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El señor LORCA (don Gustavo). -
El proyecto de ley sobre reajuste a los sectores público y privado qué ha enviado el Ejecutivo para su despacho por el Congreso Nacional, envuelve la solución de uno de los problemas más graves que se han planteado en el ámbito económico, ya que lleva implícitamente la proyección de una política de nueva estructura que podría significar, lisa y llanamente, la destrucción, en muchos aspectos, de nuestro régimen legal.
¿Qué significa en los hechos concretos que parte del reajuste de los sueldos y salarios vaya a incrementar un llamado Fondo de Ahorro Nacional? ¿Lleva a la conclusión de que empleados y obreros, titulares de esos fondos, van a ser verdaderos dueños de tales dineros? ¿Es cierto que se recuperan con esta idea, como se ha sostenido por el Gobierno, las fórmulas capitalista y marxista, para dar paso a un sistema ideal para ellos, que vendrá a solucionar todos los males del país? ¿Será cierto que, como se sostiene, se trata del inicio de una nueva etapa de prosperidad económica?
Todas estas interrogantes y otras muchas más podrían hacerse o se hacen ya por el Gobierno para tratar de convencer a la opinión pública y al Congreso, acerca de las ventajas de este proyecto.
Pero cabe preguntarse, a su vez, dos cosas que son evidentes y que la fuerza de los acontecimientos y la triste experiencia de estos tres años nos indican.
¿No será este proyecto y la idea contenida en él la culminación de un proceso de descalabro económico? ¿O no será la iniciación de una nueva etapa en que, acentuándose aún más el proceso interventor del Estado, nos conduzca precisamente a lo contrario que dice pretender el Gobierno?
Creemos, por nuestra parte, que, aún cuando se sostenga que estas novísimas ideas hubieran querido aplicarse desde antes, jamás se insinuó en ninguna oportunidad esa posibilidad en términos que la ciudadanía captara plenamente tales objetivos, y de ahí la reacción violenta en muchos casos que su planteamiento ha traído, al conocerse las verdaderas dimensiones de su estructuración.
Todo podía esperarse de este Gobierno: ha camuflado los verdaderos objetivos de su acción; ha distorsionado lo que antes sostuvo y que ahora no puede mantener por ser lógicamente contrario a las normas más elementales del sentido co-
mún. En su programa dijo explorar, aunque vagamente, todos los aspectos de la vida nacional, dándolos por resueltos, según sus voceros, en una verdadera baraja, como ahora se dice, de luminosas respuestas a las inquietudes colectivas, bajo la presión de los mil "slogan", fruto de sus cerebros propagandísticos, con que se nos ha tratado de convencer, sin conseguirlo por cierto, a fin de crear conciencia a su favor. Pero lo que nadie pudo imaginar razonablemente, es que después de basar toda su acción económica en un principio en favor de los trabajadores, cual es el reajuste de sus sueldos y salarios en el 100% del alza del costo de la vida, deban, ahora, proponer la necesidad de no hacerlo y recaben del Congreso el apoyo para que se cercenen esos reajustes y se cree un dudoso bono, como pago de parte de ellos. Ingenioso subterfugio para revelar al país que "deben quemar lo que ayer adoraron".
Pero los trabajadores y el país entero, que saben a lo que conduce una política llena de renuncios y contradicciones, que ha llevado a la economía nacional de tumbo en tumbo, han reaccionado como tenía que acontecer cuando un Gobierno no ha sido claro ni certero en el diagnóstico ni atinado en sus recetas inspiradas en improvisaciones y graves errores.
Nadie podría negar su concurso a un proyecto de reajuste que estuviera bien concebido y con planteamientos concretos para detener el proceso inflacionario. Nadie, con un mínimo de sentido patriótico, podría negarse a legislar si fuera racional la forma como el Gobierno debiera impulsar la legislación que requiere para esos objetivos. El Partido Nacional sostiene que es el Poder Ejecutivo el que debe indicar, orientar y precisar al Congreso Nacional tal política, ya que es el único responsable de la conducción financiera del Estado.
Una cosa muy distinta es que se pretenda, a pretexto de descontar parte del
reajuste, crear formas y estructuras jurídicas que significan un cercenamiento de la actividad económica y un evidente perjuicio para aquellos a quienes se pretende favorecer. No puede el Congreso hacerse cómplice de un atentado como éste, cuando ni siquiera sabemos cuáles serán las líneas matrices de la acción rectificadora del Gobierno acerca de su política fiscal, que es a la cual se pretende integrar este inmenso caudal de dineros que, con dudoso destino, se saca del bol-silol de los trabajadores y de la actividad privada.
Pero, a mi juicio, la otra conclusión lógica y racional que se deduce del planteamiento del Gobierno es que se ve, en estos momentos, compelido a instar la aprobación de este proyecto de ley, porque el proceso que yo señalaba, de deterioro y quebranto de la actividad económica, está arrastrando a todos los sectores, por haber destruido, no podría decir si consciente o inconscientemente, la confianza, como motor formidable de progreso general.
¿Qué otra cosa podía esperar el Gobierno cuando, por medio de sus propias iniciativas, ha ido creando incertidumbre de desconfianza, ha destruido todo estímulo en los hombres de trabajo, y hasta el sentido de responsabilidad general, al propiciar la destrucción del derecho de propiedad, al crear el llamado impuesto patrimonial por un tiempo limitado y, luego, al prorrogarlo injustamente, cuando antes sostuvo que, sería eminentemente transitorio; cuando ha prometido hacer cien mil propietarios y no existe uno solo nuevo; cuando ha prometido hacer 360 mil casas y, a mitad de su mandato, ni siquiera puede exhibir la mitad de la mitad de esa cifra; cuando los valores significativos de la actividad empresarial y dinámica que van a integrar buena parte de los ingresos fiscales están disminuidos a límites despreciables; cuando contratan 26 mil nuevos funcionarios elevan-
do los gastos públicos en términos que no tienen precedente en la historia del país;
El señor GIANNINL-
Se trata de nuevos servicios, colega.
El señor LORCA (don Gustavo). -
.. .cuando se endeuda en el extranjero a razón de 192 millones de dólares anuales, cuando, por fin, trata de destruir los pocos ¡incentivos que van quedando para evitar el derrumbe de la construcción ha-bitacional ?
Cabe preguntarse: ¿qué quiere entonces, este Gobierno? ¿Espera que le creamos que desea dar tranquilidad y confianza, cuando con hechos y actitudes reiterados nos ha demostrado que él y su partido sólo están empeñados en destruir la armonía, la estabilidad y la confianza, único y fundamental motor para poder fundamentar una economía dinámica, seria y productiva? Y, así, se nos pide ahorro, cuando la inmensa masa ciudadana está abrumada por tributos que no tienen ya cómo solventar.
Fuertes sectores del partido de Gobierno pretenden implantar el programa llamado "de la vía no capitalista de desarrollo", conjunto de ideas informes y sin sentido positivo, que nadie aún ha podido desentrañar en su verdadero espíritu y que no ha sido aplicado en ningún país del mundo; pero que constituyen principios del confuso y abigarrado programa del régimen. Frente a él se llega, evidentemente, a la penosa conclusión de que la falta de una definición precisa en materia doctrinaria, filosófica y económica, que caracteriza el punto de partida de las reformas llamadas estructurales, ha conducido al país a las más contradictorias situaciones que confunden a la opinión pública y distorsionan la realidad.
El Gobierno se ve impulsado a buscar ahora el camino del ahorro obligatorio. Mientras este régimen es responsable de haber destruido la confianza y las fuentes normales del ahorro y del progreso colectivo, pretende obligar a ahorrar. Es-
ta no es más que la demostración de su propio fracaso.
Resulta pintoresco, por tanto, que después de haber aniquilado los principales cauces del ahorro privado y voluntario, se imponga un ahorro forzoso. El Estado arranca fondos del sector privado, que está descapitalizado, sin créditos y con utilidades progresivamente disminuidas, para destinarlos a saldar su déficit o a hacer inversiones en el sector público, el cual ya tiene, según las propias declaraciones del Presidente de la República, un 75% de la inversión total del país. Pero, además, al Estado se le permite pagar en bienes lo que será una brecha abierta incluso para aumentar los gastos públicos y para realizar toda clase de manejos indebidos que, incluso, pueden perjudicar a los ahorrantes que aportan el dinero.
Pero hay algo que es más grave aún. El proyecto es abiertamente inflacionario, ya que sería pueril negar que todo este exceso de ahorro no fuera a recargar los costos, lo que lógicamente repercutirá en los precios, con el alza consiguiente que deberá pagar la masa consumidora. Parado jalmente, por ello se grava más todavía a los contribuyentes o empresarios que ya no tienen capacidad para tributar a la caja fiscal, como lo ha reconocido el señor Ministro de Hacienda, quien ha agregado "que no podrá removerse ni reducirse ninguno de los gravámenes que recaen sobre la renta de] capital". De este modo, el nuevo camino significa una política discriminatoria en contra del capital formado precisamente, con ahorros a través de largos años, que maneja el sector privado y que el Gobierno considera, al parecer, como un elemento esencial para el progreso económico.
Todo esto tiende, en general, a crear un fondo de capitalización estatal, junto con el debilitamiento de la economía, que funciona dentro de las normas actuales.
Y ya sabemos los resultados desastrosos que significan las empresas estatales, manejadas con criterio político y hoy día con sentido eminentemente partidista y de proselitismo como, sin ambages -debemos reconocerlo con pesar- se ha puesto de manifiesto por boca de la más alta autoridad del país, el señor Presidente de la República, en la reunión de Peñaflor, donde ha expresado que, si se le ayuda por su partido y se utilizan entre otros organismos al INDAP, nadie los parará ni les quitará el porcentaje de votación de 1969 y la Presidencia en 1970, según sus palabras, las que no han sido desmentidas y que aparecen en la prensa del día 7 de enero en curso.
Yo me pregunto: ¿somos todos tan ingenuos para no deducir de todo este cuadro que lo que se pretende es hacernos tragar el anzuelo de este nuevo slogan "del fondo de capitalización y de la propiedad de las empresas por los trabajadores", para en seguida "farrearse" este capital del pueblo con el objeto de favorecer sus intereses electorales?
Yo respeto al Presidente de la República, pero imagino que no es posible expresarse así, aun en el más desesperado de los casos, como era el de perder la votación en la Junta de su partido, y que jamás debió pronunciar esas palabras que dejan de manifiesto y al desnudo algo que no debió emanar de él ni de sus estrategas y dirigentes.
También inquieta el que hoy se esté pidiendo a los trabajadores y a la actividad privada su aporte desangrante y penoso al expresarse, también en esta Junta, que nunca se ha olvidado a este partido y que, de 168 cargos claves de la Administración Pública, sólo dos no están ocupados por militantes del Partido Demócrata Cristiano. Esto implica determinar que únicamente en este partido deben encontrarse los cerebros capaces de orientar la vida nacional, y también per-
mite suponer que esa orientación no se está realizando, como debiera, sólo con finalidades de bien general.
La formación del fondo de ahorro forzoso trae consigo problemas que conviene en esta oportunidad destacar.
Uno se refiere al excesivo control que de las remuneraciones del sector trabajo toma el Estado, y el otro se relaciona con la falta total de autonomía que tendrán, en definitiva, los trabajadores para hacer prevalecer sus legítimos puntos de vista en la inversión.
Tocante a lo primero, cabe señalar la gravedad que encierra el comprobar que, en este instante, sin tomar en cuenta el llamado fondo de ahorro, el sector público administra al rededor de un 40%, o más, de lo que recibe un trabajador.
Para comprender esto, es preciso explicar que un empresario sólo contratará a un empleado, si su aporte al producto de la empresa es, por lo menos, igual al costo de contratación. Dentro de este costo no sólo se considera lo que el empresario paga al empleado, sino que, además, lo que aquél debe aportar a la Caja de Previsión correspondiente. Por otra parte, el trabajador recibe en forma líquida su sueldo base menos su aporte a la seguridad social, los impuestos a la renta, global complementario, a las compraventas y otros.
Se han hecho estudios muy completos que llevan a la conclusión de que el Estado administra en forma absoluta la diferencia entre la remuneración de un trabajador o costo del empleador y el ingreso que aquél percibe en forma líquida, deduciéndose que son de tal magnitud los ingresos sobre los cuales sus dueños no tienen poder de decisión que oscilan entre un 52,3% y un 20,3%, como mínimo, tratándose en este último caso de obreros con salarios base de Eº 250.
El fondo de ahorro agrava aún más este desequilibrio. La diferencia que en la práctica pasaría al Estado significa una nueva expansión del control del Gobierno
sobre la actividad económica hecho que disminuye aún más la fracción del producto nacional sobre la cual puede actuar la iniciativa privada.
Por esto, de aprobarse este proyecto, a los trabajadores se les debería garantizar que la rentabilidad del fondo será por lo menos igual a la mejor alternativa que tendrían ellos de invertir los mismos recursos, como sería adquirir certificados de ahorro reajustables o cuotas para la vivienda, las cuales aseglaran la mantención del valor real de la inversión.
En el proyecto no se establece que el valor del fondo se vaya a mantener constante en términos reales, sino que se re-valorizarán las cuotas según el incremento del valor de las empresas en que el fondo sea dueño, según se establece expresamente en el artículo 38 del proyecto.
Esto nos lleva a la conclusión de que el poder estatal que se crea es de tal magnitud, que los intereses de los trabajadores serán, en el hecho, manejados sin contrapeso por el propio Gobierno.
Pero, además, los traspasos de fondos por parte del Fisco hacia las cuentas personales de los trabajadores es de temer que no se realicen con la regularidad y oportunida que se propone, ya que, de atenernos a las informaciones dadas por la ANEF y no desmentidas por el Gobierno, en estos momentos se adeuda a la Caja de Empleados Públicos la no despreciable suma de 150 millones de escudos por concepto del aporte que corresponde al Fisco en la previsión de los empleados públicos. De ahí cabe sostener que, en buena medida, sólo significa una ficción el anotar en la cuenta previsional el monto del ahorro forzoso, en lo que se refiere al sector público, en atención a que el Fisco ni siquiera ha podido cubrir hasta ahora el compromiso ya existente del costo de la previsión.
Es evidente, entonces, que sólo la actividad privada tendrá que hacer su aporte al fondo de capitalización, y estos dineros serán los que, en definitiva, servirán para
hacer las inversiones o para destinarlos a los otros objetivos que en forma un tanto extensa se faculta a realizar al Consejo y al Comité de Administración.
De ahí también que surja la segunda cuestión, al establecer si podrán en definitiva los trabajadores imponer su criterio en esta administración. Los Diputados nacionales creemos que, fuera de establecerse una costosísima administración, puesto que se trata de más o menos dos millones de cuentas individuales, y de destinarse a estos gastos el 2% de los aportes totales, al crearse un organismo burocrático de proporciones, como tendrá que ser éste, pronto nos veremos abocados a votar una simple indicación para satisfacer una demanda de aumentar el costo de administración y para dar un más expedito destino a los recursos. Este sistema es ya conocido en nuestra frondosa legislación.
Fuera de lo anterior, el mecanismo ideado del Consejo de 50 miembros y del Comité Ejecutivo harán que este último, sin mucho esfuerzo, imponga la línea que se deberá seguir, puesto que, como es obvio, un organismo más ágil y, dada su composición, con pleno conocimiento de todos los resortes del poder económico, podrá aconsejar y orientar la inversión según sea su particular punto de vista. Por otra parte, de acuerdo a los términos del artículo 36, no cabrá mucho donde elegir, puesto que allí se señalan, desde ya, las formas y condiciones de la inversión.
Tememos, y con razón, que vuelva a repetirse lo que pasa, precisamente en estos momentos, en la Caja de Previsión de Empleados Particulares, donde los préstamos de auxilio han quedado reducidos a sólo un 30% de los fondos acumulados por los imponentes, en circunstancias que, anteriormente, estos préstamos podían solicitarse hasta un 50%. Esto hará imposible que los imponentes de esa Caja puedan obtener préstamo alguno sin una espera de dos años o más, debiendo pagarse por anticipado los intereses respecti-
vos y justificar plenamente, con certificados y demás, las razones que se tuvieron para presentar la solicitud de préstamo.
Cabe destacar también, con relación a los empleados particulares, la determinación, a nuestro juicio inconsulta, de destinar a otros fines totalmente diversos los excedentes de la asignación familiar, sin considerar para nada los legítimos intereses de este .esforzado gremio de funcionarios.
Esto plantea, a nuestro juicio, y con mayor razón en el caso del fondo de ahorro, la absoluta irresponsabilidad de los que administrarán estos recursos, ya que, estando formado por dineros ajenos y, en algún sentido, públicos, ningún organismo controlará las inversiones, y la cuenta que deberán rendir estos administradores puede quedar en la sola esperanza de los trabajadores. Esto es particularmente grave, ya que sabemos que en muchos aspectos está reinando la más completa arbitrariedad, incluso en la propia Administración Pública, para adoptar resoluciones que lesionan gravemente los intereses de los ciudadanos. Llamo la atención a este respecto, ya que sabemos, además, cómo se pierden los dineros en las llamadas empresas estatales, sin que nadie responda, como legítimamente debería exigirse, de estos desvarios económiéos que pagan todos los contribuyentes.
Ahora bien, ¿puede el país tener plena confianza en esta nueva política y cree que ella sea avalada por los logros positivos de anteriores programas?
El señor Ministro de Hacienda, en entrevista publicada en el diario "La Nación", el día 6 de noviembre de 1966, al analizar los objetivos de la política fiscal para el año 1967, señaló como metas las siguientes: incremento de la producción, redistribución del ingreso y estabilidad.
Esta clara aspiración del Gobierno, na-ra el año que pasó, puede sostenerse -al tenor de las declaraciones del propio señor Ministro- que no sólo no se logró si-
no que retrocedimos, negativamente, en dos, por lo menos, de estos aspectos fundamentales.
El incremento de la producción, aplicando la política que impuso el Gobierno para 1967, tendía, según estas declaraciones, "a elevar el desarrollo del país y que el aumento vaya de preferencia a los que han sido menos favorecidos y a que todo esto se haga deteniendo el proceso de inflación".
Pues bien ¿qué ha acontecido? Sin entrar en un análisis exhaustivo de todo el problema, que excede por cierto a esta intervención, podemos contestar con las propias palabras empleadas por el señor Ministro en su exposición de la Hacienda Pública'de 1967.
En lo que se refiere a la primera aspiración, se nos dice que "fuimos cautelosos en el pronóstico de aumento de producción para el año 1967 y dijimos que sería de alrededor del 5%, o sea, sería inferior a la tasa alcanzada en años anteriores. Sin tener aún los antecedentes completos para el presente año, esta predicción parece ser optimista". Basta esta explícita confesión del Gobierno para darnos cuenta de que no se alcanzó, ni con mucho, el primer objetivo señalado; todo ello sin entrar a analizar las comparaciones que se hacen en la misma exposición acerca del producto nacional bruto y del ingreso geográfico, donde también queda de manifiesto esta misma conclusión.
En lo que dice relación a la inflación, el señor Ministro agrega: "La misma tendencia de alza presenta el índice de precios al por mayor, o sea, que se puede decir con certeza que estamos enfrentando una tendencia al alza de los precios internos". Basta también esta evidencia para darnos cuenta de que se trata de una meta no alcanzada, la derrota de la inflación.
Respecto a la distribución del ingreso., la exposición consigna la siguiente conclusión: "En consecuencia, no cabe la menor duda que ha existido un cambio importante en la distribución del ingreso,
pero éste se ha convertido en un alto porcentaje en consumo, sin que se genere el ahorro necesario para obtener un desarrollo acelerado y sostenido. Por lo tanto - agrega-, para que la redistribución de ingresos ya lograda se pueda mantener en el año próximo y aumentar en los años venideros, se requiere contener el alza que se insinúa en los precios y generar el ahorro necesario para ampliar la base productiva del país".
Esta meta sostiene el Gobierno haberse alcanzado, en alguna medida, pero sujeta, precisamente, a condiciones tales como aquella que nos lleva a establecer el ahorro forzoso. Paradojalmente, para mantener una meta que debió ser el lógico resultado del plan de 1967, se busca en otro programa ideado al finalizar su aplicación, la posibilidad de lograr un aspecto efectivamente positivo.
¿Podemos creer que este nuevo programa será eficaz, atendidos los fracasos indudables del anterior?
Por esto es necesario decir, respecto del deseo de ir a una redistribución del ingreso, que ello exige una base de justicia indudable de parte de todo Gobierno. Aquellos que sólo se inclinan a la sustracción de recursos de las empresas para entregarlos a su vez a este consumo general, pasando de ciertos límites, sólo provocan disminución de inversiones, cesantía y mayor inflación. Porque se distribuye lo que existe y está disponible en exceso, pasándolo de manos de los que lo poseen a las de los que aspiran a incrementar sus rentas. Si no existe ese remanente, todo resulta ilusorio, porque equivale a privar de recursos esenciales que se emplean, precisamente, en crear y movilizar fuentes de riqueza y de trabajo, lo que significa, a la postre, la imposibilidad de incrementar el producto nacional, junto con el empobrecimiento y la escasez.
Por ello, cabe sostener que sólo aumentando la "torta", como sostuviera el Ministro Alemán Erhard, es posible ir a una mejor distribución de la riqueza; porque
de otro modo, y como lo estamos palpando con crudeza nosotros mismos, sólo estaremos distribuyendo la miseria.
Tenemos motivo, por ello, para estar intranquilos frente a los planteamientos del Gobierno. Sus metas anteriores han fracasado y se nos quiere imponer otra política que lleva el sello de sus experimentos pasados, y que la sensatez nos señala como desprovista de base lógica, lo que nos volverá a conducir a nuevos y más tristes desenlaces.
Creíamos en el estudio razonado, serio y técnico que se nos había ofrecido por el Partido Demócrata Cristiano de todos los problemas nacionales; pero vemos que todos sus planteamientos se desmoronan de un año a otro y cada vez más se renuevan experiencias que luego sufren todos los chilenos. Conscientes como estamos de la necesidad de buscar soluciones congruentes con la realidad nacional, le solicitamos al Gobierno que arbitre los medios necesarios para que esta ley de reajuste cumpla su objetivo único y elemental: dar compensación razonable del alza del costo de la vida a los trabajadores, sin introducir una legislación que en realidad nada tiene que ver con esta compensación laboral, cuyos resultados no podrían ser analizados así a la ligera y sin un estudio de todas las consecuencias que ella podría traer al país. Aténgase el Gobierno a su clara obligación con los sectores laborales y luego proyecte su política económica general, si quiere modificarla, rectificando errores y métodos, en leyes que signifiquen fundamentalmente estabilidad económica, estímulo al trabajo y a la producción; que den garantías del control de la inflación, a través de una planificación seria y coordinada, ajena a toda demagogia y disminución efectiva del gasto público, elevado a límites realmente alarmantes, que en el fondo es uno de los factores causantes de todo el proceso de desequilibrio que estamos viviendo.
Solo asumiendo el Gobierno su respon-
sabilidad como le corresponde, con claridad y definición, podrá el Parlamento, a su vez, asumir la suya. Pero no descargue sobre éste la propia cuando el Congreso le señale que su obligación debe estar circunscrita a una materia determinada, sometida a su conocimiento y competencia, sin entorpecerla con materias distintas y ajenas al problema, objeto del proyecto de ley en estudio.
Por estas razones, los Diputados nacionales votaremos en contra de la idea de legislar en esta materia.
He dicho, señor Presidente.
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