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- rdf:value = " El señor MORALES (don Carlos).-
Señor Presidente, los parlamentarios radicales vamos a votar favorablemente la proposición del Senado, con el propósito de insistir en este artículo 14, que faculta al Presidente de la República para otorgar un anticipo del aumento de sus remuneraciones al sector civil de la Administración Pública, en la forma en que lo señala la disposición que estamos comentando.
Las razones que tenemos para actuar de este modo han sido dadas a conocer públicamente y tienen su fundamento en conversaciones sostenidas con las altas directivas de los funcionarios del sector civil, especialmente de la ANEF, y de los funcionarios semifiscales.
También es un hecho de carácter público que el Gobierno ha anunciado la presentación de un nuevo proyecto de reajuste, cuyas líneas generales ya se conocen, y son prácticamente coincidentes, con aquéllas que contenía el anterior proyecto, que fue retirado de la Convocatoria por el Presidente de la República.
Señor Presidente, los diversos partidos políticos de la Oposición han conversado con el señor Ministro de Hacienda. Al Partido Radical le correspondió sostener una entrevista con el señor Sáez en el día de ayer, y ahí tuvimos oportunidad de oír de parte de este personero del Ejecutivo cuáles son las fórmulas que va a contener el nuevo proyecto. Estas se reducen, específicamente, a pagar a un grueso sector de la Administración Pública un reajuste del 12,5% en dinero y el resto, en bonos CORVI. La opinión de los gremios es contraria a aceptar bonos, sean de la CORVI o de capitalización, como lo pretendía el ex Ministro señor Molina.
Esto está avalado por la propia opinión de los trabajadores organizados. La Central Única de Trabajadores realizó una activa campaña de consultas a los trabajadores organizados de Chile, de la que se desprende, como respuesta categórica, incluso de quienes van a recibir todo el reajuste en dinero, el rechazo a los bonos de capitalización y también al sistema de los bonos CORVI.
Del mismo modo se ha anunciado por el Gobierno, como fórmula de financiamiento, un típico impuesto indirecto de un 1% de aumento a la compraventa, que ha sido repudiado por las clases trabajadoras y por los partidos políticos, que también le han dado una respuesta categórica al Ministro de Hacienda.
De la misma manera, el Gobierno pretende establecer un artículo mediante el cual aquellos trabajadores que lograren un reajuste más allá del ciento por ciento del alza del costo de la vida recibirán el excedente no en dinero, sino en bonos CORVI, fórmula que hemos repudiado, porque significa limitar el derecho a huelga, pues no habrá ningún sindicato que luche reivindicativamente con la empresa o el patrón cuando sepa que en vez del dinero que necesita para subvenir a sus imperiosas necesidades, sólo obtendrán bonos CORVI.
Además, todos los planteamientos hechos por el Ministro de Hacienda, coinciden exactamente con las ideas básicas contenidas en el proyecto retirado anteriormente por el Jefe del Estado. De manera que no es aventurado señalar, como se lo dijéramos ayer al señor Ministro, que los partidos, que ya expresaron su opinión contraria a estas materias, reiteren sus puntos de vista. De consiguiente, existiría el peligro de que el proyecto fuera rechazado por el Honorable Senado, con lo cual no tendríamos reajuste y se causaría un mal tremendo a los sectores de trabajadores, que todavía, a fines de febrero del año en curso, no tienen oportunidad de conocer el texto del proyecto que está elaborando el Gobierno. Y si éste llega en unos siete, diez o quince días más, porque aún se están haciendo consultas, es posible que también fracase, porque los partidos políticos han contraído el compromiso, con los sectores de trabajadores, de que éste también sea rechazado si contiene las mismas ideas que el anterior.
De manera que la fórmula ideada por el Honorable Senado, de facultar a Su Excelencia el Presidente de la República para entregar un anticipo del modo como se señala en el artículo 14, es una fórmula justa que entregaría de inmediato, a cuenta del reajuste, un anticipo para aliviar en parte la situación que afecta a los trabajadores estatales.
Algunos han creído que la norma aprobada por el Senado sería inconstitucional. Pero no es así, porque no infringe la disposición contenida en el artículo 45 de nuestra Carta Fundamental, pues aquí se trata simplemente de entregar una facultad, con financiamiento, en una escala de hasta un 22%, desde enero a mayo de 1968. La directiva nacional del gremio, la ANEF, que es la que regula la actividad gremial del sector estatal, está de acuerdo con ello y nos ha solicitado, en forma expresa, que propugnemos porque la Cámara opere del mismo modo como operó el Senado. Al mismo tiempo, si es que esta norma es vetada por el Ejecutivo, que nos opongamos al veto.
De manera que el Partido Radical, consecuente con sus declaraciones públicas y con sus compromisos contraídos expresamente en la campaña senatorial, en que resultó triunfante el candidato radical, hoy Senador, don Alberto Baltra, y en que nuestra línea gruesa en materia económica, fue de crítica a la política de Gobierno y de repudio al sistema de limitación del derecho de huelga y de pago de los aumentos parte en dinero y parte en bonos para el fondo de Capitalización, o sea, se obliga con esa conducta ya expresada en diferentes tribunas en las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín y, además, con los requerimientos de que hemos sido objeto en estos últimos días por los sectores de trabajadores para defender la vigencia del artículo 14.
Por estas consideraciones, vamos a perseverar en la conducta del Senado para que opere esta norma, que, según nuestro concepto, entrega una herramienta jurídica al Ejecutivo, a fin de que salga del paso en que se encuentra, paso difícil, porque el proyecto de reajuste para 1968, si es que sale del Congreso aprobado como ley, no lo será antes de abril o de mayo, como consecuencia de los diferentes trámites, y de las controversias tremendas que podrían sostenerse entre el Gobierno y la Oposición, si es que el Ejecutivo no modifica sustancialmente la idea que ya sostuvo en el anterior proyecto y que le significó, lisa y llanamente, una derrota, ya que se vio en la necesidad de retirarlo de la legislatura por las palabras que dijimos en el debate de la Cámara, y cuando los Diputados de Gobierno prestaron su aprobación a una norma legal que era abiertamente repudiada por los partidos políticos de Oposición, especialmente por los sectores de trabajadores, que no aceptan, por ningún motivo, ni la limitación del derecho de huelga ni mucho menos que se les quiera pagar parte en dinero y parte en bonos, los que ni siquiera tendrían un respaldo en dinero, como lo hemos advertido en las diferentes conversaciones que hemos sostenido.
Por estas razones, votaremos por el criterio del Senado en la disposición que estarnos analizando.
Nada más.
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