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- rdf:value = " El señor VALENTE.-
La carga tributaria está, pues, injustamente repartida, y es el producto de un sistema anacrónico, discriminatorio y retrógrado, como lo hemos afirmado tantas veces.
Se impone una efectiva racionalización de las franquicias tributarias, muchas de las cuales son aprovechadas por los grupos financieros de mayor poder económico en su exclusivo beneficio. Somos partidarios de gravar con alta tributación las utilidades de los bancos particulares, de las compañías de seguros, de las empresas extranjeras y de los consorcios monopolistas, mientras no sean nacionalizados.
Las compañías de seguros nacionales y extranjeras, por ejemplo, obtuvieron ganancias líquidas por 80 millones de escudos en los últimos nueve años, con un promedio de casi nueve millones anuales, según el siguiente detalle:
Las compañías nacionales ganaron, en 1960, Eº 3.300.700; en 1961, Eº 4.082.100; en 1962, Eº 4.177.200; en 1963, 6.131.300 escudos; en 1964, Eº 7.415.100; en 1965, Eº 9.341.800; en 1966, Eº 10.813.800; en Eº 9.895.600, y en 1968, 20.417.000 escudos. Total: Eº 75.574.600. Las compañías extranjeras ganaron, entre 1960 y la suma de Eº 4.568.300.
Los bancos particulares, a su vez, entre 1960 y el primer semestre de 1969, tuvieron utilidades por más de 220 millones de escudos casi la suma de todo el financiamiento propuesto por el Ejecutivo para mejorar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de acuerdo al siguiente detalle: 1960, Eº 8.114.000; 1961, Eº 10.326.000 (27,2%); 1962, Eº 9.539.000 (17,5%); 1963, Eº 13.694.000 (68,7%); 1964, Eº 19.615.000 (141,7%); 1965, Eº 27.500.000 (238,9%); 1966, Eº 30.821.000 (279,8%) ; 1967, Eº 34.739.000 (328,1%); 1968, Eº 37.428.000 (261,2%)); y 1969 (primer semestre), Eº 28.561.000 (630%).
En la mañana de hoy, el Ministro de Hacienda ha anunciado la modificación del artículo que establece un impuesto extraordinario a los bancos particulares, para no hacerles tan oneroso este gravamen.
Por estas razones, no son justificadas las quejas permanentes y coincidentes de los Ministros de Hacienda cuando aseguran que no tienen de dónde obtener recursos para financiar los reajustes y cancelar las deudas que mantienen con las cajas de previsión en perjuicio del otorgamiento de mayores beneficios para los imponentes.
Los comunistas hemos planteado con insistencia, como medidas económicas de urgencia y de resultados positivos para el país:
1°.- La nacionalización del cobre, ahora, desahuciando los onerosos convenios con las empresas extranjeras, en especial en cuanto al aprovechamiento del sobreprecio de ese metal;
2º.- Nacionalizar la banca privada y las compañías de seguros, para que sea el Estado quien perciba las ganancias que producen estas actividades y para terminar con la concentración del capital financiero en manos de una clase social parasitaria, que fortalece su influencia económica y política y se aferra al poder, con gravísimas consecuencias para el país y los trabajadores;
3º.- Suspender el pago de la deuda externa por un período no inferior a tres años. Nuestro país debe disponer cada año de 47 millones de dólares para el servicio de esta deuda, lo que equivale a destinar más de 550 millones de escudos por año para cubrir tales pagos. Sólo este rubro la supresión del pago de la deuda externa permitiría financiar todo el proyecto que estamos estudiando;
4º.- Racionalizar de modo efectivo las franquicias tributarias y eliminar el "drawback". Ambos rubros constituyen una forma de trasvasijamiento de importantes recursos económicos estatales a favor de algunos grupos financieros. El caso más expresivo es el de las industrias pesqueras, que, porcentualmente, pagan menos impuesto que los obreros y empleados. La eliminación del "drawback" por sí sola permitiría al erario disponer de 220 millones a 250 millones de escudos por año.
5º.- Suprimir las remesas por pago de "royalties", regalías y asesorías técnicas, manteniendo sólo aquellas asesorías estrictamente indispensables para el desarrollo técnicoindustrial.
Nuestro país no puede continuar dándose el lujo de pagar subidos derechos por el uso de determinada marca extranjera. Camisas y otras prendas enteramente fabricadas en Chile, con mano de obra chilena y materias primas nacionales, deben pagar derechos de marca simplemente porque se dice que su modelo es, "Mac Gregor" o que su estilo deja a quien lo usa "como tigre". Esto cuesta al país alrededor de 30 millones de dólares al año, es decir, más de 350 millones de escudos, que pueden economizarse sin causar daño alguno a la calidad de los productos nacionales y a nuestra economía.
Hemos elaborado las indicaciones tendientes a sustituir, en el proyecto de reajuste que debatimos, aquellos artículos sobre financiamiento que gravan nuevamente los consumos, aumentan las tasas de impuestos de timbres, estampillas y papel sellado y recargan las contribuciones de bienes raíces discriminadamente.
Nuestras indicaciones reemplazan, por ejemplo, el artículo 6º, que grava con 16% de impuesto los consumos en bares, restaurantes y fuentes de soda; con 25% tanto algunas mercaderías estimadas suntuarias como otras de consumo o uso habitual, como los receptores de televisión, máquinas fotográficas, películas, aguardientes, sidras, etcétera, y con 16% los piscos y vinos, por un precepto que obligue a las empresas de la gran minería del cobre a otorgar al Estado chileno un préstamo forzoso por 200 millones de escudos, que deberán ser enterados en arcas fiscales antes del 30 de julio de 1970, préstamo cuyo servicio se iniciaría el año 1975.
Los artículos 8º y 9º, que aumentan en 50% los impuestos sobre timbres, estampillas y papel sellado que se pagan en notarías por la transferencia de bienes raíces, y modifican la aplicación del impuesto al gas licuado, respectivamente que en conjunto rinden 40 millones de escudos, los hemos reemplazado por una disposición derogatoria del "drawback", de modo que los 220 millones ó 250 millones de escudos anuales que destina el Gobierno para devolver impuestos a los exportadores quedarán en arcas fiscales para el financiamiento del reajuste a las Fuerzas Armadas y Carabineros y a los funcionarios del sector público.
Otra indicación de los Senadores comunistas dispone la suspensión del servicio de la deuda externa desde el 1º de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1973, lo que permitirá al Gobierno disponer, como ya lo hemos señalado, de 550 millones de escudos por año.
Consideramos que tal financiamiento, extraído de los grupos económicamente privilegiados, permitirá resolver bien el pago de los beneficios económicos a los personales civil y uniformado del país. Nuestras indicaciones proporcionan al erario recursos por más de 1.300 millones de escudos, sin sacrificar a los consumidores, a los modestos propietarios, al pequeño y mediano comerciante, industrial o agricultor ni a las capas de la población económicamente más deterioradas.
Tampoco el financiamiento que hemos propuesto es factor de activación del proceso inflacionista, sino que, por lo contrario, tiende al ordenamiento económico y a un trato tributario más justo.
En la discusión particular abundaremos en nuestras observaciones respecto del financiamiento.
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