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La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señora Presidenta, este es uno de los temas más sensibles y que más preocupa a la ciudadanía, razón por la cual tenemos que enfrentarlo con seriedad. Aquí no hay espacio para la demagogia penal; para quienes sostienen que se deben que elevar las penas y llenar las cárceles de ciudadanos; para quienes nos dijeron que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes, que iban a poner tranca a la “puerta giratoria”.
¿Qué hicieron cuando estaban en el gobierno? Lo digo con mucha claridad, porque es bueno hacer memoria: Modificaron la ley N° 18.216 para que salieran miles de presos de las cárceles; elaboraron una ley de indulto general para que salieran miles de presos de las cárceles. No obstante, hoy responsabilizan a este gobierno de lo que ocurre en materia de seguridad ciudadana.
Por otra parte, los románticos creen que solo debemos preocuparnos de los problemas de fondo, de largo plazo, los que, por cierto, deben ser objeto de nuestra atención preferente para generar las condiciones para prevenir socialmente el delito y para la adecuada rehabilitación de los delincuentes.
Estamos totalmente de acuerdo con que ese es el desafío a largo plazo. Sin embargo, ¿qué hacemos mientras las penas que establecimos como legisladores no se aplican en las sentencias judiciales porque se genera una cadena de atenuantes que terminan con fallos que establecen penas de cárcel, pero que en la mayoría de los casos se cumplen en libertad? ¿Qué hacemos si se genera un conjunto de obstáculos en materia de persecución penal, que permite que 60.000 personas que tienen órdenes de aprehensión circulen libremente por las calles sin que puedan ser detenidas? ¿Qué hacemos a favor de las personas que viven atemorizadas en su casa debido a que no tenemos la capacidad para desarticular adecuadamente las bandas delictuales? ¿Seguimos pensando solo en el largo plazo o somos capaces de actuar para mejorar la eficacia de la persecución penal respecto de este tipo de delitos?
¿Qué han hecho el gobierno, al que tanto se critica, y el Congreso Nacional? En primer lugar, aprobar una iniciativa de ley que fortalece el Ministerio Público, ya que si no tenemos una ley que fortalezca la capacidad de investigar y de perseguir penalmente a los delincuentes, las normas sustantivas terminan sin aplicación.
¿Qué hace el proyecto de ley en estudio? Ataca el corazón del delito, el 85 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país, a saber: robo, hurto y receptación.
¿Sube las penas? No, pero establece al juez un marco para aplicar en concreto la pena y para asegurar que se apliquen las penas que figuran en el código respectivo, salvo en algunos casos en que me parece de toda lógica aumentar las penas. No podemos estar en contra de aumentar las penas en el delito de robo con homicidio, de robo con violación, de robo con lesiones graves gravísimas, de castración, de mutilación grave de miembros.
Además, el proyecto mejora la capacidad de las policías para que puedan actuar, pero con un adecuado control que resguarde las garantías de las personas.
¿Quién podría sentirse agredido porque le piden el carné de identidad? ¿Algunos de nosotros nos sentimos vulnerados en nuestros derechos si nos piden la licencia de conducir cuando viajamos en nuestros vehículos?
Lo que hicimos fue evitar que ese control de identidad preventivo implique registro de vestimenta si no hay indicio de la comisión de un delito, ya que, de lo contrario, podría haber una vulneración de garantía. Lo que hicimos es que esto se aplique sin discriminar por la condición social o sexual, por el origen de la persona o por el lugar en se encuentre, porque todos debemos ser tratados como iguales. Lo que también hicimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fue establecer que esa facultad debe ser evaluada cada seis meses y que se deben publicar los reclamos, para lo cual generamos un procedimiento que debe seguir quien se sienta vulnerado en sus derechos. Es decir, establecimos un justo equilibrio entre el otorgamiento de más poder y eficacia para las policías, y las garantías de las personas.
Esta es la agenda corta, muy útil, pero que aborda solo una parte del problema. En efecto, también debemos preocuparnos de tener un adecuado sistema de reinserción social para que quienes pasen por el sistema penitenciario tengan un acompañamiento pospenitenciario para que se reinserten o se inserten en la sociedad y no tengan que volver a delinquir.
Asimismo, debemos dividir el Sename, para que los niños que hoy son vulnerados en sus derechos no pasen después a ser menores infractores -como ocurre generalmente-, para que los niños víctimas de abusos, de abandono no terminen iniciando tempranamente una carrera delictual. Por esa razón es fundamental preocuparnos de lo que establezca este gobierno en la agenda larga.
En relación con lo que planteaba el colega Juan Antonio Coloma respecto de la “ley Emilia”, quiero decir que esto ataca a los reincidentes; pero si queremos dar el mismo trato a los primerizos, vamos a generar una contaminación criminológica, ya que esos niños terminarán como profesionales del delito, en circunstancias de que nuestra responsabilidad es rescatarlos para que no vuelvan a delinquir.
He dicho.
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