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- rdf:value = " El señor SOTOMAYOR.-
Señor Presidente, al presentar, hace dos años, a esta Corporación, acompañado por las colegas señoras Dip, Retamal y Paluz, y los señores Stark y Montt, una moción por la que se hacía justicia a todos los trabajadores de empresas pequeñas, para que quedaran afectos a la llamada Ley de Semana Corrida, lo hicimos por un imperativo moral de verdadera justicia social y laboral, sin pensar jamás que una moción tan corta y simple fuera a demorar más de dos años en ser ley.
En efecto, la ley 8.961, de julio de 1948, otorgó el pago de los días domingos y festivos a los obreros, siempre que hubieran trabajado los restantes días hábiles de la semana. Esto vino a equilibrar en algo la diferencia entre empleados y obreros, reconociendo a éstos el derecho al descanso pagado, conquista que los empleados ya habían obtenido hacía bastantes años.
Posteriormente, cuando, durante el Gobierno del Presidente Ibáñez, haciéndoles también justicia a los obreros, se les otorgó la asignación familiar, de la que carecían, se dispuso que les sería pagada a todos aquellos que tuvieran derecho a la semana corrida. Con esta conquista se les igualó también con los empleados.
Pero, sin duda, la ley 8.961 y posteriormente el artículo 323 del Código del Trabajo, hicieron una gran excepción: que la semana corrida sólo beneficiara a los obreros de aquellas empresas en que trabajaran seis o más de ellos. En cambio, si había cinco obreros o menos, no quedaban afectos a la semana corrida. Asimismo, dejaban de recibir la asignación familiar por esos días, quedando, en muy pocos casos, en condiciones de recibir todo el mes de familiar, como fue la idea con que se creó la asignación familiar obrera: que ellos la recibieron por todo el mes si hubieran trabajado 25 días o más.
Esta injusticia ha regido prácticamente veinte años. Ha sido este parlamentario, quien también pidió y obtuvo una ley de no pago de contribuciones fiscales por las casas de la gente pobre, el que, acompañado por parlamentarios democratacristianos, presentó a esta Cámara este proyecto, para que todos los obreros reciban los mismos beneficios, y no sólo los que tienen la suerte de trabajar en una empresa mayor sean los favorecidos en forma tan discriminada.
Por eso, por acuerdo unánime de los Comités Democratacristianos, vamos a votar en contra del veto del Ejecutivo, que inicia parcialmente este beneficio desde mayo de 1968 y lo hace total desde septiembre. Nos parece que casi veinte años de injusticia son más que suficientes para los obreros de empresas pequeñas. Por eso queremos que la ley rija desde ahora. Hemos levantado una bandera de justicia social y la estamos cumpliendo como nadie lo ha hecho antes, por lo que rechazaremos este veto.
Como tampoco aquí se ha dicho, quiero que quede bien en claro que lo que más perjudica a los obreros es el no pago del mes completo de la asignación familiar, como ya lo he descrito. Porque cuando se les paga la semana corrida, este día también rige para la asignación familiar. Aquí, tal como lo ha puesto el Ejecutivo, al pagarles medio día, se les hace perder el beneficio del derecho a la asignación familiar.
Por eso, vamos a rechazar el veto del Ejecutivo.
Nada más.
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