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El señor ALLENDE (Presidente).-
Continúa la discusión general del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las que deben celebrarse en seguida, de acuerdo con la citación.
Acordado.
-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 26 de marzo de 1968.
Informes Comisiones de:
Gobierno y Hacienda, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968.
Discusiones:
Sesión 75a, en 2 de abril de 1968.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.
El señor BALTRA.-
Señor Presidente, el debate sobre los reajustes reviste trascendental importancia, pues afecta decisivamente al nivel de vida de la inmensa mayoría de los chilenos, cuyos ingresos, como es sabido, provienen de sus sueldos y salarios. Afecta también al nivel de vida de quienes contribuyeron con su trabajo al proceso productor y ahora militan en las clases pasivas, sin otro medio de subsistencia que una jubilación, pensión o montepío.
Estamos, pues, decidiendo sobre los medios de vida de casi tres millones de chilenos, muchos de los cuales son jefes de familia. Es su bienestar el que está en nuestras manos. De nosotros depende mantenerlos sumidos en la angustia económica en que hoy se debaten o restituirles el poder adquisitivo que han ido perdiendo a lo largo de 1967 y los meses corridos de 1968, como consecuencia directa e inevitable del alza de precio de los bienes de consumo.
Estamos legislando sobre el reajuste compensatorio, que obedece a un principio de la más elemental justicia social, por cuanto tiende a proteger el nivel de vida de los económicamente más débiles, de quienes no disponen de otro recurso que no sea la propia fuerza de trabajo. Tal es nuestra responsabilidad, que los Senadores de estas bancas asumimos con plena conciencia de la extensión y profundidad del problema económico y social involucrado en el reajuste de remuneraciones del trabajo en los sectores público y privado de la economía chilena.
En 1967, el costo de la vida subió en 21,9%, lo cual significa que a fines de 1967 las familias con ingresos provenientes de sueldos y jornales podían comprar 21,9% menos de los bienes que necesitan para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, al 31 de diciembre de 1967, todas las familias de los trabajadores chilenos habían sacrificado una parte de sus consumos y, en consecuencia, perdieron una parte de su poder adquisitivo. Y ello, por cierto, considerando sólo el estado de cosas imperante al 31 de diciembre de 1967, pues en 1968 ha habido otras alzas muy fuertes, como las producidas durante enero y febrero, en que los precios al consumidor aumentaron en 8%.
De acuerdo con las estadísticas disponibles, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido en 30% desde enero de 1967. Esta es la dramática realidad que están sufriendo millones de hogares chilenos, la cual se expresa en privaciones, angustia y pobreza.
¿Cómo devolver a estos hogares el poder adquisitivo perdido? Para lograrlo no hay sino una fórmula: reajustar las remuneraciones en el mismo porcentaje en que han aumentado los precios.
Es decir, si lo que se desea es devolver a los trabajadores el poder de compra perdido hasta ahora, el reajuste debería ser de 30%. Pero, si se considera sólo hasta el 31 de diciembre de 1967, como lo hace el proyecto, el aumento debe ser de 21,9%. Si el reajuste concedido fuera menor, los trabajadores sacrificarían definitivamente una parte de sus consumos, y si aquél es insuficiente, significa descenso de los niveles de vida. El reajuste compensatorio no aumenta el poder de compra de los trabajadores, sino que les devuelve el poder adquisitivo perdido. No estamos debatiendo, pues, el porcentaje en que deba mejorar el nivel de vida de obreros y empleados: estamos debatiendo si les devolvemos la totalidad o sólo una parte del poder adquisitivo que perdieron por efecto del proceso inflacionista.
El reajuste compensatorio debe corresponder estrictamente a la pérdida real de poder adquisitivo. Toda otra fórmula constituye un simple artificio que no satisface el propósito vital y de justicia social que el aumento compensatorio debe procurar necesariamente.
En este problema hay otro aspecto de singular importancia. Si el reajuste no corresponde al alza del costo de la vida, se consolida una contracción de la demanda del amplio sector del trabajo, que, sin duda, constituye la mayoría de la población. Dicho de otro modo, si los empleados y obreros pierden poder adquisitivo, la mayoría de los consumidores puede comprar menos, o sea, el mercado se achica, y se introduce así un peligroso elemento de depresión económica, como lo demuestra la experiencia chilena de ahora y de antes. Por esta causa, una política en que los sueldos y salarios no se reajustan de acuerdo con el alza de los precios es una política de empobrecimiento, pues no sólo afecta a los hogares, sino también al comercio y a la producción.
¿Qué duda cabe de que hoy todas las familias de trabajadores están más pobres que a comienzo de 1967? La primera manifestación de ese empobrecimiento la recibe el comercio minorista, que ve disminuir sus ventas. Desde allí, la crisis asciende hasta las fuentes productoras, que languidecen ante la falta de demanda, con la consiguiente secuela de paro y cesantía.
¿Hasta qué punto y en qué medida el aumento propuesto por el Ejecutivo es compensatorio de la pérdida de poder adquisitivo experimentada por los trabajadores?
El proyecto distingue entre sector privado y sector público. En cuanto al primero, se consigna un reajuste de 21,9% en dinero para los obreros y empleados no sujetos a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales. Respecto de ese sector, se restituye en apariencia a los trabajadores el poder de compra perdido en 1967. Digo que sólo en apariencia, porque en la práctica el resultado es distinto, pues se aumenta el impuesto a las compraventas, que, por cierto, es trasladable a los precios y, en consecuencia, determina un alza simultánea del costo de la vida.
La incidencia de ese tributo es, en promedio, de casi 2%, en términos absolutos. Ello significa que el reajuste para el sector privado será de 19,9%, porque a causa del aumento del impuesto a la compraventa, se sustrae a los trabajadores de dicho sector un 2% del reajuste que se les concede. El dicho sector perderá definitivamente un 2% de poder de compra si se mantiene el financiamiento regresivo propuesto por el Gobierno.
Más precaria es aún la situación del sector público. En efecto, los sueldos y salarios bases de los servidores del sector público y de las municipalidades, según el proyecto, se reajustan sólo en 12,5%. Ese es el porcentaje que se propone cancelarles en dinero. En consecuencia, sólo éste es el reajuste compensatorio del sector público. A los obreros y empleados de dicho sector no se les restituye sino el 12,5% del poder de compra perdido en 1967. El resto del reajuste, hasta completar 20%, se haría en cuotas de ahorro para la vivienda, reedición de los "chiribonos", repudiados unánimemente por la clase trabajadora. En apariencia, los trabajadores del sector público pierden un 9,4% del poder adquisitivo que tenían a comienzos de 1967; pero, en el hecho, la pérdida es mayor, pues a causa del aumento del impuesto a la compraventa pierden, además, un 2% ; de tal suerte que, en definitiva, el reajuste compensatorio de los obreros y empleados del sector público y de las municipalidades no es sino de 10,5%. Es decir, se les condena a perder definitivamente un 11,4% del poder adquisitivo que tenían a comienzos del año pasado; se les trata rigurosamente y se les impone una drástica reducción de sus niveles de vida, de sus consumos y del grado de su ya insuficiente bienestar.
Si se reconoce que es de justicia reajustar las remuneraciones del sector privado en 21,9% ¿por qué se procede injustamente con los empleados y obreros del sector público y de las municipalidades? ¿Se pretende, acaso, que sean los servidores del Estado quienes paguen el precio de un desacertado manejo financiero, que el propio señor Sáez, ex Ministro de Hacienda, ha analizado en todas sus alarmantes y muy graves consecuencias? ¿Cuánto percibiría como reajuste líquido, por ejemplo, un funcionario grado 4º de la planta directiva, profesional y técnica? ¿Cuánto es, en otras palabras, el poder adquisitivo que recuperaría efectivamente? Un empleado de esa jerarquía que por lo menos tiene 20 años de servicios, recibiría como reajuste líquido mensual 114 escudos. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuál sería el reajuste líquido de un funcionario grado 9? de la planta administrativa y de servicio? Sería de 38 escudos al mes. Y así, se podrían multiplicar los ejemplos. ¿Es que, honestamente, puede pensarse que la situación económica de los funcionarios públicos puede experimentar algún alivio con reajustes de esta magnitud? Pero ni aun esos montos tan exiguos corresponden, en verdad, al reajuste real, porque, como ya dijimos al comienzo, en virtud del aumento en el impuesto a la compraventa, los precios van a subir automáticamente, neutralizando así, en parte, el efecto compensatorio del aumento concedido.
El proyecto dispone reajustes especiales para algunos servicios del sector público, como las Fuerzas Armadas y Carabineros, Poder Judicial y Sindicatura de Quiebras, Correos y Telégrafos, profesorado, etcétera. Según el mensaje que lo acompañó, para esos servicios el reajuste promedio es de 33,41%. Pero tal promedio encierra realidades muy distintas. Uno de estos casos es, por ejemplo, el de Correos y Telégrafos. Según la reestructuración propuesta, 40% del personal no recibe mejoramiento alguno, y los funcionarios que ascendieren perderán los quinquenios y las diferencias de sueldos que se les cancelan por planillas suplementarías. Responsablemente y por medio de sus representantes oficiales, los funcionarios de Correos y Telégrafos expresaron a las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, que preferían mantener su situación actual antes que entrar a regirse por disposiciones que los perjudican abiertamente.
En cuanto al profesorado, la iniciativa vulnera el acuerdo magisterial confirmado por la ley 16.617 y que, en cuanto a las remuneraciones, preceptúa que "tendrán cada año el porcentaje promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del personal del sector público a partir del 1° de enero de 1968". Según el mensaje del proyecto en actual debate, "el conjunto de los. funcionarios públicos en actividad recibirá un reajuste promedio en dinero de 24,52% sobre las remuneraciones percibidas al 31 de diciembre de 1967". Sin embargo, se pretende aplicar al magisterio el reajuste de 12,5%. El Gobierno se cazó aquí con sus propias palabras: para magnificar el reajuste habló de un promedio de 24,52%, y ahora no quiere reconocer que éste es el promedio de reajuste que corresponde al magisterio, según lo dispuesto en la ley 16.617. Gravísima situación que destruye en su base la finalidad que persigue el acuerdo magisterial.
La ley en proyecto plantea numerosos otros problemas de análoga gravedad, que no podré analizar por la premura del tiempo. Pero, no puedo dejar de mencionar las disposiciones que tienden a reducir los ya muy pobres ingresos de los pensionados del Servicio de Seguro Social.
La iniciativa en debate se inspira en la idea, tan cara al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo sobre la demanda mediante la disminución del poder adquisitivo de quienes viven de sueldos y jornales, vale decir de los trabajadores. Se retorna, así, a la política regresiva puesta en práctica a partir de los KleinSaks, en 1956, y que al iniciarse el actual Gobierno fue repudiada por el Ministro de Hacienda, señor Molina, quien, en su exposición de noviembre de 1964, dijo: "En el pasado se han hecho varios esfuerzos para detener la inflación reduciendo el poder de compra de los asalariados. El Gobierno piensa que ya se ha abusado en extremo de esta medida y que ha llegado el momento de impedir que continúe el deterioro de la situación económica de este gran sector de la población". Sin embargo, ahora se reincide en el empleo del mismo tipo de medidas, volviendo así a imponer criterios fracasados y de cuya aplicación ya recogió Chile una mala experiencia, a expensas del sacrificio de los trabajadores.
No puede desconocerse que el actual Gobierno fundó inicialmente su política en un análisis ajustado a la realidad y dentro de las líneas de un modelo teórico que permitió definir objetivos específicos en lo concerniente a la detención del proceso inflacionista y al desarrollo de la economía nacional. Pero también es cierto que paulatinamente se ha ido produciendo un divorcio entre la concepción teórica que inspiró esa política y las medidas puestas en práctica para realizarla, dé tal modo que, poco a poco, la acción gubernativa fue recayendo en el uso de los instrumentos estabilizadores que propugna el Fondo Monetario Internacional y que, dada nuestras estructuras de país subdesarrollado, están desembocando, ahora como en el pasado reciente, en el estancamiento económico y en el aumento del ritmo con que avanza la inflación.
Ayer el Honorable señor Aylwin citó palabras pronunciadas por mí en 1950 sobre la naturaleza y causas de la inflación. La economía es una ciencia que, al igual que todas, progresa en su explicación de la realidad. La ciencia económica hasta 1956 aproximadamente, explicaba la inflación por medio de la teoría monetarista que considera el reajuste de las remuneraciones como uno de los factores originarios de la inflación. Actualmente la escuela estructuralista afirma que esos reajustes son meros mecanismos de propagación y que la inflación tiene otras causas profundas, estimándose como básicas las limitaciones, rigideces o inflexibilidades estructurales del sistema económico, lo que es singularmente válido en los países subdesarrollados como Chile. Comparto plenamente la explicación estructuralista tanto por la solidez y realismo de sus argumentos como porque la experiencia chilena muestra los fracasos de las políticas antinflacionistas seguidas a partir de 1956 basándose en la tesis monetaria. Pienso también que la teoría estructuralista es hoy un valioso instrumento de que disponen los Gobiernos para diseñar y llevar a cabo su política económica. Bajo la inspiración del distinguido economista don Jorge Ahumada, el actual Gobierno fundamentó inicialmente su política económica en un modelo estructuralista. Pero el proyecto de reajustes se aleja de la concepción primitiva y recae en las medidas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional, que sigue sustentando las ideas monetarias que no solucionan, sino que agravan, los problemas de los países que, como el nuestro, están aún en la dura etapa del subdesarro11o. No obstante, en el propio partido de Gobierno hay quienes siguen inspirándose en la concepción originaria. El plan de la llamada "vía no capitalista", aprobado el año pasado por la Junta Nacional del Partido Democratacristiano, dice que para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores dentro de un proceso de inflación decreciente, los reajustes deben ser inferiores al 100% del alza del costo de la vida; que en un proceso de inflación constante, deben ser del 100%, y que en un proceso de inflación creciente cual es el caso que está viviendo Chile tienen que ser mayores al 100% del alza del costo de la vida.
En lo referente a la inflación, el Gobierno se propuso reducir el alza a 25% en 1965, a 15% en 1966 y 10% en 1967. En lo que atañe al crecimiento de la economía, se programó una tasa promedio de 5% para 1966 y 1967 y de 6% para 1968, 1969 y 1970. La gravedad que reviste el problema económico y social del reajuste deriva, precisamente, de que el Gobierno fracasó en su política antinflacionista, pues, si bien es cierto que en 1965 el costo de la vida aumentó en el nivel previsto, no lo es menos que, a partir de 1968, la tendencia cambia y de nuevo la inflación inicia su ascenso con un aumento de 17% en 1966 y de 21,9% en 1957, porcentajes ambos que están muy por encima de las tasas de que se habló en 1964. El alza en enero y febrero de 1968 no permite abrigar mayor esperanza sobre el desarrollo de la tendencia inflacionista que viene manifestándose tan acentuadamente durante los últimos dos años.
En cuanto al desarrollo de la economía, el año 1967 marca un notable y grave descenso con respecto al ritmo que la actividad económica tuvo en 1965 y 1966. Mientras que en estos años la economía creció al ritmo de 5% y 6,6%, respectivamente, en 1967 no lo hizo sino en 3% lo que, considerado el aumento demográfico, significa que el producto "per capita" no aumentó, o sea, que la economía nacional entró en una depresión, constituyendo éste el más serio de los problemas que enfrenta Chile, pues se relaciona con las posibilidades de progreso y bienestar. En su exposición, el propio señor Sáez •debió reconocer el fuerte descenso en la actividad industrial, que es el "sector más dinámico de la economía en todos los países del mundo" y que en Chile, sin embargo, según el mismo, en 1967 aumentó su producción en una tasa inferior al 3%, en vez del 9,5% del año 1966. Es decir, en 1967 la actividad industrial sufrió una contracción formidable, advirtiendo que la Sociedad de Fomento Fabril y el Servicio Nacional de Estadística dan tasas de crecimiento industrial muy inferiores a 3%.
Nada de raro tiene, entonces, que, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas por la CEPAL, Chile figure ahora entre los cinco países latinoamericanos con más bajo ritmo de desarrollo económico. Los resultados de 1967 no corresponden en absoluto a los objetivos de desarrollo que se predeterminaron en 1964. Muy por el contrario, nuestra economía se encuentra estancada, con las repercusiones inevitables sobre el empleo que se refleja en los altos índices de cesantía que arrojan las encuestas del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. La contracción de la actividad económica está rodeada de toda la constelación de efectos sociales y laborales que necesariamente acarrea la paralización del proceso de desarrollo.
El Gobierno prometió detener la inflación y aun llegó a indicar las tasas que seguiría su proceso descendente. Pero el país sigue sufriendo los efectos de una inflación desatada. El Ejecutivo prometió desarrollar aceleradamente la economía y también fijó las tasas de ese crecimiento progresivo. Sin embargo, la economía de Chile está estancada, es decir no crece, sino que se encuentra detenida. El Gobierno condenó los intentos de detener la inflación reduciendo el poder de compra de los trabajadores. Mas en este proyecto lo que se nos propone es precisamente reajustes inferiores al alza del costo de la vida.
Existe una interrelación entre la disminución del ritmo de desarrollo, el rebrote inflacionario, la pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones del trabajo y su adecuado reajuste compensatorio. No son ni pueden ser éstos hechos aislados. La expansión que experimentó la economía durante los años 1965 y 1966 fue, en gran parte, la respuesta espontánea que el aparato productivo dio a la mayor demanda mediante el aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa, sobre todo en el sector industrial. Alcanzado el límite de esa capacidad, comenzó a manifestarse la grave alza de precios, que en 1967 condujo a un 21,9% de encarecimiento de la vida y al 8% en los dos primeros meses de 1968.
El rebrote inflacionario pone al desnudo una seria falla en la política económica del Gobierno, que no aprovechó las condiciones extremadamente favorables de 1965 y 1966 para llevar adelante un vigoroso plan de desarrollo industrial a fin de acrecentar la oferta de los bienes de consumo corrientes y salir, así, al paso ele los aumentos en la demanda sin alzas sustanciales en los precios, o sea, sin abocar de nuevo al país a una inflación derivada de la insuficiencia de la oferta. Este Gobierno tuvo, tal vez como ningún otro, los medios y las posibilidades de hacerlo, en razón de los enormes recursos financieros de que ha dispuesto por el fuerte aumento de la carga tributaria y a consecuencia del extraordinario precio alcanzado por el cobre en el mercado mundial. Sin embargo, esos mayores recursos no se canalizaron hacia la inversión, sustrayéndolos a lo que habría podido ser un gran impulso al desarrollo económico del país, en vez del estancamiento que ahora lo aflige. No es justo descargar sobre los trabajadores el peso de una desacertada conducta económica y financiera.
Por otro lado, al reducirse el poder adquisitivo de las grandes masas de consumidores a causa del alza de los precios, disminuye también la demanda y, a través de los vasos comunicantes del comercio, la contracción se trasmite a los sectores de la producción, que se ven forzados a disminuir su actividad, cual es lo que está ocurriendo ahora en Chile. En 1967, hubo una baja de 1,6% en las ventas reales, por efecto, sobre todo, de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La CEPAL habla en su último informe de "la pérdida de dinamismo de la demanda interna", como uno de los factores que determinaron el descenso en el ritmo del crecimiento industrial chileno. El estancamiento actual de la economía se encuentra, pues, estrechamente relacionado con el empequeñecimiento del mercado interno como consecuencia de la pérdida de poder de compra de los grupos mayoritarios de la sociedad, cuales son los que viven de sueldos, salarios y pensiones.
Por eso pensamos que, aparte el principio de justicia social que envuelve el reajuste del ciento por ciento en el alza del costo de la vida, hay interés general en lograrlo debido a la influencia profundamente dañina que la baja del poder adquisitivo está ejerciendo sobre el ritmo del desarrollo de la economía chilena. En razón de ello, propugnamos que el reajuste en dinero sea de 21,9% y que no se discrimine entre los sectores público y privado. Nuestra actitud no obedece a mezquinas consideraciones de orden electoral ni tiene por objeto obstruir la acción del Gobierno, como se dice por algunos. Nuestra actitud se basa, antes que nada, en la realidad económica chilena y en las muy justificadas aspiraciones de los trabajadores a recuperar el poder adquisitivo perdido. En todo ello, sólo nos guía el alto propósito de servir los intereses nacionales. Estamos luchando por obtener soluciones justas, razonables y realistas. Este, y no otro, es el sentido de nuestra posición.
He dicho.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Lamentablemente, ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor SEPULVEDA.-
Deploro también que sea así, pero en todo caso.. .
El señor NOEMI.-
Le cedemos algunos minutos.
El señor ALLENDE (Presidente).-
El Comité Demócrata Cristiano le cede parte de su tiempo.
El señor SEPULVEDA.-
Señor Presidente, seré muy breve, no sólo por lo escaso del tiempo de que puedo disponer, sino también porque no tengo la pretensión de hacer en esta oportunidad un análisis a fondo de la situación económica y financiera del país y de los aspectos técnicos del proyecto, análisis que ya han efectuado y seguramente seguirán efectuando, con acopio de antecedentes, los distinguidos colegas que están participando en el debate en nombre de sus respectivos partidos.
Quiero adelantar más bien los fundamentos de mi voto al decir por qué, en mi condición de independiente, concurriré a la aprobación de este proyecto, posición que, por lo demás, es ya muy conocida en la opinión pública, puesto que todo el mundo está pendiente de las fuerzas que aprobarán o rechazarán esta iniciativa de ley.
No tengo posiciones comprometidas de ninguna especie; obro con absoluta independencia. Y si he manifestado, sin ocultarlo en ningún momento, mi propósito de prestar mi aprobación a la ley en proyecto, es porque tengo la convicción de que es mi deber hacerlo.
Esta convicción emana del hecho de que, a mi juicio, el proyecto de reajustes no puede tener mayor dilación en su despacho. Ya han destacado aquí algunos Honorables colegas la situación de angustia en que se encuentran los hogares de los empleados, de los obreros, de los asalariados en general. Ellos están esperando el reajuste, que no es un mejoramiento de su situación económica, sino escasamente una compensación parcial de lo que ha disminuido la capacidad adquisitiva de sus remuneraciones. No puede continuar por mayor tiempo esta angustia; no puede prolongarse indefinidamente. El rechazo del proyecto en su idea general de legislar significaría una postergación cuyas proyecciones difícilmente podemos calcular en este momento. No sabemos cuándo podría formularse un tercer proyecto de reajustes ni tampoco qué suerte correría.
No es fácil conjugar las voluntades de los distintos sectores políticos del país ni de los gremios para satisfacer sus anhelos. Este tipo de iniciativa tiene la rara y penosa virtud de no satisfacer a nadie: los que esperan una compensación de sus remuneraciones, generalmente pretenden, con justicia, más de lo que se les puede dar; y los que deben soportar el peso del financiamiento de los mayores gastos, reciben una nueva carga tributaria, nuevos sacrificios, que van más allá de lo que es prudente establecer. Conocida es la situación de saturación tributaria que está viviendo el país. Se habla de fatiga tributaria desde hace muchos años, y ya nadie la niega ni la discute. Todos saben que nuestras actividades productoras están agobiadas de impuestos. Sin embargo, éste parece ser nuestro destino: mientras no podamos detener la inflación, tendremos que seguir haciendo sacrificios todos los sectores. Ya no basta con que contribuyan los que más ganan: deben hacerlo también los ciudadanos de medianos y pequeños ingresos, para satisfacer estas nuevas necesidades de remuneraciones.
Entonces, el proyecto no es para satisfacer a nadie. Con él simplemente se trata de cumplir una necesidad de justicia elemental, que es compensar en parte siquiera pues el proceso inflacionario avanza más rápidamente que todas las compensaciones que se puedan otorgar la pérdida de capacidad adquisitiva de sueldos y salarios, tanto del sector público como del privado.
Se ha discutido, a veces, que el Congreso tenga facultades para rechazar proyectos de esta naturaleza. Creo que tal planteamiento no es atinado ni oportuno, que no debe hablarse de crisis institucionales y que tampoco debe tratar de presionarse per el sistema de alarma al Parlamento o de decirle que tiene la obligación ineludible de aprobar este tipo de legislación. No es así. Tenemos facultades constitucionales para aprobar o rechazar el proyecto. Si poseemos atribuciones para aceptar, también las tenemos para rechazar. Sólo un Congreso que no estuviera constituido en institución democrática, como el nuestro, se hallaría compelido inevitablemente a aprobar la iniciativa por carencia de facultades para rechazarla.
Discrepo de ese género de argumentaciones, pero sí estimo que nosotros debemos ejercer nuestra facultad de aceptar o rechazar con pleno convencimiento y sentido de responsabilidad. En el caso específico del proyecto que nos ocupa, considero que debemos ejercer nuestras facultades acogiendo la idea de legislar aun cuando no nos satisfaga. A mí no me gusta el articulado en muchos aspectos; sobre todo, no me satisface en lo relativo al financiamiento, por juzgarlo exagerado y gravoso y motivo de nuevas presiones inflacionarias, que deprimirán nuestra capacidad de producción e introducirán mayor injusticia en muchos tributos que ya son excesivos. Tamposo me agrada que haya discriminaciones odiosas para algunos sectores de funcionarios públicos, y quisiera verlas desaparecer. Pero sé que, aunque no me guste, es indispensable reajustar los sueldos y salarios, y pronto, porque, como muy bien se decía hace algunos instantes, la inflación camina más rápido de lo que quisiéramos y sus efectos agravarán cada día más la situación de los hogares modestos.
Además, debemos tener presente otro tipo de consideraciones. Constitucionalmente no estamos habilitados para mejorar el proyecto por nuestra propia iniciativa. Podemos hacerlo sólo en la medida en que concurramos con el Ejecutivo en la necesidad y en las posibilidades de llevarlo a la práctica. De acuerdo con la Constitución y aquí sí que estamos limitados en el ejercicio de nuestras facultades, esta clase de proyectos es de iniciativa del Gobierno. Por mandato del artículo 45 de la Carta Política, después de la reforma de que se le hizo objeto, el Ejecutivo tiene la iniciativa en este orden de materias, y las facultades del Congreso están limitadas. Exclusivamente el Gobierno puede, con arreglo a este artículo, tomar la iniciativa para conceder o aumentar sueldos y gratificaciones al personal de la Administración Pública. El Congreso Nacional sólo puede dice la Constitución disminuir o rechazar los servicios, empleos o emolumentos. Ello quiere decir que no nos es permitido aumentarlos; que podemos pedir que se aumenten ; que podemos representar la necesidad de que se proceda en esos términos; que podemos reclamar que no se hagan discriminaciones injustas u odiosas. Pero no es nuestra responsabilidad aumentarlos cuando el Ejecutivo nos dice que no puede o no está en condiciones de hacerlo. Nuestra posibilidad es criticar, es proponer soluciones; pero llegar hasta impedirle que se legisle sobre la materia, me parece que es ir más allá de lo que la doctrina constitucional aconseja e impone.
El señor BARROS.-
¡Vamonos para la casa!
El señor SEPULVEDA.-
Este proyecto es de responsabilidad del Ejecutivo y, si no resulta satisfactorio, ella no debe recaer sobre nosotros, aun cuando concurramos con nuestros votos a su aprobación, porque lo que estamos aprobando es la necesidad de legislar, no los beneficios que esta legislación otorga y que, para muchos de nosotros, son insuficientes. . .
El señor SEPULVEDA.-
Muchas gracias.
Para terminar, reitero que, por las consideraciones expuestas, votaré favorablemente. Al mismo tiempo, hago presente que mantendré la libertad con que estoy actuando, para rechazar o apoyar las indicaciones tendientes a modificar el proyecto o a corregir las injusticias que, según admitimos todos, existen en él. Anuncio, pues, mi voto afirmativo a la idea de legislar y me reservo absoluta libertad para actuar en la discusión particular si la iniciativa se aprueba en general, como lo espero.
El señor CONTRERAS LABARCA.-
Señor Presidente, el Senador y compañero Luis Corvalán confirmó en su discurso de ayer la posición del Partido Comunista, ya conocida, con relación al proyecto de reajustes y expuso con amplitud los fundamentos de nuestro voto favorable en este trámite, sin perjuicio de que rechacemos diversas disposiciones lesivas para los intereses de los trabajadores, y sin perjuicio, asimismo, de las indicaciones que a su debido tiempo formularemos, en el caso de que se produzca el trámite de la discusión particular.
El Partido Comunista defiende a los trabajadores.
El discurso del Honorable señor Corvalán, claro, denso, realista, contiene una síntesis de la política del Partido Comunista respecto de las materias de que se trata, y demuestra que la actitud de nuestra colectividad ha estado en esta ocasión, como siempre, inspirada en el propósito superior de defender los derechos y libertades del movimiento obrero y de satisfacer la urgente necesidad de otorgar un reajuste decente a los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que no puede dilatarse por más tiempo.
Mi propósito es referirme tan sólo a uno de los temas o aspectos más importantes vinculados al problema que estamos tratando en este momento.
El señor Presidente de la República pronunció anteayer un discurso muy extenso ante la Convención Nacional de la Producción y del Comercio, torneo que se realiza en estos instantes en Santiago. En su alocución, el señor Frei se dedicó fundamentalmente a exponer su labor de tres años de Gobierno, de la mitad de su período, y a exaltarla en términos realmente ditirámbicos. Los señores Senadores conocen y han leído el texto de ese discurso no dispongo de suficiente tiempo para referirme a todas las afirmaciones que contiene en su primera parte, pero podría decir que el Jefe del Estado cantó un himno a su obra, describiendo al país en una condición de excepcional progreso y crecimiento. Al leer sus palabras es lícito pensar que parece estar aludiendo a otro país, porque sus expresiones chocan violentamente con la realidad que ve y padece cada chileno y cada chilena.
Resulta increíble que los actuales gobernantes sean incapaces de autocrítica seria y profunda. Dicen que en el pasado los dioses cegaban a quienes querían perder; ahora los privan de su capacidad de autocrítica. Los gobernantes de hoy tienen verdadera predilección por el sensacionalismo y la exageración demagógica, que, evidentemente, no pueden servirles de brújula en medio de una compleja y muy difícil situación económica, política y social por que atraviesa el país.
Es cierto que el señor Frei, aunque débilmente y con reservas implícitas, se refirió también a tal situación, cuando dijo: "Sin embargo," de todo lo anterior, del bello panorama que expuso a la nación "sería vano desconocer que el país vive una grave inquietud y se enfrenta a muy serios problemas de todo orden". Y más adelante confirmó estas palabras en los siguientes términos: "Es claro que este cuadro presenta también graves problemas y sombras amenazantes".
Somos partidarios del desarrollo económico independiente.
El Partido Comunista es fervoroso partidario de impulsar el desarrollo económico de la nación. El desarrollo económico de Chile es una necesidad impuesta por la historia, es una necesidad que requiere solución urgente; es reclamado clamorosamente por la clase obrera, por los campesinos, por las clases medias; es una preocupación nacional y patriótica. Pero, ¿de qué desarrollo se trata? Para que el desarrollo económico cumpla sus funciones es indispensable que se sustente sobre ciertas y determinadas normas, a fin de que sea eficaz. No basta el desarrollo material. Es necesario que el desarrollo se produzca y se realice en toda su integridad: desarrollo material y cultural, democratización de las instituciones y, fundamentalmente, que conduzca al bienestar del pueblo.
La grave inquietud y las sombras amenazantes que reconoce el señor Presidente de la República, que prevalecen en la actualidad, emanan precisamente de que la política del Gobierno en esta materia no tiende a los objetivos que acabo de mencionar, sino que los contraría abiertamente. Me referiré tan sólo a uno de ellos: al bienestar popular.
Las reclamaciones de los trabajadores son justas.
En las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de oír a innumerables representantes de organizaciones sindicales y gremiales. ¡Cuántas quejas, cuántas reclamaciones, cuántas protestas escuchamos respecto de la política que ellos están sufriendo y que ha sido impuesta por la Democracia Cristiana! A nuestro juicio, los trabajadores tienen razón. Los sueldos, los salarios y las pensiones han bajado en valores reales, y nadie puede negarlo. La pérdida de su poder adquisitivo es un hecho absolutamente indiscutible. La estructura del presupuesto de millones de familias chilenas ha debido ser modificado en los últimos años, sacrificando consumos indispensables para poder comer apenas. El salario mínimo obrero es de hambre. El sueldo vital no tiene nada de vital. El reajuste que se ofrece mediante este proyecto es mezquino. Además, en las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de escuchar la denuncia que formularon diversos gremios en el sentido de que el Gobierno ha desconocido y pisoteado convenios solemnemente pactados y suscritos por hombres de Gobierno, como en el caso de los maestros, los trabajadores de la Salud, el personal de Correos y Telégrafos y otros.
Pauperización de los trabajadores.
El hecho predominante en la situación actual es, pues, la pauperización de las masas trabajadoras: obreros, campesinos, empleados, pequeños comerciantes o industriales, artesanos y otros sectores de Los clases medias, ¿Qué poder de convicción pueden tener las estadísticas que se exhiben con tanta fruición por los representantes del Gobierno, si el incremento de la producción obtenido durante algunos años se alcanzó mediante el sacrificio de la fuerza productiva por excelencia: los trabajadores? La inquietud y las sombras amenazantes provienen, precisa y necesariamente, de esta situación pavorosa.
El pueblo no puede ni quiere seguir viviendo en las condiciones de creciente deterioro de sus ingresos reales y de una redistribución injusta del ingreso nacional. El paro del 23 de noviembre del año pasado y los combates de los sectores público y privado, que están en pleno auge, demuestran que es más peligroso que lo que se supone seguir por el camino actual. Las medidas de represalia, los procesos, los encarcelamientos, los despidos, las agresiones contra los huelguistas y manifestantes son armas que no hacen sino agravar los actuales conflictos.
En consecuencia, los comunistas acusamos al Gobierno democratacristiano de ser responsable de los materiales explosivos que están acumulándose en la situación social del presente; y ante todo, lo acusamos de ser culpable de la degradación del nivel de vida de los más amplios sectores de la masa trabajadora.
El señor Frei reconoce en el discurso mencionado que el producto bruto ha descendido, lo cual revela que la economía se despeña hacia la agravación de la crisis actual. Expresa que a él le duele dicha rebaja, que ha caído al uno por ciento, o, tal vez, menos. Pero no se condolió de que, por culpa de su Gobierno, el pueblo coma menos en las circunstancias actuales.
La crisis económica: la inflación.
Este estancamiento o recesión se produce precisamente cuando los grandes monopolios nacionales y extranjeros han obtenido las más altas utilidades y los privilegios más exorbitantes, como, por ejemplo, los contenidos en los llamados convenios del cobre y otros. Entretanto, a los trabajadores se les ofrece un reajuste notoriamente insuficiente, y ello a pretexto de que hay que frenar la inflación, tratando de aterrorizar al país con el espectro de ella.
El Honorable señor Aylwin, en su discurso de ayer, dijo:
"La política programada por nuestro Gobierno para detener el proceso inflacionario se ha quebrado porque, en el hecho, los reajustes que han obtenido los trabajadores en este período han sido superiores a los que se habían previsto".
Y más adelante agrega:
"Parece evidente que hemos llegado a un punto en que la redistribución de ingresos hecha en estos tres últimos años a favor de los trabajadores debe tener un alto".
Estas afirmaciones del Honorable señor Aylwin tuvieron me parece una respuesta anticipada en el discurso, que mencioné al comienzo, del Honorable señor Luis Corvalán, Secretario General de nuestro partido, y no voy, naturalmente, a repetirla. Sin embargo, conviene establecer que la famosa teoría del círculo infernal, según la cual el aumento de sueldos y salarios trae inexorablemente la elevación de los precios, hace ya tiempo que está desacreditada y se encuentra caduca, por la sencilla razón de que es apologética y no científica, como lo demuestran tanto la experiencia del mundo capitalista como la nuestra.
La clase obrera no es culpable de la inflación.
En la sesión de ayer, el Honorable señor Corvalán expresó que los trabajadores no son culpables de la influencia, y yo, por mi parte, aprovecho ahora para subrayar esa afirmación como tesis fundamental.
Los precios pueden subir sin que se aumenten los sueldos y salarios. Por el contrario, pueden bajar aun cuando las remuneraciones se mantengan inalterables o se aumenten.
Todas las especulaciones sobre la espiral inflacionista, que responsabiliza a los trabajadores de ese fenómeno, tienden a justificar la aplicación más a fondo de las brutales leyes del capitalismo, a fin de ahondar la explotación y opresión de los asalariados bajando el precio de la fuerza de trabajo.
Negarnos, pues, que el Gobierno democratacristiano haya aplicado realmente una política antifl acionista. El propio proyecto que consideramos en estos momentos lo demuestra, en especial por su financiamiento y por el enorme aumento del impuesto indirecto a las compraventas.
Caída de la producción.
La Democracia Cristiana no niega más bien lo afirma, y esto constituye uno de los planteamientos fundamentales con que trata de defender esta iniciativa, que concita las críticas de los más diversos sectores que desea restringir o, más bien, seguir restringiendo, el consumo de las masas. Pero resulta que la disminución del mercado interno, de la capacidad de compra, ha traído una consecuencia inexorable : la caída de la producción.
Ciertamente, el Gobierno actual no ha sido original en esta materia. Se ha contentado tan sólo con repetir con obcecación la fracasada experiencia de administraciones anteriores, inspiradas, corno todos sabemos, en la receta de la Misión KleinSaks y en las fórmulas del Fondo Monetario Internacional.
El Honorable señor Aylwin reconoció que los Gobiernos de los doce años anteriores a la "era" democratacristiana, en su supuesto afán antinflacionista, otorgaron reajustes inferiores al aumento del índice de precios al consumidor. Pero fracasaron en su gestión y la inflación siguió agravándose.
El proyecto que consideramos, como es fácil comprobarlo, no aumenta los sueldos, ni los salarios ni las pensiones: solamente reajusta esas rentas a la capacidad adquisitiva da 1967. Ello no significa, de manera alguna, que el reajuste mantenga el nivel de vicia de que gozaba la población durante el año anterior.
Son innumerables las razones que abonan este planteamiento. Veamos las principales.
En primer lugar, cuando no se trata de índices parciales de precios al consumidor, sino del nivel de vida de la población, es necesario tomar en cuenta el conjunto de ésta, es decir, a los trabajadores como clase. Debe considerarse, por consiguiente, no sólo a los que trabajan, sino también a los desocupados. Los cesantes, que suman centenares de miles y están absolutamente abandonados por el Estado y los patrones, han sido empujados a un nivel de vida subhumano y su consumo alcanza apenas para sobrevivir.
Asimismo debe tomarse en cuenta otro sector de la clase obrera: al sector pasivo, a los jubilados y, en particular, los pensionados del Servicio de Seguro Social. No dispongo de tiempo para comentar ampliamente este asunto; pero, por lo menos, permítaseme recordar a Sus Señorías que en el texto del informe elaborado por las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, aparecen datos que configuran la magnitud de la injusticia cometida con esa modesta gente. Las pensiones de invalidez y vejez ascienden a 172,99 escudos. Estas rentas deberían subir, de acuerdo con la ley 10.383, que estableció un reajuste de 37%, a 237 escudos. Pero resulta que el proyecto, tal como viene de la Cámara de Diputados, aumenta tan sólo en 30% esas pensiones, con lo cual la cifra mencionada disminuye a 224,89 ascudos. Por último, si se aplica la norma del primitivo artículo 110, propuesto por el Gobierno, en 1968 las pensiones por invalidez y vejez ascenderían sólo a 205,44 escudos, en lugar de 237. No hay palabras para condenar esa actitud de desprecio inhumano para con este vasto sector de trescientas mil familias que perciben pensiones del Servicio de Seguro Social.
En tercer lugar, es un hecho que la productividad ha aumentado notoriamente durante los últimos años y que los beneficios de ello han sido acaparados por los capitalistas, en especial por las grandes empresas nacionales y extranjeras.
También abona nuestra afirmación la circunstancia de que el porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor es inferior al de la inflación real, como muchas veces se ha demostrado en esta Sala.
Por último, cabe señalar que el reajuste ofrecido, aunque fuera para todos de 21,9%, es un aumento puramente nominal, pues sufre innumerables descuentos con motivo de impuestos que se reajustan automáticamente todos los años, imposiciones provisionales, etcétera. ¡ Imaginen Sus Señorías qué quedará de este mezquino reajuste si el impuesto a la compraventa sube en porcentaje enorme con relación a las tasas en vigencia! Por término medio, probablemente aumente, de 15%, a 20%, lo cual significa una inmensa exacción para los escuálidos ingresos de los trabajadores, para la gente modesta que constituye las nueve décimas partes de la población y, por consiguiente, consume en esa misma proporción bienes gravados por los impuestos a la compraventa, lo cual viene a significar que aporta las nuevas décimas partes del producido de ese tributo.
A propósito de rendimiento, sabemos que el Gobierno ha calculado en 178 millones de escudos el proveniente del impuesto a la compraventa, en circunstancias de que para completar la provisión de fondos para financiar el reajuste se necesitan poco más de doscientos millones de escudos. Ello demuestra que el proyecto, en esta parte, se financia casi exclusivamente sobre la base del gravamen mencionado. A nuestro juicio, ello es verdaderamente irritante.
El Gobierno está, pues, empeñado en aplicar una política inhumana de creciente pauperización y miseria de la clase trabajadora.
¿Será posible, en tales circunstancias, salir del marasmo e impulsar el incremento de la economía nacional? La rebaja del poder de compra de la población es, precisamente, el ingrediente más eficaz para ahondar la crisis económica que padecemos. Por eso vemos que la inflación se ha desbocado y crea sombrías amenazas, por cuanto el Gobierno enfoca el problema de una manera falsa, pues no ha actuado sobre las verdaderas causas del fenómeno.
A nuestro juicio, es imposible levantar al país de la postración y fomentar el crecimiento de sus fuerzas productivas; si el sistema económico sigue sometido a los intereses de los grandes monopolios nacionales y extranjeros; si el imperialismo impone al país una hemorragia de divisas por las cuantiosas utilidades que le rinden sus empresas e inversiones y por los intereses y amortizaciones de sus empréstitos y créditos; si el valor de nuestra moneda baja aceleradamente, pues el escudo es prisionero del dólar, que se debate en una grave crisis del sistema monetario capitalista; si se sigue tolerando la fuga de capital; si, en fin, se mantiene la selva de franquicias tributarias que favorece a los poderosos y se otorga a éstos nuevos y más irritantes privilegios a expensas del país.
Ninguno de estos: problemas se ha encarado. Por el contrario, la política del Gobierno democratacristiano se ha caracterizado por defender de la inflación a los magnates y arrojar a las llamas de ella a los trabajadores.
El artículo 298 del proyecto en debate otorga el derecho a revalorizar los activos, previo pago de un mísero impuesto, con lo cual se alivia a los poderosos de su carga tributaria y se les permite, al mismo tiempo, burlar el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, reconocido por el Código del Trabajo.
En el impuesto sobre la renta mínima presunta, más conocido con el nombre de patrimonial, se rebajó el impuesto de primera categoría, de 20%, a 17%. Al mismo tiempo que, mediante el veto, se rechazó la disposición aprobada por el Senado, según la cual, en lo que respecta a obreros
y empleados, el impuesto se pagaría tan sólo sobre los sueldos y salarios imponibles.
Está claro, pues, que estamos en presencia de una política de clase, de una escalada contra obreros, empleados y pensionados; es decir, ante una ofensiva contra el nivel de vida de los trabajadores chilenos.
Mientras el Gobierno mantenga su política de asociación con el imperialismo como si éste tuviera interés en promover nuestro desarrollo y de conciliación con la Derecha, que trata de imponer ritmo lento a la reforma agraria y a la aplicación de otras disposiciones legales, resultará incapaz de fomentar el verdadero desarrollo independiente y el bienestar del país.
El señor REYES (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Palma.
El señor IBAÑEZ.-
Pero esas son meditaciones marxistas.
El señor PALMA.-
Señor Senador, se trata de problemas sobre los cuales se puede tener las más diversas opiniones.
El señor TEITELBOIM.-
Muy interesante la observación del Honorable señor Ibáñez. Es "sesuda".
El señor IBAÑEZ.
Sabía que el Partido Comunista defendería esas meditaciones.
Esfuerzos nacionales.
El señor PALMA.-
El aspecto más negativo de algunas exposiciones muchas de ellas muy interesantes desde otro punto de vista realizadas durante el debate, consiste en analizar el proyecto de reajustes en forma aislada, como si no se tratara de una dimensión de un proceso total de cambios, de un programa de desarrollo económico y, también, de algunas realidades constitucionales e institucionales que entraré a destacar en esta oportunidad. Por eso, encuentro razón a los Honorables señores Bossay y Sepúlveda al hacer, ayer y hoy, respectivamente, algunas reflexiones en torno de la situación propiamente constitucional que surge respecto del proyecto en debate.
No se puede vota?' negativamente.
Aunque reconozco mis limitaciones para abordar este aspecto de la materia, pienso que, en realidad, nos encontramos ante una iniciativa legal que, por decirlo así, forma parte integral del presupuesto de la nación. Este último, de acuerdo con el artículo 44 de la Carta Fundamental, se tramita de manera especial, y su aprobación, en la práctica, es obligatoria, puesto que si no es aprobado por el Congreso al 31 de diciembre, la Constitución prevé que queda vigente la iniciativa presentada por el Presidente de la República.
Por eso, y por estar el proyecto de reajuste destinado a normar precisamente asuntos típicos de un presupuesto, como son la fijación de sueldos, la creación de cargos o modificación de los mismos los cuales, en virtud de disposiciones constitucionales y legales, están específicamente determinados como facultades del Ejecutivo no es dable, en mi concepto, aceptar sin mayor estudio la teoría de que dicho proyecto puede ser rechazado en general. De aceptar esa teoría, se cae en una discutible interpretación con el espíritu con que el constituyente estableció el artículo 44.
Desde hace días, este problema me ha preocupado. Pedí los textos de los debates ocurridos en la Comisión de Reformas Constitucionales de la época, en los cuales constan declaraciones muy precisas sobre el particular. Por ejemplo, en la sesión del 2 de junio de 1925, el señor Vicuña Fuentes sostuvo de manera específica y categórica que el objetivo del artículo 44 de la Constitución obedece a que el Ejecutivo posea facultades para fijar sueldos y salarios, así como gastos públicos; y llega a agregar que en este orden de materias exigiría aun la exclusividad. En este debate también intervinieron, entre otras muchas personalidades de la época, don Guillermo Guerra, don José Maza y el señor Barros Borgoño. Después de una larga discusión, se llegó a concluir que la facultad en referencia compete en forma esencial y básica al Poder Ejecutivo, facultad que, por lo demás, siempre se le ha reconocido.
¿Está el proyecto de reajustes desligado del de presupuesto? No, porque alude precisamente a los temas específicos que en éste se consideran y que competen a toda la Administración Pública, y contiene diversas disposiciones que alteran sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Siendo así, a mi modo de pensar y la Carta Fundamental así lo establece, tal proyecto debe ser aprobado en general, aun cuando posteriormente puedan introducírsele modificaciones.
Es explicable que así ocurra, por cuanto las iniciativas legales tendientes a reajustar las remuneraciones de los trabajadores, cuyo origen data de los últimos años, no fueron previstas y ni siquiera analizadas por el constituyente durante esos debates. Y es lógico que así sucediera, porque las condiciones en que entonces se desenvolvía el cuadro de las funciones del Estado y el proceso económico de la época, no hacían imperativo, como en la actualidad, el envío de un proyecto de reajustes que tenga en cuenta los diversas nuevos factores y que en el presente es siempre necesario.
En el debate de la constituyente a que me referí, se discutió latamente en cuanto a la oportunidad en que debía presentarse al Congreso el proyecto de presupuestos, de manera que éste pudiera pronunciarse con el tiempo y los antecedentes suficientes. Se llegó a la conclusión de que dicho plazo debía ser cuatro meses antes de la fecha en que debía a empezar a regir. Hoy, en ese tiempo es imposible prever las condiciones en que se desenvolverán la economía y el desarrollo social de un país, lo que nos enfrenta a un problema sobre el cual forzosamente habremos de reflexionar en una próxima ocasión.
En la actualidad, existen nuevos elementos, no considerados antes, que obligan a dictar leyes de reajustes de remuneraciones mediante la misma tramitación dispuesta para el proyecto de presupuestos. No cabe duda de que iniciativas de esta naturaleza pueden eventualmente paralizar la vida del país, situación contra la cual se pronunciaron los constituyentes de manera específica. Es indudable, también, que tal proyecto debe tratar asuntos cuya solución no puede preverse en la fecha de la presentación del presupuesto. En ese período, que en este caso particular no significa anticiparse cuatro meses, sino ocho, tiempo que media entre el momento en que se presentó la iniciativa y su discusión en este instante en la Sala, intervienen muchos factores imposibles de conocer previamente, dada la interrelación existente entre nuestra economía y la internacional. Tampoco es posible prever los muchos otros procesos que, en los últimos cuatro meses de cada año, pueden surgir con relación a estas materias.
Retorno parlamentarista.
No deseo analizar otro aspecto, sobre el cual, por cierto, invito a meditar a los señores Senadores: la presión ejercida sobre el Ejecutivo para que previamente modifique diversos preceptos del proyecto de reajustes, con el objeto de facilitar su despacho, equivale, en cierta forma, a retornar al régimen parlamentario, reemplazado precisamente por la actual Constitución para corregir los defectos que oportunamente fueron advertidos.
No me cabe la menor duda de que el régimen presidencial como decía ayer el. Honorable señor Corvalán debe ser sometido a una crítica, que nosotros aceptamos. Una de las primeras medidas adoptadas por el actual Gobierno, consistió en enviar un proyecto de reforma constitucional. En él se contenían muchas de las ideas sugeridas en este debate. Perfectamente, ellas podrían formar parte de las; enmiendas necesarias a la Carta Fundamental, para que, sin caer en el parlamentarismo excesivo a que se nos quiere arrastrar por estas vías indirectas, se modifique la actual rigidez con que, en muchos aspectos, la Constitución confiere a las funciones desempeñadas por los Poderes del Estado, en particular en el ámbito político.
Este es un problema muy importante, pero sobre el cual no deseo extenderme ahora demasiado. Por lo demás, en la Sala hay muchos señores Senadores que podrán analizarlo no en esta oportunidad, sino en otra con mayor propiedad y versación.
Reajuste, parte del programa.
Deseo llamar la atención sobre otro aspecto extraordinariamente importante en este debate: el análisis del proyecto de reajustes en forma aislada, no considerándolo dentro del cuadro total del programa puesto en marcha por el Gobierno. Algunos señores Senadores afirman que se trata de un plan esbozado acabamos de oírlo al Honorable señor Baltra, pero no cumplido; realizado en parte, ocasionalmente impulsado, pero distorsionado posteriormente por diversas causas. Lo cierto es que existe un plan y el proyecto de reajustes no puede ser considerado sino como parte de él. En su conjunto, ese plan está destinado a modificar lo que se ha llamado, con razón, las condiciones estructurales que llevan al lento desarrollo de la economía chilena, a la insuficiente participación de los sectores más postergados de la sociedad, y a que la economía carezca de la dinámica adecuada para lograr precisamente que esa participación aumente simultáneamente con el producto nacional.
Nadie puede desconocer que, en el orden de las transformaciones estructurales, el Gobierno ha tomado muchas medidas tendientes a resolver lo que algunos especialistas, que han analizado la realidad latinoamericana, denominan condiciones o causas determinantes del subdesarrollo. Así, en un análisis elaborado por Celso Furtado no leeré sino los títulos anota como factores determinantes del subdesarrollo la inestabilidad política básica, el desarrollo desordenado por la falta de planificación, la pobreza técnica, las estructuras económicas básicas más intocables, la limitación de la incapacidad de ahorro nacional, la ausencia de todo control sobre las inversiones extranjeras., la dependencia casi exclusiva de la monoproducción y monoexportación, y a la falta, en fin, de una filosofía del desarrollo. Es éste un conjunto de factores que han sido objeto de meditaciones para más de un Gobierno; pero es evidente que la Administración que más ha procurado impulsar un plan de desarrollo, ha sido la actual. Por. primera vez en la historia de este siglo, se trata de modificar de manera profunda los factores estructurales que han detenido el desarrollo económico chileno.
El señor PALMA.-
Pero lo que no puede desconocerse es que en las últimas décadas se han hecho esfuerzos extraordinarios para romper algunas condiciones estructurales tradicionales de América Latina, que impiden su desarrollo, que potencialmente parecería ser uno de los más altos del mundo. A nuestras riquezas naturales, se unía una tradición de tipo europeo que teóricamente debió habernos permitido seguir a la zaga del proceso económico desarrollado en esa zona, fuente del pensamiento y del progreso. Chile ha realizado en este sentido un esfuerzo notable. Por ejemplo, la creación de la Corporación de Fomento constituyó un hecho importante" dentro de la vida nacional, pues tuvo características que vale la pena destacar, sin menoscabar en absoluto las realizaciones que en esa época se llevaron a cabo.
Ante todo, aquéllas fueron medidas que no tocaron las estructuras ni los intereses tradicionales; que, por actuar muy específicamente sobre áreas vírgenes por así decirlo de la economía nacional, no encontraron la resistencia que ahora estamos encontrando nosotros por empezar a tocar, por primera vez en Chile, esas estructuras tradicionales. El petróleo no era sino una aspiración de los chilenos; el acero, explotado por industrias pequeñísimas, no tenía importancia; la electricidad constituía un desorden municipal en todas partes del país, aun cuando podía perfectamente organizarse; y los aportes que se hicieron a las diversas empresas, muchas de las cuales se desarrollaron, después, con bastante éxito, tuvieron todos como principal característica la de continuar la tradición típica del país. Como consecuencia, Chile tenía, evidentemente, de 1945 a 1950, más producción, más desarrollo que antes de 1938, pero en sus aspectos estructurales, las condiciones eran las mismas de esa época.
Un cambio de fondo.
¿Qué ha ocurrido, al iniciarse este Gobierno? Todos los chilenos nos hemos preguntado seriamente por qué, a pesar de esos extraordinarios esfuerzos, a pesar de las grandes inversiones, el cuadro económico chileno era de continua inflación y, desde nuestro punto de vista, de postergación de vastos sectores; un cuadro, en fin, en que los factores negativos eran muy significativos. Y, como era natural, todos hemos caído en análisis que hoy día resultan relativamente sencillos y repetidos, pero profundamente reales.
La estructura agraria del país no se había adecuado a la realidad del mundo moderno. No se había capitalizado, entre otras razones, porque la capacidad tecnológica y las condiciones en que se desenvolvía la sociedad empresarial la imposibilitaban para adaptarse a una adecuada capitalización. Por lo general, el fruto de la explotación agrícola se obtenía por cultivo de extensión, simplemente superficial, o se invertía en otras áreas, sin tomar en cuenta que uno de los factores fundamentales de una buena economía es invertir en el agro, sector que tanta importancia tiene en la vida de todos los países.
Hoy día acabo de leerlo en una de esas revistas: que suelen llegar a nuestras manos, una de las más grandes preocupaciones de los Estados Unidos proviene de que en los dos últimos años se ha notado un descenso en la inversión en el sector agrícola, lo que ha empezado a preocupar al comité de asesores económicos que constituye la oficina de planificación de ese país.
Nuestro Gobierno estimó básico el problema del agro; básico, no sólo desde el punto de vista económico, de la producción, sino también en el aspecto social. Durante siglos, había sido prácticamente igual la estructura social del país, y las posibilidades de ascenso de los tres millones de personas que en los últimos años han vivido en el campo estaban virtualmente paralizadas. De ahí que hayamos considerado necesidad fundamental del país modificar una estructura tan rígida y de limitada eficiencia.
A quienes se preguntan en qué se han invertido los ingentes recursos de que ha dispuesto este Gobierno en los últimos años, yo los invitaría a meditar sólo sobre las inversiones que se han hecho en el sector agrícola. Las cifras indican que durante el año pasado, de 1967, hemos invertido en reforma agraria entre CORA, INDAP y Servicios anexos una cantidad que se aproxima a los setenta millones de dólares, cifra que resulta verdaderamente astronómica, cualesquiera que sean las consideraciones posteriores sobre el proceso económico del país.
En este análisis de lo que pudiera ser la estructura primaria de Chile, tampoco nos hemos detenido ni hemos aceptado las fórmulas tradicionales para modificar otro aspecto fundamental de nuestra economía: la minería. Este es un país básicamente minero; es un país en el cual el desarrollo de esta actividad es, sin duda alguna, por así decirlo, primordial, porque nos permite participar en el comercio internacional y, con ello, nos brinda posibilidades de adquirir bienes y capitalizarnos adecuadamente en lo industrial y en lo social. Podrá tenerse el criterio que se quiera sobre nuestra política minera en sus aspectos principales el cobre y el hierro; pero lo cierto es que por primera vez en veinte años esa política ha cambiado. El país tuvo que esperar que alguien con decisión, pasando por encima de prejuicios y de preocupaciones de segundo orden en este asunto, encontrara fórmulas adecuadas para moverse dentro de la realidad del mundo latinoamericano. Y es así como, por primera vez, este Gobierno ha puesto en marcha un programa que significará obtener, en 1971 ó en 1972 porque todos los programas se han atrasado, aun cuando el precio del cobre bajara en forma extraordinaria, cantidades que nos permitirán mantener todos los niveles sociales que en los últimos años hemos tratado de dar a la población de Chile.
Porque es efectivo que se ha realizado también una redistribución del ingreso, de gran envergadura, otro de los factores que hacía que el país estuviera paralizado.
Razón se tiene cuando se dice aquí que una distribución regresiva del ingreso es uno de los factores más negativos para el desarrollo económico. No cabe duda de que la falta de capacidad de compra de las grandes masas constituye una de las barreras que los países deben enfrentar para llevar adelante su desarrollo. Y por esto es que nosotros hemos estado realizando un proceso de redistribución del ingreso que ha sido extraordinario, que nadie puede discutir. Se podrá hablar, como se ha hecho en esta Sala en el día de hoy y el de ayer, de que los niveles de sueldos de la categoría "A" o de la categoría "B" son relativamente bajos y limitados. Es cierto, son ingresos bajos con relación a las necesidades del momento actual, a lo que uno concibe como sociedad desarrollada. Pero son, con todo, niveles de ingreso muchísimo más altos, en proporción con el costo de la vida, que aquellos con que nos encontramos en 1964.
Condición de los chilenos.
Como no quiero extenderme en exceso sobre esta materia, pediré incluir en la versión de mis observaciones dos cuadros objetivos y simplísimos a los cuales ya me he referido en ocasiones anteriores, pero que entonces estaban incompletos. Ahora que ya se han concluido, deseo que se inserten en mi discurso.
Esos cuadros retratan la capacidad adquisitiva de un empleado particular que gana el sueldo mínimo y tiene tres cargas familiares; la de un obrero que gana el salario mínimo industrial y percibe asimismo tres asignaciones familiares; y la de un obrero con sueldo vital de la escala "A" y tres asignaciones familiares. Ahí podemos ver que la capacidad adquisitiva de esos sueldos y salarios aumentó extraordinariamente, al terminar el año 1967, con relación a 1964. Aunque debo agregar que, por desgracia, falta en esos documentos una columna correspondiente al mes de junio o julio de 1967, en que las cantidades serían todavía más altas, porque en esa fecha empiezan a bajar hasta llegar a las cifras señaladas para diciembre del año recién pasado, sobre el cual estamos haciendo análisis en este momento. Y ello es así porque a mediados del año pasado empezaron a sentirse los efectos de los factores inflacionarios y de otros que comenzaron a frenar parte del programa de desarrollo en marcha.
Pero no se crea, por el hecho de que en 1967 hayan bajado algunos índices, que el conjunto de estos últimos años no ha sido extraordinariamente positivo. Aquí tengo el informe de la CEPAL sobre la economía de América Latina en 1967. Es un extracto del balance que ese organismo hace todos los años de la situación de los países de Latinoamérica con relación a la de los años anteriores. Y al referirse, por ejemplo, al índice de alza del costo de la vida y a las presiones inflacionarias, hace algunas comparaciones que, me parece, vale la pena destacar, porque aun cuando el año pasado el alza fue de 21,9% en el índice de precios al consumidor más que lo planeado y más que el año anterior, si este aspecto se mide por el conjunto del quinquenio o del trienio últimos, las cifras demuestran que hay un control apreciabíe sobre la inflación y que los estímulos productivos no están cegados, sino que se encuentran en un momento difícil, que empezará a mejorar de nuevo este año. No cabe duda, por otra parte, como ayer lo destacó el Honorable señor Aylwin, de que ciertos factores hacen imposible sostener los ritmos de crecimiento de manera continua, todos los años, en el mismo monto.
Chile y otros países.
Así, comparando el desequilibrio interno que existe en los países latinoamericanos, se dice, en la página 10 del extracto a que me refiero, lo siguiente:
"En la Argentina, la proporción de aumento de los precios fue levemente inferior a la del año anterior (27 y 30 por ciento, respectivamente), lo que supone índices superiores al promedio del período 196065...". "En el Brasil, el aumento de 26 por ciento en 1987 representa un progreso notorio respecto del año anterior, cuando el alza fue de 46 por ciento, y más todavía en comparación con el período 196065. En Chile, por el contrario, se observó un retroceso respecto de 1966, al aumentar el índice de precios al consumidor en 22 por ciento en comparación con el 17 por ciento del año precedente, pese a la postergación de varias alzas que se tradujeron en un aumento del índice en 5,6 por ciento en el mes de enero del presente año. Ello atenúa los progresos que todavía significan esas cifras respecto de períodos anteriores". Se refiere a promedios anuales de años anteriores.
Se hace una observación muy curiosa, que parece formar parte del pensamiento del Honorable señor Baltra, expresado en su análisis de esta mañana. Dice el redactor del informe: "... al aumentar el índice de precios al consumidor en 22 por ciento en comparación con el 17 por ciento del año precedente, pese a la postergación de varias alzas que se tradujeron en un aumento del índice en 5,6 por ciento en el mes de enero del presente año".
La verdad de las cosas es que, si se comparan los índices de enero a enero, de febrero a febrero y de marzo a marzo de cada uno de los años anteriores, respectivamente, se observa que no hay tal escamoteo estadístico. Por lo contrario, las cifras de enero representan la simple variación de una política, ya que una cantidad de precios que durante el mes de enero se modificaron, el año anterior fueron distribuidos durante el primer semestre o varios meses del año. En esta oportunidad, se han dado en los primeros meses, con el objeto de afrontar circunstancias que hacen que sea en este momento más razonable estimular la producción y crear condiciones de estabilidad para los meses venideros.
Una filosofía renovadora.
Desde otro punto de vista, en el proyecto de ley en estudio se consignan diversas filosofías, cuyo rechazo por algunos partidos políticos me parece extraordinariamente grave.
Es evidente que el primer proyecto de reajustes presentado al Congreso el llamado "proyecto Molina" se ajustaba al tipo de iniciativas tradicionales, conservadoras, que algunas veces son más o menos útiles que otras. Constituía una iniciativa de aumento de remuneraciones no tradicional, que agregaba a los reajustes típicos medidas tendientes a compensar los efectos de las alzas habidas, a evitar nuevas alzas para mantener los precios conteniendo la inflación y a crear, por primera vez, por medio del aporte de los chilenos en general, un fondo de capitalización nacional del cual pasarían a ser dueños, en especial, los propios asalariados.
Esta idea no fue aceptada por la Oposición, que en esa oportunidad prefirió un reajuste de carácter tradicional. Y ya sabemos lo que pasa siempre con esta forma de reajuste: provoca inflación y engaño. Es decir, la Oposición no quiso que se formara el fondo de capitalización nacional.
Entonces, uno se pregunta cómo entender a quienes se opusieron a esa idea central. Porque no hay duda alguna de que, para los partidos de orientación socialista, traspasar al pueblo la propiedad en cualquier forma debía ser un objetivo perfectamente deseable. Si con ello no se lograba todo lo que anhelaban, por lo menos, para ellos, se realizaba la parte sustancial de un proceso.
Crear ese fondo, pues representaba poner en manos de los trabajadores manejada por la comunidad, los organismos oficiales, el Estado cantidades que, como ya se dijo en una ocasión en esta misma Sala, superaban, en un solo año, los capitales y reservas que todos los bancos de Chile han logrado a lo largo de su existencia.
Por otra parte, ¿quién entiende a la Derecha, que también se opuso a ese proyecto? ¿Acaso la difusión de la propiedad no es para ella un principio? ¿O es que la propiedad sólo es entendida en la medida en que se mantiene en manos reducidas? ¿Acaso a los chilenos no interesa realizar cambios mediante los cuales, por la difusión, la propiedad se transforma en uno de esos factores que, precisamente, hacen más estable las instituciones y los regímenes?
Nosotros estábamos planteando una tesis a la cual, seguramente y con el correr de los años, se volverá, porque parece ser uno de los caminos más viables para que el desarrollo de Chile sea real en los próximos tiempos.
Avances concretos.
Pero no sólo durante este período se han adoptado medidas conjunturales de estímulo económico y redistribución del ingreso, que no se traducen en pobreza, como se ha dicho aquí, sino en demanda extraordinaria de bienes.
En esta Sala se ha citado con frecuencia al señor Sáez. Por desgracia, sólo se comentan aquellos párrafos donde él hace la misma crítica que todos hacemos a un cuadro que no ha podido realizarse en toda su amplitud. Por eso, también nosotros, cuando nos reunimos en nuestros congresos y organismos internos para analizar este aspecto, constantemente nos preguntamos por qué no podemos concretar todos los rubros del programa de desarrollo que nos propusimos llevar adelante. Es evidente que debemos contestarnos que un proceso de desarrollo dentro de la libertad tiene su precio, y que éste debe consistir en ciertas limitaciones, caídas y fracasos. Es posible que hayamos confiado mucho en la capacidad de raciocinio de los chilenos y de los políticos y que en algún aspecto no hayamos aprovechado las oportunidades favorables que se nos presentaron.
¿Qué dice en su informe el señor Sáez? Después de analizar los aspectos críticos y la caída, por ejemplo, de los índices de la industria manufacturera, agrega algo que en esta Sala no se ha mencionado, pero que estimo fundamental para precisar su pensamiento, pues éste no se compone sólo de partes o párrafos aislados. Expresa el señor Sáez: "Todos estos hechos son la lógica consecuencia de las desviaciones producidas en el programa del Gobierno por las presiones de distintos sectores, que han llevado el gasto corriente público y los gastos de consumo en el país a niveles que constituyen un grave peligro".
Es decir, hay factores que, por actuar en un régimen de libertad y democracia, se hacen presentes en forma muy ostensible. Y cuando ellos, como aquí ha acontecido, cuenta con respaldo incondicional de todos los partidos políticos a los cuales sólo interesa que no se lleve adelante el programa de desarrollo económico de la colectividad que está en el Poder, es evidente que esos sectores adquieren un poder e influencia extraordinariamente grandes.
No obstante lo anterior, los elementos puestos en marcha para provocar un desarrollo a nivel de la demanda, de la clase media y que esté al alcance de todos los trabajadores y empleados de Chile, constituyen algo que se comprueba, no en las declaraciones, sino en las cifras y hechos reales de la producción física del país. De ahí que algunos de los datos proporcionados por el señor Sáez como es natural, aquí no se citan sean el mejor termómetro para medir lo que está aconteciendo en Chile.
Por ejemplo, el señor Sáez dice que la industria automotriz, que en general sirve a un sector alto de la clase media del país, producía en 1966 siete mil vehículos; en 1967, trece mil es decir, dobló la producción, y en 1968 planea entregar 26 mil unidades.
En estas condiciones, ¿significa o no lo anterior una medida de que este sector tiene hoy mayor poder de compra y mejores condiciones económicas?
Pero hay otros hechos físicos que también revisten importancia, porque tocan a otro estrato social. Veamos cuáles son.
Por ejemplo, ¿qué pasa con la industria electrónica del país, que provee de aparatos de radio y televisión a los sectores más modestos de la población? ¿Qué dice el señor Sáez en ese informe, que vale la pena repetir? "La industria electrónica, el año 1964 elaboró 12 mil televisores; en 1967 fueron 60 mil unidades; el año en curso serán 100 mil, y con un porcentaje de partes nacionales siempre creciente".
Con esta medida, es claro que el sector de los chilenos ya ubicado en el nivel de
los obreros clasificados y de la clase media corriente seg��n los términos típicos usados aquí, está demostrando un mejoramiento notable al disponer de una mayor cantidad de bienes que adquiere, y también de una mejor política económica, financiera y crediticia.
Aspectos crediticios.
Se ha sostenido aquí, con frecuencia, que durante estos últimos años nosotros hemos mantenido una política crediticia que ha impedido el desarrollo industrial, paralizado la actividad agrícola y creado una serie de frenos en el desenvolvimiento económico, cuyos impactos empiezan a notarse hoy día. Según la misma afirmación, el resultado de esto sería el proceso inflacionista acelerado.
He solicitado del Banco Central lo pongo a disposición de los señores Senadores un cuadro demostrativo del crédito suministrado a los chilenos,...
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
¿Tiene el referente a los intereses también ?
El señor PALMA.-
...donde se establece una comparación entre los años 1963 y 1967. De acuerdo con esos datos, el crédito "per capita" sobre el total, incluyendo los sectores público y privado, subió de 279, como índice en 1963, a 904, como índice de 1967; y el crédito, "per capita" del sector privado, cuando la población subió de 8 millones 200 mil habitantes a 8 millones 900 mil, cambió de un índice de 131,5 a 391,4. Es decir, todos los elementos han sido manejados dentro de un plano coordinado y tendiente a producir un desarrollo nacional lo más orgánico posible.
Rectificaciones necesarias.
Pero ha habido factores que se han escapado. Uno de ellos es el referente a que la distribución de los mayores ingresos, especialmente en el sector público, no ha sido todo lo racional ni funcional que debió ser, como consecuencia de la mayor capacidad de presión que tienen algunos grupos respecto de otros. De ese modo, dentro de la Administración Pública, algunos sectores han sido más favorecidos que otros.
Por eso, hoy día, para normalizar en alguna forma esta situación, hemos presentado una iniciativa legal que corrige los antecedentes anteriores, que no pueden ser considerados de manera aislada. No se puede insistir en que a unos se ha dado 12,5% de aumento, y a otros, un porcentaje diferente, si se considera que existe un cuadro muy complejo, variado e injusto en las remuneraciones de los diversos sectores. Por ello, mediante este proyecto de ley, encajado dentro de un conjunto de disposiciones de carácter económico, se están adoptando las medidas tendientes a regularizar, normalizar y nivelar funciones, actividades administrativas, categorías, reconocimiento a títulos profesionales en los diversos escalafones, etcétera.
No es admisible seguir pensando, por ejemplo, que un médico, un abogado o un ingeniero de un servicio público u otro, esté en condiciones de desigualdad económica tan extraordinaria frente a otros funcionarios, como lo ha estado hasta ahora.
En consecuencia, el referido proyecto tiene también un carácter de iniciativa racionalizadora de la Administración Pública, y en esta forma debe ser calificado.
Más ahorro.
Creo, sí, que este Gobierno y nosotros hemos incurrido en un error importante: no haber fomentado el ahorro en forma adecuada. Porque, en verdad, las condiciones de carácter social del país, las posibilidades que abrió el comercio internacional, el precio del cobre, etcétera, hicieron perder tal vez un poco de vista la necesidad que existiría de llevar adelante un programa de inversiones más acentuado que el realmente hecho.
Al afirmar que no hemos impulsado el ahorro en la forma como el país lo requiere para sostener incluso su desarrollo futuro, hemos caído, tal vez, en algunos de aquellos factores criticables en la política de todas las naciones subdesarrolladas.
En los dos primeros años de la revolución cubana, por ejemplo, uno de los más graves problemas que se enfrentó fue precisamente el afán distributivo que, como consecuencia de la angustia anterior, fue necesario satisfacer. Durante ese proceso, entre otros rubros, se redujo en forma extraordinaria la masa ganadera del país y se produjo una serie de otras "circunstancias" que posteriormente fueron corregidas con mano de hierro. Allí hay planificadores que pueden tomar medidas con absoluta libertad y actuar con la mayor rigidez, sin considerar para nada lo que puede ser llamado condición humana y opinión pública.
Lo efectivo es que en Chile el ahorro no se ha fomentado en forma debida. Por eso, resulta más extraño aún el hecho de que algunos grupos políticos incluso algunos de nuestros pensadores y profesores no hayan aprobado en forma decidida la iniciativa enviada anteriormente por el Gobierno, en la cual se establecía, precisamente, la creación del factor de ahorro y estímulo, tendiente a cambiar o a completar el cuadro de transformaciones, y a modificar la estructura de la propiedad.
El Honorable señor Baltra fue mencionado el día de ayer como Ministro actuante en un Gobierno. Como es natural, Su Señoría expresó que como, efectivamente, la economía cambia, también ha cambiado su pensamiento. Por mi parte, pienso que ello nos ocurre a todos. Los hechos y una serie de circunstancias y de conocimientos nuevos; todo, en suma, va cambiando. Pero, eso sí, evidentemente, dentro de este cambio, subsisten hechos y valores permanentes, constantes y significativos, y ellos no valen sólo respecto de los políticos, sino también de los pensadores y profesores universitarios.
Tengo a la vista un libro titulado "Crecimiento de América Latina", escrito por el Honorable señor Baltra diez años o más después de su paso por el Ministerio de Economía. ¿Qué nos dice en su análisis final, que es una especie de mensaje, donde resume, en verdad, todo un análisis muy interesante sobre una cantidad de fenómenos económicos y sociales de este país? Expresa: "Para que el crecimiento económico alcance la etapa decisiva en que pueda sustentarse por sí mismo, es preciso que la sociedad cree nuevas instituciones, costumbres, actitudes y conductas, que satisfagan una doble finalidad: Primero, que parte apreciable del mayor ingreso se ahorre y, segundo, que este ahorro se oriente hacia inversiones convenientes desde el punto de vista de la productividad social".
Apoyar, pues, toda una política que significaría el ahorro, formaba parte del pensamiento claro del profesor universitario que, desde su cátedra, pedía, con toda razón, analizar el problema de Chile con frialdad y no con pasión política.
Por eso, resulta extraño, sin duda, que, ante medidas tan decisivas como las que se planteaban en aquel proyecto, apodado de los "chiribonos", se haya realizado precisamente toda una campaña electoral por un hombre que piensa en la forma que acabo de mencionar; o sea, para que no se pudieran llevar a la práctica, en forma dinámica y efectiva, tales programas de ahorro, de evolución y de traspaso de la propiedad.
El señor GOMEZ.-
Ahorro, sí; "chiribonos", no.
El señor PALMA.-
Termino solicitando la inserción de los gráficos a que hice referencia.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se insertarían los documentos solicitados por el Honorable señor Palma. Acordado.
Los documentos cuya inserción se acuerda, son del tenor siguiente:
GASTOS EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA (CUADRO 1).
GASTOS EN RELACIÓN A LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA (CUADRO 2).
El señor BALTRA.-
Señor Presidente, he sido aludido personalmente y pido un minuto para contestar.
El señor AGUIRRE DOOLAN.
Con cargo al tiempo del Comité Radical y con la venia del Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-
Deseo saber si podría tomarse el acuerdo de prorrogar la sesión, a fin de exponer algunas ideas que tengo preparadas.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Para ello, se requiere la unanimidad de los Comités.
¿Habría acuerdo para prorrogar la sesión por un cuarto de hora?
El señor FUENTEALBA.-
Estábamos en el supuesto de que la sesión terminaría a la una. No podríamos tomar, entonces, el acuerdo sugerido, pese a que nos interesaría escuchar ahora al Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-
¿A qué hora corresponde celebrar la próxima sesión?
El señor ALLENDE (Presidente).-
A las tres y media, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.
El señor BALTRA.-
Mi estimado colega el Honorable señor Palma ha citado una frase de mi libro titulado "Crecimiento de América Latina", que continúo suscribiendo. En efecto, sostengo que el progreso de un país requiere del ahorro; pero lo importante es saber de dónde se extrae el ahorro.
La señora CAMPUSANO.-
Eso es, justamente.
El señor BALTRA.-
No estamos de acuerdo en que el ahorro se extraiga de aquellos que apenas perciben ingresos suficientes para mantener el mínimo de bienestar propio de una sociedad civilizada, en circunstancias de que el país dispone de excedentes económicos potenciales apreciables, que no se tocan. No se tocan los de la gran minería del cobre ni los de monopolios, ni los que hay en los bancos.
Obra en poder de la Comisión de Hacienda un estudio elaborado por la Federación Bancaria de Chile en el que se consignan cifras muy importantes, relativas, no sólo a las asignaciones acordadas a los directores de las instituciones bancarias o a las ganancias de esas entidades, sino también a las cantidades de dinero que los directores de bancos consumen ostentosamente.
El informe en cuestión analiza, por ejemplo, lo que representa el gasto anual de trescientos directores, en el rubro almuerzo. Repito que el informe fue presentado a la Comisión de Hacienda del Senado con la firma responsable de don Manuel Matamoros, presidente de la Federación Bancaria de Chile.
En ese estudio se expresa que trescientos consejeros de los institutos bancarios, gastan anualmente en almuerzos 5.400.000 escudos; y Eº 3.600.000 en viajes dentro del país; que lo invertido en la compra de 150 automóviles para los directores significa Eº 7.500.000; y que los mencionados directores gastan Eº 7.200.000 en viajes al exterior. O sea, los gastos suntuarios de trescientos directores de bancos suman Eº 23.700.000 al año. ¡He ahí un ejemplo de excedentes económicos potenciales que pueden orientarse hacia los fines de ahorro que requiere el país, de acuerdo con las conclusiones de mi libro citado por el Honorable señor Palma, que yo suscribo hoy íntegramente!
El señor ALLENDE (Presidente).-
Se levanta la sesión.
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