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- rdf:value = " El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).-
¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del segundo discurso del señor Valdés, don Arturo.
Tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor SILVA ULLOA.-
¿Me concede algunos minutos, colega?
El señor BARRIONUEVO.-
Dispongo de poco tiempo, Diputado.
Señor Presidente, sin duda que dos Senadores por Atacama y Coquimbo, la señora Julieta Campusano y el señor Tomás Chadwick, han patrocinado estas disposiciones porque en la primera de esas provincias existe un tremendo abuso en materia de concesiones de patentes. Lamentablemente, no se hizo ninguna diferencia entre el pequeño minero, el mediano minero y la gran minería. Fue todo en un solo "paquete".
Yo he vivido de cerca los problemas de la minería durante toda mi existencia y represento a Atacama, la provincia más minera de Chile; solamente en Tierra Amarilla tenemos siete mil mineros. En todos mis recorridos por la zona he recibido la protesta general, especialmente de los pequeños mineros, que se ven amagados con estas modificaciones. Porque a todo minero le gusta trabajar, buscar su "derrotero", como lo llaman allá, y una vez que acaba de realizar toda clase de sacrificios, cerros arriba, con hambre, con frío, descubre el yacimiento y lo prepara; y esta persona no podría trabajarlo en las condiciones aprobadas por el Senado, porque el precio del cobre tiene oscilaciones en el mercado internacional. En determinado momento, un minero está explotando una mina de cobre a 50 centavos de dólar la libra de metal, porque le conviene trabajar a este precio. Pero, de repente, baja esta cotización en el mercado internacional, como ha sucedido varias veces, problema que la Cámara ha analizado en sesiones especiales. Al minero no le es posible continuar los trabajos a este costo, razón por la cual abandona la mina. Con estas disposiciones, el minero perderá su mina en un lapso de cinco años. Tendrá, entonces, que buscar otras minas. Si sube el precio de la plata, cateará minas de este metal o de oro u otros minerales, según los casos. En consecuencia estas modificaciones no son procedentes. Por eso, lamentarnos que no se haya consultado a las bases de los mineros sobre estas disposiciones.
La Comisión de Minería adoptó el acuerdo y, más que eso, contrajo el compromiso moral de antes de considerar cualquier proyecto, consultar previamente a los mineros auténticos, a los que explotan las minas, no a esos que "trabajan" en las notarías. Indudablemente, las indicaciones presentadas por esos dos Senadores tienen también la virtud de terminar con los "abogados de notarías", quienes esperan que un minero verdadero, que trabaja en un cerro, se descuide y no pague oportunamente sus patentes para pagarlas ellos y quedarse con la mina.
Sin duda alguna, hay que modificar el Código de Minería; pero la iniciativa correspondiente tiene que ser estudiada por la Comisión técnica. El minero tiene que ser escuchado; tenemos que recorrer las zonas mineras para conversar con el hombre de trabajo y conocer su opinión, ya que él es quien mejor conoce, en el terreno mismo, la realidad de sus problemas. Deseamos que se legisle teniendo en vista estas cosas. Por ejemplo, la "Compañía Minera Atacama" solicitó autorización para explotar el yacimiento de hierro "Adrianita". Se entusiasmó con las franquicias actuales y pidió la reserva de 60 kilómetros cuadrados. Pero, con ello, está impidiendo que los pequeños mineros explotan en esas sierras los yacimientos de cobre que en ellas existen.
Contra problemas como ésos tenemos que legislar necesariamente. Pero no podemos hacerlo con modificaciones propuestas en un momento en que la minería de mi provincia, que conozco muy bien, se encuentra en una situación de zozobra. No cuenta con créditos adecuados, por ejemplo, ni se paga oportunamente al minero el mineral que entrega.
En fin, la política minera es equivocada. No hay fomento para esta actividad, por mucho que se diga lo contrario. Soy Diputado de Gobierno, pero ésta es la triste verdad.
Los parlamentarios tenemos la obligación de preocuparnos de provincias como la de Atacama, que yo represento. Ella no tiene otros ingresos, pues es monoproductora de materias primas, que exportamos para dar trabajo a obreros de otros países. Los 8 millones de toneladas de hierro que se exportan por los puertos de Chañaral, Caldera y Huasco van a dar trabajo a las fundiciones y a las industrias manufactureras de otras, naciones. Sin embargo, de las riquezas que producimos, una parte se va al extranjero y la otra viene a la capital u otras grandes ciudades, y no queda nada para el hombre que la trabaja, para el minero.
¿Cómo vamos a pegarle este zarpazo?" ¿Cómo vamos a dejarlo en el aire, diciéndole: "Si esta mina no la trabaja como corresponde durante cinco años, está expuesto a perderla?" En efecto, así ocurrirá, porque la facultad que consagra esta iniciativa es muy amplia. El minero de mi zona no está en condiciones de trabajar en esa forma. El hombre, repito, busca su mina, la trabaja como puede; a veces no paga la patente oportunamente, porque la Empresa Nacional de Minería le debe el precio de sus minerales; pera lo hace a los pocos días de haber vencida el plazo. Mientras tanto, ha llegado el abogado o el tinterillo que le ha usurpado la mina. Este es el peligro que veo. Estoy hablando sobre una realidad, de acuerdo con lo que veo en mi provincia.
Debemos buscar la fórmula adecuada para legislar, a fin de terminar con estos vicios que acabo de señalar; pero nos vamos a oponer a estas modificaciones, por estimar que ellas lesionan gravemente los intereses de los mineros, especialmente de los pequeños.
Si el cateador descubre un yacimiento, sólo necesita, con el actual régimen, presentar un escrito al Juzgado, con lo cual ya adquiere un derecho sobre el mineral. Por un sistema relativamente simple, puede llegar a mensurarlo e inscribirlo para lograr la pertenencia, aunque para ello, tenga a veces, que negociar un porcentaje de la misma.
El pequeño minero no está en condiciones de solventar con sus propios recursos, una inversión acelerada de reconocimiento, para establecer la ley de los, minerales y la continuidad de esa mineralización. Tampoco tiene los dineros necesarios para financiar los trabajos en galerías o piques destinados a cubicar el yacimiento en un plazo reducido, coma tampoco para los estudios metalúrgicos, para encarar la construcción de caminos o de plantas de beneficio, que puedan transformar su hallazgo en una realidad económica.
Lamento tener que rechazar estos artículos, pues como Diputado por una zona que vive única y exclusivamente de la minería, he creído siempre que debemos modificar el Código de Minería; pero, cuando queramos hacerlo, será necesario consultar antes a los mineros cuyas opiniones deben ser estudiadas por las Comisiones, porque modificar el Código de Minería es algo delicado.
En mi provincia hay miles y miles de minas y se pueden descubrir muchas más. Podemos, indudablemente, incrementar la minería cuando existan estímulos y una política netamente minera. Tengo que ser muy honrado y decir que esto no ocurre en este régimen, que yo apoyo. Esto ha sucedido siempre en mi provincia, en gran parte porque ella no tiene más que dos Diputados, y los Senadores por la zona sólo trabajan por Coquimbo y no por Atacama, provincia que, como la de Magallanes, no tiene mayor representatividad en esta rama legislativa.
Señor Presidente, celebro mucho que la Cámara tenga conciencia de que estas indicaciones lesionan los intereses de la pequeña minería de mi provincia.
Por lo tanto, agradezco anticipadamente a la Cámara el rechazo de esta indicación, porque sé que ella va a causar un daño tremendo a la minería, que ya se encuentra en estado caótico por la mala política seguida.
"
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