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- rdf:value = " El señor STARK (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).-
Señor Presidente, los Diputados nacionales estimamos que la prórroga del impuesto patrimonial constituye evidentemente, un engaño a los contribuyentes del país, a los cuales se les prometió que éste sería un sacrificio transitorio, que se aplicaría por espacio de 3 años solamente.
Pero, más que ello, nos preocupa que se afecte en forma seria, se distorsione la economía del país y se produzca el desaliento respecto a los ahorros, precisamente entre aquellos que, en estos momentos, de acuerdo con los islanes del Gobierno, deberán hacerlo ahora, a través de la ley de reajuste, en forma forzosa y obligatoria.
Las múltiples legislaciones que el Gobierno ha ido proponiendo al Congreso han significado, evidentemente, la aplicación de una política que ha repercutido sobre la confianza del sector empresarial y, en general, del sector contribuyente, como asimismo sobre su voluntad de coadyuvar a la capitalización del país.
Esta situación se agrava precisamente por la medida que propone ahora el Ejecutivo de prorrogar la vigencia del impuesto patrimonial, sobre todo -lo que es más delicado- por la circunstancia de alcanzar un rendimiento de muy escaso monto, puesto que -según entendemos- con esta prórroga el Fisco se beneficiará sólo en 100 millones de escudos.
Este sacrificio de los contribuyentes, cuyos resultados, en realidad, podemos estimarlos pequeños, no significan nada, sin embargo, frente a la desconfianza que él trae aparejada en toda la economía nacional.
La política seguida por el Gobierno a través de sus iniciativas de orden legal nos inducen a pensar que lo único que se propone es imponer el ahorro forzoso a los contribuyentes, el cual, a su vez, es la manifestación más evidente y palmaria del fracaso de esa política. Lo más lamentable en este aspecto es que el impuesto patrimonial que, como recordarán los señores Parlamentarios, en su origen fue destinado precisamente a obras de capitalización del país, se destine esta vez a objetivos eminentemente burocráticos, como son los de servir el déficit del presupuesto de gastos de la nación. Esto tiene importancia porque -lo quiero recordar en esta oportunidad- cuando discutimos la ley de reconstrucción que benefició a las provincias de Valparaíso y Aconcagua, a raíz del terremoto del año 1965, se modificaron las normas del impuesto patrimonial que ya se habían ciado con anterioridad y ¿qué se nos dijo entonces? Se nos dijo que se modificaban los mínimos de presunción y otras normas que en este momento no alcanzo a puntualizar, precisamente para destinar el rendimiento del impuesto a obras reproductivas que se realizarían, fundamentalmente, en la zona devastada. Incluso se señaló en el artículo 90 de la ley, según recuerdo, que se elaboraría un plan general de desarrollo para esa zona.
Sin embargo, hasta el momento, jamás se ha elaborado ni tampoco considerado este plan por la Corporación de Fomento de la Producción ni se han destinado los fondos provenientes del impuesto patrimonial dedicados a realizar obras en la zona devastada a consecuencia de los sismos de 1965.
Es indispensable modificar el sistema impositivo que rige en el país. Entre 1964 y 1967, los impuestos directos han subido en un 76,3%, lo cual está copando la capacidad del contribuyente. Como si esto fuera poco, la disposición del proyecto de reajustes que obliga a las empresas a destinar el 66% de sus utilidades a capitalización, significa un nuevo golpe para el sector productor. En efecto, si consideramos que, además, deben destinar el 20 y el 10% a sindicatos de empleados y obreros y el 5% a viviendas, es imposible que puedan capitalizar y, al mismo tiempo, puedan entregar a sus accionista la justa utilidad que les corresponde por el capital invertido en las empresas. Además, estas disposiciones se contraponen con el proyecto de ley sobre sociedades anónimas, despachado recientemente por esta Honorable Cámara, en el cual se establece que debe reservarse el 33 o el 35% de las utilidades -no recuerdo exactamente- para distribuirlo entre los accionistas.
Como lo demostraremos durante la discusión del proyecto de reajustes, es necesario modificar efectivamente esta política tributaria para permitir que el país pueda ahorrar, de acuerdo a los deseos del Gobierno, sin necesidad de obligarlo, como lo quiere hacer, a través de la legislación propuesta.
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