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El señor ALLENDE (Presidente).-
Así se hará.
Acordado.
Deseo recordar al Honorable señor Bossay que en la reunión recién celebrada por los Comités, se acordó citar a sesión especial para el martes próximo, de 10 a 14 horas, a fin de tratar problemas políticos, e invitar al señor Ministro del Interior para que concurra acompañado de los demás Secretarios de Estado que deseen venir.
Ofrezco la palabra.
El señor RODRIGUEZ.-
Señor Presidente, a mi juicio el Senado, en este cuarto trámite constitucional, deberá insistir en el criterio global que mantuvo en el segundo y que mejoró sensiblemente este mal llamado proyecto de reajustes.
La verdad es que el tercer trámite de esta iniciativa ha significado insistir, por parte de la mayoría oficial existente en la Cámara de Diputados, en todo el carácter regresivo e injusto del proyecto presentado por el Gobierno. Como ya lo apuntaba el Honorable señor Bossay, se ha repuesto el odioso sistema de los bonos CORVI, el que había sido reemplazado con eficacia por el Senado, mediante la confluencia de diversas iniciativas -de los Honorables señores Luengo y Bossay y del que habla-, para pagar en dinero el 7,57o que el Gobierno insiste en cancelar en valores reñidos absolutamente con las prácticas modernas y los compromisos internacionales en materia de legislación laboral, que obligan a pagar en dinero efectivo a los trabajadores. En nuestra opinión, el criterio del Gobierno de insistir en ese sistema, representa un zarpazo serio para los trabajadores, pues se los obliga a efectuar un ahorro forzoso que sus miserables condiciones de vida no les permiten realizar.
Por otra parte, en la Cámara de Diputados ha insistido la mayoría oficial en desconocer el Acta Magisterial, solemne compromiso contraído con los maestros y que ha sido la causa principal del serio conflicto que compromete aproximadamente a cincuenta mil maestros que en estos días libran un duro combata por reinvindicaciones concretas. No cabe duda de que las proposiciones hechas por el señor Ministro de Educación durante las negociaciones iniciadas con la directiva nacional de la Federación de Educadores, están muy distantes de acercarse siquiera a aquel compromiso, que se transformó en ley de la República: la Nº 16.617. Contrariamente a lo que afirma el Gobierno, el movimiento magisterial es unánime y cuenta con el respaldo solidario y humano da la inmensa mayoría de la población, expresado en sus municipios populares, en sus organizaciones sindicales, en el apoyo masivo de los estudiantes, que se han apoderado de los locales escolares, y en la corriente de ayuda material que significan las ollas comunes que, como protesta, se han levantado en todas las ciudades del país.
Ha quedado de manifiesto también, en el curso del debate suscitado por este proyecto de ley, que el Gobierno no cumplió su compromiso con las Fuerzas Armadas. Cuando reemplacé al Honorable señor Bulnes Sanfuentes en la presidencia de las Comisiones unidas, pregunté en forma perentoria al señor Subsecretario de Guerra si el Gobierno había, adquirido algún compromiso con aquellos institutos. El señor Subsecretario me respondió textualmente que sí. Pero todo fue en vano, pues tal afirmación fue desmentida, posteriormente, por el señor Ministro de Hacienda.
Es decir, el Gobierno violó los compromisos contraídos con el personal de Correos y Telégrafos y con el magisterio; y tampoco ha cumplido el que contrajo con las Fuerzas Armadas, lo que ha sido, según las informaciones de prensa de que disponemos, una de las causas fundamentales de la crisis. He insistido, sin suerte, por el obstáculo alzado en la disposición reglamentaria que nos impide tratar en esta ocasión materias ajenas al proyecto, en que estimaba útil una información oficial del Gobierno sobre la crítica situación nacional. En diversas formas, el Ejecutivo ha estado utilizando el problema de las Fuerzas Armadas para afianzar su posición regresiva y desnaturalizar su compromiso con los gremios. Tras el fantasma golpista, trata de modificar el cuadro político nacional, en primer término para reforzar la "mano dura" que tanto agrada al señor Ministro del Interior, aquí presenté, que no tiene ductibilidad para tratar los problemas y que estime la única política sabia la del garrote, de la intimidación. Inclusive, lograda en el día de ayer la solución del conflicto de Correos y Telégrafos, quiso tender una gran trampa al personal: la de no retirar las querellas ni los sumarios. Pues bien, tal propósito estuvo a punto de malograr el acuerdo a que arribó con bastante diligencia -lo reconozco- el Diputado señor Sanhueza.
El fantasma del "golpe" se está utilizando para enervar la capacidad de lucha de nuestro pueblo, de nuestras organizaciones sindicales, y para relegar a segundo término la justa solución del problema del magisterio; como también para encender fuegos renovados en contra del Senado, que ha sido, por así decirlo, al margen de las consideraciones que puedan hacerse sobre las instituciones burguesas, un bastión defensivo en materia de libertades públicas y en el amparo legítimo de los gremios y las organizaciones sindicales. Contrariamente a lo. que supone la publicidad del Gobierno, ha estado transitoriamente radicada en este recinto la posibilidad limitada de esas defensas elementales para nuestra población.
Como lo manifestaba en reunión de Comités, se hace una serie de comentarios; se habla de que en el pliego deliberante de las Fuerzas Armadas surgen críticas al Congreso y, en particular, contra el Senado por la demora en despachar el proyecto de reajustes. Es conveniente, como decía el Honorable señor Bossay, esclarecer tales afirmaciones y deslindar, en el debate próximo, la responsabilidad de cual. Entonces se verá la gigantesca irresponsabilidad del Gobierno, que envió al Congreso un proyecto de reajustes que fue derrotado por las fuerzas populares, por la resistencia gremial, iniciativa que se transformó en otra, que, sin duda alguna, fue más mala que la primera, pues en ella se desnaturalizaron incluso, las ofertas iniciales hechas respecto de las Fuerzas Armadas.
En la Cámara de Diputados, en obedecimiento a la política de "mano dura" del Gobierno, acaba de ser elegido Presidentedon Héctor Valenzuela Valderrama, Diputado llamado curiosamente "el Sotana", quien, con excesiva soltura, anunció que su gran programa de trabajo era la disolución del Senado.
El señor LUENGO.-
¡Y ahora es Presidente de la Cámara de Diputados!
El señor RODRIGUEZ.-
Y tendremos que soportarlo, desde el punto de vista de las relaciones oficiales.
El señor PABLO.-
¡Nosotros soportamos a Sus Señorías!
El señor RODRÍGUEZ.-
Ojalá que los Comités del Senado adopten alguna actitud respecto de un hombre que, exaltado a un cargo de representación democrática, empieza por decir que no le agrada esta Corporación y que lo único factible sería disolverla.
¡Y para qué hablar de los comentarios de otros personeros del Gobierno!
El hecho central es que el balance de la situación actual indica que el Senado -insisto- tiene la obligación moral y política de restablecer, en primer lugar, sus proposiciones iniciales; en segundo término, eliminar, en los preceptos relativos al profesorado, toda disposición que signifique incumplimiento del Acta Magisterial; en tercer lugar, dejar en evidencia que el problema de las Fuerzas Armadas surge también como incumplimiento por parte del Gobierno de sus proposiciones y ofertas
iniciales, y, por último, señalar que algunas personas, dentro del Ejecutivo y fuera de él, están utilizando este problema precisamente para hostigar en mayor grado a las fuerzas populares, a las organizaciones gremiales y al proletariado en su conjunto, y para plantear la expectativa golpista como la gran cuestión que debemos resolver.
Los socialistas -lo hemos dicho más de una vez- somos contrarios a cualquiera aventura golpista y la combatiremos, pues por lo común esos movimientos obedecen a causas reaccionarias o profascistas. Pero no por la amenaza de un "golpe" estamos dispuestos a olvidar nuestros deberes para con el pueblo y las organizaciones sindicales. Y en la primera urgencia de nuestras tareas, está la obligación de defender y amparar a los gremios en conflicto.
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