspecto formal, merece reparo la utilización de la expresión "desahucio", como equivalente de terminación del contrato de trabajo, ya que dicha acepción ha desaparecido como sinónima en nuestra legislación laboral desde la dictación de la ley Nº 16.455.
Del mismo modo, debe observarse la excesiva generalización en que incurre el artículo 2° al hacer aplicable la indemnización especial en aquellos casos de término del contrato de trabajo producidos en empresas a cuyo respecto no se verifica un proceso de nacionalización, asociación o adquisición. Se aparta así el texto mencionado, de la limitación que fluye del tenor del artículo 1°, el cual, por así decirlo, fija el sentido y alcance del proyecto de ley. Promulgarlo en tales condiciones, daría margen a una aplicación indiscriminada de sus disposiciones.
Finalmente, en relación con el artículo 2º, creo necesario estatuir la existencia del plazo de un año a contar desde la terminación del proceso de nacionalización, adquisición o asociación, como lapso suficiente dentro del cual regirían las disposiciones excepcionales del proyecto aprobado. Transcurrido el término propuesto, cobrarían plena vigencia las normas generales que determina nuestra legislación laboral. De este modo, se reestablece la concordancia del articulado del proyecto con su propósito central, cual es la regulación de una situación especial, mediante normas de excepción.
Por las razones expuestas vengo en proponer, en sustitución del artículo segundo del proyecto, el texto siguiente:
Artículo 2º.- Si durante el proceso de nacionalización, adquisición o asociación a que se refiere el artículo anterior, o dentro del plazo de un año a contar desde la fecha en que dicho proceso quedare terminado, se pusiere término al contrato de trabajo por alguna de las causales contempladas en el artículo 2º de la ley Nº 16.455, que no fuere imputable al trabajador, éste tendrá derecho a una indemnización especial de un mes de sueldo o salario por cada año de servicios continuos o discontinuos y fracción no inferior a seis meses. Esta indemnización será incompatible con cualquiera otra establecida en las leyes o convenios colectivos y será pagada por la empresa que ponga término al contrato de trabajo o, en caso de imposibilidad de hacerlo esta empresa, por aquella que la absorba, reemplace o fusione."
Al exponer las razones que aconsejaban la sustitución del artículo segundo, hicimos presente que para evitar una generalización injustificada de su aplicación, estimábamos adecuado circunscribir el imperio de la ley dentro de términos que permitieran acoger situaciones derivadas indirectamente de los procesos de nacionalización, adquisición o asociación. En efecto, el propósito del legislador es comprender, además, aquellas situaciones que se produjeren a los trabajadores de empresas de telecomunicaciones que no obstante no están sometidas a procesos de nacionalización, adquisición o asociación, vieren terminadas sus fuentes de trabajo como consecuencia indirecta de dichos procesos. Acogiendo el criterio que inspira la norma aprobada, pero ciñéndola a la realidad existente, vengo en proponer el siguiente artículo nuevo:
Artículo 3º.- Lo dispuesto en el artículo anterior será igualmente procedente en los casos de empresas de telecomunicaciones constituidas en el extranjero y que tengan agencias en Chile, no obstante que a su respecto, no se produjere el proceso de nacionalización, adquisición o asociación a que se refiere el artículo primero."
Finalmente, y a objeto de que las normas aprobadas por el Honorable Congreso Nacional, surtan plenamente sus efectos dentro del período en que la expresión de la voluntad legislativa del Honorable Congreso se complementa con la acción colegisladora del Ejecutivo, vengo en proponer el siguiente artículo transitorio:

Artículo transitorio.

Los trabajadores a quienes se hubiere puesto término a sus contratos de trabajo, entre el 26 de septiembre de 1969 y la fecha de publicación de la presente ley, tendrán derecho a la indemnización especial prevista en los artículos 2º y 3º, si respecto de ellos se verificaren las condiciones estatuidas en dichas disposiciones."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Eduardo León Villarreal."


6

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AMPLIA EL REGISTRO DE MATRICULA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MARÍTIMOS DE BAHÍA, FLUVIALES Y LACUSTRES.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar los observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que amplía las categorías de los Registros de Matrículas para trabajadores marítimos establecidos en la ley Nº 16.724.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Julio Mercado I. Eduardo Mena A.

Texto de las observaciones del Ejecutivo:

Por oficio Nº 253, de 22 de septiembre pasado, V. E. ha tenido a bien comunicar la aprobación de un Proyecto de Ley que modifica el artículo 24 de la Ley Nº 16.724, establece el otorgamiento de carnet profesional para el personal de empleados, auxiliares y apoderados de los Agentes Generales y Especiales de Aduana y establece sanciones por las infracciones cometidas a los artículos 23 y 24 de la Ley primeramente referida.
En uso de la facultad que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en formular al citado Proyecto de Ley las siguientes observaciones.
En el artículo 1° se establece que las disposiciones de los incisos primero, segundo y quinto del artículo 23 de la Ley Nº 16.724, son aplicables a los trabajadores enunciados en la letra a) del artículo 19 del Decreto Supremo Nº 153 (M), de 22 de febrero de 1966, como también a las funciones de los Embaladores.
La redacción de la disposición señalada puede estimarse que lesiona los intereses de otros gremios, como los Marineros Auxiliares, que realizan funciones semejantes a las de los Embaladores. Con el objeto de no dejar dudas sobre el verdadero espíritu de la disposición, propongo agregar después del punto final de la disposición en estudio, la siguiente frase: "Lo anterior no afectará a los trabajos que actualmente ejecutan los Marineros Auxiliares de Bahía del Litoral o a aquellos que les encomiende el Reglamento o los organismos competentes
En el artículo 2º se establece la obligación de otorgar carnet profesional al personal de empleados, auxiliares y apoderados de los Agentes Generales y Especiales de Aduana.
Las funciones propias de estos trabajadores son por su naturaleza, como se desprende del artículo 242 de la Ordenanza de Aduanas, totalmente diferentes y muy distintas a las que corresponden a los empleados de Bahía, Fluviales y Lacustres, que trabajan en el interior de los recintos portuarios. Sus actividades dicen relación con las operaciones y destinaciones aduaneras propiamente tales. Como puede desprenderse de lo anterior, la actividad del despacho aduanero es sumamente delicada, como que ella determina y causa el pago de grandes tributos que se establecen de acuerdo a criterios técnicos especializados con intervención de apoderados y auxiliares a quienes, por una parte, la Autoridad Aduanera les reconoce una cierta calidad para intervenir y, por otra, en que los Agentes de Aduana, sujetos patrimonialmente responsables frente al Fisco por actos de sus empleados, han entregado su confianza.
Por otra parte, la Oficina de Contratación de Empleados y trabajadores de Bahía, Fluviales y Lacustres, no está integrada por ninguna autoridad Aduanera.
Con el fin de evitar las dificultades antes mencionadas, se propone lo siguiente:
a) Suprimir del inciso primero del artículo 2º del Proyecto de Ley en estudio la frase final que dice: "para cuyo efecto el Reglamento de la Ley Nº 16.724 contemplará las normas correspondientes".
b) En el inciso segundo eliminar la conjunción "y", entre "respectivo" y "de", sustituyéndola por una coma (,) y agregar la siguiente frase "y de la Superintendencia de Aduanas";
c) En el inciso tercero agregar la siguiente frase después del punto final que se reemplaza por una coma (,): "a menos que, por motivos fundados la Superintendencia de Aduanas resuelva, sin ulterior recurso, lo contrario"; y
d) Agregar el siguiente inciso final "El Reglamento de la Ley Nº 16.724 contemplará las normas pertinentes para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores".
El artículo 39 del Proyecto de Ley señala las sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 16.724.
En dicha disposición se establece que el producto de las multas aplicadas beneficiarán al respectivo Sindicato o gremio afectado, lo que estimamos inadmisible. La multa tiene un carácter de sanción penal, aplicada por el Estado y cuyo producto debe ser a beneficio fiscal, como sucede en la generalidad de los casos y no puede favorecer a particulares. Estos pueden tener derecho a las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios que le irrogue el incumplimiento de una disposición legal, pero no al producto de una sanción penal aplicada al infractor. Por otra parte, se estima necesario dejar expresa constancia de que la Comisión Nacional del Trabajo Marítimo, Fluvial y Lacustre y las Oficinas de Contratación puedan aplicar las sanciones que determine el Reglamento. En esta forma, queda claramente establecido que el Reglamento de la Ley Nº 16.724 pueda contemplar sanciones, diferentes a las contempladas en el artículo en estudio, que digan relación con la naturaleza específica de las infracciones cometidas a su articulado y a las obligaciones que en él se contemplan.
Es conveniente, además, dejar expresamente establecido que la Dirección del Trabajo tiene la supervigilancia y control de las "nombradas" del personal marítimo, fluvial y lacustre.
Por las consideraciones antes señaladas propongo sustituir el artículo 3º del Proyecto de Ley en estudio, por el siguiente: "Las infracciones a la Ley Nº 16.724 y a su Reglamento serán sancionadas con multas administrativas de tres sueldos vitales mensuales a diez sueldos vitales anuales, Escala a) del Departamento de Santiago, conforme al procedimiento establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 14.972 y su Reglamento, por los Inspectores del Trabajo. Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia".
"La Comisión Nacional del Trabajo Marítimo, Fluvial y Lacustre y las Oficinas de Contratación de Empleados y Trabajadores Marítimos, Fluviales y Lacustres estarán facultadas para aplicar las sanciones que determine el Reglamento".
"A la Dirección del Trabajo le corresponderá la supervigilancia y control de las "nombradas" del personal marítimo, fluvial y lacustre."
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Eduardo León Villarreal.


7

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA LAS PENSIONES A LOS OBREROS JUBILADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar la observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que establece que la diferencia de pensión de los obreros jubilados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes será reajustable en los mismos términos en que el Servicio de Seguro Social reajusta las pensiones y 'ha insistido en su texto original.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Julio Mercado I. Eduardo Mena A.

Texto de las observaciones del Ejecutivo.

Por oficio Nº 258 de 22 de septiembre de 1969, V. S. ha tenido a bien comunicarme la aprobación prestada por el Honorable Congreso Nacional a un Proyecto de ley en virtud del cual se establece que la diferencia de pensión a que se refiere el Art. 68 de la Ley Nº 15.840 será reajustable en los mismos términos en que el Servicio de Seguro Social reajusta las pensiones de los obreros beneficiados con ellas.
En uso de las facultades que me otorgan los artículos 53 y 55 de la Constitución Política del Estado vengo en vetar el referido proyecto de ley por las razones que paso a señalar.
En primer término es necesario puntualizar que ya el artículo mencionado de la Ley Nº 15.840 estableció un régimen preferencial en cuanto a jubilación, respecto a ciertos obreros del Ministerio de Obras Públicas, puesto que señaló que los obreros que a la fecha de promulgación de la ley, tenían más de 25 años, podrían jubilar, sobre la base de la última remuneración percibida.
Agregar, pues, al derecho anterior la circunstancia de hacer que la diferencia hasta enterar el monto de la última remuneración, sea reajustabie conforme lo es la pensión que les otorga el Servicio de Seguro Social, significa introducir una nueva discriminación con respecto a los demás obreros, tanto los de Obras Públicas que no se encontraban en las condiciones exigidas por esa ley, como el resto del país.
Por otra parte, y dentro del mismo orden de consideraciones, la reajustabilídad de esa diferencia significaría que dichos jubilados pasarían a percibir pensiones superiores a los emolumentos que gozan los obreros en actual actividad, dado que el mecanismo de los reajustes del Servicio de Seguro Social hace que éstos sean normalmente superiores a los porcentajes en que se aumentan los sueldos y salarios.
Aparte de lo anterior, y desde el punto de vista de su financiamiento, el Proyecto en cuestión debe igualmente observarse por cuanto imputa el gasto de su aplicación al ítem de pensiones del Ministerio de Hacienda, de por sí recargado de pensiones y diferencia de pensiones. Lo anterior resulta más agravado con la retroactividad que se la da a dicho reajuste.
Por las razones antedichas, el Gobierno se ve en la necesidad de vetar el referido Proyecto de Ley.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva. Sergio Ossa Pretot.


8

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY QUE CREO LA CORPORACIÓN DE MAGALLANES.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley Nº 13.908 en lo que respecta a los precios y reajustes de precios de venta de terrenos fiscales y modifica la integración del Consejo de la Corporación de Magallanes, con excepción de las siguientes, que ha rechazado y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos:

Artículo 1º
La que incide e
n la letra a) del número 15) de este artículo. La que tiene por objeto suprimir el número 6). La que consiste en suprimir la letra c) del número 7). Aquéllas que inciden en las letras a) y b) del número 8). Las que consisten en suprimir el primer inciso y la parte final del segundo inciso agregados en el número 9) de este artículo. La que tiene por objeto suprimir el número 10).

Artículo 2º

La que consiste en suprimir el número 1) de este artículo. Las que inciden en las letras a) y b) del número 4).

Artículo 3º 

La que tiene por finalidad sustituirlo por otro.

Artículos 4º, 5º y 8º 

Las que consisten en suprimir estos artículos.

Artículo 9º 

La que tiene por objeto sustituir su texto.

Artículo 10 

La que consiste en suprimir una frase en su inciso primero.

Artículo 11 
Aquella que tiene por objeto suprimirlo.

Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. . (Fdo.) : Julio Mercado Illanes. Eduardo Mena Arroyo.

Texto de las observaciones del Ejecutivo.,

Por oficio Nº 229, de fecha 3 de septiembre del año en curso, esa Honorable Corporación ha tenido a bien comunicar al Ejecutivo que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la ley Nº 13.908 que creó la Corporación de Magallanes.
Al respecto, el Supremo Gobierno viene en formular las siguientes observaciones al referido proyecto de ley:
Para suprimir en la letra g) del Nº 2 del artículo 1º el siguiente inciso:
"Las personas que paguen los saldos de precios en las condiciones señaladas en el inciso anterior quedarán liberadas de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de esta ley".
Este inciso segundo nuevo agregado al artículo 14, de la ley 13.908, dispone que los compradores de lotes fiscales que paguen los saldos de precios con sujeción al régimen de convenio, es decir que paguen el saldo de precio en cuatro anualidades en vez de veinte, no estarán afectos a la prohibición del artículo 22 de la misma ley.
En la discusión de esta indicación en la Comisión de Agricultura, se argumentó que nada justifica imponer trabas a los propietarios que de esta manera solucionen sus deudas con el Fisco, embarazándoles la libre disposición de sus predios, más aun cuando con frecuencia, necesitarán constituir gravamen sobre ellos para tener acceso al crédito. Se dijo también que ella se justifica sólo cuando el saldo de precio se paga de acuerdo a la modalidad general de las veinte anualidades.
Al respecto cabe señalar que el fundamento de la prohibición del artículo 22 de la ley 13.908, no es sólo el garantizar el saldo de la deuda, sino que principalmente el lograr que el adquirente explote directamente su predio, idea que se reafirma con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 13.908.
Además con dicha prohibición y la del artículo 24, citado, se persigue que no lleguen a ser propietarios sino que aquellas personas que cumplan con todos y cada uno de los requisitos especiales que ha establecido 3a ley particular de venta de tierras fiscales de Magallanes. De aceptar el referido inciso se llegaría al absurdo de que a la vuelta de 4 años podrían) llegar a ser dueños de un lote por compra directa a un particular personas a quienes se les hubiere negado la venta por no cumplir con los requisitos.
Por otra parte, el resto de las argumentaciones dadas en apoyo de la comentada indicación, no tienen mayor asidero, dada la redacción del artículo 22 que permite vender cuando el Ministerio de Tierras, con informe previo de la Corporación de Magallanes, así lo autorice. De modo que llegado el caso y existiendo razones atendibles y no sólo el fin de lucro, se puede autorizar a un adquirente para que venda antes del plazo de 20 años.
En cuanto al acceso al crédito, él es perfectamente accequible atendido lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 22, el que expresa que este prohibición "no será aplicable a la constitución de gravámenes en favor de algunas de las instituciones señaladas en el artículo 48", el que a su vez se refiere al Banco del Estado de Chile, a la Corporación de Fomento de la Producción y "a otras instituciones fiscales o semifiscales", de modo que la posibilidad de crédito es amplísima.
Por último, el inciso tal como está redactado es decir referido sólo al artículo 22, no va a producir ningún efecto en el hecho, ya que el artículo 24 establece otra prohibición que impide al dueño privarse de Ja mera tenencia.
Para sustituir la letra a) del Nº 5 del artículo 1º por la siguiente:
a) En el inciso primero, sustituyanse las palabras "de hasta" por las palabras "no inferior a un 0,5% ni superior a", y
El artículo 58 de la ley 13.908 modificado por la ley 16.813, establece un recargo de hasta un 1% sobre el valor de venta al consumidor de la gasolina, kerosene, petróleo diesel, petróleo combustible y aceite lubricante. El proyecto que se veta pretende dejar en el máximo este gravamen, es decir, en un 1%
Este porcentaje máximo, por sí soló bastaría para cubrir la totalidad del presupuesto de la Corporación de Magallanes, destacando, por otra parte, que dicho presupuesto, aproximadamente en un 60% tiene fmandamiento a través de ingresos provenientes de ventas y arrendamientos de terrenos fiscales, impuestos y derechos percibidos por Aduana y aporte del presupuesto de la nación. Por consiguiente, de aprobarse la modificación se produciría un superávit excesivo, que en la actualidad no aparece debidamente justificado, con el agravante que sería con cargo a precios de productos o insumos que tienen gran importancia en los costos de actividades básicas como transporte, agricultura, industria, movilización, etc., de todo el país, ya que el gravamen no se limita sólo a la zona directamente beneficiada.
Además, es importante tener presente, que el gravar indiscriminadamente al consumidor de todo el país en beneficio de una determinada región es una política que no es aconsejable seguir, aparte de que esta clase de impuestos son trasladados al público y encarecen los costos de producción en general y por ende el costo de vida. Tampoco hay que olvidar, que estos productos ya están gravados con tasas altas de impuestos que gravitan fuertemente en el consumidor y fuentes de producción.
Con todo, a fin de asegurar a la Corporación una cantidad mínima a percibir por este concepto se propone el presente veto sustitutivo.
Para agregar la siguiente letra c) al Nº 5 del artículo 1°:
c) Agrégase el siguiente inciso final:
"Los recursos de la Corporación de Magallanes se formarán, además, con el producto de los empréstitos internos o externos que se contraten, de las erogaciones, herencias, legados, donaciones y demás bienes que perciba a cualquier título.".
Esta disposición tiene por objeto completar los recursos de la Corporación con los bienes que perciba a cualquier título, facultad que es necesario establecer en forma expresa por tratarse de un organismo público que sólo puede actuar dentro del marco de facultades previsto expresamente por la ley.
Artículo 1° Nº 6. Para suprimirlo.

En atención a la naturaleza especialísima del impuesto, esto es, real e impersonal, y al hecho de que en dichas operaciones intervienen diferentes personas que emiten o suscriben los documentos, quienes resultarían beneficiadas con la exención, en circunstancias que la disposición de que se trata pretende eximir a la Corporación.
Para suprimir la modificación contenida en la letra c) del Nº 7) del artículo 1°.
No es aconsejable extender las exenciones tributarias por un período tan largo, más aún si se considera que el plazo actual de 25 años es suficiente para la consolidación de las actividades que se instalen bajo el amparo de la franquicia.
Artículo 1° Nº 8 letras a) y b). Para sustituirlo por el siguiente:
a) Suprímese el inciso primero del artículo 61.
b) El inciso segundo pasa a ser primero, sin modificaciones.

El Supremo Gobierno interesado como está en lograr el máximo de desarrollo de esas regiones, estima que suprimiendo la obligación que tienen actualmente las industrias manufactureras y mineras de invertir una parte importante de sus utilidades en actividades agrícolas, mineras, pesqueras e industriales, otorga un incentivo más que beneficiará la instalación de nuevas industrias.
Por otra parte, el artículo sustituido no puede aceptarse porque es contrario a la filosofía del artículo 1° de la Ley Nº 17.073 que fue el de restringir las franquicias tributarias para que ellas operaran sólo por la actividad en sí misma, a través del impuesto de categoría, pero sin considerar la situación personal de quienes las desarrollan. Por otra parte sería injusto que los contribuyentes del resto del país no tuvieran igual trato con respecto a las rentas que capitalicen o reinviertan en la misma actividad.
Artículo 1° Nº 9.- Para suprimir el inciso 1° y la parte final del inciso 2°.
Se elimina el inciso primero por estimarlo innecesario, pues dada la amplitud del artículo 62 del actual estatuto de la Corporación de Magallanes, no cabe entrar a discriminar entre el empresario que es propietario del inmueble en que desarrolla su industria hotelera y el que no lo es.
Se elimina, también la segunda parte del inciso segundo, ya que, de conformidad al artículo 33 Nº 12 de la Ley de la Renta, las rentas de los bienes raíces obtenidas por el propietario se eximen del impuesto de primera categoría, no así del impuesto global complementario o adicional.
Artículo 1° Nº 10). Suprimirlo.
1.- Corresponde a la Dirección de Industria y Comercio tramitar las autorizaciones de instalación de nuevas industrias y emitir los informes técnicos que proceden.
Asimismo le corresponde controlar los requisitos técnicos exigidos por las leyes a las industrias, especialmente cuando se trata de empresas favorecidas con franquicias especiales. (D.F.L. 242, Art. 79, letras c) y d).
Así la Dirección de Industria y Comercio ejerce, respecto de todas las industrias establecidas a lo largo de todo el país, las facultades presenciadas.
2.- Atendido el factor distancia y en aras de la expedición, se aceptó modificar este status en beneficio de las industrias de la zona de Magallanes, otorgando a la Corporación de Magallanes facultad para ejercer las facultades señaladas en el D.F.L. 242 Art. 7º letras c) y d) sin perjuicio del control que corresponde ejercer a la Dirección de Industria y Comercio. (Ley Nº 16.813).
3.- El proyecto de ley del rubro pretende, simplemente excluir a la Dirección de Industria y Comercio de todo control respecto de las nuevas industrias y aquellas favorecidas con franquicias especiales de la zona de Magallanes.
4.- Aparentemente aparece como acertada y aconsejable una medida como la propuesta destinada a dar solución zonal a los problemas industriales zonales.
Pero tal proposición olvida la existencia de múltiples industrias establecidas a lo largo de todo el país respecto de las cuales debe existir una coordinación y armonía que sólo el Estado puede manejar, en este caso, a través de la Dirección de Industria y Comercio.
Pretender soluciones en regiones determinadas del país, significa desconocer todo sistema de organización y programación industrial nacional por las que el Supremo Gobierno está luchando intensamente.
5.- La anterior proposición resulta menos oportuna y conveniente si se considera la situación de privilegio que disfrutan las industrias de la zona de Magallanes.
Vale la pena recordar, aunque someramente, los múltiples problemas de todo orden que ha significado en múltiples ocasiones las industrias establecidas en la zona de Arica, no obstante el control y precauciones especiales que se tienen presentes relacionadas con su instalación y funcionamiento, tendientes a evitar conflictos con industrias existentes en el resto del país, con otras industrias establecidas en otras zonas de franquicias y con proyectos nacionales de envergadura que podrían amagarse a través de industrias zonales inconvenientes.
6.- Los buenos propósitos de la Corporación de Magallanes para resolver los problemas de control zonal de las industrias serían insuficientes para evitar problemas como los anteriormente indicados por el natural desconocimiento que tiene del proceso de producción nacional a través de las restantes industrias establecidas a lo largo de todo el país.
Así, la Corporación ejercería un control local con pleno y absoluto desconocimiento del desarrollo industrial a lo largo de todo el resto del país, a menos que se pretenda crear dentro de la Corporación misma, organismos similares a la Dirección de Industria y Comercio para desarrollar este control regional en relación con las exigencias y necesidades industriales de toda la República.
7.- No debemos olvidar que por imperativo legal corresponde al Estado, a través de sus propios organismos administrativos,
"propender al incremento racional y armónico de la producción industrial en forma que ella satisfaga cumplidamente las necesidades del consumo interno y pueda aprovechar las posibilidades que ofrece o pudiere ofrecer los mercados exteriores." (Art. 1º D.F.L. 88 de 1953).
El proyecto de modificación legal que comentamos violenta gravemente este desarrollo racional armónico de la industria nacional si el Estado pierde el control de zonas determinadas del país para entregarlo a otras entidades que, aunque responsables y capaces, no están en condiciones de reemplazarlo en su misión de organización y desarrollo industrial a nivel nacional.
8.- El actual Art. 66 de la Ley Nº 13.908 modificado por la Ley Nº 16.813, satisface plenamente las necesidades industriales de la zona de Magallanes, entregando a la Corporación de Magallanes facultades para tramitar en forma expedita y regional las autorizaciones de instalación de nuevas industrias.
El Estado, a través de la Dirección de Industria y Comercio debe continuar ejerciendo el control de dichas industrias a nivel nacional en términos que permitan la correspondiente correlación armónica entre los requerimientos de la zona de Magallanes y los del resto del país.
Sustituyase en la letra a) del Nº 12 del artículo 1°, la frase final "En caso de mora, el interés penal será del 6% anual", por la siguiente:
"En caso de mora, tratándose de cuotas vencidas o por vencer que se paguen con posterioridad a la fecha de vigencia de esta norma, el interés penal será de un 6% anual.".
Esta indicación tiene por objeto dejar claramente establecido que este interés penal más beneficioso se aplicará sólo a los pagos que se efectúen con posterioridad a la vigencia de este proyecto de ley, por lo que en ningún caso la CORA o el Ministerio de Tierras deberán devolver las sumas por intereses penales superiores percibidos con anterioridad.
Artículo 2º Nº 1, letras a) y b). Para suprimirlos.
Esta disposición no tiene justificación, por cuanto los avalúos fijados por la Ley Nº 15.021 para la Subdelegación de Navarino, fuerohi rebajados en un 50% de oficio por el Servicio de Impuestos Internos, dándole igual trato que a los predios ubicados al Sur del Canal Beagle que fueron beneficiados por el artículo 14 de la Ley Nº 16.813 que modificó la Ley Nº 13.908 de la Corporación de Magallanes.
En tales circunstancias, la presente disposición tendría por objeto rebajar nuevamente los avalúos de los predios de la Subdelegación de Navarino, situación que ya está solucionada y no podría otorgarse dos veces.
Para sustituir en la letra a) del Nº 4) del artículo 2º la primera expresión "veinte mil pesos oro" por "dieciséis mil pesos oro" y la expresión "treinta mil pesos oro" por "veinticinco mil pesos oro" y para suprimir lo dispuesto en la letra b) del mismo número y artículo.
El artículo 35 de la Ley 13.039, estableció que el menaje de casa estaría sujeto a franquicia siempre que no sobrepasara los 7.000 pesos oro en derechos. Posteriormente el artículo 238 de la ley 16.617 determinó que este menaje de casa gozaría de franquicia siempre que no sobrepasara los 14.000 pesos oro en derechos.
Luego al iniciarse el año 1967 se dictó el nuevo Arancel Aduanero
(Dcto. Hda. N° 10, de 1967) donde se destacó el concepto de valor aduanero, estimándose que era necesario encuadrar en forma más real las condiciones que debería reunir el menaje de casa de los residentes en las zonas de tratamiento arancelarios especiales, facilitando de esta manera el procedimiento para que la Aduana aplicara la franquicia mencionada.
Es sí como la ley 16.813, el artículo 27 letra a) y c) dispuso que ha condición medida en "derechos aduaneros" fuese reemplazada por el concepto de "valor aduanero", lo cual no constituyó una disminución de la franquicia a que tenía derecho el residente en las zonas citadas y que corresponde a su menaje de casa.
Tanto el alza que se estableció en las leyes citadas de $ 7.000 oro a $ 14.000 y la fijación de los $ 6.000 pesos oro para aquellos qué utilizan por 2º vez la franquicia, como el cambio de derechos aduaneros al concepto del valor aduanero fueron estudiados en su debida oportunidad para establecerlos con. justicia.
Se ha considerado, sin embargo, nuevamente la situación a la luz de nuevos antecedentes y se estima aconsejable variar las cantidades en la forma propuesta en este veto sustitutivo. Con todo nada justifica modificar las cantidades para quienes utilizan por segunda vez la franquicia, y por ello se propone la supresión de la letra b).
Para agregar el siguiente Nº al artículo 2º.
5) Agrégase al inciso 2º del artículo 2º transitorio a continuación de la frase "para asignarlas a campesinos" una coma y la frase "sin sujeción al plazo de dos años que se establece en el inciso primero"; y uní inciso tercero del siguiente tenor: "Se entenderá por tierras fiscales disponibles para los efectos de la aplicación del inciso precedente aquellas que lo eran al momento de la promulgación de la ley y las que con posterioridad recupere el Fisco por resolución de los contratos de compraventa, caducidad o vencimiento de los contratos de arrendamiento o por cualquier otra causa".
Esta disposición tiene por objeto facilitar las asignaciones de tierras a los campesinos.

Artículo 3º.- Sustituirlo por el siguiente:
Para agregar al final del inciso 14 del artículo 35 de la Ley Nº 13.039, reemplazado por el artículo 238 de la Ley Nº 16.617, después del punto final una frase que diga: "Con todo, las personas mayores de 50 años, que prueben su residencia de 25 o más años en la zona, quedarán exentas de la obligación de probar las rentas a que se refiere este inciso".
Este artículo tiende a dar una facilidad ya que se supone que una persona que ha vivido por ese plazo en dichas zonas ha generado rentas suficientes para adquirir el menaje y vehículo que puede acoger a su solicitud de liberación.
Por otra parte el artículo sustituido no puede aceptarse ya que fracciona los ingresos fiscales, dificultando la aplicación de una política general de gastos e inversiones, y dispersa el control de los recursos del país.
Artículo 4º.-Para suprimirlo.
No se justifica otorgar una franquicia de esta naturaleza a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes por cuanto les daría un privilegio de que no gaza el resto del país. Además, se ocasiona perjuicio a los intereses fiscales ya que existe una planta elaboradora de azúcar en la ciudad de Puerto Montt, de propiedad de IANSA y ésta envía parte de su producción a las referidas zonas.
Artículo 5º.-Para suprimirlo.
Este artículo al aumentar en un 4%0 la tasa de contribuciones de los bienes raíces del Departamento de Ultima Esperanza, de la Provincia de Magallanes, crea una nueva tasa, diferente al 20%0 que en la actualidad se aplica como única a todos los predios del país, originando problemas de tipo administrativo para el cobro del impuesto por los medios mecanizados. Además la creación de impuestos con destino específico produce rigidez al presupuesto por cuanto el Gobierno no puede destinarlos a financiar inversiones que en su concepto tengan mayor prioridad.
Artículo 7º.- Intercalar en el primer inciso entre la coma (,) que sigue a la palabra "dueños" y las palabras "sin pago de gravámenes" las palabras "dentro de las Provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes".
Esta disposición tiende a permitir que los dueños de taxis internados en esas zonas puedan renovar sus vehículos al cabo de un tiempo prudencial, vale decir, después de un desempeño ininterrumpido en el servicio público durante cinco años. Se agrega que por las inclemencias del clima y el estado de los caminos los automóviles suelen durar mucho menos que en el resto del país.
Tanto la indicación como los fundamentos que sirvieron de base para ella se contraponen con la posición adoptada por la ciudadanía de Magallanes, cuando se gestionó la modificación de la letra d) del Artículo 39 de la Ordenanza de Aduanas que concede a la Honorable Junta General de Aduanas facultad para otorgar la libre disposición sin pago de derechos o con derechos rebajados para mercancías internadas bajo régimen de franquicias. En esta modificación se fijó que dicha facultad podía ser ejercida por la Honorable Corporación para los vehículos una vez transcurridos los quince años de su nacionalización en la zona.
La razón de esta petición fue clara y precisa en el sentido de formar un mercado de vehículos de segunda mano al que tuviesen acceso personas de recursos económicos diferentes a aquellos que podían financiar una importación directa. En consecuencia, sólo puede aceptarse la indicación propuesta si se limita a que la enajenación sólo pueda efectuarse dentro de la provincia de Chiloé, Aisén y Magallanes.
De no hacerse así llegarían al centro del país, sin limitación, vehículos provenientes de estas zonas y al margen de la regulación que la Junta de Aduanas debe hacer en forma calificada para autorizar la libre disposición.
Artículo 8º.-Para suprimirlo.
El Supremo Gobierno no está de acuerdo en asimilar la asignación de zona que percibe el personal de ENDESA, al régimen tributario vigente para las asignaciones del sector público, es decir, dejándolas exentas de los impuestos de 2º Categoría y Global Complementario, en atención a que se trata de una empresa del sector privado, lo que podría sentar un peligroso precedente para que en lo futuro otros sectores pretendan también lo mismo, y además porque esto podría abrir la posibilidad de que parte importante de sueldos, salarios u otras remuneraciones escapen a la tributación al ser canceladas en carácter de "asignaciones de zona" o "viáticos".
Artículo 9º.-Sustituirlo por el siguiente:
"Artículo: Agrégase el siguiente inciso 5º al artículo 3º del D.F.L. " Nº 2, de 1959: "Si los grupos o conjuntos habitacionales a que se refieren los dos incisos precedentes se encuentran situados en zonas declaradas comerciales por las ordenanzas locales o por los planes reguladores comunales o intercomunales, se permitirá que se excedan los " porcentajes indicados en los dos incisos citados, respecto a locales des" tinados a establecimientos comerciales, servicios públicos o de beneficio "común, siempre que estas destinaciones no excedan del 50% del total " de la superficie edificada".
Se propone la sustitución que se indica, tanto porque no se considera justificada la discriminación que se hace en relación con la provincia a que se refiere el proyecto, pues el problema se hace general en todo el país, como se indicara, como porque, la política habitacional actual contempla dotar a los conjuntos habitacionales de los espacios y edificios que provean los servicios comunitarios en función del número de habitantes a que sirvan y no con respecto al predio donde si sitúe el conjunto habitacional sino con respecto al barrio o vecindario que lo circunda. Por otra parte hay que tener presente que, en la realidad, las limitaciones existentes no se compadecen con la presión que se ejerce en algunos puntos de las ciudades, las comerciales, en las cuales, al cabo de poco tiempo y muchas veces mediante trucos, se cambia paulatinamente el destino habitacional de las viviendas en fines netamente comerciales.
Artículo 10.Para suprimir en el inciso 1° la frase final "en las áreas de remodelación urbana que determine el Plan Regulador de Punta Arenas y en las áreas urbanas del resto de la provincia de Magallanes que determine el Presidente de la República."
Se propone la supresión que se indica porque tampoco se considera justificada la discriminación que se hace en relación con la provincia a que se refiere el proyecto, ya que los créditos a que se alude, destinados a los empresarios de menores recursos son válidos para los de todo el país. Salvo la observación indicada, el proyecto aparece conveniente ya que deja en manos de la Corporación de la Vivienda otorgar los plazos de pago y construcción (ya que sólo se señalan plazos máximos) según sean las circunstancias y dejan en general, un margen de un año entre el plazo de la construcción y el del plazo de la deuda, que corresponde a un período lógico de comercialización.
Por lo demás, estos créditos se otorgan y se pagan en cuotas de ahorro para la vivienda.
Artículo 11.- Suprimirlo.
La disposición que se pretende intercalar al artículo 88 del D.F.L. 338, de 1960, en favor de los empleados públicos que residan en las provincias de Aisén y Magallanes merece las siguientes observaciones:
a) El inciso 5º del artículo 88 del citado DFL. contempla actualmente una situación especial para dicho personal, otorgándoles una ampliación de cinco días hábiles para su feriado en el caso de que se trasladen a disfrutar de su beneficio a una provincia distinta a las mencionadas.
b) De aplicarse por tanto, la disposición que se pretende incluir, este personal tendría derecho por regla general a veinticinco días hábiles de feriado, (tratándose de funcionarios con menos de quince años dé servicios), el que podría ser usualmente ampliado a treinta días para el caso previsto en la letra anterior. Ahora bien, en los casos de funcionarios con más años de servicios, dicho feriado podría alcanzar a treinta y cinco y cuarenta días hábiles, según los años de servicios del respectivo empleado.
Lo anterior es extraordinariamente excesivo y constituye un privilegio que posteriormente tratarían de alcanzar los empleados de otras zonas del país.
c) La posibilidad de acumular el feriado, concedido en los términos antes indicados, no constituye una novedad, ya que se encuentra regulado en el inciso segundo del artículo 89 del Estatuto Administrativo, situación que favorece también al actual sistema especial que rige para los empleados de Aisén y Magallanes y de que se ha dado cuenta en la letra a) de este fundamento.
Artículo 13.- Sustituir las modificaciones que este artículo introduce a la ley Nº 6.152 y agregar a ésta, un nuevo artículo en la forma siguiente:
a) Sustituir el Nº 4 del artículo 23, por el siguiente: "La sentencia definitiva que acoja la petición de restitución del inmueble pedida por el Fisco, sólo será apelable en el efecto devolutivo."
Con esta nueva redacción se quiere evitar que la sentencia que acoge la petición del Fisco de restituir el inmueble sea retardada en su cumplimiento por un recurso de apelación concedido en ambos efectos. Abona esta conclusión, la circunstancia de existir un fallo judicial que reconoce el derecho pretendido por el Fisco.
b) Agregar la siguiente frase al inciso 3º del artículo 25, a continuación de la palabra "inmueble" reemplazando el punto (.) por una coma (,) "en especial, en el caso que se acoja provisionalmente la demanda en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil.".
En esta forma queda claramente establecido que el Fisco pueda solicitar la restitución del inmueble sin que esta petición pueda ser enervada por el demandado.
c) Agregar un artículo del siguiente tenor:
"En lo no previsto por esta ley se aplicarán las normas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 751 y 752 del mismo cuerpo legal.".
Con esta disposición se disipa toda duda respecto del procedimiento que se aplica á esta contienda y se deja en claro que se trata de un juicio de Hacienda.
Artículo 15.- Suprimirlo.
La autorización que se ha cursado para el funcionamiento en la ciudad de Iquique de una Zona Franca consistente en recintos y almacenes de depósitos de mercancías extranjeras, ha sido condicionada a que se evitara la proliferación de zonas similares en otras partes del país.
Ahora ante la posibilidad que se cree una nueva zona, debe destacarse el peligro de su aprobación. En efecto, el funcionamiento de la Zona Franca en Iquique, está considerado como un experimento en la aplicación en Chile de un régimen que hasta la fecha no había existido, y por tanto, su puesta en marcha nos indicará su real magnitud e importancia.
Por otra parte la ubicación geográfica de Punta Arenas no es la más adecuada, comparativamente, para una Zona Franca en esa región, por la falta de suficientes medios de locomoción prácticos y rápidos para la distribución de las mercaderías en el resto del país o para otros países. Iquique no presenta este inconveniente por su cercanía con tres países limítrofes de Chile, además de contar con redes camineras excelentes, puerto mecanizado, clima, etc., que favorecen sus pretensiones.
El estudio previo que se ha realizado para establecer este sistema en Iquique permite asegurar que el país carece de los antecedentes concretos y precisos que avalen los resultados exitosos de esta experiencia, y lleva a la conclusión que el enfrentamiento que tendrán los diferentes servicios de la Administración Pública con los problemas y soluciones que le corresponderá determinar para su funcionamiento, es suficiente, por ahora para el país, la Zona Franca de Iquique.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo....- Agrégase al artículo 35 de la ley 13.039, reemplazado por el artículo 238 de la ley 16.617, a continuación del inciso 9? después del punto aparte, lo siguiente:
"Para el personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros la rebaja adicional por cada año o fracción superior a seis meses será de un veinte por ciento, pero la rebaja por este concepto no podrá exceder de un cuarenta por ciento."
Esta modificación que se introduce, tiende a favorecer específicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que por razones de seguridad nacional hacen que sea imprescindible que dicho personal tenga una acabada preparación en la parte austral de nuestro territorio y, por lo riguroso del clima, algún personal debe ser relevado cada dos o tres años como máximo, toda vez que servicios, ejercicios y campañas en zonas inhóspitas, hacen aconsejable tal medida.
En virtud de la actual legislación queda este personal en un pie de desigualdad en relación con el resto de los funcionarios de la Administración Pública y que goza de una mayor estabilidad en lo que se refiere a destinaciones.
El Supremo Gobierno después de un acabado estudio de la materia ha estimado que con la modificación propuesta se produce la nivelación arancelaria que coloca a estos servidores del Estado en igualdad de condiciones con el resto de la Administración Pública, dándoles un incentivo a quienes deben servir en dicha zona por menor tiempo y por imperiosas necesidades de la seguridad nacional.
En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 de la
Constitución Política del Estado, devuelvo a V. E. el mencionado proyecto de ley.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Andrés Zaldívar Larraín."


9

INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DEFENSA NACIONAL UNIDAS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA MODIFICAR LAS DISPOSICIONESRELATIVAS A REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional Unidas tienen el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
A las sesiones en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de vuestras Comisiones, los Honorables Senadores, señores Altamirano, Fuentealba, Gumucio, Hamilton, Irureta, Isla Lorca, Morales, Montes, Noemi, Olguín, Pablo, Reyes, Rodríguez, Tarud, Valente y Valenzuela; los Diputados señora Allende y señor Monares; los señores Ministros de Hacienda, don Andrés Zaldívar, de Defensa Nacional, don Sergio Ossa, y de Minería, don Alejandro Hales; los señores Subsecretarios de Guerra, don Carlos Gardeweg, de Marina, don Sergio Aguirre, y de Aviación, don Aquiles Savagnac, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, señor Fernando Castro Alamos.
Además se celebró una sesión secreta con los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: del Ejército, General don Rene Schneider, de la Armada, Almirante Fernando Porta, y de la Aviación, General don Carlos Guerraty.
Asimismo, se escucharon exposiciones de los señores Milenko Mihovilovic, Raúl Ocampo y Manuel Viveros, en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, Carlos Valdés, Miguel Ramírez y Osvaldo Valdés, por el Consejo Superior del personal en retiro y montepíos de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y la Confederación del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y Eduardo Dagnino, por la Cámara de Comercio de Chile.


I.- DISCUSIÓN GENERAL

1.- Remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo) de Carabineros y del Servicio de Investigaciones.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que existe consenso unánime de que las actuales remuneraciones de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Carabineros y de Investigaciones, no se compadecen con las funciones específicas que desempeñan, como lo demuestran los cuadros I, II y III respecto de las Fuerzas Armadas, no obstante la constante preocupación que ha tenido el Supremo Gobierno por racionalizarlas y mejorarlas, como se expresa en el cuadro IV. Respecto de los sobresueldos hay que comparar el cuadro Nº II, que establece los actualmente vigentes, con el cuadro Nº V, que reproduce los beneficios económicos existentes al 1? de enero de 1964.
En seguida, señaló que es conveniente recalcar la especificidad que tienen los institutos armados, la que obliga a analizar la materia en estudio con plena independencia y sin relación alguna con los otros organismos de la administración del Estado. En efecto, las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional y una profesionalización interna que no se asemeja a ningún otro organismo.
Luego, declaró que deseaba dejar en claro que el hecho de que el proyecto esté concebido en término de otorgar facultades al Ejecutivo no significa que no se haya estudiad/) el problema. Por el contrario, dichos estudios se iniciaron hace bastante tiempo, con la participación de los señores Comandantes en Jefe, Ministro de Hacienda y ex Ministro de Defensa Nacional. Sin embargo, la variedad y complejidad del sistema de remuneraciones del mencionado personal impide la dictación de una ley directa sobre la materia.
Agregó que desde el momento en que se hizo cargo de la Cartera de Defensa Nacional, su preocupación exclusiva ha sido el estudio de la materia en debate, con los señores Comandantes en Jefe respecto del personal activo y con el señor Vicepresidente de la Caja d la Defensa Nacional en relación con los sectores pasivos, teniendo siempre presente que la situación de ambos sectores no puede ser tratada en forma independiente.
Agregó que el artículo 1° fue enmendado, a proposición del Ejecutivo, en la Honorable Cámara de Diputados, con el objeto de que sus disposiciones tradujeran claramente la intención del Ejecutivo. Fue así como se incluyeron las normas signadas con los Nºs. 1º y 2º de dicho precepto y que se refieren a la garantía que se establece para los personales señalados en el inciso primero de la norma, en el sentido de que el ejercicio de las facultades no significará la disminución de sus actuales remuneraciones y que en su aplicación deberá considerarse especialmente el mejoramiento de los grados cuyas rentas están más deterioradas.
Respecto de este último punto, explicó que el actual sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas tiene distorsiones que producen como efecto que algunos sectores, especialmente los llamados mandos medios y algunos grados de la suboficialidad, se encuentren más deteriorados que otros. Por ello, hay consenso en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y en sus respectivos Comandantes en Jefe, de que no es posible mejorar sus remuneraciones con un criterio parejo y uniforme, que beneficie en la misma medida a todo el personal.
El Nº 3º del citado artículo, dijo en seguida el señor Ministro de Defensa Nacional, se refiere al aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servició activo, aumento que se efectuará en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972.
Debido al aumento gradual referido, el Nº 4º del precepto dispone que en todo caso el reajuste de las pensiones por el año en curso no podrá ser inferior al incremento del índice de precios al consumidor. Igual resguardo establece respecto del personal en servicio activo, ya que el aumento no va a ser uniforme.
Agregó que era indispensable establecer un aumento gradual de las pensiones, porque en caso contrario la mayor parte de los recursos que se destinen al incremento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas financiaría el aumento de éstas.
En efecto, como lo demuestra el cuadro Nº VI, la mayor parte del personal retirado se acumula en los grados altos.
Por ello, en el año 1969 se pagará Eº 952 millones por concepto de remuneraciones al sector atetivo y Eº 888 millones por concepto de pensiones al pasivo, siendo la relación del número de personas de ambos grupos de 1 a 1, aunque en este último hay personas que no tienen derecho a pensión completa. En efecto, en el sector pasivo se distinguen tres grupos principales: los con más de 30 años computables para el retiro, que son aproximadamente 19.000 personas en las Fuerzas Armadas y que tienen derecho a prácticamente todas las remuneraciones del cuadro Nº I; los con más de 20 años y menos de 30 años computables para el retiro, que en las Fuerzas Armadas son aproximadamente 12.000 personas, que sólo perciben como pensión las remuneraciones indicadas en las tres primeras columnas del mismo cuadro y en proporción a sus años de servicios; y con más de 10 años y menos de 20, que en las Fuerzas Armadas son aproximadamente 8.000 personas cuyas pensiones fueron calculadas en los treinta avos respectivos y que están sujetos al sistema de revalorización de las mismas.
Asimismo, hay que tener presente que cuando fallece el causante, sus sucesores sólo tienen derecho al 75% de la pensión respectiva y, en algunos casos, sólo al 50% de ella.
En consecuencia, dadas las características del personal pasivo, demostrada a través del ejemplo de las Fuerzas Armadas, sería lógico pensar que el gasto en pensiones es muy inferior al que corresponde a remuneraciones del sector activo. A pesar de ello y por la concentración del personal del primer grupo en los grados altos, como lo demuestra el cuadro Nº VI, ambos gastos son aproximadamente iguales.
Por los motivos expresados, añadió el señor Ministro de Defensa Nacional, el sistema de aumento gradual de las pensiones es indispensable para que el proyecto cumpla con sus finalidades esenciales.
En relación a este punto, el señor Ministro de Hacienda dijo que el artículo 15 del proyecto limitaba las facultades que se otorgaban al Ejecutivo, porque obligaba a éste a entregar mayores beneficios al sector pasivo que al activo, lo que hace imposible cumplir con la política del Gobierno. En efecto, si el mencionado precepto se interpreta en el sentido de que habría que traspasar todos los beneficios que se otorgarán al personal en servicio activo a los pensionados, habría casos en que el reajuste obtenido por éstos últimos podrían ser el doble o más del que perciban los primeros, porque se obliga así al Ejecutivo a otorgar a todo este último personal la asignación profesional del 55% o quinquenios completos, a pesar de que algunos de ellos se han retirado con mucho menos de 30 años de servicios o en ciertas situaciones especiales. De ahí que traspasar mecánicamente los mismos beneficios, indiscriminadamente a los sectores pasivos, limitaría la posibilidad de otorgar un real aumento al personal activo, que es el que debe recibir una solución más inmediata, sin perjuicio de que se garantice a los retirados una solución en términos progresivos, como ya se ha hecho en otros casos.
En relación al Nº 5, el señor Ministro de Defensa manifestó que se fijaba un plazo para el ejercicio de una facultad que tenía el Presidente de la República respecto de los profesores civiles de las Fuerzas Armadas.
En cuanto al Nº 6º, dijo que dicha norma establece el plazo dentro del cual deberán dictarse los D.F.L. Agregó que una enmienda que introdujo la Sala de la Honorable Cámara de Diputados desvirtuó el espíritu del proyecto del Ejecutivo. En efecto, se suprimió la norma que establecía que las nuevas remuneraciones regirían a contar del 1° de enero de 1970. Este acuerdo puede producir una postergación de la fecha en que comenzarán a regir las nuevas escalas, si la tramitación del proyecto y la fecha de dictación de los citados Decretos se prolongan de modo que sean dictados con posterioridad a la mencionada fecha. Por tal motivo, solicitó a las Comisiones el restablecimiento de la disposición primitiva.
En seguida, manifestó que el artículo 2º se refiere a las remuneraciones del personal del Cuerpo de Carabineros y del Servicio de Investigaciones. Añadió que Carabineros ha tenido hasta ahora una escala similar a las de las Fuerzas Armadas y que lo novedoso de la norma es la incorporación del personal de Investigaciones.
Por último, el señor Ministro de Defensa Nacional manifestó que el Ejecutivo ha dictado cinco D.F.L. en cumplimiento de lo dispuesto en la ley Nº 16.840. El D.F.L. Nº 1 contiene un estatuto que regula el sistema dé ingreso, retiro, plantas, etc., de las Fuerzas Armadas, normalizando y racionalizando todo el sistema.
El D. F. L. Nº 2 se dictó para el Cuerpo de Carabineros.
Por el D. F. L. Nº 3 se aumentaron las diversas remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. La bonificación profesional subió de un 30% a un 50% y, a partir de 1° de septiembre de este año, a un 55%.
En el Ejercito, casi el 25% del personal percibe bonificaciones especiales, hecho que no existía anteriormente y cuyo detalle está en el cuadro Nº II.
En la Armada, se aumentó la gratificación de embarcado y, entre ellos, se distinguió entre el personal de la Escuadra y el resto.
En el D. F. L. Nº 4, se regularizó el Fondo de Revalorización de Pensiones, dándosele una nueva estructura e incrementándosele sus recursos.
El D. F. L. Nº 5 modificó todo el sistema de plantas del personal de Sanidad de las Fuerzas Armadas, incluyendo al paramédico.
Todas estas medidas significaron en total, durante el año 1968, un
aumento de los ingresos del personal de las Fuerzas Armadas equivalente a un 40%.
Simultáneamente con ello, se aumentó la asignación de rancho, que era de Eº 70, a un tercio de sueldo vital, como también la asignación de casa.
A continuación, el señor Ministro de Hacienda expresó que para determinar el gasto del proyecto era necesario confeccionar una escala que dé real solución a los problemas de las Fuerzas Armadas. El costo dependerá de cuál sea la alternativa que se escoja, siendo algunos de los elementos del problema, por ejemplo, los quinquenios del personal pasivo, que tienen distintos tratamientos legales; la bonificación profesional creada por el Gobierno, que asciende al 55% de las remuneraciones, que no es imponible y que sólo es percibida por el personal en servicio activo y por el que se retira con más de 30 años de servicios computables para el mismo; la asignación especial de casa, que varía según el grado del beneficiado, la asignación de rancho, etc.
En relación a las diversas alternativas de nuevas escalas, el señor Ministro de Hacienda expresó que una de ellas sería refundir los diversos rubros de remuneración en un sueldo único, eliminando todo tipo de asignaciones, con excepción de la de rancho. El costo aproximado y meramente estimativo de esta solución, incluyendo en elía al sector pasivo, con aumentos graduales e incluido el reajuste general, no podría ser inferior a Eº 850 millones.
Al respecto, el señor Ministro de Defensa Nacional hizo presente que sobre la base de dicha cantidad no podría establecerse el porcentaje de aumento de las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, porque el promedio no tiene sentido, atendido que el Gobierno y los señores Comandantes en Jefe están estudiando las rentas grado a grado y, por lo tanto, la fijación de las nuevas remuneraciones se hará de acuerdo al deterioro de la respectiva remuneración.
La segunda alternativa, manifestó el señor Ministro de Hacienda, es la de formar un sueldo único, con exclusión de la asignación de rancho y manteniendo el sistema de quinquenios. Esta alternativa tiene como consecuencia que el sueldo base es menor que en el caso de la primera, pero su resultado final es más o menos equivalente porque con los quinquenios se completaría la remuneración que se quiere establecer. El costo de ella no está determinado, porque existen problemas con los pensionados que tienen quinquenios parciales, pero, en todo caso, sería superior al de la anterior.
La tercera alternativa, añadió, es la de fijar un sueldo base con quinquenios aparte y con una bonificación proporcional también diferenciada, quedando la asignación de rancho siempre independiente. Esta alternativa tendría de positivo que no se incrementa el gasto por el traspaso íntegro de la asignación profesional a todo el personal pasivo con menos de 30 años de servicio. Su costo es intermedio entre las dos soluciones anteriores.


CUADRO Nº 1

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Nota.- En los 1.619 cargos de planta correspondientes al Grado 3º están incluidos los Subtenientes Grado 6º.


2.- Financiamiento del proyecto.

El señor Ministro de Hacienda expresó que el Ejecutivo, al iniciar el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e Investigaciones, propuso un financiamiento cuyo rendimiento no se sabe si cubre el costo que significa fijar en un monto mayor las remuneraciones de los mencionados personales. Por tal motivo, en el Mensaje se expone que el financiamiento adicional que pudiera llegar a requerirse para cubrir el gasto, debería consultarse tanto en el proyecto de ley de presupuestos, en el ítem correspondiente a reajuste de remuneraciones, como en la ley general de reajuste. Respecto de la ley de presupuestos es obvio que los recursos que se establezcan para reajustes del Sector Público, una parte deberá destinarse a pagar las remuneraciones del personal beneficiado por el proyecto.
Agregó que existe incertidumbre respecto de los recursos que se necesitan, porque si bien los estudios sobre la materia se encuentran afinados en cuanto a las bases sobre las cuales se fijarán las nuevas remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el proyecto, no están definidas las escalas o niveles reales a que llegarán cada uno de los grados de las Fuerzas Armadas, escalas o niveles que en definitiva determinarán el verdadero costo de las nuevas rentas del citado personal.
El financiamiento propuesto por el Ejecutivo, agregó, consistía en el establecimiento de un impuesto con una tasa del 50% sobre el exceso de utilidades que hubieren obtenido los Bancos Comerciales en relación con el balance de 1968, calculadas en términos reales, que produciría un millón de escudos. En el mantenimiento del impuesto extraordinario aplicado en el año en curso sobre los bienes raíces de las zonas no afectadas por la sequía y que alcanza a un 2 por mil del avalúo fiscal, lo que rendiría unos 47 millones de escudos, y en aumentar ciertas tasas del impuesto a la compraventa, de un 14% a un 16% la tasa sobre los consumos de los bienes que se expenden en restaurantes, clubes sociales y hoteles de primera clase, de un 23% a un 25% la que recae sobre artículos suntuarios, todo lo cual produciría un rendimiento del orden de los E 30 millones.
También se proponía aumentar de un 10% a un 15% la tasa del impuesto a la compraventa de divisas para viajes y otros objetos que no sean la importación de bienes, cuyo rendimiento se ha estimado en Eº 25 millones; recargar en un 20% las tasas fijas de la ley de timbres, estampillas y papel sellado, expresadas en porcentajes, con un rendimiento de Eº 60 millones, y cubrir el impuesto de timbres de la transferencia de bienes raíces, de un 4% a un 6%, que tiene un rendimiento estimado de Eº 30 millones.
Por otra parte, se proponía llevar el impuesto a la transferencia del gas licuado a la base, o sea, obligar que su producto sea retenido por las empresas productoras. Ello produce un mayor rendimiento del orden de los Eº 10 millones, porque el impuesto se pagaría sobre el total del gas despachado por las empresas productoras, eliminándose así la pérdida que para el Fisco se produce al aplicarse el impuesto por distribuidores medianos o pequeños y al permitirse una mejor fiscalización del mismo.
En seguida, se proponía aumentar la tasa del impuesto a la renta de segunda categoría respecto de las personas que ganan rentas en monedas extranjeras, de un 3,5% a un 8,5%, con un rendimiento de Eº 11 millones; aumentar la tasa del impuesto a la renta de segunda categoría que pagan los Directores de Sociedades Anónimas, de un 20% a un 30%, con un rendimiento de Eº 5 millones, y establecer un impuesto de Eº 200 a los viajes a los países limítrofes, lo que produciría Eº 8 millones.
En consecuencia, el financiamiento propuesto por el Ejecutivo a la Honorable Cámara de Diputados era de Eº 227 millones.
La Cámara de origen suprimió el impuesto a los viajes y el aumento de las tasas fijas de la ley de timbres, estampillas y papel sellado, o sea, rebajó en Eº 68 millones el financiamiento del Gobierno, con lo cual el rendimiento de los tributos propuestos por éste asciende a Eº 159 millones.
Por otra parte, la mencionada Cámara agregó los siguientes financiamientos:
a) Modificó el tributo a las utilidades de los Bancos, en primer término, extendiéndolos a las Compañías de Seguros, y en segundo lugar, aplicándolos a las diferencias de utilidades entre los años 1968 y 1969, sin considerarlas en términos reales.
b) Con estas dos modificaciones el rendimiento del impuesto aumenta a Eº 12 millones.
Agregó el artículo 59 del proyecto, que destina Eº 100 millones anuales con cargo al ingreso fiscal que percibe el Estado por su participación en las Sociedades Mixtas, es decir, las de la Gran Minería del Cobre.
c) Estableció un impuesto del 10% a las remesas en dólares o en otras monedas extranjeras por concepto de regalías, royalties o pagos por asesorías técnicas que perciban empresas extranjeras, que produce Eº 10 millones.
d) Estableció un recargo de un 20% a los impuestos girados a aquellas personas que tuvieren rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, con un rendimiento de Eº 75 millones.
Los rendimientos de ambos proyectos se aprecian en el cuadro Nº VIL

CUADRO VII

Rendimiento del Proyecto en millones de escudos
Referencias hechas al articulado del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados.


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En relación a financiar el proyecto con fondos del cobre, el señor Ministro de Hacienda manifestó, en primer lugar, que no pueden destinarse ingresos que no son permanentes a financiar gastos que sí lo son. Asimismo, que no puede recurrirse a ingresos que se obtienen en moneda dura para financiar gastos en escudos, porque ello plantea de inmediato el problema de la convertibilidad de los dólares a moneda nacional, convertibilidad que debe efectuarse ampliando la lista de importaciones para que esta transformación no tenga el efecto de una, emisión de moneda.
En seguida dijo que, tal cual está redactado el precepto, se hace referencia a diversas clases de ingresos fiscales, e incluso se estarían cercenando los ingresos que la Ley del Cobre destina a objetos específicos.
El señor Ministro de Minería, refiriéndose a esta disposición, la calificó de vaga y general.
En efecto, el Fisco percibe recursos del cobre por tres capítulos:

por concepto de impuesto a la renta o adicional en su caso; por utilidades de la Corporación del Cobre en razón de su calidad de socio en las dísintas pertenencias, y por sobreprecio.
Agregó que la política gubernativa, así como la voluntad manifestada por todos los sectores del país, es que si se obtienen ingresos extraordinarios por el cobre, ellos no deben ser destinados a financiar aumentos de sueldos, sino que a atender compromisos en moneda extranjera de la Corporación del Cobre y a financiar la continuación y complementación de sus planes de expansión.
Al respecto hizo presente que se ha calculado que los ingresos extraordinarios serán suficientes para solventar los compromisos y planes de desarrollo del Cobre y que, probablemente, los excederán. Estos excedentes serán usados en planes de desarrollo que están siendo estudiados por un organismo coordinador de los Ministerios de Hacienda y Minería, de las Corporaciones del Cobre y de Fomento de la Producción y del Banco Central de Chile. La intención es comprometer para los años futuros los mayores ingresos a percibir por concepto de sobreprecio y de mayor participación en un programa nacional que asegure una alta tasa de desarrollo.
En respuesta a consultas formuladas por diversos señores Senadores sobre los ingresos, producción y destinación de los recursos del Cobre, se acompaña el cuadro VIII.


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b) La probable producción fiscal de la Gran Minería del Cobre en 1970, se calculará en 1.400.000 de £.
Al respecto se señala que el aumento de producción programado en los planes de expansión que debería empezar a fines de 1971, empezará a producir sus efectos a fines del año 1970.

c) En relación a los posibles ingresos de las personas distintas al Fisco que participan en la Gran Minería del Cobre y, considerando las mismas bases señaladas en los números anteriores, la situación es la siguiente:
La Compañía del Cobre El Salvador (ex Andes) sobre una renta total de 44,1 millones de dólares, al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 7,6 millones de dólares.
La Compañía del Cobre de Chuquicamata (ex Chilex), sobre una renta total de 185,5 millones de dólares al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 32,2 millones de dólares.
3) Sociedad Minera El Teniente, sobre una renta total de 126,9
millones de dólares, al accionista poseedor del 49% le corresponde la utilidad neta de 27,4 millones de dólares.
d) Distribución de Ingresos ley 16.624.

(Impuesto renta Impuesto adicional y Excedente Presupuesto Especial Codelco).






En relación al impuesto a las regalías, el señor Ministro de Hacienda manifestó que la disposición, tal como estaba contenida en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, era ilusoria, porque si bien iba a producir cierto rendimiento, al mismo tiempo haría un impacto en los costos y, en consecuencia, en los precios respectivos, puesto que había tecnología que el país deba comprar y que quien efectuara tal negociación, ante un impuesto de este tipo, recargaría el precio de sus servicios en el mismo monto del tributo que se establece. Agregó que el Ejecutivo estaría de acuerdo en gravar los royalties, regalías, o marcas que no sean absolutamente necesarios para la producción del país. De enmendarse el precepto en este sentido, el impuesto tendría un rendimiento de sólo Eº 3 millones.
Sobre el recargo del 20% a los impuestos girados para aquellas personas que tuvieren una renta imponible superior a 20 sueldos vitales, manifestó que la disposición no estaba claramente redactada; que las tasas vigentes del impuesto global complementario son ya bastante altas en términos progresivos, y que el Ministerio a su cargo no tiene estudios para determinar cuál sería el efecto real que este tributo produciría respecto de las personas afectadas.
En relación a los recursos que la ley de Presupuestos destina para reajustes generales de la Administración Pública y, en consecuencia, para las Fuerzas Armadas, el señor Ministro de Hacienda expresó que según lo estimado el 31 de agosto, fecha de remisión del proyecto al Congreso, se trataría de una suma cercana a los mil seiscientos millones de escudos, aparte de las cantidades destinadas a reajustes especiales del Magisterio y de las Fuerzas Armadas, que representan un gasto adicional de doscientos millones de escudos.
En seguida, dijo que en todo caso el mencionado ítem es insuficiente para financiar el reajuste. De ahí que pueda estimarse su monto en una cifra cercana a los dos mil quinientos millones de escudos, suma en la que no está contenida la destinada al reajuste especial que se concederá a las Fuerzas Armadas por medio del proyecto en debate.
Ahora bien, prosiguió el Ministro de Hacienda, es posible estimar la cantidad a financiar, derivada ya sea del reajuste general y del que se otorga en esta ley, en una suma cercana a los Eº 1.400.000.000. En este cálculo se consideran los recursos ya existentes, los que deberán suplementarse para financiar los reajustes y aumentos citados.
El desfinanciamiento se produce a pesar de que los ingresos presupuestarios del Fisco se reajustan en una cantidad equivalente a los aumentos anuales de sus servidores. Ello se debe a tres partidas principales: la primera de ellas, es el problema previsional, cuyo gasto aumenta mucho más allá del incremento del índice de precios al consumidor, ya que la masa de pensionados crece anualmente en un 10%, lo que traducido a moneda constante implica un mayor gasto de Eº 327.000.000 para el próximo año. El segundo rubro de importancia es la amortización de la deuda externa que debe cumplirse en el año 1970, que se incrementa en US$ 43.000.000, lo que significa aproximadamente un mayor gasto de Eº 430.000.000. Esta mayor amortización tiene por causa el hecho de que en 1970 comienzan los primeros vencimientos de los préstamos a largo plazo obtenidos en 1960 con motivo del terremoto; por darse cumplimiento a la renegociación llevada a cabo por este Gobierno de la deuda externa; por los pagos de los créditos a corto plazo que han contraído algunas instituciones, como LAN-Chile para renovar su flota, etcétera, por lo que debe considerarse un mayor gasto de Eº 300.000.000. La tercera partida que produce desfinanciamiento es el crecimiento vegetativo de la actividad del Estado. En efecto, debe considerarse el fuerte aumento de las matrículas, con un gasto de Eº 100.000.000; el crecimiento de los asentamientos, con un costo de Eº 50.000.000; el aumento de los gastos en Salud Pública por una cantidad aproximada a los Eº 100.000.000.
Luego, el señor Ministro de Hacienda expresó que el Ejecutivo tenía facultades para proponer el aumento del ítem de reajustes de la ley de Presupuestos, y que él no podría efectuarse modificando el Cálculo de Entradas, como por ejemplo, aumentando la estimación del precio del cobre de 48 a 52 centavos de dólar la Libra, si se tiene en consideración la conservadora tendencia del mercado de productores de Estados Unidos.
Asimismo, pueden incrementarse los ingresos del impuesto a la renta, ya que los resultados del año tributario de 1969 se van a tener próxima mente. En igual forma puede procederse en otras cuentas del cálculo de ingresos.	
Por último, expresó que las facultades que se concedían al Gobierno estaban limitadas por los recursos que se aprobaran con el objeto de financiarlas, pero que el Gobierno iba a pedir los fondos necesarios, ya sea en este proyecto, en el de Presupuesto o en el general de reajustes.
3.- Fundamentos de voto.
Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, aprobaron en general el proyecto.
El Honorable Senador señor Jerez, fundamentando su voto, expresó que los Partidos y Movimientos que forman la Unidad Popular votarán favorablemente la idea de legislar sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque están de acuerdo en que es indispensable solucionar esta parte del problema que afecta a los mencionados institutos, aunque él se relaciona también a otras materias.
Agregó que ello no significaba que apoyara las facultades que se otorgaban al Presidente de la Eepública por lo que en la discusión particular votaría en contra de ciertas disposiciones y formularía indicaciones para mejorar la iniciativa de ley en debate.
El Honorable Senador señor Ochagavía manifestó que su Partido ha venido advirtiendo desde hace varios años que el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas requería de la atención preferente del Gobierno, pero que éste había reaccionado frente a una declaración pública de la Comisión Política del mismo en el sentido de ver en ella una actitud sediciosa y encarcelando a sus dirigentes máximos, los que posteriormente fueron exonerados de toda responsabilidad por la justicia.
Puntualizó que debían solucionarse todos los problemas de las Fuerzas Armadas, no sólo aquéllos que podían estimarse en un plano gremial, sino también los relativos a los aspectos profesionales de las mismas.
Agregó que con ocasión de los sucesos del 21 de octubre nuevamente se pretendió por el Gobierno y los Partidos marxistas envolver a su colectividad en un acto sedicioso. Afortunadamente los hechos han demostrado la realidad, o sea, que dichos acontecimientos no tuvieron ninguna concomitancia política y que se trataba de un problema exclusivamente gremial.
Luego, hizo presente la responsabilidad del Gobierno en los hechos sucedidos, por cuanto no usó en la forma que le correspondía hacerlo las facultades que le concedió la ley Nº 16.840. Añadió que la experiencia que tanto éste como el país han tenido, significará que el Ejecutivo utilice adecuadamente las facultades que por este proyecto se le dan.
En cuanto a los sectores en retiro, dijo que debían racionalizarse sus rentas y mejorarse las que se encuentran deterioradas. Asimismo, solicitó al Ejecutivo que estudiara la manera de efectuar el pago a los jubilados de manera inmediata.
En relación al financiamiento sostuvo que había que buscar aquéllos que no fueran inflacionistas. Por último, manifestó su oposición al impuesto a los viajes a los países limítrofes respecto de los obreros que viven en la zona que representa y trabajan en la República Argentina.
El Honorable Senador señor Aguirre manifestó que su voto favorable se hacía con la reserva del derecho de formular las indicaciones que su Partido estime convenientes para mejorar el proyecto.
Señaló que con ocasión de la aprobación de la anterior ley de facultades, el Ejecutivo dio un tratamiento inferior al sector pasivo de las Fuerzas Armadas, situación que es más grave en el caso de los Oficiales Superiores, por lo que el proyecto debía contener los resguardos necesarios para que no se procediera en forma discriminatoria.
Agregó que debían buscarse los recursos suficientes para solucionar integralmente los problemas de las Fuerzas Armadas y de sus sectores pasivos.
El Honorable Senador señor Carmona, en relación con las palabras del Honorable Senador Ochagavía, sostuvo que la declaración de la Comisión Política del Partido Nacional antes citada no tuvo que ver con la situación de las Fuerzas Armadas, sino con una delicada situación internacional que vivió el país.
Hizo presente, asimismo, que le llamaba la atención la actual preocupación de algunos sectores por las Fuerzas Armadas, ya que si se la compara con la que existía antes del actual Gobierno, el saldo resulta ampliamente favorable a la actual Administración.
En efecto, antes sólo tenían reajustes por seis meses y no por todo el año como en la actualidad. En moneda de igual valor, las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas han aumentado considerablemente.
Asimismo, hasta 1964 el desahucio tardaba dos años en pagarse, en cambio ahora, se paga a los 15 días de retirado el funcionario.
Agregó que, por otra parte, se legó a la actual Administración, una situación extremadamente pesada por concepto de diferencias de quinquenios adeudadas al personal en retiro, que ha ido solucionándose paulatinamente.
Por otra parte, la pensión media anual en 1964 era de Eº 3.004,36, que referidos a monedas de 1968 corresponden a Eº 4.174,97. La pensión media anual en 1968 alcanzó a Eº 9.984,68, o sea, aumentó en un 137%.
Dijo que quizás se han cometido errores al actuar a través de mejoramientos porcentuales en lugar de solucionar la complejidad de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, pero que el reconocimiento que se hace en el Mensaje a su profesionalidad y dedicación exclusiva, indica que el nuevo criterio adoptado es el más adecuado.
Por último, hizo presente que los esfuerzos que se han hecho para solucionar los problemas de las Fuerzas Armadas tienen estrecha relación con los procesos de desarrollo y reforma que el país ha afrontado en este último tiempo.
El Honorable Senador señor Chadwick señaló que la idea de legislar cuenta con el apoyo de los Senadores Socialistas Populares porque existe urgencia en modificar las normas existentes sobre la materia, pero que ello no significa concordar con la forma de abordar el problema.
Manifestó que no era partidario de conceder facultades extraordinarias en los términos concebidos en la iniciativa en debate, por ser manifiestamente inconstitucional, ya que otorgar facultades sin ninguna limitación es ir más allá de lo que el propio Parlamento puede hacer al despachar una ley directa.
Por último expresó que había que revisar el financiamiento para cubrir todos los gastos que demanda el proyecto.

II.- DISCUSIÓN PARTICULAR.

El artículo 1º del proyecto autoriza al Presidente de la República para que modifique las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros.
En su inciso segundo, estatuye que la aplicación de la facultad deberá ajustarse a una serie de normas que se indicarán más adelante.
El Honorable Senador señor Montes sostuvo qe hace varios meses se hizo evidente el descontento existente en el seno de las Fuerzas Armadas por sus remuneraciones, y como consecuencia de ello el ex Ministro de Defensa Nacional asumió el compromiso de estudiar la solución del problema. En mayo de este año se comenzó a estudiar el proyecto que resolvería la situación descrita. Pues bien, ahora el Ejecutivo presenta al Congreso Nacional una solicitud de facultades pretextando la complejidad del problema
Agregó que no le parece conveniente este último camino, especialmente si se tiene en consideración el tiempo transcurrido y las exposiciones de los señores Ministros que demuestran que la iniciativa de ley en debate no da una solución clara y definitiva al financiamiento del reajuste de las mencionadas remuneraciones, y que se desconoce o no se ha determinado la solución que se empleará. Por tanto, el camino elegido no da una solución cierta y definitiva al problema, en especial en relación a los recursos necesarios, sosteniéndose que éstos serán pedidos en otros proyectos. Esta situación es a su juicio grave, porque si no se da una solución definitiva o se equivoca la fórmula para salvarlos, las consecuencias pueden ser imprevisibles y afectar a toda la sociedad chilena, especialmente a las organizaciones de los trabajadores.
Por las razones anteriores, estima que tanto el Gobierno como el Parlamento, las Fuerzas Armadas y el pueblo en general, deben tener un conocimiento más exacto de la solución que se da al problema de los institutos armados.
El Honorable señor Chadwick sostuvo que los Senadores Socialistas Populares están de acuerdo con lo expresado por el Senador señor Montes pero que deseaba agregar algunas consideraciones esenciales antes de votar el artículo 1°.
En efecto, el primer problema que plantea es el alcance del inciso primero, es decir, si tiene vida autónoma o debe entenderse formando parte de un sólo contexto general que abarca las materias que han sido numeradas en la Honorable Cámara de Diputados y que vienen incorporadas al precepto. Ello tiene trascendental importancia, porque si se entienden independientes la primera norma y las otras, el Senado o el Ejecutivo podrían eliminar la enumeración y en tal caso las facultades carecerían de toda limitación.
A su juicio, la Cámara de Origen no lo ha entendido así y, por tanto, para ella las diversas disposiciones de este artículo forman un todo que no puede enmendarse por la simple vía de la supresión de un inciso sino por la de la sustitución de todo el precepto.
El Senado debe pronunciarse también sobre el sentido que le da a la disposición.
El Honorable Senador señor Ibáñez sostuvo que, a su juicio, la disposición es un solo conjunto de ideas y, en consecuencia, propuso que se refundieran ambos incisos.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron votar en conjunto y según la indicación antes citada.
El Honorable Senador señor Altamirano expresó que concordaba con las expresiones del Honorable Senador señor Montes e hizo presente que el propio Gobierno propone un proyecto sin un financiamiento integral, a pesar de que en otras' oportunidades ha sostenido la inconveniencia e inconstitucionalidad de proceder en tal forma.
El Honorable señor Miranda manifestó su desacuerdo con el otorgamiento de facultades, por la experiencia que ha tenido. En efecto, cuando se solicitaron normas similares con el mismo objeto, su Partido se abstuvo en la Sala, sosteniendo que era preferible una legislación directa. Ahora, dada la forma como el Gobierno usó dichas atribuciones, votaría en contra del artículo 1°.
Agregó que en muchos casos de sistemas de remuneraciones del sector público que tenían carácter complejo, por medio de leyes directas han sido mejorados y simplificados. Aun más, el propio Ejecutivo al utilizar las facultades que le concedió la ley Nº 16.840, complicó el problema al crear nuevas asignaciones para este personal.
Respecto al costo y financiamiento del proyecto sostuvo que los datos que se han proporcionado a las Comisiones Unidas han sido muy incompletos e imprecisos, pero que en todo caso ha quedado en claro que los recursos son insuficientes.
El Honorable Senador señor Ibáñez manifestó que la idea central del proyecto, que es la concesión de facultades al Presidente de la República, es apoyada por su Partido, porque tal ha sido la posición permanente de él, ya sea en «1 Gobierno o en la oposición. Esta posición tiene por fundamento principal la inconveniencia que significa la participación de los parlamentarios en la fijación detallada de las remuneraciones de los distintos servicios públicos,
Añadió que, a pesar de los inconvenientes que pudieran derivarse de las facultades, ellos son siempre menores que los que produce la administración de los servicios públicos desde la Sala y las Comisiones del Parlamento. En el caso en estudio, dadas las circunstancias insólitas que rodean al proyecto, no cabe su juicio la intervención de los Partidos Políticos en la fijación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
Por último, hizo presente que la aprobación de las facultades implica una gran responsabilidad para el Gobierno, la que debe quedar claramente establecida.
El Honorable señor Jerez sostuvo que la grave situación que se ha producido en el Ejército se debe a la mala aplicación de una facultad similar a la que se pide ahora.
Asimismo, dijo que no es partidario de cercenar las atribuciones del Parlamento y si existen estudios sobre la materia no ve la razón por la cual no se envían al Congreso Nacional para una discusión amplia que permita dictar la legislación adecuada.
El Honorable Senador señor Palma expresó que, sin duda, el deseo de todos los sectores habría sido que el reajuste de las Fuerzas Armadas estuviera contenido en un proyecto de ley ordinario y no como una delegación de facultades extraordinarias.
Con todo, las actuales circunstancias del país, el complejo sistema de remuneraciones del personal beneficiado, el costo del proyecto y su incidencia en la inflación, como también el hecho de haberse procedido así en casi todas las ocasiones en que se ha hecho necesario legislar sobre organización, sueldos y plantas de las Fuerzas Armadas, son razones suficientes para aprobar el sistema propuesto, que aunque políticamente no es el más conveniente para el Gobierno, es, sin embargo, el más racional.
Vuestras Comisiones Unidas, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, aprobó el inciso primero.
En seguida, se debatió una indicación del Honorable Senador señor Allende, para reemplazar las palabras finales del inciso: "docentes del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros", por las siguientes: "de profesores civiles de las Fuerzas Armadas, fijándoles su clasificación jurídica dentro de dichas instituciones".
El señor Ministro de Defensa Nacional explicó que en las Fuerzas Armadas existe personal docente militar y civil y que la indicación parecía pretender dar a estos últimos la misma calidad de los primeros, lo que le parecía absurdo porque no tienen carrera militar.
Agregó que la situación de los profesores civiles está solucionada por el Nº 5 del artículo.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que cambiar la expresión "personal docente" por "profesores civiles", podría ser perturbador, porque pudiera parecer que se excluye a parte del primero.
Vuestras Comisiones Unidas, con la abstención del Honorable Senador señor Chadwick, rechazaron la indicación.
En seguida, el Honorable Senador señor Fuentealba consultó si los operarios a jornal de las Fuerzas Armadas estaban regulados por la norma contenida en el inciso primero.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que quedaban incluidos en la disposición todos los obreros que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas, salvo aquellos que forman parte del personal de ciertas entidades como ASMAR y FAMAE, que siendo civiles están sujetos a un estatuto de remuneraciones distinto.
Vuestra Comisiones Unidas, por unanimidad, acordaron dejar constancia de que el precepto incluye a los obreros que laboran en las Fuerzas Armadas con las excepciones señaladas.
Luego se debatió el Nº 1º de este artículo, conjuntamente con indicaciones del Honorable señor Allende y de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda para agregar a este número una disposición que estableciera que el ejercicio de las facultades no podrá significar disminución de ningún derecho o beneficio de que actualmente disfruten los personales en actividad y pensionados.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la aprobación de tales indicaciones impediría refundir los beneficios actualmente existentes, como es la intención del Gobierno y, al parecer, la de todos los miembros de la Comisión.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que la aprobación de las indicaciones significaría imposibilitar la simplificación y racionalización del sistema de remuneraciones de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Valente sostuvo que tenían por objeto evitar que se menoscaben los beneficios económicos y previsionales de que gozan los personales de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que el problema planteado por los que se oponen a las indicaciones existe ya en el texto del proyecto de la Cámara de Diputados, que impide que se disminuyan las actuales remuneraciones.
El Honorable Senador señor Carmona propuso que se rechazaran las indicaciones y se adicionara el precepto en el sentido de que lo que no puede disminuir es el monto total de las remuneraciones, con lo cual el Ejecutivo puede refundir los diversos ingresos de los mencionados personales.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez, Jerez y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Chadwick, aprobaron la proposición del señor Carmona.
Luego se discutió el Nº 2, que dispone que el reajuste de remuneraciones deberá contemplar un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas.
El Honorable Senador señor Miranda sostuvo que el Ejecutivo debía dejar claramente establecido el criterio que tendrá para los reajustes, porque de la simple lectura de este número se desprende que ellos no serán parejos.
El Honorable Senador señor Ibáñez sostuvo que lo que la disposición precisamente ordena es que los reajustes no sean parejos y ello por las diferencias muy marcadas que existen entre los diferentes grados. En consecuencia, si no se hiciere esta salvedad, podrían reclamar los personales que fueren aumentados en porcentajes menores.
El señor Ministro de Hacienda expresó que esta disposición era indispensable por las razones que dio en la discusión general y que si fuera la intención del Ejecutivo conceder un reajuste parejo, no se habrían solicitado las facultades.
Vuestras Comisiones Unidas aprobaron el número.
A continuación, se discutió el Nº 3, que dispone que el aumento de las pensiones se otorgará en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo D.F.L., y que pagado el primer aumento, el saldo adeudado deberá aumentarse de acuerdo al índice de precios al consumidor, sin perjuicio del reajuste general que corresponde.
Los Honorables Senadores señores Allende, Aguirre, Duran para los efectos reglamentarios, y Miranda, propusieron sustituir el número en el sentido de que el reajuste de las pensiones se efectúe en el curso del año 1970.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para reemplazar el número por otro que disponga que el aumento de las pensiones que se originen como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo, deberá ser señalado en el respectivo D.F.L.
El señor Ministro de Defensa Nacional formuló indicación para mantener la primera parte de la norma y suprimir aquella que dice relación con el reajuste del saldo adeudado una vez pagado el primer aumento.
El señor Ministro de Hacienda insistió en que la aprobación de la norma contenida en la primera indicación significaba otorgar mayores beneficios al sector pasivo que al activo.
Agregó que los pagos en pensiones aumentan mucho más allá del incremento del índice de precios al consumidor. La Caja de la Defensa, por ejemplo, pagó el año 1964, por concepto de pensiones, Eº 94 millones, y, en 1969, cucho gasto ascenderá a Eº 508 millones. Agrega que el pago escalonado ya se había aprobado para otros beneficios, como es el caso de la incorporación de la asignación profesional que se otorga al personal pasivo con 30 o más años de servicios.
Añadió que la segunda parte del número que el señor Ministro de Defensa Nacional propuso suprimir significaba dar un doble reajuste al sector pasivo: uno por el índice de precios al consumidor y otro por reajustes generales, ya que lo que la norma pretendía en su primera parte era postergar el goce del beneficio para el personal pasivo.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que la norma debía interpretarse en el sentido de que lo que se postergaba era el pago y no el beneficio, por lo que la segunda parte de la disposición era totalmente justa.
El Honorable Senador señor Valente sostuvo que era partidario de pagar de inmediato el reajuste de los pensionados, pero que si se aprobaba la norma contenida en el proyecto, debía mantenerse la disposición que les permitía defenderse de la inflación.
En primer término se votaron las indicaciones de los Honorables Senadores señores Aguirre, Allende, Duran y Miranda. Vuestras Comisiones Unidas, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y los negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, las rechazó.
En seguida, luego de un doble empate, rechazó la indicación substitutiva del Honorable Senador señor García. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez, y por la negativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez, Miranda y Palma.
Por último, se rechazó la indicación del señor Ministro de Defensa Nacional, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Gormaz y Palma, y los negativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez y Miranda.
El Honorable Senador señor García fundamentó su voto en que la norma en debate no da un doble reajuste al personal pasivo, sino que simplemente protege las cuotas que le vayan correspondiendo, sin perjuicio de que además tengan derecho a aumentos por el resto de sus pensiones.
Vuestras Comisiones unidas, por unanimidad, acordaron dejar expresa constancia de que la segunda parte del precepto no otorga un doble reajuste.
Luego se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros y Miranda, para agregar un nuevo inciso al número que establece que el reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin necesidad de solicitud del interesado.
El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que una norma similar ha sido establecida en los proyectos de aumentos de pensiones con el objeto de evitar que el beneficiario deba impetrar cada vez el reajuste. Vuestas Comisiones unidas, por unanimidad, aprobaron la indicación.
A continuación, se estudió una indicación del Honorable Senador señor Allende para que el personal pensionado por inutilidad de 2º ó 3º clase goce de inmediato del reajuste total de sus pensiones.
El señor Vicepresidente de la Caja de la Defensa Nacional explicó que se acogen a retiro por inutilidad de 2º clase aquellos individuos que tienen una inferioridad fisiológica que les impide ganarse su "sustento en ocupaciones privadas, y de 3^ clase aquellos individuos que tienen una inferioridad fisiológica que les impide en forma definitiva, total e irreversible, valerse por sí mismos, como la paraplejía, hemiplejía, ceguera absoluta, etc. Agregó que en la actualidad se encuentran en ambos casos 3.878 pensionados.
Respecto del personal eliminado por inutilidad de 3º clase, vuestras Comisiones Unidas aprobaron unánimemente la indicación.
En relación a los 2º clase, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda. Por la negativa, los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez. Se abstuvo el Honorable Senador señor Palma.
Luego se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda, para agregar un nuevo número que establece que las remuneraciones que se otorguen a los diferentes grados jerárquicos o empleos, deberán ser imponibles en su totalidad.
El Honorable Senador señor García manifestó que la disposición propuesta significaba aumentar todas las pensiones futuras. Dijo en seguida, que todo buen principio de previsión indica que el sueldo del que se retira debe ser inferior al del que está en servicio activo, más aún cuando las asignaciones son por riesgos propios de la persona que está trabajando.
El Honorable Senador señor Miranda sostuvo que la indicación tenía por objeto evitar que se siguiera distorsionando el régimen de jubilaciones de las Fuerzas Armadas por medio de la creación de asignaciones no imponibles.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que la indicación hacía imposible aumentar las rentas al sector activo, porque al pasar todos sus beneficios a los pasivos y al estar estos últimos en proporción mayoritaria en los grados altos, no van a quedar recursos que financien el reajuste del actual personal de las Fuerzas Armadas.
El Honorable Senador señor Chadwick sostuvo que estaba de acuerdo con el principio contenido en la indicación, pero que dada la actual situación de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, su aprobación daría gran rigidez al aumento de las mismas y produciría como consecuencia inmediata la baja de las rentas de los personales en actividad, al dejarlos sujetos a descuentos previsionales.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda, negativos de los Honorables Senadores señores Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la abstención de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Chadwick y Jerez, rechazaron la indicación.
A continuación, se discutió el Nº 4, que dispone que los aumentos que correspondan al año 1970 no podrán ser inferiores al incremento que experimente el índice de precios al consumidor durante el año 1969.
Los Honorables Senadores señores Montes y Valente formularon una indicación para que, a contar del 1º de enero de 1970, el personal en retiro tenga un aumento no inferior al alza mencionada, más uno adicional equivalente al 50% de las diferencias entre el total del aumento otorgado al personal en actividad y el porcentaje de aumento del costo de la vida.
El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que la disposición contenida en el precepto era justa, porque aseguraba a todos los personales beneficiados un aumento mínimo igual al alza del costo de la vida.
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que la indicación era contradictoria con el acuerdo recién adoptado por las Comisiones.
Vuestras Comisiones Unidas, por unanimidad, aprobaron el número y con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, Jerez y Miranda, y negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, rechazaron la indicación.
En seguida, por unanimidad, aprobaron el número 5º, que pasó a ser artículo separado.
Por último, se debatió el número 6º, que dispone que los decretos con fuerza de ley respectivos deberán dictarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del proyecto.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, lo aprobaron, conjuntamente con una norma que estatuye que los referidos decretos con fuerza de ley entrarán a regir a contar del 1° de enero de 1970.
En seguida, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Allende para que, respecto de las remuneraciones que se concedan a las Fuerzas Armadas y que no tengan carácter imponible, se deje constancia en el respectivo decreto con fuerza de ley que tienen esta naturaleza.
El Honorable Senador señor García sostuvo que la indicación era útil, porque evitaba confusiones en la materia.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó su oposición a la indicación porque, a su juicio, la no imponibilidad de una remuneración debe ser excepcional y, en ningún caso, debe entregarse al Presidente de la República la facultad para calificar cuáles tendrán tal carácter.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick y Gormaz, aprobaron la indicación.
Seguidamente se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez, Montes y Valente, para agregar un número nuevo que establezca que todas las remuneraciones que perciba el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas deberán refundirse en un solo sueldo básico, expresado en sueldos vitales.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez; negativos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, García, Gormaz, Ibáñez y Palma, y la abstención del Honorable Senador señor Miranda, rechazaron la indicación.
Luego, con los votos en contra de los Honorables Senadores señores Chadwick y Jerez, se aprobó el artículo 29, que autoriza al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas del Cuerpo de Carabineros al Servicio de Investigaciones.
El Honorable Senador señor Miranda fundamentó su voto en que dado el actual estado de tramitación del proyecto, no es posible dictar una ley directa sobre la materia, prefería votar favorablemente el precepto, porque concede un beneficio a los mencionados funcionarios.
Luego, se discutieron en conjunto los artículos 14 y 15.
Los citados preceptos establecen que los beneficios económicos que perciban los personales de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, corresponderían a los pensionados de esas instituciones que reajusten sus rentas de acuerdo a las de sus similares en servicio activo y que el uso de las facultades no permitirá al Presidente de la República modificar los sistemas previsionales que rigen para los señalados servidores.
El Honorable Senador señor Palma sostuvo que el primero de estos preceptos, que se refiere a quienes gozan de la llamada "pensión perseguidora", es incompatible con el acuerdo tomado respecto del Nº 3 del artículo 1º
El Ministro de Defensa Nacional propuso refundir ambas indicaciones en una norma que impida modificar los esquemas previsionales vigentes, y aumentar la proporción actual, en perjuicio del sector pasivo, entre las remuneraciones imponibles y no imponibles.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la citada indicación, conjuntamente con una proposición de los Honorables Senadores señores Aguirre y Miranda para incluir al personal del Servicio de Investigaciones en el referido precepto.
A continuación, se debatió el artículo 16, que dispone que entre las asignaciones especiales deberá establecerse, para el Cuerpo de Carabineros, la de riesgo policial.
Los Honorables Senadores señores Chadwick, Jerez y Valente formularon indicación para excluir de la disposición al personal del Grupo Móvil.
En primer término se votó la disposición con la enmienda, siendo rechazadas con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Jerez y Chadwick, y negativos de los Honorables Senadores señores Acuña, Aguirre, Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez.
Luego, se rechazó el precepto, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Acuña, Aguirre, Ibáñez y García; negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick, Gormaz y Palma, y la abstención del Honorable Senador señor Jerez.
El Honorable Senador señor Carmona fundamentó su voto en que la disposición es inconstitucional, porque requiere la iniciativa del Ejecutivo.
En seguida, por unanimidad, se suprimió el artículo transitorio por ser redundante con el precepto que reemplaza los artículos 14 y 15.
A continuación, se discutió una indicación del Honorable Senador señor Allende para agregar un artículo nuevo que dispone que la primera diferencia de sueldos por aplicación del proyecto no pasará a la respectiva Caja de Previsión.
El señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional sostuvo que la indicación adolecía de un error básico, porque las primeras diferencias no pasan a la Caja sino a un Fondo Nivelador de quinquenios, a fin de mejorar las pensiones antiguas y más deterioradas. La aprobación de la norma traería como efecto la disminución de los recursos del mencionado Fondo.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación.
Luego, se discutió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez, Montes y Valente, para que el Ministro de Hacienda informe semestralmente a la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, sobre el destino de los recursos de la llamada "Ley Reservada".
Vuestras Comisiones, por unanimidad, la aprobaron.
A continuación, se debatió una indicación de los Honorables Senadores señores Allende y Rodríguez para agregar un artículo nuevo que establece un sistema para la adquisición de las casas de las Fuerzas Armadas y Carabineros por sus Suboficiales y tropa.
El señor Ministro de Defensa Nacional manifestó que las referidas instituciones tenían un determinado número de casas fiscales destinadas a su personal, las que son insuficientes, por lo que no cree conveniente aprobar la indicación, la que, por otra parte, restringiría el movimiento de personal activo y disminuiría paulatinamente la disponibilidad de casas con que éste cuenta.
Agregó que existen otros sistemas para que los particulares puedan adquirir casas habitaciones e hizo también presente los problemas que se producirían en los casos en que se trasladara una unidad entera de un lugar a otro.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que existe un déficit de casas para el personal en servicio activo. En efecto, de 1.233 Oficiales casados, sólo 929 disfrutan de casas fiscales, y de 5.277 Suboficiales y soldados casados, sólo tienen ese derecho 3.097, incluyendo dentro de este número a las próximas entregas.
El Honorable Senador señor Carmona sostuvo que la indicación crea un problema mayor que el que se pretende solucionar, ya que indirectamente evita el traslado de las unidades militares; establece un privilegio para las personas que actualmente ocupan las viviendas, y acrecienta el déficit de casas de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
La Diputada señora Allende manifestó que la indicación solucionaba un problema real que afecta a un grupo de modestos servidores de dichas instituciones armadas.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Chadwick, Jerez y Miranda; negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, García, Gormaz e Ibáñez, y la abstención del Honorable Senador señor Palma, rechazó la indicación.
En seguida, se debatió una indicación de los Honorables Senadores señores Altamirano, Chadwick, Jerez y Valente, que faculta al Presidente de la República para otorgar a los funcionarios del Servicio de Prisiones una asignación de E° 900, por una sola vez, con cargo al ítem de sueldos del propio Servicio.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la indicación es inconstitucional, porque establece una remuneración para funcionarios del sector público, aunque ésta sea de carácter facultativo.
Consultada la constitucionalidad del precepto, vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona y Gormaz, la declaró procedente.
Luego, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Chadwick, García, Ibáñez, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Carmona y Gormaz, la aprobó.
A continuación, por unanimidad, se aprobó igualmente una indicación del Honorable Senador señor Fuentealba que permite a los funcionarios retirados con inutilidad de segunda clase, y que no se acogieron a los beneficios que les correspondían, impetrar éstos, dentro del plazo de noventa días.
Seguidamente, se discutieron los artículos 3? a 13, que establecen el financiamiento del proyecto.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que el Ejecutivo, en el segundo informe, presentaría las indicaciones pertinentes respecto de las modificaciones que le introdujo al financiamiento primitivo la Honorable Cámara de Diputados, porque aún no ha terminado el estudio respectivo, sin perjuicio de expresar su opinión respecto a determinados preceptos.
El artículo 39 establece un impuesto extraordinario del 50% sobre las mayores utilidades obtenidas por los Bancos particulares y Compañías de Seguros en el año comercial 1969 en relación con el año comercial, de 1968.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para que el mismo impuesto se aplique a los Bancos Central y del Estado de Chile.
El señor Ministro de Hacienda expresó que estaba en estudio el alcance de la enmienda que la Honorable Cámara de Diputados introdujo a este precepto, en el sentido de considerar como utilidad, para los efectos del impuesto, el aumento que éstas han experimentado por el alza del costo de la vida.
Respecto de la indicación del Honorable Senador señor García, sostuvo que ella era ilusoria, porque sólo establece un mecanismo de financiamiento presupuestario, debido a que los mencionados recursos están destinados a financiar el Presupuesto de la Nación.
El Honorable Senador señor García expresó que las Empresas del Estado, que perciben utilidades, deben colaborar al mantenimiento del mismo. La actividad del Estado es cada vez mayor y no es posible que el sector privado siga soportando un aumento del peso tributario para mantener las actividades de aquél.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la disposición, y con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señor García e Ibáñez, y los negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Aguirre, Carmona, Chadwick, Gormaz, Jerez, Miranda y Palma, rechazaron la indicación.
El Honorable Senador señor Palma fundamentó su voto en el sentido de que aprobaba la proposición contenida en el Mensaje del Ejecutivo, porque la del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados afecta gravemente a las empresas bancarias, en especial a las medianas y pequeñas.
Luego, se debatió el artículo 4º, que aplica durante el año 1970 un recargo del 10% a las contribuciones de bienes raíces, con excepción de los ubicados en las comunas afectadas por la sequía.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que no se trata de crear un nuevo tributo sino de prorrogar por un año uno vigente en la actualidad.
Agregó que estaban exentos del impuesto territorial 500.000 predios de un total de 1.200.000, por tener un avalúo inferior a Eº 10.000, como también los inmuebles acogidos a la Ley Pereira y al D.F.L. Nº 2.
El Honorable Senador señor Valente formuló indicación para eximir del recargo a los bienes raíces urbanos con avalúo inferior a 15 sueldos vitales anuales y para que la exención de los predios ubicados fuera de las provincias de Atacama y Coquimbo se aplique sólo a aquellos que tengan un avalúo inferior a 25 sueldos vitales anuales.
El Honorable Senador señor Miranda manifestó que la situación de las provincias de Atacama y Coquimbo es de tal gravedad que no se puede aplicar un recargo a ninguno de sus predios.
El Honorable Senador señor Jerez sostuvo que en las referidas zonas existen explotaciones agrícolas de tal magnitud que perfectamente pueden resistir los recargos tributarios.
El Honorable Senador señor García manifestó su oposición al precepto, porque hace pagar un tributo a quienes pretende beneficiar. Si existen deudas morosas por Eº 380.000.00 en bienes raíces, agregó, bastaría con mejorar el mecanismo de cobranza y no establecer nuevos impuestos o recargos.
El señor Ministro de Hacienda expresó que no se crea un nuevo tributo, simplemente se prorroga uno ya existente.
Respecto de la idea del señor Valente, sostuvo que ella era inaplicable porque administrativamente era imposible hacer la clasificación. Por otra parte, agregó, encierra el peligro de beneficiar a personas que tengan varios predios cuyos avalúos individualmente considerados no excedan de la cantidad propuesta.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, Chadwick, Gormaz, Jerez, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores García e Ibáñez, aprobó el precepto.
En seguida, por unanimidad, rechazó la indicación del Honorable Senador señor Valente para eximir del tributo a los predios con un de, terminado avalúo máximo.
Luego, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Ballesteros, Carmona, Gormaz, Miranda y Palma, y la oposición de los Honorables Senadores señores Chadwick, García, Ibáñez y Jerez, rechazó el artículo 5º.
El Honorable Senador señor Miranda fundamentó su voto en que por ser extraordinarios los recursos provenientes del cobre, sólo podían destinarse a planes de fomento del mismo carácter, como también, a que se afectaba a los ingresos de las provincias cupríferas.
Luego, se debatió el artículo 6º.
Su número 1º aumenta del 14% a 16% la tasa del impuesto a la compraventa que afecta a bares, restaurantes y clubes sociales de primera clase.
Este precepto fue aprobado con el solo voto en contra del señor Chadwick.
El Nº 2 nivela en un 16% la primera y las demás transferencias' de vinos y licores.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Carmona, Chadwick, García, Gormaz, Ibáñez y Jerez, y la oposición de los Honorables Senadores señores Aguirre, Miranda y Palma, aprobó la disposición.
El Nº 3, suprime la exención del 50% del impuesto a las compraventas que beneficia a las cooperativas de consumo respecto a los piscos y vinos.
Vuestras Comisiones, con la misma votación anterior, aprobaron este número.
El Nº 4 rebaja la tasa del impuesto a la compraventa de un 23% a un 16% respecto de las alfombras y tapices nacionales.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que la norma tiene por objeto estimular la producción de alfombras nacionales de lana, cuya transferencia está en la actualidad gravada con el mismo impuesto que el de las alfombras importadas.
Vuestras Comisiones, con la abstención del Honorable Senador señor García, aprobaron la disposición conjuntamente con el Nº 5 que le es complementario.
El Nº 6, aumenta de un 23 a un 25% la tasa del impuesto a la compraventa de suntuarios.
El Honorable Senador señor Carmona formuló indicación para aumentarla a un 30%, con excepción de las radioelectrolas, radios, y productos similares.
Vuestras Comisiones, con los votos afirmativos de los Honorables Senadores señores García, Gormaz, Carmona y Palma, y negativos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Chadwick, Jerez, Miranda y Aguirre rechazó la indicación, y por unanimidad aprobó el número.
El Honorable Senador señor Jerez fundamentó su voto en que el tributo también afecta a las obras de arte extranjeras, lo que le parece un atentado contra el progreso cultural.
El Honorable Senador señor Chadwick fundamentó su voto en el hecho de que el aumento exagerado del tributo llega a hacerlo ilusorio, y fomenta el contrabando de las especies gravadas.
El Honorable Senador señor García dijo que coincidía con lo recién expuesto, pero que a su juicio los efectos negativos de las alzas indiscriminadas de tributos debía conocerlos el país y que en consecuencia votaba afirmativamente la indicación.
A continuación, se debatió el artículo 7º, que aumenta de un 10 a un 15% el impuesto a las transferencias de monedas extranjeras que no tienen por objeto la importación de bienes.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó su acuerdo con la disposición porque ella afectaría también a inversionistas de capital con dólares del 'área de corredores.
Vuestras Comisiones, tácitamente, aprobaron el artículo.
A continuación, se debatió el artículo 8° que aumenta de un 4 a un 6% la tasa del impuesto de timbres que afecta a las transferencias de bienes inmuebles.
El Honorable Senador señor Gormaz formuló indicación para que el aumento sólo se aplique a transferencias de predios cuyo avalúo sea superior a 15 sueldos vitales anuales.
El señor Ministro de Hacienda expresó que la indicación disminuye notablemente el rendimiento del tributo; que el mismo cuenta con patrocinio del Ejecutivo por no ser inflacionario, por gravar una transacción en la que se utilizan cantidades más o menos grandes de dinero, y porque está exenta del mismo la primera transferencia de las casas D.F.L. 2.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el precepto, y con el solo voto en contra del señor Carmona, la indicación.
En seguida, por unanimidad y sin debate se aprobaron los artículos 9º y 11, y con la sola abstención del señor Carmona, el artículo 10.
A continuación, se aprobó el artículo 12, por unanimidad y con solo enmiendas de redacción.
Luego se discutió el artículo 13, que dispone que las rentas imponibles superiores a 20 sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de 20% sobre los impuestos girados.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para que el recargo se aplique sólo a la parte que exceda de 20 sueldos vitales.
El Honorable Senador señor Carmona formuló indicación para que en ningún caso el impuesto y el recargo excedan del 75% de la renta imponible.
El señor Ministro de Hacienda manifestó su concordancia con las indicaciones propuestas, especialmente porque es coincidente con el sistema progresivo del impuesto global complementario y porque fijan un límite al tributo.
Agregó que el recargo afectaría a 6.500 contribuyentes.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron el artículo y las indicaciones.
Finalmente, se estudió una indicación del Honorable Senador señor Carmona que aumenta en un 20% las tasas fijas de la ley de Timbres.
El señor Ministro de Hacienda manifestó que éste era uno de los medios que menor influencia tenía en la inflación, por lo que le parecía adecuada la reposición de la norma que, en términos similares, contenía el proyecto original.
El Honorable Senador señor García formuló indicación para excluir del recargo a las actuaciones judiciales.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron ambas indicaciones.
En mérito de las consideraciones anteriores vuestras Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional Unidas tienen a bien proponeros la aprobación del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes modificaciones:

Artículo 1°

Sustituir, en el inciso primero, el punto final (.) por uña coma (,), y agregar la siguiente frase: "sujeto a las siguientes normas:".
Suprimir el encabezamiento del inciso segundo que dice: "Para la aplicación de la anterior facultad, el Presidente de la República deberá ajustarse a las siguientes normas:".

Nº 1º

Intercalar entre las palabras "disminución" y "de" las siguientes: "del monto global".

Nº 3º

Reemplazar el punto y coma (;) por un punto (.).
Agregar en seguida los siguientes incisos nuevos:
"El reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión.
No obstante, para el personal que haya sido eliminado del servicio por inutilidad de 3º clase, el reajuste entrará en vigencia en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad;".

Nº 5º

Como se dirá más adelante, ha pasado a ser artículo 2º redactado en los términos que allí se indican.
Agregar como Nº 5°, nuevo, los artículos 14 y 15, refundidos y con la siguiente redacción :
"5º.- mEl uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;".

Nº 6º

Sustituir las palabras "del ramo" por la siguiente: "respectivo", y el punto final (.) por una coma (,), agregando la siguiente frase: "y en todo caso entrarán a regir el 1° de enero de 1970, y".
A continuación, agregar como Nº 7º el siguiente, nuevo: "7º.En los Decretos con Fuerza de Ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.".
Agregar como artículo 2º el Nº 5º del artículo 1°, sustituido por el siguiente:
"Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, a contar de la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.".
A continuación agregar como artículos 3º, 4º y 5° los siguientes, nuevos:
"Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la ley Nº 13.196.
Artículo 5º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación por riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.".

Artículo 2º

Ha pasado a ser artículo 6º, sustituyendo en su inciso tercero las palabras "del ramo" por el vocablo "respectivo".

Artículo 3º

Ha pasado a ser artículo 7º.
Suprimir en el inciso tercero las palabras "Compañías de Seguros y/o" y agregar a continuación de las palabras "Mutuales de", las siguientes: "Seguros de".

Artículo 4º

Ha pasado a ser artículo 8º, sin otra modificación.

Artículo 5º

Suprimirlo.

Artículo 6º

Pasa a ser artículo 9º.

Nª 2.

Reemplazar en la letra g) que agrega este número, la referencia al artículo "42 de la ley Nº 11.256' por otra al artículo "46 de la ley Nº 17.105".

Artículo 7º

Ha pasado a ser artículo 10, sin otra modificación.

Artículo 8º

Pasa a ser artículo 11, sustituido por el siguiente: "Artículo 11.En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1º de la ley Nº 16.272, sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4%" por "6%", y agrégase la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de quince sueldos vitales anuales escala A) del departamento respectivo.".".

Artículos 9º, 10 y 11.

Pasan a ser artículos 12, 13 y 14, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 12.

Pasa a ser artículo 15.
Reemplazar la palabra "empresas" por las siguientes: "personas naturales o jurídicas".

Artículo 13.

Pasa a ser artículo 16, sustituido por el siguiente:
"Artículo 16.- Agréganse al artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, los siguientes incisos nuevos:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales estarán afectas a un recargo de veinte por ciento sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores, en la parte que excedan de los mencionados veinte sueldos vitales.
En ningún caso los impuestos a la renta de categoría y global complementario podrán exceder del 75% de la renta imponible.".".
Artículos 14 y 15.
Como se expresó en su oportunidad pasaron a ser, refundidos, Nº 5º del artículo 1°.

Artículo 16.- Suprimirlo.

A continuación, agregar como artículo 17, nuevo, el siguiente: "Artículo 17.- Elévanse en un 20% las tasas fijas de la ley Nº 16.272, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.".
Artículo transitorio. Suprimirlo.
En mérito de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestras Comisiones Unidas queda como sigue:

"Proyecto de ley.

Artículo 1°.- Autorízase al Presidente de la República para que proceda a modificar las disposiciones relativas a remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros, sujeto a las siguientes normas:
1º.- El ejercicio de estas atribuciones no podrá significar disminución del monto global de las actuales remuneraciones, pensiones y montepíos;
2°.- El reajuste de remuneraciones deberá considerar especialmente un mejoramiento de aquellos grados cuyas rentas se estimen más deterioradas, tanto en los escalafones de oficiales, empleados civiles, cuadros permanentes y gente de mar;
3º.- El aumento de las pensiones que se origine como consecuencia del reajuste de remuneraciones del personal en servicio activo podrá otorgarse hasta en tres etapas, durante los años 1970, 1971 y 1972, que deberán ser señaladas en el respectivo decreto con fuerza de ley. Pagado el primer aumento, el saldo adeudado deberá reajustarse cada año en relación al porcentaje que experimente el índice del costo de la vida al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio del reajuste general que establezca la ley respectiva para las Fuerzas Armadas en servicio activo.
El reajuste de las pensiones deberá otorgarse sin solicitud de los interesados y en la forma que determine el respectivo organismo de previsión.
No obstante, para el personal que haya sido eliminado del servicio por inutilidad de 3% clase, el reajuste entrará en vigencia en su integridad conjuntamente con el del personal en actividad;
4º.- En todo caso, los aumentos correspondientes al año 1970, en virtud de la aplicación de la presente ley, no podrán ser inferiores al incremento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año 1969;
5º.- El uso de estas facultades no autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones legales que regulan los sistemas vigentes de previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones, ni para aumentar la proporción porcentual actual entre las remuneraciones imponibles y no imponibles de que goza el personal en servicio activo en perjuicio del personal pasivo;
6º.- Los Decretos con Fuerza de Ley deberán dictarse dentro del plazo de treinta días, a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, debiendo llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda, y en todo caso entrarán a regir el Iº de enero de 1970, y
7º.- En los Decretos con Fuerza de ley que se dicten deberán establecerse qué remuneraciones anexas al sueldo tendrán el carácter de no imponibles.
Artículo 2º.- Dentro del plazo de 30 días, a contar de la publicación de la presente ley, el Presidente de la República deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1968, en favor de los profesores civiles de la Defensa Nacional.
Artículo 3º.- El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros que por accidente en acto del servicio o como consecuencia de su desempeño en el mismo, hubiere sido declarado con invalidez de segunda clase por la Comisión Médica respectiva y que no haya impetrado los beneficios legales dentro de los plazos pertinentes, podrá acogerse a ellos en el término de noventa días a contar de la fecha de publicación de la presente ley, pudiendo, incluso, solicitar la instrucción de la respectiva investigación sumaria. Sin embargo, los aumentos de sus pensiones o su otorgamiento comenzarán a regir desde la fecha de la resolución correspondiente.
Artículo 4º.- El Ministro de Hacienda informará semestralmente a la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados, en sesión secreta, del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1° y 2º de la ley Nº 13.196.
Artículo 5º.- Facúltase al Presidente de la República para otorgar a todos los funcionarios del Servicio de Prisiones en el curso del presente año y por una sola vez, una asignación de riesgos profesionales de Eº 900 a cada uno. Esta asignación se financiará con los dineros sobrantes en el ítem de sueldos del propio Servicio de Prisiones producidos por las vacantes que no se llenaron en el presente año.
Artículo 6º.- Autorízase, igualmente, al Presidente de la República para asimilar la escala de rentas y sistema de remuneraciones del personal del Servicio de Investigaciones al de Carabineros de Chile, y para disponer el correspondiente encasillamiento.
La aplicación del inciso anterior no podrá significar disminución de las actuales remuneraciones.
Los decretos que dice el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto en este artículo deberán llevar, además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro de Hacienda.
Artículo 7º.- Establécese durante el año 1970 un impuesto extraordinario de 50% sobre las utilidades obtenidas por los bancos particulares y las compañías de seguros en el año comercial 1969, en exceso de las obtenidas en el año comercial 1968.
Este impuesto deberá declararse y pagarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 72 y 76 de la Ley de la Renta.
Este impuesto extraordinario no afectará a las Mutuales de Seguros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Artículo 8º.- Aplícase, durante el año 1970, un recargo de un 10% sobre el monto de la contribución girada para dicho año que afectará a los Bienes Raíces de la Primera y de la Segunda Serie de todas las comunas del país.
Se exceptúan del recargo referido los predios agrícolas ubicados dentro de las comunas comprendidas en las provincias de Atacama y Coquimbo, en el Departamento de Petorca y en la Comuna de Putaendo de la Provincia de Aconcagua y en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso.
Este recargo adicional será de exclusivo beneficio fiscal.
Artículo 9º.- Modifícase la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, en la siguiente forma:
1.- Reemplazar en el inciso tercero del artículo 1º y en la letra b) del artículo 5º el guarismo "14%" por "16%".
2.- Sustituir el inciso cuarto del artículo 1º por la siguiente letra g):
"g) Piscos y Vinos, entendiéndose por éstos a los definidos en el artículo 46 de la ley Nº 17.105.".
3.- Intercalar en el artículo 13, entre comas, la frase "con excepción del establecido en la letra g)" entre las palabras "tercero" e "y".
4.- Agregar al inciso tercero del artículo 1º a continuación de la nueva letra g) la siguiente letra h) :
"h) Alfombras y tapices nacionales". 
5.- Sustituir la letra ñ) del inciso quinto del artículo 1° por la siguiente,
"ñ) Tapices y alfombras importados".
6.- Sustituir en el nuevo inciso cuarto del artículo 1º, el guarismo "23%" por "25%".
Artículo 10.En el artículo 9º de la ley Nº 12.120, sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, agregar el siguiente inciso:
 "Sin perjuicio del impuesto de hasta 10%, establécese un impuesto adicional de 5% del precio de compra o adquisición de los valores mencionados en el inciso primero. El 20% de este impuesto adicional se destinará al Consejo Nacional de Menores.".
Artículo 11.En el inciso primero del Nº 8 del artículo 1° de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, reemplázase el guarismo "4" por "6", y agrégase la siguiente frase final: "Sin embargo, la tasa será de 4% siempre que dicho avalúo no exceda de 15 sueldos vitales anuales escala a) del departamento respectivo.".
Artículo 12.- Sustituyese el inciso primero del artículo 8º de la ley Nº 12.120, por el siguiente:
"Las ventas de gas licuado de petróleo estarán afectas a un impuesto único del 27%, que deberán pagar las empresas productoras sobre las ventas que realicen y que se calculará sobre el precio de venta al consumidor base Santiago. Se entenderá por este precio el que determine la Dirección Nacional de Impuestos Internos.".
Artículo 13.- Agrégase al artículo 37 Nº 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5º de la ley Nº 15.564, de 14 de febrero de 1964, reemplazando la conjunción "y" por un punto seguido, lo siguiente:
"Sin embargo, si las rentas se perciben en moneda extranjera la tasa será de 8,5%, con excepción de las rentas a que se refiere el artículo 99 de la presente ley.".
Artículo 14.Sustituyese en el artículo 39 de la Ley sobre Impuesto a la renta el guarismo "20%" por "30%".
Artículo 15.Establécese un impuesto del 10% a las remesas en dólares u otras monedas extranjeras, por concepto de regalías, royalties y pagos por asesorías técnicas que perciban personas naturales o jurídicas extranjeras.
Artículo 16.- Agréganse al artículo 43 de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto fue fijado por el artículo 5º de la ley Nº 15.564, los siguientes incisos nuevos:
"Las rentas imponibles superiores a veinte sueldos vitales anuales, estarán afectas a un recargo de veinte por ciento sobre los impuestos girados en conformidad a las disposiciones anteriores, en la parte que excedan de los mencionados veinte sueldos vitales.
En ningún caso los impuestos a la renta de categoría y global complementario podrán exceder del 75% de la renta imponible.".
Artículo 17.- Elévanse en un 20% las tasas fijadas de la ley Nº 16.272, sobre Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, con excepción de los impuestos contenidos en su Título II.".
Sala de las Comisiones Unidas, a 8 de noviembre de 1969.
Acordado en sesiones de fechas 4, 5, 6 y 7 del presente con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Chadwick (Silva Ulloa), García (Ibáñez), Miranda (Acuña) y Palma, por la Comilón de Hacienda y los Honorables Senadores señores Aguirre, Carmona, Jerez, Gormaz y Ochagavía, por la Comisión de Defensa Nacional.
Ivan Auger Labarcm, Secretario.

ANEXO I

Exposición de don Eduardo Dagnino en representación de la Cámara Central de Comercio.

Inició su intervención manifestando que la Cámara Central de Comercio estima que el financiamiento del proyecto de ley en estudio debiera consistir en una restricción del gasto público más que en el establecimiento de nuevas tasas de impuestos, ya que éstas sólo contribuyen a aumentar la saturación tributaria existente, sin producir un mayor rendimiento.
En efecto, a pesar de existir una fuerte mora en el pago de las contribuciones de bienes raíces que motivó tiempo atrás la dictación de una ley de condonación de estas deudas, el proyecto establece un 10% de recargo sobre la contribución girada. Eleva, además, al 6% la tasa rebajada del 4% que grava la transferencia de bienes raíces, la que antes era del 8% y cuya burla en su pago desfiguró totalmente el cuadro de la propiedad raíz en Chile e indujo a reducir los montos reales de operación.
Estimó absolutamente insostenible para el país una tasa del 8% a las compraventas y que las que establece el proyecto, del 16% y 25%, para los artículos suntuarios y semisuntuarios, a pesar de la naturaleza de los bienes sobre que recaen, por repetirse a lo menos en dos transferencias, elevan la tributación total exageradamente.
Señaló que era contradictorio elevar las tasas de impuestos conjuntamente con estudiar un cambio total del sistema tributario. Explicó que la elevación paulatina de estas tasas puede provocar una distorsión de toda la economía.
En cuanto al impuesto a la moneda extranjera, que parece ser razonable, expresó que acrecentará el mercado negro de valores cuya existencia se insiste en desconocer.
En relación al aumento del impuesto global complementario, una persona que percibe por concepto de utilidades Eº 350 mil anuales brutos, luego de pagar todos los impuestos, termina ganando sólo Eº 72 mil netos, con lo cual trabaja por menos de la cuarta parte de lo que produce, sin considerar la desvalorización del capital arriesgado a causa de la inflación. Aplicándole el impuesto que establece el proyecto, esta persona recibiría algo más de Eº 36 mil anuales, o sea, con un ingreso de Eº 3 mil mensuales aproximadamente, razón por la cual le convendría emplearse para ganar igual suma y tener previsión social.
En el caso de una persona que produzca una utilidad de Eº 1.700 mil, situación teórica, pues no existen contribuyentes Individuales que declaren esta cantidad, con la aplicación del 20% de recargo que establece el proyecto, prácticamente quedaría reducida al mínimo o desaparecería la utilidad.
Expresó que en materia de regalías, el Banco Central las permite sólo en casos especiales de asesorías que interesen al país, como ocurre con las que se prestan a la minería e industria. Al establecerse un impuesto, y como el que presta la asesoría no lo pagará, se tendrá que aumentar la regalía recargándose en definitiva los costos, con lo cual se efectúan las posibilidades de exportación chilena.
En relación al impuesto a las utilidades de los bancos, manifestó que se establecía un precedente peligroso al legislar para casos determinados, pues podría conducir a extremos en que se vulneraría el espíritu de la Carta Fundamental, y un grave riesgo al reducir las empresas sobre las cuales se impone tributación. Sobre esta materia, estimó de justicia reponer las normas suprimidas por la Cámara de Diputados.

ANEXO II

Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones.

Don Raúl Ocampo, Secretario General, hizo presente que la Asociación aspira a conseguir una asignación de riesgo y seguridad, similar a la que reciben los personales de Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones, ya que hasta la fecha son numerosos los funcionarios fallecidos o heridos en actos del servicio. En julio del presente año se dirigieron en este sentido al Ministro de Hacienda sin haber obtenido respuesta y, en octubre, al Presidente de la República, en carta abierta, al que además le hicieron presente la existencia de gran cantidad de vacantes no ocupadas en los diferentes escalafones del Servicio y un excedente de más de Eº 3 millones en el ítem de sueldos del presupuestó del Servicio.
El Presidente de la ANFUP, señor Mihovilovic, expresó que desde hace más de 10 años que la Asociación viene luchando por obtener las asignaciones de riesgo y seguridad. El servicio cuenta con 150 funcionarios que deben hacer turnos para mantener una permanente vigilancia sobre los 1.600 reclusos que existen en la Penitenciaría de Santiago, y por la noche quedan en estas labores sólo 15 funcionarios. La peligrosidad de la población penal es conocida y hasta la fecha el Servicio ha perdido a 22 funcionarios en actos del servicio, sin que puedan portar armas.
Solicitan también una asignación por horas extraordinarias, las que en la actualidad no se cancelan, a pesar de que con motivo de la discusión de la ley Nº 14.867, se comprobó que el personal de vigilancia del Servicio había trabajado 10 millones de horas extraordinarias. A pesar de que el artículo 17 de esa ley ordena su pago, están impagas 9,5 millones de horas extraordinarias anuales.
En la actualidad están vacantes 270 cargos de vigilantes: 180 plazas creadas por el D.F.L. Nº 5, de 1968, más otras 90. Al año se obtiene por esta razón Eº 1.620.000 sobrantes en el presupuesto.
El gran riesgo que implica el trabajo impide el ingreso de nuevo personal, con lo cual el existente debe prolongar la jornada diaria a 10 y 15 horas, sin un día de descanso. Esta situación evita que se adopten una serie de medidas que favorecen a los reclusos, como la creación de huertos familiares, en Puerto Natales, ya que al efecto se debe doblar la vigilancia. Igual cosa ocurre en caso de enfermedad de algún vigilante. También, la hospitalización de reclusos, y por la misma razón, se autoriza sólo en casos de extrema gravedad.
Estimó de justicia que el excedente presupuestario se destine a beneficiar al personal.
Respondiendo algunas preguntas de los señores Senadores, expresó que: el número total de cargos de planta del Servicio era de 3.519, de los cuales 3.169 están provistos; de este número, 2.610 corresponden a la planta de vigilancia, de los cuales sólo 2.340 están provistos. El total de cargos vacantes es de 350 de los cuales 270 corresponden al personal de vigilancia y 80 a otras plantas.
Las asignaciones que solicitan deben beneficiar a los 3.169 funcionarios y deben consistir en el pago de E° 900 por funcionario, por una sola vez en el año 1969, lo que arroja un gasto de E° 2.852.100.

ANEXO III

Consejo Superior del Personal en retiro y Confederación de las Fuerzas Armadas.

El representante de este Consejo Superior manifestó que solicitan se agregue a continuación de la norma Nº 1, la frase "ni en general de ningún otro derecho o beneficio de que actualmente disfruten, según las disposiciones legales vigentes.".
Solicitan, además, suprimir la norma tercera del artículo 3°, reemplazándola por la siguiente: "Las remuneraciones que se establezcan para los diversos grados jerárquicos o empleos deben ser imponibles en su totalidad.", y agregar el siguiente artículo nuevo: "La Comisión que el Supremo Gobierno designe para estudiar y determinar las nuevas remuneraciones a que se refiere la presente ley deberá ser integrada por un miembro del Consejo Superior del Personal en Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.".
0|T. 2844 Instituto Geográfico Militar 1969