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- rdf:value = " El señor CADEMARTORI.-
Señor Presidente, las palabras del señor Isla se contradicen con lo que el propio Ejecutivo expresa en el veto.
El Diputado señor Isla sostiene que el veto se formula porque el artículo 13 en cuestión sería inconstitucional; y resulta que, de acuerdo con lo expresado en sus considerandos, el Ejecutivo no opina lo mismo que el señor Isla, puesto que no ha hecho presente, en los fundamentos...
El señor ISLA.-
¡El Ejecutivo no dice nada!
El señor CADEMARTORI.-
Le ruego al señor Diputado que lea la página 3, en que están consignados los fundamentos del veto, y podrá comprobar que el Ejecutivo no dice, en ninguna parte,...
El señor ISLA.-
¡Exactamente!
El señor CADEMARTORI.-
...que este artículo sea inconstitucional y que esté arrebatando o arrasando las facultades que la Constitución entrega al Presidente de la República.
En consecuencia, a juzgar por sus palabras, el señor Isla ha querido ser, respecto a este punto, más "papista que el Papa" y más ejecutivo que el propio Ejecutivo. En efecto, el Ejecutivo no dice que esta disposición sea inconstitucional y el señor Isla dice que, precisamente por ser inconstitucional, se ha vetado este artículo.
En segundo lugar, el señor Isla sostiene que este precepto vendría a ser algo así como una especie de parche que se pondrá la Oposición en razón del rechazo del que fue objeto el primitivo proyecto que presentó el Gobierno sobre ahorro obligatorio. Al respecto, creo que es ocioso entrar en discusiones sobre un hecho sobre el cual la opinión pública tiene un criterio formado.
Me limito a recordar al señor Isla que la oposición al proyecto sobre ahorro obligatorio no solamente estaba radicado en los Partidos Socialista y Comunista, en los Partidos del FRAP y Radical, sino que también estaba radicado en la inmensa mayoría del movimiento sindical, del movimiento de los trabajadores del país. Si no lo recuerda, debo expresarle que una de las manifestaciones más amplias de este repudio fue el paro nacional del 23 de noviembre, con el cual quedó comprobado fehacientemente este repudio que la gran mayoría de los trabajadores sentía por el proyecto sobre ahorro obligatorio. Estas son cosas que el señor Isla no quiere recordar, pero que son fundamentales al considerar esta materia.
En tercer lugar, quiero recordar que la Oposición a esta iniciativa nació y surgió dentro de su propio partido, o sea, dentro del partido oficialista, del Partido Demócrata Cristiano. Todo el mundo sabe que un sector importante de esta colectividad objetó este proyecto, si bien no en su totalidad, en aspectos fundamentales, y que esto, sin lugar a dudas, provocó una demora en su tramitación, puesto que durante largas semanas el país presenció la discusión entre el Ejecutivo y el Partido Demócrata Cristiano. De modo que este hecho tampoco puede ser imputado a que la Oposición, como dice el señor Isla, hubiera querido doblarle la mano al Ejecutivo.
Por último, quiero hacerme cargo de lo que el señor Isla ha señalado en cuanto a que un Gobierno no puede aceptar que, a través de este proyecto y de este artículo, se trate de doblarle la mano al Ejecutivo.
Tratándose de una materia de incidencia directa en la situación económica de más de 300 mil personas, es decir, de 300 funcionarios que, con sus familias, representan más de un millón de personas, creo que ni la Oposición, ni los partidos populares, ni el Gobierno, ni la Democracia Cristiana, podrían exhibir ante el Congreso Nacional argumentos como los que acaba de señalar el señor Isla: que aquí se trata de saber quién gana a quién le doblará la mano a quien. Lo que se trata de determinar -y sobre estos hubiéramos querido oír razones- son los motivos por los cuales no es conveniente otorgar el anticipo...
El señor ISLA.-
Nuevamente van a votar en contra...
El señor CADEMARTORI.-
A mí me parece que la única razón valedera para decir que este anticipo es innecesario sería convencer al país de que el reajuste va a ser despachado dentro de dos o tres semanas.
El señor ISLA.-
¡Depende de la Oposición!
El señor CADEMARTORI.-
Pero eso no depende -a fuerza de ser sinceros- ni de nosotros ni del propio Partido Demócrata Cristiano. Saben los señores Diputados que, por nuestra parte, y antes de que llegue el proyecto al Parlamento, hemos dado ya todas las facilidades del caso. Concurrimos con nuestros votos a un acuerdo de la Cámara con el objeto de que, en caso de llegar antes de la reapertura de sesiones, pasara directamente a Comisión, sin necesidad de citar a la Sala. Se fijó un plazo especial a las Comisiones para su tramitación, aun antes de que llegara el proyecto. El Diputado señor Isla tendrá que reconocer que este acuerdo se logró por unanimidad, vale decir, con el concurso nuestro, lo que demuestra que nosotros tenemos interés en que el proyecto sobre reajuste sea despachado en forma rápida.
En la misma forma, nosotros no podríamos imputar a la Democracia Cristiana o al Gobierno interés alguno en demorar el despacho del reajuste; de ninguna manera podríamos hacer ese cargo. Por lo tanto, si hay demora, ella es previsible. Basta revisar la historia de los proyectos, de reajustes desde hace más de 10 años y calcular el promedio de tiempo que ha tardado su despacho, para convencerse de que, desde el momento en que son presentados hasta su promulgación como ley de la República, su tramitación en la Cámara y el Senado demora no menos de 2 ó 3 meses. Esto ha ocurrido en Gobiernos anteriores, cuando la Democracia Cristiana estaba en la Oposición; de modo que esta tramitación no depende de la voluntad de un partido ni de un Gobierno. Creo que nadie puede culpar por anticipado, a otro sector, de la demora en el despacho de un proyecto de reajustes, iniciativa en la cual, como es natural, están interesados todos los sectores.
En consecuencia -repito- la única razón que podría haberse dado para vetar este artículo es que el proyecto de reajustes estaría en condiciones de ser despachado en forma rápida, y esto no lo puede afirmar nadie, como no lo afirmó el señor Isla, ni como lo ha podido afirmar tampoco el señor Escorza.
Mediante el artículo vetado se da una oportunidad para hacer menos dura, menos dramática la situación de los empleados públicos. Y digo menos dura y menos dramática, porque ningún Diputado podrá desconocer que, a esta altura, después de 14 meses desde que los funcionarios del Estado recibieron su reajuste del año pasado; después de que el costo de la vida en este lapso ha subido ya en 25 ó 26 por ciento y de que, seguramente, una vez transcurridos los meses de marzo y abril habrá sobrepasado el 30%, la situación de un empleado, cuyo sueldo está congelado desde hace 14 meses, no puede ser buena, sino dramática.
Los colegas tienen que saber que a esta altura la mayoría de los funcionarios, para poder subsistir y para poder mantener su nivel de vida, aquél que les permitió el sueldo reajustado en enero del año pasado, deben endeudarse. Probablemente de ese sueldo, ya disminuido en su poder adquisitivo en no menos de un 20 ó 30 por ciento, se les están descontando las cuotas de los préstamos que han debido solicitar para hacer frente al alza del costo de la vida, préstamos que...
El señor MORALES (don Carlos).-
Esos préstamos son muy aleatorios.
El señor CADEMARTORI.-
...aunque las dificultades legales los hacen muy aleatorios, como acota el colega señor Carlos Morales, se utilizan en diversos rubros. Por ejemplo, se obtienen préstamos para medicina curativa y préstamos que puede conceder la Caja de Ahorro de Empleados e incluso los préstamos individuales y particulares que se contraen con las empresas, con las tiendas, con los almacenes, etcétera.
Esta es la real situación de más de 300 mil funcionarios del Estado. Y nosotros tenemos la oportunidad, y el Gobierno también la tiene en sus manos, porque tiene en su poder los medios económicos necesarios, de aliviar en parte esta situación.
En consecuencia, al rechazar este artículo 13, los parlamentarios que lo hacen se están echando sobre sí una pesada responsabilidad.
Por nuestra parte, los Diputados comunistas insistiremos en mantener esta disposición votando afirmativamente el artículo 13 para que se dé un anticipo del reajuste a los funcionarios públicos.
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