REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA
Sesión 60ª, en martes 20 de febrero de 1968
Especial.
(De 16,13 a 20.29).

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SALVADOR ALLENDE GOSSENS, PRESIDENTE, Y
LUIS FERNANDO LUENGO ESCALONA, VICEPRESIDENTE.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.

INDICE.

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESION
III.- TRAMITACION DE ACTAS
IV.- LECTURA DE LA CUENTA


V.- ORDEN DEL DIA:


Proyecto de ley, en cuarto trámite, que prorroga la vigencia del impuesto a la renta mínima presunta. (Queda despachado) 2258

Proyecto de ley, en segundo trámite, que determina las funciones y atribuciones del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile.
(Queda despachado) 2296

Anexos.

DOCUMENTOS:

1.- Proyecto de ley, en cuarto trámite, que prorroga la vigencia del impuesto a la renta mínima presunta 2297

2.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que modifica la ley orgánica de la Corporación de Magallanes 2298

3.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto que eleva el número de tribunales del país y crea una Corte de Apelaciones con asiento en Rancagua 2320

4.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que eleva el número de tribunales del país y crea una Corte de Apelaciones en Rancagua 2335

5.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en las observaciones al proyecto que extiende los beneficios de la semana corrida 2336

6.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto que modifica la ley orgánica de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República .. 2337

7.- Moción del señor Ahumada, con la que inicia un proyecto de ley que otorga la calidad de empleados a los mensajeros de correspondencia y comunicaciones internas de las empresas e instituciones del sector privado 2342


VERSION TAQUIGRAFICA.


I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Aguirre D., Humberto;
Allende, Salvador;
Ampuero, Raúl;
Aylwin, Patricio;
Baltra, Alberto;
Bossay, Luis;
Campusano, Julieta;
Carrera, María Elena;
Contreras, Carlos;
Contreras, Víctor;
Corvalán, Luis;
Curtí, Enrique;
Chadwick, Tomás;
Duran, Julio;
Enríquez, Humberto;
Ferrando, Ricardo;
Foncea, José;
Fuentealba, Renán;
Gómez, Jonás
González M., Exequiel;
Gormaz, Raúl;
Gumucio, Rafael A.;
Ibáñez, Pedro;
Jaramillo, Armando;
Luengo, Luis Fernando;
Mauras, Juan Luis;
Miranda, Hugo;
Noemi, Alejandro;
Pablo, Tomás;
Palma, Ignacio;
Prado, Benjamín;
Reyes, Tomás;
Rodríguez, Aniceto;
Sepulveda, Sergio;
Teitelboim, Volodia;
Von Muhlenbrock, Julio;

Concurrió, además, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro.


II.- APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.13, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ALLENDE (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.


III.- TRAMITACION DE ACTAS.

El señor ALLENDE (Presidente).- Las actas .de las sesiones 46° a 53°, ambas inclusive, quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.


IV.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor ALLENDE (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.

Doce de Su Excelencia, el Presidente de la República.
Con los dos primeros, comunica que ha resuelto retirar las observaciones formuladas a los proyectos de ley que benefician, por gracia, a doña Lucía Acharan Muñoz y a don Homero Julio Aguirre.
-Quedan retiradas las observaciones.
Con los dos siguientes, comunica que ha resuelto incluir, entre las materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica el Estatuto de Arica.
-Se manda agregarlo a sus antecedentes.
2.- El que modifica el D.F.L. 171, de 1960, Ley Orgánica del Servicio de Correos y Telégrafos.
-Se manda archivarlo.
Con el quinto solicita la aprobación de un proyecto de acuerdo que aprueba el Acta de Protocolización de los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana, suscrita en la capital de la República Dominicana por el Gobierno de Chile el 30 de octubre de 1957.
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con los siete últimos, solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir los siguientes ascensos en las Fuerzas Armadas:
A Vicealmirante, el Contralmirante don Jorge Swett Madge;
A Capitán de Navio, el Capitán de Fragata don Hugo Oyarzún Ramm;
A Capitán de Navio, el Capitán de Fragata don Carlos E. Le May Délano;
A Capitán de Navio, el Capitán de Fragata don Sergio Baquedano Alvarez;
A General de División, el General de Brigada don Jorge Quiroga Mar dones;
A General de Brigada, el Coronel don Carlos Prats González, y
A Coronel, el Teniente Coronel don Arturo Vivero Avila.
-Pasan a la Comisión de Defensa Nacional.

Oficios.

Tres de la Cámara de Diputados.
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece un impuesto a la renta mínima presunta por el año 1968, con excepción de las que señala. (Véase en los Anexos, documento 1).
-Queda para Tabla.
Con el segundo, comunica los acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en primer trámite constitucional, respecto de las observaciones formuladas al proyecto que modifica la ley N° 13.908, que creó la Corporación de Magallanes. (Véase en los Anexos, documento 2).
-Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización y a la de Hacienda, en su caso.
Con el último, comunica que ha tenido a bien insistir en el rechazo de la modificación introducida por el Honorable Senado, consistente en agregar un artículo 35, al proyecto de ley que consulta diversas medidas de ayuda y fomento para las industrias elaboradoras de harina y aceite de pescado en las provincias de Tarapacá y Antofagasta y que modifica el régimen especial de importaciones e impuestos de los departamentos de Iquique y Pisagua.
-Se manda archivarlo.
Uno del Excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema con el que comunica que el oficio remitido en nombre del Honorable Senador señor Jaramillo Lyon, solicitando la designación de un Ministro en Visita para conocer los hechos acaecidos en la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, fue enviado, para los fines que correspondan, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
-Se manda archivarlo.
Diecinueve de los señores Ministros del Interior, Economía, Fomento y Reconstrucción, Educación Pública, Justicia, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Trabajo y Previsión Social, y de los señores Contralor General de la República y Director del Servicio de Impuestos Internos, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señora Campusano (1), y señores Aguirre Doolan (2), Ahumada (3), Ampuero (4), Contreras Labarca (5), Contreras, don Víctor (6), Foncea (7), Gómez (8), Rodríguez (9) y Teitelboim (10):
1) Conflicto de trabajadores de la fábrica de conservas "El Vergel", de Valparaíso;
Anomalías en trabajos de instalación de redes de agua potable y alcantarillado en Coquimbo, y Situación tributaria de mejoreros de la localidad "Compañía Baja", de La Serena.
2) Instalación de Destacamento de Carabineros en "Orillas de Itata", comuna de Portezuelo.
3) Obras viales en las comunas de Doñihue, Codegua y Coltauco, en las provincias de O'Higgins y Colchagua, y Construcción y reparación caminos de Requegua Arriba, Monte Lorenzo a Zúñiga, Toquihua, Tunca El Medio, Romeral de Zúñiga y la Puntilla, en la provincia de O'Higgins. 4), Problemas de habitantes de Chiloé que trabajan en la pampa chilena y argentina en época de esquila.
5) Construcción nuevo aeropuerto en la ciudad de Iquique;
Creación de una oficina de Registro Civil e Identificación en la localidad de Contao;
Designación de un Ministro en Visita para que conozca el proceso que señala, y
Reinstalación del Retén de Carabineros de Hualaihué, comuna de Puerto Montt.
6) Petición del Sindicato Profesional de
Empleados de la Oficina Salitrera
"Pedro de Valdivia";
Problemas del Gremio de Taxistas en Arica, y
Solución de problemas de las Escuela Femenina Superior de Antofagasta y Escuela N° 33, de Calama.
7) Terminación camino que une Villa de Colín con la ciudad de Talca, y Pavimentación de tramo del camino que une a la ciudad de Linares con el Cementerio de dicha ciudad.
8) Traslado y rebaja de grado del Inspector del Trabajo de Iquique.
9) Construcción nuevo local para el Liceo de Maullín y reparación del local Escuela N° 2, de la misma localidad,
y
10) Parcelación del Fundo "La Reina Sur", de Colina.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Uno del señor Director de Estadística y Censos con el que remite el índice de precios al consumidor correspondiente a enero de 1968.
-Pasa a la Oficina de Informaciones.
Uno del señor Gobernador de Pitrufquén y otro del señor Intendente de Linares con los que informan acerca de los desafueros solicitados en su contra.
-Pasaron a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Informes.

Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que eleva el número de tribunales del país y crea una Corte de Apelaciones con asiento en Rancagua. (Véase en los Anexos, documentos 3 y 4).
Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en los siguientes asuntos:
Observaciones, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que deroga disposiciones del Código del Trabajo, con el fin de extender los beneficios de la semana corrida. (Véase en los Anexos, documento 5).
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Pablo, que modifica la ley Orgánica de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República. (Véase en los Anexos, documento 6).
-Quedan para tabla.

Mociones.

Una del Honorable Senador señor Ahumada, con la que inicia un proyecto de ley que otorga la calidad de empleados a los mensajeros de correspondencia y comunicaciones internas de las Empresas e Instituciones del sector privado. (Véase en los Anexos, documento 7).
-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Otra del Honorable Senador señor Teitelboim con la que inicia un proyecto de ley que beneficia, por gracia, a don Juan de la Cruz Gregorio Escobar Martínez.
-Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia.

Presentación.

Una del señor Jorge Gaete Rojas con la que, de conformidad con lo establecido en la atribución segunda del artículo 42 de la Constitución Política del Estado, entabla acusación contra el ex Ministro de Hacienda, don Sergio Molina Silva.
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor ALLENDE (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Solicito la venia de la Sala para empalmar esta sesión con la siguiente.
Acordado.


V.- ORDEN DEL DIA.

PRORROGA DE VIGENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA MINIMA PRESUNTA.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde discutir, en cuarto trámite constitucional, el proyecto sobre prórroga del impuesto a la renta mínima presunta.
-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 54°, en 23 de enero de 1968.
En cuarto trámite, sesión 60°, en 20 de febrero de 1968.
Informes Comisiones de:
Hacienda, sesión 56°, en 31 de enero de 1968.
Hacienda (Segundo), sesión 58°, en 8 de febrero de 1968.
Discusiones:
Sesiones 57°, en 6 de febrero de 1968 (se aprueba en general); 59°, en 8 de febrero de 1968 (se aprueba en particular) .
El señor FIGUEROA (Secretario).- En el artículo 1°,. la Cámara rechazó las siguientes modificaciones:
La que consiste en reemplazar, en el primer inciso, los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, por los siguientes:
"La renta que no exceda de E° 6.400 estará exenta de esta obligación.
"La renta de E° 6.400 a E° 20.000,10%.
"La renta de E° 20.000 a E° 30.000, 15%.
"La renta de E° 30.000 a E<? 40.000, 20%.
"La renta de E° 40.000 a E° 50.000, 25%.
"La renta de E° 50.000 a E° 60.000, 30%.
"La renta de E° 60.000 a E° 70.000, 35%.
"La renta de E° 70.000 a E° 80.000, 40%.
"La renta de E° 80.000 a E° 90.000, 45%.
"La renta de E° 90.000 y más, 50%".
La consistente en establecer un inciso segundo, nuevo, y la que agrega una frase final en el inciso segundo, que pasa a ser tercero.
El señor ALLENDE (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.- Los Senadores del Partido Comunista votaremos favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
Como dijimos en aquella oportunidad, una de las enmiendas aprobadas por la Sala en este precepto tiene por objeto aliviar del peso del impuesto a la renta mínima presunta al patrimonio de la gente de modestos y medianos recursos.
El tributo que se pretendía establecer era bastante fuerte. La Comisión de Hacienda, tomando en cuenta en forma especial el nivel de vida y las demás obligaciones que recaen sobre los contribuyentes, procedió, por mayoría, de esa manera, pues así lo indicaba la conveniencia pública.
Por desgracia, la Cámara de Diputados rechazó tal enmienda, inspirada en un notorio propósito de justicia.
Además, la Cámara desechó el inciso tercero de este artículo, que también tenía por finalidad disminuir el monto del tributo, al permitir al contribuyente descontar el ciento por ciento de la suma pagada por concepto de impuesto global complementario. Ese precepto fue debidamente considerado por la Comisión y también resultó aprobado por mayoría.
Por las razones expuestas, los Senadores de estas bancas insistiremos en el texto del artículo aprobado por el Senado. 
El señor BOSSAY.- Algunas de las indicaciones aprobadas por el Senado, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala, fueron de iniciativa radical, como la que eleva el mínimo afecto a tributo, de 50 mil escudos a 80 mil.
Respecto de otras enmiendas, como la relativa a la escala propuesta, también los radicales dimos nuestra aprobación, por considerar que disminuyen la obligación de pagar este impuesto a las personas de pequeño patrimonio. La escala propuesta por el Ejecutivo, en cambio, las grava fuertemente. Así quedó de manifiesto en el debate habido sobre la materia.
Por esos motivos, votaremos por la insistencia en las modificaciones introducidas por el Senado.
El señor ALLENDE (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se insiste o no se insiste en el criterio del Senado?
-(Durante la votación).
El señor PABLO.- Señor Presidente, por las razones que ya hicimos presentes, votaremos por el criterio de la Cámara de Diputados.
Como lo manifestamos con ocasión del primer informe, nos parece que la escala propuesta por el Ejecutivo produce mayor rendimiento y, por otra parte, importa mayor liberalidad, en comparación con la que existía hasta la fecha.
Por tales razones, no insistimos en esta disposición.
El señor ENRIQUEZ.- Vuelvo a manifestar que nuestro criterio es absolutamente contrario al restablecimiento del impuesto sobre la renta mínima presunta, o patrimonial. Los fundamentos de nuestra actitud los di en la oportunidad anterior en que este asunto se trató en el Senado.
Sin embargo, en este instante, y dado" que el proyecto se encuentra en cuarto trámite, manteniendo mi criterio, voto por la insistencia.
El señor GOMEZ.- Señor Presidente, el pareo que concerté con el Honorable señor Castro no rige en esta ocasión, en que, para insistir, el Senado precisa reunir los dos tercios de sus miembros. En tales circunstancias, el Honorable señor Castro queda pareado con el Honorable señor Ayl-win.
Voto por la insistencia.
-El Senado no insiste (19 votos por la insistencia, 15 por la no insistencia y 1 pareo).
El señor FIGUEROA (Secretario).- Artículo 2°.
El señor IBAÑEZ.- ¿Y los otros incisos? Hay un nuevo inciso. . .
El señor FIGUEROA (Secretario).- Se votaron todos, señor Senador. Di lectura a todas las modificaciones introducidas al artículo 1°, y el señor Presidente las puso en discusión.
El señor ALLENDE (Presidente).- Ningún señor Senador pidió que se dividiera la votación.
El señor IBAÑEZ.- Pido que se vote separadamente el inciso nuevo. Estaba en el convencimiento de que sólo votábamos el primer inciso.
El señor ALLENDE (Presidente).- Señor Senador, se leyeron todos, se ofreció la palabra y ningún señor Senador pidió que se dividiera la votación. Por eso, se votaron conjuntamente.
De acuerdo con el Reglamento, solicito el acuerdo unánime de la Sala para proceder en la forma solicitada por el señor Senador.
No hay acuerdo.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En el artículo 2°, la Cámara de Diputados ha desechado la modificación del Senado que consiste en sustituir, en el inciso tercero de la letra A), la expresión "E° 50.000" por "E° 80.000".
También ha desechado la que consiste en agregar, en punto seguido, en el mismo inciso tercero, la siguiente frase final: "Se presumirá que aquellos bienes tienen este último origen a menos que se pruebe lo contrario".
El señor CHADWICK.- Pido votación separada, señor Presidente.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara ha rechazado, asimismo, la modificación que consiste en agregar, al final de la primera oración del inciso primero de la letra C), a continuación de la palabra "país", lo siguiente: "o cuyas principales inversiones se encuentren en Chile".
El señor ALLENDE (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor PABLO.- Señor Presidente, la primera resolución adoptada por la Cámara en este artículo es consecuencia del criterio que aplicó al artículo 1°, sobre el cual el Senado acaba de pronunciarse. De tal modo que, sin votación, podría darse por aprobada.
El señor CHADWICK.- Estamos de acuerdo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Con la misma votación.
El señor ALLENDE (Presidente).- Si le parece a la Sala, no se insistirá con la misma votación anterior.
El señor CONTRERAS (don Víctor).- Respecto del primer inciso.
El señor LUENGO.- Nos estamos refiriendo a la primera modificación desechada por la Cámara, que consiste en sustituir "E° 50.000" por "E° 80.000".
El señor ALLENDE (Presidente).- El Senado no insistiría en la primera modificación, con la misma votación anterior.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En este mismo artículo, la Cámara ha desechado la enmienda que consiste en agregar, en punto seguido, en el inciso tercero de la letra A), la siguiente frase final: "Se presumirá que aquellos bienes tienen este último origen a menos que se pruebe lo contrario".
El señor RODRIGUEZ.- Creo que hay acuerdo unánime en este punto.
El señor LUENGO.- El Senado debería insistir.
El señor ALLENDE (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor CHADWICK.- Si no hubiera oposición, podría darse por acordada la insistencia.
El señor ALLENDE (Presidente).- ¿Habría acuerdo unánime para insistir?
Acordado.
El Senado insiste.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La otra modificación desechada por la Cámara es la que tiene por objeto agregar, al final de la primera oración del inciso primero de la letra C), a continuación de la palabra "país", lo siguiente: "o cuyas principales inversiones se encuentren en Chile".
El señor ALLENDE (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.- También podríamos insistir en este caso, por unanimidad.
El señor LUENGO.- Con la misma votación anterior.
El señor ALLENDE (Presidente).- No hay acuerdo para adoptar el mismo criterio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 22 votos por la insistencia, 11 por la no insistencia, 2 abstenciones y 1 pareo.
El señor ALLENDE (Presidente).- Como las abstenciones influyen en el resultado, debe repetirse la votación.
El señor CHADWICK.- Podría darse por repetida, señor Presidente.
El señor ALLENDE (Presidente).- En votación.
-El Senado insiste (23 votos contra 12 y 1 pareo).
El señor FIGUEROA (Secretario).- En el artículo 3°, la Cámara ha desechado la modificación que consiste en agregar, como inciso cuarto de la letra d) de este artículo, el siguiente, nuevo:
"Dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, las sociedades anónimas deberán remitir a la Superintendencia de Sociedades Anónimas copia del Balance que deba servir de antecedente para la valorización de las acciones. Vencido este plazo la Superintendencia, sin perjuicio de lo que establece el D.F.L. N° 251, de 1931, podrá aplicar a cada Director, Gerente o Contador de las sociedades anónimas que no hayan dado cumplimiento a dicha obligación una multa de medio a tres sueldos vitales del Departamento de Santiago."
El señor ALLENDE (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor CONTRERAS (don Víctor).- Pido votación nominal.
El señor ALLENDE (Presidente).- El Comité Comunista ha pedido votación nominal. Así se procederá.
- (Durante la votación).
El señor PABLO.- Señor Presidente, los Senadores democratacristianos votamos por la no insistencia, pues el inciso establece un plazo perentorio de diez días, a contar desde la fecha de publicación de la ley, para remitir a la Superintendencia de Sociedades Anónimas copia del respectivo balance, y castiga el incumplimiento de este precepto con sanciones que aplicará esa misma entidad.
Por lo demás( la Superintendencia tiene su propio sistema y, conforme a él, hará cumplir las disposiciones en los plazos oportunos.
Estimamos que, con un plazo tan categórico, muchas sociedades anónimas caerán en sanción, no porque sea su deseo infringir la ley, sino, en muchos casos, por desconocerla o por no estar en condiciones de entregar todos los antecedentes. De todas maneras, la Superintendencia de Sociedades Anónimas -repito- dispone de los procedimientos indispensables para hacer cumplir estas normas.
Por lo dicho, los Senadores de estas bancas no insistiremos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Arréglenlo por la vía del veto.
-Se acuerda no insistir (19 votos por la insistencia, contra 14 por la no insistencia, 2 abstenciones y 1 pareo).
-Votaron por la insistencia los señores Aguirre, Allende, Ampuero, Baltra, Bos-say, Campusano, Carrera, Contreras La-barca, Contreras (don Víctor), Corvalán, Chadwick, Duran, Enríquez, Gómez, González Madariaga, Luengo, Miranda, Rodríguez y Teitelboim.
-Votaron por la no insistencia los señores Aylwin, Curti, Ferrando, Foncea, Gormaz, Ibáñez, Jaramillo, Mauras, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Reyes y Sepulveda.
-Se abstuvieron los señores Fuenteal-ba y Gumucio.
-No votó, por estar pareado, el señor Von Mühlenbrock.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En el artículo 4°, la Cámara desechó la modificación introducida por el Senado que tiene por objeto sustituir en el párrafo segundo las palabras: "en la letra G), sean de un valor que no exceda de E° 50.000", por las siguientes: "en la letra G), del mismo artículo, sean de un valor que no exceda de E° 80.000".
El señor PABLO.- El Senado no debe insistir, como consecuencia de lo resuelto en el artículo 1°.
El señor ALLENDE (Presidente).- Si le parece a la Sala, el Senado no insistirá.
El señor CONTRERAS LABARCA.- Tiene que ver con lo resuelto en el artículo 1°.
El señor IBAÑEZ.- Nosotros no estamos de acuerdo. Somos partidarios de la insistencia.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Y cómo votaron a la inversa el artículo 1°
El señor IBAÑEZ.- Porque se votó la totalidad de esa disposición, en lugar de hacerlo inciso por inciso, como estamos procediendo ahora.
Por lo demás, espero que Sus Señorías nos permitirán computar nuestros votos como deseamos hacerlo.
El señor PABLO.- Este artículo debe quedar congruente con lo aprobado en el 1°.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La primera modificación, que consiste en cambiar el guarismo "50.000" por "80.000" fue rechazada anteriormente.
El señor IBAÑEZ.- El artículo 1° no se votó separadamente, como lo deseábamos. Ahora queremos votar por la insistencia.
El señor ALLENDE (Presidente). -
Debo hacer presente que no se pidió dividir la votación en el momento oportuno.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se insiste o no se insiste en el criterio del Senado?
El señor LUENGO.- A mi juicio, procede declarar la no insistencia, con los votos contrarios de los Senadores nacionales. ¡Cómo vamos a despachar un proyecto incongruente!
-Se acuerda no insistir, con los votos en contra de los Senadores nacionales.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La segunda modificación recaída en el artículo 4°, también rechazada por la Cámara, tiende a suprimir su párrafo final, que dice: "Las personas naturales acogidas al decreto con fuerza de ley N° 437, de 1953, o al decreto con fuerza de ley N° 258, de 1960, respecto de los aportes efectuados en virtud de sus disposiciones".
El señor CHADWICK.- Pido votación nominal.
El señor ALLENDE (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.- Señor Presidente, los Senadores comunistas votaremos por la insistencia, porque lo dispuesto en el último inciso del artículo 49 tiene por finalidad declarar exentas del impuesto a que se refiere el proyecto en debate a las personas naturales que disfrutan en la actualidad de los privilegios otorgados por el decreto con fuerza de ley N° 437, de 1953, los cuales, a nuestro juicio, son ya exorbitantes. Eximirlas también de este gravamen, es sencillamente absurdo.
Por eso, votaremos por la supresión del inciso, vale decir, por la insistencia.
El señor IBAÑEZ.- Los Senadoers de estas bancas esperábamos, después de los cambios producidos en el equipo de Gobierno, tener oportunidad de oír de los señores Ministros de Estado una exposición acerca de los puntos de vista de la nueva política que, aparentemente, el Ejecutivo intentaría aplicar.
Resulta muy desconcertante el hecho de que no haya explicación alguna de los señores Ministros para señalar si habrá efectivamente alguna variación en la línea política del Gobierno. Creo que el país entero reclama un pronunciamiento de esa índole, ya que es difícil comprender un cambio en el equipo ministerial para continuar exactamente con la misma política seguida hasta ahora.
En estas condiciones, no podemos pronunciarnos sobre el asunto en debate.
Por eso, nos abstendremos.
El señor PABLO.- Me parece que, en verdad, lo solicitado por el señor Senador no guarda relación con la materia en debate. En efecto, estamos abocados al estudio en cuarto trámite constitucional del proyecto relativo al impuesto a la renta mínima presunta, y sobre ello debemos resolver.
En cuanto a la política general en el aspecto económico y financiero, oportunamente el señor Ministro de Hacienda hará en este hemiciclo una exposición. Pero no me parece que éste sea el momento para solicitarla, ni que tal petición pueda servir de fundamento para abstenerse de votar.
¿De qué se trata, señor Presidente? Exclusivamente de que, de conformidad con el Estatuto del Inversionista Extranjero, dictado en 1953, prorrogado posteriormente por otras leyes especiales y, finalmente, por un decreto con fuerza de ley de la Administración del señor Alessandri, se estableció que aquellas personas que trajeran capitales al país no serían gravadas con ningún nuevo tributo que no estuviera ya vigente en aquella época durante el plazo de diez años concedido por dicho estatuto. Ese fue el compromiso contraído con las personas que trajeron sus capitales al país. Por lo demás, la disposición se consignaba en la ley de impuesto a la renta mínima presunta, aprobada con los votos de los Senadores de las bancas del Honorable señor Ibáñez cuando Su Señoría esa de Gobierno, y yo, el único Senador democratacristiano. En esa oportunidad se mantuvo el criterio que nosotros reiteramos en esta oportunidad, de respetar el compromiso asumido a través del Estatuto del Inversionista Extranjero.
Esta es, exclusivamente, la materia de que nos ocupamos en estos instantes.
Por las consideraciones anteriores, somos partidarios de la no insistencia.
El señor ALLENDE (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para decir desde la Mesa algunas palabras respecto de lo planteado por el Honorable señor Ibáñez.
En la mañana de hoy concurrió a la Presidencia del Senado el señor Ministro de Hacienda. Su presencia aquí obedecía al deseo de saludar, por mi intermedio, a los Senadores de los distintos grupos políticos representados en la Corporación, de excusarse por su inasistencia esta tarde, ya que se trataría del cuarto trámite constitucional del proyecto en debate, no obstante lo cuál vendría el señor Ministro de Economía, y, al mismo tiempo, de hacer presente que buscará contactos con los sectores políticos en forma individual y que, colectivamente, hará una exposición sobre la orientación económica y financiera del Gobierno. También anunció el señor Ministro que en el curso de la próxima semana será enviado al Congreso el proyecto de ley de reajustes.
Estimo que era una elemental obligación de mi parte informar al Senado sobre esta materia.
, El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, atendidas las explicaciones de Su Señoría y las observaciones que se han formulado a este respecto, votaremos por la no insistencia.
El señor ALLENDE (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor CHADWICK.- Seguramente pocas veces habrá de ser más odiosa la discriminación en favor del capital extranjero que la insistencia de la Cámara de Diputados en esta norma, pues el proyecto de ley en debate, como sabe el Honorable Senado, tiene más de un carácter absolutamente excepcional.
Se está gravando la renta mínima presunta de muchos bienes que sirven para colacionar los impuestos a la renta o que, de otra manera, tributan en forma directa mediante el impuesto terirtorial. Se trata, en consecuencia, de sacrificios excepcionales que se piden al país en razón de la penuria del erario. Es un sacrificio emergente. No se comprende, entonces, por qué razón el capital extranjero que se ha acogido a las disposiciones de los decretos con fuerza de ley números 437 y 258, pueda recibir un tratamiento de favor que lo pone al margen de las situaciones más premiosas que deben soportar los sectores modestos del país.
Sin el ánimo de abundar en mayores consideraciones, y llamando sólo la atención del Senado en cuanto a lo que significa este precepto por su espíritu antinacional, los socialistas populares votaremos contra él y en favor de la insistencia del Senado, que había acordado suprimirlo. -El Senado rio insiste (19 votos por la insistencia, 16 por la no insistencia y un pareo).
-Votaron por la insistencia los Honorables señores Aguirre Doolan, Allende, Ampuero, Baltra, Bossay, Campusano, Carrera, Contreras Labarca, Contreras (don Víctor), Córvalan Chadwick, Duran, En-ríquez, Gómez, González Madariaga, Luengo, Miranda, Rodríguez y Teitelboim.
-Votaron por la no insistencia los Honorables señores Aylwin, Curtí, Ferrando, Foncea, Fuentealba, Gormaz, Gumucio,
Ibáñez, Jaramillo, Mauras, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Reyes y Sepulveda.
-No votó por estar pareado el Honorable señor Von Mühlenbrock.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, la Cámara de Diputados no acepta la supresión del artículo 13 hecha por el Senado. Este artículo autoriza al Presidente de la República para que, anualmente, ponga a disposición del Banco del Estado, por intermedio de la Tesorería General de la República, una cantidad que no exceda del 50% del rendimiento del impuesto establecido en el artículo anterior, con el objeto de que dicho banco otorgue préstamos de promoción a las industrias de turismo, ganadería y pesca, y a las industrias anexas o derivadas de ellas, ubicadas o que se instalen en la provincia de Llanquihue.
El señor ALLENDE (Presidente).- -En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor BOSSAY.- Personalmente, y no en nombre de mi partido, solicito insistir en el acuerdo adoptado por la Comisión de Hacienda del Senado y ratificado con posterioridad por la Sala, de suprimir el artículo 13.
Después de haber escuchado las opiniones tanto del ex Ministro de Hacienda como del actual, después de conocer las razones del reciente cambio ministerial y de tener antecedentes acerca de los problemas de la caja fiscal -los conoceremos pronto en forma detallada-, es absurdo que se pretenda todavía otorgar a la provincia de Llanquihue, por intermedio del Banco del Estado, hasta un 50% de un impuesto de carácter nacional, es decir, vigente desde Arica hasta Magallanes. ¿Y por qué no destinarlo a Antofagasta, Concepción, Valparaíso, Cautín u otra provincia de Chile ? ¿Acaso en ellas no se emiten facturas sobre las cuales recae este impuesto? Se trata simplemente de un "gol" de parlamentarios, tal vez bastante ágiles, que han logrado que hasta el 50% del rendimiento de ese gravamen se destine a ayudar a la ganadería y el turismo de Llanquihue.
Si queremos cumplir el precepto constitucional y distribuir en forma seria los tributos de origen nacional, debemos rechazar por unanimidad este artículo 13 e insistir en el planteamiento del Senado.
-Se insiste en la supresión del artículo, con el voto en contra del señor Contreras Laborea.
El señor FIGUEROA (Secretario).- A continuación, la Cámara ha desechado la modificación del Senado consistente en agregar un artículo 13, nuevo, que declara de beneficio fiscal el exceso sobre 29 centavos de dólar de los Estados Unidos de América que alcance el precio de la libra de cobre.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor CONTRERAS LABARCA.- Pido votación nominal.
El señor CHADWICK.- Lo mismo solicita el Comité Socialista Popular.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación nominal.
- (Durante la votación).
El señor IBAÑEZ.- Me merece dudas Ja votación de este artículo: hay circunstancias que no dejan de perturbar una decisión que, en otro momento, habría sido muy fácil y clara para mí. Por de pronto, hace falta sobre esta materia un claro pronunciamiento de parte del Gobierno, el cual no ha existido.
En el segundo trámite constitucional de este proyecto, los parlamentarios democratacristianos votaron a favor de esta disposición.
El señor PABLO.- No, señor Senador.
El señor JARAMILLO LYON.- Este precepto tuvo su origen en la Cámara, en una indicación firmada por dieciocho o veinte Diputados democratacristianos.
El señor PRADO.- Fue otra indicación presentada al proyecto de reajustes.
El señor IBAÑEZ.- En todo caso, hay algunos planteamientos en que, a mi juicio, el partido de Gobierno debiera tener una posición categórica.
Cuando se discutió esta materia con relación a los convenios del cobre, recuerdo que el entonces presidente de la Democracia Cristiana, Honorable señor Aylwin, sostuvo que los contratos leyes no tenían validez. Sin embargo, en estos momentos parece que Su Señoría ha cambiado de actitud.
El señor AYLWIN.- Por desgracia, no puedo contestar a Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.- Es importante la opinión de los parlamentarios democratacristianos sobre esta materia, porque creo que en este tipo de asuntos hay una responsabilidad especial y mucho más grave de parte de ellos, que sustentan la política del Ejecutivo, que de parte de quienes mantienen una actitud de independencia frente al Gobierno.
No han existido, pues, esos esclarecimientos de la Democracia Cristiana, que yo hubiera necesitado conocer.
En los últimos años hemos comprobado la existencia de una campaña permanente orientada a discriminar en contra de los intereses chilenos. Así, se ha sostenido que debe romperse el marco jurídico que ampara a los ciudadanos del país; pero, en forma simultánea, se ha dicho que tales garantías no deben ser tocadas cuando se trata de extranjeros.
Personalmente, siempre he sostenido -y lo sigo pensando- que las garantías constitucionales deben amparar a todas las personas, sean chilenas o extranjeras, y que, en consecuencia, no debe haber discriminación de ninguna especie. Pero durante el mandato de este Gobierno se ha realizado una insistente campaña, en especial por parte de los norteamericanos, por la Alianza para el Progreso, por los órganos de prensa y por voceros estadounidenses, en el sentido de que lo único progresista y conveniente que se puede hacer en un país como el nuestro es dar respaldo indiscriminado a ese conjunto heterogéneo de medidas que rompen nuestro orden jurídico y que se amparan bajo el nombre de "revolución en libertad". Esas medidas no sólo han sido aplaudidas, sino también estimuladas y defendidas por los norteamericanos. Repito que se nos ha dicho que era eso lo que convenía hacer en Chile ; que tal actitud era la única progresista y constituía la verdadera alternativa frente al marxismo.
Mantengo mi punto de vista en cuanto a que quienes impulsaron esa campaña están equivocados. Sin embargo, ahora que se trata de una ley que se refiere fundamental y casi particularmente a intereses norteamericanos, deseo saber si quienes con tanto entusiasmo impulsaron la destrucción de nuestro orden jurídico cuando se trataba de chilenos, mantienen hoy igual criterio cuando se trata de los ciudadanos de su país. Para mí, este esclarecimiento es fundamental, como lo es también que los parlamentarios de la Democracia Cristiana soliciten la palabra en el Senado, se pronuncien categóricamente -como asimismo el Gobierno- respecto de estas materias, y den respuesta en forma inequívoca a las preguntas que formulo en seguida.
¿En estos instantes la Democracia Cristiana respalda las garantías que amparan los intereses foráneos? ¿Está dispuesta también a reconsiderar su posición anterior y dar esas mismas garantías a los ciudadanos chilenos? Para tomar una decisión definitiva sobre esta materia, es importante para mí conocer la respuesta a mis preguntas.
Personalmente, reitero mi criterio en cuanto a la estabilidad que debe tener nuestro sistema jurídico, y no alteraré ese principio por ningún motivo, tratándose de chilenos.
Pero en relación con extranjeros que han patrocinado la ruptura de nuestro régimen de garantías constitucionales, a mí, por lo menos, me asaltan dudas respecto a si debe prevalecer lo que estimo verdadero y conveniente para el país o si, en este caso, debe dárseles en el gusto aplicando sus propias doctrinas a las personas afectadas por esta legislación.
Por estas razones, y por el momento, me abstengo.
El señor JARAMILLO LYON.- Las razones expuestas por mi Honorable colega señor Ibáñez me llevan a votar afirmativamente esta disposición y a ratificar en esta forma el criterio que manifesté oportunamente en la Comisión de Hacienda durante el segundo trámite constitucional y en el transcurso de la discusión general del proyecto.
Comparto los puntos de vista del Honorable señor Ibáñez: aquí se pretende hacer una verdadera discriminación -racial, si pudiéramos decir- respecto de los inversionistas nacionales frente a los extranjeros. Parecería que en Chile hubiera inversionistas de primera y de segunda clase: una primera clase con todo tipo de garantías para los norteamericanos, amparados por la majestad de los contratos leyes. En cambio, el inversionista nacional, el agricultor, el comerciante, el industrial, sería un hombre que, al parecer, debiera ser arrasado de la vida económica del país, lo que me parece absurdo, discriminatorio y de una injusticia tremenda.
Como muy bien recordaba el Honorable señor Ibáñez, han sido la Alianza para el Progreso, el ex Presidente Kennedy y el Gobierno de los Estados Unidos quienes han recomendado esta política de discriminación frente al inversionista nacional con relación al de Norteamérica.
Por eso, aplicando el mismo cartabón y el mismo criterio, en esta oportunidad votaré por la insistencia del Senado, a fin de que el inversionista extranjero corra la misma suerte de inestabilidad que está sufriendo el nacional.
Voto que sí.
El señor NOEMI.- Respecto de las palabras del Honorable señor Ibáñez, debo recordar, debido a que el Honorable señor Aylwin ya emitió su voto, que el señor
Senador expresó que los contratos leyes son susceptibles de modificación, y creo que mantiene su criterio en tal sentido.
Lo importante es saber si esta disposición conviene o no conviene al país. En este sentido estamos votando nosotros.
Tengo a la mano un informe sobre las inversiones acordadas en virtud de los contratos leyes. Ya hay decretos por US$ 466.352.000, que se invertirán según los nuevos convenios del cobre.
El señor IBAÑEZ.- Son préstamos del Gobierno de Chile.
El señor NOEMI.- De esa suma, 83 millones ya fueron invertidos en 1967. En consecuencia, debemos pensar seriamente si es conveniente para el país poner en peligro la inversión de 466 millones de dólares, que a su vez generarán impuestos para el país e, inclusive, significarán aumentar en 380 mil toneladas la producción de cobre fino en el año.
Además, tengo otro cuadro según el cual en 1967 el Gobierno de Chile recibió US$ 227.358.298 por concepto de impuestos y participación de la Corporación del Cobre, con una producción de 500 mil toneladas de cobre.
Si se produjeren 850 mil toneladas, que, evidentemente, no tendrán el gasto general ya incluido en la primera producción, las 350 mil toneladas adicionales rendirían 227 millones de dólares más de ingresos al país. Ese es el criterio que nosotros sostenemos: ¿interesa esto al país o no le interesa?
A nuestro juicio, no conviene poner en peligro esa inversión, que significa traer dólares a Chile, aumentar su producción y generar mayores ingresos por impuestos y participación de la Corporación del Cobre, en su calidad de socia de las empresas mineras.
Por lo expuesto, votamos por la no insistencia.
El señor IBAÑEZ.- Esa inversión la hace el Gobierno chileno.
El señor PABLO.- En la Comisión de Hacienda voté oportunamente en contra de esta disposición, y no por creer que los contratos leyes son intangibles. A mi juicio, el Estado, en un acto de administración, tiene tuición para modificarlos, pero debe indemnizar el perjuicio que irrogue el no cumplimiento de un contrato celebrado por él. Ese es mi punto de vista personal.
Ahora bien, se dice que existe una situación discriminatoria respecto de la economía nacional. Se hizo un cálculo de cuánto significaba esta tributación, sobre la base de un precio de 40 centavos por libra de cobre, y se llegó al 80 por ciento de las utilidades. Si el precio es mayor, evidentemente que el porcentaje debe llegar a cifras mucho más altas. Pero, por otra parte, se corre el riesgo de detener la inversión a que hizo referencia el Honorable señor Noemi, la que es altamente necesaria en el país, no sólo para poner en marcha una nueva producción, sino también para estimular el consumo interno.
Tuve oportunidad de leer no hace mucho, en sesiones pasadas, un libro enviado recientemente por la Embajada soviética al Senado, en el cual se señala la posición de Rusia en lo concerniente a los capitales extranjeros. Esa obra da a conocer el pensamiento de Lenin entre los años 1918 y 1920, el estatuto del inversionista extranjero que se aprobó y las razones con que se justificó la entrega por el Estado soviético de concesiones a extranjeros en materias primas y otros rubros. Se decía que era una fórmula para importar maquinarias que no se tenían, para traer técnicos calificados que en esa época no poseía la Unión Soviética y también para poder aumentar el mercado interno, porque a estos últimos se les obligaba a consumir en el interior del país. En esa oportunidad, el Estado soviético garantizaba ciertas cosas: no dejar sin efecto el contrato unilateralmente, la no expropiación de los bienes de los extranjeros -lo que no ha hecho el Gobierno chileno- y la devolución del capital y las utilidades. Dicho libro termina expresando puntos de vista muy coincidentes con la legislación que aquí se nos critica.
En este instante, creemos que el artículo en debate, en los términos propuestos, tampoco coincide con el pensamiento expresado en la Cámara de Diputados. En la iniciativa de la Cámara Se declaraba de beneficio fiscal el exceso sobre 40 ó 42 centavos, que suponía tributos de aproximadamente ochenta por ciento. En cambio, este precepto puede hacerlos llegar a 90 ó 95 por ciento de las utilidades. ¿Qué negocio de inversión se hará en el país por capitalistas extranjeros, sobre la base de una tributación de este tipo? ¿Podríamos decir que es discriminatorio respecto del capital nacional el imponer una tributación de 90 ó 95 por ciento de las utilidades? Creo que no. A mi juicio, ningún nacional tributa en esa proporción.
Por las consideraciones expuestas, no insistimos en la disposición rechazada por la Cámara de Diputados.
El señor RODRIGUEZ.- Este artículo corresponde a una iniciativa de los partidos populares concretada en la Comisión de Hacienda y ratificada después en la Sala, y confirma una antigua aspiración programática del Partido Socialista y de la Izquierda chilena, tendiente a rescatar para el patrimonio nacional una parte importante de los enormes recursos que se lleva la gran minería del cobre.
La verdad es que, cuando recién planteamos dicha aspiración, los socialistas estábamos en una posición casi solitaria, junto con los demás partidos del FRAP. Ha habido una sostenida incomprensión para coincidir con nosotros en la necesidad de rescatar total o parcialmente para el país las inversiones de la gran minería del cobre. Y en el curso de la campaña presidencial, incluimos preferentemente en nuestro programa, como bandera, el anhelo del movimiento popular de nacionalizar el cobre de Chile. En el camino, hemos ido ganando más conciencias. Indudablemente, se ha ido enriqueciendo nuestra aspiración de ganar para el patrimonio nacional esas grandes riquezas, y ha habido sectores de otros partidos políticos que han venido a coincidir con nuestra postulación programática. Así ocurrió, por ejemplo -ya lo recordó alguien-, en el propio seno de la Democracia Cristiana, donde un grupo de Diputados de esa colectividad ha coincidido con este anhelo de la Izquierda. Y fue el propio Honorable señor Gumucio -perdone que lo recuerde en este momento- quien replanteó esta posición en la junta celebrada en Peña-flor, con abundantes antecedentes que me permití reproducir en la discusión general del proyecto en el Senado. El Honorable señor Gumucio ha tenido ahora la consecuencia y la honestidad de reiterar este propósito, votando afirmativamente esta disposición. Pero lo cierto es que en el partido de Gobierno hay dos direcciones básicas: una de ellas es la que desafortunadamente predomina en las esferas del Ejecutivo e inspira a la mayoría de los Senadores de la bancada democratacristiana y a la mayoría de sus Diputados. Por lo tanto, no nos hacemos gran ilusión de que este precepto vaya a prosperar, aunque lográramos aprobarlo en el Senado, pues el Ejecutivo puede obtener su rechazo por la vía del veto.
En todo caso, lo que importa destacar en esta oportunidad es que el artículo 13, nuevo, que declara de beneficio fiscal el exceso sobre 29 centavos de dólar que alcance el precio de la libra de cobre, permitiría financiar holgadamente todas las necesidades tributarias planteadas en esta iniciativa y, particularmente, un reajuste muy superior al escuálido porcentaje que había anunciado el Gobierno en el proyecto que posteriormente debió retirar del Senado.
Por estas dos razones -esta disposición viene a resolver un problema de financia-miento fundamental y reitera una postulación programática del socialismo-, nosotros insistimos en el artículo que se vota.
El señor ALLENDE.- Por las razones dadas por el Honorable señor Rodríguez, en representación del Partido Socialista, voto por la insistencia.
-El Senado acuerda no insistir (20 votos por la insistencia, 13 por la no insistencia, 1 abstención y 1 pareo).
-Votaron por la insistencia los señores Aguirre Doolan, Allende, Ampuero, Baltra, Bossay, Campusano, Carrera, Contreras Labarca, Víctor Contreras, Corvalán, Chadwick, Duran, Enríquez, Gómez, González Madariaga, Gumucio, Jaramillo Lyon, Luengo, Miranda y Rodríguez.
-Votaron por la no insistencia los señores Aylwin, Curti, Ferrando, Foncea, Fuentealba, Gormaz, Mauras, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Reyes y Sepulveda.
-Se abstuvo de votar el señor Ibáñez.
-No votó por estar pareado el señor Von Mühlenbrock.
El seño FIGUEROA (Secretario).- La Cámara de Diputados también desechó el artículo 14, nuevo, introducido por el Senado.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.- Me permitirá el señor Presidente decir dos palabras en respuesta a las que escuchamos hace un momento al Honorable señor Pablo con relación al artículo anterior. Como son muy breves, pido la autorización respectiva.
El Honorable señor Pablo fundó parte de su argumentación en un documento enviado al Seriado, según dice, por la Embajada soviética.
Pues bien, deseo rectificar categóricamente a Su Señoría, haciéndole presente que en la página 41 del folleto mencionado por él, se leen las siguientes palabras:
"Una peculiaridad de la política de concesiones establecida por el Gobierno soviético consistía en la ausencia completa de toda clase de concesiones políticas."
Más adelante, dice: "Las cláusulas especiales de los contratos establecían que los capitalistas estaban obligados a acatar las leyes generales en vigor o que pudieran ser promulgadas".
Respecto del contrato con una compañía particularmente mencionada, expresa lo siguiente: "En el contrato con la sociedad anónima inglesa "Lena Goldfields Limited" se especificaba: "Puesto que el presente contrato no estipula condiciones especiales, Lena Goldfields Limited se atiene a todas las leyes y decretos vigentes, así como a las que puedan ser adoptadas por el Gobierno de la URSS".
En consecuencia, la conclusión que pretendía extraer del folleto en referencia el Honorable señor Pablo, no corresponde realmente al contenido del mencionado documento.
El señor PABLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CONTRERAS LABARCA.- No puedo concedérsela Honorable colega.
En cuanto al artículo 14 en discusión, los Senadores comunistas votaremos por la insistencia, por dos razones fundamentales.
En primer lugar, para dar una respuesta terminante a la campaña calumniosa inspirada desde el Gobierno y realizada por intermedio de los órganos de publicidad y de la radio que maneja el Gobierno, en el sentido de que nosotros, en el fenecido proyecto de reajustes enviado al Congreso por el Ejecutivo, teníamos la desatinada intención de impedir el otorgamiento de un reajuste al sector público.
Con la indicación en referencia, demostramos efectivamente ser partidarios de atender de inmediato la situación del personal de la Administración Pública, que con toda justicia reclama el reajuste de sus emolumentos.
En verdad, este artículo autoriza al Presidente de la República para que, en los meses de enero a mayo, pueda otorgar un préstamo mensual a los funcionarios de la Administración del Estado.
La segunda razón que tuvimos para presentar esta indicación se funda en nuestro convencimiento de que el Gobierno no manifestaba una voluntad sincera y efectiva de promover ¡la aprobación por el Congreso de un proyecto sobre reajustes. Estábamos convencidos de que el Gobierno haría todo lo necesario para postergar y dilatar la solución de este grave problema nacional. Así ha ocurrido, porque una vez retirado el proyecto respectivo -estamos a fines de febrero- todavía el Gobierno ni siquiera redacta la iniciativa legal correspondiente. No sería extraño que aún transcurran varias semanas antes de recibir dicho proyecto en el Congreso.
Por eso, interesados en acudir en auxilio de esos personales, que viven una situación casi desesperada, propusimos como artículo nuevo del proyecto el que actualmente lleva el número 14.
La ANEF, organismo representativo de todos los funcionarios del Estado, lleva a cabo en estos instantes una campaña nacional para que se apruebe la disposición que autoriza el referido préstamo. Se trata de un beneficio en extremo modesto, porque no puede exceder del 22% de las remuneraciones de cada empleado, pero tiene la importancia de constituir una ayuda capaz de aliviar siquiera parcialmente la situación en que tales personales se debaten.
Por las razones expuestas, los Senadores comunistas votamos por la insistencia.
El señor PABLO.- Deploro muy de veras que mi Honorable colega haya pretendido rectificar un hecho innegable. El ha dado lectura a párrafos de un libro que no tienen atinencia con lo expresado por mí. Por ejemplo, señaló que las referidas negociaciones no significan, a juicio de la Unión Soviética, concesiones de carácter político. Sin embargo, no creo que en Chile las inversiones extranjeras puedan ser de tipo político.
En segundo lugar, el señor. Senador nos dice, como si ello fuera una gran novedad, que en Rusia las grandes compañías debían someterse a las leyes de ese país.
Yo ni siquiera he pretendido hacer mención de ese aspecto, pues todo el mundo sabe que los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, en nuestro territorio deben someterse a las leyes chilenas.
He manifestado que en dicho documento se expresan claramente afirmaciones que mi Honorable colega no ha podido desmentir.
En primer término, me referí a que se garantizaba la inexpropiabilidad de los bienes que se trajeran al país. El libro citado declara explícitamente que una parte de esos bienes se entregaba en usufructo y otra parte era de propiedad del capitalista extranjero. Bien sabemos que jamás en Chile -ni en la ley que discutimos ni en la que aprobó los convenios del cobre- se ha negado la posibilidad de expropiar inversiones extranjeras. Es un hecho que mantuve y sigo manteniendo.
Además, en esa obra se sostiene que el Gobierno soviético garantizaba que no podrían ser dejados unilateralmente sin efecto los contratos celebrados con los inversionistas extranjeros. Tal declaración está expresada en forma tajante, como pudo comprobarlo el Senado cuando di lectura al párrafo pertinente.
En seguida, otro de los párrafos de aquel documento deja constancia de que se garantizaba la posibilidad de remesar las utilidades producidas por las industrias establecidas con la inversión de capitales extranjeros y, también, el envío al exterior de esos mismos capitales.
Tales son los hechos que he planteado. Se trata de aspectos consignados en forma expresa y clara en el libro que nos envió la Embajada Soviética en el mes de enero de este año.
Repito que se trata de hechos. ¿Para qué mixtificarlos ?
En todos los países del mundo han surgido problemas relacionados con su desarrollo. Durante mucho tiempo, también la Unión Soviética tuvo esos problemas. Las concesiones existieron allí por diecisiete años y fueron defendidas por el propio Lenin. ¿Por qué, entonces, negar los hechos ?
El señor CONTRERAS LABARCA.- Eso nada tiene que ver con lo que yo he manifestado, pues las condiciones eran muy distintas.
El señor PABLO.- ¿Por qué asumir estas posiciones que nos hacen aparecer más papistas que el Papa?
Con relación al proyecto de reajustes, el señor Presidente del Senado ha hecho presentes los puntos de vista del Ministro de Hacienda, quien concurrió a su despacho para anunciarle que, dentro de pocos días más, enviará la correspondiente iniciativa de ley.
En todo cuanto se relaciona con la legislación sobre reajustes, los Senadores democratacristianos obraremos de acuerdo con el criterio de la Cámara de Diputados. A nuestro modo de ver, las disposiciones legales concernientes a dichos reajustes deben estar contenidas en la ley respectiva. Por eso, ya que no fue posible legislar mediante el proyecto anteriormente enviado por el Ejecutivo, esperamos poder hacerlo en la próxima iniciativa la-gal. Así se explica que no aprobemos disposiciones que bien hubiéramos podido votar favorablemente; pero las rechazamos con el único propósito de mantener dicho criterio y de dejarlo claramente expresado. Por igual razón negamos nuestro asentimiento a todas las normas que no dicen relación con la idea central del proyecto en debate, que es de carácter tributario, y anunciamos nuestros votos favorables a la legislación sobre reajustes que habrá de ser presentada en breve al Congreso, según lo anunciado por el Gobierno.
El señor BOSSAY.- Tanto en la Comisión de Hacienda como aquí en la Sala, los Senadores radicales concurrimos con nuestros votos a la aprobación de este artículo, que únicamente faculta al Jefe del Estado para otorgar un préstamo a los funcionarios de la Administración Pública, en general, sea que estén en servicio activo o acogidos a retiro o montepío.
En nuestro concepto, nada ha ocurrido que justifique un cambio en el criterio sustentado por esta Corporación hace dos semanas. El hecho de que haya sido nombrado un nuevo Ministro de Hacienda no es razón para alterar el pensamiento exteriorizado en esa oportunidad.
El señor Presidente del Senado nos ha dicho que el nuevo Ministro de Hacienda presentará el proyecto de reajustes la próxima semana ante la Cámara de Diputados, como es lógico, en razón de los impuestos o mayores tributos sobre los cuales legisla. Además, el señor Ministro hará una exposición sobre el estado de la hacienda pública.
Lo anterior significa que, durante el mes de febrero, grandes sectores de asalariados deberán enfrentar el mantenimiento de sus respectivos núcleos familiares con los mismos ingresos que tuvieron el año pasado.
Ojalá que el señor Ministro de Economía, aquí presente, tenga en consideración nuestras palabras, sobre todo en cuanto a que la situación de quienes viven de un sueldo de un salario se ha visto cada vez más deteriorada por el diluvio de alzas decretadas por el Ministerio a su cargo. No digo que el actual Ministro sea responsable de dichas alzas, pero lo será directamente a medida que firme los numerosos decretos de autorización de reajustes de precios. Por el momento, digo, no tiene culpa, pero dejo constancia de que el Gobierno y el Ministerio tienen continuidad política.
Llamo la atención hacia el hecho de que, tan sólo en un mes, el alza del costo de la vida fue de 5,9%.
Además, debemos tener en cuenta que, aun cuando la Cámara de Diputados proceda con la celeridad que acostumbra cuando recibe alguna insinuación del Ejecutivo, estará perdido el mes de marzo en cuanto se refiere al despacho del anunciado proyecto de reajustes. Y, como seguramente ese proyecto será motivo de veto, también se perderá el mes de abril, por lo cual los funcionarios de la Administración Pública vendrán a recibir el reajuste -valga la ironía- para mayo.
Agreguese a lo anterior el hecho de que tan sólo en el mes de enero la desvalorización fue de 5,9%. ¿A cuánto alcanzará dicho índice durante los meses de marzo y abril? Me atrevería a decir que la pérdida de poder adquisitivo que experimentarán los sueldos y salarios durante los próximos ciento veinte días será muy parecida al total de lo que se pretendió devolverles con el reajuste de 22% por concepto de la desvalorización monetaria ocurrida en 1967.
No se trata aquí de hacer una imposición al Ejecutivo, sino de señalar fuentes de financiamiento para que el Presidente de la República, ante el aplazamiento habido en el despacho del proyecto sobre reajustes, pueda conceder los préstamos antes referidos y aliviar, en parte siquiera, la angustia de cientos de miles de chilenos que habían puesto grandes esperanzas en esta disposición, similar a la aprobada en otras ocasiones respecto de servicios públicos determinados, como el de Salud. Sin embargo, en su afán por rechazar todas las enmiendas del Senado, la Cámara de Diputados rechazó también el artículo 14, en cuya aprobación insistiremos.
No somos responsables de lo ocurrido. Si fuera necesario, en el momento de fundar el voto volveré sobre dicho aspecto y proporcionaré los datos correspondientes. Ya hemos explicado las causas de las sucesivas postergaciones de diciembre en el despacho del proyecto sobre reajustes. También hemos dicho cómo, una vez allanados ciertos inconvenientes políticos que determinaron la caída del Honorable señor Gumucio como presidente del Partido Demócrata Cristiano, se dio luz verde sólo en enero al anterior proyecto. De modo, pues, que en todo ello no hay responsabilidad de la Oposición, en general, ni de los parlamentarios radicales.
En resumen, consideramos que el artículo 14 legisla sobre el otorgamiento de un préstamo necesario y que el Senado debe insistir en su aprobación.
Votamos por la insistencia.
El señor IBAÑEZ.- De lo expresado hace unos instantes por el Honorable señor Pablo, se deduce que la Democracia Cristiana intenta aplicar precisamente el sistema soviético, consistente -según las informaciones dadas a conocer por el señor Senador- en otorgar garantías a las inversiones extranjeras y en no concederlas en forma alguna a los inversionistas nacionales. Nosotros tomamos nota del planteamiento enunciado por nuestro Honorable colega y, al mismo tiempo, declaramos nuestro enfático repudio a tales ideas.
A nuestro juicio, debe haber garantías razonables para todos los capitales, sin discriminaciones y dentro de un sistema estable. De otro modo no habrá incentivos para la venida de capitales desde el exterior, ni para que los capitalistas nacionales trabajen en la producción de las riquezas necesarias para que nuestro pueblo mejore sus condiciones de vida.
Insisto, pues, en que, a nuestro juicio, es necesario que haya garantías permanentes y que éstas no puedan ser alteradas por la voluntad ocasional de un grupo de legisladores. Tal es la posición de la Democracia Cristiana, que hemos combatido y seguiremos combatiendo.
En seguida, deseo hacer muy brevemente una rectificación de hecho. El Honorable señor Noemi manifestó que todos los preceptos concernientes al cobre vulneran convenios tendientes a permitir el desarrollo de la industria cuprera nacional sobre la base de inversiones que el señor Senador estima en una cantidad superior a los 400 millones de dólares. Debo poner de manifiesto que en esa abultada cantidad están comprendidos 260 millones de dólares correspondientes a créditos obtenidos por el Gobierno de Chile para lograr nuestro desarrollo minero. En consecuencia, nuestro país -y, por medio del
Estado, todos los ciudadanos de Chile- se han endeudado en el exterior con miras a obtener el desarrollo de empresas mineras, en circunstancias de que tales empresas debieron obtener capitales extranjeros para su desarrollo, cual corresponde a las instaladas en un país escaso de recursos, como es el nuestro.
Por lo tanto, importa no seguir hablando en la forma como se ha hecho sobre esos inmensos aportes de capital, porque, en la práctica, no existen. Lo que hay efectivamente es un sideral endeudamiento del Estado en el exterior para entregar capitales a las empresas mineras mixtas, como la denominada "El Teniente", en la cual se están invirtiendo 200 millones de dólares obtenidos por el Estado, bajo su firma, en el extranjero.
Respecto del artículo 14 hemos sostenido la idea, y la mantenemos, de que, en principio, iniciativas de esta índole deben provenir del Ejecutivo. Estimamos inconveniente, perturbador y dañino para les asalariados que el Congreso -movido muchas veces por propósitos muy generosos o impulsado por motivos políticos que son; por lo menos, explicables- actúe en este orden de cosas y perturbe en definitiva el régimen económico del país.
En circunstancias normales, para nosotros sería clara y fácil nuestra posición: estaríamos en contra de que el Congreso -cualquiera que sea la iniciativa y su origen- interviniera en esta clase de legislación. Sin embargo, nos encontramos en una situación bastante anómala. El Gobierno ha anunciado la elaboración de un nuevo proyecto de reajustes, pero, todavía no lo remite. Confío en la palabra del actual Ministro de Hacienda, señor Sáez -no tengo razón para dudar de ella-, en cuanto a que el martes próximo enviará dicha iniciativa legal. Pero también es preciso que el Gobierno reconozca como anómalo y hasta inconstitucional el hecho de crear gravámenes cuyo destino es financiar una ley de reajuste cuyo texto y monto el Congreso desconoce.
Me explico, entonces, la actitud de colegas que se adelantan o sustituyen una acción que debió venir del Ejecutivo y que hasta el momento no conocemos, y presentan iniciativas tendientes a pagar determinados reajustes o a facultar al Ejecutivo para otorgar anticipos a cuenta del futuro reajuste de sueldos y salarios.
Sin embargo, tal sistema no nos parece conveniente.
Por otra parte, si el Gobierno insiste en mantener su silencio y en enviar proyectos que establecen tributos, sin dar v. conocer su criterio en materia del reajuste de remuneraciones que el país reclama, surgirá la necesidad de presentar, muy en contra de nuestros deseos, este tipo do indicaciones. Sin embargo, dado que se nos promete un proyecto de ley tendiente a compensar el alza del costo de la vida, nos abstendremos.
El señor CHADWICK.- Parece indispensable abundar en algunas consideraciones relativas al artículo 14, despachado por el Senado y suprimido por la Cámara.
No basta destacar la urgencia de los servidores públicos de recibir lo más pronto posible el indispensable reajuste de sus remuneraciones, gravemente afectadas pe: una inflación que ha cercenado el poder adquisitivo de la moneda. En este orden de consideraciones, podría recordarse una experiencia extraída de la realidad: cada vez que un empleado público carece de recursos para pagar al contado los suministros más necesarios, debe recargar los costos de esas adquisiciones yendo a comprar a crédito, creando de esta manera una situación en extremo angustiosa.
Pero no deseo hablar más sobre el particular, porque pienso que hay conciencia formada de este fenómeno en el Senado. Quiero referirme, sí, a dos puntos no suficientemente dilucidados.
El artículo 14 procura dar una solución provisional, transitoria, mientras se despacha el proyecto de reajustes. Dicho precepto autoriza al Presidente de la República para otorgar, a título de préstamo, lo que más tarde habrá de ser la justa compensación reclamada por los servidores públicos por la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos y salarios. Debe tenerse presente que el Ejecutivo cuenta con recursos, porque todos sus ingresos basados en la tributación son de reajuste automático, se trate de impuestos directos que gravan la renta de las personas-calculados en una escala progresiva que debería aumentar su rendimiento a medida que las rentas son mayores, expresadas éstas en escudos que van perdiendo su poder adquisitivo-, o de impuestos indirectos que afectan al monto de las transacciones, las que, a su vez, -también son influidas por el mecanismo automático de mayor rendimiento.
En consecuencia, lo normal, lo que debiera ocurrir si no hay una crisis profunda, es que el reajuste de los funcionarios públicos se financiara por el solo mecanismo de la inflación. Si se hace necesario acudir a nuevos recursos es porque hay esa crisis de la economía; porque, no obstante los reajustes del ingreso tributario ocurridos por la vía de la desvalorización, los impuestos no están rindiendo lo suficiente para soportar la carga del reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos.
Entonces, aparece en toda su enorme realidad la política neocolonialista, antinacional, de quienes cierran los ojos a una realidad muy próxima a un total desastre económico. Quienes no desean que el capital extranjero participe con su cuota, en esta emergencia nacional, para cumplir los fines que toda teoría del Estado supone que deben alcanzarse por encima de toda otra consideración, según el aforismo acuñado por los romanos de que la salud pública es la suprema ley, están señalando con su conducta que merecen el término peyorativo que debiera llenarlos de vergüenza: el practicar un neocolonialismo oprobioso.
Cuando se discutió el artículo 13 del proyecto, se afirmó que se habían contraído ciertas obligaciones morales o legales tendientes a dar garantías al capital extranjero, en el sentido de que más adelante los términos tributarios en que hizo sus inversiones no serían alterados. Pero, ¿quién podrá sostener la tesis de que debe prevalecer un criterio jurídico propio del personaje del Mercader de Venecia, cuando los trabajadores chilenos, sometidos a un salario mínimo de E° 5,80, carecen de recursos, a pesar de gastar todas sus energías en una jornada exhaustiva para adquirir alimentos?
Quienes están haciendo negocios sin precedentes en el mundo, concebidos para ganar cinco mil millones de dólares a base del precio de venta de la libra a 29 centavos, no pueden sustraerse a esa regla general, que ninguna doctrina política puede discutir.
El señor CURTI.- ¿Por qué no se refiere al artículo Su Señoría?
El señor CHADWICK.- La salud pública está comprometida en el esfuerzo de detener la inflación y en dar los recursos indispensables al Estado para satisfacer los compromisos contraídos con obreros y empleados.
Indigna comprobar que todavía la tela de araña de los principios caducos de una juridicidad sin sentido social permita a algunos votar negativamente, a pesar de que sus conciencias ya les advierten que están violando la norma elemental del desempeño de esta función senatorial.
Estimo inadmisible citar en esta hora lo que ocurrió en los primeros años de la revolución soviética. El Estado soviético era un país destruido por la guerra y la contrarrevolución, que tenía paralizadas todas las fuentes de producción, que había sido asolado por la invasión extranjera; un país cercado, como lo está la gloriosa República de Cuba, sin que nadie desee comerciar con ella; con circunstancias climáticas excepcionalmente graves, que habían producido un trastorno completo en toda su agricultura; un país sin pan, sin alimentos, acosado por un clima, como dije, especialmente riguroso. Convencido el gobierno soviético de que debía encontrar una solución de emergencia, otorgó concesiones, renunciando a ciertos principios. ¿Es éste el caso de Chile?
Cincuenta años después, no existe más el cerco capitalista; ha surgido todo un sistema económico socialista y mil millones de seres están creando la riqueza sin sujeción al capitalismo. Todo ello, más las contradicciones internas del capitalismo, permiten sostener que tal bloqueo de ninguna manera se restablecerá.
Si consideramos la actual situación excepcional de que nuestra materia prima fundamental está entregándose a un mercado abastecido en forma insuficiente, que no se puede prescindir de nuestra producción de cobre, nos asiste la certeza de que podemos aprovechar la oportunidad de emanciparnos siquiera en parte del capital foráneo. ¿Es ésta la hora de justificar una política entreguista, antinacional, vergonzosa, neocolonialista, invocando lo que ocurrió el año 1920 en la Unión Soviética?
Es un escándalo que un especulador en Londres, como se lee en una prensa tan reaccionaria como El' Mercurio jugando con él precio de nuestro cobre, esté ganando 225 dólares por tonelada, mediante el truco de vender al contado lo que él adquiere a plazo.
Como digo, ése es un escándalo que ha conmovido a la prensa financiera de Inglaterra. Ante este hecho, ¿nos cruzaremos de brazos?, ¿no levantaremos nuestra voz para decir que hay una relación entre esta política de entrega al imperialismo y nuestra incapacidad para pagar a los empleados públicos, no ya aumentos de sueldos, sino una modesta e insuficiente compensación por la pérdida de su poder adquisitivo a contar del 1° de enero de 1967?
¿ Se puede afirmar, para rechazar el precepto en debate, que estamos ligados por contratos leyes gestionados por medio de informaciones desmentidas por los hechos ?
El derecho moderno no consiente que el interés de unos pocos, de unos cuantos extranjeros, prevalezca sobre el de toda una masa de ciudadanos. ¡ Cómo no admitir que, por el imperio de nuestra actual Constitución de tipo liberal, que no ha sido obra nuestra, se establece el principio de la igualdad ante la ley! No podemos aceptar como constitucional una distinción entre los extranjeros privilegiados, intocables, y los nacionales, sometidos al derecho común.
El Partido Demócrata Cristiano, para alcanzar el Poder, afirmó que iniciaría una revolución en libertad.
El señor CURTI.- ¡ Y le parece poco lo que está haciendo!
El señor CHADWICK- Sé que en la conciencia de sectores muy importantes de ese partido, en su juventud y aun en los adultos, ya se abre camino la- repugnancia a mantener este tipo de medidas discriminatorias. Por eso, me sorprende -y no puedo dejar de señalarlo- que en el Senado personas no comprometidas por el régimen de disciplina partidaria impidan la formación de los dos tercios necesarios para insistir en estas disposiciones, quo el país no desea ver suprimidas.
Los socialistas populares insistimos en nuestro criterio y recalcamos que en los próximos proyectos seguiremos bregando en la lucha contra el imperialismo, contra quienes lo sirven, por la liberación nacional.
- El señor CURTI.- ¿Vamos al préstamo, ahora?
El señor GUMUCIO.- En realidad, tengo razones de orden político y jurídico para considerar poco feliz el artículo 14.
A mi juicio, el sistema ideado para saber cuál de dos Poderos prevalece en el favor y simpatía del sector asalariado, mediante la presentación de indicaciones que lo benefician, es peligroso desde el punto do vista democrático.
Considero injusto acusar al Gobierno de no haber cumplido su deber. Envió a tiempo un proyecto que, efectivamente, tuvo el repudio de la gran mayoría de los asalariados, y cuya suerte en esta Corporación se conoció en forma anticipada. Fue retirado por el Ejecutivo. A mi juicio, ese gesto del Gobierno debe reconocerse como algo sano, por cuanto evitó una ruptura entre dos Poderes del Estado.
Es natural que, después del retiro de ese proyecto, se requieran algunos días para elaborar uno nuevo. Este llegará -ya lo ha anunciado el señor Presidente del Senado- la próxima semana.
Entonces, aprobar esta disposición significa, sencillamente, creer que con ella se satisface a amplios sectores de asalariados, que van a quedar muy conformes con esta manera de proceder de la Cámara Alta. A mi entender, esa política es errada.
Por lo demás, estimo que el artículo 14 que se refiere estrictamente al sector público, es de discutible constitucionalidad. En primer lugar, porque, aunque sea por la vía disimulada de la facultad, se deja de tomar en cuenta lo que en verdad quiso el constituyente: dejar al Gobierno la iniciativa en todo cuanto se refiera a remuneraciones del sector público. En seguida, porque se financia el préstamo con un ítem del Presupuesto vigente destinado a pagar reajustes de remuneraciones, en circunstancias de que un ítem presupuestario no puede modificarse durante el año para fines distintos de los establecidos en la misma ley de Presupuestos. Si ésta dispone que ciertos fondos se destinarán a pagar reajustes, no pueden ellos darse en calidad de préstamos. En tercer lugar, aun cuando considero justo el porcentaje de 22%, el hecho de adelantarse, mediante un préstamo, a determinar ese tanto por ciento significa violar en cierta medida la iniciativa del Ejecutivo de establecer un porcentaje con posterioridad, porque nadie puede ignorar que, establecida una cifra porcentual como base de un préstamo, no podría ser inferior a ella el reajuste definitivo. No se trata de que yo sea partidario o enemigo de ese porcentaje. Soy enemigo, en lo que se refiere al sector público, de legislar para que cierto sector quede conforme, en momentos en que el señor
Ministro de Hacienda nos anuncia el envío próximo de un proyecto de ley de reajustes.
En tales circunstancias, estimo que lo serio, lógico y democrático es no aprobar la disposición en debate, en espera de ese proyecto.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra la Honorable señora Carrera.
El señor CURTI.- Limitémonos a fundar los votos, señor Presidente. De lo contrario, no saldremos de este proyecto.
La señora CARRERA.- Señor Presidente, los Senadores socialistas votaremos por la insistencia, por considerar que el paso de estos meses, sin reajuste, lleva angustia a todas las familias que dependen de un sueldo o un salario. Ya en el mes pasado el alza del costo de la vida llegó casi a 6%. Aún antes, los reajustes del año pasado ya se hacían insuficientes. En todas partes se oye el clamor de las dueñas de casa y de los padres de familia cuyos emolumentos no alcanzan para subvenir a sus necesidades.
Es así como los médicos vemos, año a año, aumentar la desnutrición de los niños; y cómo los hospitales se llenan de niños desnutridos, en especial en esta época. Podemos comprobar que tal desnutrición es, en muchos casos, la única enfermedad de que padecen y que agrava cualquier infección o enfermedad secundaria. También se observa gran aumento de la tuberculosis en el país.
Podríamos, desde el punto de vista de la salud, hacer una radiografía de cómo decae este pueblo, de cómo decae su potencialidad física. Pero hay algo más, que consideramos muy grave: se ha comprobado científicamente, en el extranjero y aquí, en trabajos de médicos chilenos, que la desnutrición, la falta de proteínas en el primer año de vida, hace que el cerebro rinda menos intelectualmente. Se han hecho pruebas, en especial en el campo, donde, paradójicamente, las condiciones alimentarías son a menudo peores que en la ciudad, y se ha visto que existe alto porcentaje de déficit intelectual.
Por estas consideraciones, porque advertimos cómo la angustia económica aumenta y abarca más y más chilenos y más capas sociales de nuestro país, votaremos por la insistencia en este artículo.
Por lo demás, el ítem aquí señalado está destinado a reajustes, de manera que corresponde financiar con él un anticipo de los mismos. Hay un precedente al respecto: el de un anticipo que se dio, a propuesta de Senadores de estas bancas, al personal del Servicio Nacional de Salud, con cargo al mismo ítem.
Pero quiero agregar algo. He oído en varias oportunidades traer aquí a colación un libro enviado por la Embajada soviética y alegar que, tal como en Rusia se hicieron inversiones de capitales extranjeros por parte de compañías que allí se instalaron, parecería moralmente permitido dar en Chile toda clase de facilidades a las compañías del cobre. Me parece que con esta argumentación se cae en un sofisma que, no por usado, ha de ser más valedero.
Como todo el mundo sabe, es otro el equilibrio de poder de la Unión Soviética frente a esas compañías. Aquí se trata de equilibrio de poder económico y de poder político. La historia se ha encargado de demostrar que, en cualquier momento, el poder del Gobierno soviético ha sido bastante más fuerte que el de cualquier compañía que allí se estableciera. No existe tal contrapeso entre el Gobierno de un país latinoamericano -en este caso, el chile-no- y las compañías del cobre. Es así como éstas han hecho aquí todo lo que han querido, y ese bonito contrato-ley, cuyas consecuencias estamos ahora sufriendo -la chilenización de la Compañía de El Teniente, por ejemplo- es sencillamente copia de toda una política que está llevando Estados Unidos en Latinoamérica. Esa chilenización, que se anunció como invento nacido en la mente de algún procer democratacristiano, no es más que una invención de los norteamericanos para sus inversiones. ¿Para qué? Para que ese título de chílenización u otro semejante -depende del país donde se encuentren esas inversiones- permita defenderlas con todo el aparato represivo del Gobierno. Ejemplo de ello lo tuvimos muy claramente en la matanza de El Salvador: el Gobierno mandó al Ejército a asesinar a los obreros para defender los intereses de las compañías del cobre.
Aquí, en Chile, el desequilibrio de poder entre las compañías y el Gobierno lo aprecia todo el mundo. Por fortuna, va tomando cuerpo el sentimiento antimperialista, y la claridad acerca de estas materias se intensifica día tras día. De ello nos felicitamos, porque el FRAP ha sido el primero en empezar a sembrar la verdad y a descorrer el velo que la ocultaba.
Por eso, estimo que el alegato que ya hemos pido en otras oportunidades debo ser clarificado. Como lo he dicho, todo depende del equilibrio de poder, que es muy distinto entre la Rusia postrevolucionaria, en cualquier época de su historia, y Chile, país latinoamericano subdesarrollado y sometido al imperialismo.
El señor JARAMILLO LYON.- ¿No procede clausurar el debate, señor Presidente?
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor PABLO.- Señor Presidente, se ha sostenido que en Chile no existirían las condiciones dadas en la Unión Soviética para el efecto de tener conversaciones con inversionistas extranjeros...
El señor RODRIGUEZ.- ¡Claro que no!
El- señor PABLO.- ... y que es el poder político el que, en cierta medida, queda subordinado, en nuestro país, a esas compañías.
Yo, como chileno, rechazo categóricamente tal afirmación. Y es evidente que debo rechazar todavía con mayor énfasis el que se plantee el que hayamos tenido en El Salvador un encuentro entre fuerzas representativas del Gobierno constituido y los trabajadores. Desde luego, en el orden político pareciera que no influyen mucho las compañías, porque todos los sindicatos están en manos de socialistas y comunistas; que en alguna forma representan los intereses contrarios a esas compañías.
El señor RODRIGUEZ.- Es problema de las directivas.
El señor PABLO.- En cuanto a que el Ejército de Chile haya cumplido con las obligaciones que su mandato le impone, de acuerdo con la ley, estoy cierto de que en la Unión Soviética el Ejército se impone. Es claro que no lo notamos, porque no se expresa. Pero allí no hay huelgas, y no puedo creer que nunca hubo algún descontento, porque, si lo ha habido, ha sido sofocado. Y esto se ha hecho por medio de purgas políticas contra quienes han tenido un pensamiento distinto al oficial. Y de seguirse ese ejemplo de ejercicio del poder político, es evidente que muchos de los que se expresan con libertad en este Senado no podrían hacerlo.
En cuanto al artículo, no insistiré.
El señor JARAMILLO LYON.- Señor Presidente, tengo clara conciencia de que el precepto que discutimos en este instante no es una solución. Es un mero y simple paliativo. En tal convicción, firmé junto con otros señores Senadores la indicación pertinente en la Comisión de Hacienda, para hacer posible ese préstamo.
Quiero hacer presente que insistiré e:: mi criterio porque, si bien se nos ha anunciado que en la próxima semana se enviará al Congreso un proyecto de reajustes, no sabemos -al igual que con el proyecto anterior- qué sorpresa puede traernos, ni cuánto tiempo durará su tramitación parlamentaria. Y me consta que quienes viven de un sueldo o un salario están afrontando una situación en extremo angustiosa.
El proyecto de ley en discusión se encuentra en sus trámites finales, y es lógico que, por lo tanto, tenga vigencia muchísimo antes que la ley que se promulgue como consecuencia de ese tan esperado y anunciado proyecto de reajustes.
Por otra parte, en lo relativo a los aspectos constitucionales que señalaba hace un momento el Honorable señor Gumucio, quiero ser franco y decir que no tengo sus aprensiones. No las tengo porque no estamos tomando una decisión de carácter definitivo, sino entregando sencillamente una facultad al Presidente de la República. Pero, además, quiero expresar mi extrañeza por las dudas de índole constitucional expresadas con tanta propiedad por mi Honorable colega, porque su partido no tuvo inconveniente alguno, allá por el año 1963, en dar como solución a una huelga del Servicio Nacional de Salud igual arbitrio que el que ahora discutimos, pero con una gran diferencia: mientras el préstamo de que ahora se trata está debidamente financiado, el que entonces se autorizó -allá por el mes de agosto de 1963- no tenía financiamiento alguno. Fue un volador de luces más de la Democracia Cristiana, en esa época.
Por estas razones, termino anunciando mi voto favorable a este artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 22 votos por la insistencia., 12 por la no insistencia y 1 abstención,
El señor LUENGO (Vicepresidente).- La votación debe repetirse, porque la abstención influye.
Si le parece a la Sala, la daré por repetida.
El señor PABLO.- No, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación.
- (Durante la votación).
El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, el debate me ha hecho recordar antecedentes que tenía casi olvidados. En efecto, la Democracia Cristiana fue partidaria de este sistema y, si la memoria no me engaña, lo propugnó el propio señor Frei, Senador de esa colectividad política en aquella época. Además, respecto del financia-miento, creo que fue de opinión de que el Banco Central hiciera emisiones.
El señor FUENTEALBA.- Durante el Gobierno del señor Alessandri se otorgaban los reajustes en otra forma. ,
El señor IBAÑEZ.- En vista de estos antecedentes, y por tratarse de una facultad que el. Presidente de la República podrá ejercer o no ejercer, o bien vetar, si manda un proyecto de ley cuyo despacho sea fácil y expedito, votaré a favor de la insistencia.
El señor SEPULVEDA.- Señor Presidente, anteriormente voté por la negativa, y habré de hacerlo nuevamente, pues tengo sobre esta materia un concepto muy claro, desde el punto de vista constitucional, no obstante comprender muy bien el espíritu de justicia que anima a esta disposición, que prosperó en el Senado. Ella está destinada a solucionar el problema que aflige a los funcionarios públicos, con motivo de la postergación del estudio de una iniciativa legal sobre reajuste de sus remuneraciones.
A pesar de la forma inteligente como está redactado el artículo, tendiente a otorgar una facultad al Primer Mandatario, no se puede desconocer que, en el fondo, esta iniciativa corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
Así como se han recordado intervenciones de otros parlamentarios en ciertas oportunidades, debo poner énfasis en que igual actitud he asumido en ocasiones anteriores. Entonces, no puedo caer en la flagrante contradicción de adoptar ahora criterios diferentes de los que he sostenido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
A mi juicio, aquí estamos invadiendo una facultad que la Constitución Política ha entregado de modo expreso al Poder Ejecutivo. Si queremos mantener el equilibrio de los Poderes y el respeto recíproco de sus respectivas facultades, debemos abstenernos de tomar este tipo de iniciativas.
-Se acuerda insistir (23 votos contra 12).
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por veinte minutos.

-Se suspendió a las 18.15.
-Se reanudó a las 18.45.

El señor LUENGO (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara de Diputados ha desechado también el artículo 15, nuevo, introducido por el Senado, que dice:
"A contar desde el 1° de enero de 1968, las remuneraciones a los obreros y empleados del sector privado, vigentes al 31 de diciembre de 1967, se reajustarán en una suma igual al 30% de las mismas.
"El salario mínimo obrero será de E° 10 diarios."
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).- Durante la discusión del artículo 14, se adujo una serie de argumentos relacionados con la disposición en debate. Se dijo que el artículo era inconstitucional y que no correspondía al Senado otorgar a los funcionarios de la Administración Pública, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Municipalidades y Congreso Nacional, un reajuste de 22% a cuenta de sus remuneraciones.
Ahora se trata del artículo 15, que dice: "A contar desde el 1° de enero de 1968, las remuneraciones a los obreros y empleados del sector privado, vigentes al. 31 de diciembre de 1967, se reajustarán en una suma igual al 30% de las mismas.
"El salario mínimo obrero será de E° 10 diarios."
Los Senadores comunistas presentamos el año pasado un proyecto para aumentar los salarios de los trabajadores del sector privado. Por desgracia dicha iniciativa sólo alcanzó a ser despachada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social al término del período ordinario de sesiones.
Ahora, mediante el artículo 15, se aumentan en 30% las remuneraciones de estos servidores.
¿Qué reajustes tuvieron el año pasado los trabajadores no organizados y los que carecen de una organización sindical fuerte y poderosa? Si bien es cierto que los sindicatos importantes del país obtuvieron el año pasado un aumento de salarios superior al alza del costo de la vida determinado por la Dirección General de Estadística, no lo es menos que en Chile hay 1.450.000 obreros no organizados. Se dejó al arbitrio de los patrones el otorgar a estos asalariados un aumento de remuneraciones que los compensara del alza del costo de la vida. Lamentablemente, ello no ocurrió, pues, como dije, sólo obtuvieron aumentos los obreros afiliados a sindicatos poderosos.
Por medio de la iniciativa en debate pretendemos otorgar por ley un aumento de salarios y sueldos a los trabajadores del sector privado. No puede argumentarse al respecto que la disposición es inconstitucional y que corresponde sólo al Presidente de la República tomar la iniciativa en beneficio de este sector. No se trata ahora de funcionarios públicos ni de las Fuerzas Armadas, sino de compensar a los trabajadores de la actividad privada del deterioro sufrido en sus retribuciones, ya que el proyecto de reajustes aún no ha llegado al Congreso. Se anticipa su envío para la próxima semana, pero desconocemos sus condiciones y el porcentaje que fijará el Gobierno.
Durante el debate se ha dicho que las principales organizaciones sindicales del país están controladas por comunistas y socialistas. Pues bien, ¿a qué se debe que esos sindicatos no hayan logrado la totalidad de sus reivindicaciones? Quiero refrescar la memoria de algunos Honorables colegas. Aunque en los últimos tiempos los trabajadores han perfeccionado su organización sindical, no es menos efectivo que la política económica del Gobierno ha permitido que los patrones no otorguen aumentos superiores al alza del costo de la vida, aún tratándose de empresas que en los últimos años han obtenido ingresos fabulosos.
Todo no lo pueden conseguir los trabajadores mediante gestiones directas. Más difícil resulta ello para quienes carecen de una organización sindical. Muchas iniciativas de ley dependen fundamentalmente del Congreso Nacional. Así, por ejemplo, hemos patrocinado proyectos como el destinado a acudir en ayuda de las víctimas del accidente ocurrido el 5 de septiembre en Chuquicamata, accidente que, según investigaciones posteriores, se debió a la imprevisión de los funcionarios de la empresa. Nadie se ha acordado de las 24 viudas y de los 65 niños de corta edad que quedaron desamparados después del accidente. Se reclamó en todos los tonos a la Chile Exploration Company. Además, los afectados no han ido a pedir dinero, sino trabajo. La empresa respondió que dará ocupación a esos 65 muchachos, pero no a las viudas, en circunstancias de que, mediante un censo, la Chile Exploration sabe perfectamente que ninguno de esos menores está en condiciones de incorporarse al trabajo.
Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad. Oportunamente se rindió homenaje a las víctimas y poco menos que con lágrimas en los ojos se solidarizó con ellas. Veinte mil personas acudieron a la sepultación de los restos de los obreros caídos en el mineral. Ministros y parlamentarios concurrieron a los funerales porque era importante hacerlo, ya que había veinte mil personas cuyos votos podrían favorecerlos en las elecciones del próximo año. Pero se equivocan fundamentalmente. Al Diputado Galleguillos se le atacó en los editoriales de los diarios de Antofagasta, porque, según ellos, habría ido a hacer política en los funerales, cuando únicamente dijo que los trabajadores y las viudas no necesitaban promesas, sino auxilio.
Como expresé, ese proyecto fue aprobado por unanimidad. Transigimos en todo lo que se pudo, con el propósito de obtener su despacho. Sin embargo, en la Cámara de Diputados duerme el sueño eterno, y la gente debe vivir con las palabras de buena crianza pronunciadas en el cementerio y en este recinto.
Otro proyecto que está pendiente con relación a los trabajadores de la gran minería del cobre es el que establece el desahucio por años de servicios discontinuos.
Por otra parte, no se ha promulgado la ley despachada por este Congreso a favor de los obreros de los contratistas, que son vilmente explotados si se comparan sus salarios con los jornales que ganan los trabajadores incorporados directamente a las empresas extranjeras.
En esta oportunidad, se trata de dar a los obreros un salario de E° 10 mínimo por día. Suele hablarse aquí de sensibilidad social y de la necesidad de ir en ayuda de la gente de escasos recursos; pero ahora, con habilidad, se utilizan los medios radiales para demostrar que en este país es falso que haya necesidades. En tal sentido escuché esta mañana una audición de la radio Andrés Bello. En ella se "decía que todos los restaurantes del centro estaban llenos. Al parecer, según esa emisora, los funcionarios públicos y la gente que viene a pasar sus vacaciones a Santiago debieran traer su cocaví, a fin de que esos establecimientos no se copen. Es decir, la gente modesta y los funcionarios públicos no debieran comer. Así se demostraría que en este país no hay dinero.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Escucho con interés lo que dice Su Señoría, porque tiene toda la razón.
Puedo adelantar a mi Honorable colega que los Senadores de estas bancas votaremos por la insistencia del Senado. Aún más, creo que constitucionalmente tenemos derecho a ello. Sabemos bien que el reajuste no viene a equilibrar en su totalidad la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Incluso, los reajustes concedidos a todas las clases laborales en Chile no han sido superiores al alza del costo de la vida. Además, un salario de 10 escudos diarios es una insignificancia para poder vivir en los tiempos que corren. Por todo ello estamos con Su Señoría.
Pero yo le solicité una interrupción para rogar a la Mesa mayor agilidad en el despacho de este proyecto. Su Señoría podría recabar el asentimiento de la Sala -agradezco la intención que lo anima en este sentido- para tratar sin debate el resto del proyecto. Este es un cuarto trámite y, además, en la tabla hay otras materias.
El señor CONTRERAS (don Víctor).- En homenaje a la petición de Su Señoría y al poco tiempo de que disponemos, quiero terminar mis palabras señalando que hemos propuesto, un salario mínimo de E° 10, basados en el hecho de que el salario mínimo obrero en estos instantes puede 731 pesos por hora, es decir, 5.848 pesos diarios, cantidad con la cual no se puede comprar medio kilo de carne. Me parece que con esa suma los trabajadores ni siquiera satisfacen las necesidades de las primeras horas de la mañana.
En consecuencia, insistiremos en esto disposición, que constituye un paliativo para cubrir el alza del costo de la vida.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- 
Solicito la venia de la Sala para continuar despachando este proyecto únicamente con derecho a fundar el voto.
Acordado.
El señor CHADWICK.- Siempre que no se trate de votación secreta. En tales casos, podría acordarse una intervención de cinco minutos, como máximo, a fin de abreviar el debate.
El señor PABLO.- Que se proceda de acuerdo con el artículo 144 del Reglamento.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Ya se acordó permitir sólo el fundamento del voto.
El señor CHADWICK.- Entonces hago otra indicación: que cuando haya votación secreta, se permita una intervención máxima de cinco minutos, como si se tratara de fundar el voto.
El señor PABLO.- Pido votación secreta, de acuerdo con el artículo 144 del Reglamento.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Tendría que haber unanimidad para acceder a la indicación del Honorable señor Chadwick, pues ya se acordó que sólo se permitiría fundar el voto.
El señor CHADWICK-Fue bastante rápida la proposición de la Mesa.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- No fue tan rápida, porque la proposición se hizo mucho antes de decidirse sobre ella.
Sin embargo, podría acordarse que, en los casos de votación secreta, se concedan cinco minutos a un Senador que defienda la disposición e igual tiempo a otro que la impugne.
Acordado.
El señor PABLO.- Solicito votación secreta, conforme al artículo 144 del Reglamento, para este artículo y todos los relativos a previsión.
El señor CHADWICK-Este artículo no se refiere a previsión.
El señor PABLO.- La disposición reglamentaria dice: "Serán siempre secretas las votaciones de los asuntos de interés particular o de gracia y de aquellos que se refieran a sueldos, grados, gratificaciones, jubilaciones, nombramientos o ascensos".
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación secreta, de acuerdo con el artículo 144.
- (Durante la votación).
El señor RODIRGUEZ- Estaba en discusión el artículo, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Se cerró el debate por acuerdo de la Sala, señor Senador.
El señor AMPUERO.- ¿Por qué será secreta la votación, señor Presidente?
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Porque el artículo 144 del Reglamento dispone la votación secreta cuando se discuta sobre sueldos y salarios, sin distinguir si se trata del sector público o del privado.
El señor CHADWICK.- En este caso no se trata de determinar un sueldo, sino de dar una regla general para todo el sector privado. Aquí no hay interés particular comprometido.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Este asunto es discutible. ,
El señor RODRIGUEZ.- La disposición reglamentaria rige cuando se trata de personas determinadas.
-El Senado no insiste (18 balotas blancas y 13 negras).
El señor CHADWICK.- Con la misma votación, podemos despachar los artículos 16 y 17, pues inciden sobre la misma materia.
El señor AMPUERO.- En todo caso, deseo objetar la decisión de la Mesa respecto del carácter secreto de la votación.
A mi modo de ver, la disposición reglamentaria mencionada se refiere exclusivamente a la Administración Pública y en ningún caso a los sueldos y salarios del sector privado. Es obvio que el artículo 144 omite ostensiblemente la palabra "salarios", y todas las palabras que usa son las-que tienen relación directa con el lenguaje que se emplea para referirse a la Administración del Estado.
Agradecería que sobre este punto se consultara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pues de otro modo podría sentarse un pésimo precedente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se solicitará informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre el particular.
El señor PABLO.- Este precepto se ha aplicado sin la objeción de ningún Senador en lo relativo a las jubilaciones del sector privado. Lo pusimos en práctica el otro día. 
Si en cuanto a las jubilaciones no hay diferencia entre el sector público y el privado, no veo de dónde nace la tesis jurídica que permitiría distinguir entre un beneficio para el sector público y otro para el sector privado en materia de sueldos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- A la Mesa le ha parecido así, señor Senador. No obstante, tiene dudas al respecto, y no creo que haya algún inconveniente en consultar a la Comisión de Legislación.
El señor AMPUERO.- Y tratándose sólo de salarios, ¿qué entiende la Mesa? Porque hay que dar una interpretación que sea lógica.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Por desgracia, la Mesa debe proceder rápidamente.
El señor AMPUERO.- Quiere decir que en materia de salarios, o sea, de trabajadores que reciben la calificación de obreros, la votación podría ser nominal y, en cambio, no lo sería respecto de los sueldos de los empleados particulares.
El señor PABLO.- Se ha tratado de englobar todo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación el artículo 16.
El señor NOEMI.- Que se despache con la misma votación, lo mismo que el 17.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, el Senado no insistirá en los artículos 16, 17 y 18, con la misma votación anterior.
El señor CHADWICK.- El artículo 18 no.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Sólo los artículos 16 y 17.
Acordado.
En votación el inciso primero del artículo 18, pues se ha pedido dividir la votación.
- (Durante la votación).
El señor FUENTEALBA.- El inciso segundo no tiene sentido sin el primero.
El señor NOEMI.- No veo qué sentido tendrían los dos incisos siguientes, después de rechazarse el que encabeza el artículo.
El señor FUENTEALBA.- Los tres incisos tienen el mismo objeto.
El señor CHADWICK.- No se puede eliminar el inciso primero.
-El Senado no insiste (16 balotas negras y 15 blancas).
El señor PABLO.- Como se ha eliminado el inciso primero, los incisos segundo y tercero no tienen aplicación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación los incisos segundo y tercero.
-El Senado no insiste (18 balotas blancas y 13 negras).
El señor FIGUEROA (Secretario).- Artículo 19.
El señor BOSSAY.- Que se despache con la misma votación anterior.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, el Senado no insistirá, con la misma votación anterior.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor CHADWICK.- ¿ Me permite, señor Presidente?
El artículo 19 resuelve problemas distintos del financiamiento y da una simple regía para fijar cuándo deben cesar en sus cargos los regidores que se acojan a jubilación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Hay acuerdo para insistir.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Si le parece al Senado, se insistirá.
Acordado.
El señor PABLO.- Deseo llamar la atención del Senado hacia el artículo sobre previsión de los regidores y ex regidores. Muchos de ellos perciben jubilaciones que no exceden de 150 escudos. Sin embargo, en la forma como fue aprobado ese precepto por esta Corporación, los beneficiarios de tan exiguas pensiones deberán renunciar a las ocupaciones que tengan, lo que me parece en extremo grave desde un punto de vista general.
La idea de los autores de la referida disposición fue aprobarla juntamente con el artículo 18, de modo que, al despacharla en los términos que lo hicimos, se perjudicará injustamente a muchas personas, las cuales, como dije, tienen pensiones muy modestas.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Así lo consideró también la Mesa, señor Senador, por lo cual sugirió no insistir con la misma votación habida respecto del artículo anterior.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara de Diputados rechazó el inciso final del artículo 20.
Dice este inciso: "Si por efecto de cláusulas testamentarias o por cualquier otra causa, no pudiere tener aplicación o demorase en cumplirse lo dispuesto en el inciso segundo, el Presidente de la República podrá decretar la expropiación del patrimonio de la Fundación de Beneficencia Pública "Federico Santa María", el cual se declara de utilidad pública para tal efecto. El valor de la indemnización que se fije se pagará con un 1 % al contado y el saldo en un plazo de treinta años, imputándose al valor de la indemnización todos los aportes que el Estado hubiere hecho a la Fundación o a sus escuelas, por cualquier motivo y en cualquier tiempo".
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación la insistencia.
El señor CHADWICK.- Pido votación nominal.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Así se procederá.
- (Durante la votación).
El señor ALLENDE.- Vale la pena dejar constancia de que la Cámara de Diputados aceptó la idea contenida en el artículo 20, salvo lo dispuesto en el último inciso. Con todo, pienso que el Senado debe insistir en la aprobación de la totalidad del artículo, pues las disposiciones testamentarias en referencia pueden ser aplicadas en forma tal que se perjudique en definitiva la posiblidad de crear una universidad dentro del espíritu que nos preocupa. Por eso, el artículo 20 termina declarando de utilidad pública el patrimonio mencionado y lo hace expropiable. Esa es una garantía y una facultad que será ejercida por el Presidente de la República.
Voto por la insistencia.
El señor CHADWICK- Los Senadores socialistas populares insistiremos en la aprobación del precepto aprobado por el Senado, por juzgarlo indispensable para hacer realidad el resto del artículo. De lo contrario, se consumaría un acto de mera apariencia, una simulación en la declaración de voluntad de resolver el problema surgido en la Universidad Técnica Federico Santa María. En efecto, "los llamados albaceas modales protestarán ante cualquier intento de tomar el dominio de todos los bienes de esa fundación y paralizarán cualquier gestión del Ejecutivo iniciada en cumplimiento de las demás disposiciones del artículo 20.
Por lo tanto, consideramos un acto de honestidad política votar por la insistencia respecto del inciso que ahora se somete a la decisión del Senado. Lo contrario sería incurrir en una mascarada que no haría honor al Senado de la República.
Voto por insistir.
El señor DURAN.- Deseo fundar mi voto sobre esta materia, que considero de extraordinario interés.
Pienso que, en general, hay juicio formado acerca de la justicia -y también de la injusticia- de todo el acontecer relacionado con la Universidad Técnica Federico Santa María. A mi modo de ver, no está bien que, por medio de esta legislación, todas las universidades -pienso particularmente en el caso de la Universidad de Concepción- queden sujetas a los vaivenes de los problemas que se susciten en la convivencia entre magisterio y alumnado. Dicho en otras palabras, no me parece conveniente que, por la vía de la indicación, se legisle en el sentido de que las universidades creadas mediante fundaciones instituidas por particulares puedan pasar al control exclusivo del Estado.
En consecuencia, por no tratarse de un asunto respecto del cual existan instrucciones precisas de mi partido, me abstendré de votar.
El señor ENRIQUEZ.- Estimo inconstitucional lo dispuesto por el artículo 20, porque viola el artículo 10, número 79, de la Carta Fundamental, relativo a la libertad de enseñanza.
Nuestra colectividad política apoya el principio del Estado docente, entendiendo por tal la capacidad que debe darse al Estado para exigir, respecto de la educación, garantías de seriedad, mínimo de conocimiento y control en la colación de títulos y grados; pero no para que, haciendo injuria a lo que es de la esencia de la democracia, se pueda usar como subterfugio el Estado docente para llegar al ideal de todo régimen totalitario: poseer el control absoluto de la enseñanza.
Por eso, aunque respecto del artículo 10, número 10, de la Constitución Política del Estado, relativo al derecho de propiedad, la disposición que votamos podría ser admisible, no lo es en lo referente al número 7° del mismo artículo, que garantiza la libertad de enseñanza.
Por consiguiente, voto por la no insistencia.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Nuestro partido tiene la gran vocación de respetar el concepto de libertad de expresión, que es garantía del régimen democrático dentro del cual se desenvuelve. Digo esto porque estoy preocupado por el proceso que afecta a la enseñanza pública del país en el presente siglo. Lo cierto es que, a la sombra de los principios que consagran la libertad de enseñanza, se ha obstaculizado la instrucción obligatoria en nuestra República. Deseo insistir sobre el particular para contribuir, en lo posible, a formar conciencia en torno a este problema.
Con relación a la Universidad Técnica Federico Santa María, de Valparaíso, declaro que no puedo sustraerme a lo acontecido allí. Considero gravísimo el incidente. Al amparo de una fundación, consistente en capitales privados puestos por feliz idea al servicio de la enseñanza popular, se ha incurrido en verdaderos abusos de la confianza pública.
En lo atinente al inciso que votamos, creo que tiene la virtud de acelerar el proceso enunciado por el artículo 20. Debido a ello, estoy por la insistencia.
Voto que sí.
El señor GUMUCIO.- Cuando discutimos este proyecto en segundo trámite constitucional, me permití formular algunas acotaciones respecto de la opinión sustentada por el Honorable señor Ibáñez en cuanto a la inconveniencia de que los alumnos participen, junto con el cuerpo docente, en el claustro pleno para elegir autoridades y determinar métodos científicos de enseñanza.
Ahora, el Honorable señor Duran ha insistido en esa materia.
Considero inoficioso repetir los argumentos que di oportunamente. No obstante, reitero que el sentido de comunidad universitaria hace imperiosa la participación democrática de todos los integrantes de una universidad moderna en las grandes resoluciones que debe adoptar.
Sin embargo, pienso que la ley debe determinar en forma prudente la influencia del alumnado en dichas resoluciones, para que no se pierdan el sentido jerárquico ni la disciplina universitaria. Nadie desea una participación anárquica, sin normas ni límites. Por eso, nos parece necesario dictar una ley que reglamente la enseñan-iza; superior. 'En cuanto a lo dicho por el Honorable señor Chadwick, quien ha calificado de farsa monstruosa aprobar esta parte del proyecto como lo propone la Cámara, o sea, sin el inciso final referente a la expropiabilidad, no hay, en mi concepto, tal farsa. Estimo eficaz el texto aprobado por la Cámara y lo votaré favorablemente.
¿El inciso final del artículo 20 garantiza él éxito de la indicación, si surgen tropiezos, pero considero que, al mismo tiempo, abre el camino de la expropiación de bienes para casos particulares de instituciones o personas, y no en sentido general, lo cual estimo peligroso desde el punto de Vista legislativo.
Confiado en que el texto aprobado por la Cámara constituya solución para el problema planteado, voto por la no insistencia.
E1 señor IBAÑEZ.- El Honorable señor Gumucio tiene una imaginación desbordante para suponerme cosas que jamás he dicho. Le pediría que precisara en qué momento de mi discurso de la última sesión dije algo siquiera remotamente parecido a lo que acaba de expresar Su Señoría.
Lo que expliqué fue algo muy diferente y lo ha corroborado ahora el Honorable señor Enríquez.
Declaré que existe un intento totalitario para apoderarse de determinadas universidades y ponerlas al servicio del Partido Demócrata Cristiano. Manifesté que de ahí proviene todo el conflicto universitario que experimentó nuestro país en el curso de 1967 y que seguirá produciéndose en 1968.
En consecuencia, dejo en claro que no me he opuesto a esta disposición fundado en las razones que me atribuye el Honorable señor Gumucio, sino por estimar inaceptable que los partidos políticos interfieran en la vida universitaria y por ser contrario a que, mediante la aprobación de ciertos preceptos legales, el Estado se incaute de establecimientos educacionales, vulnerando, como bien dijo el Honorable señor Enríquez, las garantías constitucionales sobre libertad de enseñanza.
Lo que en buenas cuentas pretende esta disposición es suprimir determinada forma de enseñanza y, más que eso, poner las universidades al servicio de ciertos partidos políticos, hacer que sus escuelas de formación profesional -o de educación, a secas- de las nuevas generaciones, se conviertan en escuelas de prosélitos de determinados partidos.
Eso fue lo que dije: que no acepto la politización de las universidades. Por tales razones, voté contra el artículo 30.
En mi opinión, son inaceptables tanto el artículo del Senado como el texto aprobado por la Cámara. Por lo tanto, me abstengo de votar.
El señor PABLO.- Aunque no conozco a fondo y en detalle todo el problema que afecta a la Universidad Técnica Federico Santa María, me interesa dejar de manifiesto -como se lo hice presente al Honorable señor Allende- que una materia de tanta envergadura como la expropiación de una universidad debe ser objeto de un estudio sereno, a fin de poder formarse un criterio definitivo, luego de escuchar a todos los sectores interesados y de analizar debidamente los antecedentes técnicos del caso.
En relación al artículo 20, aquí se ha aseverado que este precepto tiene como origen cierta política totalitaria del actual Gobierno.
Pero resulta que esa disposición fue planteada por miembros del Frente de Acción Popular, aun cuando también la votaron favorablemente los Senadores del Partido Radical y los de otros sectores de esta Corporación, incluidos los Senadores democratacristianos. Pienso, en consecuencia, que honradamente no se nos puede hacer imputaciones de ninguna clase.
Comprendo la inquietud de otros institutos universitarios de que un día cualquiera, por el hecho de provocarse un conflicto, con razón o sin ella -o con mucha razón, como en el caso del estudiantado de la Universidad Técnica Santa María, según mis someros antecedentes-, la solución no sea otra que la expropiación.
En el trámite anterior, no voté el precepto, por estar pareado con el Honorable señor Enríquez, y tampoco participé en el debate, por hallarme ausente de la Sala.
Repito que esta indicación, relativa a un asunto de tal envergadura, no debió ser incluida en el proyecto sin conocer siquiera el criterio del Ministro de Educación.
En esta oportunidad, voto por el criterio de la Cámara.
El señor PRADO.- En la sesión en que se aprobó el artículo en debate, me correspondió fundar el voto en representación de los Senadores de estas bancas.
En esa ocasión, hice presente mi pesar porque en los últimos minutos, y en forma sorpresiva para nosotros, se sustituyó la indicación que pensábamos votar, por otra que contenía párrafos e incisos diferentes.
En verdad, la idea primitiva, tendiente a presionar una solución del mencionado conflicto universitario, que se arrastra varios meses, tuvo su origen en la Cámara de Diputados, por la participación fundamental del Diputado Luis Maira, perteneciente a nuestro partido.
El señor ALLENDE.- Así lo dijimos, señor Senador.
El señor PRADO.- Exactamente.
Expresé en esa oportunidad, cuando estábamos votando, que en los mismos instantes se realizaba una mediación y que aún quedaban algunos caminos de solución. Además, advertí que si en dicha mediación no se llegaba a un acuerdo conveniente -éste fue el sentido de mis palabras- los parlamentarios no podíamos rehuir nuestra responsabilidad ante un
conflicto cuyos antecedentes se dieron a conocer en la Cámara y en esta Sala y que, a mi juicio, restan mucha validez a los argumentos que se suelen esgrimir respecto de la autoridad universitaria, en este caso respecto del patrimonio y disposición de él por parte del grupo de albaceas de la "Universidad Técnica Federico Santa María.
Una universidad debe administrarse, no por la voluntad de ciertas personas designadas por cláusulas testamentarias, sino en conformidad al principio, de una educación al servicio del país, de su desarrollo, de los chilenos. Eso es lo fundamental.
No podíamos correr el riesgo de que él conflicto se prolongara indefinidamente. Si no interveníamos, rechazábamos la solución del conflicto por la vía legislativa. Pero no quiero abundar en mayores consideraciones sobre el particular.
Hice presente, además, que nos reservábamos el derecho de introducir las enmiendas del caso cuando estimáramos que las disposiciones no concordaban con lo que nuestro partido sostuvo en la Cámara. Ahora, reitero tal criterio. Acabo de expresar, a un señor Senador que me consultó sobre la materia, que, por la vía del veto, de acuerdo con los alumnos de la universidad y con quienes han participado en este conflicto, seguiremos insistiendo en el perfeccionamiento del precepto en votación, a fin de que la ley resuelva en definitiva el problema y no haya lugar a dificultades posteriores originadas en la presentación de reclamaciones judiciales. Este es un asunto que envuelve la mayor seriedad, cuyos términos no podemos señalar en los pocos minutos que tenemos.
Creo que las disposiciones suprimidas por la Cámara no alteran en absoluto lo esencial del articulado. Así piensan en lo fundamental los dirigentes de los alumnos, con los cuales hemos estado en permanente contacto.
Por eso, voto por el criterio de la Cámara.
El señor SEPULVEDA.- Por las razones expuestas por el Honorable señor Enríquez, que comparto plenamente, pues se asientan en principios fundamentales de nuestra vida democrática, voto que no.
El señor IBAÑEZ.- Queremos rectificar nuestra votación.
Por las razones que hemos escuchado, el Honorable señor Curti y yo votamos por la no insistencia.
-El Senado no insiste (18 votos por la insistencia, 13 por la no insistencia y 1 abstención).
-Votaron por la insistencia los señores Aguirre Doolan, Allende, Ampuero, Baltra, Bossay, Campusano, Carrera, Contreras (don Carlos), Contreras (don Víctor), Corvalan, Chadwick, Fuentealba, Gómez, González Madariaga, Luengo, Miranda, Rodríguez y Teitelboim.
-Votaron por la no insistencia los señores Aylwin, Curti, Enríquez, Ferrando, Foncea, Gormaz, Gumucio, Ibáñez, Noemi, Pablo, Prado, Reyes y Sepulveda.
-Se abstuvo el señor Duran.
El señor FIGUEROA ( Secretario).- La Cámara no acepta el artículo 21, nuevo, aprobado por el Senado. "
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Si le pareciere a la Sala, con la misma votación anterior, el Senado no insistiría.
El señor CHADWICK.- Pido la palabra para fundar mi voto.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Con la venia de la Sala, puede fundar el -voto, en primer lugar, el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Aun cuando nadie me acompañara en mi actitud, de todas maneras votaría por la insistencia. Si tuviera que agregar algún nuevo razonamiento, invocaría la defensa de "El Mercurio" de dos situaciones relacionadas entre sí, aunque aparentemente distantes. En efecto, en una misma edición, su editorial defiende lo que el propio periódico llamó el "clan Edwards", y la página inicial de su crónica aboga en favor del señor Ratinoff, el caballero que perdió plata en el Octogonal de Fútbol.
Deploro mucho que en el Senado de la República, por lo menos en un cincuenta por ciento, la actividad de "El Mercurio" le rinda tan jugosos dividendos. Confío en que el señor Ratinoff no obtenga el mismo resultado.
Si el Honorable señor Gumucio no entiende mi razonamiento, lo repetiré en otros términos.
Estoy presenciando lo que el pensamiento marxista reconoce como una gran fuerza en el sistema llamado de la democracia capitalista: la de los grupos de presión, que no sólo actúan directamente con sus capitales, sino también mediante sus medios de difusión.
El clan Edwards ganó una batalla en la votación anterior. Seguramente, obtendrá una victoria más en este artículo.
Eso quería decir como fundamento de mi voto.
Insisto en el criterio del Senado.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Con la venia de la Sala, puede fundar su voto el Honorable señor Reyes.
El señor REYES.- Muchas veces escuchamos impertinencias en este hemiciclo.
El señor CHADWICK.- Así se llama a la verdad ahora.
El señor REYES.- Es absolutamente inaceptable que un señor Senador, por muy autorizado que se crea, califique a quienes sostenemos en forma legítima una posición distinta.
Rechazo de manera categórica las expresiones del Honorable señor Chadwick y espero que no las reitere, pues Su Señoría es bastante insistente en sus alusiones a los demás.
El señor CHADWICK.- Haré valer mi derecho, como lo indica el Reglamento, en el momento oportuno.
El señor PABLO.- La injuria no es signo de capacidad, sino de orgullo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Con el asentimiento de la Sala, puede fundar el voto el Honorable señor Pablo.
El señor PABLO.- Las palabras del Honorable señor Chadwick no son nuevas en el Senado. Mi Honorable colega es el arbitro de toda la justicia y de todo el pundonor. Los demás Senadores que concurrimos a esta Sala estamos sometidos al clan Edwards. No conozco a ningún integrante de ese grupo económico, ni nada me liga a su acción.
Voté contra esta disposición por respeto a mi calidad de parlamentario, la cual no ha respetado el Senador Chadwick. El precepto en votación, que crea todo un régimen universitario, ni siquiera fue discutido en el seno de la Comisión de Hacienda. Tampoco se pidió opinión a ningún personero conectado con el problema. En la Comisión nos vimos forzados a votar.
Por eso, es inadmisible que el Honorable señor Chadwick se permita en este instante injuriarnos. ¿Cuál es su autoridad moral para ello? Ortega y Gasset escribió que la injuria no es signo de capacidad, sino de orgullo. Hay quienes sienten orgullo porque manejan tres ideas generales, tienen cuatro chauchas en el bolsillo o nacen en cuna con linaje.
No acepto las palabras del Honorable colega, que imputo exclusivamente a un orgullo de carácter personal que está hastiando al Senado.
El señor AMPUERO.- ¿Es digno Su Señoría al proceder de esa manera?
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Con la venia de la Sala, puede fundar el voto el Honorable señor Ampuero.
El señor AMPUERO.- Vale la pena decir dos palabras respecto del procedimiento de los colegas democratacristianos, quienes, frente a cualquier imputación en el sentido de estar vinculados a la defensa de determinados intereses sociales, económicos o políticos, reaccionan con una fiereza increíble, atribuyendo, a quien hace tal observación, la manía de erigirse en juez o arbitro de la moral o conducta política.
Estimo conveniente que los Senadores de Gobierno entiendan que en esta Corporación cada uno de nosotros está ejerciendo un derecho y tiene una actitud política, social e idelógica frente a la vida y a los conflictos que afronta el país.
A nadie que tenga un conocimiento elemental de las doctrinas que aquí confluyen le resulta extraño que, para nosotros, socialistas, marxistas, el interés de los sectores económicos dominantes se refleje, a veces en forma dramática, en quienes, pretendiendo independencia política, no hacen sino consolidar el viejo estado de cosas.
Esta opinión respecto del Partido Demócrata Cristiano la hemos sostenido mil veces y hemos procurado comprobarla en cada ocasión pedagógicamente propicia. Ello no significa considerarnos más ricos, más inteligentes ni más puros que los adversarios a quienes criticamos. Tenemos nuestros puntos de vista; hemos aceptado una barricada. Sustentamos una posición y tenemos el deber de exhibirla aquí cada vez que sea necesario, particularmente para desnudar ante la opinión pública a ciertos falsos revolucionarios que, desde hace mucho tiempo, no hacen otra cosa, en especial en este recinto, que defender los intereses más reaccionarios, utilizando palabrería demagógica y retórica falsa, es decir, procedimientos en que las palabras ocultan la tremenda realidad de los hechos. Con discursos excelentes, esos revolucionarios de palabra tratan de mantener la política más retrógrada y derechista, que en algunos momentos sobrepasa el carácter conservador de la propia Administración Alessandri. Eso lo hemos visto a cada rato.
¿No tenemos derecho a decir que desde hace tres años la representación democratacristiana, virtualmente sin excepción alguna, ha defendido los intereses del imperialismo? ¿No tenemos derecho a decir que se ha procurado regimentar a la opinión pública, en particular a los sectores más pobres del país, sobreponiéndoles una estructura política y económica para domesticarlos y conducirlos pasivamente hacia los canales del Partido Demócrata Cristiano?
Si detrás de ese afán vemos a "El Mercurio" -viejo paladín de las peores causas-, a los intereses creados de los bancos y a grandes sectores de la nueva industria nacional; si vemos que el germen de rebeldía del mismo partido de Gobierno es aplastado por la intervención personal del Presidente de la República dentro de un organismo democrático de su estructura interna, ¿no tenemos derecho a dar nuestro propio diagnóstico frente a lo que está ocurriendo?
A mi juicio, con gritos nada ganaremos. Pero, mientras se prentenda silenciarnos aquí mediante actitudes colectivas de aparente indignación, negándonos el derecho a exponer con independencia y amplitud nuestras ideas, mantendremos también toda la fuerza necesaria en nuestras palabras, para impedir que el Senado se transforme, como otros organismos públicos, en un simple coro de sirvientes del Poder Ejecutivo, que está encarando, por su propia culpa, la peor crisis del país en estos últimos años.
Voto por la insistencia.
El señor PRADO.- Señor Presidente, celebro el esfuerzo del Honorable señor Ampuero por explicar lo que a todas luces no fue más que un fundamento de voto del Honorable señor Chadwick sin afirmación de ideas sustanciales que realmente hubieren situado el tono y el contenido de sus palabras, frente a nuestra actitud, en un terreno respetable.
No se trata de calificar actitudes de personas. Yo podría contestar al señor Senador con muchas razones. Una de ellas es que cuesta muy poco sostener en la Cámara de Diputados y en el Senado disposiciones de esta índole por quienes saben perfectamente -me refiero a los parlamentarios de Oposición- que no tendrán la responsabilidad final del proceso. Somos los Senadores de Gobierno los que estamos contrayendo verdadera responsabilidad. Y lo estamos haciendo con el derecho y la cautela necesarios para no herir valores que podrán no tener ningún sentido para el criterio de los Honorables señores Chadwick y Ampuero, pero que, para nosotros, los Senadores no marxistas, tienen valor y sentido profundos.
Por eso, hemos concurrido con responsabilidad, para obtener efectos más valederos que las consecuencias que puedan tener los votos de los Senadores que a última hora renovaron esa indicación. De esta actitud nuestra nos haremos responsables oportunamente, para que el conflicto se resuelva.
No estamos llamados a ofrecer ninguna solución inspirada en una ideología que no compartimos. Pedimos que los Senadores socialistas, cuando quieran mostrar un camino y ofrecerlo a este país, lo muestren y lo ofrezcan como marxistas. Que digan lo que van a hacer; que digan qué valor tiene, para ellos, la vida humana. Si quieren humillar algún valor actual del hombre chileno, que digan lo que vendrá después.
El proceso que hemos abierto en un continente que estuvo durante siglos dominado por pequeñas oligarquías enriquecidas, lo hemos iniciado en nombre de una justicia que no admite pisotear valores fundamentales. No queremos sustituir un orden injusto en lo distributivo, por un orden aparentemente justo porque sólo es distributivo. Vamos tras valores mucho más permanentes. En muchos países en que rigen sistemas "democráticos" socialistas, se han resuelto problemas materiales; sin embargo, el hombre no encuentra allí satisfacción a necesidades más fundamentales. Por eso, cuesta realizar procesos de cambio cuando uno está ligado a valores más sustanciales que el simple derecho a comer o a tener un techo, una casa.
En eso nos diferenciamos y por eso decimos que aspiramos a un orden humanista, cristiano; cristiano, no en sentido sectario, sino espiritualista y superior. De ahí que no podamos enfrentarnos a los problemas del país con el mismo criterio, con los mismos sistemas, con las mismas armas, con la misma decisión para pisotear valores del ser de hoy día con que se ha hecho la revolución en muchos países, por otros caminos y con otros recursos.
Por eso digo estas pocas palabras. Porque, para justificar una falta de fraternidad, de buen trato, de respeto mutuo de posiciones e ideologías, no hay derecho a plantear un debate mucho más profundo, para determinar por qué razón podemos a veces tener identidad de opiniones y otras veces debemos separarnos.
Estamos tratando de un asunto complejo. Reclamo para los Senadores democratacristianos el haber sostenido lo esencial de estas disposiciones; no estas cuatro del artículo 21, que aun cuando aparecen como más o menos contundentes y directas, realmente nada imponen, sino que todo lo dejan para una calificación posterior. Quien las analice, se dará cuenta de que son bastantes inútiles. Ya con la disposición básica se preserva lo que el país quiere respecto de este conflicto, del cual nos hemos notificado oportunamente para concurrir con nuestro aporte a resolverlo.
El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, no podría guardar silencio después de las imputaciones hechas en general a mis colegas de partido en este hemiciclo.
En verdad, soy el primero en respetar las actitudes y opiniones de quienes no comparten las mías. Consta a los señores Senadores que han hecho uso de la palabra que ésta ha sido mi conducta invariable en el Senado. Pero a veces las palabras traicionan y son desproporcionadas.
Es desproporcionado lo que dijo el Honorable señor Chadwick a propósito del artículo 21, que no pone ni quita rey, que no es más que un vago conjunto de declaraciones.
Coincido en que, en el sistema capitalista, hay centros de poder que deben ser aplastados, y estoy dispuesto a luchar contra ellos en forma clara, precisa y concluyente. Reconozco que en este aspecto existen diferencias de criterio dentro de la Democracia Cristiana, pero respeto las opiniones de mis correligionarios, como ellos respetan las mías. En esta misma sesión he asumido una posición diferente a la de mis colegas de bancas, en un punto básico.
Pero hay que medir las palabras que se emplean. No deben hacerse imputaciones de tipo general, como las que hemos oído al Honorable señor Chadwick respecto del artículo 21.
Si hubiéramos votado en contra del artículo, que es doctrinario y básico, habrían tenido justificación las palabras del Honorable señor Chadwick, porque ahí está lo fundamental.
Por eso, reitero que debe actuarse con cierta responsabilidad al formular imputaciones en este recinto.
Voto que no.
-El Senado no insiste (16 votos por la insistencia, 14 por la no insistencia, y 1 abstención).
El señor CHADWICK-Pido que se me permita hacer uso del derecho a contestar, porque he sido aludido.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, ciertamente no necesito que se me recuerde la responsabilidad con que debo ejercer el cargo de Senador de la República. Muy por el contrario. En cada una de mis intervenciones, he tratado siempre de corresponder a ella, y tengo cabal conciencia de que hay un juicio público que no se deja enredar por las palabras y que sabe perfectamente quién tiene la sinceridad y el coraje de decir las cosas como son.
Si mis palabras han parecido duras es porque era estrictamente necesario usar un lenguaje preciso, ya que nadie podrá explicarse qué razón se ha tenido para mutilar una disposición que afectaba al precepto en su cabal vigencia.
Si no se declaran de utilidad pública los bienes de la Fundación de Beneficencia Pública Federico Santa María, en él momento en que el Presidente de la República la disuelva pueden los actuales albaceas reclamar el dominio de sus bienes. Entonces se paralizaría toda la acción de esa universidad y se colocaría al país ante una situación sin salida.
Cuando los Senadores democratacristianos apoyaron el artículo completo y el Senado lo despachó, me acerqué al Honorable señor Prado para felicitarlo por la valentía con que se encaró este problema. No abrigaba, pues, ningún principio sectario o de partidismo pequeño. Pero al ver ahora que se mutila esa disposición y se la transforma en un volador de luces sin contenido ni realidad, por un elemento de presión que se ha hecho público, tengo la obligación y asumo la responsabilidad de expresar mi juicio, y no serán los dicterios ni las opiniones de los Senadores democratacristianos los que puedan acallarme. Estoy aquí para cumplir un deber que está muy por encima de pequeñeces de orden personal.
Tengo la seguridad de que quien estudie estos antecedentes sabrá que, con un mínimo de ilustración, todos, sin excepción, estábamos en la necesidad de proveer a este articulado de un mecanismo de expropiación eficiente, para respalda! la voluntad del legislador de transformar el estatuto de la Universidad Técnica Federico Santa María. Al no hacerlo así, hemos caído en lo que ya señalé: una torpe maniobra publicitaria.
En eso me mantengo y respondo de mis palabras.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, la Cámara ha desechado el artículo 22, nuevo, introducido por el Senado.
-El Senado no insiste (16 balotas blancas contra 14 negras).
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara también rechazó el artículo 24.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación secreta.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, quiero hacer uso del derecho de fundar mi voto anticipadamente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Puede hacerlo Su Señoría, por cinco minutos.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, voy a ser muy breve. Me limitaré a leer los datos que demuestran el fundamento de esta indicación, que vota el Senado por segunda vez.
La Caja Bancaria de Pensiones tiene 2.615 jubilados o pensionados, de los cuales 43,7%, es decir 1.142, reciben 310 escudos mensuales; en seguida, 1.019 pensionados, cifra que corresponde a 28,9% del total, reciben jubilaciones hasta de 620 escudos; les siguen 408 pensionados -lo que representa 15%- que reciben hasta 1.240 escudos mensuales. Equivalen a 1,7% los pensionados que reciben hasta 2.480 escudos. Y sólo 0,1%, o sea, dos jubilados, reciben más de 2.480 escudos mensuales.
Se ha producido, como lo demuestran estas cifras oficiales, nunca desmentidas, un total deterioro de la, previsión de los empleados particulares acogidos al sistema de la Caja Bancaria de Pensiones, situación que contradice la ley que les aseguró un régimen de reajustes.
Solicito del Honorable ¡Senado incorporar este documento en el Diario de Sesiones, para la historia de la votación que se tomará.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Honorable señor Chadwick. Acordado.

-El documento que se acordó insertar es el siguiente:

  "Número de  
"Pensiones desde Hasta pensiones Porcentaje 
E° 1,- E° 310,- 1.142 43,7% 
310,01 620,- 1.019 38,9% 
620,01 1.240,- -408 15,6% 
1.240,01 2.480,- 44 1,7% 
2.480,01 o más 2 0,1% 
   2.615 100,0%" 

El señor BOSSAY.- Señor Presidente, los Senadores radicales hemos votado polla insistencia tanto en la Comisión como en la Sala.
Sólo deseo recordar. . .
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Excúseme, señor Senador. El acuerdo consiste en conceder cinco minutos a un Senador que defienda el artículo y cinco minutos a otro que lo impugne.
El señor BOSSAY.- Pero el Honorable señor Chadwick sólo proporcionó datos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- El Honorable señor Chadwick defendió el artículo. Corresponde conceder el uso de la palabra a un Senador que lo objete. Ese fue el acuerdo de la Sala.
El señor BOSSAY.- Estamos fundando el voto, y Su Señoría me solicitó que lo hiciera previamente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- No, señor Senador. Se trata de una votación secreta que no tiene fundamentación de voto. Por este motivo se conceden cinco minutos para impugnar el precepto y otro tanto para defenderlo.
El señor BOSSAY.- Entonces puedo hacer uso de los tres minutos que sobraron al Honorable señor Chadwick para defender la insistencia.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo solicitado por el señor Senador.
El señor CURTI.- También deseo usar de la palabra.
El señor PABLO.- Yo también, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Acordado.
El señor BOSSAY.- Sólo deseo expresar que el organismo técnico, o sea, la Caja Bancaria de Pensiones, concordó con las modificaciones a este artículo. En otras palabras, tanto los imponentes de ese organismo como su directiva -y me imagino que el propio Gobierno- están de acuerdo en ello. De lo contrario, no nos habrían expresado esta opinión en materia previsional.
Por eso, solicito a mis Honorables colegas que no conocen en detalle la legislación vigente a este respecto que voten favorablemente la totalidad de la disposición, para poder mantener una conquista social de los jubilados bancarios de todo Chile, que esperan que se les haga justicia.
El señor PABLO.- Señor Presidente, estoy vivamente interesado en colaborar en el despacho de esta iniciativa.
Fui citado a la Caja Bancaria de Pensiones por los representantes de los empleados y de los distintos sectores que la componen. En esa oportunidad fui bien claro al expresar nuestra intención de que las pensiones que resultaran perjudicadas pudiesen recuperar su poder adquisitivo.
Con igual franqueza planteé el hecho de que el actual régimen de la Caja Bancaria de Pensiones adolece de excesos bastante graves, que muchas veces favorecen a las instituciones bancarias. Me refiero a las jubilaciones prematuras. Los bancos pueden despedir sin preocupación alguna a cualquiera de sus empleados con más de trece años de servicios, porque no pagan ningún tipo de indemnización, ya que la jubilación corre por cuenta de la Caja donde ellos imponen. Los sectores representados en la Caja Bancaria estuvieron de acuerdo en terminar con esta anomalía, como asimismo en la necesidad de otorgar una indemnización con cargo al respectivo banco, en los casos de funcionarios con pensiones bajas.
He de advertir que la mayoría de las pequeñas pensiones, a las cuales se refirió el Honorable señor Chadwick, corresponden a jubilaciones prematuras. Por lo general son inferiores a dos sueldos vitales y se reajustan anualmente según el alza del costo de la vida, de acuerdo con el régimen interno de ese organismo previ-sional.
El señor CHADWICK.- Cada dos años.
El señor PABLO.- Con mucha frecuencia se ha dado el caso, sobre todo en el pasado, de que los empleados solicitaban el desahucio a la institución donde trabajaban, con el propósito de emplearse en otra actividad.
Esta materia será objeto de estudio en el proyecto de reajuste.
Nuestro único deseo es tener la posibilidad de eliminar algunos excesos y, sobre todo, de escuchar la opinión de la Superintendencia de Seguridad Social, que no pudo ser oída en el seno de la Comisión, a fin de que haya cierta uniformidad en los beneficios que se están concediendo. Nuestra intención no es otra que colaborar en el despacho de esta iniciativa, que, en el fondo, consideramos justa.
Deseamos aprovechar esta oportunidad para pedir el apoyo de los distintos sectores políticos, a fin de poner atajo a los excesos que él país conoce y que tan caro está pagando.
El señor CURTI.- El Honorable señor Pablo ha vuelto a prometernos que en lo futuro se corregirán los errores e injusticias. Pero estamos cansados de oír promesas. Ahora nos encontramos abocados a. una legislación que resuelve totalmente el problema de los jubilados bancarios, que en estos momentos, especialmente quienes se retiraron hace muchos años, tienen pensiones y montepíos miserables.
Este proyecto tiene por finalidad cumplir una meta que constituye la filosofía del Fondo de Revalorización de Pensiones, cual es mantener el poder adquisitivo de los jubilados, sobre la base de cotizaciones aportadas por los mismos interesados.
Están de acuerdo en ello tanto los dirigentes de la Caja Bancaria de Pensiones, que pagará el beneficio, como los sectores laboral y patronal. No veo, entonces, qué inconveniente puede haber en aprobar esta disposición.
Tanto los excesos que anota el Honorable señor Pablo como los que se puedan producir en el futuro se consideran en él artículo aprobado anteriormente por el Senado. Para este efecto, se limita el tope de las jubilaciones a ocho sueldos vitales, se dejan al margen las jubilaciones prematuras con menos de trece años de servicios y el financiamiento se logra con fondos propios entregados por la Caja Bancaria de Pensiones, que es la que en definitiva podría oponerse, pues a ella corresponderá enterar los recursos necesarios. Además, todo esto es sin cargo para el erario, porque se cubre exclusivamente con las cotizaciones de los jubilados y del personal en servicio activo.
Por estas consideraciones, estimo que el Senado haría bien en insistir en su criterio.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- La Mesa propone votar en conjunto los artículos 24, 25 y 26 por incidir en la misma materia.
Acordado.
En votación secreta esos artículos.
-El Senado no insiste (18 balotas blancas, 11 negras).
-En seguida, no insiste en los siguientes artículos nuevos rechazados por la Cámara: 21 (16 balotas blancas, 13 negras); 28 (18 votos por la insistencia y 11 por la no insistencia) ; 29 (16 balotas blancas contra 13 negras) y 30 (17 votos por la insistencia y 10 por la no insistencia).
El señor FIGUEROA (Secretario).- El artículo 31, nuevo, también fue rechazado por la Cámara.
El señor CONTRERAS (don Víctor). -Creo que hay acuerdo unánime para insistir.
El señor CHADWICK-No, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- En votación.
-El Senado no insiste (16 votos por la insistencia y 10 por la no insistencia).
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara tampoco aceptó el artículo 32, nuevo.
El señor CHADWICK.- Antes de tomar la votación, pido 'la palabra.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Solicito acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Chadwick pueda fundar en primer lugar su voto.
Acordado.
En votación.
- {Durante la votación).
El señor CHADWICK.- Temo que el mecanismo de las votaciones nos lleve a cierto automatismo. Por ello, me atrevo a exponer las circunstancias especiales previstas en él artículo 32.
Se trata de personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que realmente ha sufrido accidentes que le han producido invalidez absoluta o de segunda clase, ya determinada por la comisión médica correspondiente. Es gente muy modesta que, por ignorancia u otro motivo, dejó pasar el tiempo sin ejercer los derechos que le acuerdan las leyes en cuanto a indemnización.
La verdad es que no se entiende por qué razón se ha podido rechazar un precepto reparatorio del abandono en que ese personal ha quedado y de la falta de asistencia jurídica adecuada para hacer valer sus derechos, que no se pueden poner en tela de juicio porque nacen del hecho de un accidente perfectamente compren bado y de su calidad de ex servidores de las Fuerzas Armadas.
He querido distraer algunos minutos del Honorable Senado para hacer valer los antecedentes que justifican esta disposición.
Voto por la insistencia.
El señor PABLO.- Inicialmente expresé que dentro de este proyecto hay muchas disposiciones que, en nuestra opinión, tienen un principio de justicia. Una de ellas es la que estamos discutiendo. Pero estimamos que debe ser estudiada <en el proyecto de reajustes, juntamente con aquellas relacionadas con las Fuerzas Armadas y con sus problemas previsionales. Puedo asegurar que, luego de escuchar los informes pertinentes, les prestaremos nuestra aprobación. Mientras tanto, en atención a que el nuevo proyecto de reajuste será despachado dentro de un mes, votamos por la no insistencia.
El señor CURTI.- Voto que sí, porque se ha reconocido el sentido de justicia de la disposición.
-El Senado no insiste (16 votos por la insistencia y 9 por la no insistencia).
-Con la misma votación anterior, se acuerda no insistir en los artículos 33, 37 y 40. En iguales términos, y con el voto del señor Chadwick contrario a la insistencia, no se insiste en el artículo 41. -En seguida, se acuerda insistir en los artículos 1° y 3° transitorios.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara desechó el artículo 4° transitorio aprobado por el Senado.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para insistir en este artículo?
El señor PABLO.- No, señor Presidente.
-El Senado no insiste (16 votos por la insistencia y 10 por la no insistencia).
-Con la misma votación, se acuefda no insistir en el artículo 7° transitorio.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Terminada la discusión del proyecto en este trámite.

NORMAS SOBRE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA ARMADA.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde ocuparse en el proyecto que figura en el segundo lugar de la tabla, que tiene urgencia vencida y debe ser despachado en esta sesión. 
Fue aprobado en general por la Sala el 16 de noviembre del año pasado. La Comisión de Relaciones Exteriores le introdujo dos modificaciones, ratificadas en el segundo informe de Defensa. En resumen, la Comisión de Defensa Nacional recomienda aprobar el primer proyecto elaborado por ella, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Relaciones.
-Los antecedentes de este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 27°, en 1° de agosto de 1967.
Informes de Comisiones de:
Defensa Nacional, sesión 18°, en 14 de noviembre de 1967.
Defensa (segundo), sesión 59, en 8 de febrero de 1968.
Relaciones Exteriores, sesión 59°, en 8 de febrero de 1968.
Discusiones:
Sesión 22°, en 15 de noviembre de 1968 (se aprueba en general).
El señor CONTRERAS (don Víctor). -¿Fueron aprobadas por unanimidad las enmiendas de la Comisión de Relaciones Exteriores?
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.
El señor FIGUEROA (Secretario).- El primer informe de la Comisión de Defensa lo suscriben los Honorables señores Ampuero (presidente), Aguirre Doolan, Gormaz y Jaramillo; él primero de la de Relaciones Exteriores, los Honorables señores Sepulveda (presidente), Fuentealba, Juliet y Teitelboim, y el segundo de la de Defensa, los Honorables señores Aguirre Doolan (presidente accidental), Gormaz y Jaramillo.
-Se aprueba el proyecto en la forma propuesta por las Comisiones.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.


-Se levantó a las 20.29.
Guillermo Palominos Besoaín, Jefe accidental de la Redacción.


ANEXOS.

DOCUMENTOS.

1

PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE PRORROGA LA VIGENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA MINIMA PRESUNTA.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que establece un impuesto a la Renta Mínima Presunta por el año 1968, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:
Artículo 1° Todas las modificaciones introducidas a este artículo.
Artículo 2°
-La que consiste en sustituir en el inciso tercero de la letra A) la expresión "E° 50.000" por "E° 80.000" y la que tiene por objeto agregar una frase final a este inciso.
-La que tiene por finalidad agregar al final de la primera oración del inciso primero de la letra C), a continuación de la palabra "país", lo siguiente: "o cuyas principales inversiones se encuentren en Chile.".
Artículo 3°
La que consiste en agregar un inciso cuarto nuevo a la letra d).
Artículo 4°
-La que tiene por objeto sustituir en el párrafo segundo las palabras "en la letra G), sean de un valor que no exceda de E° 50.000" por las siguientes: "en la letra G), del mismo artículo, sean de un valor que no exceda de E° 80.000.".
-La que tiene por finalidad suprimir el párrafo final de este artículo.
Artículo 13
La que consiste en suprimir este artículo.
Las que tienen por objeto consultar los artículos nuevos signados con los N°s. 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Respecto de la que consiste en agregar un artículo 20 nuevo, ha rechazado su inciso final.
Las que tienen por finalidad consultar los artículos nuevos signados con los N°s. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41 y 1°, 3°, 4° y 79 transitorios.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en respuesta a vuestro oficio N° 3.686, de fecha 13 de febrero del año en curso. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Alfredo horca Valencia.- Amoldo Kaempfe Bordalí.


2

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE, AL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 13.908, QUE CREO LA CORPORACION DE MAGALLANES.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto, despachado por el Congreso Nacional, que modifica la ley N° 13.908, que creó la Corporación de Magallanes, con excepción de las siguientes, que ha rechazado e insistido en la aprobación de los textos primitivos:

Artículo 1°

-La que consiste en suprimir el artículo 59 que se agrega a la ley N° 13.908.
-La que tiene por objeto sustituir el artículo 68 que se agrega a la ley 13.908.
Artículo 17
La que tiene por finalidad reemplazar en el inciso primero el guarismo "30" por "20".
Artículo 19
La que consiste en reemplazar este artículo.
Artículo 21
La que tiene por objeto reemplazar la frase final "Estos recursos se aportarán como erogación, en conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la ley N° 4.851." por la siguiente: "Con tal objeto la Corporación aportará dichos recursos anuales a la Dirección General de Obras Públicas, para ser destinados a dicha finalidad."
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Alfredo horca Valencia.- Amoldo Kaempfe Bordalí.

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO:

Por oficio N° 2.478, de 10 de enero del año en curso, V. E. se ha servido comunicar la aprobación del Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 13.908, que creó la Corporación de Magallanes.
Al respecto, el Supremo Gobierno se permite comunicar a V. E. que, desaprueba el referido proyecto de ley, en los artículos que señala, en atención a las siguientes razones:
Artículo 1°.- Para introducirle las siguientes modificaciones:
Párrafo 1)
Suprímese el N° 3 del artículo 29;
Reemplázase el N° 4 del artículo 29 por el siguiente: "Uno de los Alcaldes de las Comunas existentes en el área de acción de la Corporación, designado por votación por los demás Alcaldes de la provincia" ;
Reemplazar el N° 5 del artículo 2° por el que sigue: "Un representante de los obreros y otro de los empleados designados por el Presidente de la República de ternas que deberán presentar cada uno dé los gremios o asociaciones que tengan personalidad jurídica y domicilio en la Provincia de Magallanes. Las personas a que se refiere este número deberán ser imponentes del Servicio de Seguro Social y de la Caja de Empleados Particulares, respectivamente";
Sustituir en el N° 6 las palabras "el agente" por "el representante" y agregar a continuación de la expresión "producción", un punto y coma (;) y la frase "y el Director de la Oficina Regional de Planificación de Magallanes o quien legalmente lo subrogue";
Reemplazar el N° 8 por: "El Delegado Zonal de la Dirección General de Obras Públicas y el Jefe de los Servicios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en Magallanes";
En el N° 9 del artículo 2°, agregar la expresión "designado por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la mencionada institución";
Reemplázase el N° 10 del artículo 2° por el siguiente: "Dos representantes de las entidades que agrupan a los productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Magallanes, designados por el Presidente de la República de una terna propuesta por las organizaciones respectivas";
h) Agregar al N° 11 la siguiente expresión: "designados por el Presidente de la República a propuesta en terna de las respectivas agrupaciones empresariales";
i) Suprimir el N° 12;
j Reemplazar el N° 13 por el siguiente: "Un representante de las Juntas de Vecinos con personalidad jurídica y domicilio en la provincia de Magallanes designado por el Intendente de la provincia de ter- . ñas propuestas por ellas";
k) Añádese el siguiente N° 14: "Dos representantes designados libremente por el Presidente de la República, quienes serán de su exclusiva confianza";
1) Los N°s. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 pasan a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente;
m) Reemplázase el inciso 5° del articulo 2° por el que sigue:
"Los Consejeros indicados en los N°s. 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Además el indicado en el N° 4 gozará de inamovilidad en su empleo en los términos que señala el artículo 379 del Código del Trabajo, en lo que le sea aplicable";
n) Reemplázase el inciso 9° del artículo 2° por el siguiente:
"El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación será funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República"; y
o) Eliminar en el inciso 13 del artículo 2° la palabra "del aludido".
Las correcciones que se proponen en este párrafo 1) tienen por objeto modificar la estructura del Consejo de la Corporación de Magallanes en el sentido de eliminar al Jefe de la Zona Naval, agregar al Jefe de los Servicios del Ministerio de la Vivienda y 2 representantes designados libremente por el Presidente de la República.
Asimismo, de modificar el artículo en el sentido que los representantes de las organizaciones gremiales y de la producción serán designados de ternas que propongan.
Párrafo 2)
a) Suprimir la letra b) del artículo 3°;
Intercalar en la letra f) del artículo 3° la expresión "a lo menos" entre las expresiones "destinará" y "una suma";
En la letra g) del artículo 3° suprimir a contar de la expresión "para estos efectos...";
Suprimir la letra i) del artículo 3°;
Reemplazar la .letra j) del artículo 3° por la siguiente:
"j) Celebrar convenios de asistencia técnica, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 16.635 y en el Decereto Supremo 1.329 de 1967 del Ministerio del Interior, y contratar empréstitos con organismos extranjeros o de carácter internacional, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto Fuerza Ley N° 47, de 1959 y modificaciones posteriores previo informe favorable del Banco Central de Chile".
El veto en su letra a) elimina la facultad del Consejo de informar sobre la clasificación y división de tierras fiscales, ya que en proposición que se hace más adelante se otorga esta facultad al Comité Ejecutivo.
En la letra f) se fija como mínimo una inversión del 1% del presupuesto en la promoción de prospección general de las riquezas de la región.
Se solicita eliminar la facultad de fiscalizar las edificaciones que ejecute la Corporación de la Vivienda y las Cajas de Previsión, ya que esta es una materia del Ministerio de la Vivienda, no siendo conveniente introducir nuevas fiscalizaciones de carácter técnico, que en definitiva sólo entrabaría la construcción de viviendas.
Por último la letra j) se sustituye reglamentando las condiciones en que la Corporación podrá celebrar convenios de asistencia técnica y contratar empréstitos con organismos internacionales, dándole intervención a la Oficina de Planificación Nacional y al Banco Central de Chile, respectivamente.
Párrafo 3)
a) Reemplázase el inciso 1° del artículo 5°, por el siguiente:
"Habrá un Comité Ejecutivo formado de la manera que a continuación se señala: 1) El Intendente de la Provincia quien lo presidirá; 2) El Vicepresidente Ejecutivo quien lo presidirá en ausencia, del Intendente;
3) El Agente de la Corporación de Fomento de la Producción en Magallanes ; 4) El Director de la Oficina Regional de Planificación o quien le subrogue; 5) El Delegado Zonal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ;
b) Agrégase, a continuación del inciso 1° del artículo 5°, el siguiente inciso: "Para el solo efecto de tratar las materias señaladas en la letra c) del presente artículo, integrará, además, el Comité Ejecutivo con derecho a voz y voto el Director Zonal de la Corporación de la Reforma Agraria, el Inspector de Tierras de Magallanes y los Consejeros representantes de las organizaciones que agrupan a los productores agrícolas y ganaderos de la provincia;
c) Añádese, a continuación de la letra b) del artículo 5°, la siguiente letra nueva:
"c) Informar al Presidente de la República, sobre la clasificación y división de tierras fiscales, agrícolas o ganaderas de la provincia; sobre la idoneidad de los adquirentes en los casos que la presente ley señala.
d) Reemplázase, en la letra e) del artículo 5° de la ley 13.908 aprobado, la expresión "2/3" por "mayoría".
Se propone una integración del Comité Ejecutivo, más ágil, y se agrega a las facultades de éste, la de informar las divisiones y clasificaciones de tierras fiscales.
Párrafo 5).- Sustituir por el siguiente:
"5) Modifícanse los artículos 14 y 18 de la ley Nª 13.908 en la siguiente forma:
a) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto del artículo 14 por el siguiente:
"El 70% del valor de cada cuota se reajustará en proporción a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el mes calendario anterior a la fecha de entrega y el mes calendario anterior a aquel en que se efectúe el pago".
b) Agréganse al artículo 14 de la ley N° 13.908 los siguientes incisos finales:
"Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la parte vendedora y los adquirentes podrán convenir el pago del saldo de precio a que se refiere el inciso 3° de este artículo en un máximo de cuatro cuotas anuales, iguales, sucesivas y no reajustables que devengarán un interés de un 10% anual.
El no pago oportuno y completo de cualquiera de las cuotas previstas en el convenio dejará sin efecto el acuerdo volviendo a la forma de pago prevista en el inciso 3°. Las sumas pagadas se imputarán en primer lugar a las cuotas que resulten vencidas a la fecha de incumplimiento del convenio y en segundo lugar proporcionalmente a todas las cuotas restantes".
c) Agrégase el siguiente inciso al artículo 18 de la ley N° 13.908 y que corresponderá al inciso 3° de dicho artículo:
"La indemnización por las expropiaciones que se efectúen de acuerdo con este artículo, será equivalente al avalúo vigente del predio para los efectos de la contribución territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas en dicho avalúo, las que serán tasadas por el Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio del derecho del expropiado para reclamar sobre su monto. Será competente para conocer de estas reclamaciones el Tribunal Agrario que corresponda, de acuerdo con la ley N° 16.640, cuyas normas pertinentes también se aplicarán en lo que respecta a la toma de posesión material de los inmuebles expropiados"."
a) La primera observación tiene por objeto establecer una nueva forma de reajuste para el futuro. Más adelante se propone agregar un nuevo artículo transitorio a la ley N° 13.908, con el objeto de hacer aplicables estas normas a las personas que hubieren adquirido tierras con anterioridad a la fecha de vigencia de este proyecto de ley.
El sistema de reajuste propuesto tiende a que, por un lado, sea compatible con la capacidad de pago de los adquirentes de parcelas de la Corporación de la Reforma Agraria o del Ministerio de Tierras y Colonización, y, por otro, equiparar la situación de estos agricultores con la establecida para los asignatarios de la CORA, en conformidad a la ley N°16.640.
Actualmente las cuotas del saldo de precio de estos adquirentes de tierras están sujetas a un reajuste que se calcula en conformidad a la variación del precio de la lana enfardada, lo que ha demostrado ser excesivamente oneroso y ha sido causa de que estos agricultores no se hayan podido capitalizar en debida forma o que gran parte de ellos estén en mora en el pago de sus deudas.
Por el contrario, la disposición objeto de esta observación excesivamente beneficiosa para estos agricultores, por cuanto si bien no modifica el índice de reajuste de la ley N° 13.908, establece que la cuota reajustada no puede exceder de la vigésima parte del avalúo fiscal vigente. Más aún en el artículo 17 del proyecto se rebajan en un 20% los actuales avalúos.
b) La segunda observación se propone completar el artículo 18, fijándose el valor de la indemnización de acuerdo con las normas establecidas en el nuevo artículo 10 inciso 5° de la Constitución Política del Estado, con la indicación que será el Servicio de Impuestos Internos el que tasará las mejoras, por tratarse del organismo técnico más idóneo para este objeto.
Respecto del Tribunal que conocerá de las reclamaciones sobre el monto de la indemnización, se le dio competencia a los Tribunales Agrarios creados por la ley N° 16.640 -Título VIII- teniendo en consideración que, son, por su especialización, los que podrán dictar un fallo más rápido y equitativo para las partes.
También se hicieron aplicables las disposiciones pertinentes de la ley N° 16.640, a la toma de posesión de los inmuebles expropiados, en razón de existir análogo interés público en que no se dilate innecesariamente la toma de posesión material por parte del Estado de estos predios.
Párrafo 6)
Reemplázase en el inciso 1° del artículo 20 de la ley N° 13.908, las palabras "con excepción de los representantes señalados en los N°s. 5 y 7 del artículo 2°, por lo siguiente: "con excepción de los representantes señalados en los N°s. 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 2°.".
Tiene por objeto armonizar la primitiva ley N° 13.908 con las modificaciones introducidas en la integración del Consejo.
Párrafo 7)
Sustituyese el inciso 1° del nuevo artículo 45 de la ley N° 13.908, por los siguientes:
"Las cantidades que el Fisco perciba en virtud de lo establecido en los artículos 52, 54, 55, 56, inciso 1° del artículo 57 y artículo 59 de esta ley y lo que se recaude en la provincia de Magallanes por concepto de los impuestos establecidos en la ley N° 14.824, serán enterados en la Tesorería Provincial de Magallanes en una cuenta de rentas fiscales, consultándose en el Presupuesto de Gastos de la Nación el ítem correspondiente, a fin de que esa Tesorería, de acuerdo con los ingresos efectivos producidos, sin necesidad de decreto supremo previo, entregue a la Corporación de Magallanes las sumas recaudadas mensualmente por los recursos a que se refieren los artículos nombrados, que deberán ser depositados en una cuenta subsidiaria de la Cuenta Unica Fiscal en el Banco del Estado de Chile.
Contra tal cuenta girará la Corporación de Magallanes para el cumplimiento de sus objetivos. Los fondos recaudados en la cuenta de rentas fiscales, no pasarán a rentas generales de la Nación."
El Ejecutivo estima conveniente que los impuestos, contribuciones y derechos se contabilicen, sin excepciones, en el Presupuesto de Entradas de la Nación y no en cuentas extrapresupuestarias, como se dispone en el nuevo artículo 45 de la ley N° 13.908, a que se refiere el proyecto.
Constituye objetivo fundamental en esta materia, obtener uniformidad en los procedimientos de la contabilidad pública referente a los entes funcionalmente descentralizados.
El nuevo inciso 1° del artículo 45, propuesto por el Ejecutivo, mantiene en todas sus partes las prerrogativas de autonomía financiera para la Corporación de Magallanes, haciendo que esta autonomía sea operable en la práctica.
Párrafo 8)
a) Introdúcese al artículo 54 las siguientes modificaciones:
En la letra a) elimínanse las palabras "evaporada, crema de leche, plátano, cítricos, alimentos y jugos de fruta en conserva";
Suprimir la letra e);
3) Sustituir la letra f) por la siguiente:
"f) Los materiales de construcción a que se refiere la lista correspondiente del D.F.L. N° 2 de 1959".
En el inciso que sigue a la letra f) eliminar la palabra "seis"; y
Eliminar el inciso final.
Mediante el veto se limita la exención del impuesto a los artículos más esenciales y de acuerdo con informes solicitados a las autoridades de la provincia.
b) Reemplázase, en el inciso 1° del artículo 55, el guarismo "1.000" por "500" y en el inciso 2°, el guarismo "1.000"' por "500".
El Ejecutivo haciéndose partícipe de la petición de la gente radicada en Magallanes cree que es conveniente limitar la cuota que puede traer todo pasajero que va a esa región y estima que fijarla en un total de 1.000 pesos oro es aceptable y aconsejable, ya que en caso contrario se estaría incentivando a la gente extraña de la zona a sacar mercaderías por un valor apreciable.
c) En el artículo 56, agrégase, a continuación de la expresión "ley N° 16.426", la frase ", con las rebajas vigentes para la provincia de Magallanes". Igualmente, reemplázase la expresión "de Magallanes" por ",";
Debe considerarse las rebajas vigentes en Magallanes para determinar el impuesto, ya que en caso contrario, se provocaría un cobro excesivo, d) Suprimir el artículo 57.
En la actualidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194 letra e) de la ley 16.464 se ha destinado parte del rendimiento de los remates aduaneros a un plan nacional de construcción y reparación de Aduanas, que aprueba anualmente la Junta de Aduanas de acuerdo a las necesidades más urgentes. No se estima prudente que cada Aduana invierta lo que obtenga, ya que con ello se destruye la unidad del Servicio e impedirá poder hacer reparaciones o construcciones en Aduanas de menor movimiento.
e) Suprímese el artículo 59.
En la disposición que se observa se establece un nuevo impuesto de hasta un 1% sobre el valor de venta de la gasolina, kerosene y petróleo diesel.
En términos generales esto significa que el público consumidor, léase industrias, transportes, movilización colectiva, ferrocarriles, LAN, FACH, etc., tendrán que pagar E° 10.000.000 al año, que sería el rendimiento máximo de este tributo para el año 1968.
Este gravamen no ha sido considerado en las actuales estructuraciones de precios de los combustibles líquidos y su aprobación significaría un mayor incremento de éstos.
Si bien es cierto que una. parte de la materia prima que es el petróleo crudo se produce en la zona de Magallanes, no es menos cierto que el 50 % se importa con el esfuerzo de todos los chilenos y casi todo el petróleo que se consume en el país, se refina en otros lugares que no son los de Magallanes.
f) Introdúcense en el artículo 61 las siguientes modificaciones :
1°.- En el inciso 1°, sustituir la frase que viene después de la coma colocada en seguida de las palabras "de bienes raíces", por la siguiente: "exceptuando el porcentaje que corresponde en este último impuesto a las Municipalidades y a los Cuerpos de Bomberos."
Se ha dado esta redacción, ya que resulta muy complicado, determinar la cuota correspondiente a las Municipalidades en el Impuesto a la Renta, ya que ellas reciben de acuerdo con el artículo 8° de la ley 15.564, un porcentaje sobre el rendimiento total de la ley.
2°.- En el inciso 2° agregar después de la coma colocada en seguida de la palabra "aludidos" la siguiente frase: "con la excepción indicada en el inciso anterior".
De no hacerse esta salvedad, los industriales que emplearan materia prima extranjera, no estarían obligados a pagar la parte municipal del impuesto a los bienes raíces, lo cual no sería equitativo ni conveniente.
3°.- En el inciso 3° entre las palabras "comprobar" y "un" agregar la siguiente frase: "en el ejercicio respectivo".
Esta frase tiene por objeto dejar en claro que, debe comprobarse que se ha producido en un ejercicio financiero completo, el aumento mínimo de un 20% de la producción física, en relación con el ejercicio financiero anterior a la fecha de publicación de esta ley.
4°.- Suprimir el inciso 49.
No se estima conveniente introducir una modificación tan profunda en el impuesto a la compraventa, ya que su aplicación en una parte de territorio dificultaría la fiscalización y cobro de impuesto en general.
5°.- Reemplázase, en el inciso 6° del artículo 61, la expresión "en los Departamentos de Magallanes y Tierra del Fuego y de 25 años para el Departamento Ultima Esperanza" por lo siguiente: "en el Departamento de Magallanes y de 25 años para los Departamentos de Tierra del Fuego Y Ultima Esperanza";
Se hace extensivo el plazo de 25 años al Departamento de Tierra del Fuego
g) Reemplázase el artículo 62 por el siguiente: "Artículo 62:
Las empresas nacionales de navegación marítima, lacustre y aérea, instaladas o que se instalen en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes dentro de los 10 años siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, gozarán por el término de 12 años de las franquicias tributarias consultadas en el inciso 1° del artículo anterior, con las limitaciones establecidas en el inciso 5° y 7° de la misma disposición. Para gozar de dichas franquicias, tales empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Mantener servicios regulares entre las cabeceras de departamento de las provincias mencionadas, y b) Tener su domicilio social, instalar su gerencia y llevar su contabilidad en alguna de estas provincias.
En caso da que estas empresas necesitaren ampliar sus servicios fuera de los límites de la provincia de Magallanes será necesario que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes lo autorice."
El plazo de duración de las exenciones regirá desde la fecha de vigencia de la presente ley para las empresas establecidas, y desde la resolución que autorice su funcionamiento, para las que se instalen en el futuro;
Solo se precisa la redacción del artículo.
h) Sustituir el artículo 64 por el siguiente: "Las industrias hoteleras instaladas o que se instalen en la provincia de Magallanes estarán exentas de los impuestos establecidos en la ley sobre impuesto territorial, exceptuando el porcentaje que corresponde a las Municipalidades y a los Cuerpos de Bomberos y del 90% del impuesto a la renta que las afecte".
Se limita la exención de impuesto para la industria hotelera al impuesto a la renta y bienes raíces, al igual que las otras industrias, i) Suprimir el inciso 2? del artículo 66.
No se estima prudente obligar por ley a una institución a otorgar préstamos de fomento, ella deberá calificar en cada caso si procede o no a otorgarlo.
j) Sustituir el artículo 68 por el siguiente: "Los permisos para la instalación, ampliación o traslado de industrias dentro de la Provincia de Magallanes se tramitarán en la Corporación de Magallanes, la que deberá requerir informe a la Agencia de la Corporación de Fomento de la Producción en Punta Arenas. Los antecedentes completos de cada solicitud se enviarán directamente a la Dirección de Industrias y Comercio para los efectos de la letra f) del artículo 6 del DFL. 242, de 1960.
No se estima conveniente que la Dirección de Industria y Comercio pierda el control de la instalación y ampliación de industrias en Magallanes. Si lo que se quiere es mayor agilidad; el artículo propuesto la otorga al establecer que toda la tramitación se hará en la provincia.
k) Suprimir el artículo 69.
Este veto tiene el mismo fundamento que el de la letra i).
Artículo 3°.- Para sustituir los párrafos 5, 6, 7, 8 y 9 por los siguientes :
"5:-Un representante de la Oficina de Planificación Nacional;
6.- Un representante de los obreros y otro de los empleados designados por el Presidente de la República de ternas que deberán presentar cada uno de los gremios o asociaciones que tengan personalidad jurídica y domicilio en la respectiva provincia;
7.- Dos representantes de las entidades o asociaciones agrícolas, mineras, industriales y comerciales de la provincia, designados por el Presidente de la República de ternas que propongan las organizaciones señaladas;
8.- El Delegado Zonal de la Dirección General de Obras Públicas y el Jefe de los Servicios del Ministerio de la Vivienda;
9.- El Director Zonal del Servicio Agrícola y Ganadero;
10.- Dos representantes designados por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza".
Se propone la estructuración del Consejo de cada Instituto con 14 personas, de manera de hacerlos más operables, cuidando siempre que exista una representación auténtica de las principales actividades de la provincia.
Artículo 4°.- En la letra b) suprimir la letra "y" entre las palabras "derechos" y "quorum", y agregar después de esta última, suprimiendo el punto y coma (;), la frase "y remuneración, la que no podrá ser superior a un 10% del sueldo vital mensual escala A) por sesión, con un máximo de un 50% de ese sueldo;".
Es conveniente aclarar lo relativo a remuneración de los Consejeros
y fijarla en una suma equivalente a la que se señaló en el caso de la Corporación de Magallanes.
Artículo 5°.- Se sustituye el inciso 2° por el siguiente: "Cada Instituto, para él cumplimiento de sus fines, operará de acuerdo con su Reglamento, y en subsidio se regirá por la Ley Orgánica de la Corporación de Fomento de la Producción. En todo caso, podrá convenir con cualquier organismo fiscal o semifiscal, con empresas de administración autónoma, Universidades y Municipalidades de la zona, la entrega, erogación, préstamo o aportes de fondos para fines específicos, sin que para ello sean obstáculo las disposiciones orgánicas de las respectivas instituciones."
Mediante el veto se precisa la redacción del artículo, señalando que el Instituto se regirá en primer lugar por su propio Reglamento y en subsidio lo hará por la Ley Orgánica de la Corporación de Fomento de la Producción.
Artículo 8°.- Para introducirle las siguientes modificaciones: 1) En el Subpárrafo I en la letra b) suprimir la frase "los que no podrán ser inferiores al promedio de los dos años anteriores al de la presente ley" reemplazando la "," por un "."; y eliminar las letras d) y f).
2.- En el Subpárrafo II en la letra a) suprimir la frase "los que no podrán ser inferiores al promedio de los dos años anteriores al de la presente ley" reemplazando la "," que la antecede por un "."; y suprimir las letras c) ye).
No puede en virtud de una ley determinarse en forma rígida los aportes de la CORFO o del Presupuesto, es más lógico y conveniente que cada año de acuerdo con las necesidades y prioridades se hagan estas asignaciones.
Artículo 9°.- Para suprimirlo.
De acuerdo a la nueva redacción que se propone para el artículo 10 del proyecto, este artículo 9° resulta innecesairo, toda vez que en el primer artículo citado se propone claramente que los fondos recaudados por el Fisco no pasarán a rentas generales de la Nación.
Artículo 10.- Para sustituirlo por el siguiente:
"Las cantidades que se perciban en virtud de lo establecido en el artículo 8° serán enteradas en las Tesorerías Provinciales de Aisén y Chiloé, en una cuenta de rentas fiscales, consultándose en el Presupuesto de Gastos de la Nación, el ítem correspondiente, a fin de que esas Tesorerías, de acuerdo con los ingresos efectivos, sin necesidad de decreto supremo previo entreguen a los Institutos CORFO de Aisén y Chiloé las sumas recaudadas mensualmente por los recursos a que se refiere el artículo 8° de la presente ley, que deberán ser depositados en una cuenta subsidiaria de la Cuenta Unica Fiscal en el Banco del Estado de Chile.
Contra tales cuentas girarán directamente el Instituto CORFO de Aisén y el Instituto CORFO de Chiloé, respectivamente, para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Los fondos recaudados en la cuenta de rentas fiscales, no pasarán a rentas generales de la Nación".
El sistema propuesto por el Ejecutivo en estas .mismas materias respecto a la Corporación de Magallanes, se estima que por las mismas razones, que deban aplicarse para los Institutos CORFO de Aisén y Chiloé.
A mayor abundamiento puede señalarse que, además de no pasar los fondos recaudados por el Fisco a rentas generales de la Nación, los respectivos tesoreros provinciales deben entregar a esos Institutos las sumas recaudadas, sin necesidad de decreto supremo.
Artículo 11.- Para introducirles las siguientes modificaciones:
En el inciso 1° suprimir las frases "Para los fines de esta ley" y "La ley de Presupuesto... contratar".
En el inciso 1° a continuación de la palabra "contratar" agregar la siguiente frase entre comas: "previo informe favorable del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile", y
Agregar el siguiente inciso, a continuación del 2°:
"Las condiciones, plazos y modalidades de las emisiones de los bonos o debentures a que se refiere el inciso anterior y las que se fijan en el' futuro para los sistemas de ahorro a que se refieren el artículo 39 letra j) del D.F.L. 247, de 1960, el D.F.L. 205, de 1960, y el D.F.L. 251 de 1960 y la Ley 16.407 de 1966, la Ley 16.253 de 1965 y el Decreto Supremo de Hacienda N° 40, de enero de 1967, y el RRA 20 de 1963, deberán contar previamente con el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro creada por el Decreto Supremo de Hacienda N° 2.590 de 24 de diciembre de 1966."
Las modificaciones del inciso primero tienden a ampliar la facultad que se le otorga a la Corporación de Fomento de la Producción, eliminando las restricciones que sean para los fines de esta ley. La CORFO puede hacer colocaciones importantes en el exterior e internas de estas obligaciones, pero requerirá el acuerdo del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.
El inciso que se agrega tiende a que, tanto en este caso, como respecto de todos los demás instrumentos de ahorro, se requiera previamente a su «misión el informe favorable de la Comisión Nacional del Ahorro. Con ello se evitará en lo sucesivo las múltiples distorsiones que se crean con motivo de la disimilitud de condiciones fijadas en casa caso, con autonomía, por las diversas instituciones o reparticiones públicas, con prescindencia de la necesaria armonización que ha servido de principal justificación a la creación de la referida Comisión que tiene la más amplia representatividad al efecto.
Artículo 12.- Para agregar a continuación del guarismo "61" el guarismo "62".
Tiene por objeto hacer extensivo a Chiloé y Aisén las mismas franquicias que a Magallanes en materia de empresas dedicadas a la navegación marítima, lacustre y aérea.
Artículo 15.- Suprimirlo.
Por el artículo que se propone suprimir se aumentan al doble los plazos de exención de contribuciones a que se refiere el artículo 14 del D.F.L. N° 12 de 1959, para las habitaciones qué se construyan dentro de las provincias de Aisén y Chiloé.
Los plazos actualmente vigentes son amplios de 10, 15 ó 20 años, lo que estiman como suficiente estímulo y no se cree que por llevarlos de 20 a 40 años se va a incentivar esta actividad en la zona.
Artículo 16.- Suprimirlo.
No es aceptable que en virtud de leyes permanentes se pretenda hacer destinaciones presupuestarias, puesto que como ya se ha afirmado en cada ley de Presupuesto debe establecerse anualmente las prioridades de inversión. Por otra parte, es preciso dejar constancia que en estos tres últimos años ha sido preocupación especial del Ejecutivo hacer inversiones de importante cuantía en esta Provincia, dando prioridad a las Obras Públicas, Vivienda e instalaciones industriales.
Artículo 17.- Para reemplazar el guarismo "30" por "20".
Debe limitarse a un 20% la rebaja a los avalúos agrícolas, los cuales se hicieron sobre la base de la productividad de los terrenos, o sea, de su capacidad talajera, a falta de estudios sobre la capacidad de uso de tales suelos por la carencia de análisis completos de los suelos y de mosaicos aerofotogramétricos, debidamente interpretados. Si se toma en cuenta que la región sólo se presta para mantener praderas destinadas a la crianza de ovejas y en forma limitada a ganado vacuno, el estudio económico que se hizo, fue acucioso, practicado por ingenieros agrónomos y aprobado por la Comisión Mixta Provincial; sin embargo, ha sido materia de reclamos dado que tales avalúos sirven como base para fijar las rentas de arrendamiento.
Artículo 18.- Reemplazar el inciso 1° por el siguiente: Decláranse da utilidad pública los terrenos situados desde el límite urbano de la ciudad de Punta Arenas y hasta 30 kilómetros al norte del mismo, en una faja de hasta 10 kms. medidos desde la costa. Facúltase al Presidente de la República para que, a petición de la Corporación de Magallanes, expropie terrenos dentro del área indicada en lotes de superficie no superior a 20 hectáreas cada uno, con el objeto de establecer industrias y actividades agrícolas en ellos.
Se fija en forma clara la finalidad de este artículo, las otras dos ideas corresponden a otros organismos que tienen facultades para ello, la Corporación de la Reforma Agraria y el Ministerio de la Vivienda. Artículo 19.- Suprimirlo y reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 19.- La Corporación de Magallanes estará exenta de las disposiciones del D.F.L. 353, de 1960 y modificaciones posteriores."
No se estima conveniente obligar por ley a ENAP a vender sus productos a precio de costo. La Empresa deberá fijar su política sobre esta materia.
En reemplazo de este artículo se propone otro por el cual se exime a la Corporación de Magallanes de hacer sus compras por la Dirección de Aprovisionamiento del. Estado, tendiendo con ello a darle mayor agilidad a su operación en atención al carácter descentralizado de la Corporación y su distancia de la sede de Aprovisionamiento.
Artículo 21.- Se propone reemplazar la frase final "Estos recursos... Ley N° 4.851", por la siguiente: "Con tal objeto la Corporación aportará dichos recursos anuales a la Dirección General de Obras Públicas, para ser destinados a dicha finalidad".
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte estima que con el sistema propuesto se evitan dificultades que se provocan en el sistema de erogaciones.
Artículo 22.- Sustituir el párrafo "invertir, en la respectiva provincia, el impuesto a que se refieren el artículo 20 del D.F.L. N° 285, de 1953, o los artículos 68 y 82 del D.F.L. N° 2, de 1959, según corresponda" por el siguiente: "efectuar, en la respectiva provincia, las inversiones liberatorias del impuesto establecido en el artículo 20 del Decreto N° 1.100, de 3 de junio de 1960 y en los artículos 59 y 73 del Decreto Supremo N° 1.101, de igual fecha, según corresponda".
La palabra "invertir" es muy amplia, y podía estimarse que no sería necesario hacer las inversiones taxativamente indicadas en la ley. Se corrigió, además, la referencia a los D.F.L. 285 y 2, por las disposiciones respectivas de los decretos supremos que fijaron su texto definitivo.
Artículo....- Para agregar a continuación del artículo 22 el siguiente:
Artículo...- Cuando se trate de resoluciones que se relacionen con la solución de problemas que en conjunto interesen a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, será facultad del Director de la Oficina de Planificación Nacional citar a sesión conjunta del o los Institutos según el caso, y la Corporación de Magallanes.
Los Institutos se harán representar por el Intendente respectivo, su Gerente Ejecutivo y uno de los Consejeros designado por el Consejo especialmente citado al efecto, y la Corporación de Magallanes lo hará con el Intendente de la provincia, el Vicepresidente y un Consejero designado por el Consejo especialmente citado al efecto. Los representantes de los Institutos y de la Corporación tendrán todas las facultades que les correspondan a sus repectivas entidades de conformidad a la ley y sus reglamentos orgánicos. Los acuerdos que en dichas sesiones se adopten por los dos tercios de sus miembros, serán obligatorios para la Corporación y los Institutos según corresponda.
Esta disposición persigue crear un mecanismo que permita abordar los problemas de las tres provincias o dos de ellas, según sea el caso, en conjunto, aunando los esfuerzos de todas las entidades.
Artículo 23.- Sustituyese la parte final a contar del primer punto seguido, por la siguiente:
"Esta liberación no podrá exceder de $ 25.000 oro en valor aduanero y deberá otorgarla la Intendencia respectiva, previo informe de Investigaciones y de la Administración de Aduana que tenga jurisdicción sobre el lugar en que se radique el beneficiario. El uso de feriado o vacaciones en Chile no suspenderá el plazo referido anteriormente.
Facúltase al Presidente de la República para reglamentar la aplicación de esta disposición.".
La sustitución y adición propuesta tiene por objeto precisar el alcance del artículo aprobado.
Artículo 24.- Para suprimirlo.
1°) Los empleados públicos están sujetos a las disposiciones del Estatuto Administrativo, contenidas en el D.F.L. N° 338, de 1960, que son las que regulan las relaciones jurídicas que vinculan al Estado con dichos funcionarios.
2°) Según el artículo 86 del Reglamento Administrativo, ya indicado, se establece que: "El empleado que para el desempeño de un empleo se vea obligado a residir en una provincia o territorio que reúna condiciones especiales derivadas del aislamiento o del costo de la vida recibirá una gratificación de zona que se fijará por medio de un porcentaje calculado sobre sus remuneraciones totales excluidas la asignación familiar. La Ley Anual de Presupuesto fijará igualmente el porcentaje respectivo, normas que regirán, asimismo, para las Instituciones Semifiscales.
La gratificación de zona se devengará mientras el empleado conserve la propiedad de su empleo en la provincia o territorio correspondiente.
3°) No ocurre lo mismo con los empleados y obreros del sector privado que, libremente han convenido sus remuneraciones y que, por regla general, residen permanentemente en el lugar donde desempeñan sus funciones, y no están sujetos a traslados, como ocurre en los Servicios Públicos que tienen dependencias en todo el territorio del país.
4°) La gratificación de zona es un agregado a la remuneración normal de los empleados públicos, mientras que lo que se propone en la disposición vetada, es disminuir la parte imponible de dicha remuneración normal de los obreros y empleados del sector privado, lo que no parece equitativo.
5°) Con la misma razón, podrían pedir igual deducción todos los obreros y empleados, ubicados en aquellas partes en las cuales existe gratificación de zona, con la cual se produciría una notoria disminución del rendimiento del Impuesto a la Renta.
Artículo 25.- Agregar después de la palabra "pavimentación" las siguientes "y unión marítima" y después de "Punta Arenas" el término: "y el de".
La corrección propuesta tiende aclarar el alcance de la disposición.
Artículo 26.- Para sustituirlo por el siguiente:
"Sustituyese la letra d) del artículo 39, del D.F.L. 213, de 1953, cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto supremo N° 8, de Hacienda, de 1953, por el siguiente:
"d) Autorizar que las mercancías importadas bajo franquicias queden a la libre disposición de sus dueños, sin pago de gravámenes o con gravámenes rebajados, siempre que se le acredite que se cumplirá la finalidad prevista por la liberación o que esas mercancías han dejado de ser útiles para el uso para el cual fueron importadas. Transcurridos diez años desde la fecha de la importación, la Junta otorgará en todo caso la libre disposición sin pago de gravámenes, a excepción de los vehículos motorizados en que este plazo será de quince años.
La Junta General de Aduanas para autorizar la libre disposición con pago de gravámenes se sujetará al reglamento que dicte el Presidente de la República."."
No parece conveniente la eliminación total de la facultad de otorgar la libre disposición de mercaderías internadas bajo liberación a la provincia de Magallanes. Los objetivos de la eliminación se cumplen mejor mediante una modificación que permita gravar con parte de los impuestos de que se han liberado las mercancías, conforme a los antecedentes que calificará la Junta General de Aduanas. Asimismo, se estima de justicia mantener el plazo de diez años para resolver la libre disposición sin pago de gravámenes, a excepción de los vehículos motorizados en que el plazo debiera elevarse a quince años.
Artículo 31.- Para sustituirlo por el siguiente:
"Los vehículos de carga y de movilización colectiva que habitual-mente efectúen servicio hacia la República Argentina o a otras provincias del país, con tránsito por territorio argentino, podrán garantizar nominalmente estas salidas temporales conforme a los plazos y las modalidades que establecerá el Reglamento que deberá dictar el Presidente de la República, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley."
Se estima que esta disposición debe ser de carácter general para todo vehículo de carga y de movilización colectiva que haga su tránsito por la República Argentina. El Reglamento fijará los plazos y modalidades a que se sujetará esta autorización.
Artículo 32.- Suprimirlo.
Es absolutamente improcedente el gravamen propuesto, ya que en caso de aprobarse ocasionará graves perjuicios a la provincia de Aisén y Magallanes.
En primer término, el impuesto del 5% coloca en desventaja a los productores de Aisén y Magallanes respecto al resto de los productores del país, a los cuales no se les aplicará.
En el orden externo, es conveniente tener presente que en atención a la baja de los precios internacionales de la lana, el Ejecutivo vio la conveniencia de otorgar a los exportadores de lana un "draw-back" de un 20%, con el objeto de que el producto chileno compita en los mercados extranjeros, medida que contradice cualquier intento de gravar con un impuesto discriminatorio esta actividad.
Artículo 33.- Para introducirle las siguientes modificaciones:
1°) En la letra . . . sustituir las palabras "veinte mil" por "catorce mil" y "veintiocho mil", por "veinte mil".
2°) Sustituir la letra b) por la siguiente:
"b) Agrégase al N° 1 del inciso décimo el siguiente párrafo:
"Para el solo efecto de los valores referidos se admitirá una rebaja del 10% a todo vehículo con más de dos años de permanencia en la zona".
3°) en la letra c) sustituir el guarismo "800" por "600" y en la letra d) el guarismo "10.000" por "6.000".
Las cantidades que se proponen significan reponer los derechos que tenían los residentes antes de la modificación del Arancel Aduanero y elevar el derecho, cuando se trata de personas con más de ocho años de residencia.
Artículo 34.- Para agregar antes de la palabra "incompletos" la siguiente: "dolosamente".
Este articuló menciona la sanción de la pérdida definitiva de los derechos a las franquicias, exenciones o beneficios a quienes, entre otras causales, presente documentos o antecedentes incompletos. Debido a que esta causal es muy común, sin que exista mala fe de parte de los interesados, podría colificarse esta causal reemplazando la palabra "incompletos" por "dolosamente incompletos".
Artículo 2P transitorio.- Para suprimirlo.
El Ejecutivo no estima conveniente establecer obligaciones fijas en el Presupuesto de la Nación, sin que se haya indicado previamente su financiamiento. Si en el año indicado la disponibilidad de fondos fiscales lo permitieran podrían establecerse cantidades con este fin.
Artículo 3° transitorio.- Para introducirle las siguientes modificaciones:
Suprímese, en el inciso I°, toda oración que sigue a la coma después de la frase "rectificar errores de deslindes o cabidas", que se cambiará por un punto, y
En el inciso final del artículo 3° transitorio suprímese la palabra "asimismo" con que comienza el inciso, y reemplázase la frase "de capacidad talajera no superior a 1.200 ovejunos de esquila" por la siguiente: "de capacidad talajera no inferior a 1.000 ovejunos de esquila".
El fundamento del veto mediante el cual se suprime en el artículo 3° transitorio, inciso 1°, la exigencia de contar con el consentimiento del Concesionario para modificar la clasificación que se hubiere hecho de cada lote o rectificar errores de deslindes o cabida, reside en la necesidad de hacer aplicable ésta disposición, que en el hecho no operaría si se mantiene su actual redacción, porque es obvio que ningún beneficiario de un lote beneficiaría el status vigente, ante un infundado temor de ver lesionados sus derechos, lo que en la realidad no sucederá.
El reemplazo en el artículo 3° transitorio de la frase "de capacidad talajera no superior a 1.200 ovejunos de esquila" por "de capacidad tala-jera no inferior a 1.000 ovejunos de esquila", tiene por objeto dejar un margen más amplio al Presidente de la República para determinar la unidad económica familiar en aquellas regiones donde por razones de clima, de difícil acceso por insuficiencia de vías de comunicación, etc., como Navarino, debe ampliarse esta unidad, la que en ningún caso podrá dar origen a lotes de capacidad talajera inferior a 1.000 ovejunos de esquila.
Artículo nuevo,- Para agregar como párrafo 9) del artículo 1°, el siguiente artículo transitorio de la ley Nª 13.908,
"El 70% del valor de cada una de las cuotas del saldo de precio correspondientes a los inmuebles transferidos por la Corporación de la Reforma Agraria o el Ministerio de Tierras y Colonización que se hayan hecho o se hagan exigibles a contar del 1° de enero de 1957, se reajustarán en proporción a la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos, entre el mes calendario anterior a la fecha de la entrega del inmueble y el mes calendario anterior a aquel en que se efectúe el pago.
Los adquirentes de tierras que se encuentren o se pongan al día en e1 pago de las obligaciones contraídas con la CORA o el Ministerio de Tierras y Colonización, y que se hayan hecho exigibles antes del 19 de enero de 1967, podrán convenir dentro del plazo de 6 meses, a contar de la publicación de la presente ley, la consolidación de los saldos de precios de los predios enajenados y su pago en un máximo de 4 cuotas anuales, sucesivas, no reajustables que devengarán un interés del 10% anual. Para los efectos de la consolidación el total del saldo insoluto de la deuda se reajustará en proporción a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes calendario anterior a la fecha de entrega del inmueble y el mes calendario anterior a aquel en que se suscriba el convenio. En caso de no pago completo y oportuno de cualquiera de las cuotas previstas en el convenio, regirá lo dispuesto en el inciso 9° del artículo 14 permanente".
Esta modificación tiene por objeto explicar el sistema propuesto de reajuste en el veto al articulo 1°, Párrafo 5), a contar del 1° de enero de 1967.
Artículo nuevo.- Para agregar el siguiente artículo: "
Artículo....- Declárase que la venta del bien raíz de calle Zegers N° 750, de la ciudad de Iquique, hecha por el Fisco, según decreto supremo N° 1.110, de 10 de septiembre de 1964, del Ministerio de Tierras y Colonización, se ajustó a la legislación vigente sobre la materia, y que se entienden, para todos los efectos legales, válidos y conformes a derecho los informes y las demás actuaciones practicadas con motivo de la dictación del aludido decreto, y exímese, por tanto, de toda responsabilidad a las personas y funcionarios públicos que intervinieron en su tramitación y dictación".
Por decreto supremo Nª 1.110, de 10 de septiembre de 1964, se autorizó esta venta fijándose como precio el valor comercial del inmueble, que para estos efectos se establecía-en la suma de E° 6.450 por el Servicio de Impuestos Internos,
En ese mismo decreto se estipularon las demás condiciones del contrato y las obligaciones que debería cumplir la compradora, que son las usuales para este tipo de transferencias.
Si bien el contrato mismo no causó daño alguno al patrimonio del Estado, en la gestión administrativa previa a la dictación del decreto, se incurrió en infracciones a la ley, cometidas más bien por ignorancia que mala fe de sus autores.
En efecto, el Jefe de la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de la época intervino en actos dé mero trámite del expediente administrativo, lo que le estaba prohibido por ser cónyuge de la peticionaria, vínculo que también conocían los otros funcionarios que emitieron informes proponiendo la venta del inmueble.
Los funcionarios que infringieron las disposiciones del Estatuto Administrativo, y del artículo 240 del Código Penal, en calidad de- autores o cómplices, son empleados técnicos, calificados siempre en lista de Mérito que no obtuvieron lucro personal alguno en los hechos descritos.
Por esta consideraciones y siendo evidente que no hubo intención dolosa en su conducta funcionaría, ni perjuicio para el Fisco con motivo de la venta dispuesta por decreto 1.110, de 10 de septiembre de 1964, del Ministerio de Tierras y Colonización, tiene pleno fundamento el veto que se presenta.
Artículo nuevo.- Para agregar el siguiente:
"Artículo...- Declárase que la asignación de zona que se paga a los obreros del sector público en la provincia de Aisén no está sujeta a imposiciones previsionales."
En él año 1967 se acordó otorgar a los obreros el beneficio de asignación de zona de que sólo gozaban los empleados en la provincia c" Aisén, atendida las condiciones de aislamiento y climáticas en que debían prestar sus servicios.
Se expresó que se otorgaba esta asignación en las mismas condiciones que los empleados, en atención a que para éstos no és imponible.
En algunos casos, y en especial en el de los obreros de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas que no están afectos al Título II del D.F.L. N° 338, de 1960, y por la interpretación amplia de la ley N° 10.883, podría argumentarse que la asignación de zona sería, imponible. Este gasto no ha sido contemplado, lo cual provocaría una disminución efectiva en los trabajos que puedan realizarse en la Provincia de Aisén durante el año 1968, y en el Presupuesto de 1969 debería rebajarse la asignación de zona en términos tales que no existiese discriminación con el resto-de los obreros y empleados de la zona.
Con el objeto de evitar esta posible interpretación y el daño a los Presupuestos de la provincia, como lo han manifestado los representantes de la Asociación de Empleados Fiscales de la provincia y las autoridades de ella, es que se propone esta aclaración.
Artículo nuevo.- Para agregar el siguiente: "Para la construcción y puesta en servicio de las centrales hidroeléctricas de Palena, Chaitén y Lonqüimay, la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas no estará sujeta al límite que indica el inciso 1° del artículo 30 dé la Ley N° 16.735 ni a ninguno otro que las leyes futuras señalen al respecto, ampliaciones, reparaciones e instalaciones por el monto que fuere necesario, en forma directa, hasta la total terminación de dichas centrales.
Se encuentran en construcción las centrales hidroeléctricas de Patela, Chaitén y lonquimay, a cargo dé la Dirección de Servicios Eléctricos. De acuerdo con el artículo 30 de la ley 16.735, estas obras deberían ser realizadas por él Ministerio" de Obras Públicas. A fin de mantener la oportunidad y- hacer más rápida la construcción es preciso reconocer la excepción que se propone.
Artículo nuevo.- Para agregar el siguiente:
"Artículo....- Reemplázase en la Sección O del Arancel Aduanero, puesta en vigencia por el decreto de Hacienda N° 926 de 1967, el porcentaje de 30% mencionado en las subpartidas 00.04.01 y 00.04.03, por el de 50%."
Con motivo de la prolongación del nuevo Arancel Aduanero, enero de 1967, hubo necesidad de adaptar a su texto las liberaciones aduaneras que gobazan los funcionarios de planta, del servicio exterior y el personal dependiente del, Ministerio de Defensa Nacional y funcionarios de Carabineros que cumplen misiones oficiales en el extranjero.
Con el objeto de simplificar el cálculo de las franquicias y ponerlas a tono con las normas de valoración de mercaderías establecidas en el nuevo Arancel, la adaptación de las liberaciones mencionadas se efectuó sustituyendo, el monto de la franquicia expresada en derechos de aduana en relación a un porcentaje del suelda anual en dólares del beneficiario, por el porcentaje de 30% edeste mismo sueldo en relación al valor aduanero de las especies a internar. Por estudios posteriores realizados por el Servicio de Aduanas se logró establecer que este porcentaje no corresponde al monto de la franquicia de que gozaban los beneficiarios con anterioridad a la vigencia del nuevo Arancel Aduanero, restringiéndola con evidente perjuicio para los mismos. Por este motivo se propone elevar el porcentaje al 50%, cifra que representa con mayor exactitud el espíritu que tuvo el legislador al otorgar estas liberaciones.
Por lo tanto, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, el Supremo Gobierno devuelve a esa Honorable Corporación el proyecto de ley en referencia, con las observaciones formuladas.
.Dios guarde a V. E. 
(Fdo,): Eduardo Freí Montalva, Bernardo Leighton Guzmán".


3

INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ELEVA EL NUMERO DE TRIBUNALES DEL PAIS Y CREA UNA CORTE DE APELACIONES CON ASIENTO EN RANCAGUA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha estudiado el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que eleva el número de Tribunales del país y crea una Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad de Rancagua.
Concurrió a las sesiones en que vuestra Comisión consideró este proyecto, el señor Subsecretario de Justicia, don Alejandro González.
La Constitución Política del Estado entrega a la ley la misión de determinar la organización y atribuciones de los Tribunales "que fueren necesarios" para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Mediante esta importante facultad, el Legislador está en condiciones de ir adecuando en forma gradual el número, organización y atribuciones de los Tribunales, a las necesidades de la población. Sin embargo, tanto por falta de una política adecuada cuanto por la carencia de recursos, estas necesidades no han sido satisfechas y hoy debe admitirse que los Tribunales del País, por regla general, hacen frente a un recargo inusitado en materia de ingreso de causas. Ese recargo es, en muchos casos, la causa de que la administración de justicia no se imparta en la forma rápida y eficaz que el Constituyente ha querido.
Comprendiéndolo así el Ministerio de Justicia creó, hace más de dos años, un Departamento de Planificación y Estudios, encargado de investigar y precisar los problemas que existen en la prestación de los servicios de la administración de Justicia y de planificar el desarrollo futuro de sus actividades. Se han recogido antecedentes y estadísticas a lo largo del país, para formarse un cuadro completo del problema, llegándose a la conclusión -básica para una política de expansión de los servicios judiciales- de que un Tribunal tiene recargo en su labor cuando su ingreso anual es superior a 2.000 causas. Naturalmente, atendida la escasez de los recursos fiscales, no ha sido posible abocarse de inmediato a la creación de los Tribunales que serían necesarios, según la pauta antes mencionada, para solucionar el problema del actual recargo de trabajo de la judicatura. Ha sido necesario establecer un criterio de prioridades, que signifique expandir el servicio judicial en forma paulatina, primero en aquellos lugares en que el problema es más grave y luego en los demás.
El proyecto en informe, desde este punto de vista, es una primera aplicación de los resultados a que ha llegado el Ministerio de Justicia en
la elaboración de una política de conjunto, y eonsigte en crear una Corte de Apelaciones y varios Juzgados Civiles y del Crimen de Mayor Cuantía en distintas ciudades y en elevar a esa categoría a algunos de los actuales Juzgados de Letras de Menor Cuantía.
Por las razones expresadas, vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, en general esta iniciativa de ley, cuyo análisis particular hacemos en seguida.
El artículo 1° crea una Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad de Rancagua. El establecimiento de un Tribunal de esta jerarquía en dicha ciudad obedece al propósito de disminuir el recargo de ingreso que actualmente afecta a la Corte de Apelaciones de Santiago y estimado, precisamente, en un porcentaje equivalente al de las causas que provienen de la zona en que tendrá jurisdicción la Corte que el proyecto crea. Se justifica, además, la creación de esta Corte por el rápido proceso de expansión demográfica y económica de las provincias de O'Higgins y Colchagua, la primera de las cuales se está convirtiendo en una importante zona industrial.
El mismo artículo 1° establece que la Corte se compondrá de cuatro miembros y tendrá, además, un Fiscal, un Relator, un Secretario, un Oficial 1° un Oficial 2° y dos Oficiales de Sala. La Comisión, haciéndose eco de la opinión de la Excelentísima Corte Suprema, que ha estimado insuficiente esta dotación, solicitó al Ejecutivo su ampliación, lo que fue denegado por estimar el Presidente de la República que el ingreso inicial del Tribunal será escaso y que en virtud de las facultades permanentes de que dispone, podrá incrementar posteriormente esa planta con los cargos a contrata necesarios.
Como consecuencia de estas razones y hechos, vuestra Comisión aprobó por unanimidad el artículo, sin más modificación que la de actualizar la fecha de vigencia, estableciendo como tal la del 1° de abril de 1968.
El artículo 2° aumenta a cuatro el actual número de miembros de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y La Serena. La disposición se funda en que el actual número de Ministros da origen a dificultades de funcionamiento cada vez que uno de ellos hace uso de su feriado legal o cumple las labores inspectivas que la ley dispone, en el respectivo territorio jurisdiccional. Vuestra Comisión aprobó también este artículo, pero acordó también solicitar el patrocinio constitucional del Ejecutivo para aumentar a cuatro el número de Ministros de la Corte de Punta Arenas, única que quedaría con los actuales tres. El Ejecutivo denegó este patrocinio, fundado en que el ingreso de causas de esta Corte es el más bajo del país, a la vez que sólo tiene siete Juzgados bajo su jurisdicción.
El artículo 3° eleva a la categoría de Juzgados de Letras de Mayor Cuantía a los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Copiapó, La Calera, Curicó, Chillan y Curanilahue. En todos esos lugares, el recargo de trabajo de los actuales Juzgados de Mayor Cuantía hace necesario establecer, dentro de los respectivos departamentos, otro que tenga igual amplitud de competencia. La Comisión prestó su aprobación a este artículo; pero, al igual que en los dos casos anteriores, haciéndose cargo del criterio de la Excelentísima Corte Suprema, solicitó al Ejecutivo extender la norma al Juzgado de Menor Cuantía de Coelemu. El Ejecutivo denegó también su patrocinio, fundado en que no existe recargo ni en dicho Tribunal ni en el de Mayor Cuantía del departamento respectivo.
El artículo 4° crea, a contar del primero de abril de 1968 y en los departamentos que se indican, los siguientes Juzgados de Letras de Mayor Cuantía;
Arica, un tercer Juzgado; La Serena, un segundo Juzgado; Valparaíso, un Juzgado del Crimen con asiento en la ciudad de Viña del Mar; Santiago, dos Juzgados Civiles y dos Juzgados del Crimen; Presidente Aguirre Cerda, un cuarto Juzgado del Crimen; Concepción, un cuarto Juzgado; Llanquihue, un segundo Juzgado y Magallanes, un segundo Juzgado. En todos estos lugares, el recargo en el ingreso de causas es tan grave que ha debido atenderse de inmediato a la solución, al menos parcial, de problema, sin dejar de reconocer que, en el caso de Santiago, por ejemplo, el aumento resulta absolutamente insuficiente si se considera el porcentaje de población radicada en el departamento. La Comisión aprobó este artículo con los votos favorables de los señores Pablo y Sepulveda y la abstención del señor Chadwick.
El artículo 5° señala como territorio jurisdiccional de los Juzgados can asiento en Viña del Mar y Curanilahue, el de las respectivas comunas subdelegaciones, y del Juzgado de La Calera, el de las comunas de La Calera, Hijuelas, Nogales y Llay-Llay. La Comisión aprobó este artículo con los votos favorables de los señores Pablo y Sepulveda y la abstención del señor Chadwick.
El artículo 6° faculta al Presidente de la República para introducir en el Código Orgánico de Tribunales todas las modificaciones que esta ley haga necesarias, y para fijar, previo informe de la Corte Suprema, la planta del personal de los Juzgados que ella crea. La primera de estas facultades se otorgaba, pese a que el artículo 8° del. proyecto modifica el Código Orgánico de Tribunales para armonizarlo con las disposiciones del mismo, porque el proyecto aprobado por las Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados creaba los Tribunales a que se refiere la ley a partir de fechas distintas, algunas de ellas postergadas hasta 1970. En definitiva, todas las disposiciones del proyecto operan a partir del 1° de abril de 1968, lo que no justifica entregar esta facultad al Presidente de la República. Estimándolo así, la Comisión acordó rechazar el inciso primero del artículo 6°, aprobando el restante, con los votos favorables de los señores Chadwick y Sepulveda y el voto en contra del señor Pablo en lo que respecta al primero, y los votos favorables de los señores Pablo y Sepulveda y la abstención del señor Chadwick, en el siguiente. Con esta última votación acordó, además, introducir en el artículo 8° otras modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, hechas necesarias por el proyecto en informe.
El artículo 1° traslada el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso a la comuna de Viña del Mar, fijándole como territorio jurisdiccional la comuna subdelegación del mismo nombre, y el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago, al departamento Presidente Aguirre Cerda, en cuyo territorio tendrá jurisdicción. Ambos traslados se justifican por la necesidad de dar una justicia especializada a zonas que exhiben un gran desarrollo industrial y una alta concentración demográfica, a fin de disminuir el ingreso actual de los Juzgados Civiles respectivos y permitir la administración expedita de la justicia laboral.
Sin embargo, en vuestra Comisión se manifestaron dudas acerca de la conveniencia de trasladar el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago al departamento Presidente Aguirre Cerda. Se tuvo presente a este respeto que la Excma. Corte Suprema ha manifestado su opinión, contraria a este traslado, porque produciría un notable recargo del trabajo de los restantes Tribunales, cuyos Magistrados deben cumplir un papel mucho más activo que los jueces civiles, todo ello sin perjuicio de reconocer que es necesario crear un Juzgado de la especialidad en San Miguel. Sin embargo, la mayoría de la Comisión, formada por los señores Pablo y Sepulveda, contra la opinión del señor Chadwick, aprobó el artículo en los mismos términos en que viene formulado porque, según explicó el señor Subsecretario del ramo, el aumento que debería experimentar el ingreso de cada uno dalos cinco restantes Juzgados del Trabajo de Santiago, no «excedería de 200 causas.
El artículo 8° introduce varias modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, como consecuencia de las nuevas normas que establece el proyecto. Al comienzo de este artículo se han incorporado enmiendas a los artículos 29 y 42 del Código citado, a fin de que sus textos reflejen los cambios de categoría o el aumento de Tribunales a que antes nos liemos referido.
En este mismo artículo 8°, la Comisión acordó rechazar el inciso segundo de la letra f) del artículo que se propone en sustitución del .actual 55 y la modificación al artículo 65 del Código Orgánico de Tribunales. Ambas disposiciones están referidas a las atribuciones que en materia laboral se propuso dar a la Corte de Apelaciones de Rancagua, proposición que la Cámara de Diputados rechazó en definitiva, no obstante lo cual, y tal vez por una inadvertencia, subsistieron las modificaciones aludidas.
El artículo 8° fue aprobado por la Comisión con los votos favorables de los señores Pablo y Sepulveda y la abstención del señor Chadwick, salvo en lo relativo a las modificaciones rechazadas, en que el acuerdo fue unánime.
El artículo 9° modifica los artículos 515 y 516 del Código del Trabajo, para armonizar sus textos con las variaciones de jurisdicción que -en esta materia introduce el artículo 7° antes comentado. La Comisión lo aprobó, con la abstención del señor Chadwick.
El artículo 10 autoriza a la Junta de Adelanto de Arica, al Instituto CORFO del Norte y al Consejo de Desarrollo de O'Higgins, para destinar recursos al financiamiento de obras consultadas en los programas del Ministerio de Justicia. La Comisión lo aprobó con la abstención del señor Chadwick.
El artículo 11 otorga los recursos necesarios para atender el mayor gasto que significa el proyecto, calculado en E° 1.780.000. Para tal efecto, grava con un impuesto especial de E° 5 a los contratos de compraventa .a plazo de cosas muebles, que se celebren en conformidad a la Ley 4.702, es decir, garantizados con prenda de la cosa vendida, siempre que el valor de ella exceda de un sueldo vital mensual, escala A, del departamento de Santiago. El rendimiento de este derecho, según se expresó, permite financiar cómodamente el nuevo gasto, razón por la cual la Comisión aprobó la disposición, con la abstención del señor Chadwick. El artículo 12 y último de los permanentes del proyecto, faculta al Presidente de la República para modificar, en la medida que sea necesario, las plantas del Consejo de Defensa del Estado y de la Sindicatura General de Quiebras, a fin de dar cabida en ellas al personal necesaria para las oficinas de estos Servicios que se creen o funcionen en Antofagasta, Rancagua y Punta Arenas. La Comisión aprobó el artículo, con la abstención del señor Chadwick.
En seguida, la Comisión tomó conocimiento de dos indicaciones del Ejecutivo y de una del señor Sepulveda, todas las cuales aprobó, con modificaciones de redacción, relativas a los asuntos que reseñamos a continuación.
La primera de estas indicaciones agrega un artículo nuevo, que modifica los artículos 138 y 139 de la Ley N° 16.640, sobre reforma agraria, para armonizar las normas actuales sobre Tribunales Agrarios con la creación de una Corte de Apelaciones en Rancagua, y para salvar una omisión en que incurre el segundo de los preceptos nombrados, al no señalar la competencia del Tribunal Agrario de Temuco.
La segunda de las indicaciones aludidas modifica la Ley N° 16.643, que contiene el texto definitivo de la Ley sobre Abusos de Publicidad, también a fin de enmendar errores de redacción que Contiene dicha ley y que no afectan el fondo de ninguna de sus disposiciones.
Por último, la indicación del señor Sepulveda introduce un nuevo artículo que modifica los artículos 105, N° 8°, y 315 del Código Orgánico de Tribunales, según el texto vigente después de las reformas consultadas en la Ley N° 16.437. El objeto de la disposición es suprimir la actual Sala de verano de la Corte Suprema, cuyo funcionamiento no ha tenido-las ventajas que se supusieron, y volver al antiguo sistema del Ministro de Turno.
El proyecto contiene 7 artículos transitorios, destinados a regular las situaciones que se producen por la vigencia in actum de las normas procesales.
El artículo 1° da normas sobre el señalamiento de los territorios jurisdiccionales de los Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de los departamentos de Santiago y Presidente Aguirre Cerda; el artículo 2° legisla sobre el sistema de aplicación de turnos semanales, en los casos en que procedan, a los Juzgados que se crean o elevan de categoría en el proyecto, y el artículo 3°, radica hasta su terminación, las causas del trabajo de que estuvieren conociendo el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso, el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago, los Juzgados Civiles del departamento Presidente Aguirre Cerda y los Juzgados de Policía Local de San Miguel y Viña del Mar, en esos mismos Tribunales. La Comisión aprobó estas disposiciones, con la abstención del señor Chadwick.
Los artículos 4°, 5° y 6° transitorios, apartándose de las normas usuales en proyectos de naturaleza .similar al que Informamos, da reglas especiales sobre la situación del personal de los Juzgados que se elevan de categoría o que, en el caso de los de Rancagua, suben de categoría por el hecho de crearse una Corte de Apelaciones. En lugar de asignarle las categorías resultantes y los sueldos correspondientes, les conserva los actuales y supedita su ascenso a una declaración especial de idoneidad, que haría en cada caso la Corte Suprema, disponiendo, en caso contrario, su traslado. La Excelentísima Corte Suprema, de acuerdo con informaciones proporcionadas a la Comisión, ha manifestado su criterio adverso a estas reglas de excepción, en particular porque la idoneidad del personal judicial se encuentra establecida en la calificación anual que de él hace la propia Corte. La unanimidad de vuestra Comisión compartió este criterio, estimando injustas las normas propuestas, por lo cual os recomienda el rechazo de los tres artículos mencionados.
Por último, el artículo 7° transitorio establece que el personal de los Juzgados del Trabajo que se traslada por esta ley, continuará ocupando sus actuales categorías en el escalafón judicial del trabajo y sus actuales categorías y grados en la escala de sueldos, otorgando igual derecho a los funcionarios de esos Juzgados que sean promovidos a un cargo superior dentro de los mismos, en el sentido de que esas promociones han de hacerse en función de las categorías y sueldos que correspondían a dichos cargos antes del traslado del respectivo Tribunal.
Finalmente, vuestra Comisión Consideró una iniciativa propuesta por la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, patrocinada también por el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile, destinada a hacer exigible, para optar al cargo de Juez Especial del Trabajo, tener a lo menos dos años de ejercicio profesional como Abogado y acreditar conocimiento en Derecho del Trabajo Profundizado, mediante certificados otorgados, previo examen, por alguna de las Universidades reconocidas por el Estado.
Vuestra Comisión, coincidiendo en la bondad de la idea de fondo, estimó sin embargo que no resulta conveniente innovar en esta materia sin realizar una modificación de estructura en el sistema de la justicia laboral, que signifique generalizarla y ante lo cual aparezca justificado disponer de un conjunto de Abogados especialmente idóneos para desempeñar los cargos de Jueces del Trabajo. Por esta razón, no dio acogida a la proposición citada.
En mérito de las razones expuestas, tenemos a honra recomendaros la aprobación del proyecto de ley en informe con las siguientes modificaciones:
Artículo 1°
Reemplazar la fecha "1° de diciembre de 1967" por "1° de abril de 1968",
Artículo 3°
"Reemplazar la palabra "enero" por "abril".
Reemplazar los nombres "Puerto Montt" y "Punta Arenas" por "Llanquihue" y "Magallanes", respectivamente.
Artículo 6°
Suprimir su inciso primero.
Redactar su inciso segundo, que pasa a ser único, en los siguientes términos:
"Artículo 6°.- Facúltase al Presidente de la República para fijar, previo informe de la Corte Supremacía planta del personal de los Juzgados que crea esta ley.".
Artículo 8°
Agréganse, antes del epígrafe "Artículo 43", las siguientes modificaciones a los artículos que se indican del Código Orgánico de Tribunales:
"Artículo 29
Suprímese en su inciso primero el nombre "Curanilahue,".
Artículo 42.
Reemplázanse sus incisos segundo y tercero por los siguientes: "Existirán dos Juzgados de Mayor Cuantía en los Departamentos de Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, Rancagua, Curicó, Talca, la Laja, Temuco, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Magallanes; tres en los de Arica y Chillan y cuatro en Concepción.
En el Departamento de Santiago habrá siete Juzgados de Mayor Cuantía, que ejercerán jurisdicción exclusivamente en materia civil; y nueve en materia criminal; en Valparaíso, dos en lo civil y cuatro en lo criminal, uno de estos últimos con asiento en la ciudad de Viña del Mar,
y en el Departamento Presidente Aguirre Cerda, dos que conocerán exclusivamente de asuntos civiles y cuatro en materia criminal.".".
Sustituyese la modificación que se introduce al artículo 44 del Código Orgánico de Tribunales, por la siguiente:
"Artículo 44
Intercálase, en su inciso primero, a continuación de la palabra "Quil-pué", el nombre "La Calera,", y a continuación de la palabra "Lota", el nombre "Curanilahue,".
Reemplázase su inciso tercero, por el siguiente:
"El Juzgado de Limache comprenderá, además la Comuna de Villa Alemana; el de La Calera, las Comunas de La Calera, Hijuelas, Nogales y Llay-Llay; el de Casablanca, las Comunas de Algarrobo y Curacaví; el de Carahue, la Comuna de Saavedra, con excepción de los Distritos 8) Molco, 9) Pucolón y 10) Chelle, los cuales continuarán perteneciendo a la jurisdicción del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Imperial; y el de Villarrica, comprenderá también la Comuna de Pucón.".".
En la modificación que se introduce al artículo 55 del Código Orgánico de Tribunales, rechazar el inciso segundo de la letra f).
Rechazar la modificación que se introduce al artículo 65 del Código Orgánico de Tribunales.
Artículos nuevos después del 12
Agregar, a continuación del artículo 12, los siguientes, nuevos: "Artículo... -Introdúcense las siguientes modificaciones en los artículos que se indican de la Ley N° 16.64.0, de 28 de julio de 1967:
Artículo 138
1.- Intercálase en el párrafo primero de su inciso primero, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra "Santiago", la palabra "Rancagua", seguida de una coma (,).
2.- En el N° 1 del mismo inciso:
A.- Intercálase la siguiente letra e):
"e) Para el de Rancagua, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Santiago.".
Las letras e), f), g), h) e i) pasan a ser f), g), h), i) y j), respectivamente.
JB.- Sustituyese en la letra e), que pasa a ser f), la palabra "Santiago" por la palabra "Rancagua".
Artículo 139
Reemplázanse las letras d), e), f), g) y h) por las siguientes: "d) El Tribunal de Santiago comprenderá la provincia de Santiago;
El Tribunal de Rancagua comprenderá las provincias de O'higgins y Colchagua;
El Tribunal de Talca comprenderá las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule;
El Tribunal de Chillan comprenderá las provincias de Ñuble, Bío-Béo, Arauco y Concepción;
h) El Tribunal de Temuco comprenderá las provincias de Malleco y Cautín;
i) El Tribunal de Valdivia comprenderá las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, y
j) El Tribunal de Punta Arenas comprenderá las provincias de Aisén y Magallanes.".
"Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones a los artículos que se señalan de la ley N° 16.643, de 4 de septiembre de 1967, que fijó el texto definitivo de la Ley sobre Abusos de Publicidad:
Artículo 7° Suprímese el inciso primero.
Artículo 8° Suprímese en el inciso primero la frase "inciso primero del".
Artículo 13
Intercálase en el inciso segundo, entre comas, y a continuación de la palabra "personal", la frase "por cada año de servicios.".".
"Artículo...- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, modificado por el artículo 2° de la Ley N° 16.437, de 23 de febrero de 1966:
1°-Sustituyese el N° 8° del artículo 105 por el siguiente:
"8°-Designar a uno de los miembros del Tribunal para que quede de turno durante el feriado de vacaciones.
El Ministro que ejerciere este cargo tendrá la facultad de convocar extraordinariamente al Tribunal siempre que algún asunto urgente y grave así lo exija.
En caso de licencia, imposibilidad u otra causa accidental, será reemplazado por el Ministro más antiguo del mismo Tribunal que se halle presente.".
2°-Sustituyese el inciso final del artículo 315 por el siguiente:
"El Ministro más antiguo de cada Corte de Apelaciones, que forme parte de la Sala a que se refiere este artículo; tendrá las facultades y atribuciones del Presidente del Tribunal.".".
Artículos transitorios
Artículo 2°
Sustituir los nombres "Puerto Montt" y "Punta Arenas" por "Llanquihue" y "Magallanes", respectivamente.
Artículos 4°, 5° y 6°
Rechazarlos.
De acuerdo con las modificaciones que anteceden, el texto del proyecto aprobado por vuestra Comisión es del tenor siguiente:

Proyecto de Ley:

"Artículo 1°.- Créase, a contar del 1° de abril de 1968, una Corte de Apelaciones con asiento en la ciudad de Rancagua que se compondrá de cuatro miembros y tendrá, además, un Fiscal, un Relator, un Secretario, un Oficial 1°, un Oficial 2° y dos Oficiales de Sala.
Artículo 2°.- Auméntase a cuatro, a contar de la misma fecha señalada en el artículo anterior, el número de miembros de las Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta y La Serena.
Articula 3°.- Elévanse, a contar del 1° dé abril de 1968, los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Copiapó, La Calera, Curicó, Chillan y Curanilahue a Juzgados de Letras de Mayor Cuantía.
Artículo 4°.- Créanse, a contar de la misma fecha señalada en el artículo anterior, en los departamentos que se indican a continuación, los siguientes Juzgados de Letras de Mayor Cuantía:
Arica: un tercer Juzgado;
La Serena: un segundo Juzgado;
Valparaíso: un Juzgado del Crimen con asiento en la ciudad de Viña del Mar;
Santiago: dos Juzgados Civiles, que se denominarán sexto y séptimo Juzgados, y dos Juzgados del Crimen que se denominarán octavo y noveno Juzgados;
Presidente Aguirre Cerda: un cuarto Juzgado del Crimea;
Concepción: un cuarto Juzgado;
Llanquihue: un segundo Juzgado, y
Magallanes: un segundo Juzgado.
Artículo 5°.- El territorio jurisdiccional del Juzgado que se crea con asiento en la ciudad de Viña del Mar, será la comuna subdelegacion del mismo nombre.
A contar de la fecha de su elevación a mayor cuantía, el Juzgado de La Calera tendrá como territorio jurisdiccional las comunas de La Calera, Hijuelas, Nogales y Llay-Llay, y el Juzgado de Curanilahue, la comuna subdelegación del mismo nombre.
Artículo 6° Facúltase al Presidente de la República para fijar, previo informe de la Corte Supremacía planta del personal de los Juzgados que crea esta ley.
Artículo 7°.- Trasládañse el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso y el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago a la comuna de Viña del Mar y al departamento Presidente Aguirre Cerda, respectivamente.
El Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso pasará a denominarse Juzgado del Trabajo de Viña del Mar y su territorio jurisdiccional será la comuna subdelegación del mismo nombre.
El Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago pasará a denominarse Juzgado del Trabajo, del-departamento Presidente Aguirre Cerda y tendrá su asiento en la comuna de San Migue!.
Artículo 8°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en los artículos del Código Orgánico de Tribunales que se indican a continuación:
Artículo 29 
Suprímese en su inciso primero el nombre "Curanilahue,".
Artículo 42
Reemplázanse sus incisos segundo y tercero por; los siguientes: "Existirán dos Juzgados de Mayor Cuantía en los Departamentos de Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, Rancagua, Curicó, Talca, La Laja, Temuco, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Magallanes; tres en los de Arica y Chillan y cuatro en Concepción.
En el Departamento de Santiago habrá siete Juzgados de Mayor Cuantía, que ejercerán jurisdicción exclusivamente en materia civil y nueve en materia criminal; en Valparaíso, dos en lo civil y cuatro en lo criminal, uno de estos últimos con asiento en la ciudad de Viña del Mar, y en el Departamento Presidente Aguirre: Cerda, dos que conocerán exclusivamente de asuntos civiles y cuatro en materia criminal.".
Artículo 44
Intercálase, en su inciso primero, a continuación de la palabra "Quil-pué", el nombre "La Calera,", y a continuación de la palabra "Lota", el nombre "Curanilahue,".
Reemplázase su inciso tercero, por el siguiente:
"El Juzgado de Limache comprenderá, además, la Comuna de Villa Alemana; el de La Calera, las Comunas de La Calera, Hijuelas, Nogales y Llay-Llay; el de Casablanca, las. Comunas dé Algarrobo y Curacaví; el de Carahue, la Comuna de Saavédra,, con excepción dé los Distritos 8) Molco, 9) Pucolón y 10) Chelle, los cuales continuarán perteneciendo a la jurisdicción del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Imperial, y el de Villarrica, comprenderá también la'Comuna de Pucón.'.
Artículo 54 
Reemplázase la palabra "once" por "doce" e intercálase, a continuación de la coma que sigue a la palabra "Santiago", la palabra "Rancagua", seguida de una coma.
Artículo 55
Sustituyese por el siguiente: 
"Artículo 55.- El territorio jurisdiccional de las Cortes de Apelaciones será el siguiente:
El de al Corte de Iquique comprenderá la provincia de Tárapacá;
El de la Corte de Antofagasta comprenderá la provincia de Antofagasta; 
El de la Corte de La Serena comprenderá las provincias de Ata-cama y Coquimbo;
El de la Corte de Valparaíso comprenderá las provincias de Aconcagua y Valparaíso; 
El de la Corte de Santiago comprenderá la provincia de Santiago, exceptuado le departamento de Maipo;
El de la Corte de Rancagua comprenderá las provincias de OHig-gins y Colchagua y el departamento de Maipo de la provincia de Santiago
El -de la Corte de Talca comprenderá el departamento de Constitución de la provincia de Maule y las provincias de Curicó, Talca y Linares, exceptuado de esta última el departamento de Parral;
h) El de la Corte de Chillan comprenderá el departamento de Parral-de la provincia de Linares y las provincias de Ñuble y Maule, exceptuada de esta última el departamento de Constitución;
i) El de la Corte de Concepción comprenderá las provincias de Concepción, Bío-Bío y Arauco;
j) El de la Corte de Temuco comprenderá las provincias de Malleco y Cautín;
k) El de la Corte de Valdivia comprenderá las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, y
1) El de la Corte de Punta Arenas comprenderá las provincias de Aisén y Magallanes y la Antártida Chilena o Territorio Chileno Antartico.".
Artículo 56
Reemplázase por el siguiente: 
"Artículo 56.- Las Cortes de Apelaciones se compondrán del número-de miembros que a continuación se indica:
1°.- La Corte de Punta Arenas tendrá tres miembros;
2°.- Las Cortes de Iquique, Antofagasta La Serena, Rancagua, Talca,, Chillan y Valdivia tendrán cuatro miembros;
3°.- La Corte de Temuco tendrá cinco miembros; 
4°.- Las Cortes de Valparaíso y Concepción tendrán siete miembros, y
5°.- La Corte de Santiago tendrá veintiún miembros.".
Artículo 5°
Intercálase, en su numerando primero, entre la coma que sigue a las palabras "La Serena" y la palabra "Talca", la expresión "Rancagua", seguida de una coma.
Artículo 216
Sustituyese por el siguiente:
"Artículo 216.- Si en una sala de las Cortes de Apelaciones no queda ningún miembro hábil se deferirá el conocimiento del negocio a otra de las Salas de que se componga el Tribunal y si la inhabilidad o impedimento afecta a la totalidad de sus miembros, pasará el asunto a la Corte de Apelaciones que deba subrogar según las reglas siguientes:
Se subrogarán recíprocamente las Cortes de Apelaciones de Iquique con la de Antofagasta; la de Santiago con la de Valparaíso; la de Rancagua con la de Talca; la de Chillan con la de Concepción y la de Temuco con la de Valdivia.
Las Cortes de La Serena y Punta Arenas se subrogarán por las de Santiago y Valdivia, respectivamente.
En los casos en que no puedan aplicarse las reglas precedentes, conocerá la Corte de Apelaciones cuya sede esté más próxima a la de la que debe ser subrogada.".
Artículo 9°.- Introdúcense las siguientes modif icaeiones en los artículos que se indican del Código del Trabajo:
Artículo 515
Reemplázanse, en su inciso primero, las expresiones "seis" y "dos" por "cinco" y "uno", respectivamente, e
Intercálanse, en el inciso tercero, a continuación de la coma que sigue a la palabra "Ovalle", las expresiones "Viña del Mar, San Miguel" seguidas de una coma.
Artículo 516
Agrégase, como inciso segundo, el siguiente:
"El Juzgado de Viña del Mar tendrá jurisdicción en la comuna sub-delegación del mismo nombre y el de Valparaíso en el resto del departamento.".
Artículo 10.- Autorízase a la Junta de Adelanto de Arica para destinar recursos con el fin de realizar las obras que para ese departamento se consulten en los programas del Ministerio de Justicia.
Concédese igual autorización al Instituto CORFO del Norte respecto de los fondos que se consultan para el adelanto urbano y el bienestar social en los departamentos de Pisagua e Iquique de la provincia de Tarapacá y las provincias de Antofagasta y Atacama y al Consejo de Desarrollo de O'Higgins respecto de los recursos de su Presupuesto de Progreso Social para esa provincia.
Los fondos que se destinen por estas instituciones con el objeto indicado, serán puestos globalmente a disposición del Ministerio de Justicia.
Artículo 11,-Agrégase al artículo 14 de la ley N° 16.272 sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, el siguiente inciso:
"Sin perjuicio del impuesto establecido en el N° 4 del artículo 1°, y en el inciso primero cuando proceda, los contratos de compraventa a plazo de cosas muebles que se celebren en conformidad a la ley N° 4.702, deberán extenderse en papel sellado de E° 5 siempre que el valor de la cosa vendida exceda de un sueldo vital mensual, escala A, del Departamento de Santiago.".
Artículo 12.- Facúltase al Presidente de la República para modificar, en la medida que sea necesario, las plantas del Consejo de Defensa del Estado y de la Sindicatura General de Quiebras, con el fin de dotar del personal suficiente a las oficinas de estos servicios que se creen o funcionen en Antofagasta, Rancagua y Punta Arenas.
Artículo 13.- Introdúcense las siguientes modificaciones en los artículos que se indican de la Ley N° 16.640, de 28 de julio de 1967:
Artículo 138
1.- Intercálase en el párrafo primero de su inciso primero, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra "Santiago", la palabra "Rancagua", seguida de una coma (,).
2.- En el N° 1 del mismo inciso:
A.- Intercálase la siguiente letra e):
"e). Para el de Rancagua, de entre los que desempeñen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de Santiago."
Las letras e), f), g), h) e i) pasan a ser f), g), h), i) y j), respectivamente.
B.- Sustituyese en la letra e, que pasa a ser f), la palabra "Santiago" por la palabra "Rancagua".
Artículo 139
Reemplázanse las letras d), e), f), g) y h) por las siguientes:
"d) El Tribunal de Santiago comprenderá la provincia de Santiago;
El Tribunal de Rancagua comprenderá las provincias de O'Higgins y Colchagua;
El Tribunal de Talca comprenderá las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule;
El Tribunal de Chillan comprenderá las provincias de Nuble, Bío-Bío, Arauco y Concepción;
e) h) El Tribunal de Temuco comprenderá las provincias de Malleco y Cautín;
i) El Tribunal de Valdivia comprenderá las provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, y
j) El Tribunal de Punta Arenas comprenderá las provincias de Aisén y Magallanes.".
Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones a los artículos que se señalan de la ley N° 16.643, de 4 de septiembre de 1967, que fijó el texto definitivo de la Ley sobre Abusos de Publicidad:
Artículo 7° Suprímese el inciso primero.
Artículo 8°
Suprímese en el inciso primero la frase "inciso primero del.
Artículo 13
Intercálase en el inciso segundo, entre comas y a continuación de la palabra "personal", la frase "por cada año de servicios".
Artículo 15.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, modificado por el artículo 2° de la Ley N° 16.437, de 23 de febrero de 1966:
1°.- Sustituyese el N° 8° del artículo 105 por el siguiente:
"8°.- Designar a uno de los miembros del Tribunal para que quede de turno durante el feriado de vacaciones.
El Ministro que ejerciere este cargo tendrá la facultad de convocar extraordinariamente al Tribunal siempre que algún asunto urgente y grave así lo exija.
En caso de licencia, imposibilidad u otra causa accidental, será reemplazado por el Ministro más antiguo del mismo Tribunal que se halle presente.".
2°.- Sustituyese el inciso final del artículo 315 por el siguiente:
"El Ministro más antiguo de cada Corte de' Apelaciones, que forme parte de la Sala a que se refiere este artículo, tendrá las facultades y atribuciones del Presidente del Tribunal.".
Disposiciones Transitorias.
Artículo 1°.- Sin perjuicio del o dispuesto en el inciso final del artículo final del artículo 43 del Código Orgánico de Tribunales, el Presidente de la República, previo informe de la Corte de Apelaciones de Santiago, deberá fijar los territorios en que ejercerán jurisdicción los Juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de los departamentos de Santiago y Presidente Aguirre Cerda, a contar de la fecha de instalación de los Juzgados que se crean en dichos departamentos por el artículo 49 de esta ley.
Artículo 2°.- Desde la fecha de instalación de los Juzgados señalados en el artículo 4° para los departamentos de Arica, La Serena, Concepción, Llanquihue y Magallanes y de elevación de categoría de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía de Copiapó, Curicó y Chillan, corresponderá a estos tribunales iniciar los turnos a que se refiere el artículo 175 del Código Orgánico de Tribunales.
Artículo 3°.- Las causas de que estuvieren conociendo el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago a la fecha de su traslado, seguirán radicadas en ellos hasta su terminación.
Igual regla se aplicará respecto de las causas del trabajo de que estuvieren conociendo los Juzgados Civiles del departamento Presidente Aguirre Cerda y los Juzgados de Policía Local de San Miguel y Viña del Mar.
Artículo 4°.- El personal de los Juzgados del Trabajo trasladado a la comuna subdelegación de Viña del Mar y al departamento Presidente Aguirre Cerda, continuará ocupando sus actuales categorías en el Escalafón judicial del Trabajo y sus actuales categorías y grados en la escala de sueldos, no obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 9° de esta ley.
Asimismo, los funcionarios y empleados en actual servicio en estos Juzgados que sean promovidos a un cargo superior dentro de estos mismos Tribunales, mantendrán las categorías en el escalafón y las categorías y grados en la escala de sueldos que correspondían a dichos cargos antes del traslado del respectivo Tribunal.".
Sala de la Comisión, a 3 de enero de 1968.
Acordado en sesiones de 5 de septiembre de 1967 y de 2 de enero de 1968, con asistencia de los Honorables Senadores señores Chadwick (Presidente), Juliet, Pablo, (Aylwin y Fuentealba), Sepulveda y Teitelboim.
(Fdo.): Jorge Tapia Valdés, Secretario.


4

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE CREA UNA CORTE DE APELACIONES EN RANCAGUA.

Honorable Senado:
Este proyecto de ley ha sido informado previamente por la H. Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Su aprobación implica un mayor gasto fiscal de E° 1.780.000 que se financia con el establecimiento, en el artículo 11, de la exigencia que los contratos de compraventa a plazo que se celebren con prenda de la" cosa vendida y excedan de un valor equivalente a un sueldo vital mensual escala A del Departamento de Santiago se extiendan en papel sellado de E° 5.
El impuesto anterior es sin perjuicio del establecido en el número 4 del artículo 1° de la actual Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado que grava con un impuesto de .05% las cauciones o garantías que se convengan como accesorias de los contratos.
La Comisión aprobó el referido impuesto con la abstención del Senador Contreras Labarca, y, en consecuencia, os recomienda aprobar esta iniciativa de ley en los mismos términos propuestos por la Comisión Técnica.
Sala de la Comisión, a 7 de febrero de 1968.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Rodríguez (Presidente), Contreras Labarca, Pablo, Bossay y Jaramillo.
(Fdo.): Pedro Correa Opuso, Secretario.


5

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN LA OBSERVACION, EN SEGUNDO TRAMITE, FORMULADA AL PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL INCISO FINAL DEL ARTICULO 323 DEL CODIGO DEL TRABAJO, CON EL OBJETO DE INCLUIR EN EL BENEFICIO DEL PAGO DE LA SEMANA CORRIDA A LOS OBREROS QUE LABORAN EN EMPRESAS QUE OCUPEN CINCO DE ELLOS O MENOS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado la observación, en segundo trámite constitucional, formulada al proyecto de ley que deroga el inciso final del artículo 323 del Código del Trabajo, con el objeto de incluir en el beneficio del pago de la semana corrida a los obreros que laboran en empresas que ocupen cinco de ellos o menos.
La observación consiste en la sustitución del artículo único del proyecto aprobado por otro nuevo, en que se establece que, a contar del 1° de septiembre de 1968, se deroga el referido inciso y que, desde el 1° de mayo de 1068 hasta el 1° de septiembre del mismo año, las empresas que ocupen cinco obreros o menos deberán pagar a éstos el 50% del salario base en dinero por los días domingo y feriados.
Expresa el Mensaje, de 28 de septiembre de 1967, que "si bien el Ejecutivo reconoce la justicia que inspira el proyecto, que elimina una discriminación de nuestra legislación, no considera conveniente su aplicación inmediata y total, pues ello produciría un aumento en los costos de las pequeñas empresas de aproximadamente de un 14%, aumento que compensarían a través de despidos de obreros.
Como el Supremo Gobierno está empeñado en disminuir los índices de cesantía, estima necesario lograr una aplicación gradual de la medida contemplada en el proyecto de ley, con el objeto de que las pequeñas empresas puedan adoptar con tiempo las providencias adecuadas para enfrentar el mayor costo, sin necesidad de recurrir a la reducción de su personal de operarios."
Vuestra Comisión desestimó la idea de postergar hasta el 1° de septiembre del año en curso la derogación del inciso final del artículo antes señalado, como medio de eliminar a la brevedad posible esta discriminación largamente mantenida en nuestra legislación y del todo injustificada en la actualidad.
En consecuencia, por unanimidad, tiene el honor de recomendaros que rechacéis la observación e insistáis en la aprobación del texto primitivo, tal como lo ha hecho la H. Cámara de Diputados.
Sala de la Comisión, a 7 de febrero de 1968.
Acordado en fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia (Presidente), Allende y Pablo.
(Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario.

6

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL H. SENADOR SEÑOR PABLO, QUE MODIFICA LA LEY ORGANICA DE LA CAJA DE RETIRO Y PREVISION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene a honra informaros el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Pablo, que modifica la ley N° 11.219, Orgánica de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República.
A la sesión en que se trató esta materia asistió, además de los miembros de vuestra Comisión, el señor Carlos Briones, Superintendente de Seguridad Social.
La iniciativa en informe reemplaza las normas contenidas en el Párrafo 2r de la citada ley, relativas al régimen de montepío de los empleados municipales, adaptándolas a los modernos sistemas de seguridad social. Las principales finalidades que persigue son:
Determinar con nuevo criterio las personas que tienen derecho a pensión de viudez, de orfandad y de ascendientes, y la forma en que concurren;
Aumentar la base sobre la cual se liquidan las referidas pensiones y, fundamentalmente, el monto de las pensiones de viudez, y
Fijar en un porcentaje único la proporción en que concurren el beneficiario de pensión de viudez, por una parte, y los de pensiones de orfandad y de ascendientes, por la otra, otorgando carácter independiente a cada, una de estas pensiones.
El señor Superintendente de Seguridad Social expresó que ese organismo comparte la iniciativa en estudio, pues modifica el régimen de montepío imperante de acuerdo con los modernos principios que rigen la materia. Manifestó que esta opinión favorable la dio a conocer en 1967 al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con ocasión del estudio financiero que había remitido a esa Superintendencia la señora Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República respecto de la incidencia que significaba la implantación en esa Caja de un nuevo sistema de pensiones de viudez, de orfandad y de ascendientes. Informó que los excedentes presupuestarios con que cuenta la mencionada Caja permiten la concesión de este mejor beneficio para el núcleo de montepiados y que, según los estudios financieros practicados por ella, el costo de la presente iniciativa ascendía el año pasado a una cifra del orden de los E° 124.000 anuales, la que en el presente año debe, estimarse en alrededor de E° 150.000.
La idea de legislar al respecto fue aprobada por la unanimidad de los miembros de vuestra Comisión.
Al fundar su voto, el Honorable Senador señor Contreras Tapia dejó constancia de que lo hacía convencido de la necesidad que existe de mejorar no sólo el régimen de montepío de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República, sino también el de todos los funcionarios públicos, para lo cual estimó conveniente que el Ejecutivo presente un proyecto de ley general modernizando el sistema y aumentando la exigüedad de las pensiones.
Las innovaciones que se introducen están contenidas en el artículo 1° del proyecto de ley en informe, que sustituye los artículos 28, 29 y 31 de la ley N° 11.219.
El primero de estos preceptos indica las personas en favor de las cuales se concede el derecho de montepío y el orden excluyente en que concurren. La norma que lo reemplaza, con criterio moderno y objetivo, divide las pensiones de los sobrevivientes en tres grupos: de viudez, de orfandad y de ascendientes. Estas concurren simultáneamente, dentro de los límites que señala el nuevo artículo 29.
Fundamentalmente, la enumeración que hacen ambas disposiciones incluyen a los mismos beneficiarios, sólo que el nuevo artículo 28 las sistematiza, modificando los requisitos antes exigidos.
En cuanto a los beneficiarios de pensiones de viudez, se mantiene el principio de otorgarlas a la cónyuge sobreviviente y al cónyuge sobreviviente inválido. Respecto de las pensiones de orfandad, se distingue entre hijos menores de 18 años, inválidos de cualquiera edad, y mayores de 18 años y menores de 25 que acrediten fehacientemente seguir estudios regulares. En cuanto a las pensiones de ascendientes ellas se otorgan a los que carezcan de rentas y hayan vivido a expensas del causante a la fecha de su fallecimiento, que es la oportunidad en que deben cumplirse los requisitos exigidos.
El actual artículo 28 concede, en último lugar, el derecho de montepío a las hermanas legítimas solteras o viudas del imponente y de los jubilados, que vivían a expensas de éstos. En cambio, el texto que propone este proyecto de ley llama, a falta de todos los beneficiarios, a las hermanas solteras que hubieren vivido a expensas del causante y que estén imposibilitadas para trabajar, sin distinguir la calidad de su filiación y excluyendo a las hermanas viudas. Asimismo, dispone que cada una de ellas concurren en una cuota equivalente al 15% de la pensión de jubilación o invalidez que correspondía al causante y que no tienen derecho a acrecer en ningún caso.
A indicación del Honorable senador señor Contreras Tapia, se aprobó incluir expresamente a los hijos ilegítimos entre los que tienen derecho a gozar de pensión de orfandad y, con esta única modificación, el nuevo artículo 28 fue aprobado por unanimidad.
El artículo 29 de la ley mencionada establece que la pensión de montepío es igual al 60% de la pensión de invalidez o de jubilación de que gozaba o le habría correspondida gozar al fallecido. Esta disposición se sustituye por otra, según la cual las pensiones de viudez, de orfandad y de ascendientes se liquidan sobre la base de la totalidad de la pensión de invalidez o de jubilación de que gozaba o le habría correspondido gozar al causante. Es decir, aumenta la base que sirve para el cálculo del 60% al 100%.
Por su parte, el artículo 31 de la ley N° 11.219 determina que Ir. pensión de montepío -equivalente al 60%- se concede por mitades a la viuda o viudo inválido, en su caso, y a los hijos legítimos, naturales y adoptivos, de manera que corresponda al cónyuge el 30% y a los hijos, el otro 30% de la pensión del causante. En cambio, el artículo 29 propuesto en este proyecto de ley dispone que la totalidad de la antedicha base -igual al 100%- se distribuye en la proporción de un 50% para las pensiones de viudez y de un 15% para cada uno de los beneficiarios de las pensiones de orfandad y de ascendiente, no pudiendo exceder, en conjunto, en ningún caso, como lo aclara el inciso primero del nuevo artículo 31, el 100% de la base que sirvió para determinarlas.
Con esta modalidad se elevan, en consecuencia, el máximo de la pensión de viudez del 30% al 50% de la pensión de invalidez o jubilación del imponente fallecido; y del 30 % al 50 % la parte de la pensión del causante destinada a ser distribuida en pensiones de orfandad y de ascendientes, dentro del límite del 15% señalado para cada beneficiario.
Esta disposición refleja la tendencia moderna de la seguridad social de favorecer individualmente, en primer término, al cónyuge sobreviviente y, en seguida, a los hijos.
El artículo 31 del proyecto de ley en informe establece, además, la forma cómo acrecen o disminuyen las pensiones.
En la letra a) se contempla la situación que se presenta cuando no existe cónyuge al momento de la delación: en este caso, sólo acrece a la cuota de los demás beneficiarios -salvo las hermanas solteras- la mitad de la pensión de viudez que habría correspondido al cónyuge, o sea, el 25% ; y, si alguno de estos beneficiarios perdiere el derecho a pensión o falleciere, acrecerá a los demás únicamente la parte que en dicho 25% le correspondía, y no su cuota personal.
La letra b) se refiere a las reducciones que es necesario hacer cuando las pensiones exceden, en con junto, el 100% de la base que sirvió para determinarlas. Al respecto, dispone que las reducciones se harán a cada beneficiario, a prorrata de su respectiva cuota. Por consiguiente, afectan tanto al cónyuge, como a los hijos, ascendientes y hermanas solteras, según corresponda. Asimismo dispone que, cuando hayan procedido estas reducciones, las cuotas de los citados beneficiarios -excepto la de las hermanas solteras- acrecerán a medida que alguno de ellos dejare de tener derecho a falleciere, pero sólo proporcionalmente y hasta los límites máximos del 50% y del 15%, según proceda.
De las letras a) y b) aludidas se desprende, en consecuencia, que solamente en el caso de no existir cónyuge las pensiones de orfandad y de ascendientes pueden exceder el 15% de la base qu sirve para el cálculo y llegar al máximo del 40% si no hay más que un beneficiario.
El artículo transitorio del proyecto en informe hace aplicables las modalidades precedentes a las actuales pensiones de montepío y ordena que ellas sean reliquidadas sobre la base de la pensión inicial, incrementada con los reajustes que haya tenido posteriormente.
En atención al evidente sentido de justicia social que encierran las disposiciones precedentes, vuestra Comisión les prestó su aprobación unánime.
Igualmente aprobó la indicación formulada por el Honorable Senador señor Pablo, que figura como artículo 2° de esta iniciativa legal, que autoriza a la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República para descontar el uno por ciento de las pensiones de jubilación y montepío que ella paga, con el objeto de destinarlo al finandamiento de la Asociación de Empleados Municipales Jubilados de la República, siempre que el beneficiario respectivo acepte por escrito este descuento.
Anotó el señor superintendente de Seguridad Social que la aprobación de este artículo es indispensable para realizar estos descuentos, ya que han sido objetados de improcedentes por las autoridades respectivas.
El mismo señor Senador formuló otra indicación para agregar tres incisos nuevos al artículo 43 de la ley N° 11.860, en los cuales se clasificaban los gastos de movilización y representación de los Alcaldes, que son compatibles con los sueldos que perciben, en personales del Alcalde y para cubrir necesidades comunales, fijando como máximo, para los primeros, el equivalente a la remuneración imponible más alta que se pague en la respectiva Municipalidad y, para los segundos, el uno por mil del presupuesto ordinario de cada Corporación. Fue declarada inadmisible, por ser extraña a la idea básica de este proyecto.
En mérito de las consideraciones expuestas, tenemos el honor de proponeros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 11.219, de 11 de septiembre de 1953:
a) Sustituyese el artículo 28 por el siguiente:
"Artículo 28.- Concédese el beneficio de las pensiones que se indican a los parientes del imponente que a continuación se señalan:
A) Pensiones de viudez:
1°.- La cónyuge sobreviviente.
2°.- El cónyuge sobreviviente inválido.
B) Pensiones de orfandad:
1°.- Hijos legítimos, naturales, ilegítimos y adoptivos menores de 18 años.
2°.- Hijos legítimos, naturales, ilegítimos y adoptivos inválidos de cualquiera edad.
3°.- Hijos legítimos, naturales, ilegítimos y adoptivos mayores de 18 años y menores de 25, que acrediten fehacientemente seguir estudios regulares en la enseñanza secundaria, universitaria o especializada.
C) Pensiones de ascendientes:
Los ascendientes que carezcan de rentas y hayan vivido a expensas del causante.
A falta de los anteriores beneficiarios, serán llamadas las hermanas solteras que hubieren vivido a expensas del causante y estén imposibilitadas para trabajar. Su cuota de concurrencia será equivalente al 15% de lo que se haya determinado y no tendrán derecho a acrecer.";
b) Sustituyese el artículo 29 por el siguiente:
"Artículo 29.- Las pensiones a que se refiere el artículo precedente se liquidarán sobre la base de la totalidad de la pensión de invalidez o jubilación que gozaba el fallecido o de la que le hubiere correspondido en el supuesto caso de que a la fecha de su fallecimiento se hubiere acogido a cualquiera de ellas; y en proporción de un 50% para las pensiones de viudez y de un 15% para cada uno de los beneficiarios de las pensiones de orfandad y de ascendientes.", y
c) Sustituyese el artículo 31 por el siguiente:
"Artículo 31.- Las pensiones a que se refiere este Párrafo en ningún caso podrán exceder, en conjunto, el 100% de la base que sirvió para determinarlas conforme al artículo 29 y, una vez liquidadas, acrecerán o disminuirán de la siguiente manera:
En caso de no existir cónyuge, la mitad de la pensión que le habría correspondido acrecerá a la cuota de los otros beneficiarios. Si alguno de éstos perdiere el derecho a pensión o falleciere, sólo su parte en dicha mitad beneficiará a los demás; y
Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en este artículo se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que acrecerán, también proporcionalmente, dentro de los límites respectivos, a medida que alguno de los beneficiarios dejare de tener derecho o falleciere.".
Artículo' 2°-Autorízase a la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República para descontar, de las pensiones de jubilación y montepío que ella paga, un uno por ciento que se destinará al financiamiento de la Asociación de Empleados Municipales Jubilados de la República, siempre que el respectivo beneficiario de la pensión manifieste por escrito su voluntad de aceptar este descuento.
Artículo transitorio.- Las actuáis pensiones de montepío se re liquidarán en conformidad a las normas contenidas en el artículo 1° de la presente ley y servirá de base para esta reliquidación la pensión inicial, incrementada con los reajustes que haya tenido posteriormente.".
Sala de la Comisión, a 7 de febrero de 1968.
Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia (Presidente), Allende y Pablo.
(Fdo.) : Rodemil Torres Vásquez, Secretario.

7

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR AHUMADA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA LA CALIDAD DE EMPLEADOS A LOS MENSAJEROS DE CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES INTERNAS DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO.

Honorable Senado:
Las funciones que desempeñan los mensajeros de los organismos del sector privado requiere, como norma general, de un alto grado de preparación y sentido de responsabilidad.
En efecto, el carácter confidencial y significado económico que a menudo tienen los documentos y valores que en el cumplimiento de su labor deben entregar o distribuir hace que los empleadores exijan cada vez con mayor estrictez especiales condiciones de capacidad, sigilo y educación para el ejercicio de dichos cargos.
Por estas razones, y con el objeto de conceder a los mensajeros la calidad y régimen previsional que por la naturaleza de su trabajo les corresponde, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Tendrán la calidad de empleados los mensajeros de correspondencia y comunicaciones internas de las empresas e instituciones del sector privado.
Artículo- 2°.- La aplicación de la presente ley no podrá significar disminución en las remuneraciones del personal a que ella se refiere ni en los beneficios obtenidos por concepto de regalías o de años de servicios, sea que ellos provengan de aplicación de disposiciones legales, obligaciones contractuales o convenios colectivos.".
(Fdo.) : Ahumada Pacheco.